Sentencia 199102092448234 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema30030020221199102092448234Pedro Escobar Trujillo199125/04/1991199102092448234_Pedro Escobar Trujillo_1991_25/04/1991300202191991

Ignacio Castilla Castilla1991020924482342448INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL CONTRA LAS REGLAS 160 Y 344 DEL ARTICULO 1o DEL DECRETO 2282 DE 1989.Identificadores30030068210true1146304original30068235Identificadores

Norma demandada: �INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL CONTRA LAS REGLAS 160 Y 344 DEL ARTICULO 1o DEL DECRETO 2282 DE 1989.

Acci�n de inconstitucionalidad parcial contra las reglas 160 y 344 del art�culo 1� del Decreto 2282 de. 1989.

Temas: Restituci�n al tercero poseedor; levantamiento del embargo y secuestro.

No se desconocen los principios del derecho de defensa ni la protecci�n de los bienes.

En ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad consagrada en el art�culo 214 de la Carta el ciudadano Ignacio Castilla Castilla solicita a la Corte que declare parcialmente inexequibles las reglas 160 y 344 del art�culo 1� del Decreto 2282 de 1989.

Se transcriben los art�culos impugnados, subray�ndose los apartes sobre los que recae la acusaci�n:

�1. Si el tercero poseedor con derecho a oponerse no hubiere estado presente al practicarse la diligencia de entrega, podr� solicitar al juez de conocimiento dentro de los treinta d�as siguientes, que se le restituya en su posesi�n. La solicitud se tramitar� como incidente, en el cual el opositor deber� probar su posesi�n. Si se decide desfavorablemente al tercero, �ste ser� condenado a pagar multa de diez a veinte salarios m�nimos mensuales, costas y perjuicios.

�Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantar�n el embargo y secuestro en los siguientes casos:

�8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la pr�ctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte d�as siguientes, que se declare que ten�a la posesi�n material del bien al tiempo en que aqu�lla se practic�, y obtiene decisi�n favorable. La solicitud se tramitar� como incidente, en el cual el solicitante deber� probar su posesi�n.�

El actor demanda los t�rminos previstos en el par�grafo 4o de la regla 160 y en el numeral 8 de la 344 para que el tercero poseedor solicite el levantamiento del embargo y secuestro o la restituci�n en la posesi�n, por considerarlos violatorios de los art�culos 16, 26 y 30 de la Carta. Son sus razones las que a continuaci�n se resumen:

1. El derecho de defensa del tercero poseedor resulta desconocido, pues el t�rmino se cuenta a partir de la pr�ctica de una diligencia en la que no estuvo presente, esto es, corre �a sus espaldas�, y al �ste vencer precluye la oportunidad procesal que tiene para defenderse.

2. Se desconoce el derecho de propiedad puesto que en este evento el cr�dito insoluto se satisfar� con el producto del remate de bienes de terceros poseedores que, por precluir el t�rmino indicado, perdieron la posibilidad de obtener el desembargo del bien pose�do.

3. Se viola el art�culo 16 de la Carta, pues al permitirse el embargo de bienes de terceros que no presenciaron la diligencia y al neg�rsele a �stos su derecho de defenderse mediante el incidente de desembargo que les precluy� en su ignorancia y a sus espaldas, lejos se est� de amparar y de proteger los bienes de esos terceros.

En cuanto al t�rmino previsto en el par�grafo 4� del art�culo 338, se�ala que al igual que en el caso anterior, se violan los art�culos 16, 26 y 30 de la Carta, pues al vencimiento del t�rmino de 30 d�as el poseedor ausente de la diligencia de entrega, pierde el bien pose�do, lo cual significa no se est�n protegiendo sus bienes y que no se le da oportunidad de defenderse, toda vez que �el t�rmino corre a sus espaldas�.

El se�or Procurador General de la Naci�n reitera los conceptos rendidos en los expedientes 2185, 2195 y 2.216, entre otros, en los cuales ha sostenido que �las expresiones ling��sticas por s� solas no violan el Ordenamiento Superior�, y por ello solicita a la Corte inhibirse para decidir en el fondo la inexequibilidad planteada.

Sostiene la Vista Fiscal que las frases demandadas contenidas en las reglas 160 par�grafo 4 y numeral 8 de la 344 �no constituyen preceptos aut�nomos, toda vez que resultan ser unos t�rminos dentro de los cuales deben ejercerse los derechos contenidos en las normas�.

