RESOLUCION30042020202003 script var date = new Date(18/03/2020); document.write(date.getDate()); script falsefalseARCHIVO DE LA ENTIDADInstituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBFPor medio de la cual se declara urgencia manifiesta para celebrar la contrataci贸n de bienes y servicios necesarios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La Fuente Lleras - ICBF y se dictan otras disposicionesfalsefalseInclusi贸n Social y Reconciliaci贸ntruefalsefalse18/03/202018/03/202018/03/2020

ARCHIVO DE LA ENTIDAD

RESOLUCI覰 3004 DE 2020

(marzo18)

Por medio de la cual se declara urgencia manifiesta para celebrar la contrataci贸n de bienes y servicios necesarios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La Fuente Lleras - ICBF y se dictan otras disposiciones

[Mostrar]

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS

En uso de sus facultades Legales y Estatutarias, y en especial por las conferidas en las Leyes 489 de 1998, 80 de 1993 y 1150 de 2007, el art韈ulo 2 del Decreto 0987 de 2012, el Decreto 380 de 2020 y el numeral 1.3. del Manual de Contrataci髇 de la Entidad.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF es un establecimiento p鷅lico descentralizado, con personer韆 jur韉ica, autonom韆 administrativa y patrimonio propio adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7a de 1979 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979; compilado en el Decreto 1084 de 2015; sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto 334 de 1980, modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de 1988, y reestructurado por Decreto 987 de 2012.

Que el art韈ulo 2 de la Constituci髇 Pol韙ica de Colombia, se馻la que son fines esenciales del Estado: "Sen/ir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci髇; facilitar la participaci髇 de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ髆ica, pol韙ica, administrativa y cultural de la Naci髇; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pac韋ica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Rep鷅lica est閚 instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem醩 derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el art韈ulo 49 ibidem determina que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad, as mismo, el art韈ulo 95 se馻la que las personas deben: 搊brar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el art韈ulo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que el 07 de enero de 2020, la Organizaci髇 Mundial de la Salud declar al Coronavirus (COVID-19) como un brote de emergencia de salud p鷅lica de importancia internacional.

Que el 09 de enero de 2020, la Organizaci髇 Mundial de la Salud recomend con relaci髇 al Coronavirus (COVID- 19) que los pa韘es deb韆n adaptar sus correspondientes medidas e invoc la adopci髇 prematura de medidas con un objetivo com鷑 a todos pa韘es de detener la transmisi髇 y prevenir la propagaci髇 del virus.

Que el 11 de enero de 2020, la Organizaci髇 Mundial de la Salud declar que el brote Coronavirus (COVID-19) es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagaci髇, y a trav閟 de comunicado de prensa anunci que, a la fecha, en m醩 de 114 pa韘es, distribuidos en todos los continentes, existen caso de propagaci髇 y contagio y m醩 de 4291 fallecimientos, por lo que inst a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificaci髇, confirmaci髇, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, as como la divulgaci髇 de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigaci髇 del contagio.

Que con base en dicha declaratoria, el Ministerio de Salud y Protecci髇 Social mediante la Resoluci髇 385 del 12 de - marzo de 2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID - 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", modificada por la Resoluci髇 407 de 13 de marzo de 2020, adopt medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contenci髇 del virus y su mitigaci髇, limitar las posibilidades de contagio as como disponer de los recursos financieros, humanos y log韘ticos para enfrentar la pandemia y por tanto declar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta ei 30 de mayo de 2020.

Que los numerales 2.6, 2.9 y 2.11 del art韈ulo 2 de la ya mencionada Resoluci髇 385 modificado por el art韈ulo 2 de la Resoluci髇 407 de 2020 establecen, entre otras cosas, que:

"Art韈ulo 2o. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagaci髇 de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias:

(...) 2.6 Ordenara los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales p鷅licos y privados, las medidas de prevenci髇 y control sanitario para evitar la propagaci髇 del COVID-19. Deber impulsarse al m醲imo la prestaci髇 del servicio a trav閟 del teletrabajo y trabajo en casa (...)

2.9 Ordenar a todas las autoridades del pa韘 y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el 醡bito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda. con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podr actualizarse con base en la evoluci髇 de la pandemia. (...)

(,..)2.11. Se dispondr醤 de las operaciones presupu閟tales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria.

(...) Par醙rafo. Estas medidas son de inmediata ejecuci髇, tienen car醕ter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicar醤 sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar (...)

Que igualmente, el art韈ulo 6 ibidem, dispone que:

揂rt韈ulo 6. Cultura de prevenci髇. Las instituciones p鷅licas y privadas, la sociedad civil y la ciudadan韆 en general deben coadyuvar en la implementaci髇 de la presente norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deber adoptar una cultura prevenci髇 vital y minimizaci髇 del riesgo.*

Que el 17 de marzo de 2020, en virtud del art韈ulo 215 de la Constituci髇 Pol韙ica de Colombia, el Presidente de la Rep鷅lica expidi el Decreto No. 417 de 2000, en el cual decret el Estado de Emergencia Econ髆ica, Social y Ecol骻ica en todo el territorio Nacional, con el fin de tomar las medidas pertinentes a efectos de contener el virus del COVID-19. Lo anterior por considerar la pandemia del COVID-19 como un hecho que perturba o amenaza perturbar en forma grave e inminente el orden econ髆ico y social del pa韘, y que se puede constituir en una grave calamidad p鷅lica.

Que el art韈ulo 42 de la ley 80 de 1993 consagra que existe 搖rgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestaci髇 de servicios, o la ejecuci髇 de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepci髇; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selecci髇 p鷅licos. La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.

Que de acuerdo con la norma citada, la urgencia manifiesta se configura en caso de presentarse alguno de los siguientes supuestos:

Que el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de abril de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Secci髇 Tercera, dentro del expediente No. 14275, sobre la urgencia manifiesta consider:

Se observa entonces c髆o la normativa recula el tema de la urgencia en la contrataci髇 estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclaman una actuaci髇 Inmediata de la Administraci髇, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepci髇, o por la paralizaci髇 de los servicios p鷅licos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco d espera en su soluci髇, de tal manera que resulte inconveniente el tr醡ite del proceso licitatorio o selecci髇 de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen m醩 o menos a largo lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situaci髇 de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la soluci髇 en estas condiciones, puede llegar tard韆mente, cuando va se haya producido o agravado el da駉.

En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del inter閟 general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el r間imen jur韉ico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, as ello implique la celebraci髇 de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selecci髇 del contratista y a鷑, la ejecuci髇 de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias as lo exige. (Subrayado fuera de texto)

Que el Procurador General de la Naci髇, en concepto rendido dentro del tr醡ite de la acci髇 de inconstitucionalidad impetrada contra algunos art韈ulos de la Ley 80 de 1993[1]- expres:

la urgencia manifiesta es un mecanismo que garantiza el principio constitucional de transparencia, por ser estrictamente reglado. As mismo, la facultad que adquiere la administraci髇 de contratar directamente previa su declaraci髇 no vulnera el principio de transparencia ni de selecci髇 objetiva,

porque 閟tos deber醤 estar presentes en el momento de adjudicar el contrato. Igualmente, la facultad de los 髍ganos fiscales de realizar un control sobre la verificaci髇 de la existencia de las circunstancias objetivas que dieron lugar a su declaraci髇 se ajusta a la Carta, porque constituye un mecanismo de control directo y externo que le permite a los 髍ganos disciplinarios, fiscales y penales actuar ante las eventuales irregularidades que se puedan presentar.

(...) la urgencia manifiesta es un mecanismo de car醕ter excepcional que encuentra su fundamento en el mismo Pre醡bulo de la Constituci髇 y en el inciso 2 del art韈ulo 2 de la misma, ya que la funci髇 de las autoridades debe ser la de promover el bienestar general de la comunidad y proteger a ios residentes en Colombia en su vida honra y bienes. Por tanto, esta norma se constituye en un instrumento no para obviar el procedimiento de la licitaci髇 o concurso, sino para que la administraci髇 preste de manera continua y eficaz los servicios a su cargo". (Resaltado fuera de texto)

Que por su parte, la Secci髇 Tercera el Consejo de Estado, en pronunciamiento del 27 de abril de 2009, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, consider que:

"Se observa entonces c髆o la normatividad que regula el tema de ia urgencia en la contrataci髇 estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclaman una actuaci髇 inmediata de la Administraci髇, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepci髇, # por la paralizaci髇 de los servicios p鷅licos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco d espera en su soluci髇, de tal manera que resulte inconveniente el tr醡ite del proceso licitatorio de selecci髇 de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen m醩 o menos un largo lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situaci髇 de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la soluci髇 en estas condiciones, puede llegar tard韆mente, cuando va se haya producido o agravado el da駉.

En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del inter閟 general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo. el r間imen jur韉ico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, as ello implique la celebraci髇 de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selecci髇 del contratista y a鷑, la ejecuci髇 de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias as lo exige"[2] - (Subrayado fuera de texto)

Que de igual manera la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado [3] ha sostenido que "vate la pena revisar los eventos en los cuales es viable su declaratoria, los cuales se encuentran definidos en el art韈ulo 42 de la Ley 80 de 1993. Que esta corporaci髇 y, en particular la sala de consulta se ha ocupado de estudiar en qu casos o situaciones procede la declaratoria de urgencia manifiesta de que trata el art韈ulo citado. Es as como, en concepto proferido el 24 de marzo de 1995, expuso:

"El art韈ulo 42 de la Ley 80 de 1993, se refiere a tres motivos para declararla urgencia, a saber:

  1. Cuando se amenace la continuidad del servicio.
  2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepci髇 (guerra exterior, conmoci髇 interior, y emergencia econ髆ica, social y ecol骻ica), y
  3. Cuando se presenten calamidades p鷅licas, situaciones de fuerza mayor o desastre.

El literal a, es amplio y gen閞ico, lo que hace necesario precisar que esta situaci髇 debe ser invocada en casos de amenaza real de paralizaci髇 de un servicio, no simplemente cuando la entidad p鷅lica pretenda adquirir bienes y servicios que, en estricto rigor, no son necesarios para la continuidad del mismo. En cuanto a los eventos descritos en los literales byc. son claros v no existe motivo de duda". (Subrayado fuera de texto)

Que la misma Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 30 de octubre de 1996 [4], se馻l que, "[e] virtud del principio de transparencia, la escogencia del contratista se efect鷄 siempre a trav閟 de licitaci髇 o concurso, salvo en los casos que expresamente se馻le la ley, en los que se puede contratar directamente.

Uno de estos es la urgencia manifiesta (art. 24, numeral 1o. Literal f).

Esta modalidad constituye una excepci髇 dada la importancia de la necesidad que debe suplirse; se parte del supuesto de la no interrupci髇 del servicio p鷅lico, al considerarse como urgente la contrataci髇 de ciertos bienes y servicios como su suministro, la prestaci髇 de servicios, la ejecuci髇 de obras en el inmediato futuro, cuando se trate de situaciones relacionadas con los estados de excepci髇, o de conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o constitutivas de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general de situaciones similares que imposibilitan acudir a los procedimientos de selecci髇 o concurso(Subrayado fuera de texto)

Que de otra parte la Corte Constitucional ha indicado en Sentencia C-772/98 [5]:

揇el an醠isis sistem醫ico de las normas citadas se concluye lo siguiente:

a. Que la "urgencia manifiesta" es una situaci髇 que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorizaci髇 previa, a trav閟 de acto debidamente motivado.

b. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos:

- Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestaci髇 de servicios, o la ejecuci髇 de obras en el inmediato futuro.

- Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepci髇.

- Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y,

- En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selecci髇 o concurso p鷅licos. (Subraya y negrilla fuera de texto)

Que el Consejo de Estado respecto de la urgencia manifiesta, consider:

"(...) La Ley 80 de 1993, art韈ulos 43 incorpor la figura de la urgencia manifiesta como una modalidad de contrataci髇 directa. Se trata entonces de un mecanismo excepcional, dise馻do con el 鷑ico prop髎ito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en raz髇 de circunstancias de conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a trav閟 de la licitaci髇 p鷅lica o la contrataci髇 directa. Es decir, cuando no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas. En otras palabras, si analizada la situaci髇 de crisis se observa que puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio o sencillamente acudiendo a las reglas de la contrataci髇 directa, se hace imposible, en consecuencia, una declaratoria de urgencia manifiesta.

En este orden de ideas, 搇a urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en tos cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepci髇, o por la paralizaci髇 de los servicios p鷅licos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco d espera en su soluci髇, de tal manera que resulte inconveniente el tr醡ite del proceso licitatorio de selecci髇 de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen m醩 o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situaci髇 de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque $ soluci髇 en estas condiciones, puede llegar tard韆mente, cuando ya se haya producido o agravado el da駉".(Consejo de Estado, Secci髇 Tercera, 27 de abril de 2006 Exp: 05229, C.P. Ramiro Saavedra Becerra)

Por otra parte, resulta claro que uno de los elementos esenciales de la urgencia manifiesta lo constituye la obligaci髇 de verificar que el objeto del contrato necesita su permanencia, es decir, que se requiere garantizar por parte de la continuidad de un servicio que exige suministro de bienes, ejecuci髇 de obras o la propia prestaci髇 de servicios". (CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 28 de enero de 1998. Radicado No. 1073. Consejero Ponente: Javier Henao Hidr髇 y el Concepto de M de marzo de 1995. Radicado 677. Consejero Ponente: Luis Camilo Osorio Isaza.)

Que el numeral 1.3 del Manual de Contrataci髇 del ICBF, dispone lo siguiente:

*(...) 1.3. COMPETENCIAS DEL DIRECTOR (A) GENERAL EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL ICBF

Corresponde al Director (a) General dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos para el cumplimiento de las funciones del instituto, conforme a las disposiciones legales y estatutarias. Independientemente de las competencias en materia contractual que mediante este acto se delegan, el Director General conserva las siguientes competencias:

Que de acuerdo con el art韈ulo 42 de la Ley 80 de 1993 respecto a las caracter韘ticas de la urgencia manifiesta y en virtud de lo se馻lado por las altas cortes y por el Ministerio P鷅lico que qued en considerandos precedentes se tiene que el Gobierno Nacional decret el Estado de Emergencia Econ髆ica, Social y Ecol骻ica con el fin de tomar las medidas pertinentes y urgentes para contener el virus del COVID-19, conforme a lo establecido en el Art. 215 de la Constituci髇 Pol韙ica de Colombia, por lo que la contenci髇 de dicho virus no da espera y podr韆 resultar inconveniente el tr醡ite de un proceso de selecci髇 p鷅lico bajo las modalidades establecidas en el Estatuto de Contrataci髇, en la medida que la soluci髇 podr韆 llegar tard韆 cuando ya se haya producido o agravado el da駉.

Por otro lado, debe prevalecer el inter閟 general sobre las formalidades de las actuaciones administrativas.

Que dada la misionalidad del ICBF de prestar el servicio p鷅lico de bienestar familiar y con el prop髎ito de garantizar la continuidad de dicho servicio, surge la necesidad apremiante de proteger la salud de los servidores p鷅licos que necesariamente deben seguir con la atenci髇 personalizada del servicio, toda vez que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y que seg鷑 lo indicado por el Ministerio de Salud y de la Protecci髇 Social y por los expertos en el tema la forma m醩 efectiva de evitar el contagio del virus COVID-19 es tener una higiene permanente de manos, utilizar elementos de protecci髇 y mantener los sitios de afluencia de p鷅lico debidamente esterilizados. Por tanto, es necesario para tal fin contar con los insumos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional para tal fin tales como: Kits biosanitarios, tapabocas, gel antibacterial, term髆etros, ropa especializada, mascarillas, guantes, desinfecci髇 de 醨eas, de acuerdo con la necesidad, entre otros.

Que como consecuencia de la llegada del COVID -19 al pa韘 y su r醦ida expansi髇 en el territorio nacional el ICBF encuentra necesario declarar la urgencia manifiesta con la finalidad de lograr las contrataciones que prevengan la propagaci髇 del virus y de esa manera, evitar la par醠isis del servicio p鷅lico de bienestar familiar.

Que la declaratoria de urgencia manifiesta que se realiza a trav閟 del presente acto administrativo es un mecanismo excepcional con el 鷑ico prop髎ito de entregarle al ICBF los instrumentos efectivos para poder celebrar los contratos de bienes y servicios necesarios con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID-19 y as garantizar la prestaci髇 del servicio p鷅lico de bienestar familiar a lo largo del territorio nacional.

Que por otro lado, el art韈ulo 43 de la Ley 80 de 1993 dispone:

揂rt韈ulo 43. - Del Control de la Contrataci髇 de Urgencia. Inmediatamente despu閟 de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, 閟tos y el acto administrativo que la declar, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuaci髇 y de las pruebas de los hechos, se enviar al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deber pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaraci髇.

Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitar al jefe inmediato del servidor p鷅lico que celebr los referidos contratos o a la autoridad competente, seg鷑 el caso, la iniciaci髇 de la correspondiente investigaci髇 disciplinaria y dispondr el env韔 del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. Ei uso indebido de la contrataci髇 de urgencia ser causal de mala conducta.

Lo previsto en este art韈ulo se entender sin perjuicio de otros mecanismos de control que se馻le el reglamento para garantizarla adecuada y correcta utilizaci髇 de la contrataci髇 de urgencia.

Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario dar aplicaci髇 al literal a) del numera! 4) del art韈ulo 2) de la Ley 1150 de 2007, el cual establece que proceder la contrataci髇 directa en el caso de declaratoria de urgencia manifiesta.

Que adicionalmente, el Consejo de Estado, adem醩 de ocuparse de los requisitos que debe contener la declaratoria de urgencia manifiesta, hace una anotaci髇 sobre la procedencia de la contrataci髇 derivada de la declaratoria de la urgencia manifiesta:

(...) En cuanto a los requisitos formales de la declaraci髇 de urgencia manifiesta, considera que ellos se desprenden n韙idamente de la lectura de los art韈ulos 42 y 43 de Ley 80 de 1993. As, en primer lugar, el legislador (art韈ulo 42) exige que la urgencia manifiesta se declare mediante acto administrativo motivado. Cabe se馻lar que dicho acto se enmarca dentro de las competencias discrecionales de la entidad contratante, puesto que pese a tener que sujetarse a requisitos formales, la declaraci髇 de urgencia depende completamente de los motivos de m閞ito o conveniencia que valore el respectivo funcionario (...)

(...) Para esta Sala, es importante se馻lar que la urgencia manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una regla general o en un instrumento discrecional en manos de autoridades p鷅licas, todo lo contrario, su aplicaci髇 es de derecho estricto y procede previa configuraci髇 real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en el art韈ulo 42 de la ley 80 de 1993.

En conclusi髇, la contrataci髇 por la v韆 de la urgencia manifiesta no puede ser una contrataci髇 abusiva, contraria a los principios de la contrataci髇 estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la selecci髇 objetiva, la debida ejecuci髇 del contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio p鷅lico a los administrados. (...)[6]

Que la presente declaratoria de urgencia manifiesta cumple a satisfacci髇 con las consideraciones que esboza la Alta Corporaci髇, en la medida que el acto administrativo enuncia detalladamente los presupuestos que condicionan la procedencia de la medida y que solamente se utilizar para poder celebrar los contratos de bienes y servicios necesarios con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID-19 en el ICBF.

Que con la contrataci髇 directa derivada de la presente declaratoria de urgencia manifiesta tendr en cuenta lo dispuesto por el art韈ulo 3 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual:

揂RTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACI覰 ESTATAL. Los servidores p鷅licos tendr醤 en consideraci髇 que al celebrar contratos y con la ejecuci髇 de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestaci髇 de los servicios p鷅licos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecuci髇 de dichos fines.

Que as mismo, para la contrataci髇 directa se tendr醤 en cuenta los principios que rigen la contrataci髇 estatal, se馻lados en el art韈ulo 23 de la Ley 80 de 1993:

揂RT虲ULO 23. De los principios en i as actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervienen en la contrataci髇 estatal se desarrollar醤 con arreglo a los principios de transparencia, econom韆 y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la funci髇 administrativa. (...)

Que con ocasi髇 a la declaratoria de urgencia manifiesta y la inmediatez de realizar las contrataciones se requiere hacer una delegaci髇 de la ordenaci髇 del gasto y del ejercicio de la facultad para dirigir y celebrar los contratos y/o convenios para la adquisici髇 de los bienes y servicios necesarios con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID-19 en el ICBF, al Secretario General como a los Directores Regionales.

Que los funcionarios a quienes se les delega la ordenaci髇 del gasto deber醤 rendir informe dentro de los quince (15) d韆s h醔iles siguientes a la finalizaci髇 de la vigencia de la declaratoria de la urgencia manifiesta, sobre el ejercicio de las funciones delegadas en esta Resoluci髇.

Que los contratos que se realicen en el marco de la presente declaratoria de urgencia manifiesta, deber醤 contar con concepto previo del Comit de Contrataci髇 de la Sede de la Direcci髇 General o de la Direcci髇 Regional, seg鷑 su competencia y deber醤 ser tramitados en la plataforma del Secop II.

Que finalmente y en cumplimiento del art韈ulo 43 de la Ley 80 de 1993, se comunicar y enviar a la Contralor韆 General de Rep鷅lica, los contratos originados de la presente declaratoria de urgencia manifiesta, as como el presente acto administrativo que la declar, junto con los antecedentes correspondientes de la actuaci髇.

Que mediante sesi髇 del Comit de Contrataci髇 de la sede de la Direcci髇 General del ICBF de fecha 18 de marzo del 2020, los miembros del comit recomendaron a la Directora General del ICBF realizar la contrataci髇 directa a trav閟 de la causal de urgencia manifiesta para poder celebrar los contratos de bienes y servicios necesarios con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID-19 en el ICBF.

Que, en m閞ito de lo expuesto,

RESUELVE


ART虲ULO PRIMERO: Declarar la urgencia manifiesta para celebrar la contrataci髇 de bienes y servicios necesarios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La Fuente Lleras - ICBF, para atender la situaci髇 de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 42 del Estatuto de Contrataci髇 P鷅lica, hasta el 16 de abril de 2020 de acuerdo con la declaratoria de Estado de Emergencia Econ髆ica, Social y Ecol骻ica del gobierno nacional.


ART虲ULO SEGUNDO: Ordenar la celebraci髇 de los contratos derivados de la presente declaratoria tanto para la Sede de la Direcci髇 General como para las Direcciones Regionales y que tengan como 鷑ico fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID-19 y as garantizar la prestaci髇 del servicio p鷅lico de bienestar familiar a lo largo del territorio nacional.


ART虲ULO TERCERO: Delegar en el Secretario General la ordenaci髇 del gasto y el ejercicio de la facultad para dirigir y celebrar los contratos y/o convenios sin l韒ite de cuant韆 de la Sede de la Direcci髇 General, para la adquisici髇 de los bienes y servicios relacionados en el art韈ulo segundo de esta resoluci髇.

PAR罣RAFO PRIMERO: La presente delegaci髇 especial no modifica las delegaciones ya contenidas en el Manual de Contrataci髇 vigente del ICBF.

PAR罣RAFO SEGUNDO: La presente delegaci髇 incluye todas las facultades necesarias para expedir los actos administrativos que demanden la ejecuci髇 de las etapas contractual y postcontractual, de conformidad con la Ley.

PAR罣RAFO TERCERO: El Secretario General deber rendir informe dentro de los 15 d韆s h醔iles siguientes a la finalizaci髇 de la vigencia de la declaratoria de la urgencia manifiesta, sobre el ejercicio de las funciones delegadas.


ART虲ULO CUARTO: Delegar en los Directores Regionales la ordenaci髇 del gasto y el ejercicio de la facultad para dirigir y celebrar los contratos y/o convenios por cuant韆 de hasta por 100 SMLMV, para la adquisici髇 de los bienes y servicios relacionados en el art韈ulo segundo de esta resoluci髇 cuya ejecuci髇 se desarrolle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicci髇.

PAR罣RAFO PRIMERO: En caso de que los procesos de contrataci髇 a realizar superen los 100 SMLMV se deber surtir el procedimiento dispuesto en el numeral 1.4.5. del Manual de Contrataci髇.

PAR罣RAFO SEGUNDO: La presente delegaci髇 especial no modifica las delegaciones ya contenidas en el Manual de Contrataci髇 vigente del ICBF.

PAR罣RAFO TERCERO: La presente delegaci髇 incluye todas las facultades necesarias para expedir los actos administrativos que demanden la ejecuci髇 de las etapas contractual y postcontractual, de conformidad con la Ley.

PAR罣RAFO CUARTO: Los Directores Regionales deber醤 rendir informe dentro de los 15 d韆s h醔iles siguientes a la finalizaci髇 de la vigencia de la declaratoria de ia urgencia manifiesta, sobre el ejercicio de las funciones delegadas.


ART虲ULO QUINTO: Los contratos que se realicen en el marco de la presente declaratoria de urgencia manifiesta, deber醤 contar con concepto previo del Comit de Contrataci髇 de la Sede de la Direcci髇 General o de la Direcci髇 Regional, seg鷑 su competencia.


ART虲ULO SEXTO: Ordenar a la Direcci髇 de Contrataci髇 de la Sede de la Direcci髇 General y a los Grupos Jur韉icos y/o Grupos de Contrataci髇 de las Direcciones Regionales del ICBF, tramitar las contrataciones objeto de ia presente resoluci髇 a trav閟 de la plataforma de Secop II.


ART虲ULO S蒔TIMO: Ordenar a la Direcci髇 de Contrataci髇 de la Sede de la Direcci髇 General y a los Grupos Jur韉icos y/o Grupos de Contrataci髇 de las Direcciones Regionales de! ICBF, se conformen y organicen los expedientes respectivos seg鷑 su competencia, con copia de este acto administrativo, de los contratos originados en la presente urgencia manifiesta, y dem醩 antecedentes t閏nicos y administrativos, con el fin de que sean remitidos dentro de los 30 d韆s siguientes a la celebraci髇 de los mismos a la Contralor韆 General de la Rep鷅lica, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el art韈ulo 43 de la Ley 80 de 1993.


ART虲ULO OCTAVO: La presente resoluci髇 rige a partir de la fecha de su publicaci髇 en el Diario Oficial.

Dada en Bogot a los, 18 de marzo de 2020

PUBL蚎UESE Y C贛PLASE

LINA MARIA ARBELAEZ

Directora General

ROL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Aprob鬆

Mar韆 Lucia Upegui Mej韆

Subdirectora General

Aprob鬆

Gustavo Mart韓ez Perdomo

Secretario General

Revis鬆

M髇ica Cruz Oma馻

Asesor(a) Direcci髇 General

Revis鬆

Edgar Bojac Castro

Jefe de la Oficina Asesora Jur韉ica

Revis鬆

Angie Johanna Reyes Tovar

Directora de Contrataci髇

Revis鬆

Liliana Cecilia Rojas Le髇

Contratista Direcci髇 de Contrataci髇

Proyect鬆

Juan David Cardenas Cabeza

Contratista Direcci髇 de Contrataci髇

[1] SENTENCIA C-949/01: Demanda de inconstitucionalidad contra el art韈ulo 2 ordinal 1 literal b), ordinal 2 literales a) y b), par醙rafo: articulo 6 (parcial); art韈ulo 7; art韈ulo 11 ordinal 3 literal a), literal b) (parcial); art韈ulo 12; art韈ulo 16 inciso 2 (parcial); art韈ulo 18 inciso 2 (parcial); art韈ulo 19; art韈ulo 22 inciso 6; art韈ulo 24 ordinal 1 (parcial) y literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). k), I), m), par醙rafos 1, 2, y 3; articulo 25 numerales 10,19 inciso 5; art韈ulo 32 par醙rafo 2; art韈ulo 33 inciso 4 (parcial) y par醙rafo; art韈ulo 35 par醙rafo 1 (parcial); art韈ulo 36 inciso 1 (parcial) y par醙rafo; art韈ulo 37 par醙rafo 1 inciso 2 (parcial) par醙rafo 2 (parcial) art韈ulo 38; art韈ulo 39 par醙rafo; art韈ulo 42; art韈ulo 43 y art韈ulo 76; de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de contrataci髇 de la administraci髇 p鷅lica".

[2] La Secci髇 Tercera el Consejo de Estado, en pronunciamiento del 27 de abril de 2009, M. P. Ramiro Saavedra Becerra

[3] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto n鷐ero 1439 del 18 de julio de 2002. C.P. Dra. Susana Montes de Echeverri

[4] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado 925 de 1996, Consejero ponente: ROBERTO SU罵EZ FRANCO

[5] Sentencia C-772/98, Corte Constitucional, M.P.Dr. FABIO MORON DIAZ, expediente:D-2107

[6] consejo de Estado, Secci髇 Tercera, Rad. 34425 del 7 de febrero de 2011. Consejero Ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa