300Corte SupremaCorte Suprema30030020227199102092448307-- Seleccione --199123/05/1991199102092448307_-- Seleccione --_1991_23/05/1991300202251991
1991020924483072448REVISIÓN DECRETO No. 869 DE 1o DE ABRIL DE 1991, POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1991Identificadores30030068249true1146378original30068274Identificadores

Norma demandada:  REVISIÓN DECRETO No. 869 DE 1o DE ABRIL DE 1991, POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1991


Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Referencia: Expediente No. 2318 (383-E).

Revisión constitucional del Decreto No. 869 de 1º de abril de 1991.

“Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se adiciona el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1991.”

Adiciones presupuestales por Decreto Legislativo.

Aprobada según Acta No. 20.

Bogotá, D.E., mayo veintitrés (23) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

Como lo ordena el artículo 121 de la Constitución nacional, el Gobierno envió para su revisión constitucional el Decreto Legislativo No. 869 de 1º de abril de 1991.

Se cumplió el trámite establecido en el Decreto 432 de 1969 para la revisión sin que ciudadano alguno hubiese intervenido durante el término de fijación en lista. El Procurador General de la Nación sí rindió oportunamente concepto.

II. EL TEXTO DEL DECRETO REVISADO

Es como sigue:

«DECRETO NUMERO 869 DE 1991

(Abril 1)

“Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1991.”

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 121 de la Constitución Política, 69 de la Ley 38 de 1989 y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que los actos de perturbación indicados en el mencionado decreto, tales como las acciones violentas provenientes de grupos alzados en armas atentan contra el orden constitucional, económico y social del país. Que no obstante los logros derivados de la reincorporación a la vida civil de algunos de dichos grupos, otros persisten en las acciones violentas;

Que dentro del propósito de crear las bases de un fortalecimiento institucional, que permita superar la situación de perturbación y enfrentar las diversas formas de violencia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 1926 de agosto 24 de 1990, por medio del cual se dictaron medidas para facilitar que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de convocar e integrar una Asamblea Nacional Constitucional, cuyo funcionamiento requiere la asignación de recursos;

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 213 del 22 de enero de 1991 “por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”, con el objeto de reincorporar a la vida civil por medio de su integración al proceso de Cambio Institucional a través de la Asamblea Constitucional a los grupos autodenominados Ejército Popular de Liberación, Quintín Lame y Partido Revolucionario de los Trabajadores. Que la impulsión de estas iniciativas de paz tendientes al restablecimiento del orden público, demanda la atención de los gastos que dicho proceso ocasiona;

Que es necesario destinar recursos para cancelar las obligaciones del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ocasionadas en el restablecimiento del orden público pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990, para lo cual la Tesorería General de la República, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 51 de 1990 y el Decreto 545 de 1991, emitirá títulos de tesorería. Estas obligaciones se encuentran amparadas en las reservas de apropiación constituidas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 38 de 1989;

Que es necesario atender los gastos ocasionados por el mantenimiento y reparación de los helicópteros al servicio del Ministerio de Defensa utilizados en las acciones tendientes al restablecimiento del orden público;

Que para amparar la apertura de créditos adicionales en el presupeusto <sic> de gastos de la Nación, el Contralor General de la República expidió el certificado de disponibilidad No. 01 de febrero 14 de 1991 por valor de $10.633.137.708.19 del cual se utiliza la suma de $10.633.137.708.00;

Que el artículo 69 de la Ley 38 de 1989 faculta al Presidente de la República y al Consejo de Ministros para abrir créditos adicionales al presupuesto destinados a pagar gastos ocasionados durante el estado de sitio declarado por el Gobierno Nacional, en la forma que ellos lo decidan;

Que el Consejo de Ministros en su sesión del 1º de abril de 1991 aprobó las operaciones presupuestales de que trata el presente Decreto,

DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la vigencia fiscal de 1991 en la cantidad de $10.633.137.708.00 así:

INGRESOS DE LA NACION

2. Recursos de capital de la nación

2.8 Recursos del balance

Numeral 0001

Recursos del balance no Utilizados durante la vigencia de 1990 (Certificado de disponibilidad No. 001 de febrero 14 de 1991 por valor de $10.633.137.708.19) del cual se utiliza la suma de

Total adición ingresos de la Nación....

$10.633.137.708.00

$10.633.137.708.00

Artículo 2o. Presupuestos de gastos o ley de apropiaciones adiciónanse las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1991 en una suma igual a la establecida en el artículo anterior por $10.633.137.708.00, así:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Unidad 0201 01

Dirección Superior

Numeral

Artículo

Ordinal

Recurso

3
022
003

01

Transferencias

Otras transferencias

Gastos inherentes a la realización de la Asamblea Constitucional a través de Fiducia

Recursos ordinarios

Total crédito adicional Presidencia de la República

2.000.000.000.00

2.000.000.000.00

SECCION 100200

Fondo de Desarrollo Comunal

Numeral

Artículo

Ordinal

Recurso

3

022

022

01

Transferencias

Otras transferencias

Amnistía para la paz

Recursos ordinarios

Total crédito adicional Fondo de Desarrollo Comunal.

1.000.000.000.00

1.000.000.000.00

SECCION 1401

Servicio de la deuda pública nacional

Numeral

Artículo

Ordinal

Recurso

6

004

002

01

Servicio de deuda interna

Títulos de tesorería

Intereses

Recursos ordinarios

Total crédito adicional servicio de la deuda pública nacional

3.633.137.708.00

3.633.137.708.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Unidad 1501 05

Operación administrativa de la Fuerza Aérea

Numeral

Artículo

Recurso

2

003

01

Gastos Generales

Mantenimiento

Recursos ordinarios

Total créditos adicionales

Total crédito adicional Ministerio de Defensa Nacional

Total créditos adicionales

4.000.000.000.00

4.000.000.000.00

10.633.137.708.00

Artículo 3o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones legales que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y uno (1991).

CESAR GAVIRIA

Humberto de La Calle Lombana, Ministro de Gobierno; Luis Fernando Jaramillo Correa, Ministro de Relaciones Exteriores; Jaime Giraldo Angel, Ministro de Justicia; Rudolf Hommes, Ministro de Hacienda y Crédito Público; Oscar Botero Restrepo, Ministro de Defensa Nacional; María del Rosario Sintes Ulloa, Ministra de Agricultura; Francisco Posada De la Peña, Ministro de Trabajo y Seguridad Social; Camilo González Posso, Ministro de Salud; Ernesto Samper Pizano, Ministro de Desarrollo Económico, Luis Fernando Vergara Munarriz, Ministro de Minas y Energía; Alfonso Valdivieso Sarmiento, Ministro de Educación Nacional; Alberto Casas Santamaría, Ministro de Comunicaciones; Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Ministro de Obras Públicas y Transporte.»

III. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR

En su opinión el Decreto 869 se ajusta a los dictados de la Carta Política y por ello solicita a la Corte que así lo declare.

Para llegar a tal conclusión el Procurador asienta que el mismo cumple con los requisitos formales, puesto que lleva la firma del Presidente de la República y de la totalidad de los Ministros, se limita a suspender las disposiciones legales que le sean contrarias y guarda conexidad con los motivos expuestos en el Decreto 1038 de 1984 para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional.

El concepto fiscal al entrar en el examen material del decreto señala que mediante él se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1991, con base en el certificado de disponibilidad No. 1 de febrero 14 de este año, expedido por el Contralor General de la República por valor de $10.633.137.708.19, suma de la que se utiliza la casi totalidad incorporándola al presupuesto nacional.

Reproduce finalmente la vista fiscal lo pertinente del fallo de 1° de marzo de 1990 en donde se reitera la jurisprudencia de tiempo atrás fijada por la Corte, según la cual en época de alteración del orden público se pueden hacer erogaciones no incluidas en el presupuesto de gastos o adiciones al de rentas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La competencia

Es competente la Corte para ejercer el control constitucional del Decreto 869 de 1991 porque así lo disponen los artículos 121 y 214 de la Constitución Nacional.

2. El aspecto formal

El decreto revisado cumple a cabalidad con los requisitos que para su validez exige la Carta Fundamental, por cuanto lo dictó el Presidente invocando las facultades legislativas que le confiere el artículo 121 ibídem y va firmado por él y todos los Ministros del Despacho; y por tratarse de una adición presupuestal, sus efectos son inmediatos y no sobrepasan la vigencia del estado de sitio. Por lo demás, expresamente en su artículo 3° hace el Decreto la consabida declaración de que rige a partir de la fecha de su publicación “y suspende las disposiciones legales que le sean contrarias”.

3. La conexidad

Destinada como se halla la adición presupuestal a la asignación de recursos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constitucional; a cubrir los gastos que ocasiona la incorporación a la vida civil “por medio de su integración al proceso de Cambio Institucional a través de la Asamblea Nacional Constitucional a los grupos autodenominados Ejército Popular de Liberación, Quintín Lame y Partido Revolucionario de los Trabajadores”; a cancelar “las obligaciones del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ocasionadas en el restablecimiento del orden público pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990” y “para atender los gastos ocasionados para el mantenimiento y reparación de los helicópteros al servicio del Ministerio de Defensa utilizados en las acciones tendientes al restablecimiento del orden público”, tal cual lo expresan los propios considerandos del decreto que se revisa, se muestra entonces palmaria la conexidad entre la medida legislativa tomada y los motivos que determinaron la declaratoria de estado de sitio, pues es sabido que no obstante haberse logrado ya la reincorporación a la civilidad de algunos de los grupos de gentes armadas por virtud, entre otras, de la convocatoria e integración de la susodicha asamblea, de la que precisamente hacen parte tales facciones, es lo cierto que, como también lacónicamente lo dice otra de las motivaciones del Decreto 869, “otros persisten en acciones violentas”, todo lo cual obliga a erogaciones extraordinarias.

En este orden de ideas puede anotarse que, conforme lo asienta el tercero de los considerandos del decreto en revisión, es claro que como cuerpo deliberante constituido ad hoc para reformar la Constitución Política que nos rige desde 1886, la Asamblea Nacional Constitucional requiere para su funcionamiento que le sean asignados recursos; siendo apenas elemental que por tratarse de un órgano imprevisto no haya podido ser dotado de recursos por la ley de apropiaciones, puesto que al expedirse ella la mencionada asamblea no se contaba entre los mecanismos constitucionales de reforma de la Carta. Pero, como es apenas obvio, su creación por voluntad de lo que se entendió constituyente primario obliga ahora a adicionar el Presupuesto General de la Nación para de este modo incluir en él los “gastos inherentes a la realización de la Asamblea Constitucional”; mostrándose del todo indiferente al control de exequibilidad que la suma apropiada se maneje a través de la figura de la “fiducia”, conforme se lee en el artículo 2° del Decreto 869 de 1991, o mediante cualquiera otra.

De igual modo cabe entender que la razón de disponer recursos para atender al servicio de la deuda pública nacional, estriba en el hecho de haberse ordenado la emisión de títulos de tesorería para arbitrar los recursos enderezados a cancelar las obligaciones del Ministerio de Defensa y la Policía pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990, puesto que tal emisión de títulos configura una deuda interna cuyos intereses deben ser servidos. Y precisamente es a esta partida para cubrir al servicio de la deuda pública interna a la que se refiere la quinta consideración del decreto legislativo que se examina.

Respecto de las otras partidas, es aún más evidente la relación de conexidad que ellas guardan con los motivos que justificaron la implantación del estado de sitio, por referirse las mismas al Fondo de Desarrollo Comunal “Amnistía para la paz” y a los gastos de mantenimiento y reparación de los helicópteros utilizados en las acciones adelantadas en procura del restablecimiento del orden público.

4. El contenido material

Por medio de sus artículos 1º y 2o, el decreto examinado ordena adicionar el presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1991 en la cantidad de $10.633.137.708.00, basándose en el certificado de disponibilidad No. 001 de febrero 14 de 1991 por valor de $10.633.137.708.00, e igual cosa se hace con el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, el cual a su vez se adiciona en idéntica suma pero descompuesta así: $2.000.000.000.00, para el presupuesto de gastos de la Presidencia de la República, a fin de sufragar los gastos inherentes a la realización de la Asamblea Constitucional; $1.000.000.000.00 para el Fondo de Desarrollo Comunal “Amnistía para la Paz”; $3.633.137.708.00 para el Servicio de la Deuda Pública Nacional y $4.000.000.000.00 para el Ministerio de Defensa Nacional, operaciones administrativas de la Fuerza Aérea.

Y como lo recuerda el Procurador General de la Nación, la Corte ha dicho antes en varias sentencias -una de las cuales es precisamente la del 1º de marzo de 1990, radicación 2094 (323-E), parcialmente transcrita como sustento de su concepto de exequibilidad del Decreto sub examine- que las adiciones al presupuesto durante las épocas de perturbación del orden público son viables en aquellos casos en los que exista la necesidad de efectuar un gasto imprescindible a juicio del Gobierno y no haya partida votada o ésta sea insuficiente, pues tales créditos, denominados suplementales o extraordinarios, pueden realizarse siempre que se cumplan las condiciones y se sigan los trámites estatuidos por la Ley Orgánica del Presupuesto -Ley 38 de 1989-, en cuyo artículo 69 se prevé la alternativa de que para solventar exigencias excepcionales, los gastos ocasionados durante el estado de sitio se hagan “en la forma que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros lo decidan”.

Además, es también una doctrina sólidamente asentada la de que los decretos legislativos, por ostentar el carácter del ley en sentido material, pueden establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración; al igual que modificar la ley de presupuesto, adicionando el de rentas y correlativamente el de gastos para incluir las apropiaciones destinadas a atender los ocasionados durante el estado de sitio; sujetándose, claro está, a los artículos 206 y 208 a 212 de la Constitución Nacional y dentro de los límites que los restantes artículos del Título XIX “de la Hacienda” señalan, pues dichas competencias, conforme a los artículos 76ordinal 13, 210 y 213 ibídem, son de carácter legal.

Conclúyese de todo lo antes dicho que el Decreto Legislativo 869 de 1991 se ajusta a las previsiones constitucionales; y de manera más particular a aquellas que regulan las competencias del Ejecutivo durante el régimen marcial del estado de sitio y a las que lo facultan para adicionar el presupuesto general con la finalidad de atender a los gastos urgentes que durante el mismo se ocasionen. Habrá, pues, de declararse exequible el decreto revisado.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE el Decreto 869 del 1º de abril de 1991, “por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se adiciona el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1991”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo Julio Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreña Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein; Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria General