300Corte SupremaCorte Suprema30030020208199102092448169Fabio Morón Díaz199115/04/1991199102092448169_Fabio Morón Díaz_1991_15/04/1991300202061991
Jesús María Sanguino Sánch1991020924481692448ARTICULOS 6o NUMERAL 7; 15 INCISO PRIMERO; 28;32; 37; 40; 27 INCISO SEGUNDO; 30, NUMERAL 6o; 35; 48, NUMERALES 2 Y 3, DEL DECERTO 350 DE 1989. CONCORDATOS PREVENTIVOS.Identificadores30030066697true1142875original30066723Identificadores

Norma demandada:  ARTICULOS 6o NUMERAL 7; 15 INCISO PRIMERO; 28;32; 37; 40; 27 INCISO SEGUNDO; 30, NUMERAL 6o; 35; 48, NUMERALES 2 Y 3, DEL DECERTO 350 DE 1989. CONCORDATOS PREVENTIVOS.


Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Referencia: Expediente número 2222.

Acción pública de inexequibilidad contra los artículos 6o numeral 7; 15 inciso primero; 28; 32; 37; 40; 27 inciso segundo; 30, numeral 6°; 35; 48, numerales 2 y 3, del Decreto 350 de 1989. Concordatos Preventivos.

Actor: Jesús María Sanguino Sánchez

Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz

Aprobada por Acta No. 15.

Bogotá, D.E., abril quince (15) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Jesús María Sanguino Sánchez, en ejercicio de la acción pública que establece el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó escrito de demanda en el que solicita a esta Corporación que declare la inexequibilidad de las disposiciones del Decreto-ley 350 de 1989, que se transcriben más adelante.

Se admitió la demanda y se ordenó su traslado al despacho del señor Procurador General de la Nación para efectos de obtener el concepto fiscal correspondiente una vez recibido éste y cumplidos como se encuentran todos los trámites previstos por la Constitución Nacional y por el Decreto 432 de 1969, procede la Corte a pronunciar resolución de mérito.

II. LO ACUSADO

Las siguientes son las disposiciones acusadas que se transcriben en el orden que presenta el actor de conformidad con el planteamiento de los cargos que formula:

«DECRETO NUMERO 350 DE 1989

(Febrero 16)

“Por el cual se expide un nuevo régimen de los concordatos preventivos.”

“El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial las que le confiere la Ley 51 de 1988,

DECRETA:

“……

Artículo 6°. El juez en el auto que admita el trámite del concordato deberá:

“……

“7º. Decretar el embargo de los activos fijos de la empresa cuya enajenación esté sujeta a registro, declarados en la relación de activos de la misma, y liberar de inmediato los oficios a las correspondientes oficinas para su inscripción. Si en ellas aparece algún embargo registrado sobre tales bienes o derechos, éste será cancelado, y a continuación se inscribirá el ordenado por el juez del concordato y se dará aviso a los funcionarios correspondientes.

“……..

“Artículo 15. Los embargos y secuestros practicados en los procesos remitidos seguirán vigentes a órdenes del juez del concordato, lo cual será comunicado por éste a los respectivos secuestres.

“…….

“Artículo 28. Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia preliminar, el juez calificará, graduará y determinará las bases para liquidar los créditos reconocidos y admitidos, de acuerdo con la verificación efectuada en dicha audiencia y los demás elementos de juicio de que disponga. El juez proferirá esta decisión con preferencia a cualquier asunto que esté a su despacho.

“Si para resolver sobre las objeciones, el juez considera necesario practicar algunas de las pruebas solicitadas, así lo dispondrá y negará las demás, por auto que no tendrá recursos, y las practicará dentro de los 20 días siguientes.

“En el auto de calificación y graduación de créditos, el juez deberá determinar la prelación para el pago y los privilegios o preferencias que la ley establece.

“En el mismo auto el juez impondrá a quienes se les haya rechazado por temeridad o mala fe, objeción contra algún crédito, multa equivalente al 10% del valor objetado. Cuando la objeción no se refiera a la cuantía del crédito, la multa será de 10 a 50 salarios mínimos mensuales; si la objeción fuere por ambos motivos se impondrá la multa que resultare mayor.

“El auto que haga la calificación de los créditos y decida sobre las objeciones a los mismos, sólo tendrá apelación en el efecto devolutivo, caso en el cual en el acuerdo concordatario se hará la reserva correspondiente al valor objetado de los respectivos créditos. No obstante, contra la multa sólo procede recurso de reposición. Estos recursos deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes al ingreso del expediente al despacho, so pena de incurrir el juez en mala conducta, salvo que pruebe causa que justifique la demora.

“Artículo 32. Si la segunda reunión no se efectúa por falta del quórum indicado en el artículo anterior, el juez declarará, dentro de los 3 días siguientes, fracasado el concordato por auto que no tendrá recurso alguno.

“……..

“Artículo 37. Si no se cumple el concordato, el juez de oficio o a petición de parte, lo declarará terminado mediante incidente.

“El auto que admita el incidente se notificará personalmente al empresario. Si esto no fuere posible, se notificará por edicto que se fijará en la Secretaría por el término de 5 días y copia del mismo se enviará por correo certificado a la última dirección del empresario que figure en el expediente.

“Los acreedores serán notificados mediante edicto que se fijará en la Secretaría por 5 días, y se publicará por una vez en un diario de amplia circulación nacional y en el lugar del domicilio principal del empresario.

“La terminación del concordato por incumplimiento no afectará los actos ejecutados en desarrollo del mismo y autorizados en él. El auto que declare terminado el concordato se notificará por estado, y contra el mismo procederán los recursos de reposición y apelación en el efecto suspensivo.

“Artículo 40. En cualquier estado del trámite del concordato, el juez de oficio o a petición del contralor o de cualquier acreedor, podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias.

“Artículo 41. A solicitud del contralor o de la junta de acreedores, el juez decretará, en cualquier momento, el levantamiento de las medidas cautelares, si lo considera conveniente para el buen funcionamiento de la empresa, o si fuere indispensable la enajenación o gravamen de algún bien que se encuentre sujeto a ellas.

“Artículo 27…..

“El empresario sólo podrá objetar las obligaciones por él relacionadas, cuando los acreedores reclamen créditos de cuantía superior o de naturaleza diferente.

“…..

“Artículo 30…….

“……

“6o. Cuando a la audiencia no concurrieren, sin causa justificada, el empresario, su representante o apoderado, y no se presentare dentro de los 3 días siguientes prueba siquiera sumaria que justifique la no comparecencia, el juez citará a nueva reunión para continuar la audiencia, en la que podrá aprobarse el concordato con el solo voto de los acreedores a que se refiere la regla 5a.

“………

Artículo 35. Una vez aprobado el concordato, el juez ordenará la cancelación o la reforma de los gravámenes constituidos sobre los bienes de la empresa, conforme a los términos convenidos en el acuerdo.

“Si el concordato se declara terminado por incumplimiento los gravámenes constituidos con anterioridad a aquél se restablecerán para asegurar el pago de los saldos insolutos de los créditos amparados con tales garantías, siempre que en cumplimiento de lo acordado no se hubieren enajenado los bienes. Si éstos hubieren sido enajenados, dichos acreedores gozarán de la misma prelación que les otorgaba el gravamen para que se les pague el saldo insoluto de sus créditos, hasta concurrencia del monto por el cual haya sido enajenado el respectivo bien.

“Artículo 48……

“…….

“2o. Las sociedades de economía mixta con aportes estatales superiores al 50% del capital social.

“3o. Las empresas industriales y comerciales del Estado.

“Las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado a que se refiere este artículo, no podrán ser declaradas en quiebra. Cuando no pueda celebrarse concordato, o éste no sea aprobado o no se cumpla, serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades conforme a las reglas previstas en el Código de Comercio para la liquidación de sociedades por acciones.”»

III. LA DEMANDA

1. Normas constitucionales que se estiman violadas

a) Para el actor el numeral 7° del artículo 6o, el inciso 1º del artículo 15 y los artículos 28, 32, 37, 40 y 41 del Decreto-ley 350 de 1989, violan los artículos 55, 58 y 61 de la Carta Fundamental;

b) Además, estima que el inciso 2o del artículo 27, el numeral 6o del artículo 30, el artículo 35 y los numerales 2o y 3o del artículo 48 del mismo Decreto-ley 350 de 1989, son contrarios a lo previsto en los artículos 26, 27, 30, 55, 76 numerales 1, 2, 12, 118, 119 y 120 de la Constitución Nacional.

2. Fundamentos de la demanda

El actor divide el concepto de la violación en dos capítulos, así:

a) Considera que es inconstitucional la remisión que hace el artículo 52 del Decreto 350 de 1989, al establecer que el Concordato Preventivo Obligatorio de que conoce la Superintendencia de Sociedades se adelante en la forma y en los términos previstos en el Título del mismo decreto que regula el trámite judicial del Concordato Preventivo Potestativo. En este sentido señala que el numeral 7o del artículo 6o, el inciso 1° del artículo 15 y los artículos 28, 32, 37, 40 y 41 del Decreto 350 de 1989, son disposiciones inconstitucionales pues: a) permiten al Superintendente de Sociedades, autoridad típicamente administrativa dependiente del Jefe del Ejecutivo “Decretar el embargo de los activos fijos de la empresa, b) ordenan que los embargos y secuestros practicados en los procesos remitidos seguirán vigentes a órdenes del “juez del Concordato’’ que en sus palabras y según la remisión del artículo 52 es el Superintendente; c) permiten al mismo funcionario “calificar, graduar y determinar la base para liquidar los créditos reconocidos, y lo facultan para resolver las objeciones que se hubiesen presentado en la audiencia preliminar, para decretar pruebas si lo considera necesario, para determinar la prelación para el pago y para imponer sanciones a quienes objetaron el trámite con mala fe o temeridad.

Además, se hace competente a dicho funcionario para: a) Declarar “fracasado el concordato” en el evento de no efectuarse una segunda reunión; b) para declararlo terminado en caso de no cumplirse y c) para decretar medidas cautelares o para proceder a su levantamiento.

En su opinión, todas estas atribuciones son de naturaleza jurisdiccional que se concretan en la expedición de actos jurisdiccionales, sin que puedan ser proferidas por entes administrativos como la mencionada Superintendencia. En dicha argumentación sostiene que es evidente la violación de la Constitución Nacional en sus artículos 55, que determina la separación de las funciones de las ramas del poder público, 58 que señala que la administración de justicia corresponde cumplirla a los jueces de la República y 61, que prohíbe ejercer simultáneamente la autoridad política y judicial.