Finaliza el parecer Fiscal advirtiendo que como "en caso de prosperar la acci�n de inconstitucionalidad se estar�a dando nacimiento a unas normas jur�dicas distintas de las concebidas por el legislador�, la Corte debe inhibirse de emitir pronunciamiento pues �de lo contrario, se convertir�a en legislador�, cuando, como lo ha expresado en oportunidades anteriores:

�En la relaci�n legislador-juez Constitucional, debe tenerse especial cuidado de no incidir en la distribuci�n de las competencias que la Carta Fundamental asigna en forma precisa a cada una de las ramas del Poder P�blico; ha de evitarse que las decisiones tomadas por el juez constitucional lo conviertan irregularmente en legislador, invadiendo la �rbita de las atribuciones del Congreso.�

Dado que el decreto a que pertenecen las disposiciones parcialmente acusadas fue dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri� el Congreso con arreglo al art�culo 76-12 de la Carta, compete a la Corte decidir sobre su exequibilidad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2o del art�culo 214 ib�dem.

Como es ya tradicional, ante demandas parciales de un art�culo, la Procuradur�a solicita a la Corte que se abstenga de decidir sobre las expresiones acusadas, por considerar que una decisi�n sobre las mismas dar�a nacimiento a normas jur�dicas distintas de las concebidas por el legislador y que con dicho proceder la Corte estar�a invadiendo la �rbita de competencia de este �ltimo.

Dest�case que con respecto a m�ltiples Vistas Fiscales anteriores a la que nos ocupa, la Corte ha tenido que rechazar sistem�ticamente este argumento y por ende, la propuesta de fallo inhibitorio por pretendida proposici�n jur�dica incompleta que con base en �l se propone y lo ha hecho con s�lidos y reiterados fundamentaos, los cuales, as� no hayan logrado aceptaci�n en el Ministerio P�blico, mal pueden sin embargo ser desatendidos ahora por la propia Corporaci�n que los sostiene.

A guisa de ejemplo, en Sentencia No. 177 de noviembre 22 de 1990 (proceso 2169, M.P. Dr. Rafael M�ndez Arango) la Corporaci�n desvirtu� dicho argumento con la siguiente consideraci�n:

�... la potestad entregada a la Corte para ejercer el control constitucional de las leyes, implica desde luego control de la funci�n legislativa, toda vez que siempre una decisi�n suya de inexequibilidad impide la aplicaci�n ulterior de preceptos legales que contrasten con las normas superiores y por ello podr�a interpretarse por algunos que la Corte se opone a la voluntad del legislador, sin embargo, cuando ello ocurre no se configura una indebida intromisi�n en la �rbita de competencia de �ste, dado que la potestad que ejerce est� debidamente autorizada por el propio constituyente para preservar la integridad de la Carta Pol�tica.�

As� pues, frente a la naturaleza del control jurisdiccional de la ley que le otorga la Constituci�n a la Corte, no es atendible la petici�n inhibitoria que, basada en la presunta invasi�n de la �rbita de competencia del legislador, plantea el Parecer Fiscal.

Sostiene tambi�n el Agente del Ministerio P�blico que las expresiones ling��sticas por s� solas no son susceptibles de quebrantar el Estatuto Fundamental y que por no constituir preceptos aut�nomos no pueden ser sometidas a control constitucional ante esta Corporaci�n.

No comparte tampoco la Corte esta tesis que se formula como enunciado general, pues conforme a su tradicional jurisprudencia, la debida estructuraci�n de la proposici�n jur�dica completa que posibilita una decisi�n de m�rito no est� determinada por la mayor o menor extensi�n de lo demandado sino por la autonom�a y suficiencia de lo acusado, esto es, por el hecho de que lo demandado ostente unidad normativa, lo cual en cada caso concreto depende de las caracter�sticas l�gico- jur�dicas y materiales del enunciado sometido a examen y de la propia norma o conjunto de normas del cual forma parte (Cfr. Sentencia No. 53 de agosto 31 de 1989, M.P. Dr. D�dimo P�ez Velandia y Sentencia No. 106 de agosto 9 de 1990, M.P. Dr. Fabio Mor�n D�az).

"... puede haber lugar a un pronunciamiento de fondo sobre un solo vocablo o t�rmino como puede ser necesario acusar uno o varios art�culos conjuntamente, pues lo que cuenta es que se d� la unidad normativa, esto es, que lo tachado sea suficiente y tenga autonom�a� (s.f.t. Sentencia No. 28 de febrero 22 de 1990, M. P. Dr. Jaime San�n Greiffenstein).

�la competencia de la Corte comprende el conocimiento de la constitucionalidad de frases, palabras o expresiones que dentro de una disposici�n normativa tengan sentido, unidad y eficacia jur�dicas...�

"... lo que se exige es que el objeto de lo acusado sea una norma jur�dica aut�noma que se encuentre formulada de modo completo y suficiente para producir efectos o ser eficaz, no obstante que dependa s�lo de una expresi�n, frase o palabra y que se demande �nicamente la declaratoria de inexequibilidad de �stas. En esta tarea y para examinar los fundamentos de una demanda, lo que constituye el concepto de proposici�n jur�dica completa es, como se advirti�, la suficiencia y la autonom�a de lo acusado, pues seg�n jurisprudencia reiterada de la Corte, esta condici�n acompa�a a todo precepto normativo cuando est� debidamente formado permitiendo la expresi�n formal y material de su significado y eficacia jur�dica� (Sentencias Nos. 151 de octubre 18 y 154 de octubre 25 de 1990, M. P. Dr. Fabio Mor�n D�az).

�... S�lo existe proposici�n jur�dica incompleta cuando se formulan demandas contra una parte de un precepto o contra uno o varios preceptos, que constituyen un aspecto parcial o incompleto de una totalidad inescindible...� (Sentencia No. 45 de junio 8 de 1982, proceso No. 943, M. P. Dr. Manuel Gaona Cruz).

Ahora bien, en el caso presente no se revela la falta de autonom�a que acarrear�a una decisi�n inhibitoria por proposici�n jur�dica incompleta, pues los fragmentos impugnados exhiben unidad y significado suficientes y por ende, pueden ser juzgados independientemente de las partes de los art�culos que no fueron objeto de la acci�n. En efecto, como lo reconoce el Procurador, las frases demandadas contenidas en las reglas 160 par�grafo 4 y el numeral 8 de la 344 que dicen: "dentro de los treinta d�as siguientes� y "dentro de los veinte d�as siguientes� aluden al t�rmino dentro del cual el tercero poseedor debe ejercer el derecho a solicitar la restituci�n de la posesi�n o el levantamiento del embargo y secuestro, aspecto que por no estar condicionado en su significado, vigencia, validez o eficacia por normas o fragmentos no impugnados, puede ser analizado con independencia de �stos, lo cual indica que el enunciado normativo contenido en los apartes impugnados es aut�noma, vale decir, que constituye una proposici�n jur�dica completa.

Prueba de este aserto es adem�s el hecho de que tales apartes tampoco condicionan el significado, vigencia o eficacia de las normas de que se desmembran, pues a�n en el caso en que se declarara su inexequibilidad, �stas mantendr�an plenamente su sentido y su aplicabilidad permanecer�a inc�lume.

Por lo expuesto, procede examinar el fondo de la petici�n, como en efecto se har�.

Juzga la Corte que es infundada la alegaci�n del actor seg�n la cual el establecimiento de t�rminos preclusivos para que los sujetos del proceso realicen sus actuaciones y ejerciten sus derechos violar�a el derecho de defensa. Por el contrario, su se�alamiento, que es competencia del legislador, encauza su actividad y asegura la conclusi�n en un per�odo cierto del debate, al tiempo que garantiza la plena efectividad de sus derechos al preverse las distintas etapas o fases procesales para que su ejercicio tenga lugar dentro de lapsos preestablecidos y de antemano conocidos. Por dem�s, es lo acorde con la t�cnica procesal que la ley precise el momento en que se debe cumplir una actuaci�n, cual sucede en el evento sub lite con los fragmentos sobre los que recae la impugnaci�n, en los que se determina el per�odo dentro del cual los terceros poseedores pueden ejercitar el derecho a solicitar se les restituya en la posesi�n del bien de la cual resultaron privados al practicarse la diligencia de entrega por no haber podido oponerse a ella, o se levante el embargo y secuestr� del bien que por esa misma raz�n fue practicado.

Ahora bien, de la circunstancia de que los prementados t�rminos se cuenten a partir de la fecha en que se realiza la digilencia<sic> de entrega o la de secuestro en su caso, no puede afirmarse v�lidamente que los t�rminos �corran a espaldas� del tercero poseedor. En efecto, de dichas diligencias quedan rastros tangibles y perceptibles, por manera que a�n en el caso en que al momento de practicarse se hallase ausente, gracias a ellos podr�a con posterioridad enterarse de lo ocurrido en las mismas.

Adem�s, rep�rese en el hecho de que el tercero poseedor cabe predicar el deber de vigilancia que por igual incumbe a quienes son titulares de derechos; de suerte que a aqu�l corresponde realizar todos los actos razonables que la preservaci�n de su integridad demande, siendo el m�nimo el de mantenerse al tanto de lo que acontece con el bien cuya posesi�n material detenta. No se olvide que, de acuerdo con la definici�n que de la posesi�n trae nuestro C�digo Civil, tal figura, a diferencia de la propiedad, supone la tenencia de la cosa con �nimo de se�or o due�o, sea que el due�o o el que se da por tal tenga la cosa por s� mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de �l (art. 762).

Es un hecho cierto que quien ejerce continuamente sus derechos y los vigila d�a a d�a, jam�s se ver� expuesto a perderlos en favor de otros como consecuencia de la caducidad o en virtud de la prescripci�n.

As� las cosas, el cargo de violaci�n al derecho de defensa no est� llamado a prosperar, toda vez que lo que podr�a acarrerar <sic> su desconocimiento es que en el proceso no se diera a los terceros poseedores que no se opusieron a la diligencia de entrega del bien o a la de secuestro, oportunidad para hacer valer sus derechos, lo cual en este caso no ocurre, pues parad�jicamente las normas que se tachan por presuntamente conculcarlo, lo aseguran al consagrar dicha posibilidad.

No sobra se�alar que los plazos que a ese fin se establecen y cuya constitucionalidad en esta oportunidad se cuestiona, son suficientes para que el tercero poseedor que no se hall� en el momento de la diligencia se entere de lo acontecido en ella, busque asistencia legal y promueva el incidente encaminado a obtener la restituci�n en la posesi�n o el levantamiento de la medida cautelar.

Vistas las cosas desde este �ngulo, tampoco se observa quebranto del derecho de propiedad consagrado en los art�culos 16 y 30 de la Carta que el demandante infiere a consecuencia del anterior, pues si concedida al tercero poseedor la oportunidad de defender su derecho no lo hace, su p�rdida s�lo a �l es imputable. Mal puede pretenderse que la tutela constitucional a los derechos adquiridos ampare la inacci�n o negligencia de quien siendo titular de alguno, omite defenderlo a pesar de tener la posibilidad de hacerlo. Obs�rvese adicionalmente que lo dispuesto en los apartes impugnados se circunscribe a la extinci�n de las facultades a que precisamente all� se hace referencia y no se extiende al derecho de propiedad en la hip�tesis del poseedor en quien concurra adem�s la condici�n de propietario; nada impide que �ste ejercite posteriormente la acci�n reivindicatoria que comporta la titularidad del dominio, para recobrar la plenitud de los atributos de su derecho de propiedad, inclusive despu�s de rematada la cosa, pues como lo tiene sentado la jurisprudencia nacional, el remate de cosa ajena es inoponible al verdadero due�o; o que el comprador que resulte privado en todo o en parte de la cosa comprada a causa de sentencia judicial, conforme a los art�culos 1893 y ss. del C.C. intente contra el vendedor la acci�n de saneamiento por evicci�n, para que por esa v�a obtenga las indemnizaciones y restituciones contempladas en la ley civil.

Finalmente destaca la Corte que no debe perderse de vista que en procura de salvaguardar los derechos de los terceros mal puede la ley desguarnecer a quien acude a la v�a judicial para lograr la efectividad de su derecho subjetivo, como que su misi�n es dar protecci�n y garant�a a los derechos sustantivos de ambos sujetos, dentro de una regulaci�n que armonice sus intereses.

A ese fin apunta en el campo procesal la regulaci�n normativa de los efectos jur�dicos del tiempo, pues pi�nsese que si el tercero poseedor pudiera indefinidamente hacer valer su derecho, el del demandante a hacer efectivo dentro de un plazo prudencial el que reclama por la v�a judicial, que merece igual protecci�n, se har�a nugatorio.

Arr�base as� a la conclusi�n de que los fragmentos atacados no contrar�an los preceptos constitucionales que el actor estima ofendidos ni ning�n otro de la Carta. Se impone por ende, declararlos exequibles.

En m�rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n,

Es exequible la frase �dentro de los treinta d�as siguientes� contenida en el par�grafo 4o de la regla 160 del art�culo 1� del Decreto 2282 de 1989, que modific� el art�culo 338 del C�digo de Procedimiento Civil.

Es EXEQUIBLE la frase �dentro de los Veinte d�as siguientes� contenida en la regla 344 del art�culo 1� del Decreto 2282 de 1989, que modific� el art�culo 687 del mismo ordenamiento

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Pablo C�ceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carre�o Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Gustavo G�mez Vel�squez, (salvamento de voto); Carlos Esteban Jaramillo, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, (con salvamento parcial de voto); Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, D�dimo P�ez Velandia, (salvo voto parcialmente); Jorge Iv�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Rafael Romero Sierra, Jaime San�n Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde.