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DIARIO OFICIAL número fecha: 20/01/1993

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 2 DE 1993

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PARA: 

Ministros, Directores Departamento Administrativo, Superintendentes, Presidentes, Directores o Gerentes de Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y Sociedades de Economía Mixta, reestructurados, fusionados o suprimidos. 

DE: 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

Presidente de la República 

ASUNTO: 

COORDINACIÓN POR LA CONSEJERÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DECRETOS DICTADOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL ARTÍCULO TRANSITORIO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

FECHA: 

20 de enero de 1993 

  

Con el objeto de asegurar que el proceso de ejecución y desarrollo de los decretos dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo transitorio 20 de la Constitución Política se adelante dentro de los plazos en ellos establecidos, y con la debida coherencia, celeridad y unidad de criterio, he decidido asignar a. la Consejería para la Modernización del Estado las funciones de coordinar y orientar este proceso, hacerle un estrecho y permanente seguimiento y reportar periódicamente a mi despacho sobre su evolución. 

  

Para tales efectos deberán observarse las instrucciones, criterios y procedimientos que se exponen a continuación: 

  

1. Las entidades a que se refiere la presente Directiva presentaran a la Consejería para. la Modernización del Estado los proyectos de: estructura interna, estatutos de la entidad o sus reformas, planta de personal, programa de supresión de empleos, y régimen de transición, así como el proyecto de procedimiento para llevar a cabo la liquidación de aquellas entidades suprimidas, los cuales deberán estar en un todo ajustados a las disposiciones contenidas en los respectivos decretos de supresión, reestructuración o fusión, y a las directrices trazadas para cada materia en la presente Directiva Presidencial. 

  

Esta presentación deberá efectuarla el Ministro, Director o Gerente antes del próximo 13 de febrero. 

  

Los proyectos aludidos deberán ir acompañados de un cronograma para su ejecución y puesta en marcha, en el cual se precisarán con toda claridad las diferentes acciones a seguir, el término para su cumplimiento y los responsables de cada etapa del proceso, para lo cual deberán tomarse todas las previsiones que se estimen necesarias con el objeto de que las medidas a que dichos proyectos se refieren entren a operar sin traumatismos dentro del plazo establecido en los respectivos decretos. 

  

2. Vencido el plazo de presentación antes indicado, la Consejería para la Modernización del Estado organizará reuniones con los funcionarios responsables de cada entidad, con el fin de formular los comentarios y observaciones que estime pertinentes en relación con cada proyecto y para definir los ajustes y modificaciones que se consideren indispensables. 

  

Para tal efecto, la Consejería para la Modernización del Estado coordinará con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el estudio y evaluación de dichos proyectos en orden a facilitarle a las entidades el cumplimiento de los trámites que, conforme a las disposiciones vigentes, se deben surtir para su aprobación. 

  

3. Una vez cumplido el proceso de evaluación y análisis de los proyectos en mención, se expedirán los actos necesarios para su adopción y aprobación, de tal manera que su ejecución pueda cumplirse con arreglo al cronograma establecido. 

  

4. Una vez aprobados los proyectos en cada una de las materias de que trata esta Directiva, cada entidad presentará a la Consejería para la Modernización del Estado un informe mensual sobre su cumplimiento, el cual deberá contener una descripción detallada de la gestión adelantada en las respectivas áreas, precisando la forma en que se cumplieron las metas y los objetivos fijados, indicando los problemas o dificultades que se han presentado, y adjuntando copia de los actos administrativos donde consten las medidas adoptadas. También precisará las acciones que deben emprenderse para la continuación y consolidación de los proyectos, en orden a garantizar su cabal realización. 

  

5. Aunque en los respectivos decretos se establece la forma como se debe liquidar y pagar la indemnización o bonificación que corresponde a los empleados o trabajadores, he dispuesto que sea la Consejería para la Modernización del Estado la que coordine lo necesario para que su interpretación y aplicación sea uniforme. Para tal efecto, próximamente se publicará un manual con información más detallada al respecto. 

  

6. El proyecto del programa de supresión de empleos que cada entidad deberá remitir, a la Consejería para la Modernización del Estado desarrollará como mínimo los siguientes aspectos: 

  

a. Fechas precisas de ejecución; 

  

b. Cargos a suprimir en cada una de tales fechas; 

  

C. Valor de las indemnizaciones o bonificaciones a cancelar, y 

  

d. Empleados o trabajadores con derecho causado a pensión de jubilación cuyos cargos serán suprimidos, el promedio salarial devengado por estos en el último año y la entidad de previsión a la cual se encuentran afiliados. 