Transcribe apartes de la sentencia de la Corte por la que se declara la constitucionalidad del artículo 52 del mismo Decreto 350 de 1989 y en la que se advierte que “Desde el punto de vista de la técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra fundada no está concebida en el lenguaje expreso y afirmativo sobre el cual puede recaer un pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vio, se trata de una inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto lo haya omitido, las facultades contenidas en los arts. 15 inciso 1° y 28 del decreto sub-examine pertenecen exclusivamente al juez competente y no al Superintendente de Sociedades”. (Destacados de la demanda).

b) Por otra parte formula las siguientes consideraciones:

i. El inciso 2o del artículo 27 del Decreto 350 de 1989 es contrario a los artículos 26 y 27 de la Carta, puesto que “el deudor empresario admitido en Concordato sólo podrá objetar las obligaciones por él relacionadas, cuando los acreedores reclaman créditos de cuantía superior o de naturaleza diferente”. De este modo “... el deudor frente a los créditos presentados al Concordato y no relacionados por él, sólo puede manifestar su inconformidad cuando se varíe la cuantía o la naturaleza del crédito, quedando cercenada su defensa para impugnar la obligación por falsedad del documento, prescripción de la acción, caducidad, etc.”. En su opinión no se observa la plenitud de las formas del procedimiento y se limita el derecho de defensa del deudor.

ii. El numeral 6° del artículo 30 del Decreto 350 de 1989 es contrario a lo dispuesto por los artículos 26, 27, 76 numerales 1, 2 y 12; 118 y 120 de la Carta Fundamental, puesto que un acuerdo contractual como el del Concordato que requiere del concurso de las voluntades de los partícipes para llegar a la definición del arreglo de las obligaciones, no puede hacerse sin contar con la anuencia y aceptación del deudor. De lo contrario, y en la hipótesis de la norma acusada, se elimina la manifestación de la voluntad del deudor y se desconoce su derecho de defensa y su patrimonio.

Además, en su concepto, lo acusado desborda los límites de las facultades conferidas por el Congreso en la Ley 51 de 1989 para expedir el “Nuevo Régimen de Concordatos Preventivos de la Quiebra”, puesto que con ella se modifica el régimen de los actos jurídicos y de los contratos, que regulan el Código Civil y el Código de Comercio.

III. El artículo 35 del Decreto 350 de 1989, según su parecer, es inconstitucional porque desconoce lo previsto por los artículos 30, 76 numeral 1, 2 y 12, y el artículo 118 de la Carta Fundamental; en este sentido sostiene que el Derecho de Propiedad y la garantía constitucional a los derechos adquiridos, resultan desconocidos con la facultad judicial de cancelar hipotecas o prendas de un acreedor ausente o disidente ante los acuerdos colectivos de la mayoría de los acreedores, en detrimento de los intereses de los restantes acreedores y, eventualmente, en contra de los derechos del deudor.

Agrega que también se violan las previsiones constitucionales relativas al ejercicio de las facultades extraordinarias, pues, con la acusada se modifica sin fundamento alguno el Código Civil en las partes relacionadas con las formas de extinción de la hipoteca y la prenda y con los gravámenes sobre los bienes.

iv. Por último, estima que los numerales 2 y 3 del artículo 48 del citado decreto son contrarios a lo dispuesto por los artículos del citado 5 5 y 76 numerales 1, 2 y 12 y a los artículos 118, 119, 120 de la Constitución Nacional. Señala a este respecto que la violación se presenta por el desbordamiento de la Ley 51 de 1989, que confirió las mencionadas facultades extraordinarias, contrayéndolas a la expedición de un nuevo estatuto de los concordatos preventivos del proceso de quiebra”, sin comprender la facultad para modificar el régimen de los concordatos preventivos de la liquidación administrativa que es de la que se ocupan aquellos dos numerales.

IV. EL CONCEPTO FISCAL

El señor Procurador General de la Nación emitió el concepto fiscal de su competencia y en él solicita a la Corte que declare que las normas acusadas son exequibles por no ser contrarias a la Constitución Nacional. Fundamenta su solicitud en las consideraciones que se resumen así:

a) Por lo que se relaciona con los artículos 55, 58 y 61 de la Carta, estima que el simple hecho de que una norma remita a otra del mismo ordenamiento o de otro distinto, no la torna inconstitucional; en este sentido transcribe buena parte de las consideraciones de-la sentencia de esta Corporación del 31 de agosto de 1989 en la que se encontró constitucional el artículo 52 del mismo Decreto 350 de ese año.

Advierte que “… con las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia, tenemos que el hecho de que una norma remita un trámite administrativo a uno judicial, no significa que la actuación administrativa pierda su naturaleza jurídica, es así como las actuaciones del Superintendente de Sociedades en los concordatos preventivos obligatorios, son administrativos, por ende demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 60 Decreto 350 de 1989), razón por la cual las actuaciones que se requieran realizar en estos procesos, como son las descritas en las normas demandadas, (artículo 6o numeral 7o), embargo de los activos fijos de las empresas; los embargos y secuestros practicados en los procesos remitidos seguirán vigentes a orden del juez del concordato (art. 15 inciso 1°); calificar, graduar y determinar las bases para liquidar los créditos reconocidos y admitidos (art. 28); declarar fracasado o terminado el Concordato (art. 32 y 37); y decretar medidas cautelares o proceder a su levantamiento (art. 40 y 41), son de naturaleza judicial y por obvias razones no las puede adoptar el Superintendente de Sociedades, si no debe solicitarle al Juez Civil del Circuito para que tome tales.”

Agrega que “…al estudiarse los textos de las normas demandadas se observa que las funciones jurisdiccionales en ellas descritas las entrega el legislador al Juez Civil del Circuito y no al Superintendente de Sociedades. Así las cosas, tenemos que el problema planteado por el actor no es la inexequibilidad de las normas cuestionadas por infracción de los artículos 55, 58 y 161 de la Carta sino de aplicación de las mismas, en razón a que la simple remisión de una norma a otra no la torna en inconstitucional...”;

b) Por lo que se refiere a las violaciones de los artículos 26 y 27 de la Carta que imputa el actor al inciso segundo del artículo 27 y al numeral 6o del artículo 30 del Decreto 350 de 1989, el Ministerio Público sostiene que no es del caso darles acogida, puesto que en las acusadas se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso y porque con ellas, además, se favorece la economía del país y prevalece el interés general sobre el particular;

En cuanto hace a las violaciones que atribuye el actor a los artículos 76 numeral 12 y 118 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público señala que, por el aspecto de la temporalidad, el Decreto 350 de 1989 no es objeto de tacha puesto que fue dictado dentro del término señalado por el artículo 1º de la Ley 51 de 1988; además, por el aspecto de su contenido, encuentra que las acusadas son normas que se encuadran dentro de los límites de las habilitaciones entregadas por el Congreso al Presidente de la República, por cuanto en ellas se regulan situaciones relacionadas con los concordatos preventivos.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La competencia

De conformidad con lo dispuesto por la atribución segunda del artículo 214 de la Constitución Nacional, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de la referencia, en atención a que las acusadas son disposiciones que forman parte de un decreto dictado por el gobierno en ejercicio de las atribuciones de que trata el numeral 12 del artículo 76 de la Carta.

Segunda: Examen material

Como quedó visto en la parte de este fallo que resume los fundamentos de la demanda, el actor pretende, en primer término la declaratoria de inexequibilidad del numeral 7º del artículo 6°, del inciso primero del artículo 15 y de los artículos 28, 32, 37, 40 y 41 del Decreto 350 de 1989, únicamente en cuanto son aplicables al procedimiento por el cual se tramita el Concordato Preventivo Obligatorio, según remisión que hace el artículo 52 del mismo decreto.

Debe observarse que las normas contra las que se dirige la primera parte de la demanda son aplicables a dos tipos de situaciones jurídicas distintas y por dos categorías de órganos del Estado de diversa naturaleza; en efecto, examinada la legislación vigente sobre los Concordatos, se encuentra que ésta distingue el concordato preventivo potestativo del Concordato Preventivo Obligatorio en atención a los intereses privados y públicos que a juicio del legislador deben ampararse con diligenciamiento de los acuerdos económicos que promueve y permite la institución jurídica en comento. Por lo anterior, el citado artículo 52 ordena la remisión de las normas del primer régimen, para ser aplicadas en el segundo, con determinadas salvedades, como se verá en seguida.

En otros términos, las razones de naturaleza político-económicas que hacen distinguir entre el trámite del Concordato Preventivo Potestativo y el del Concordato Preventivo Obligatorio, han conducido al legislador a separar uno y otro regímenes jurídicos, y a entregar la competencia para el conocimiento y trámite del primero a los jueces y del segundo al Superintendente de Sociedades.

Todo lo anterior permite concluir que se trata de dos clases de regulaciones jurídicas separadas que expresan similitudes normativas formales y materiales; es así como el Decreto 350 de 1989 regula en su Título I (artículos 1 a 47), la institución del Concordato Preventivo Potestativo, y en el Titulo II (artículos 48 a 60), la del Concordato Preventivo Obligatorio, estableciéndose por el artículo 52 que el trámite del segundo tipo de concordato preventivo se sujetará a lo dispuesto en el Título I, salvo los ordinales 1º y 4o del artículo 3o y el ordinal 3o del mismo artículo, cuando el concordato no lo solicite el representante legal de la empresa, y los artículos 5o y 20. El artículo 44 se aplicará únicamente cuando los diversos concordatos sean preventivos obligatorios.

Advertido lo anterior encuentra la Corte que las disposiciones que se acusan en la primera parte de la demanda (numeral 7º del artículo 6°, el inciso primero del artículo 15 y los artículos 28, 32, 37, 40 y 41 del Decreto 350 de 1989), tienen la autonomía normativa suficiente para ser enjuiciados en su constitucionalidad, en cuanto se refieren y aplican a uno y otro regímenes concordatarios, mucho más si se tiene en cuenta que por sentencia número 54 de agosto 31 de 1989, esta Corporación declaró la exequibilidad del artículo 52, a que se ha hecho referencia, como norma que articula los dos regímenes señalados.

Cabe precisar que en dicha oportunidad se dejó sentado que el artículo 52 adolece de vicios de inconstitucionalidad por omisión, al no determinar otras salvedades predicables de la remisión normativa dispuesta en él, relacionadas con funciones netamente jurisdiccionales que no pueden ser atribuidas ni ejercidas por un funcionario administrativo, como es el Superintendente de Sociedades.

Bajo este entendimiento, la Corte Suprema de Justicia procede a examinar la constitucionalidad de las normas señaladas, distinguiendo en ellas las funciones que corresponden por su naturaleza al orden jurisdiccional, de las de carácter administrativo. Los artículos 6o numeral 7º, 15 inciso primero, 40 y 41 del Decreto 350 de 1989, otorgan al Juez en el Concordato las competencias propias de su investidura y de la naturaleza del órgano que representa; éstas son, en las normas aquí señaladas, la competencia para decretar, inscribir, cancelar y mantener en vigencia embargos y secuestros y en general para decretar y levantar medidas cautelares; para calificar y graduar los créditos, así como para determinar las bases para su liquidación; para resolver sobre objeciones a dichas actuaciones; para determinar la prelación, preferencia y privilegios que establece la ley entre los distintos créditos; y además se le otorga la competencia para, si fuere indispensable, ordenar la enajenación o gravamen de algún bien del acervo del concordato, decisiones todas que por su naturaleza corresponden a los jueces, ya que con ellas se decide sobre el derecho con fuerza de verdad legal y de cosa juzgada.

