EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 7 del artículo del Decreto 660 de 2018., y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 208 de la Constitución Política, a los ministros "les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley". 

Que el artículo 14 del Decreto Ley 895 de 2017, declarado exequible en sentencia C-555 de 2017, en concordancia con el punto 3.4.8 del Acuerdo Final para la Paz establece la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, el cual fue reglamentado por el Decreto 660 de 2018, cuyo objeto es contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución. 

Que el Decreto 660 de 2018 en su artículo 2.4.1.7.1.5 define 4 componentes para este programa: (i) Medidas integrales de prevención, seguridad y protección; (ii) Promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia; (iii) Protocolo de protección para comunidades rurales; y (iv) Apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios. 

Que el artículo 15 del Decreto Ley 895 de 2017 declarado exequible en sentencia C-555 de 2017, en concordancia con el punto 3.4.8 del Acuerdo Final para la Paz, creó el Programa de Promotores(as) Comunitarios de Paz y Convivencia, el cual fue reglamentado por el Decreto 660 de 2018, y cuyo propósito es impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria. 

Que el artículo 2.4.1.7.3.1 del Decreto 660 de 2018 señala que "E/ componente de Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia estará a cargo de/ Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el propósito de impulsar los diferentes mecanismos alternativos y extrajudiciales de solución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria, en las zonas previamente definidas para ello. Este componente hace parte de las medidas de prevención, protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos para las comunidades y organizaciones en los territorios." 

Que el Artículo 2.4.1.7.3.2. del Decreto 660 de 2018 establece que "El Promotor la Comunitario/a de Paz y Convivencia será una persona natural, con calidades reconocidas en su territorio como mediador, líder, lideresa, defensor o defensora de derechos humanos y la convivencia pacífica, sin discriminación alguna, de característica no armada, que actuará de forma voluntaria, sin remuneración y contará con acreditación de la entidad competente." 

Que los Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia, estarán encargados de impulsar los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria, en las zonas previamente definidas para ello, cumpliendo con las tareas establecidas en el Artículo 2.4.1.7.3.6 del Decreto 660 de 2018. 

Que el numeral 7 del artículo 2.4.1.7.3.4. del Decreto 660 de 2018, estableció que "El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá a su cargo la acreditación de los Promotores/as Comunitarios/as de Paz y Convivencia, una vez el Ministerio del Interior certifique el cumplimiento del proceso de formación." 

Que entre el 2020 y el 2021, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, se adelantó un proceso de implementación de los promotores, comunitarios de paz y convivencia y de apoyo a la actividad de denuncia, cuya formación se realizó por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, y terminó con la certificación de un total de 78 promotores por parte del Ministerio del Interior, entidad que verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la misma, a saber: copia de la cédula de ciudadanía, certificado de arraigo del municipio en donde reside, carta de postulación de una organización cívica, comunitaria o de derechos humanos, y certificado de aprobación de la capacitación expedida por la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de mayo de 2022 

El Ministro de Justicia y del Derecho 

WILSON RUIZ OREJUELA