300Corte SupremaCorte Suprema30030021605196601072282012-- Seleccione --196613/07/1966196601072282012_-- Seleccione --_1966_13/07/196630021603CONSTITUCIONALIDAD DEL JUZGAMIENTO POR CONSEJOS DE GUERRA VERBALES La Corte declara la exequibilidad de los artículos 1º., 3º., 8º y 9º del Decreto Legislativo número 1290 de 21 de mayo de 1965. - Manifiesta conexidad de las normas del Decreto acusado con el restablecimiento del orden público. 1.- Aplicando la doctrina expuesta por la Corte en sentencia de 13 de junio de 1945, ratificada por la del 10 de agosto de 1948, a la demanda sobre inexequibilidad del Decreto 1290 de mayo de 1965, se tiene que el artículo 121 de la Carta dispone que, una vez que se declare turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella, mediante el Decreto dictado con las formalidades prescritas) en la misma forma y en el artículo 122, el Presidente de la República queda investido además de las facultades que le confieren las leyes, de “las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes rigen para la guerra entre naciones”. De modo que para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un decreto de esta especie la Corte debe examinar si existen normas legales que autoricen las medidas tomadas en él, y si la Carta contiene preceptos que las respalden. Sólo a falta de facultades legales, debe acudirse a las reglas del Derecho de Gentes o Ley Marcial. 2.- La ley 141 de 1961, en la cual está incorporado el decreto extraordinario 250 de julio de 1958, la que autoriza al Gobierno, cuando lo estimare conveniente en época de guerra o de conmoción interior, para disponer que todos los delitos de competencia de la justicia militar se juzguen por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, entre los cuales figuran los delitos contra la existencia y seguridad del estado, contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del estado, que están incluidos en los dos primeros grupos del artículo 1º. del decreto tachado de inexequibilidad; y para ordenar que los delitos de competencia de la justicia ordinaria, se juzguen por el mismo procedimiento. Esto significa que el Presidente de la República, en uso de los poderes que le confiere el artículo 121 de la ley suprema, por consecuencia de haber declarado turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República por Decreto 1288 de 21 de mayo de 1965, obró dentro de la órbita del mismo art. 121 para dictar el Decreto acusado, al establecer que la justicia penal militar conozca durante el estado de sitio no sólo de los delitos sancionados en el código militar sino los demás que especifica como definidos y sancionados en la ley penal común, de los conexos con éstos, de los estados antisociales también determinados, y de los procesos penales en curso por los delitos de secuestro y extorsión. En suma que existen disposiciones legales que facultaban al gobierno para dictar el decreto tachado y para suspender las normas contrarias a él. 3.- El artículo 170 de la Carta estatuye que de los delitos cometidos por los militares en servicio y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o Tribunales, con arreglo a las prescripciones del Código 1 Penal Militar. Hay en este precepto la consagración del fuero militar, en razón del cual los miembros del ejército nacional por los delitos que cometen estando en servicio y por razón del mismo servicio serán juzgados de acuerdo con las normas del Código Penal Militar y por los Jueces, Cortes o Tribunales creados por el mismo estatuto. Este fuero es privativo de los favorecidos con él tanto en tiempo de paz como en tiempo de alteración del orden público. La creación de estos tribunales como parte de la rama del poder público encargada de administrar justicia, la autoriza no solamente la norma que se comenta sino también el art. 58 de la Constitución, que al lado de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito como entidades que administran justicia, designa a “los demás tribunales y juzgados que establezca la ley”. Puede decirse entonces que los Consejos Verbales de guerra, creados por el Código Penal Militar en el Decreto 250 de 1958 y la ley 141 de 1961, tienen su respaldo en los arts. 170 y 58 de la ley de leyes. Pero el primero de estos preceptos no ha de interpretarse en el sentido de que la jurisdicción y competencia concedida a los tribunales militares sea tanto en la situación de normalidad como en la de anormalidad privativa de los militares, y que no puede extenderse jamás a los civiles o particulares, porque los términos claros que emplea no autorizan tal sentido, y porque su aplicación debe hacerse en armonía con el 61, que dice: “Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política y la judicial o la militar”. Sobre la vigencia de este artículo, la Corte en sentencia de diez y nueve de abril de 1955, proferida en Sala Plena y por unanimidad, expuso: “Surgen pues los poderes en el estado de emergencia de la relación en que han de hallarse dos mandatos o grupos de tales, consagrados en la Constitución: el que otorga al Presidente facultad extraordinaria dirigida a la guarda del orden público, y que garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la organización del Estado. “Por la redacción de varios preceptos de la ley Suprema, hay normas suyas que contienen limitaciones al legislador, respecto de los derechos individuales y sociales y la organización del Estado, que rigen en tiempo de paz y otras especiales para tiempo de guerra o de perturbación del orden. En tiempo de guerra el Gobierno impone contribuciones (art. 43), puede hacer expropiaciones sin previa indemnización, decretadas por autoridades que no pertenezcan a la rama judicial (art.33); suspender la libertad de prensa (art. 42); prohibir la circulación de impresos por los correos (art. 38); ejercer simultáneamente la autoridad política y la judicial o la militar (art. 61). Las disposiciones de la Carta que se han citado fueron redactadas, como en ella se expresa, para tiempos de paz o normalidad, lo que autoriza entender que no rigen en casos de turbación del orden público. Es decir que entonces las garantías y derechos que ellas protegen no rigen en estado de sitio” (G. J. T. 80 pág. 4). Aplicando esta doctrina al decreto 1290, en cuanto dispone que, mientras dure el estado de sitio, la justicia militar además de los delitos establecidos en el código pobre la materia conocerá de los delitos sancionados por la ley penal común, determinados en el mismo decreto, y de las conductas antisociales a que se refieran los arts. 20, 31, 30, 33 del Decreto ley 1699 de 1964; y que su investigación y juzgamiento se hará por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, se concluye que el decreto no viola el art. 61, porque si su vigencia está limitada al tiempo de paz o normalidad y se suspende durante el estado de sitio por guerra o conmoción interior, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el art. 121, está autorizado para atribuir a la justicia militar el ejercicio de la autoridad judicial, es decir, el conocimiento de los delitos sancionados por el derecho penal ordinario y de competencia de los jueces comunes, lo mismo que el esclarecimiento y fallo de las conductas antisociales. No violando el Decreto 1290 ninguno de los artículos 170, 58 y 61, tampoco puede decirse que infringió el 55, que consagra el principio de la separación y armonía de las ramas del poder, puesto que, si los tribunales militares hacen parte de la rama jurisdiccional, por cuanto administran justicia en virtud de los arts. 170, que crea la jurisdicción o justicia militar, el 58 que atribuye la administración de justicia, fuera de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, a los demás tribunales establecidos por la ley, la autorización implícita del art. 61 al Gobierno para que en tiempo de anormalidad pueda disponer que la justicia militar conozca también de los delitos comunes, es el cumplimiento del querer del mismo constituyente, que con gran acierto previo el que en circunstancias de guerra o conmoción interior fuera necesario para restablecer el orden, dar atribuciones a la justicia militar para conocer no sólo de los delitos cometidos por los militares en servicio, sino de infracciones comunes. No puede decirle que la justicia militar invada zonas de la justicia ordinaria, sino que amplía su competencia para juzgar los delitos comunes por autorización de la misma Carta. En el fallo por el cual se declaró inconstitucional el artículo, que confería a ciertos jueces de instrucción nombrados por el ejecutivo con destino a zonas de violencia, jurisdicción y competencia para fallar en el fondo sobre determinados delitos, la Corte consideró que el art. 61 de la Constitución no autorizaba al Gobierno “para suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la República, que “es evidente el desvío de poder cuando se confiere a las autoridades políticas la función de administrar justicia, constitucionalmente propia de los jueces, mientras la perturbación en los hechos no sea de tal naturaleza grave que objetivamente los jueces no puedan cumplir su función privativa de administrar justicia”. La posición de la Corte en este fallo era obvia: Defender la jurisdicción, porque los llamados jueces de instrucción no eran jueces. La situación ante el decreto 1290 de 1960 es diferente: No se trata de investir a las autoridades administrativas o políticas de la jurisdicción, sino de agregar a una jurisdicción especial ya establecida por la misma constitución y la ley, el conocimiento de unos delitos de competencia de la jurisdicción común, por la razón determinante de que el Presidente de la República estimó que la jurisdicción militar es más conveniente que la ordinaria, en relación con determinados delitos, cuya ejecución en el actual momento perturbaba gravemente la moralidad pública. La ley marcial envuelve el poner en unas solas manos la autoridad política y la civil o militar. Ello no ocurre en el caso en estudio, el Jefe político o administrativo "no aplica el Decreto 1290 de 1965. Todos los delitos que el art. 1º. del Decreto 290 traslada al conocimiento de la justicia penal militar son “los definidos y sancionados en la ley penal común”, es decir, en la ley 95 de 1936, que es el código penal en vigencia desde antes de incurrir el procesado en el delito que se le imputa. 4.- De la doctrina sentada por el fallo en el caso de acusación de los decretos 1640 y 1644 (G. J. T. 59), se desprende que el art. 26 de la Carta de aplicación en tiempo de normalidad, abarca la preexistencia de la Ley penal al hecho imputado, de la que establece la jurisdicción para juzgar el delito, y de las formas propias del juicio. En cambio, el art. 28, aplicable en época de guerra o de conmoción interior, sólo contempla la autoridad de la ley que sanciona el delito y determina la pena correspondiente, y deja al Estado la fijación de la competencia y de las formalidades del juicio, que es lo que disponen los arts. 1º. y 3º. del Decreto 1290 de 21 de mayo último, en cuanto, en su orden, dan competencia a la justicia militar para conocer de los delitos definidos y sancionados por la ley penal común y las conductas antisociales, concretados en la misma norma, y establecer que mientras dure el estado de sitio, dichos delitos y conductas se investigarán y fallarán por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, y que los procesos penales en curso por los ilícitos de secuestro y extorsión pasarán a la justicia penal militar para ser fallados en la misma forma. La acusación de que los preceptos del Decreto en modo alguno acomodan a los poderes que el art. 121 de la Carta le dá al Presidente de la República para la solución rápida y eficaz de los hechos concretos de perturbación del orden público, toca con lo que, según doctrina de la Corte, implicaría falta de conexidad de las medidas tomadas por el decreto con las causas que motivaron la declaratoria de perturbación del orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República. (Al respecto véase sentencia de 28 de ju- de 1956). 5.- De los motivos que determinaron los decretos sobre estado de sitio y el acusado, aparece manifiesto que las medidas de poner bajo el conocimiento de la justicia penal ,militar, el juzgamiento por Consejos de Guerra Verbales, los hechos delictuosos y las conductas antisociales especificadas en el decreto, guardan manifiesta conexión con el restablecimiento del orden público, porque la rápida sanción de los delitos que han sido causa de anormalidad, no solo busca restablecer orden jurídico quebrantado por ellos, sino que lleva consigo la tranquilidad y seguridad de las personas que con el crecimiento de esas formas delictivas se sienten amenazadas en su vida, libertad y bienes. Corte Suprema de Justicia. — Sala Plena. — Bogotá, julio trece de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada). 1966
Gustavo Rendón Gaviria 1966010722820122282DECRETO NUMERO 1290 DE 21 MAYO DE 1965, ARTICULOS 1, 3, 8 Y 9.Identificadores30030076610true1158334original30076653Identificadores

Norma demandada:  DECRETO NUMERO 1290 DE 21 MAYO DE 1965, ARTICULOS 1, 3, 8 Y 9.


CONSTITUCIONALIDAD DEL JUZGAMIENTO POR CONSEJOS DE GUERRA VERBALES

La Corte declara la exequibilidad de los artículos 1º., 3º., 8º y 9º del Decreto Legislativo número 1290 de 21 de mayo de 1965. - Manifiesta conexidad de las normas del Decreto acusado con el restablecimiento del orden público.

1.- Aplicando la doctrina expuesta por la Corte en sentencia de 13 de junio de 1945, ratificada por la del 10 de agosto de 1948, a la demanda sobre inexequibilidad del Decreto 1290 de mayo de 1965, se tiene que el artículo 121 de la Carta dispone que, una vez que se declare turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella, mediante el Decreto dictado con las formalidades prescritas) en la misma forma y en el artículo 122, el Presidente de la República queda investido además de las facultades que le confieren las leyes, de “las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes rigen para la guerra entre naciones”.

De modo que para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un decreto de esta especie la Corte debe examinar si existen normas legales que autoricen las medidas tomadas en él, y si la Carta contiene preceptos que las respalden. Sólo a falta de facultades legales, debe acudirse a las reglas del Derecho de Gentes o Ley Marcial.

2.- La ley 141 de 1961, en la cual está incorporado el decreto extraordinario 250 de julio de 1958, la que autoriza al Gobierno, cuando lo estimare conveniente en época de guerra o de conmoción interior, para disponer que todos los delitos de competencia de la justicia militar se juzguen por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, entre los cuales figuran los delitos contra la existencia y seguridad del estado, contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del estado, que están incluidos en los dos primeros grupos del artículo 1º. del decreto tachado de inexequibilidad; y para ordenar que los delitos de competencia de la justicia ordinaria, se juzguen por el mismo procedimiento. Esto significa que el Presidente de la República, en uso de los poderes que le confiere el artículo 121 de la ley suprema, por consecuencia de haber declarado turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República por Decreto 1288 de 21 de mayo de 1965, obró dentro de la órbita del mismo art. 121 para dictar el Decreto acusado, al establecer que la justicia penal militar conozca durante el estado de sitio no sólo de los delitos sancionados en el código militar sino los demás que especifica como definidos y sancionados en la ley penal común, de los conexos con éstos, de los estados antisociales también determinados, y de los procesos penales en curso por los delitos de secuestro y extorsión. En suma que existen disposiciones legales que facultaban al gobierno para dictar el decreto tachado y para suspender las normas contrarias a él.

3.- El artículo 170 de la Carta estatuye que de los delitos cometidos por los militares en servicio y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o Tribunales, con arreglo a las prescripciones del Código 1 Penal Militar. Hay en este precepto la consagración del fuero militar, en razón del cual los miembros del ejército nacional por los delitos que cometen estando en servicio y por razón del mismo servicio serán juzgados de acuerdo con las normas del Código Penal Militar y por los Jueces, Cortes o Tribunales creados por el mismo estatuto. Este fuero es privativo de los favorecidos con él tanto en tiempo de paz como en tiempo de alteración del orden público. La creación de estos tribunales como parte de la rama del poder público encargada de administrar justicia, la autoriza no solamente la norma que se comenta sino también el art. 58 de la Constitución, que al lado de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito como entidades que administran justicia, designa a “los demás tribunales y juzgados que establezca la ley”. Puede decirse entonces que los Consejos Verbales de guerra, creados por el Código Penal Militar en el Decreto 250 de 1958 y la ley 141 de 1961, tienen su respaldo en los arts. 170 y 58 de la ley de leyes. Pero el primero de estos preceptos no ha de interpretarse en el sentido de que la jurisdicción y competencia concedida a los tribunales militares sea tanto en la situación de normalidad como en la de anormalidad privativa de los militares, y que no puede extenderse jamás a los civiles o particulares, porque los términos claros que emplea no autorizan tal sentido, y porque su aplicación debe hacerse en armonía con el 61, que dice: “Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política y la judicial o la militar”.

Sobre la vigencia de este artículo, la Corte en sentencia de diez y nueve de abril de 1955, proferida en Sala Plena y por unanimidad, expuso: “Surgen pues los poderes en el estado de emergencia de la relación en que han de hallarse dos mandatos o grupos de tales, consagrados en la Constitución: el que otorga al Presidente facultad extraordinaria dirigida a la guarda del orden público, y que garantiza los derechos individuales y sociales y consagra la organización del Estado.

“Por la redacción de varios preceptos de la ley Suprema, hay normas suyas que contienen limitaciones al legislador, respecto de los derechos individuales y sociales y la organización del Estado, que rigen en tiempo de paz y otras especiales para tiempo de guerra o de perturbación del orden. En tiempo de guerra el Gobierno impone contribuciones (art. 43), puede hacer expropiaciones sin previa indemnización, decretadas por autoridades que no pertenezcan a la rama judicial (art.33); suspender la libertad de prensa (art. 42); prohibir la circulación de impresos por los correos (art. 38); ejercer simultáneamente la autoridad política y la judicial o la militar (art. 61). Las disposiciones de la Carta que se han citado fueron redactadas, como en ella se expresa, para tiempos de paz o normalidad, lo que autoriza entender que no rigen en casos de turbación del orden público. Es decir que entonces las garantías y derechos que ellas protegen no rigen en estado de sitio” (G. J. T. 80 pág. 4).

Aplicando esta doctrina al decreto 1290, en cuanto dispone que, mientras dure el estado de sitio, la justicia militar además de los delitos establecidos en el código pobre la materia conocerá de los delitos sancionados por la ley penal común, determinados en el mismo decreto, y de las conductas antisociales a que se refieran los arts. 20, 31, 30, 33 del Decreto ley 1699 de 1964; y que su investigación y juzgamiento se hará por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, se concluye que el decreto no viola el art. 61, porque si su vigencia está limitada al tiempo de paz o normalidad y se suspende durante el estado de sitio por guerra o conmoción interior, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el art. 121, está autorizado para atribuir a la justicia militar el ejercicio de la autoridad judicial, es decir, el conocimiento de los delitos sancionados por el derecho penal ordinario y de competencia de los jueces comunes, lo mismo que el esclarecimiento y fallo de las conductas antisociales.

No violando el Decreto 1290 ninguno de los artículos 170, 58 y 61, tampoco puede decirse que infringió el 55, que consagra el principio de la separación y armonía de las ramas del poder, puesto que, si los tribunales militares hacen parte de la rama jurisdiccional, por cuanto administran justicia en virtud de los arts. 170, que crea la jurisdicción o justicia militar, el 58 que atribuye la administración de justicia, fuera de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, a los demás tribunales establecidos por la ley, la autorización implícita del art. 61 al Gobierno para que en tiempo de anormalidad pueda disponer que la justicia militar conozca también de los delitos comunes, es el cumplimiento del querer del mismo constituyente, que con gran acierto previo el que en circunstancias de guerra o conmoción interior fuera necesario para restablecer el orden, dar atribuciones a la justicia militar para conocer no sólo de los delitos cometidos por los militares en servicio, sino de infracciones comunes. No puede decirle que la justicia militar invada zonas de la justicia ordinaria, sino que amplía su competencia para juzgar los delitos comunes por autorización de la misma Carta.

En el fallo por el cual se declaró inconstitucional el artículo, que confería a ciertos jueces de instrucción nombrados por el ejecutivo con destino a zonas de violencia, jurisdicción y competencia para fallar en el fondo sobre determinados delitos, la Corte consideró que el art. 61 de la Constitución no autorizaba al Gobierno “para suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la República, que “es evidente el desvío de poder cuando se confiere a las autoridades políticas la función de administrar justicia, constitucionalmente propia de los jueces, mientras la perturbación en los hechos no sea de tal naturaleza grave que objetivamente los jueces no puedan cumplir su función privativa de administrar justicia”. La posición de la Corte en este fallo era obvia: Defender la jurisdicción, porque los llamados jueces de instrucción no eran jueces.

La situación ante el decreto 1290 de 1960 es diferente: No se trata de investir a las autoridades administrativas o políticas de la jurisdicción, sino de agregar a una jurisdicción especial ya establecida por la misma constitución y la ley, el conocimiento de unos delitos de competencia de la jurisdicción común, por la razón determinante de que el Presidente de la República estimó que la jurisdicción militar es más conveniente que la ordinaria, en relación con determinados delitos, cuya ejecución en el actual momento perturbaba gravemente la moralidad pública.

La ley marcial envuelve el poner en unas solas manos la autoridad política y la civil o militar. Ello no ocurre en el caso en estudio, el Jefe político o administrativo "no aplica el Decreto 1290 de 1965.

Todos los delitos que el art. 1º. del Decreto 290 traslada al conocimiento de la justicia penal militar son “los definidos y sancionados en la ley penal común”, es decir, en la ley 95 de 1936, que es el código penal en vigencia desde antes de incurrir el procesado en el delito que se le imputa.

4.- De la doctrina sentada por el fallo en el caso de acusación de los decretos 1640 y 1644 (G. J. T. 59), se desprende que el art. 26 de la Carta de aplicación en tiempo de normalidad, abarca la preexistencia de la Ley penal al hecho imputado, de la que establece la jurisdicción para juzgar el delito, y de las formas propias del juicio. En cambio, el art. 28, aplicable en época de guerra o de conmoción interior, sólo contempla la autoridad de la ley que sanciona el delito y determina la pena correspondiente, y deja al Estado la fijación de la competencia y de las formalidades del juicio, que es lo que disponen los arts. 1º. y 3º. del Decreto 1290 de 21 de mayo último, en cuanto, en su orden, dan competencia a la justicia militar para conocer de los delitos definidos y sancionados por la ley penal común y las conductas antisociales, concretados en la misma norma, y establecer que mientras dure el estado de sitio, dichos delitos y conductas se investigarán y fallarán por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, y que los procesos penales en curso por los ilícitos de secuestro y extorsión pasarán a la justicia penal militar para ser fallados en la misma forma.

La acusación de que los preceptos del Decreto en modo alguno acomodan a los poderes que el art. 121 de la Carta le dá al Presidente de la República para la solución rápida y eficaz de los hechos concretos de perturbación del orden público, toca con lo que, según doctrina de la Corte, implicaría falta de conexidad de las medidas tomadas por el decreto con las causas que motivaron la declaratoria de perturbación del orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República.

(Al respecto véase sentencia de 28 de ju- de 1956).

5.- De los motivos que determinaron los decretos sobre estado de sitio y el acusado, aparece manifiesto que las medidas de poner bajo el conocimiento de la justicia penal ,militar, el juzgamiento por Consejos de Guerra Verbales, los hechos delictuosos y las conductas antisociales especificadas en el decreto, guardan manifiesta conexión con el restablecimiento del orden público, porque la rápida sanción de los delitos que han sido causa de anormalidad, no solo busca restablecer orden jurídico quebrantado por ellos, sino que lleva consigo la tranquilidad y seguridad de las personas que con el crecimiento de esas formas delictivas se sienten amenazadas en su vida, libertad y bienes.

Corte Suprema de Justicia. — Sala Plena. — Bogotá, julio trece de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: doctor Arturo C. Posada).

En ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano Gustavo Rendón Gaviria ha acusado ante esta Corte, para que por el trámite de la ley 96 de 1936 decida sobre su exequibilidad, las disposiciones que a continuación se transcriben del Decreto número 1290 de 21 de mayo de 1965, “por el cual se autoriza la convocatoria de consejos de guerra verbales”, dictado por el Presidente de la República en uso de la facultad extraordinaria que le otorga el artículo 121 de la Carta.

—I—

LAS NORMAS ACUSADAS

Son los artículos 1º., 3º., 8º., y 9º. del siguiente tenor:

“Artículo 1º— A partir de la vigencia del presente decreto y mientras subsista el estado de sitio, la justicia penal militar, además de los delitos establecidos en el código de la materia, conocerá de los siguientes definidos y sancionados en la ley penal común:

“Delitos contra la existencia y seguridad del Estado;

“Delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado;

“De la asociación para delinquir;

“Del incendio y otros delitos que envuelvan un peligro común;

“Del secuestro;

“De la extorsión.

“Conocerá igualmente de cualquier otro delito cometido en conexidad con los anteriores y de las conductas antisociales a que se refieren los artículos 20, 30, 31, 33 del decreto ley número 1699 de 1964.

“Artículo 3º— Mientras subsista el estado de sitio, todos los delitos y las conductas antisociales de competencia de la justicia penal militar, se investigarán y fallarán por el procedimiento de los consejos de guerra verbales.

“Los procesos penales en curso por los delitos de secuestro y extorsión pasarán inmediatamente a la jurisdicción penal militar en el estado en que se hallen; las investigaciones adelantadas en ellos tendrán plena validez, pero el juzgamiento se efectuará en la forma prevista en este artículo.

“Artículo 8º.— Suspéndense todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

“Artículo 9°.— Este decreto rige desde la fecha de su expedición”.

-II-

LA DEMANDA

Se endereza a obtener pronunciamiento de inexequibilidad de los anteriores textos, mediante la imputación de que violan los artículos 26, 55, 161 y 170 de la Constitución Nacional. Aunque en la demanda no se señala expresamente el 121 como infringido, del razonamiento que ella contiene se desprende que el actor entiende que también lo ha sido.

Parte el demandante del principio de que la jurisdicción es una manifestación de la soberanía, para afirmar que se ejerce a través de la rama del Poder Público a cuyo cargo está la administración de justicia. Esta descansa en el reconocimiento previo de la igualdad de las personas ante la ley y la necesaria consagración institucional de la separación e independencia de los órganos del Poder Público.

Dentro de este sistema jurídico político, prevalece, en la organización jurisdiccional, la justicia ordinaria que coloca a los hombres a un mismo nivel de responsabilidad, oportunidades y derechos, sin que sin embargo choque ostensiblemente con el establecimiento de jurisdicciones especiales. Una de tales jurisdicciones especiales es la prevista en el artículo 170 de la Carta, en cuanto permite que “de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio” conozcan cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del respectivo código. De este modo el derecho penal castrense (material y formal) está reservado a los militares en servicio activo, por actos relativos a ese servicio, y por lo tanto es ajeno a las personas que al infringir la ley penal no tienen la calidad de militares, o aunque lo sean, el acto es extraño a la actividad castrense- Por ello los particulares o civiles y aun los militares fuera del servició, no comparecen ante los jueces castrenses sin quebranto del artículo 170 de la Carta. Considera así mismo el demandante que no basta para cohonestar jurídicamente tal comparecencia la previsión del artículo 121, porque “la declaración de estado de sitio y la consiguiente turbación del orden público no son factores que coloquen al ejecutivo por fuera o por encima de la Constitución Nacional, autorizado apenas para suspender aquellas garantías incompatibles con la anormalidad, pero no las que por voluntad del mismo Constituyente tienen que subsistir en la paz o en la guerra o en caso de conmoción interior, por no estar condicionadas a exigencias de ninguna especie”; añadiendo que lo que a este punto concierne lo precisó la Corte, después de haberlo estudiado a la luz del artículo 61 de aquel estatuto, en relación con el 121, en la sentencia sobre el Decreto 12 de 1959. (1) Expresa finalmente que las normas acusadas violan el artículo 26 por no ser los tribunales castrenses los competentes para juzgar a los civiles ni las formas de procedimiento del Código Militar las propias para procesarlos.

-III-

EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador General de la Nación se inclina decididamente hacia la constitucionalidad de las normas acusadas por motivos que pueden compendiarse en las siguientes proposiciones:

“Es privativo del señor Presidente de la República apreciar cuándo hay perturbación del orden público y cuáles son los hechos que la producen, para declarar turbado ese orden público con arreglo a la Constitución y con apoyo en su artículo 121. Y si el responsable del mantenimiento o del restablecimiento del orden público es el señor Presidente de la República, para alcanzar ese restablecimiento indudablemente deben utilizarse medios de carácter extraordinario, pues que anormal y extraordinaria es la situación que obliga a declarar el estado de sitio”.

“Si en épocas de normalidad los principios constitucionales han de regir en toda su plenitud, en situación de anormalidad algunos de esos principios deben suspenderse, precisamente para permitir el regreso a la normalidad. Y la misma Constitución Nacional hace distinción entre las garantías que otorga, para ordenar que algunas de ellas se respeten en forma absoluta aún en tiempo de guerra o de conmoción interior; pero respecto de otras no sienta igual principio absoluto, entendiéndose que son relativas y que no rigen sino en época de normalidad. Tal puede ser el caso del artículo 26 de la Carta, como lo admitió la H. Corte Suprema en algunas de sus sentencias.

Dentro de este orden de ideas, “si el señor Presidente estimó que los atentados contra la libertad, la vida y los bienes de las personas habían determinado una creciente conmoción interna, agravada con la aparición de alarmantes formas de delincuencia, como el secuestro, parece elemental que por medios extraordinarios se eliminen esos factores que por las vías normales no pudieron contrarrestarse. La cita específica que de esas modalidades delictuosas se hizo, al lado de otras, en los considerandos del decreto 1288 para señalarlas como causantes de la conmoción interna y determinantes de la declaratoria de turbación del orden público allí contenida, es motivo más que suficiente para autorizar un tratamiento excepcional y extraordinario a fin de hacerlas desaparecer, pues por los medios normales no habían podido ser eliminadas. Si por una u otra, que no es del caso analizar, la investigación y el juzgamiento ordinarios de estas formas de delincuencia no fueron suficientes para contrarrestarlas, podía el señor Presidente de la República señalar un medio más expedito y efectivo para que se adelantaran esa investigación y ese juzgamiento. Dentro de su facultad de apreciar los factores de perturbación y los correctivos para eliminarlos y lograr el retorno a la normalidad, estimó que los consejos de guerra verbales eran apropiados para investigar y juzgar los delitos que, según se ha visto, consideraba como factores de la perturbación”.

Respecto de la presunta violación del artículo 170 de la Carta, cardinal en concepto del señor Procurador, pues que, en su opinión, de que se haya infringido o no depende la decisión sobre las restantes acusaciones de infracción de los artículos 26, 55 y 58, expone que es de observar que aquel precepto constitucional “no dice que las cortes marciales o tribunales militares tengan como función exclusiva la de conocer de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio”, y que si bien dispone que los militares en actividad tengan un fuero especial ante esa clase de cortes o tribunales, ‘'la Carta no excluye la posibilidad de que esas cortes o tribunales militares juzguen a personas distintas a los militares en servicio activo, ni menos prohíbe que su competencia pueda ser fijada por la ley sin perjuicio, claro está, de la que la Constitución les asigna en forma expresa”. Anota, además, que los consejos de guerra verbales tienen sus funciones y competencia señaladas en el decreto 250 de 1958, hoy ley 141 de 1961, cuyos artículos 588 y 589 disponen que en estado de perturbación del orden público los delitos de competencia de la justicia penal militar serán juzgados por consejos de guerra verbales, si así lo dispusiere el gobierno, y que éste “puede determinar, en época de guerra, conflicto armado o turbación del orden público que aún los delitos de competencia de la justicia ordinaria se juzguen por el procedimiento de los consejos de guerra verbales”; de donde deduce la consecuencia de que, habiéndose ceñido el gobierno a lo establecido en tales reglas en el artículo 3º del decreto acusado, para dictarlo no era necesario acudir siquiera al artículo 121 de la Constitución, por cuanto “existía con anterioridad autorización legal para que el gobierno procediera así hallándose en estado de sitio el territorio nacional”; de suerte que, por tener la citada norma “apoyo en ley preexistente, y siendo tan solo un desarrollo de ella, si se estimara que lo así decidido es contrario a la Constitución Nacional y se pretendiere que la H. Corte haga un pronunciamiento sobre el particular sería necesario demandar las normas legales vigentes con anterioridad a la expedición del decreto 1290 de 1965 y que le sirve de apoyo al desarrollo adoptado por el decreto últimamente citado”. En todo caso, es a la ley a la que corresponde “señalar la competencia de las entidades u organismos que administran justicia, sin perjuicio de los que la misma Constitución haya previsto en el particular”, tema sobre el cual la Corte sostuvo en sentencia dictada en Sala Plena el 1º de diciembre de 1951 que “la administración de justicia se ejerce no sólo por los tribunales ordinarios de justicia, sino también por los ‘demás tribunales y juzgados, que establezca la ley’”, entre los cuales se cuentan los castrenses, a los cuales el Código de Justicia Penal Militar vigente atribuye el conocimiento no sólo de los delitos cometidos por militares en servicio activo sino también por los militares o civiles en los casos en que ese código prevé su sumisión a tal régimen exceptivo.

De todo lo cual puede concluirse, según el señor Procurador: a) Que “el artículo 170 de la Constitución Nacional no ha sido violado por el decreto 1290 de 1965, toda vez que éste no quitó a las cortes marciales o tribunales militares la competencia que la Carta les otorga, de conocer de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, y únicamente les amplió a los consejos de guerra verbales su competencia normal, lo que puede hacerse en épocas de anormalidad y con fundamento en ley preexistente que lo es el Código de Justicia Penal Militar adoptado en 1958”; b) Que “el artículo 55 tampoco ha sido infringido, por cuanto los tribunales militares ejercen jurisdicción y administran justicia por mandato del mismo artículo 170 de la Constitución, con la competencia que les atribuyen la Carta y la Ley”; c) Que “el artículo 58 tampoco fue desconocido ya que por ley están establecidos los consejos de guerra verbales que administran justicia a tenor del artículo 58, que no limita esta función a la Corte y a los tribunales superiores de distrito sino que la extiende a los ‘demás tribunales y juzgados que establezca la ley’, y ese es precisamente el caso que se analiza”.

Por lo que hace al artículo 61, puesto que la norma advierte que es aplicable “en tiempo de paz”, se trata de uno de los principios llamados relativos cuya vigencia puede suspenderse en tiempo de anormalidad, como lo ha sostenido la misma Corte; además de que “los tribunales ejercen justicia por mandato constitucional, y no puede afirmarse que al cumplir esa misión quienes los integran están ejerciendo simultáneamente la autoridad militar y la autoridad judicial”.

En lo tocante a la infracción del artículo 26 de la Carta, observa que “con anterioridad a la expedición del decreto demandado ya estaban creados y previstos los consejos de guerra verbales como tribunales competentes para situaciones de anormalidad, como la derivada de la turbación del orden público que se declaró por el decreto legislativo 1288 de 1965, y que igualmente las formas propias de los juicios que se siguen ante esos consejos de guerra verbales ya habían sido señalados, por ley preexistente, que lo es el Código de Justicia Penal Militar vigente desde 1958”. Y agrega, finalmente, con citación de sentencia de la Corte, que esta corporación ha hecho notar que la garantía consagrada en el artículo 26 “sólo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban comenzar a regir, como lo dispone el artículo 43 de la ley 153 de 1887, en relación con el artículo 40” que gobierna el cambio de procedimiento o de tribunal para el juzgamiento de modo que las nuevas normas sobre procedimiento y competencia son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban entrar a regir”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, declara que son EXEQUIBLES los artículos 1º, 3º, 8º y 9º del Decreto Legislativo 1290 de 21 de mayo de 1965.

Comuníquese al Ministerio de Justicia, notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta Judicial.

Luis Fernando Paredes, Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, con salvamento de voto; Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, con salvamento de voto; Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres,: con salvamento de voto; Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Carlos Peláez Trujllo, con salvamento de voto; Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis* Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L., Secretario.

en nuestro tiempo renunciar a más de veinte siglos de civilización y cultura; regresar al estado preconstitucional, a la autocracia despótica propia de la horda guerrera; o la suplantación del derecho por la fuerza y de la justicia legal por el capricho, la pasión o el interés particulares” (El Constitucionalismo y sus problemas).

Fecha ut supra.

Luis Alberto Bravo, Humberto Barrera Domínguez, Simón Montero Torres, Carlos Peláez Trujillo