300Corte SupremaCorte Suprema30030020224199102092448268-- Seleccione --199116/05/1991199102092448268_-- Seleccione --_1991_16/05/1991300202221991
1991020924482682448REVISIÓN DECRETO LEGIISLATIVO No 390 DEL 8 DE FEBRERO 1991, POR EL CUAL SE MODIFICA, ADICIONA Y COMPLEMENTA EL ESTAUTO PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA, CONTENIDO EN EL DECRETO No. 2790 DE 1990, Y SU COMPLEMENTARIO 009 DE 1191Identificadores30030068229true1146325original30068254Identificadores

Norma demandada:  REVISIÓN DECRETO LEGIISLATIVO No 390 DEL 8 DE FEBRERO 1991, POR EL CUAL SE MODIFICA, ADICIONA Y COMPLEMENTA EL ESTAUTO PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA, CONTENIDO EN EL DECRETO No. 2790 DE 1990, Y SU COMPLEMENTARIO 009 DE 1191


Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Referencia: Expediente No. 2293 (381 -E).

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 390 del 8 de febrero de 1991 “por el cual se modifica, adiciona y complementa el Estatuto para la Defensa de la Justicia, contenido en el Decreto Legislativo No. 2790 de 1990, y su complementario 099 de 1991”.

Aprobada por Acta No. 19.

Bogotá, D.E., mayo dieciséis (16) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

Dentro del término señalado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, la Secretaría General de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo No. 390 del 8 de febrero de

“por el cual se modifica, adiciona y complementa el Estatuto para la Defensa de la Justicia, contenido en el Decreto Legislativo No. 2790 de 1990, y su complementario 099 de 1991”.

El citado decreto legislativo fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para la revisión de su constitucionalidad, en atención a que fue dictado en ejercicio de las facultades que incumbe ejercer al Gobierno en virtud de la declaratoria del estado de sitio ordenada por el Decreto No. 1038 de 1984.

Además por auto de fecha marzo 12 de 1991, proferido por la Sala Constitucional de esta Corporación, el señor Procurador General de la Nación fue separado de su intervención en la presente actuación al encontrarse que se hallaba incurso en una causal de impedimento de las previstas en el artículo 22 del Decreto 432 de 1969. En esta situación el expediente pasó al Despacho de la señora Viceprocuradora General para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional en materia de intervención del Ministerio Público.

El despacho fiscal rindió el concepto de rigor dentro de los términos correspondientes.

II. EL TEXTO DEL DECRETO

El texto del decreto materia de revisión en este procedimiento es el que se inserta a continuación en fotocopia:

«DECRETO NUMERO 390 DE 1991

(Febrero 8)

Por el cual se modifica, adiciona y complementa el Estatuto para la Defensa de la Justicia, contenido en el Decreto Legislativo número 2790 de 1990 y su complementario 099 de 1991.”

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto Legislativo número 1038 de 1984.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, para combatir las perturbaciones producidas por bandas de terroristas y de narcotraficantes;

Que el 20 de noviembre de 1990 se dictó el Decreto Legislativo número 2790 por cuanto las señaladas causas de perturbación persistían, creando mediante él mecanismos jurídicos para dar seguridad a los jueces de la República encargados de administrar justicia en esas materias, así como para dotar a la Administración de Justicia de soporte administrativo adecuado y eficiente, y robustecer la capacidad técnica y operativa a los cuerpos auxiliares de ella;

Que las mencionadas causas de perturbación del orden público aún subsisten, por lo que resulta necesario revisar los procedimientos jurídicos que permitan la cumplida aplicación de las normas del Decreto 2790, para lo cual es aconsejable introducir adiciones a algunas de ellas y mejorar su eficacia,

DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 13 del Decreto 2790 de 1990 quedará así:

Todos los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna por este decreto a los Jueces de Orden Público, que estén tramitando en la actualidad los Juzgados de Orden Público, los especializados y los ordinarios, o la Policía Judicial, deberán ser enviados a los sectores seccionales de la jurisdicción de orden público, quienes procederán de la siguiente manera:

Los procesos en que se haya proferido auto de citación para audiencia,- resolución acusatoria o auto de proceder, o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el concepto de fondo, las distribuirá entre los jueces de conocimiento de orden público para que éstos continúen el trámite con el procedimiento establecido para el juicio en los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991. Si alguna de las decisiones anteriores no estuviere ejecutoriada, el expediente se dejará en la Sección Jurisdiccional, hasta cuando ésta se produzca.

Cuando en el proceso se hubieren decretado pruebas para practicar en la audiencia, el juez las practicará directamente o por comisión a una unidad de investigación de orden público, en un término que no podrá exceder de diez (10) días. Practicadas las pruebas, el juez citará para sentencia de acuerdo con el artículo 46 del Decreto 2790 de 1990.

2. Los que se hallen en etapa de instrucción, los asignará a los jueces de instrucción de orden público, para que dispongan el trámite pertinente de acuerdo con el procedimiento señalado en este decreto.

3. Los que estén en diligencias preliminares, los remitirá a las unidades investigativas de orden público a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de este decreto, previa determinación de los expedientes con relación a los cuales se deba dictar auto inhibitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la “Ley sobre Descongestión de Despachos Judiciales”.

Parágrafo. En los procesos de competencia de la jurisdicción de orden público, no habrá audiencia pública en ningún caso.

Artículo 2o. El artículo 32 del Decreto 2790 de 1990 quedará así:

Si el juez dicta auto cabeza de proceso, señalará día y hora para oír en indagatoria al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días siguientes al que le sea puesto a disposición.

Si son dos o más los capturados, el término se ampliará a cinco (5) días; pero si los aprehendidos fueren más de cinco se extenderá a diez (10) días. En uno y otro evento, el Director Seccional de Orden Público podrá asignar varios jueces para recibirlas.

En casos especiales determinados por la distancia el número de sindicados o la seguridad de alguno de ellos, el juez de orden público podrá comisionar a uno o varios jueces de instrucción criminal ambulante para recibir indagatoria dentro de los términos de ley, para lo cual librará despacho comisorio con los insertos del caso y acompañará copia de las piezas procesales que sean pertinentes.

La designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal, desde el momento de la indagatoria o declaratoria de reo ausente y con él se actuará hasta la terminación del proceso. Sin embargo, el procesado podrá cambiar de apoderado en cualquier momento. La incomunicación se levantará al culminar la indagatoria si no se hubiere levantado con antelación.

Artículo 3o. El artículo 33 del Decreto 2790 de 1990, subrogado por el Decreto 099 de 1991, quedará así:

Recibida la indagatoria, el juez que abrió la investigación definirá la situación jurídica dentro del término de diez (10) días, el cual se ampliará a veinte (20) si fueren más de cinco (5) los aprehendidos, o si aquélla hubiere sido recibida por juez comisionado, y en el mismo auto determinará las pruebas que se deben practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la unidad investigativa de orden público que considere pertinente, la cual practicará las pruebas decretadas así como las que estime conducentes, dentro del término que se le señale, el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole.

En cumplimiento de su función de dirección, el Juez de Instrucción de Orden Público podrá solicitar informes en cualquier momento sobre el curso de la investigación, los cuales le serán suministrados de inmediato so pena de incurrir quien los omita en causal de mala conducta y, con base en ellos, tomará la medida que estime procedente.

El cuaderno original será conservado por la Dirección Seccional de Orden Público y adicionado cada vez que regrese de la Unidad Investigativa con las nuevas diligencias o actuaciones, a fin de entregarlo al juez debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión.

Artículo 4o. El artículo 11 del Decreto 2790 de 1990 quedará así:

Artículo 11. Sin perjuicio de su actual competencia, los Jueces Penales y Promiscuos del Circuito conocerán en primera instancia:

1º. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas sea de dos mil (2.000) unidades o menor, o la de semillas de diez mil (10.000) gramos o inferior. Igualmente, cuando la cantidad de droga o sustancia sea de diez mil (10.000) gramos o menor si se trata de marihuana; de tres mil (3.000) gramos o menor si es hachís; de dos mil (2.000) gramos o menor si se trata de cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos o inferior si es metacualona.

2o. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, excepto cuando se trate de laboratorios.

En dichos eventos su competencia se circunscribe a los delitos en que la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada, sea de diez mil (10.000) gramos de marihuana o menor; de tres mil (3.000) gramos o menor si se trata de hachís; de dos mil (2.000) gramos o menor si es cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos o menor si se trata de metacualona.

3o. De los procesos por el hecho punible tipificado por el artículo 6° del Decreto 1856 de 1989, cuando su cuantía sea menor a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales en moneda colombiana estimada al momento de la comisión del delito.

4o. De las actuaciones relacionadas con los bienes incautados u ocupados de acuerdo con lo previsto en este Decreto en los eventos en que el delito al cual accedan sea de su competencia, conforme a las disposiciones precedentes.

Parágrafo. A partir del 16 de enero de 1991, el procedimiento para las actuaciones y procesos aquí atribuidos por los numerales 1, 2 y 3 al conocimiento de los Jueces Penales y Promiscuos del Circuito, será el señalado por el Código de Procedimiento Penal, salvo que ya se hubiere proferido el auto de citación para audiencia, caso en el cual seguirán aplicando hasta su culminación, aquel a que venían sujetos. En estos procesos no habrá consulta.

Artículo 5o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente los artículos 11, 13, 32 y 33 del Decreto 2790 de 1990 y el del Decreto 099 de 1991, y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 8 de febrero de 1991.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno,Humberto de La Calle Lombana; el Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho del Ministro, Rodrigo Pardo García-Peña; el Ministro de Justicia,Jaime Giraldo Angel;el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rudolf HommesRodríguez; el Ministro de Defensa Nacional, General Oscar Botero Restrepo; la Ministra de Agricultura, María del Rosario Sintes Ulloa;el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,Francisco Posada de la Peña,el Ministro de Salud, Camilo González Posso; el Ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano; el Ministro de Minas y Energía, Luis Fernando Vergara Munárriz; el Ministro de Educación Nacional, Alfonso Valdivieso Sarmiento; el Ministro de Comunicaciones, Alberto Casas Santamaría; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez

III. INTERVENCIÓN CIUDADANA

Mientras permaneció fijado en lista el decreto que se revisa fue impugnado por el ciudadano José Eduardo Umaña Mendoza.

En resumen, la impugnación ciudadana es:

El ciudadano José Eduardo Umaña Mendoza impugna la constitucionalidad de las siguientes partes del Decreto 390 de 1991:

-Del inciso 1º del artículo 1º la expresión “... los especializados y los ordinarios, o la Policía Judicial...”.

-El parágrafo del artículo 1° que establece: “En los procesos de competencia de la jurisdicción de orden público, no habrá audiencia pública en ningún caso”.

-Del inciso primero del artículo 3o las siguientes expresiones: …así como los que estime conducentes...”; y “... sin formalidades de ninguna índole”.

-El inciso tercero del artículo 3° que establece: “El cuaderno original será conservado por la Dirección Seccional de Orden Público y adicionado cada vez que regrese a la unidad investigativa con las nuevas diligencias o actuaciones, a fin de entregarlo al juez debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión”.

En su opinión las anteriores disposiciones infringen lo dispuesto por los artículos 2o, 26, 55, y 58 de la Constitución.

Sostiene que la supresión de la audiencia pública para los procesos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público desconoce el derecho de defensa consagrado por la Constitución Nacional. Advierte que en toda la normatividad que forma el Estatuto para la Defensa de la Justicia se coarta la oportunidad de la controversia y del debate probatorio y de la responsabilidad, mucho más cuando no se conoce quién investiga, quién acusa, quién juzga ni el porqué.

Agrega que “... el derecho de defensa se encuentra menoscabado, al señalarse en el artículo 3o, inciso 1º que la prórroga del período probatorio se podrá llevar a cabo por el juez ‘sin formalidades de ninguna índole’, dejándose en tal sentido, al azar e incertidumbre, al procesado y cada una de las partes dentro del proceso...”.

