300Corte SupremaCorte Suprema30030021603196601072282005Aníbal Cardozo Gaitán196608/07/1966196601072282005_Aníbal Cardozo Gaitán_1966_08/07/196630021601EXEQUIBELIDAD DEL DECRETO LEY NUMERO 3281 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1963 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2 o . DEL DECRETO 1651 DE 1961. Autorización a la División de Impuestos Nacionales para suministrar al contratista electrónico, informaciones globales sobre renta y patrimonio de los contribuyentes para la correcta determinación de los impuestos. 1.— Comparando el artículo 2° del Decreto N9.1651 de 1961 con el contenido del Decreto No. 3281 de 1963 es fácil observar como éste último modifica el anterior a efecto de que si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrata para la División de Impuestos Nacionales los servicios de entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes, por sistemas electrónicos, puede suministrar al contratista “informaciones globales sobre la renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de los impuestos....”; y establece que las entidades con las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrate estos servicios, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y que en los contratos respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación. La modificación consignada en el Decreto 3281 de 1963 armoniza perfectamente con el contenido y los principios de la norma precedente, en cuanto se señala un procedimiento cuidadosamente ordenado a que se mantenga la reserva garantizada por el art. 2?, del Decreto 1651 de 1961. Como la técnica ha puesto al alcance de las personas y entidades que en asuntos de contabilización realizan actos iguales o similares a los contemplados por la norma acusada, procedimientos electrónicos que al aparecer simplifican en sumo grado los trabajos correspondientes y contribuyen a la exactitud de las deducciones respectivas, el Decreto 3281 citado no hace otra cosa que autorizar a la División de Impuestos Nacionales para que pueda aprovecharse de estos modernos servicios electrónicos, buscando obtener mayor prontitud en el despacho de trabajo que le corresponde, acompañada también de precisión y exactitud, para fundar las conclusiones a que dicha oficina debe llegar en la liquidación y control de los impuestos. La ley 21 de 1963 “por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales, se dan unas atribuciones y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, conforme a los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional”, confiere al Gobierno entre otras facultades extraordinarias la contenida en el artículo 1?, numeral 3? que dice: “Tercero.— Dictar normas en materia tributaria, a fin de simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos, sin eliminar los recursos de que actualmente gozan los contribuyentes…”. Eso precisamente realiza el ordenamiento acusado de inconstitucionalidad. No hay en él una extensión de poder en relación con la facultad conferida por la ley 21 de 1963, pues sus disposiciones son normas en materia tributaria para “simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos”. No constituyen los términos de la facultad “una norma tributaria”, en el sentido estricto de establecer tributos o impuestos, pero esto no lo exige la ley de facultades, ya que según ella, numeral 3?, art. 1º, ley 21 citada, las normas autorizadas deben dirigirse a la simplificación de las liquidaciones y control de los impuestos, y tal objetivo lo cumple el Decreto 3281 de 1963. 2.- Estima la demanda que el Decreto acusado quebranta igualmente el art. 38 de la Constitución Nacional, al pretender que se haga extensiva a la liquidación de impuestos la reserva que ese precepto ordena guardar respecto de las cartas y papeles' privados, los que “no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y el único objeto de buscar pruebas judiciales”. Olvida el actor que el propio precepto de Carta por él mencionado, es además norma expresa y específica que contiene la autorización constitucional a fin de que el Gobierno pueda obtener los datos necesarios t la liquidación de los impuestos. El mismo art. 38 de la Constitución establece también lo siguiente: “Para la tasación de impuestos (se subraya) y para los casos de intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos”. Existiendo esta disposición especial, no hay por qué acudir a la otra regla sobre examen de documentos privados que rige cuando se trata de obtener pruebas judiciales. Con apoyo en disposición expresa de la Carta, como es la parte del art. 38 referente al recaudo de impuestos, y que les da base le constitucional» se han dictado tanto el Decreto 1651 de 1961 como el Decreto 3281 de 1963. Ha de advertirse que por el sistema de qué trata el Decreto acusado no se sustrae del servicio público la confección de las liquidaciones de impuestos. La realizan funcionarios públicos con la cooperación en el manejo de los aparatos electrónicos, de técnicos contratados con el Ministerio de Hacienda en las condiciones y con los requisitos exigidos en el mencionado estatuto legal, dirigidos a mantener la reserva prevista en la Ley respecto de los datos consignados en las declaraciones de renta y patrimonio. Corte Suprema de Justica. — Sala Plena. — Bogotá, ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis. (Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso Gaitán). 1966
CARLOS TORRES DE LEON 1966010722820052282DECRETO LEY NUMERO 3281 DE 1963Identificadores30030076602true1158325original30076645Identificadores

Norma demandada:  DECRETO LEY NUMERO 3281 DE 1963


EXEQUIBELIDAD DEL DECRETO LEY NUMERO 3281 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1963 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2o. DEL DECRETO 1651 DE 1961.

Autorización a la División de Impuestos Nacionales para suministrar al contratista electrónico, informaciones globales sobre renta y patrimonio de los contribuyentes para la correcta determinación de los impuestos.

1.— Comparando el artículo 2° del Decreto N9.1651 de 1961 con el contenido del Decreto No. 3281 de 1963 es fácil observar como éste último modifica el anterior a efecto de que si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrata para la División de Impuestos Nacionales los servicios de entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes, por sistemas electrónicos, puede suministrar al contratista “informaciones globales sobre la renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de los impuestos....”; y establece que las entidades con las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrate estos servicios, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y que en los contratos respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación.

La modificación consignada en el Decreto 3281 de 1963 armoniza perfectamente con el contenido y los principios de la norma precedente, en cuanto se señala un procedimiento cuidadosamente ordenado a que se mantenga la reserva garantizada por el art. 2 , del Decreto 1651 de 1961.

Como la técnica ha puesto al alcance de las personas y entidades que en asuntos de contabilización realizan actos iguales o similares a los contemplados por la norma acusada, procedimientos electrónicos que al aparecer simplifican en sumo grado los trabajos correspondientes y contribuyen a la exactitud de las deducciones respectivas, el Decreto 3281 citado no hace otra cosa que autorizar a la División de Impuestos Nacionales para que pueda aprovecharse de estos modernos servicios electrónicos, buscando obtener mayor prontitud en el despacho de trabajo que le corresponde, acompañada también de precisión y exactitud, para fundar las conclusiones a que dicha oficina debe llegar en la liquidación y control de los impuestos.

La ley 21 de 1963 “por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales, se dan unas atribuciones y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, conforme a los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional”, confiere al Gobierno entre otras facultades extraordinarias la contenida en el artículo 1 , numeral 3 que dice:

“Tercero.— Dictar normas en materia tributaria, a fin de simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos, sin eliminar los recursos de que actualmente gozan los contribuyentes…”.

Eso precisamente realiza el ordenamiento acusado de inconstitucionalidad. No hay en él una extensión de poder en relación con la facultad conferida por la ley 21 de 1963, pues sus disposiciones son normas en materia tributaria para “simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos”. No constituyen los términos de la facultad “una norma tributaria”, en el sentido estricto de establecer tributos o impuestos, pero esto no lo exige la ley de facultades, ya que según ella, numeral 3 , art. 1º, ley 21 citada, las normas autorizadas deben dirigirse a la simplificación de las liquidaciones y control de los impuestos, y tal objetivo lo cumple el Decreto 3281 de 1963.

2.- Estima la demanda que el Decreto acusado quebranta igualmente el art. 38 de la Constitución Nacional, al pretender que se haga extensiva a la liquidación de impuestos la reserva que ese precepto ordena guardar respecto de las cartas y papeles' privados, los que “no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y el único objeto de buscar pruebas judiciales”.

Olvida el actor que el propio precepto de Carta por él mencionado, es además norma expresa y específica que contiene la autorización constitucional a fin de que el Gobierno pueda obtener los datos necesarios t la liquidación de los impuestos.

El mismo art. 38 de la Constitución establece también lo siguiente:

“Para la tasación de impuestos (se subraya) y para los casos de intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos”.

Existiendo esta disposición especial, no hay por qué acudir a la otra regla sobre examen de documentos privados que rige cuando se trata de obtener pruebas judiciales.

Con apoyo en disposición expresa de la Carta, como es la parte del art. 38 referente al recaudo de impuestos, y que les da base le constitucional» se han dictado tanto el Decreto 1651 de 1961 como el Decreto 3281 de 1963.

Ha de advertirse que por el sistema de qué trata el Decreto acusado no se sustrae del servicio público la confección de las liquidaciones de impuestos. La realizan funcionarios públicos con la cooperación en el manejo de los aparatos electrónicos, de técnicos contratados con el Ministerio de Hacienda en las condiciones y con los requisitos exigidos en el mencionado estatuto legal, dirigidos a mantener la reserva prevista en la Ley respecto de los datos consignados en las declaraciones de renta y patrimonio.

Corte Suprema de Justica. — Sala Plena. — Bogotá, ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis.

(Magistrado ponente: doctor Aníbal Cardoso Gaitán).

En ejercicio de la acción pública consagrada por el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano CARLOS TORRES DE LEON le pide a la Corte que previos los trámites de rigor declare inexequible el Decreto -Ley número 3281 de 27 de diciembre de 1963.

El ordenamiento acusado es del siguiente tenor:

“DECRET0 NUMERO 3281 DE 1963

(Diciembre 27)

Por el cual se modifica el artículo 2º del Decreto 1651 de 1961.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En uso de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 1º ordinal 3º de la Ley 21 de 1963,

DECRETA:

Artículo 1º. Cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrate para la División de Impuestos Nacionales, los servicios de entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por sistemas electrónicos podrá suministrarles informaciones globales sobre la renta y el patrimonio brutos de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de los impuestos, y para fines estadísticos.

En esta forma queda modificado el artículo 2º, del Decreto 1651 de 1961.

Artículo 2º. Las entidades privadas con las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrate los servicios a que se refiere el artículo anterior, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los contratos respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación.

Artículo 3º. El presente Decreto rige desde la fecha de su sanción”.

LA ACUSACION

Se formula diciendo que el Decreto acusado viola el numeral 12, artículo 76 y el artículo 38 de la Constitución.

Como razones para fundarla se afirma que el numeral 3º. Art. 1º de la Ley 21 citada dio al Gobierno Nacional precisas facultades extraordinarias para “dictar normas en materia tributaria a fin de simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos...”; que “el decreto acusado no es una norma tributaria, simplemente es una regla normativa para verificar contratos”, destinada a permitir el conocimiento de los datos declarados por los contribuyentes en sus declaraciones de renta, facilitando la contratación de servicios electrónicos “pero sin un carácter tributario que pueda marcarse en el procedimiento para simplificar, ordenar y agilizar las liquidaciones”. Se agrega que no se expresa el motivo por el cual los contratistas privados que prestan servicios electrónicos deban conocer los datos de los contribuyentes, y que la ejecución de esa operación administrativa debe realizarse dentro del servicio público, por empleados o funcionarios administrativos y no por particulares. Que el sistema establecido por las normas acusadas introduce personal extraño al proceso de la liquidación, dándole a conocer informes y datos de los contribuyentes que son de conocimiento propio de los empleados públicos respectivos, sin que ese personal privado pueda compartir el proceso administrativo de la liquidación, ni responsabilizarse por infracción de la reserva de las declaraciones de renta. Dice asimismo que la disposición acusada incurre en violación de las garantías consagradas por el artículo 38 de la Carta, y que por efecto del decreto que acusa, se pone en conocimiento de contratistas privados los informes derivados de las declaraciones de renta de los contribuyentes en forma detallada y personal, dando la oportunidad para que una entidad privada, mediante caución, “conozca la capacidad económica de los contribuyentes, pueda utilizarla en sus propios negocios y haga del derecho a la reserva de los datos privados una burla o irrisión...”. “También, el artículo 38 de la Constitución Nacional consagra que las ampliaciones, supresiones o variaciones de la garantía correspondiente a los informes privados, solamente pueden hacerse por vía judicial o de impuestos mediante la supresión de la reserva por funcionarios públicos que como órganos estatales obran en función del servicio público y nada más. Extender a particulares el conocimiento de los referidos informes es una violación manifiesta del texto constitucional”.

Pide finalmente se declare inconstitucional e inconveniente el Decreto 3281 de 27 de diciembre de 1963.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

I.— El Decreto acusado No 3281 de 1963 dice que por él “se modifica el artículo 2º del Decreto 1651 de 1961”.

Conviene examinar esta última disposición para formar concepto respecto a la modificación hecha por el decreto acusado- Aquella norma establece:

“Decreto No 1651 de 1961

“Artículo 2º.— La declaración de renta y patrimonio tiene por objeto principal servir de base para la liquidación del impuesto de renta y complementarios, de los recargos y otros impuestos que la ley tiene establecidos para liquidar conjuntamente. Las informaciones que contienen, así como las que se produzcan oficialmente en relación con ellas, están amparadas por la más absoluta reserva y pueden ser utilizadas por los funcionarios de la División de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solamente para el control, recaudo y cobro de los impuestos nacionales, y para informaciones impersonales de estadística.

“Sin embargo, podrá suministrarse copia de ellas o permitirse su inspección ocular en sumarios y juicios penales, cuando la correspondiente autoridad la decrete como prueba en providencia que en lo pertinente debe transcribirse en el respectivo oficio o despacho.

“Para los juicios de filiación natural pueden suministrarse, a petición de autoridad competente, únicamente copia autenticada de las informaciones que figuren en la declaración de renta y patrimonio para solicitar exenciones por concepto de personas a cargo, o del nombre de la persona que figure como cónyuge del contribuyente.

“Podrán suministrarse informes sobre rentas y activos de los contribuyentes a los jueces de ejecuciones fiscales que adelanten juicios ejecutivos para hacer efectivas obligaciones a favor de la nación, siempre que en el respectivo oficio de solicitud se exprese para qué juicio se solicitan los informes.

“Los contribuyentes pueden solicitar expedición de copias o certificaciones respecto de su declaración de renta y patrimonio, examinarlas personalmente, o autorizar a terceros, por escrito presentado personalmente, para inspeccionarlas o pedir copias de ellas”.

Comparando el Art. 2º del Decreto No. 1651 de 1961 con el contenido del Decreto No. 3281 de 1963, (precepto que acaba de transcribirse con el que es materia de la acusación ante la Corte), es fácil observar cómo este último modifica el anterior a efecto de que si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrata para la División de Impuestos Nacionales los servicios de entidades privadas para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes, por sistemas electrónicos, pueda suministrar al contratista “informaciones globales sobre la renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas, exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de los impuestos...”; y establece que las entidades con las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contrate estos servicios, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y que en los contratos respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación.

La modificación consignada en el Decreto 3281 de 1963 armoniza perfectamente con el contenido y los principios de la norma precedente, en cuanto se señala un procedimiento cuidadosamente ordenado a que se mantenga la reserva por el artículo 2º del Decreto 1651 de 1961.

Como la técnica ha puesto al alcance de las entidades que en asuntos de contabilización realizan actos iguales o similares a los contemplados por la norma acusada, procedimientos electrónicos que al parecer simplifican en sumo grado los trabajos correspondientes y contribuyen a la exactitud de las deducciones respectivas, el Decreto 3281 citado no hace otra cosa que autorizar a la División de Impuestos Nacionales para que pueda aprovecharse de estos modernos servicios electrónicos, buscando obtener mayor prontitud en el despacho del trabajo que le corresponde, acompañada también de precisión y exactitud, para fundar las conclusiones a que dicha debe llegar en la liquidación y control de los impuestos.

La Ley 21 de 1963 “por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales, se dan atribuciones y se inviste al Presidente de la Republica de facultades extraordinarias, conforme a los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional”, confiere al Gobierno entre otras facultades extraordinarias la contenida en el artículo 1º, numeral 3º que dice:

“Tercero.— Dictar normas en materia tributaria, a fin de simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos, sin eliminar los recursos de que actualmente gozan los contribuyentes...”.

Eso precisamente realiza el ordenamiento acusado de inconstitucionalidad. No hay en él una extensión de poder en relación con la facultad conferida por la Ley 21 de 1963, pues sus disposiciones son normas en materia tributaria para “simplificar, ordenar y agilizar la liquidación, registro y control de los impuestos”. No constituyen los términos de la facultad “una norma tributaria”, en el sentido estricto de establecer tributos o impuestos, pero esto no lo exige la ley de facultades, ya que según ella, numeral 3º, Art. 1º, Ley 21 citada, las normas autorizadas deben dirigirse a la simplificación de las liquidaciones y control de los impuestos, y tal objetivo lo cumple el Decreto 3281 de 1963.

II.— Estima la demanda que el decreto acusado quebranta igualmente el artículo 38 de la Constitución Nacional, al pretender que se haga extensiva a la liquidación de impuestos la reserva que ese precepto ordena guardar respecto de las cartas y papeles privados, los que “no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y con el único objeto de buscar pruebas judiciales”.

Olvida el actor que el propio precepto de la Carta por él mencionado, es además norma expresa y específica que contiene la autorización constitucional a fin de que el Gobierno pueda obtener los datos necesarios para la liquidación de los impuestos. El mismo Art. 38 de la Constitución establece también lo siguiente:

“Para la tasación de impuestos (se subraya) y para los casos de intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos”.

Existiendo esta disposición especial, no hay por qué acudir a la otra regla sobre examen de documentos privados que rige cuando se trata de obtener pruebas judiciales.

Con apoyo en disposición expresa de la Carta, como es la parte del artículo 38 referente al recaudo de impuestos, y que les da base firme constitucional, se han dictado tanto el Decreto número 1651 de 1961 como el Decreto 3281 de 1963.

Ha de advertirse que por el sistema de qué trata el decreto acusado no se sustrae del servicio público la confección de las liquidaciones de impuestos. La realizan funcionarios públicos con la cooperación en el manejo de los aparatos electrónicos, de técnicos contratados con el Ministerio de Hacienda en las condiciones y con los requisitos exigidos en el mencionado estatuto legal, dirigidos a mantener la reserva prevista en la ley respecto de los datos consignados en las declaraciones de renta y patrimonio.

No prospera pues la demanda, por infracción del artículo 76 numeral 12 de la Constitución, por violación del 38 de la misma, ni de los demás preceptos de la Carta.

La Corte ha tenido en cuenta el concepto presentado en este asunto por el señor Procurador General de la Nación, acorde con las tesis antes expuestas.

RESOLUCION

La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 214 de la Constitución Nacional, oído el Señor Procurador General de la Nación, declara exequible, constitucionalmente el Decreto-Ley número 3281 de 27 de diciembre de 1963.

Publíquese, notifíquese, dese aviso de esta decisión al Ministerio de Justicia y al de Hacienda y Crédito Público e insértese en la Gaceta Judicial.

Luis Fernando Paredes, Presidente.

Ramiro Araújo Grau, Adán Arriaga Andrade, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Eduardo Fernández Botero, Ignacio Gómez Posse, Enrique López de la Pava, Simón Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Víctor G. Ricardo, Julio Roncallo Acosta, Luis Carlos Zambrano.

Ricardo Ramírez L, Secretario.