  

7. Es importante tener presente la existencia del Servicio de Adaptación Laboral en el Sector Público regulado en el decreto 2151 de 1992, el cual servirá de apoyo a los empleados públicos y trabajadores oficiales a quienes se les suprima el empleo, ya que tiene por objeto procurarles mayores posibilidades de acceso al mercado laboral o de emprender por cuenta propia actividades lucrativas. Solicito, por tanto, tomar atenta nota de este Servicio y promover su desarrollo. 

  

8. Las entidades remitirán a la Consejería para la Modernización del Estado los proyectos de planta de personal informando sobre su costo, y adjuntarán los decretos contentivos de la planta vigente, con indicación de su valor y de los cargos vacantes existentes en la fecha de expedición de la presente Directiva. 

  

En la elaboración de dicho proyecto deberán tenerse en cuenta las disposiciones legales vigentes en materia de nomenclatura y clasificación de cargos, al igual que la adopción del sistema de planta global, salvo que por razones justificadas este sistema no sea conveniente para la entidad. 

  

9. La única razón para desvincular empleados y para que éstos tengan derecho al régimen indemnizatorio previsto en los decretos correspondientes, es la supresión del cargo respectivo como consecuencia directa de la reestructuración, fusión o supresión de una entidad en desarrollo de lo previsto en el artículo transitorio 20 de la Constitución Política. 

  

10. Las entidades cuya supresión se ha ordenado deberán elaborar un proyecto de decreto reglamentario que contenga el procedimiento de liquidación, con observancia de los siguientes lineamientos: 

  

a. El procedimiento deberá incluir un cronograma que garantice que la liquidación de la entidad se hará gradualmente, y que en todas sus etapas se hará en forma directamente proporcional al término previsto en el respectivo decreto; 

  

b. Dicho cronograma señalará acciones concretas, con indicación de la fecha precisa de ejecución y de la persona responsable de las mismas; 

  

c. La venta de los activos de las entidades que se liquidan deberá sujetarse a las normas legales vigentes sobre la materia y se ejecutará con base en criterios estrictamente comerciales, buscando siempre, a través de un proceso transparente, obtener la mejor utilidad posible en beneficio de la entidad; 

  

d El dinero producto de la venta de los activos de la entidad se destinará a la cancelación de sus pasivos y el remanente se entregará al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social - FIS de que trata el decreto 2132 de 1992. Para este efecto, se seguirán los lineamientos generales que fije el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES; 

  

e. El proyecto de decreto de liquidación deberá ser enviado a la Consejería para la Modernización del Estado antes del 13 de febrero de 1993. 

  

11. Las entidades que se suprimen, fusionan o reestructuran, deberán elaborar e implementar un régimen de transición para el traslado de aquellas funciones que han sido asignadas a otras entidades o para el ejercicio de sus funciones actuales o las nuevas que le hayan sido trasferidas en el marco de su nueva estructura, según sea el caso, con el objeto de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de cada entidad, evitando así la suspensión o el traumatismo de los mismos en perjuicio de los usuarios. 

  

Al elaborar dicho régimen de transición, la entidad deberá efectuar un análisis detallado de todos los trámites internos y externos, con el fin de eliminar aquellos que sean innecesarios y racionalizar aquellos otros que deban mantenerse, facilitando al máximo al usuario el acceso a los respectivos servicios. Para este efecto deberá darse estricto cumplimiento y desarrollo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, de conformidad con lo establecido por el artículo 209 de la Constitución Política. Así mismo, se dará aplicación al artículo 83 de la Carta, que hace presumir la buena fe en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades. 

  

En el caso de las entidades que se suprimen, el régimen de transición formará parte integrante del procedimiento que se establezca para su liquidación. En el caso de las entidades que se fusionan o reestructuran, el régimen de transición formará parte integrante del programa de reestructuración o de fusión que presente la respectiva entidad. 

  

12. La defensa jurídica de los decretos que eventualmente sean demandados por razones de inconstitucionalidad será coordinada en su integridad por la Consejería para la Modernización del Estado. 

  

En consecuencia, las entidades que tengan conocimiento sobre la existencia de demandas contra los decretos dictados en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Constitución Política, deberán informar de inmediato a la Consejería para la Modernizaci6n del Estado y prestarle toda la colaboración que les sea requerida, para garantizar el uso oportuno y eficaz de los medios de defensa correspondientes. 

  

Atentamente,