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DECRETO4071949194902 script var date = new Date(18/02/1949); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. 26960. 5, MARZO, 1949. PÁG. 11.MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIASPor el cual se dictan unas disposiciones sobre aguas de uso público y aprovechamiento de las mismasVigentefalsefalseComercio, Industria y TurismofalseDECRETO ORDINARIO05/03/194918/02/194926960107511

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXIV. 26960. 5, MARZO, 1949. PÁG. 11.

DECRETO 407 DE 1949

(febrero 18)

Por el cual se dictan unas disposiciones sobre aguas de uso público y aprovechamiento de las mismas

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar]

Subtipo: DECRETO ORDINARIO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

  

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las que confiere el artículo 47 de la Ley 90 de 1948 

  

DECRETA: 

  


Artículo 1º. Declárese que hay grave motivo de utilidad pública e interés social para decretar la enajenación forzosa o expropiación de todos los bienes y derechos que sena necesarios para la construcción de presas de agua, embalses, obras de regadío, acueductos, así como para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola de dichas obras. 

  


Artículo 2º. La declaración de utilidad pública de que trata el artículo anterior se extiende a las zonas de terreno que sean necesarias para la apertura de carreteras, caminos o vías de comunicación en general, imposición de servidumbres como las de acueducto y canalizaciones eléctricas, y toda clase de trabajos o construcciones para el aprovechamiento, explotación y uso de las obras mencionadas en el artículo primero de este Decreto. 

  


Artículo 3º. A partir de la vigencia de este Decreto el Gobierno procederá, previa petición de parte interesada, o de oficio si lo considera conveniente, a revisar las concesiones y reglamentaciones existentes sobre las aguas que fueren necesarias para el beneficio de las obras de que se habla en el artículo 1º. a fin de reducirlas a lo estrictamente necesario, o suspenderlas, según el caso. 

  


Artículo 4º. Si en el área que se necesitare para la realización de las obras de que trata el artículo 1º de este Decreto hubiera terrenos baldíos, el Ministerio de ramo, con la simple petición de la entidad que adelante la construcción de la respectiva obra, se abstendrá de tramitar cualquier solicitud de adjudicación sobre dichos terrenos. 

  

La misma regla se extenderá a los bosques y zonas aledañas a los embalses y que fueren necesarias para la conservación y purificación de las aguas. 

  


Artículo 5º. Si hubiere lugar a la compra de mejoras, o de cualquiera otro derecho, en el caso del artículo anterior, avalúo, pago y expropiación se harán por los trámites contenidos en este Decreto. 

  


Artículo 6º. Dentro de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha del presente Decreto, el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Banco de la República pasarán a la Presidencia de la República la relación en detalle de las corrientes de agua que estas entidades estimen necesarias para el desarrollo de sus planes, tanto en las obras terminadas que administran, como en las que construyen y en las que actualmente estudian, a fin de que el Gobierno por conducto del respectivo Ministerio otorgue a las nombradas entidades las respectivas concesiones, mercedes o permisos definitivos sobre esas aguas. 

  


Artículo 7º. El Gobierno, durante el plazo indicado en el artículo anterior, se abstendrá de otorgar concesiones de fuerza hidráulica y de expedir permisos o mercedes para la utilización de aguas nacionales de uso público a personas naturales o jurídicas distintas del Instituto de Aguas, del Banco de la República y de la Caja Agraria. 

  

La limitación establecida en el presente artículo no se extenderá a las concesiones, mercedes o permisos de agua que previa la consulta con el Instituto, el Banco de la República y la Caja Agraria apareciere que no fueren necesarias para las obras de estas entidades. 

  


Artículo 8º. Si un año después de concedidos las mercedes o permisos definitivos de que trata el artículo 6º. El Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, el Banco de la República o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero no presentaren al Gobierno los programas técnicos y financieros para la ejecución de las obras que se refieran tales mercedes o permisos, el Gobierno podrá otorgarlos libremente. 

  

El Instituto, Banco de la República y la Caja Agraria podrán renunciar a la utilización de las concesiones que se les hayan otorgado, antes del año a que se refiere este artículo. 

  


Artículo 9º. En adelante, para el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 7º del Decreto número 2792 de 1947 y en cuanto se relacione con obras en las cuales tengan interés el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, el Banco de la República y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y que hayan mencionado en la relación de que trata el artículo 6 del presente Decreto, el Gobierno procederá de acuerdo con las nombradas entidades, Instituto, Banco de la República y Caja Agraria. 

  


Artículo 10º. Las solicitudes que presentan el Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, en relación con las obras de que trata este Decreto, deberán tramitarse y resolverse por las dependencias gubernamentales respectivas de preferencia a cualquier otra solicitud que se haga sobre las mismas aguas, en virtud del carácter de utilidad pública que la Ley da a estas obras. 

  


Artículo 11º. Los equipos, maquinarias y demás elementos que importen el Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, con destino a las obras de que trata este Decreto, así como los destinados a instalaciones o trabajos tendientes al aprovechamiento de dichas obras, estarán exentos del pago de impuestos nacionales, departamentales, y municipales y gozarán además de los beneficios que consagran la Ley 25 de 1946 y el Decreto reglamentario 0088 de 1947. 

  


Artículo 12º. En armonía con lo dispuesto en el artículo 1º de este Decreto, declárase que hay grave motivo de utilidad pública interés social para decretar la enajenación forzosa o expropiación de todos los bienes y derecho s que el Banco de la República considere necesarios para la realización y utilización de las siguientes obras: embalse de la hoya del río Neusa, en el Departamento de Cundinamarca, de la laguna del "Totumo", en los Departamentos de Bolívar y Atlántico, y de las de igual naturaleza que se construyan por intermedio del mismo Banco, en el territorio de la Península de la Guajira. 

  

Parágrafo. En virtud de la declaratoria de utilidad pública contenida en este artículo, el Banco de la República podrá adelantar, a nombre de la nación, los juicios de expropiación de que habla el presente Decreto y que se hagan necesarios para la ejecución de las obras acabadas de enumerar, sin sujeción a lo dispuesto por la Ley 119 de 1890 y sin necesidad de la providencia previa de autoridad pública de que habla el artículo 852 del Código Judicial. 

  


Artículo 13º. El Ministerio de Correos y Telégrafos facilitará el otorgamiento de las licencias que solicite el Banco de la República, Concesión de Salinas, para la instalación de equipos telefónicos y radiotelefónicos destinados al servicio de las obras de que trata el artículo 12 de este Decreto. 

  


Artículo 14º. Para la completa financiación de las obras mencionadas en este Decreto el Gobierno podrá contratar en el país o en el Exterior los empréstitos que fueren necesarios. En cuanto a las obras y empresas propias de la Concesión de Salinas, el Gobierno podrá también, en acuerdo con el Banco de la República, ampliar en la cuantía necesaria el empréstito a que se refiere el contrato contenido en la escritura pública número 6154, de 17 de octubre de 1917, otorgada en la Notaría Segunda de Bogotá. Si hubiere lugar a contratar empréstitos externos para las obras y empresas de la Concesión de Salinas, el Banco de la República podrá hacerlo el desarrollo de las facultades que le confieren los Decretos 2214, de 16 de diciembre de 1931, y 1529, de 17 de junio de 1942, sirviéndolos con el producto neto de la Concesión de Salinas, inclusive el de las nuevas obras y empresas que hagan parte de ella. 

  


Artículo 15º. Si las demandas de expropiación que se promuevan como consecuencia de este Decreto comprenden dos o más fincas dentro del área general que se trata de expropiar, se dirigirán contra todos los demandados en conjunto, contra varios de ellos o contra cada un separadamente, a elección del demandante. 

  


Artículo 16º. En la demanda que se presente solicitando la expropiación, además de los elementos que exige el artículo 852 del Código Judicial, se determinará el bien que se pretende expropiar, con toda claridad por su ubicación, linderos y cabida aproximada; se acompañará un plano de ella explicando si se persigue la expropiación solamente de una parte de la finca o de toda ella; se hará la designación del perito que corresponde nombrar el demandante y se acompañará el correspondiente certificado del Registrado de Instrumentos Públicos y Privados. 

  


Artículo 17º. A la demanda de expropiación por causa de utilidad pública puede acompañarse el precio de lo que ha de expropiarse, estimado de avalúo de acuerdo con la proporción que le corresponde en el Catastro, más un veinte por veinte de tal valor, y si así lo hiciere el demandante, en el primer auto que dicte el Juez decretará la expropiación si fuere el caso; ordenará la entrega al demandado del precio y de un veinte por ciento, y dispondrá que el demandante se obligará, en una diligencia, a devolver lo que se le hubiere dado de más, si del posterior avalúo así resultare. Si el demandado no recibiere la cantidad correspondiente, según lo dicho, el Juez lo depositará en un banco. 

  

Si el demandante no pudiere estimar el avalúo tal como queda indicado, el Juez ordenará practicarlo de acuerdo con las reglas señaladas en los artículos pertinentes de este Decreto, sin perjuicio de decretar la expropiación pero no la entrega. 

  


Artículo 18º. Presentada la demanda el Juez librará despacho al respectivo Registrador de Instrumentos Públicos y Privados a fin de que se abstenga de registrar cualquier acto que varíe, cambie, grave o limite el dominio del bien o bienes especificados en la respectiva demanda. 

  


Artículo 19º. El auto que se dicte, de acuerdo con el artículo 17 de este Decreto, se notificará en la forma que prescribe el artículo 17 de la Ley 35 de 1915. 

  


Artículo 20º. En el auto de que trata el artículo 17 de este Decreto se dispone el avalúo de la indemnización, y el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, la parte demandada nombra un perito. Si son varios los demandados y no se acordaren en la designación de un mismo perito, el Juez hace el nombramiento el día siguiente de vencerse el término señalado en el presente artículo y de igual modo procede si uno o varios de los demandados eligieren perito y otros y otros se abstuvieren de hacerlo. 

  


Artículo 21º. Cuando hubiere discrepancia en el concepto de los dos evaluadores sobre el monto de la indemnización debido al expropiado, el Juez hace la regulación que estima equitativa conforme a los dictámenes de los peritos y demás elementos del proceso. 

  


Artículo 22º. Los peritos disponen, para rendir su concepto, del término de cinco días que a petición de ellos puede ser ampliado por el Juez hasta por diez días más, en los casos en que esta adición se justifique plenamente. 

  


Artículo 23º. En todos los casos de este Decreto, las designaciones de peritos deben recaer precisamente en persona que hagan parte del cuerpo oficial de expertos evaluadores de que trata el artículo 31 de la Ley 63 de 1936, sin que sea requisito indispensable que pertenezca a la lista del Circuito en donde se adelante el juicio. Si los nombrados no cumplen con lo de su cargo dentro de los términos aquí fijados, serán excluidos de la lista respectiva de aquel cuerpo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bastando para ello el solo informe del juez de la causa. Se entiende lo anterior, sin perjuicio de que el juez pueda reemplazar los peritos y hacer uso de los apremios legales para obligarlos a llenar su cometido, según las reglas generales. 

  


Artículo 24º. Hecho y aprobado el avalúo y consignado el precio en el Juzgado, lo cual debe hacerse dentro del término máximo de 20 días, el Juez dicta sentencia de adjudicación de bienes a favor del demandante, ordenado en ella la entrega, si ésta no se hubiere verificado con anterioridad. Con respecto al precio, en ella decretará lo pertinente de conformidad con el artículo 859 del Código Judicial. 

  

La sentencia debe inscribirse en el libro o libros de registro correspondientes. 

  


Artículo 25º. Ejecutoriada la sentencia, tanto el demandado o demandados en su caso, como el actor, en el suyo, quedan con el derecho de objetar el avalúo por dolo, por error en las mensuras o por notorio y grave error en el cálculo de la indemnización, objeciones que deben hacerse ante el mismo juez y por medio de demanda ordinaria promovida dentro de quince días después de ejecutoria la sentencia. 

  

Si la sentencia en el juicio ordinario de que trata este artículo variare en más o menos el avalúo anterior, el demandante, en primer caso, pagará el propietario la diferencia, y en el segundo éste hará el reembolso correspondiente. 

  


Artículo 26º. Sí antes de registrarse la demanda en cumplimiento del artículo 18 de este Decreto, el demandado o demandados enajenaren su propiedad, en la parte afectada por la expropiación, el juicio se seguirá con los nuevos adquirentes, quienes tomarán dicho juicio en el estado en que se encuentre. 

  

Si se constituyeren gravámenes u otros derechos reales al juicio se entenderá también contra los respectivos titulares. 

  


Artículo 27º. La sentencia y los autos interlocutorios dictados en este juicio son apelables, por el demandante, en el efecto que designe y, por el demandado, sólo en el devolutivo. 

  


Artículo 28º. En las expropiaciones por causa de utilidad pública se tendrá en cuenta para regular el monto de la indemnización, el aumento de valor probable que adquiera por causa de la obra para la cual se haga la expropiación el resto del predio expropiado, considerado en el momento del avalúo. Esta disposición no se aplicará cuando se trate de la expropiación de todo el predio. 

  


Artículo 29º. Serán competentes para conocer en primera instancia de los juicios de expropiación que se promuevan como consecuencia de este Decreto, los Jueces de Circuito del lugar en donde se encuentres situados total o parcialmente los bienes cuya expropiación se persigue, aun cuando en ellos tenga interés la Nación o un Departamento y en segunda instancia los Tribunales del Distrito respectivo. 

  


Artículo 30º. En los términos de los artículos anteriores que dan reformadas las disposiciones contrarias al presente Decreto y fijado el procedimiento que debe seguirse en los juicios de expropiación a que de lugar la declaratoria de utilidad pública contenida en los artículos 1º, 2º y 12º de este Decreto. 

  


Artículo 31º. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 

  

Comuníquese y publíquese. 

  

Dado en Bogotá a 18 de febrero de 1949, 

  

MARIANO OSPINA PEREZ 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José María Bernal, El Ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Castro Carmen Mesa El Ministro de Comercio E industrias, José del Carmen Mesa El Ministro de Correos y Telégrafos, José Vicente Dávila Tello.