Indica que el Tribunal competente o juzgador debe hallarse constituido al momento de la comisión de los hechos punibles que se pretenden sancionar y no es admisible en su concepto el envío de todos los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna a los jueces de orden público y que hayan tenido curso en los juzgados especializados, en los ordinarios o en la Policía Judicial.

Estima el interviniente que la norma que permita a la Policía Judicial practicar las pruebas que estime conducentes, viola el principio de separación de funciones consagrados en el artículo 5 5 de la Carta, pues determinar o definir la conducencia de las pruebas en una actuación judicial es una función jurisdiccional de dirección y conducción que sólo puede ser cumplida por un juez y no por simples funcionarios administrativos auxiliares de la justicia.

IV. EL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Viceprocuradora General de la Nación en oficio del 5 de abril de 1991, y en sustitución del señor Procurador General, rindió el concepto fiscal de su competencia en el que solicita que se declare que el Decreto 390 de 1991 es constitucional salvo el artículo 1º, y las siguientes partes del artículo 3°: “... así como las que estime conducentes”, y “... el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole”, que en su opinión deben declararse como inconstitucionales.

Fundamenta su solicitud en las consideraciones que se resumen en seguida:

a) Existe la debida relación de conexidad entre los hechos invocados por el Gobierno para adoptar el estado de sitio y las medidas que se toman por el decreto materia de revisión en este caso;

b) El Decreto 390 de 1991 es una disposición jurídica de carácter transitorio conforme a lo exigido por la Carta, según lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 2790 de 1990;

c) La normatividad bajo examen cumple además con todos los requisitos formales exigidos por la Constitución Nacional;

d) Encuentra que las modificaciones y supresiones ordenadas por los artículos 2o, 3o y 4o del Decreto bajo examen a los artículos 32, 33 y 11 de los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991, se ajustan a la Constitución Nacional.

En efecto, sostiene que “al tercer inciso del artículo 32 del Decreto 2790 de 1990, precitado, se le suprime la parte que decía: “... y resolver la situación jurídica”, con la finalidad de que el juez instructor ambulante sólo reciba la indagatoria dentro de los términos de ley, y remita la actuación al juez que abrió la investigación para que defina la situación jurídica del indagado en los plazos establecidos en el artículo 33 (subrogado por el Decreto 099 de 1991), con lo cual se mantiene en una sola autoridad judicial el poder de decisión, y la uniformidad en el manejo coherente de las decisiones que se deban adoptar durante la investigación”.

Agrega que “... el artículo 4o del Decreto Legislativo sub examine simplemente introduce una adición al parágrafo del artículo 11 del Decreto 2790 de 1990, al ordenar que en los procesos atribuidos por los numerales 1, 2 y 3 al conocimiento de los jueces penales y promiscuos del circuito no habrá consulta. “Esta supresión de la consulta (mecanismos de control automático), al hacer más ágiles los trámites de esta clase de asuntos, no limita el ejercicio del derecho de defensa de las partes, pues éstas conservan el derecho a recurrir la decisión a que haya lugar”;

e) Estima que las expresiones del artículo 3o del Decreto 390 de 1991 que señala en su petición son inconstitucionales; en este sentido advierte que ellas reproducen lo dispuesto por el artículo 3C1 del Decreto 2790 de 1990, respecto de lo cual tuvo oportunidad de pronunciar concepto y de solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad;

f) En relación con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 390 de 1991, sostiene que la inconstitucionalidad se genera porque los Jueces de Orden Público deberán aplicar retroactivamente la compleja legislación de excepción a situaciones qué objetiva y procedí mentalmente se encontraban cobijadas por reglas de naturaleza y efectos diferentes de los establecidos por el Decreto 2790 de 1990, en su complementario 099 de 1991 y del que se examina. En su opinión, no se trata de cambios simples o retoques a los procedimientos, “sino de rupturas jurídicas de fondo que afectan la jurisdicción y la normatividad preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio (art. 26 C.N.) y el principio de favorabilidad también de raigambre constitucional”.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La competencia

Como el Decreto 390 de 1991 fue dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le corresponde ejercer durante la vigencia del Régimen de estado de sitio, es competencia de la Corte practicar el examen de su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 121, en concordancia con el artículo 214 de la Constitución Nacional.

Dentro de los términos previstos por los citados artículos de la Carta Fundamental y una vez recibido el concepto fiscal que es obligatorio en estas actuaciones de control, procede la Corte a pronunciar su fallo fundado en las consideraciones que siguen.

Segunda. Examen formal

Esta Corporación encuentra que el decreto bajo examen cumple con los requisitos de carácter formal que establece el artículo 121 de la Constitución Nacional, puesto que lleva la firma del Presidente de la República y la de todos los Ministros. Además, su vigencia es sólo transitoria y sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Tercera. La conexidad

El decreto que se examina fue expedido en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, por virtud del cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional; este decreto se encuentra aún vigente y se fundamenta en las consideraciones que siguen:

“…..

“Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación de orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes;

“Que para conjurar la grave situación especialmente en los departamentos de Caquetá, Huila, Meta y Cauca, el Gobierno declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio de dichos departamentos por medio del Decreto número 615 de 14 de marzo anterior;

“Que el Gobierno ha utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales los medios que le atribuye la legislación ordinaria, sin que haya bastado su efecto para recobrar la normalidad;

“Que con posterioridad a la expedición del Decreto número 615 de 1984, han tenido lugar asaltos a poblaciones por obra de grupos armados, entre ellos los ocurridos sobre Acevedo, en el departamento del Huila, Corinto; en el departamento del Cauca, Sucre y Jordán Bajo, en el departamento de Santander Giraldo; en el departamento de Antioquia, y Miraflores en la Comisaría del Guaviare;

“Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad pública y en la economía nacional;

“Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte colectivo;

“…………..

“Que en general, hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares y de Policía, lo mismo que víctimas en la población civil;

“Que se hace necesario, ante la gravedad de la situación, adoptar las medidas de excepción contempladas en el artículo 121 de la Constitución Política;

“…………….”

Además, en el decreto que se examina, el Gobierno Nacional estima:

“Que el 20 de noviembre de 1990 se dictó el Decreto Legislativo número 2790 por cuanto las señaladas causas de perturbación persistían, creando mediante él mecanismos jurídicos para dar seguridad a los jueces de la República encargados de administrar justicia en esas materias, así como para dotar a la Administración de Justicia de soporte administrativo adecuado y eficiente, robustecer la capacidad técnica y operativa a los cuerpos auxiliares de ella;

“Que las mencionadas causas de perturbación del orden público, aún subsisten, por lo que resulta necesario revisar los procedimientos jurídicos que permitan la cumplida aplicación de las normas del Decreto 2790, para lo cual es aconsejable introducir adiciones a algunas de ellas y mejorar su eficacia.”

Como puede advertirse, el Decreto 390 de 1991 encuentra su fundamento en las causas de perturbación consagradas en los considerandos del Decreto 1038 de 1984, que declaró alterado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional. En efecto, los considerandos que fundamentan las medidas adoptadas en el estatuto que se examina indican que la nueva normatividad de excepción está prevista con el fin de superar la grave perturbación del orden público generada por la persistente acción de grupos armados de bandas terroristas y de narcotraficantes que atentan contra el régimen constitucional.

Del examen de las medidas que se revisan se desprende que la principal finalidad que las inspira es la del fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, procesales y administrativos de la justicia penal especializada en la represión de los delitos de narcotráfico, de terrorismo y conexos.

No queda duda de que las secuelas del terrorismo y de la acción de las mencionadas bandas en lo que se relaciona con la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salubridad públicas y con la economía nacional, también afecta a las instituciones judiciales y que es responsabilidad del ejecutivo el tomar las medidas que conduzcan al fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia, para enfrentar las causas de la perturbación del orden público y procurar su restablecimiento.

La validez constitucional de las normas objeto de examen en esta oportunidad depende, en primer término, de que las disposiciones que suspendan las leyes vigentes y las que establezcan otras con carácter transitorio, tengan conexión directa con los motivos de perturbación del orden público que se pretende superar, y de que exista la debida conformidad con el artículo 121 y demás disposiciones de la Carta.

En estas condiciones la Corte encuentra que la protección a los jueces, la seguridad física o personal que pueda brindárseles y el apoyo técnico, logístico o administrativo de que se les rodee, son finalidades que se encuadran dentro de la relación causal exigida a los decretos de estado de sitio que desarrollen el Decreto 1038 de 1984.

En anteriores ocasiones se ha apuntado cómo la proliferación de las normas de excepción constituye uno de los síntomas más graves de la crisis institucional del país. En este sentido se ha anotado cómo el Congreso debe reasumir su tarea insoslayable de ejercer la función legislativa. Un analítico y desprevenido examen de la legislación a cargo del Congreso indica que su abstención para afrontar la consideración y solución de los fundamentales problemas públicos ha creado la nutrida normatividad de emergencia, como en los decretos que se refieren al terrorismo, al narcotráfico y ahora a la jurisdicción de orden público y a la protección de los jueces.

En momentos en que avanza el estudio de la reforma del Estatuto Fundamental por la Asamblea Nacional Constitucional, es oportuno que ella tenga en cuenta que es sobre el vacío de legislación ordinaria del Congreso que surge el poder legiferante<sic> del Presidente de la República, amparado también por facultades extraordinarias, reconocidas por la Constitución. Pero el hecho histórico es recurrente a lo largo de las últimas décadas: la plétora de la legislación extraordinaria, por la vía de las facultades otorgadas expresamente al Gobierno o por la vía del estado de sitio y del Estado de Emergencia Económica, refleja una evolución política y jurídica que no es de exclusivo origen nacional, pero que representa una realidad indiscutible que debe ser enfrentada con visión crítica por quienes se preocupan de veras por el destino final de nuestras instituciones democráticas. Es decir, para que a la zaga de fenómenos que ya tienen suficiente duración, se propongan soluciones y remedios a una profunda crisis del Estado, a la altura de la gravedad del conflicto, y sin pretender que esta va a desaparecer con el recurso de fáciles fórmulas que apenas constituyen una distracción para las esperanzas y aspiraciones colectivas.

Este magno esfuerzo de racionalización de las funciones de las tres ramas del poder público es uno de los objetivos de la reforma cuyos perfiles definitivos mantienen la legítima expectativa de la Nación. Pero mientras ella se produce no cabe duda de que es preciso proveer soluciones para problemas cuyas consecuencias no admiten aplazamientos. Ese es el propósito del Estatuto Judicial para enfrentar el desafío de la criminalidad organizada, para tratar de llenar las fallas de la investigación judicial ante las nuevas y agresivas formas de delitos, para proteger de manera eficaz y racional a los jueces de orden público, para brindarle a esta justicia especializada el apoyo de la Policía Judicial y .los soportes administrativos indispensables, claro que dentro del marco de la normatividad vigente, como corresponde verificarlo a la Corte en ejercicio de sus poderes de control constitucional. Por tanto, en la revisión de este estatuto la Corte procederá a establecer que dentro de una normatividad que aspira a realizar un fin plausible, se mantenga el respeto indeclinable a las garantías constitucionales de la libertad individual, el derecho de defensa .y a los principios de la legalidad y el debido proceso.

Ojalá en los históricos momentos que vive la República, con una Asamblea Constitucional reunida, se mantenga la lucidez necesaria para buscar en medio de la confusión de propuestas y en la defensa de diversos objetivos e intereses, unas fórmulas de consenso social, político y jurídico cuya prevalencia asegure la paz, proteja los derechos y ponga fin al estado de interinidad en que por virtud de las normas de excepción del estado de sitio ha vivido Colombia en las últimas décadas. Que una nueva Constitución, en plena vigencia, sea el resguardo permanente de la paz, la seguridad jurídica, los derechos y libertades ciudadanos.