En consecuencia, las normas acusadas se ajustan a las previsiones constitucionales sobre separación de poderes y de ejercicio de las funciones jurisdiccionales, pero no pueden ser aplicadas por funcionario administrativo alguno, y en el trámite del concordato preventivo obligatorio deben ser remitidas las actuaciones correspondientes por el Superintendente de Sociedades al Juez competente, tal y como se advirtió en el fallo que se cita respecto del artículo 52 del mismo decreto y como lo señala el Ministerio Público encesta oportunidad.

Ahora bien, los artículos 32 inciso primero y 37 que se acusan, consagran dos funciones que no son necesariamente jurisdiccionales, aunque puedan formar parte de un proceso judicial; se trata de la declaratoria del fracaso del concordato por falta del quórum legal y de la declaratoria de su terminación por incumplimiento, y en ellas no se define sobre derecho alguno con fuerza de verdad legal y de cosa juzgada; bajo este entendido pueden ser ejercidas en el trámite del concordato preventivo obligatorio por el Superintendente de Sociedades, y en el trámite del concordato preventivo potestativo por el Juez competente.

Las normas examinadas, tal como se interpretan por esta Corporación, no violan las disposiciones constitucionales que determinan la naturaleza de las funciones jurisdiccionales y administrativas a cargo de los jueces y de funcionarios administrativos, no resultando así contrarias al Estatuto Fundamental donde se consagran. No violan el principio de la separación orgánica de poderes y de la especialización funcional de éstos, ni las expresas competencias de cada uno, sin perjuicio de la colaboración armónica enderezada a asegurar los fines del Estado, que garantiza el Estatuto Fundamental.

Por lo expuesto no prosperan los cargos formulados por el actor en su demanda, ya que se pueden diferenciar las competencias que se atribuyen al juez y al Superintendente de Sociedades para el trámite de los mencionados tipos de concordatos. En este sentido no puede confundirse la naturaleza de las funciones que le corresponde a uno y otro funcionario.

Tercera. Las objeciones del empresario a las obligaciones relacionadas

En la segunda parte de su demanda, el actor solicita que se declare la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 27 del citado decreto, en cuanto, según su parecer, con dicha disposición se desconoce el Derecho de Defensa del deudor que participa en el proceso concordatario.

Sostiene que aquella medida no le permite al deudor objetar las obligaciones relacionadas con él mismo, sino únicamente cuando los acreedores le reclamen créditos de cuantía superior o de naturaleza diferente.

Manifiesta el actor que por principio, dentro de las actuaciones concordatarias, el deudor empresario debe relacionar contablemente todas las obligaciones que figuren a su cargo; empero, sostiene que es apenas razonable que en dicha relación contable se encuentren obligaciones cuyas vicisitudes jurídicas no puedan ser “decretadas” por el deudor mismo, como en el caso de la prescripción del derecho cuyo reconocimiento debe ser siempre judicial. Agrega que no es suficiente garantía legal al Derecho de Propiedad, ni a los demás derechos adquiridos, ni al Debido Proceso, el que se limite la citada facultad procesal del deudor, sólo al caso de reclamársele créditos por cuantía mayor o de naturaleza diferente de las obligaciones por él relacionadas.

La Corte encuentra que la hipótesis contenida en la disposición acusada (inciso segundo del artículo 27), obedece al interés legislativo de asegurar un trámite especialmente transparente y ágil del procedimiento concordatario; en tal sentido se tiene que el Concordato supone un trámite de naturaleza especial enderezado a impedir por virtud del acuerdo entre las partes interesadas la quiebra de la empresa, el desapoderamiento de los bienes del deudor empresario, y la desatención o el descubierto definitivo de las obligaciones.

Los especiales intereses jurídicos contenidos en la institución concordataria suponen, además, que la conducta de unos y otros sujetos sea guiada por pautas y principios como los de la lealtad, honestidad, veracidad y diligencia, todo lo cual hace que el especial cuidado que deben poner el empresario deudor y los acreedores en su conducta, sea la base de la medida en cuestión; dicha diligencia es superior a la que se exige para el tráfico ordinario de los negocios mercantiles, y los sujetos del trámite concordatario deben ajustarse a ella para asegurar su éxito.

En efecto, el artículo 4° del Decreto 350 de 1989, que regula los aspectos de la oportunidad y de los requisitos de la solicitud del trámite del Concordato Preventivo Potestativo señala que:

“Artículo 4o. La solicitud debe ser presentada por el empresario o por su apoderado ante el juez civil del circuito del domicilio principal del empresario, antes del incumplimiento de sus obligaciones mercantiles de contenido patrimonial o dentro de los sesenta días siguientes a éste.

“La solicitud deberá contener la fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria detallada de las causas de la imposibilidad para cumplir sus obligaciones.

“A la solicitud del empresario deberán acompañarse los siguientes anexos:

“1. …………..

“2. Un balance general de su patrimonio certificado por un contador público legalmente habilitado, cortado dentro del mes anterior a su presentación, así como el estado de pérdidas y ganancias.

“3. Un inventario completo, detallado y valorado de sus activos y pasivos, firmado por el empresario, con indicación precisa de su composición, las técnicas seguidas para la valoración de los bienes, la ubicación, discriminación, estado y gravámenes que soporten, y demás datos que reflejen la situación patrimonial del empresario en el mes anterior a la fecha de su solicitud.

“Tratándose de bienes cuya enajenación o gravamen se encuentren sujetos a registro, se expresarán los datos' que de acuerdo con la ley, sean necesarios para que éste proceda.

“4. Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el empresario deberá manifestarlo expresamente.

“5. Relación de obligaciones tributarias durante los últimos 5 años, discriminando los impuestos, sanciones, su cuantía, la forma de pago, así como el saldo pendiente si existiere, e identificando las declaraciones tributarias correspondientes, y una relación de todas las actuaciones administrativas y procesos judiciales que estén en curso.

“6. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el empresario, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen.

“7. …………….”

Como queda visto, el empresario tiene la oportunidad de señalar con especial diligencia, celo, honestidad y veracidad, tanto en el inventario de sus activos y pasivos (numeral 3), como en la relación de los acreedores (numeral 4) y en la relación de obligaciones tributarias (numeral 5), todos los datos que reflejen su situación patrimonial, y la cuantía y naturaleza de las obligaciones y créditos, etc., lo cual explica por qué, después de admitido el trámite del concordato y adelantado el emplazamiento a los acreedores, el empresario sólo puede objetar, de las obligaciones por él relacionadas, aquellas sobre las cuales los acreedores reclamen cuantía superior o aleguen naturaleza diferente. De lo contrario, podría perecer el trámite especial y excepcional del Concordato, contrariándose así sus finalidades.

En la oportunidad de la solicitud, el deudor empresario puede señalar las características, modalidades y vicisitudes de sus obligaciones, las que podrán ser examinadas judicialmente y de encontrarse alguna cuestión que resolver, en dicho estrado se procederá de conformidad, en especial en el auto de calificación y graduación de créditos. En este sentido se encuentra que el debido proceso, el Derecho de Propiedad y el Derecho de Defensa son garantizados y no se desconocen por la norma acusada. Con la diligencia exigida por la ley se busca que el deudor y los acreedores acudan al trámite del Concordato, en la seguridad de la solución de las dificultades que atraviesan sus negocios.

Respecto a las objeciones de las obligaciones presentadas por los acreedores, sobre éstas la misma ley no establece límite alguno sobre su alcance, y, por el contrario, prevé la oportunidad de la audiencia preliminar a la que "... podrán concurrir el empresario y los acreedores que se hayan hecho parte, con el fin de verificar los créditos presentados, reconocerlos, deliberar sobre las objeciones formuladas y conciliar las diferencias que se susciten acerca de los mismos. Las objeciones que no fueren conciliadas serán resueltas en el auto de calificación y graduación de créditos.” (art. 27 inciso 4o.).

Así las cosas, la Corte no encuentra reparo alguno de constitucionalidad al inciso segundo del artículo 27 que se acusa y procede a declarar su exequibilidad.

Cuarta. La no comparecencia del deudor

De otra parte, el actor impugna la constitucionalidad del numeral 6° del artículo 30 del mismo estatuto en cuanto estima que con él se desconocen los artículos 26 y 27 de la Carta, relativos al Derecho de defensa, y que se desbordan los restantes límites constitucionales al ejercicio de las facultades extraordinarias, ya que un procedimiento similar, sin el acuerdo y la voluntad del deudor, no es un concordato sino una figura civil, comercial y procesal de carácter sancionatorio, bien diverso de la que señaló el legislador ordinario.

En primer término, para la Corte no asiste razón al actor, pues la norma acusada regula una de las necesarias consecuencias que, a la luz del derecho público económico, puede atribuirse al caso del trámite de los concordatos en general, cuando éste se encuentre en la etapa de audiencia de deliberaciones finales y del acuerdo concordatario.

En efecto, para el momento en que puede verificarse la hipótesis prevista por el numeral 6° del artículo 30, ya se ha debido presentar la solicitud por el empresario con los anexos correspondientes, se ha ordenado su admisión, ha precluido la oportunidad de su desistimiento, se ha designado el contralor y la junta provisional de acreedores, se han ordenado y verificado los emplazamientos, las comunicaciones, las inscripciones y los traslados debidos, se han decretado y levantado los embargos de los activos fijos de la empresa, se han podido revocar varios actos jurídicos y negociables, o contratos realizados por el empresario, se ha verificado la audiencia preliminar y se han presentado, calificado y graduado los créditos. No puede menos de estimarse que el esfuerzo de las partes vinculadas al trámite del especial procedimiento concordatario no puede quedar supeditado a la voluntad de una sola de las partes comprometidas en adelantarlo. Se trata de no permitir la ruina de los racionales esfuerzos en que se comprometen intereses de carácter público y de contenido económico general por la voluntad de último momento del deudor ausente; en todo caso el legislador puede establecer dicha consecuencia pues la finalidad es, en tanto sea posible, la de conservar y recuperar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y proteger adecuadamente el crédito.

Además, según la doctrina, el legislador puede patrocinar con sus previsiones, el que se evite la quiebra y sus efectos perjudiciales y esto lo hace no sólo en favor del empresario deudor o de los acreedores, sino también en provecho y amparo de la economía nacional. Con la quiebra, en principio se clausura la empresa, el deudor pierde todo poder de administración sobre sus bienes y se hace efectivo el desapoderamiento; además, con la quiebra el acreedor recibe un cúmulo de consecuencias perniciosas, engorrosas y costosas que pueden conducir inclusive a la formación de una cadena incontenible de desarreglos económicos y sociales de repercusión general. De otra parte son de recibo, en la figura que se analiza, los intereses generales en proteger al trabajo, los niveles de empleo, la producción y la subsistencia económica de los trabajadores, todo lo cual es muy superior dentro de un Estado Social de Derecho al valor que pueda tener en la fórmula concordataria la ausencia injustificada, de último momento, del empresario.

Es evidente que la ruina del deudor no es deseable ni para los acreedores ni para el deudor mismo y que lo que busca la figura de los concordatos preventivos, es de un lado, la protección del comerciante honesto que atraviesa dificultades y se ve en inminente peligro de perder su empresa, y de otro, el aseguramiento preventivo de los intereses de los acreedores, todo lo cual se vendría a menos por la ausencia que se regula en la norma acusada.

Así las cosas, habrá de declararse la exequibilidad del numeral 6o. del artículo 30 del Decreto-ley 350 de 1989.

Quinto. La reforma o cancelación de gravámenes sobre los bienes de la empresa

El actor acusa el artículo 35 del mismo decreto porque, según su parecer, la cancelación y reforma de gravámenes sobre los bienes de la empresa que debe ordenar el juez, una vez aprobado el concordato, pone en peligro y podría causar perjuicios a los derechos adquiridos del acreedor ausente o del disidente del acuerdo mayoritario; igual posibilidad se suscitaría en su opinión respecto de los bienes del deudor.

Estima la Corte que tampoco asiste razón al actor, pues de un examen sistemático de todo el texto de la regulación a la que pertenece la norma acusada, y de las reglas generales sobre prelación de créditos del Código Civil y del Código de Comercio se concluye que dicha facultad encuentra limitantes bien precisas a las que debe sujetarse el juez y que no admiten soluciones injustas, atentatorias de los derechos adquiridos, como lo sostiene la demanda; en especial, dichas garantías se hallan consagradas en los artículos 2488 a 2511 del primero de dichos códigos y en el artículos 1132 del segundo.

Además, el parágrafo del artículo 30 del mismo decreto establece que “... las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetará la prefación, los privilegios y preferencias establecidas por la ley”, lo cual incorpora a la regulación especial de los concordatos preventivos toda la normatividad que ampara los derechos a que se hace referencia. (Destaca la Corte).

Pero además, el inciso segundo del artículo 33 impone al Juez el deber ceñirse, para efectos de la aprobación del acuerdo concordatario, a los requisitos exigidos en el Decreto 350 de 1989, dentro de los que caben todos los señalados por la ley en materia de prelación, privilegios y preferencias de créditos y a que se hace referencia en este acápite, en especial, se repite, los señalados por el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil.

En estas condiciones y bajo este análisis, se concluye que tampoco asiste razón al actor en el segundo de los cargos que dirige contra el artículo 35 del Decreto-ley 350 de 1989, que consiste en estimar la existencia de posibles violaciones a los límites de la ley de facultades extraordinarias, ya que en su opinión la facultad judicial de cancelación, reforma, restitución o restablecimiento de gravámenes constituidos sobre los bienes de la empresa, una vez aprobado el concordato o de su terminación por incumplimiento, obedece a la voluntad de modificar el régimen general de los negocios jurídicos y de los contratos que establecen el Código Civil y el Código de Comercio y no el ejercicio de la competencia para expedir el nuevo régimen de concordatos preventivos de la quiebra. Se desestima esta hipótesis en atención a que las mencionadas funciones son precisamente la expresión formal del acuerdo concordatario, que se endereza a permitir la continuidad de la empresa, el pago de las acreencias, la responsabilidad del crédito y la estabilidad del trabajo; además, aquellas facultades son ejercidas una vez aprobado el concordato, lo que supone el acuerdo concordatario o cuando menos el trámite formal y público que en todo caso debe tener.

Por tanto es preciso reiterar que los acreedores con garantía real conservan la preferencia y el orden de prelación para el pago de sus créditos, pero deberán hacerlos valer dentro del Concordato, como muy claramente lo dispone el artículo 21 del Decreto. Por eso tienen que hacerse presentes, porque si no concurren, se aplica la regla del artículo 26 que dice “Los acreedores con o sin garantía real que no concurran oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden al empresario una vez cumplido el Concordato, o cuando éste se declare fracasado o incumplido y se inicie el proceso de quiebra. Se exceptúa el caso previsto en el inciso 5o del artículo siguiente”, cuando “en la audiencia preliminar el empresario y uno o más acreedores que representen no menos del 75% de los créditos oportunamente presentados y reconocidos hasta ese momento, por no haber sido objetados o haberse conciliado la objeción, podrán admitir los créditos que se pretendan hacer valer extemporáneamente...”.

De otro lado, cabe tener en cuenta que cuando el legislador ordinario confirió las facultades extraordinarias para expedir el nuevo estatuto de los concordatos preventivos de la quiebra, no restringió éstas en razón de consideración especial alguna, como la que señala el actor, y que además dentro del régimen anterior contenido en los capítulos I y II del Título I del Libro VI (arts. 1910 a 1936) del Código de Comercio, se encuentran previsiones similares que no hacen extraña la figura de que debió ocuparse el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias, sino que por el contrario, pertenecen a dicho régimen y por tanto son regulables en el nuevo a expedir, en su ejercicio material y temporalmente preciso.

El artículo 1925 disponía en lo pertinente que:

“Artículo 1925. El concordato se hará constar en un acta firmada por el juez y el secretario, sin necesidad de que sea firmada por el deudor y los acreedores y será aprobado por el juez, en la misma audiencia, si reúne los requisitos indicados en este Título.

“Una vez aprobado, será obligatorio para los acreedores, inclusive para los ausentes o disidentes.

“El acta que contenga el concordato aprobado por el juez será inscrita en la Cámara de Comercio del domicilio del deudor, junto con copia de la parte resolutiva de la providencia judicial aprobatoria del concordato.

“Cuando el concordato tenga por objeto trasladar, modificar, limitar, gravar, liberar o alterar, el dominio de bienes inmuebles, o variar el derecho de administrarlos, el acta correspondiente se equiparará a escritura pública y se registrará, en lo pertinente, en la forma prescrita en el Código Civil para tales actos, junto con la parte resolutiva de la providencia aprobatoria.”

Ahora bien, el artículo 34 del Decreto 350 de 1989 recoge similares soluciones al disponer que:

“Artículo 34. La parte del acta que contenga el concordato, junto con el auto que lo apruebe, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio del empresario y en la de sus sucursales, si las tuviere.

‘En el mismo auto ordenará el juez el levantamiento de las medidas cautelares vigentes, salvo que en el concordato se haya dispuesto otra cosa.

“Cuando el concordato tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o cancelarlos, el acta se equiparará a escritura pública y se inscribirá lo pertinente en la respectiva oficina de registro.”

Así las cosas, bien podía el ejecutivo como legislador extraordinario regular, como lo hizo, el tema de la cancelación, reforma o restablecimiento de gravámenes para una vez aprobado el concordato, sin desbordar el límite de las precisas facultades conferidas y atinentes al régimen del que se ha hecho referencia, y sin invadir las esferas de otros órdenes normativos no comprendidos por aquél.

Sexta. Los concordatos preventivos y la liquidación administrativa

Por último, cabe examinar el cargo que se dirige contra los numerales 2° y 3o del artículo 48 del mismo decreto, puesto que el actor señala como violación a los artículos 118, 119 y 120 de la Carta Fundamental el desbordamiento de los límites a la Ley 51 de 1989, que es la que confiere las facultades extraordinarias, y en la cual se fundamenta la expedición de aquellas normas. Según su opinión, dicha ley no habilitó al ejecutivo para expedir un “nuevo régimen de los concordatos preventivos de la liquidación administrativa” sino de la quiebra; por tanto, estima que el decreto-ley a expedir no podía ocuparse de aquellos sin violar la Carta.

En este punto, la Corte encuentra que no asiste razón al actor ya que examinada la norma habilitante se concluye que ésta también comprendía el tema de los concordatos preventivos obligatorios para las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. En efecto, en el anterior régimen, objeto de las modificaciones que podía introducir el “nuevo régimen”, según la interpretación restrictiva de las expresiones de la ley de facultades, ya se preveía una regulación similar a la que es acusada en esta oportunidad, quedando así comprendida esta materia en el ámbito de las facultades.

Es claro que en el Título I del Libro VI del Código de Comercio se regulaba el régimen “Del concordato preventivo” y que en el artículo 1933 se establecía que:

“Artículo 1933. Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán también a las empresas industriales o comerciales del Estado, lo mismo que a las sociedades de economía mixta en que aquél tenga parte principal, directa o indirectamente.

"Pero en estos casos, si el concordato no es celebrado, o no es homologado, o no es cumplido, tales entidades o sociedades no podrán ser declaradas en quiebra, sino que serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades.

“La liquidación se sujetará a las reglas previstas en este Código para la liquidación de las sociedades por acciones.”

De otra parte, se tiene que tanto la quiebra como algunas situaciones de liquidación administrativa de entes públicos, son estados de naturaleza económico- jurídica similares, que se suscitan con ocasión del sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones comerciales y que se enderezan igualmente a la mejor solución de los conflictos entre deudores y acreedores, por virtud de la liquidación de activos y pasivos, sin que para el caso de someter a determinadas empresas y sociedades del carácter público señalado al régimen del concordato preventivo, deban conferirse facultades extraordinarias diferentes de las que se otorgan para regular el régimen del concordato preventivo de la quiebra.

Como el preciso objeto de la regulación a modificar ya comprendía esta materia, y aquélla no fue cualificada ni limitada de manera especial que la distinguiese de ésta, estima la Corte que bien podía el Ejecutivo expedir las disposiciones acusadas, sin desbordar la ley de facultades. No es que se estime que las facultades fuesen implícitas, como podría contraargumentarse; es lo contrario, las facultades fueron precisas aunque comprendiesen una pluralidad de sujetos y situaciones regulables por la misma normatividad a expedir, ésta sí bien limitada materialmente. Debe entenderse que cuando nuestra legislación se ha ocupado de los procedimiento de “concordatos preventivos de la quiebra”, también lo ha hecho de los procedimientos aplicables a algunas empresas o sociedades de carácter público, que por propia previsión legal no pueden ser objeto de la quiebra, como el común de los comerciantes, sino, que en otra expresión, se deben liquidar administrativamente”.

La Corte encuentra que los dos numerales que se examinan tampoco desbordan ningún otro canon constitucional y los declarará exequibles.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto fiscal.

RESUELVE:

SON EXEQUIBLES los artículos 6° numeral 7°, 15 inciso primero: 27 inciso segundo; 28; 30 numeral 6o; 32, 35, 37, 40, 41 y 48 numerales 2º y 3odel Decreto- ley 350 de 1989.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Jaime Sanín Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria General