Artículo 1° Facultase al Poder Ejecutivo para contratar en el Exterior y hacer venir al país hasta cinco expertos en asuntos de administración pública, para que sirvan de asesores al Gobierno en la preparación de los proyectos de decretos o leyes tendientes a la reorganización de los servicios, rentas e impuestos nacionales. 

Los servicios de los expertos serán contratados por el tiempo que el gobierno estime necesario, y las sumas requeridas para renumerarlos se consideran incluidas en el Presupuesto de la presente y de la próxima vigencia. 

Artículo 2°. Todos los funcionarios públicos, como también las Cámaras de Comercio y las Sociedades de Agricultura y corporaciones científicas que subvenciona la Nación, estarán en el deber de suministrar a los expertos cuantos datos, informes y documentos les soliciten para el desempeño de su cargo. 

Artículo 3°. En los contratos que el Gobierno celebre para traer técnicos extranjeros, se estipulará expresamente que será causa de rescisión del contrato la circunstancia de que los servicios del técnico no satisfagan a juicio del Gobierno mismo. 

Artículo 4° La presente Ley regirá desde su sanción.