Cuarta. El examen material

El Decreto 390 de 1991, reforma los artículos 13, 32, 33 y 11 del Estatuto para la Defensa de la Justicia, no variando sus orientaciones sustanciales.

El artículo 1° del Decreto que se revisa reforma el artículo 13 del Decreto 2790 de 1990, estableciendo un tratamiento para la reasignación de competencias de los procesos que se estén tramitando en los juzgados de Orden Público, los especializados, los ordinarios y la Policía Judicial y cuyo conocimiento corresponde a los Jueces de Orden Púbico por el estatuto para la defensa de la justicia. Se trata de ordenar un nuevo reparto de los asuntos a que se refiere el citado estatuto, tomando en consideración el avance en la sustanciación de los procesos, según que en éstos se haya proferido auto de citación para audiencia, resolución acusatoria o auto de proceder, o el que dispone el traslado al Ministerio Público para concepto de fondo, oportunidades procesales en las cuales los Directores Seccionales de la Jurisdicción de Orden Público procederán a distribuirlos entre los jueces de conocimiento de orden público para que continúen el trámite con el procedimiento establecido para el juicio en los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991. Cuando las decisiones señaladas estuvieren pendientes de ejecutoria, se esperará hasta cuando ésta se produzca para proceder luego a su reparto. Se dispone, además, que si en el proceso se hubieren decretado pruebas para practicar en la audiencia, serán practicadas directamente por el juez o por comisión a una Unidad de Orden Público, en concordancia con el parágrafo del artículo comentado que prohíbe las audiencias públicas, en los procesos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público y como una consecuencia necesaria de las previsiones sobre la reserva de la identidad del juez que contienen los decretos que se reforman. Cuando los procesos se hallen en etapa de instrucción, el mismo director los asignará a los jueces de instrucción de orden público; y, cuando estén en las diligencias preliminares, los remitirá a las unidades investigativas especiales, a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de este decreto, previa la determinación de los expedientes con relación a los cuales se deba dictar auto inhibitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la ley sobre descongestión de despachos judiciales. En los procesos de competencia de la jurisdicción de orden público, no habrá audiencia pública en ningún caso.

El artículo comprende prescripciones sobre reasignación de competencias que es deferida por la Constitución Política al legislador y durante el estado de sitio al legislador extraordinario, por lo tanto no resulta por este aspecto contrario al Estatuto Fundamental, salvo las precisiones que se harán a continuación.

El numeral 3° del artículo 1º del Decreto 390 de 1991 hace una remisión a una norma inexistente al momento de su expedición. En efecto, “la ley sobre descongestión de despachos judiciales”, (Ley 23 de 1991), a cuyo artículo 118 remite el numeral, fue expedida el 21 de marzo (D.O. No. 39.584), lo cual produce una inconsistencia legislativa, que atenta contra la certeza del derecho y que desconoce el principio de legalidad que se impone por nuestra Carta Política. En este numeral 3o la facultad que se otorga al Director de la Seccional de Orden Público para hacer la señalada remisión “previa determinación de los expedientes con relación a los cuales se deba dictar auto inhibitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la ‘Ley sobre descongestión de despachos judiciales’ ”, resulta contraria a la Constitución, ya que además de la inconsistencia indicada tal funcionario cumple funciones administrativas y la decisión de si se debe dictar o no “auto inhibitorio” es de clara naturaleza jurisdiccional. Pero como si fuera poco es evidente que se pretende darle a una ley posterior un .efecto retroactivo.

Señala en consecuencia la Corte que el posterior aparecimiento del citado artículo 118, que dispone que “las indagaciones o diligencias preliminares en las que después de dos (2) años de iniciadas no se haya logrado determinar o identificar persona o personas imputadas, serán objeto de auto inhibitorio con fuerza de cosa juzgada”, incorporado a la norma revisada, viola ostensiblemente el ordenamiento constitucional, aun cuando los efectos perseguidos por el legislador extraordinario se logren en la práctica, pese a la inexequibilidad que con claro fundamento en la Carta Política se declara a partir de la expresión “previa determinación de los expedientes con relación a los cuales se deba dictar auto inhibitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la ‘Ley sobre descongestión de los despachos judiciales’ ”.

Es preciso agregar que el parágrafo del artículo 1º por el cual se dispone que “en los procesos de competencia de la jurisdicción de orden público, no habrá audiencia pública en ningún caso” guarda plena coherencia con lo dispuesto en el Decreto 2790 de 1990, declarado exequible por esta Corte en la parte que autoriza la reserva de la identidad de los jueces consagrada en ese estatuto. Por tanto, es exequible el parágrafo en comento.

Es claro que, como dijo la Corte, en su oportunidad, tales procedimientos no desconocen ni pueden desconocer las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa. Lo anterior si se tiene en cuenta que el artículo 46 de aquel estatuto garantiza a los sujetos procesales y a la parte civil la posibilidad, durante un término de ocho (8) días contados a partir del vencimiento del período probatorio, de presentar sus alegatos de conclusión. Se sustituye de esta manera la audiencia pública por la alegación escrita, cuya certeza puede ser aún mayor, por las especiales características del proceso en esta jurisdicción.

El artículo 2o deroga el 32 del Decreto 2790 de 1990, estableciendo términos para recibir indagatoria, otorgando competencia al Director Seccional de Orden Público para, en el caso de un número plural de sindicados, asignar varios jueces para recibirlas. También otorga al juez de orden público la facultad para, en consideración a la distancia, comisionar a los Jueces de Instrucción Criminal ambulantes para recibirlas.

Estas disposiciones de carácter procedimental no atenían contra principios superiores consagrados en la Carta, y consultan el debido proceso. Puede el legislador, igualmente con facultad para ello, expedir la reglamentación que se examina, resultando así conforme a la Constitución Nacional. Pero, además, en consonancia con el parágrafo del artículo 9o del Decreto 2790 de 1990, estas disposiciones están encaminadas a la mayor eficacia y agilidad en el cumplimiento de la ley, bajo el rigor de los principios constitucionales fundamentales y especialmente del principio de favorabilidad que desarrolla el Estatuto Judicial al reafirmar que “en todo caso la ley sustancial favorable o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable".

El inciso final del mismo artículo 2° preceptúa que la designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal, desde el momento de la indagatoria o declaratoria de reo ausente, dejando a salvo el derecho de defensa, al permitir al sindicado cambiar de apoderado en cualquier momento. Se indica, además que la incomunicación del sindicado se levantará, en todo caso, al culminar la indagatoria.

Los términos previstos en el artículo analizado, en concordancia con los señalados en los artículos 26 del Estatuto y 3o del Decreto 390 de 1991, dan certeza sobre la duración de la incomunicación, la recepción de indagatoria y la definición de la situación jurídica del sindicado, consultando de ese modo las exigencias del debido proceso que consagra la Carta Política.

El artículo 3o que reforma el artículo 33 del Decreto 2790 de 1990, subrogado por el Decreto 099 de 1991, además de fijar términos para definir la situación jurídica del o de los sindicados, ordena que, en el mismo auto, se decreten las pruebas que el juez considere que se deben practicar para adelantar la instrucción, debiendo remitirse a su vez copia completa de la actuación a la Unidad Investigativa de Orden Público que considere pertinente, la cual las practicará, además de las que estime conducentes, dentro del término que se le señala, el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole. Esta última previsión permite al juez cómo director de la instrucción ampliar el plazo para la práctica de pruebas cuando, en el recto entendimiento de la norma, las circunstancias así lo exijan, y en desarrollo de la obligación que comprende a los funcionarios judiciales adelantar la defensa de la sociedad frente al delito consagrado en la Carta Política (art. 16 C.N.). Y no desconoce las exigencias del debido proceso la disposición, como lo expresa la vista fiscal, al otorgar facultad al juez para ampliar el término que él mismo había fijado, cuando resulte insuficiente para el desarrollo del cometido probatorio. Nótese que de todos modos se impone al juez la fijación de términos para la práctica de las pruebas, que no pueden, sin que el funcionario incurra en conducta antijurídica, ser establecidas de manera caprichosa como lo supone el Ministerio Público.

Establece también el artículo 3o la facultad del Juez de Instrucción de Orden Público para solicitar informes sobre el curso de la investigación y la obligación de obtener inmediata respuesta. De otra parte, dispone que el cuaderno original será conservado por la Dirección Seccional de Orden Público y adicionado con las diligencias y actuaciones a fin de entregarlo al juez debidamente actualizado para que pueda estudiarlo y decidir.

El artículo 4o subroga el artículo 11 del Decreto 2790 de 1990, que fijó nuevas competencias para los jueces penales y promiscuos del circuito, en primera instancia, y señaló el procedimiento aplicable de manera general y en el caso de los procesos en curso, según el estado de adelantamiento en que se encuentren. La modificación consistió en eliminar para estos casos el grado de consulta. Como bien lo sostiene el concepto del Ministerio Público “esta supresión de la consulta (mecanismo de control automático), al hacer más ágiles los trámites de esta clase de asuntos, no limita el ejercicio del derecho de defensa de las partes, pues éstas conservan el derecho a recurrir la decisión a que haya lugar”.

El artículo 5o dispone la vigencia del decreto a partir de la fecha de su publicación, y el carácter transitorio de su reglamentación, al expresar que ésta sólo suspende las “normas que le sean contrarias” para cumplir así, de manera formal, con lo establecido sobre el particular por el artículo 121 de la Carta Política.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto fiscal,

RESUELVE:

Es CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo No. 390 de 8 de febrero de 1991, “por el cual se modifica, adiciona y complementa el estatuto para la defensa de la justicia, contenido en el Decreto Legislativo No. 2790 de 1990 y su complementario 099 de 1991”, salvo la frase “previa determinación de los expedientes con relación a los cuales se deba dictar auto inhibitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la ‘Ley sobre descongestión de despachos judiciales’ ” del numeral 3o del artículo 1° de este decreto, que se declara inexequible.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera (salvo mi voto), Ricardo Calvete Rangel (salvo voto), Jorge Carreño Luengas, Manuel E. Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro A. Escobar Trujillo, Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta (con salvamento de. voto), Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia (salvo parcialmente el voto), Jorge Iván Palacio Palacio, Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto), Jaime Sanín Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez (salvo mi voto), Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo dé Sanjuán

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO

“Por las opiniones de discrepancia manifestadas ante el fallo de exequibilidad del Decreto Legislativo 2790 de 1990, y por ser éste una clara continuación de dicha política desconocedora de los derechos universalmente aceptados como debido proceso, respecto a las formas propias del juicio y derecho a la defensa, que igualmente son vulneradas por este decreto, debemos manifestar nuestro respetuoso y enérgico rechazo al juicio de constitucionalidad que de manera mayoritaria juzga la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia respecto del Decreto Legislativo 390 de 1991, con relación a los siguientes puntos:

Si lo reconoció la decisión mayoritaria en el fallo del Decreto 2790, que la legislación nacional venía presentando una marcada tendencia acusatoria y que en el Decreto de Salvación de la Justicia así mismo se revelaba; si el propio Ministro de Justicia en alguna de sus declaraciones había manifestado que este procedimiento era una verdadera iniciación a esa especial forma de juzgamiento, es realmente una insensatez que no exista audiencia pública en estos procesos, porque, como ya lo habíamos sostenido en nuestro pasado Salvamento de Voto, las características del proceso de tendencia acusatoria son la realización de las tres funciones fundamentales del proceso (acusación, defensa y juzgamiento) por tres autoridades diversas y autónomas entre sí, esto es Fiscalía, defensor y juez y que si bien en la primera parte investigativa del proceso no hay derecho de defensa, ni controversia probatoria, ello se justifica porque en esta etapa procesal no hay en realidad práctica de pruebas, sino que el Fiscal con el auxilio de la Policía Judicial se limita a recolectar la prueba con la cual posteriormente fundamenta la acusación ante el juez respectivo, porque realmente la única práctica de pruebas en este proceso es la que se realiza en la Audiencia Pública de allí que en otros sistemas, donde predomina esta forma de juzgamiento, prueba que no es practicada en la Audiencia Pública no existe y es por ello que el derecho de defensa y controversia probatoria están plenamente garantizados en la diligencia de Audiencia Pública.

Es por lo anterior que sosteníamos que era una verdadera insensatez, que un sistema procesal que presume ser una iniciación al sistema acusatorio prevea la inexistencia de la Audiencia Pública y ello es más grave y más claramente violatorio del contenido del artículo 26 de la Carta si se recuerda que en la etapa preliminar no hay derecho de defensa, ni posibilidad de controversia de la prueba, tanto es así que a los medios de convicción que son practicados por la Policía Judicial por iniciativa oficiosa, sólo puede asistir, teóricamente hablando, el agente del Ministerio Público y tampoco hay controversia probatoria en el sumario, puesto que expresamente se difiere la misma para la etapa de la causa y existe la posibilidad que el juez reserve al conocimiento de las partes aquellos medios de convicción o aquellas decisiones que considere no deben ser conocidas por los agentes procesales antes del cierre de la investigación. Debe igualmente recordarse que el artículo 43 prevé la posibilidad de que aquellas pruebas practicadas por la Policía Judicial y que fueren repetibles en el juicio, podrán serlo pero si al juicio se le elimina la audiencia, necesariamente se habrá de reconocer que las posibilidades de ejercer el derecho de defensa y el de contradicción probatoria se reducen a su mínima expresión, hasta poderse afirmar que realmente las garantías procesales de rango constitucional han desaparecido en esta forma de procedimiento.

Afirma la Corte por decisión mayoritaria que la desaparición de la audiencia pública en estos procesos “guarda plena coherencia con lo dispuesto en el Decreto 2790 de 1990, declarado exequible por esta Corte en la parte que autoriza la reserva de la identidad de los jueces consagrada en ese estatuto. Por tanto es exequible el parágrafo en comento” y que se garantiza el derecho a la defensa, puesto que se otorga un plazo de ocho (8) días para presentar sus alegatos de conclusión por las partes, rematando que de esta manera se sustituye la Audiencia Pública por la alegación escrita, es no decir nada, o mejor es dar razones de conveniencia mas no de exequibilidad, que son las que entendemos debe dar esta Corporación cuando realiza este tipo de control constitucional, porque esta norma tiene que ser concordada con los artículos a que antes hicimos alusión y que cercenan y recortan el derecho defensivo y la contradicción probatoria a límites verdaderamente inaceptables dentro de un verdadero estado de derecho, ya que debe recordarse que a pesar de no existir derecho a la defensa en la etapa de indagación preliminar, ni tampoco como consecuencia lógica de derecho de contradicción, era la etapa de Audiencia Pública donde finalmente las partes tendrían la oportunidad para contrainterrogar testigos y de realizar en el último momento del proceso, y por primera vez dentro de él, una verdadera contradicción a los medios de convicción. No puede pretenderse que el simple derecho a presentar un alegato de conclusión pueda llegar a convertirse en un verdadero medio de sustentación de la diligencia de Audiencia Pública.

Es por las razones anteriores que el parágrafo comentado lo consideramos claramente contrario a la integridad de la Carta.

2. El inciso final del artículo 2o del decreto comentado, en cuanto consagra “el derecho” para designar defensor desde el momento de la indagatoria o desde el momento de declaratoria de reo ausente es claramente inconstitucional, en cuanto limita en el tiempo el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente intemporalmente, es decir, desde el mismo momento es que surge la imputación, y la situación es todavía mucho más grave si se recuerda que el artículo 34 del Decreto 2790 confiere al Juez la arbitraria facultad de diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con el desarrollo del mismo, porque necesariamente dichas normas tienen que ser concordadas, puesto que hacen parte de un mismo estatuto dictado en varias etapas, porque basta que el juez quiera negar posibilidades totales de defensa para que simplemente difiera la vinculación del sindicado y por tal decisión quitarle el derecho de designar defensor, por lo cual habría de concluirse que la existencia de este derecho constitucional dependerá no del imperativo mandato de la Carta, sino del criterio caprichoso o arbitrario del funcionario judicial, que a su libre entendimiento, pues no son otras las directrices señaladas cuando se dice que “conforme a las necesidades de la investigación”, que es lo que establece el artículo que recordamos.

Por ello consideramos como claramente violatorio del derecho constitucional de defensa del inciso del artículo, por lo que manifestamos nuestro rechazo.

3. También estimamos violatorio de la integridad de la Carta el primer inciso del artículo 3o, en cuanto prohíbe al juez poder practicar pruebas en el sumario, puesto que dispone que una vez recibida la indagatoria en el mismo auto determinará las pruebas que se deben practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la unidad investigativa de orden público que considere pertinente, porque las inflexiones verbales determinará y remitirá son un claro mandato imperativo insoslayable y esto viene a remarcar lo que en el Salvamento de Voto anterior habíamos denunciado, es una clara administrativización de la justicia, donde las autoridades de la Policía Judicial dejan de ser colaboradores de los jueces, para convertirse en verdaderos sustitutos de los mismos.

¿Qué tiene que ver la recuperación del orden público violado con que los jueces pierdan sus funciones investigativas de trascendental importancia en la labor de juzgamiento ¿No es simplemente la evidenciación de una política que demuestra su vocación de cercenar la independencia y autonomía de la judicatura en Colombia, para que sean funcionarios del Ejecutivo quienes realicen las labores de juzgamiento, de la misma manera que ha sustituido la tarea legislativa del Congreso por medio de una incontenible y copiosa función legiferante

Porque también vulnera el debido proceso y las formas propias del juicio el disponer que los miembros de la Policía Judicial pueden practicar las pruebas decretadas, así como las que estime conducentes, porque el otorgarle facultades de investigación oficiosa constituye una clara sustitución de funciones que siempre han sido claramente jurisdiccional, pues se trata de una etapa más, la previa al proceso de juzgamiento.

Hemos venido sosteniendo hasta el cansancio, y nunca sobrará que se repite una vez más, que es consustancial al debido proceso y al respeto de las formas propias del juicio, el que las leyes procesales sean ordinarias o extraordinarias, como las que ahora se comentan, que tengan todas las ritualidades, recursos, formalidades; términos, etc., que son consustanciales a un concepto teórico de lo que es y debe ser el debido proceso, por ello es que su más claro desconocimiento no se da precisamente en el trámite del proceso, cuando el funcionario arbitrariamente desconoce aquellas ritualidades que están previstas legislativamente, sino que su verdadera y más grave conculcación se presenta por parte del legislativo, cuando dicta leyes que prevén la existencia de un proceso sin formas y ritos que aseguren los derechos y garantías fundamentales de las partes procesales, porque siempre lo hemos afirmado: los ritos y formas no surgen de la omnímoda y caprichosa voluntad del legislador, sino que tales formas y ritos constituyen una verdadera garantía para los derechos de las partes. Es por ello que cuando el artículo 20 del Decreto 2790 prevé la posibilidad de que los miembros de la Policía Judicial pueden practicar pruebas e incorporar las que se pongan a su disposición “sin expedir acto que así lo ordene”, simplemente se está propiciando la arbitrariedad; se está negando la publicidad que debe tener el proceso penal, porque la previa existencia de un auto para la práctica de las pruebas tiene como específica finalidad garantizar la publicidad del proceso y de los medios de convicción, para con ella poder asegurar el derecho a la defensa y la contradicción probatoria. Pero si los medios de convicción pueden practicarse e incorporarse sin auto que así lo ordene, ¿qué posibilidades de notificarse pueden tener las partes y de defenderse o contradecir tales medios probatorios Es manifiesta entonces la vulneración de la integridad constitucional, y es por ello que salvamos nuestro voto.

Y esa autoridad ilimitada que se consagra para los miembros de la Policía Judicial, de manera igualmente arbitraria se consagra para los jueces, en cuanto pueden prorrogar el término de comisión a la Policía Judicial “sin formalidades de ninguna índole”.

Parece que fuera criterio del señor Presidente de la República y de su señor Ministro de Justicia que la única forma de recobrar el orden público perdido es eliminando las garantías y ritos procesales. Es el claro propósito de adelantar el proceso penal a espaldas de las partes y especialmente de los procesados y sus defensores. Es la nítida intención de crear un proceso arbitrario, sin formalidades legales, donde la omnímoda voluntad de policías y jueces es la que impone los términos y ritos que deben seguirse, o, mejor, aquellos que precisamente no deben seguirse. El que un término de comisión se prorrogue por medio de un auto, para que las partes se puedan enterar de lo que ocurre en el proceso, ¿tendrá incidencias negativas en la recuperación del orden público perdido Creemos que no, sino que es una vocación de limitar las posibilidades defensivas, de eliminar las formas propias del juicio para que la arbitrariedad se consagre en el proceso, es disminuir los procesos y las posibilidades de contradicción probatoria. Porque siempre lo hemos sostenido en muchas ocasiones, el mejor instrumento represor a que puede acudir el Estado no es por el aumento de las penas, sino por medio de la norma procesal, porque a través de la eliminación de las garantías o de la limitación de las mismas es que más fácilmente se obtienen los dividendos de condena, que son los que finalmente busca la represión, pero recuérdese que eso no es administración de justicia.

Por la ausencia de formalidades de este especial proceso, siendo aquéllas las únicas que pueden garantizar la existencia del debido proceso es que salvamos nuestro voto.

Rafael Baquero Herrera, Jorge Enrique Valencia Martínez, Pedro Lafont Pianetta, Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel.

SALVAMENTO DE VOTO

Con nuestro habitual respeto por las decisiones de mayoría, manifestamos brevemente las razones de nuestro disentimiento con la declaratoria de constitucionalidad del numeral 1º del artículo 1º del Decreto Legislativo 390/91 que dice:

"... Los procesos en que se haya proferido auto de citación para audiencia, resolución acusatoria o auto de proceder, o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el concepto de fondo, los distribuirá entre los Jueces de Conocimiento de Orden Público para que éstos continúen el trámite con el procedimiento establecido para el juicio en los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991. Si alguna de las decisiones anteriores no estuviere ejecutoriada, el expediente se dejará en la Sección Jurisdiccional, hasta cuando ésta se produzca...”, por cuanto:

Si bien es cierto que con base en el artículo 121 de la Constitución el Gobierno puede introducir cambios en los ordenamientos punitivo y procesal ordinarios, para crear nuevos tipos penales juzgados convenientes en el restablecimiento del orden turbado y para asignar su conocimiento a jurisdicciones especiales excepto la militar, o para redistribuir competencias por delitos ya existentes, también lo es que siempre el legislador extraordinario, cumpliendo estrictamente el mandato referido, señalaba invariablemente que esas competencias atribuidas eran “para hechos ocurridos a partir de la vigencia” de la norma de excepción;

b) Despojar de la competencia a la jurisdicción ordinaria de los casos que ella está adelantando (actuaciones y procesos), es tanto como aceptar que el desarrollo de la misma por los Jueces naturales de estirpe constitucional es la causa de la alteración del orden público, lo cual resulta absurdo en nuestro sentir, así la medida pretenda justificarse como instrumentos de protección para los jueces;

c) El control constitucional nuestro es jurídico no por conveniencia, y además el deber que tiene el Estado de brindar la debida protección a los Jueces Ordinarios no desaparece con la creación de una jurisdicción sin identidad conocida de sus titulares.

El despojo del conocimiento de esos procesos avanzados vuelve la norma de excepción en permanente y de efectos retroactivos, lo cual nunca puede serlo respecto de Decretos Legislativos de estado de sitio, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia.

Dídimo Páez Velandia.

Fecha, ut supra.

(Mayo 16/91).