300Corte SupremaCorte Suprema30030020226199102092448302Rafael Méndez Arango199116/05/1991199102092448302_Rafael Méndez Arango_1991_16/05/1991300202241991
Alvaro Moreno Bulla1991020924483022448ARTICULO 96 (PARCIALMENTE) DEL DECRETO 1214 DE 1990, POR EL CUAL SE REFORMA EL ESTAUTO Y RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y POLICIA NACIONAL. CENSANTÍA DEFINITIVAIdentificadores30030068243true1146362original30068268Identificadores

Norma demandada:  ARTICULO 96 (PARCIALMENTE) DEL DECRETO 1214 DE 1990, POR EL CUAL SE REFORMA EL ESTAUTO Y RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y POLICIA NACIONAL. CENSANTÍA DEFINITIVA


Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Referencia: Expediente No. 2245.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 96 (parcialmente) del Decreto 1214 de 1990. “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.

Cesantía definitiva.

Actor: Alvaro Moreno Bulla.

Magistrado Sustanciador: Dr. Rafael Méndez Arango.

Aprobada según Acta No. 19.

Bogotá, D.E., mayo dieciséis (16) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Alvaro Moreno Bulla solicita a la Corte que declare inexequible el artículo 96 del Decreto 1214 de 1990 “... en cuanto contiene la locución ‘prestado en dichas entidades’...”, por considerar que infringe los artículos 17 y 26 de la misma.

Se agotó el trámite establecido en el Decreto 432 de 1969 para esta clase de juicios y procede por ello la Corte a decidir:

II. LA NORMA ACUSADA

El texto completo del artículo del cual hace parte la locución subrayada y cuya inconstitucionalidad se demanda, es el siguiente:

"Cesantía definitiva. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que sean retirados o se retiren del servicio, tienen derecho a que el Tesoro Púbico les pague por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un (1) mes del último salario devengado por cada año de servicio prestado en dichas entidades y proporcionalmente por las fracciones de meses y días a que hubiere lugar, liquidado sobre las partidas indicadas en el artículo 102 de este Decreto.”

III. LAS RAZONES DE LA DEMANDA

Según el actor, se viola el artículo 26 de la Carta por que al incluirse en la norma la locución “prestado en dichas entidades”, se restringe ostensiblemente el derecho prestacional al tiempo servido en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, excluyendo el que, sin solución de continuidad, se haya prestado en otras entidades del ramo administrativo, por lo que “... quedaría excluido del beneficio legal de cesantía en la forma establecida y solamente lo tendría en forma reducida, vale decir, por aquel servicio prestado a las entidades a que se refiere la disposición, únicamente”. Y el artículo 17 ibídem, porque mientras él preceptúa que el trabajo es una obligación social que gozará de la especial protección del Estado, la disposición acusada “se opone abiertamente a un principio de seguridad social... que se deriva de la cesantía definitiva, que garantiza un futuro inmediato”, puesto que no obstante estar los empleados estatales que pasan de “... otros ramos dentro de la misma órbita estatal, al servicio del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional... solamente tendrían derecho a esa cesantía con la restricción impuesta...”, a pesar de que el Estado que es el mismo patrono "... deriva los dineros para esos efectos, del Tesoro Público que no de esas entidades particularmente, pues no se trata de un Estado prestacional dentro de otro Estado... ”, para decirlo copiando las textuales y no muy claras razones que trae la demanda.

IV. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Manteniendo su punto de vista expresado en otros conceptos y no obstante las muchas veces en que la Corporación le ha refutado esta opinión suya sobre la necesidad de inhibirse porque -así lo dice- “las expresiones lingüísticas por sí solas no violan el ordenamiento superior”, el Procurador insiste en pedirle a la Corte que se abstenga de pronunciarse de mérito en relación con las expresiones “prestado en dichas entidades” contenidas en el artículo 96 del Decreto 1214 de 1990, y las cuales afirma no son un precepto autónomo dentro dicho artículo "... sino una condición necesaria para que los empleados públicos que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional se les liquiden sus cesantía definitivas de acuerdo a (sic) lo establecido en la norma mencionada” y, además, porque de prosperar la acción “surgiría una norma jurídica nueva, diferente a la establecida por el legislador extraordinario...”.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

a) La competencia

Por cuanto la norma parcialmente acusada es parte de un decreto-ley dictado por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 66 de 1989, tiene la Corte la competencia para su juzgamiento por inconstitucionalidad, de conformidad en el artículo 214 de la Constitución Política.

b) La autonomía de las expresiones acusadas

Contrariando la opinión fiscal y sin que en esta ocasión se estime necesario ahondar sobre el punto, pues en criterio de la Corte el tema ya está suficientemente esclarecido, debe decirse que la locución “prestado en dichas entidades” tiene plena autonomía y significación jurídica e igualmente la conservaría lo demás del artículo si ella fuere retirada del orden normativo, puesto que en el último caso se liquidaría el auxilio de cesantía tomando en cuenta la totalidad del tiempo de servicios que el empleado preste al Estado, sin que haya solución de continuidad por todo el lapso de vinculación a los diferentes organismos y entidades estatales, y no exclusivamente por lo trabajado en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; y como es obvio, en el caso contrario, dicha prestación social será computada teniendo en consideración apenas lo servido por el empleado público en ellas.

Pero como antes se advirtió, cree la Corte que por estar dotado de autonomía y significación jurídica la parte acusada del texto legal, resulte procedente el proferir una decisión de mérito.

Y en cuanto al argumento de que al retirarse del precepto legal la disposición que se juzga inconstitucional, resultaría entonces una norma diferente de la expedida por el legislador extraordinario, hay que anotar, aun cuando casi resulte una perogrullada decirlo, que precisamente se trata de excluir de la normatividad un precepto que por contradecir la Constitución no puede seguir existiendo. Por ello es apenas elemental que después de purgada la norma de que se trata del vicio de inconstitucionalidad, la disposición que se mantiene resulte diferente, ya que si así no ocurriere, la única conclusión racional sería la de que la norma en cuestión no infringía en verdad los dictados, de la Constitución; y es evidente, que si no la transgredía no podía entonces válidamente extirpársela del universo normativo. En cambio, si la expresión autónoma y con significación jurídica sí choca efectivamente con el ordenamiento superior, la obligación de la Corte es declararla inexequible para así evitar que continúe transgrediéndolo; decisión ésta que por lógica consecuencia le modifica el sentido y alcance que la norma tenía antes de ser enjuiciada, para permitir la subsistencia de una que se aviene al Estatuto Fundamental.

c) “La cuestión de fondo

Sea lo primero señalr <sic> que se muestra totalmente exótica la acusación de inconstitucionalidad por presunto quebrantamiento del artículo 26 de la Constitución Nacional, pues como es sabido dicho canon estatuye la garantía del debido proceso, y en este caso no se trata de ninguna clase de juzgamiento, ni siquiera de uno de carácter administrativo; ya que la manera como habrá de liquidarse el auxilio de cesantía de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional es tema absolutamente ajeno a la imposición de una pena o sanción o la decisión de una controversia. Por este aspecto resulta francamente infundada la demanda.

Y en cuanto a que la susodicha locución viola la garantía que por mandato constitucional debe darle el Estado al trabajo brindándole una especial protección, o el que se tenga la obligación social de trabajar, tampoco cabe predicar infracción alguna por la circunstancia de que el auxilio de cesantía deba ser liquidado tomando en cuenta únicamente el tiempo servido por el empleado público al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, sin incluir en el cómputo respectivo el prestado a otras entidades administrativas, porque debe decirse que todo lo referente al régimen de las prestaciones sociales, cual es el caso de la presente, su surgimiento, desenvolvimiento y desarrollo, forma de liquidarse y factores para hacerlo, así como su eventual desaparición, es tema eminente y exclusivamente legal en tratándose de esta clase de servidores estatales (C.N. art. 76, ord. 9o); sin que para nada roce todo ello con el imperativo constitucional de que el Estado debe otorgarle protección especial al trabajo, ni-se viole tampoco ningún otro ordenamiento de la Constitución Nacional, mientras dicha regulación legal no desconozca en verdad derechos adquiridos con justo título y arreglo a la ley, cosa que aquí ni por asomo ha ocurrido.

Es cierto que esta última reflexión que se hace desvía el examen de constitucionalidad de la preceptiva de los artículos 17 y 26 de la Carta Política para situarlo en el ámbito de la garantía de los derechos adquiridos que consagra el artículo 30 ibídem; pero sucede que se tiene competencia para verificar el control constitucional por otras razones diferentes a las dadas por quien acusa la norma, y que tampoco examinando el fragmento cuya inexequibilidad se pide frente a este amparo constitucional) a la propiedad privada y demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles que establece el mentado artículo 30, resultaría quebrantamiento alguno de la normatividad superior, pues el disponer que hacia el futuro se liquide de una determinada manera esta prestación social, no significa desconocimiento de derechos pretéritos ya adquiridos; ni menos aún que el tiempo anteriormente servido a otras entidades administrativas quede desprotegido o resulte desconocido, por deberse entender que el mismo, o el que luego pueda prestarse al Estado en organismos o entidades diferentes al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, seguirá cobijado por los otros preceptos que de manera general regulan la materia.

Para abundar en razones, puede añadirse que el legislador está librado hacer esta clase de excepciones; y que siendo, como lo es, la regla general de liquidación del auxilio de cesantías de los servidores del Estado la de que dicha prestación se liquide definitivamente por cada año, en verdad resulta que la excepción establecida por el artículo 96 del Decreto 1214 de 1990 viene a ser más favorable, en la medida en que ordena computar la totalidad del tiempo prestado por el empleado público en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y liquidar con base en el último salario devengado, a razón de un mes de salario por cada año de servicio ‘y proporcionalmente por las fracciones de meses y días a que hubiere lugar', sin que opere la congelación anual prevista como regla para los demás empleados mencionados por el Decreto 3118 de 1968.

No encuentra, pues, la Corte que ni por razones que expresa el demandante ni por la que de oficio aquí se examina, la locución ‘prestado en dichas entidades’, infrinja las garantías que tutela nuestra Constitución Política.”

Por lo anteriormente explicado, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar exequible la locución “prestado en dichas entidades” contenida en el artículo 96 del Decreto 1214 de 1990.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo Julio Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria General