300Corte SupremaCorte Suprema30030020229199102092448384Pedro Escobar Trujillo199130/05/1991199102092448384_Pedro Escobar Trujillo_1991_30/05/199130020227SENTENCIA NUMERO 76 PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA RESUMEN La oración gramatical o la frase demandada pueden tener sentido en sí mismas, pero no jurídicamente, además de los efectos con las otras partes de la norma. Inhibirse de fallar por falta de unidad normativa en la demanda. Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1991
Ernesto Amézquita Camacho, Carlos José Castro Fresneda, Carlos Martínez Palacio, Carmen Smith Sepúlveda, Armando Salgado Cuéllar, Emiliano Ariza Landazábal y otros1991020924483842448REGLA 51 DEL ARTÍCULO 1o DEL DECRETO 2282 DE 1989, POR EL CUAL SE INTRODUN ALGUNAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO, DECISIÓN DE EXCEPCIONE SPREVIAS Y FIJACIÓN DEL LITIGIO)Identificadores30030068265true1146410original30068290Identificadores

Norma demandada:  REGLA 51 DEL ARTÍCULO 1o DEL DECRETO 2282 DE 1989, POR EL CUAL SE INTRODUN ALGUNAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO, DECISIÓN DE EXCEPCIONE SPREVIAS Y FIJACIÓN DEL LITIGIO)


SENTENCIA NUMERO 76

PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA

RESUMEN

La oración gramatical o la frase demandada pueden tener sentido en sí mismas, pero no jurídicamente, además de los efectos con las otras partes de la norma.

Inhibirse de fallar por falta de unidad normativa en la demanda.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Referencia: Expediente No. 2248.

Acción de inconstitucionalidad contra la regla 51 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989. Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil (audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio).

Temas: Proposición jurídica completa. Casos en que falta este requisito para sentencia de fondo.

Demandantes: Ernesto Amézquita Camacho, Carlos José Castro Fresneda, Carlos Martínez Palacio, Carmen Smith Sepúlveda, Armando Salgado Cuéllar, Emiliano Ariza Landazábal y otros.

Magistrado Ponente: Dr. Pedro Escobar Trujillo

Aprobada por Acta número 22.

Bogotá, D.E., mayo treinta (30) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 214 de la Carta los ciudadanos Ernesto Amézquita Camacho, Carlos José Castro Fresneda, Carlos Martínez Palacio, Carmen Smith Sepúlveda, Armando Salgado Cuéllar, Emiliano Ariza Landazábal y otros solicitan a la Corte que declare parcialmente inexequible la regla 51 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

II. TEXTO

Lo acusado es lo que aparece en mayúsculas en la transcripción de la disposición parcialmente impugnada:

“51. El artículo 101, quedará así:

“Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de proceso ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación de litigio.

“Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas.

“La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:

“Parágrafo 1º. Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se propusieren excepciones previas, el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la de reconvención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá de la siguiente manera:

“a) Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida, si no pone fin al proceso;

“b) Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento del término para practicarlas.

“El auto que señale fecha y hora para la audiencia. No tendrá recursos.

“Parágrafo 2o. Iniciación.

“1. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento.

“Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su apoderado quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.

“2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso.

“3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales,excepto en los casos contemplados en el numeral 1.

“Aunque ninguna de las partes, ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

“4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a éste para celebrarla cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes esté representada por curador ad litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquélla: si no asiste se le impondrá la multa establecida en el numeral 3 anterior.

“5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.

“Parágrafo 3o. Conciliación e interrogatorio a las partes. Si concurren los demandantes y demandados, o alguno de éstos o de aquéllos sin que exista entre ellos litisconsorcio necesario. El juez los instará para que concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de transacción, y si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa, sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre éstas y sus apoderados con el fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación.

“Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará. Si lo considera conforme a la ley.

“Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, en el mismo auto se declarará terminado el proceso; en caso contrario, continuará respecto de lo no conciliado.

“La conciliación y el auto que la apruebe, tendrán los efectos de cosa juzgada.

“El juez si lo considera necesario, podrá interrogar bajo juramento a las partes, sobre los hechos relacionados con las excepciones previas que estén pendientes o con el litigio objeto del proceso.

“Parágrafo 4o. Resolución de las excepciones previas. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto a las partes o al litigio, se procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición.

“Parágrafo 5o. Saneamiento del proceso. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

“Parágrafo 6o. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de mérito. A Continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en que, además, señalará las pruebas pedidas que deseche por versar sobre los mismos hechos. Así como las pretensiones y excepciones que quedan excluidas como resultado de la conciliación parcial.

“Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.”

III. LA DEMANDA

En opinión de los demandantes los fragmentos acusados de la regla 51 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 violan el artículo 118-8 C.N. en concordancia con el 76-12 ibídem por cuanto exceden las facultades concedidas por la Ley 30 de 1987 toda vez que el Ejecutivo no fue habilitado para reglamentar la profesión de abogado ni para permitir que se litigue en causa propia sin ser abogado inscrito. Afirman que así mismo el Ejecutivo carecía de facultades para reformar el Código Civil en cuanto al mandato y que las conferidas no le permitían establecer sanciones pecuniarias para el apoderado o la parte que no concurra a la audiencia de conciliación o que se retire antes de su finalización, ni interpretar su inasistencia como indicio grave en contra de sus intereses. Sobre este punto argumentan que la conciliación autorizada por la ley de facultades “únicamente es para cuando no se ha puesto en conocimiento de la autoridad competente de diferencia de las particulares, pues una vez que conozca la autoridad, sólo opera la transacción, el desistimiento o cualquiera otra, menos la conciliación”, de lo cual concluyen que el literal g) de la ley habilitante contempla sólo la extrajudicial o previa al litigio. Arguyen además que las audiencias de conciliación en vez de simplificar los procesos los dilatan, por lo que mal podrían encajar en las facultades de que tratan los literales e) y g) de la misma Ley 30 de 1987.

Aseveran que también se afecta el derecho de locomoción consagrado en el artículo 23 de la Carta, pues lo acusado “impone la detención tanto de las partes como de los apoderados, quienes no pueden retirarse del juzgado antes de finalizar la audiencia, so pena de sufrir la imposición de multas de cinco a diez salarios mínimos mensuales”.

Sostienen que se trasgrede el artículo 26 Constitucional al no permitirse la libertad de las personas ni de los apoderados, ya que se les impone un juzgamiento sin que previamente existan leyes que puedan dar lugar a una sanción pecuniaria.

Por otra parte aducen violación a los artículos 39 y 53 Superiores, pues en su opinión, al obligarse a las partes a comparecer personalmente con o sin apoderado a la audiencia, se les está conminando a ejercer la profesión de abogado so pena de ser “víctima de las imposiciones arbitrarias o parcializadas de un juez o de la parte que resulte ser más versada o que por razones económicas pueda pagar al abogado para asesorarlo en la audiencia de conciliación”. Refuerzan este aserto con el planteamiento de que si una parte “reside fuera de la sede del juzgado se le obliga a sufragar gastos en detrimento suyo y de su familia”. Señalan que por demás dicha obligación no consulta la realidad, pues es posible que las partes residan en un lugar distinto de aquel donde se ventila el litigio, lo que de por sí hace onerosa su comparecencia, o que puede darse el caso en que al apoderado le sea imposible asistir por coincidirle la audiencia con otra que deba atender en otro juzgado. En cuanto a la infracción del artículo 53 Constitucional, la hacen consistir en que al imponerse a la parte que no ha obtenido el título de abogado la obligación de asistir a la audiencia, se la está forzando a practicar el derecho y a estudiar todos los vericuetos de la normatividad, sin que pueda delegar esa función en una persona versada, o sea que se la compele a observar prácticas contrarias a su conciencia, máxime con los bajos niveles de educación que se dan en nuestro medio.

Por otra parte, consideran infringido el artículo 40 C.N., pues “se está imponiendo y reglamentando que las partes puedan litigar en causa propia, sin ser abogados inscritos”, siendo así que la ley de facultades no las concedió para reglamentar la profesión de abogado, a lo cual agregan que también se desconoce el artículo 17 Superior pues “se está cercenando un derecho sagrado como lo es el del trabajo, al quitarle esta función a los abogados para dejarla en las partes”.

En su sentir, las sanciones pecuniarias que contempla la norma contrarían el artículo 43 de la Carta, ya que el país se halla en Estado de Sitio y durante éste las multas tendrían que ser impuestas por el Ejecutivo pero en uso de facultades del artículo 121 ibídem.

A su modo de ver, dichas multas contravienen además el artículo 27 de la Carta, pues “el hecho de que una parte o su apoderado no concurra personalmente a la diligencia de conciliación, o se retiren antes de que culmine, no implica, ni debe entenderse como una injuria o falta de respeto a las funciones del juez”.

Igualmente estiman vulnerado el artículo 76-1 C.N. en cuanto el ejecutivo reformó el Código Civil y el de Comercio en lo relativo al mandato, al privar a las partes del poder discrecional de conferir la facultad de desistir y al atribuirla, junto con la de conciliar, al apoderado.

Piensan, de otro lado, que se atenta contra el artículo 78-6 C.N. pues “la norma acusada está persiguiendo a los abogados, al permitir que sus clientes concilien aún sin su representación, sin su presencia, bajo la mordaza y la amenaza de sanciones pecuniarias elevadísimas que no pueda pagar todo ciudadano”. Expresan que "es inaudito que se condene a una parte, a un abogado a pagar de cinco a diez salarios mínimos por no compartir una conciliación que no es un trámite procesal”.

Razonan en el sentido de que se desconocen los artículos 58 y 206 de la Carta ya que “se está violando el principio de gratuidad de la justicia, pues se están imponiendo cargas al litigante y al apoderado, olvidando que la justicia es un servicio público de cargo de la nación y, que no se podrá percibir contribución alguna, si no está ordenada por la institución prevista en la Constitución Nacional”.

En otro aparte, advierten que el parágrafo 4o de la norma impugnada sobre resolución de excepciones previas, que ordena estar a lo dispuesto en el artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición, en nada simplifica, sino que contradice lo previsto en la regla 48 del artículo 1º ibídem, pues ésta reemplazó a dicho artículo 99 y allí se concede recurso de apelación contra el auto que resuelve las excepciones.

Por último, manifiestan que la regla 51 dejó un gran vacío al no regular cómo debe procederse en el evento de que no se conteste la demanda.

Adicionalmente, los demandantes se extienden en una serie de consideraciones de tipo más bien práctico, relacionadas con conductas presuntamente omisivas del Ejecutivo y que a juicio de aquéllos desbordan los preceptos constitucionales. Así, el Presidente estaría violando el artículo 120 parágrafo numeral tercero (sic) de la Constitución, por cuanto no ha ejercido en diez meses la potestad reglamentaria con respecto al Decreto 2282 de 1989. Dicen que no cumplió tampoco con lo prescrito por el artículo 118 numeral 8o C.N., cargo que sustentan en que la Comisión Redactora y el Ejecutivo no ejercieron las funciones a que se refiere el artículo 76 numeral 12 C.N. en concordancia con la Ley 30 de 1987, sino que hubo exceso y celo catedrático, al copiar leyes extranjeras sin consultar al verdadero litigante ni la idiosincrasia del pueblo colombiano; y que no acató el mandato del artículo 119 numeral 2 C.N., pues no ha velado efectivamente porque en la República se administre pronta y cumplida justicia por jueces preparados, que lo ideal sería que fueran extraídos de entre los abogados litigantes, con buena remuneración.

IV. EL MINISTERIO PÚBLICO

En su concepto el señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse para fallar sobre el mérito de la acción por estimar que las expresiones acusadas carecen de autonomía jurídica y que de prosperar la petición de los demandantes, el texto a que aquéllas pertenecen adolecería de incoherencia y de significado jurídico.

En relación con las expresiones demandadas del parágrafo 3o inciso segundo, señala que éstas “constituyen una condición sin la cual las disposiciones serían otras” por lo que, de declararse su inexequibilidad, se daría lugar al nacimiento a la vida jurídica de una disposición contraria a la voluntad y al efecto buscado por el legislador extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

De conformidad con lo prevenido en el artículo 214 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer la presente demanda, pues el Decreto 2282 de 1989 a que pertenece la norma demandada parcialmente, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76-12 de la Carta Fundamental, le otorgó el Congreso mediante la Ley 30 de 1987.

2. El requisito de la proposición jurídica completa

Los actores concretan la demanda a las precisas partes o secciones de la regla 51 que expresamente distinguen en el líbelo con caracteres de letras mayúsculas.

Ello lleva a tener que examinar el problema de la proposición jurídica completa planteado en este caso por el señor Procurador General de la Nación, para saber si efectivamente se da o no con respecto a los varios fragmentos acusados.

Ha sido doctrina reiterada de la Corte la de que uno de los requisitos para fallar de fondo en los procesos de constitucionalidad es que lo censurado como inconstitucional constituya de por sí una proposición jurídica completa. El alcance de esta noción se ha prestado a diversas interpretaciones y es así como la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, ha sostenido con frecuencia que se incurre en el defecto de proposición jurídica incompleta cuando se demandan partes o expresiones lingüísticas aisladas de una disposición, punto de vista que respalda con el raciocinio de que si esa inexequibilidad parcial se admitiera, daría lugar a nuevas normas, diferentes de la voluntad auténtica del legislador, asumiendo entonces la Corte la función legislativa indebidamente. La Corporación, sin embargo, ha puntualizado que a lo que debe atenderse con el concepto de “proposición jurídica completa” acuñado por su jurisprudencia, no es a la acepción gramatical que corresponde a los vocablos o a la oración.

Particularmente ilustrativa es la Sentencia No. 55 de abril 25 de 1991 (Proceso 2225, M.P. Dr. Pablo J. Cáceres) en la que a este propósito la Corporación expresó:

“Es imprescindible añadir, ante diversos conceptos de la Procuraduría, que no es posible confundir la proposición jurídica ni el concepto de efectos jurídicos autónomos, con la oración definida por la sintaxis de la lengua española. Es obvio que para las reglas gramaticales, los sujetos, los predicados, los complementos, los adjetivos, en cuanto elementos de la sintaxis, no tienen una significación autónoma pues ella únicamente se presenta en la totalidad de la oración que conforman. Pero en materia jurídica una expresión puede tener significado y efectos jurídicos concretos. Por ejemplo, la palabra confiscación o las de pena de muerte dentro de una consecuencia sancionatoria; la expresión ‘efectos retroactivos' dentro de una norma que verse sobre relaciones y derechos civiles; la remisión a un derecho extranjero en determinados acontecimientos donde tiene su imperio nuestro derecho interno; limitaciones improcedentes como las que excluyen de las libertades fundamentales a cualquier segmento de la población, etc. Todas ellas son expresiones que pueden tener un sentido con efectos jurídicos precisos y por ello estar sometidas al juicio de constitucionalidad.”

La jurisprudencia constitucional colombiana se ha encargado de trazar el perfil definido de lo que por proposición jurídica completa ha de entenderse en nuestro sistema, vale decir, como exigencia de técnica procesal en las acciones públicas de inconstitucionalidad, en un largo recorrido que va desde el laxo criterio de mera conexidad o similitud de normas mantenido en el pretérito, hasta los actuales lineamientos que la hacen operante sólo en casos excepcionales y restringidísimos y que hallaron su concreción principalmente a partir de la Sentencia número 22 del 29 de marzo de 1984, Proceso 1115, M.P. Dr. Manuel Gaona Cruz. Según estos lineamientos, la proposición es completa cuando su enunciado tiene per se sentido propio, cuando puede decirse que es una unidad normativa autónoma, a lo que es lo mismo, susceptible de ser aprehendida intelectualmente con pleno significado inteligible por sí sola y por lo tanto perfectamente separable del resto, el cual a su turno conserva también sentido lógico y adecuada aplicabilidad. En caso contrario, la proposición es incompleta y genera, como consecuencia inevitable, fallo inhibitorio.

También se admite hoy en día que hay proposición jurídica incompleta cuando el contenido normativo que se demanda está ligado inescindiblemente al de otra disposición no impugnada, pues entonces los efectos de una eventual sentencia de inconstitucionalidad del primero serían inocuos o inanes, dada la vigencia simultánea del segundo (cfr. Sentencia No. 55 de abril 25 de 1991, Proceso 2225, M.P. Dr. Pablo Cáceres Corrales y Sentencia de mayo 9 de 199 J, Proceso 2195, Ms. Ps. Drs. Rafael Méndez Arango y Jaime Sanín Greiffenstein).

En todos estos casos, para usar la terminología que suele adoptar la Corte al ocuparse del tema, hay una unidad normativa inescindible, que por ende debe ser objeto de un ataque global, pero sin que quepan distinciones apriorísticas relativas a la mayor o menor extensión de lo acusado.

Al respecto puede tenerse en cuenta, entre muchísimos otros pronunciamientos, el consignado en la Sentencia, 28 de febrero 22 de 1990 (Expediente 1967, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein):

“La noción de suficiencia de lo acusado es esencial en la determinación del concepto de la proposición jurídica completa, puesto que es indispensable que se demande un conjunto preceptivo debidamente formado, que sea bastante por su significado y eficacia para ostentar autonomía. Esto no ocurre cuando la parte impugnada en alguna forma depende de otra u otras que no lo han sido de manera tal que el pronunciamiento desfavorable de la Corte resultaría nugatorio o inane porque persistirían sus mandatos dentro del ordenamiento jurídico en virtud de la sobrevivencia de los preceptos no demandados. Tampoco se satisface este requisito fundamental cuando el decaimiento del segmento tachado traería como consecuencia la modificación del sentido de lo que sobrevive, es decir, que se rompería la continencia de la causa por cuanto ésta se encuentra comprendida no sólo por lo que se impugna sino también por lo que se ha omitido combatir.

“Cabe recordar que no es de relieve la mayor o menor extensión de lo demandado y que tanto puede haber lugar a pronunciamiento de fondo sobre un solo vocablo o término como puede ser necesario acusar uno o aún varios artículos conjuntamente, pues lo que cuenta es que se dé la unidad normativa, esto es, que lo tachado sea suficiente y tenga autonomía.

“Ha dicho la Corte:

“De nuevo la Corte reafirma su clara doctrina según la cual sólo existe proposición jurídica incompleta cuando se formulan demandas contra una parte de un precepto o contra uno o varios preceptos, que constituyen un aspecto parcial o incompleto de una totalidad inescindible, mas no cuando se acusa una disposición que aunque sea conexa con otras, es sin embargo autónoma. (Sentencia número 45 de 8 de junio de 1982, M.P. Manuel Gaona Cruz, Gaceta Judicial número 2409, pág. 298).”

Así mismo, es pertinente el siguiente párrafo de la Sentencia número 151 de octubre 18 de 1990 (expediente 2187, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz):

“4. Empero, lo que se exige es que el objeto de lo acusado sea una norma jurídica autónoma que se encuentre formulada de modo completo y suficiente para producir efectos o ser eficaz, no obstante que dependa sólo de una expresión, frase o palabra y que se demande únicamente la declaratoria de inexequibilidad de éstas. En esta tarea y para examinar los fundamentos de una demanda, lo que constituye el concepto de proposición jurídica completa es, como se advirtió, la suficiencia y la autonomía de lo acusado, pues según jurisprudencia reiterada de la Corte, esta condición acompaña a todo precepto normativo cuando está debidamente formado permitiendo la expresión formal y material de su significado y eficacia jurídica.

“Tampoco es suficiente la demanda de expresiones que al ser retiradas del ordenamiento jurídico dejen a las restantes partes de una disposición sin sentido alguno...”

Finalmente es del caso destacar la existencia de proposición jurídica incompleta en aquellos casos en los que si bien el vicio se localiza en un segmento del precepto, tan sólo se demanda la parte en el que aquél radica, pues cuando éste se irradia a lo que le está unido lógica y jurídicamente, el objeto de la impugnación debe comprender la totalidad de la unidad normativa que conforma un conjunto inescindible.

Al respecto dijo la Corte en Sentencia No. 52 de abril 18 de 1991 (Proceso 2221, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein):

“... ocurre con frecuencia que el motivo de inconstitucionalidad radica sólo en una parte del precepto, lo cual lleva al error de acusar apenas tal segmento sin parar mientes en que precisamente la inescendibilidad de los sectores que conforman el todo hace indispensable que se ataque la unidad normativa y no exclusivmaente<sic> el punto específico en el que se localiza el vicio; tal es cabalmente la razón de ser de la exigencia de la proposición jurídica completa la cual se requiere también cuando la glosa se concreta en una parte pero se irradia a lo que le está unido lógica y jurídicamente para formar un conjunto preceptivo inseparable, esto es decir, que el predicamento acusatorio puede estar limitado a un fragmento pero el objeto de la impugnación debe extenderse a todo lo que constituye una unidad jurídica irrompible.”

Así que el concepto de proposición jurídica completa no se confunde con los de norma jurídica, artículo o ley en sentido formal. En ocasiones, dependiendo de cada caso particular, una proposición jurídica completa equivaldría a una norma, inclusive a uno o varios artículos de una ley y aún a la ley entera, pero otras veces no.

3. “Aplicación de los anteriores principios a la presente demanda. Morfología de la disposición parcialmente impugnada.

La regla 51 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 se encuentra estructurada en forma tal que pueden discernirse en ella dos partes: la primera, referente a la creación y encuadramiento general del instituto jurídico que se combate, ciertamente novedoso entre nosotros en el campo del proceso civil. Esta parte está condensada básicamente en la oración compuesta del primer inciso que reza: “...el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio”.

La otra parte está constituida por el resto del inciso primero, el inciso segundo y los parágrafos siguientes del 1º al 6o y trae regulaciones de mero desarrollo, ejecución o trámite de dicha audiencia (oportunidad para citarla, causales de aplazamiento, facultades que en ella pueden ejercer las partes o sus apoderados, poderes de intervención del juez, sanciones que puede imponer a quien no asista a la audiencia o se retire anticipadamente de ella, recursos que proceden contra las resoluciones que en ese acto se adopten, etc.).

Esta disección de la regla sub examine es importante hacerla, porque ella es determinante para saber si la demanda fue correctamente elaborada y por consiguiente para orientar la índole de la sentencia que habrá de proferirse.

En efecto, la parte primeramente comentada del artículo viene a contener, como quien dice, el núcleo central, la esencia y cabeza de la figura jurídica de que se trata; lo demás es accesorio o derivado. La primera parte es condicionante de la segunda, pues la aplicación práctica de esta última depende exclusivamente de aquella. La segunda parte es entonces simplemente virtual o potencial y sólo se vuelve realidad actuante en tanto lo sea la primera. Quiere ello decir que esa segunda parte carece de aptitud para subsistir sin la primera.

En estas condiciones, ha de concluirse que la demanda adolece del defecto de proposición jurídica incompleta, ya que los actores, cuando pretenden excluir, del primer inciso, la oración a que se aludió y que coincide sustancialmente con lo que arriba se denominó primera parte del artículo, están atacando el corazón de la institución de la audiencia, su instauración legal, la posibilidad misma de su existencia y mal pueden pretender que, pese a todo, permanezca vigente el resto de la disposición, de la que solamente se segregan, como materia de acusación, unas cuantas partes, frases o locuciones. Es evidente que si se suprimiera la mencionada primera parte, se despojaría a la otra de soporte sólido, quedaría como en el aire, su, aplicación en la práctica no sería lógica ni congruente, al desaparecer su necesario marco de referencia legal. Porque si se eliminara del ordenamiento, por un supuesto vicio de inconstitucionalidad, la obligación del juez de citar a la audiencia, ¿en qué puede quedar, lógicamente, lo relativo a la posibilidad de conciliar dentro de ella o ¿cómo se podría entender la prohibición de retirarse antes de la finalización de algo que ni siquiera pudo comenzar y la sanción para quienes no asistan a qué hablar de fecha de aplazamiento para lo que nunca cristalizó en realidad o de los recursos procedentes contra decisiones que no pueden tener lugar

Pero es más: aún si se admitiera la tesis de que las dos partes ostentan independencia jurídica, nada ganarían los demandantes ante la eventual declaratoria de inexequibilidad de la primera, pues de todos modos, por virtud de las extensas partes de la segunda que no fueron objetadas y que versan sobre la audiencia de que se viene hablando, ésta habría de llevarse a efecto, aunque probablemente con más tropiezos y vacíos de interpretación; en esas circunstancias, aquel contingente fallo de inconstitucionalidad sería inocuo o inane, o peor todavía, contradictorio. En síntesis, en uno u otro caso, el juzgador se enfrenta con una proposición jurídica deficiente o incompleta.

Entonces, dadas las características explicadas de la regla 51 y no obstante que en ésta se plasma un artículo susceptible en principio de ser descompuesto en varias normas, los libelistas, en obedecimiento a la técnica propia de esta clase de acciones, han debido, o bien demandar el artículo en su integridad, o bien abstenerse de controvertir en el inciso primero la parte que anteriormente se analizó como medular, como generadora y motriz de la figura de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio y limitarse a impugnar extractos aislados de otras normas integradas en el artículo, con respecto a cada uno de los cuales sí estaría la Corte en condiciones de dilucidar si constituyen o no, en sí mismos, proposiciones jurídicas completas.

No lo hicieron así, prefirieron enfilar su oposición contra una pluralidad de trozos dispersos en los muchos incisos y parágrafos del artículo, sin advertir la unidad normativa inescindible que aquí se ha puesto de presente y ello hace forzoso que en esta oportunidad se haya de optar por la vía de la inhibición.”

Pero inclusive haciendo un rápido examen individual a esos trozos dispersos, se revela de entrada la impropiedad de muchos como proposiciones jurídicas completas. No es sino detenerse en el primer inciso, el cual habría que leerlo así, despojado de las expresiones acusadas: “Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados salvo norma en contrario... y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que...”. O en el inciso final del literal b) del parágrafo 1° que quedaría así: “El auto que señale fecha y hora para la audiencia...”. O los numerales 2 y 3 del parágrafo 2, en los que la desvertebración sería total.

“2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si algunos de los demandantes o demandados no concurre... 3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia...”. Y más aberrante todavía se volvería el primer inciso del parágrafo tercero. “Conciliación e interrogatorio a las partes. Si concurren los demandantes y demandados, o alguno de éstos o de aquéllos sin que exista entre ellos litisconsorcio necesario... si fueren susceptibles de transacción. Y si no lo hicieren... El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta etapa de la audiencia. Son todos estos ejemplos de manifiestas inconsistencias terminológicas y conceptuales que impiden dar a las proposiciones correspondientes el contenido normativo indispensable para poderlas valorar como completas.

Por último, ha de advertirse que nada en la demanda permite acudir a otra interpretación de su texto con el criterio de amplitud que la Corte ha venido defendiendo para esta clase de procesos por considerarlo más avenido con el espíritu que inspiró al Constituyente, al atribuirle a “cualquier ciudadano” la titularidad para ejercer la acción de inexequibilidad: pues es también sabido que su aplicación tan sólo tiene lugar cuando las demandas guardan debida forma, ya que si esa mínima exigencia no ha sido satisfecha es imposible que pueda cumplir su alta misión tutelar.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Inhibirse de fallar, por falta de unidad normativa en la demanda que produce ineptitud de la misma, sobre la acusación de inconstitucionalidad deducida en el presente proceso en forma parcial contra la regla 51 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, (con salvamento parcial de voto); Rafael Méndez Arango, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria General