300Corte SupremaCorte Suprema30030020204199102092448007-- Seleccione --199111/04/1991199102092448007_-- Seleccione --_1991_11/04/199130020202SENTENCIA NUMERO 48 ESTADO DE SITIO RESUMEN En estado de sitio rige la Constitución con las restricciones en ella establecidas de manera expresa. Esa es la razón del control de constitucionalidad que compete a la Corte sobre el ejercicio de los poderes propios de aquel régimen. Constitucional el decreto revisado, salvo algunas expresiones de los siguientes artículos: Inciso 3 artículo 35; artículo 38; inciso 1 artículo 52, inciso último artículo 57 e inciso 3 artículo 58, artículo 90. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1991
1991020924480072448REVISIÓN DECERTO LEGISLATIVO No. 2790 DE 1990 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1990. ESTATUTO PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIAIdentificadores30030066666true1142839original30066692Identificadores

Norma demandada:  REVISIÓN DECERTO LEGISLATIVO No. 2790 DE 1990 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1990. ESTATUTO PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA


SENTENCIA NUMERO 48

ESTADO DE SITIO

RESUMEN

En estado de sitio rige la Constitución con las restricciones en ella establecidas de manera expresa. Esa es la razón del control de constitucionalidad que compete a la Corte sobre el ejercicio de los poderes propios de aquel régimen.

Constitucional el decreto revisado, salvo algunas expresiones de los siguientes artículos:

Inciso 3 artículo 35; artículo 38; inciso 1 artículo 52, inciso último artículo 57 e inciso 3 artículo 58, artículo 90.

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Referencia: Expediente No. 2263 (367-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 2790 de 1990 del 20 de noviembre de 1990.

Estatuto para la defensa de la justicia.

Aprobada por Acta número 14.

Bogotá, D. E., abril once (11) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

Dentro del término señalado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, la Secretaría General de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 2790 del 20 de noviembre de 1990, “por el cual se dicta el Estatuto para la Defensa de la Justicia, integrando en una sola jurisdicción los jueces de orden público y los especializados, creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Orden Público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia”.

El citado Decreto Legislativo fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para la revisión de su constitucionalidad, en atención a que fue dictado en ejercicio de las facultades que incumbe ejercer al Gobierno en virtud de la declaratoria del estado de sitio ordenada por el Decreto número 1038 de 1984.

Además por auto de fecha enero 30 de 1991, proferido por la Sala Constitucional de esta Corporación, el señor Procurador General de la Nación fue separado de su intervención en la presente actuación al encontrarse que se hallaba incurso en una causal de impedimento de las previstas en el artículo 22 del Decreto 432 de 1969. En esta situación, el expediente pasó al Despacho de la señora Viceprocuradora General para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional en materia de intervención del Ministerio Público.

El Despacho Fiscal rindió el concepto de rigor dentro de los términos correspondientes.

II. EL TEXTO DEL DECRETO

El texto del decreto materia de revisión en este procedimiento es el que se inserta a continuación en fotocopia del “Diario Oficial”:

ESTATUTO PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA

«DECRETO NUMERO 2790 DE 1990

(Noviembre 20)

“Por el cual se dicta el Estatuto para la Defensa de la Justicia, integrando en una sola jurisdicción los Jueces de Orden Público y los Especializados, creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Orden Público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia.”

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto Legislativo número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, para combatir las perturbaciones producidas por bandas de terroristas y de narcotraficantes;

Que las acciones de estos grupos persisten en la actualidad, causando no sólo muchas pérdidas de vidas en los miembros de la comunidad, sino también entre los jueces y demás personas que por razón de sus funciones deben participar en los procesos que se adelantan contra ellos;

Que es necesario buscar mecanismos jurídicos que permitan dar seguridad a los jueces de la República y a las demás personas que vienen siendo objeto de atentados por razón de su participación en las investigaciones adelantadas contra sus integrantes;

Que hay que dotar a la jurisdicción de orden público de un soporte administrativo eficiente que permita a sus integrantes cumplir su función en forma adecuada;

Que es necesario robustecer la capacidad operativa de los cuerpos auxiliares de la justicia para que puedan luchar eficazmente contra las organizaciones delictivas que perturban la tranquilidad del país,

DECRETA:

CAPITULO I

Del Tribunal Superior de Orden Público, los Juzgados de Orden Público y sus correspondientes fiscales

Artículo 1º. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, la Jurisdicción de Orden Público continuará funcionando con el Tribunal Superior de Orden Público y los Jueces, Fiscales y Policía Judicial a que se refiere este Decreto.

Artículo 2o. A partir del 16 de enero de 1991 los Jueces de Orden Público tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional, pero cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que les señale el Subdirector Nacional de Orden Público.

Artículo 3o. Toda referencia normativa que exista en relación con los juzgados de orden público, sus Jueces y personal subalterno, las Fiscalías de dichos juzgados, sus fiscales y personal subalterno, se entenderá hecha a los jueces de instrucción y conocimiento y a los fiscales de orden público a que se refiere este estatuto, así como al personal subalterno, en cuanto no se oponga a lo dispuesto por el mismo.

CAPITULO II

De la competencia

Artículo 4o. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce en relación con la jurisdicción de orden público:

1. Del recurso extraordinario de casación.

2. Del recurso extraordinario de revisión.

3. Del recurso de hecho, cuando se deniegue el recurso de casación.

Artículo 5o. El Tribunal Superior de Orden Público conoce:

1. De los impedimentos de sus miembros, lo mismo que los de Jueces y Fiscales de Orden Público, los cuales decidirá de plano.

Durante el proceso no habrá lugar a formular recusación, pero los Jueces y Agentes del Ministerio Público deberán declararse impedidos cuando exista causal para el efecto.

Si el incidente prospera y se trata de un juez, se remitirá el asunto al Director Seccional de Orden Público a fin de que éste haga la nueva asignación.

Cuando se trate del Fiscal, se dará aviso al Procurador Regional para que disponga su reemplazo.

2. De los recursos de apelación contra las providencias proferidas por los Juzgados de Orden Público que sean susceptibles de este recurso.

3. En única instancia y en Sala Unitaria del trámite del derecho de Habeas Corpus en relación con los delitos de la Jurisdicción de Orden Público.

4. Del grado jurisdiccional de consulta en relación con todas las sentencias absolutorias, las providencias que disponen cesación de procedimiento o la devolución de bienes a particulares y los autos inhibitorios que impliquen devolución de bienes.

Si el Tribunal inadmite el recurso de apelación y la providencia impugnada es susceptible del grado jurisdiccional de consulta, asumirá inmediatamente el conocimiento del proceso y dará el trámite correspondiente.

Parágrafo. A fin de garantizar la seguridad de los Magistrados, los asuntos correspondientes a la competencia del Tribunal Superior de Orden Público se distribuirán entre ellos conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento interno que para el efecto expida la Sala de Gobierno de la Corporación.

Las providencias serán firmadas pero se notificarán o comunicarán en copia en donde no aparezcan las firmas, la que deberá ser debidamente certificada por el Presidente del Tribunal.

Efectuada la certificación anterior se entenderá, para todos los efectos legales, que la asignación de procesos y la adopción de providencias, al igual que las disidencias, se produjeron de conformidad con el procedimiento vigente.

Artículo 6o. Siempre que el delito de secuestro se dirija contra persona que ocupe alguno de los cargos mencionados en el numeral 1 del artículo 2o del Decreto 474 de 1988 o en funcionario de la Rama Jurisdiccional, Registrador Nacional del Estado Civil, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Delegado del Consejo Nacional Electoral o del Registrador, Registrador Departamental o Municipal del Estado Civil, Agente del Ministerio Público, Agente Diplomático o Consular al servicio de la Nación o acreditado ante ella, Comandante General o miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de los Cuerpos de Seguridad, Subdirector Nacional de Orden Público, Director Seccional de Orden Público, Miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, Miembro principal o suplente de las Asambleas Departamentales, funcionario elegido por Corporación de elección popular, Cardenal, Primado, Arzobispo, Nuncio y Obispo; o se ejecute con fines terroristas; u obedezca a los propósitos descritos en el artículo 1º del Decreto 1631 de 1987 o persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal, se sancionará con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales.

Quien forme parte de grupo u organización de personas que tenga como uno de sus fines o propósitos el de cometer el hecho punible descrito en el inciso anterior, incurrirá por ese solo hecho en la sanción allí prevista, disminuida en una tercera parte. La misma sanción se aplicará a quien, teniendo conocimiento de la comisión de hecho punible de secuestro ayude a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, o a ocultar o asegurar el producto del delito o lo adquiera o enajene.

Del mismo modo, quien conociendo de los planes o actividades de uno de los mencionados grupos u organizaciones de personas en relación con el delito de secuestro, omitiere informar oportunamente sobre aquéllos a la autoridad, o no denunciare un secuestro de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el inciso primero de este artículo disminuida en la mitad.

Parágrafo. Los incrementos o disminuciones de que tratan los artículos 23 del Decreto 180 de 1988, 270 y 271 del Código Penal, se aplicarán a todas las figuras delictivas descritas en los incisos precedentes.

Artículo 7o. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años con los incrementos señalados en los artículos 355 y 372 del Código Penal.

Si el propósito o fin perseguido por el agente es el de facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa, la sanción será de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de un mil a un mil quinientos salarios mínimos legales mensuales.

Quien forme parte de organización o grupo de personas que tenga como uno de sus fines o propósitos la comisión de hecho punible de los descritos en los incisos anteriores, o ayude a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, o a ocultar o asegurar el producto del delito, o lo adquiera o enajene, incurrirá por ese solo hecho en la sanción prevista en el inciso primero disminuida en una tercera parte.

Del mismo modo, quien conociendo de los planes y actividades de uno de los mencionados grupos u organizaciones de personas con relación a delito de extorsión, omitiere informar oportunamente sobre aquéllos a la autoridad, o no denuncie una extorsión de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el inciso primero disminuida en la mitad.

Artículo 8o. A partir de la vigencia del presente decreto, los delitos de constrenimiento ilegal, tortura, homicidio y lesiones personales que se cometan en alguna de las personas relacionadas en el numeral 1 del artículo 2o del Decreto 474 de 1988 y en el artículo 6o del presente estatuto, estarán sujetos a pena de prisión de quince (15) a veinticinco (25) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 9o. A los jueces de conocimiento de orden público corresponde conocer en primera instancia:

1. De los procesos por delitos de secuestro en todas sus modalidades, con excepción de los que se atribuyen a los juzgados superiores en el artículo siguiente así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe, de que trata el artículo 6o.

2. De los procesos por delitos de extorsión en todas sus modalidades, así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 6o.

3. De los procesos por los delitos contemplados en el artículo 2° numeral 1 del Decreto 474 de 1988.

4. De los procesos por los delitos de terrorismo; auxilio a las actividades terroristas; omisión de informes sobre actividades terroristas; exigencia o solicitud de cuotas para terrorismo; instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas; concierto para delinquir; instigación al terrorismo; incendio, destrucción o daño de nave, aeronave o medio de transporte por acto terrorista; disparo de arma de fuego y empleo de explosivos contra vehículos; tenencia, fabricación, tráfico y uso de armas o sustancias tóxicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional; corrupción de alimentos y medicinas; instrucción y entrenamiento; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; administración de recursos; intercepción de correspondencia oficial; utilización ilegal de uniformes e insignias; suplantación de autoridad; incitación a la comisión de delitos militares; torturas; atentados terroristas contra complejos industriales y otras instalaciones; secuestro de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo; homicidio con fines terroristas, y lesiones personales con fines terroristas, descritos en los artículos 1º al 36 del Decreto 180 de 1988, salvo el artículo 26.

5. De los procesos por los delitos tipificados en los artículos 1º y 2o del Decreto 3664 de 1986, con excepción del simple porte de armas de fuego de defensa personal.

6. De los procesos por los delitos de lesiones personales ocasionadas por quienes pertenezcan a grupo armado no autorizado legalmente, descritos en los artículos 31 y siguientes del Decreto 180 de 1988, adicionado por el artículo 3° del Decreto 2490 de 1988.

7. De los procesos por delitos de rebelión y sedición referidos en los artículos 8o del Decreto 2490 de 1988; 1º y 2° del Decreto 1857 de 1989.

8. De los procesos por los delitos sobre promoción, financiación, organización, dirección, fomento o ejecución de actos tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los numerados por el artículo 1º del Decreto 1194 de 1989; así como los de ingreso, vinculación o formación de tales grupos y los de instrucción, entrenamiento o equipamento de los mismos, tipificados en los artículos 2° y 3° del mismo decreto.

9. De los procesos por los delitos definidos en el artículo 1º del Decreto 1858 de 1989.

10. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989;

11. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil (2.000) unidades, la de semillas sobrepase los diez mil (10.000) gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil (10.000) gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil (4.000) gramos si es Metacualona.

12. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada exceda de diez mil (10.000) gramos de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si se trata de hachís, sea superior a dos mil gramos si es cocaína o sustancia a base de ella, o exceda los cuatro mil (4.000) gramos si se trata de metacualona.

13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987.

14. De los procesos por los hechos punibles tipificados por el artículo 6° del Decreto 1856 de 1989, cuando su cuantía sea igual o superior a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales en moneda colombiana, estimada al momento de la comisión del delito.

15. De las actuaciones relacionadas con los bienes ocupados o incautados de acuerdo con lo previsto en este decreto, en los eventos en los cuales el delito al cual accedan sea de su competencia.

16. De los casos de cesación de procedimiento o auto inhibitorio a que se refiere la Ley 77 de 1989 y su Decreto Reglamentario 206 de 1990.

Parágrafo. La competencia de los jueces de orden público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable.

Artículo 10. Además de los procesos que les atribuye la ley, los Jueces Superiores de Distrito Judicial conocerán en primera instancia de los procesos por hechos punibles contra la existencia y seguridad del Estado, descritos por el Título I del Libro Segundo del Código Penal, y los de porte de armas de fuego de defensa personal o sus municiones, estructurado por el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986. Igualmente de los procesos por delitos de secuestro simple definidos por el artículo 269 del citado estatuto cuando la calidad, cargo o profesión de la víctima, o los fines, propósitos u objetivos sean diferentes de los enunciados en el artículo 6o de este decreto. Además, de los procesos que se adelantan actualmente o que se inicien por los delitos de amenazas personales y familiares tipificados por el artículo 26 del Decreto 180 de 1988.

El procedimiento aplicable para los procesos señalados en el inciso anterior y cuya competencia se atribuye a los juzgados superiores será el ordinario, salvo cuando en los adelantados por amenazas se hubiere dictado auto de traslado al fiscal para concepto de fondo, caso en el cual se culminarán siguiendo el trámite del mencionado decreto. En todo caso, la segunda instancia se surtirá ante la Sala Penal del Tribunal de Distrito correspondiente.

Artículo 11. Sin perjuicio de su actual competencia, los. Jueces Penales y Promiscuos del Circuito conocerán en primera instancia:

1. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 3 3 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas sea de dos mil (2.000) unidades o menor, o la de semillas de diez mil (10.000) gramos o inferior. Igualmente, cuando la cantidad de droga o sustancia sea de diez mil (10.000) gramos o menor si se trata de marihuana; de tres mil (3.000) gramos o menor si es hachís; de dos mil (2.000) gramos o menor si se trata de cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos o inferior si es metacualona.

2. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, excepto cuando se trate de laboratorios.

En dichos eventos su competencia se circunscribe a los delitos en que la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada, sea de diez mil (10.000) gramos de marihuana; o menor de tres mil (3.000) gramos o menor si se trata de hachís; de dos mil (2.000) gramos o inferior si es cocaína o sustancia a base de ella; o de cuatro mil (4.000) gramos o menor si se trata de metacualona.

3. De los procesos por el hecho punible tipificado por el artículo 6o del Decreto 1856 de 1989, cuando su cuantía sea menor a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales en moneda colombiana estimada al momento de la comisión del delito.

4. De las actuaciones relacionadas con los bienes incautados u ocupados de acuerdo con lo previsto en este decreto en los eventos en que el delito al cuál accedan sea de su competencia conforme a las disposiciones precedentes.

Parágrafo. A partir del 16 de enero de 1991, el procedimiento para las actuaciones y procesos aquí atribuidos por los numerales 1, 2 y 3 al conocimiento de los Jueces Penales y Promiscuos del Circuito, será el ordinario señalado por el Código de Procedimiento Penal, salvo que ya se hubiese proferido el auto de citación para audiencia, caso en el cual seguirán aplicando hasta su culminación aquel a que venían sujetos.

Artículo 12. A los Jueces de Instrucción de Orden Público corresponde el control de la indagación, preliminar y la dirección del sumario, que ejercerán en las condiciones señaladas en este decreto.

Artículo 13. Todos los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna por este decreto a los Jueces de Orden Público, que estén tramitando en la actualidad los Juzgados de Orden Público, los Especializados y los Ordinarios, o la Policía Judicial, deberán ser enviados a los Directores Seccionales de la Jurisdicción de Orden Público, quienes procederán de la siguiente manera:

1. Los procesos en que se haya proferido auto de citación para audiencia o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el concepto de fondo, los distribuirá entre los Jueces de Conocimiento de Orden Público, para que éstos continúen el trámite con el mismo procedimiento con que se venían adelantando. Si no estuviere ejecutoriado el auto, el expediente se dejará en la Sección Jurisdiccional, hasta cuando ésta se produzca.

2. Los que se hallen en etapa de instrucción, los asignará a los Jueces de Instrucción de Orden Público, para que dispongan el trámite pertinente de acuerdo con el procedimiento señalado en este decreto.

3. Los que estén en diligencias preliminares, los remitirán a las Unidades Investigativas de Policía Judicial de Orden Público a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de este decreto.

Artículo 14. Los procesos que tengan los Tribunales Superiores de Distrito que se asignan por este decreto al Tribunal Superior de Orden Público, serán remitidos a éste para que continúe su trámite conforme al procedimiento previsto por la ley para este último.

Artículo 15. Los procesos que se estén tramitando en el Tribunal de Orden Público, y en los Juzgados de Orden Público y Especializados que sean de competencia de la justicia ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, serán enviados directamente a la Corporación o a los juzgados correspondientes, para que se proceda a su reparto y se tramiten de acuerdo con el procedimiento previsto para estos últimos.

Artículo 16. En los casos regulados en los tres (3) artículos precedentes y cuando haya persona capturada, se le indagará y resolverá su situación jurídica antes de la remisión, para lo cual se entiende prorrogada la competencia del juez correspondiente.

Artículo 17. En los delitos a que se refiere el artículo 9o de este decreto, el Ministro de Justicia oficiosamente, o a petición del Director Seccional de Orden Público, podrá variar la radicación del proceso cuando existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad personal del juez, o existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado.

CAPITULO III

De la Policía Judicial de Orden Público

Artículo 18. La Policía Judicial de Orden Publico estará integrada por unidades investigativas permanentes conformadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial o del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o por Oficiales de la Policía Nacional (Dijin y Sijin), y con el personal técnico y operativo que se requiera para su funcionamiento eficiente.

Parágrafo. En el Ejército Nacional (B-2 y S-2) o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, las Unidades Investigativas de Orden Público se conformarán con personal de dichos organismos y sólo tendrán calidad permanente en relación con los hechos punibles contemplados en este decreto en los cuales la competencia para su juzgamiento corresponda a la Justicia Penal Militar; en los demás eventos ejercerán esa función de manera transitoria.

Artículo 19. En cada Unidad Investigativa habrá un superior, que será responsable de las investigaciones que a ella se le asignen, o que oficiosamente adelanten.

Siempre que se constituya una Unidad Investigativa de Orden Público se deberá dar aviso escrito al Procurador Departamental o Provincial.

Artículo 20. La controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio.

La Policía Judicial practicará las pruebas, o incorporará al expediente las que se pongan a su disposición y que considere pertinentes, sin expedir acto en que así lo ordene, y a su realización sólo podrá asistir el Agente del Ministerio Público correspondiente.

Igualmente incorporará al expediente las que se hayan producido válidamente en cualquier otra actuación judicial, administrativa o disciplinaria.

Artículo 21. Las pruebas practicadas o recaudadas por la Policía Judicial de Orden Público, tienen el mismo valor probatorio que las practicadas o recaudadas por los jueces, quienes las apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

El informe juramentado que de los hechos suministre quien ejerza funciones de policía judicial tiene el carácter de testimonio, y sus dictámenes se someterán a las reglas de apreciación establecidas en el Código de Procedimiento Penal para la prueba pericial.

Los documentos públicos que se alleguen se presumen auténticos.

Artículo 22. Cuando las circunstancias lo aconsejen para seguridad de los testigos, se autorizará que éstos coloquen su huella digital en la declaración en lugar de su firma; pero en estos casos es obligatoria la participación del agente del Ministerio Público, quien certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró. Para el efecto se levantará un acta en la que se reseñe en forma completa la identidad del declarante y su huella dactilar, acta que se guardará en sobre cerrado y se remitirá a la Dirección Seccional de Orden Público con las seguridades del caso.

Igual podrá hacerse con los peritazgos o con cualquier otra prueba en relación con la cual sea conveniente guardar la identidad de las personas que hayan participado en ella.

En estos casos se omitirá la referencia a estas personas en el texto del acta del testimonio o peritazgo.

Sin perjuicio de la atribución conferida por la ley al Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Subdirector Nacional de Orden Público podrá tomar medidas especiales para proteger a los testigos cuando éstos lo soliciten, las cuales podrán llegar a consistir en la sustitución de los documentos de: registro civil y de identidad de la persona, así como en la provisión de los recursos económicos indispensables para que puedan cambiar de domicilio y ocupación tanto dentro del país como en el exterior.

CAPITULO IV

De la indagación preliminar

Artículo 23. En relación con los hechos punibles enumerados en el artículo 9° de este decreto, las diligencias preliminares serán adelantadas oficiosamente por las Unidades Investigativas de Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Policía Nacional, bajo el control del Juez de Instrucción de Orden Público y la vigilancia de los Agentes del Ministerio Público. Las Unidades Investigativas del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional las adelantarán cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar.

Las Unidades Investigativas de Orden Público del Cuerpo Técnico de Policía Judicial adscritas a las Direcciones Seccionales de Orden Público sólo adelantarán investigaciones cuando así lo disponga el Juez de Orden Público, o el Director de la Seccional.

Iniciada la indagación, el Jefe de la Unidad de Policía Judicial correspondiente dará aviso escrito de inmediato, o a más tardar en la primera hora del día hábil siguiente, a la Dirección Seccional de Orden Público respectivo para que el Director de ésta asigne el Juez de Instrucción de Orden Público que deba controlarla.

El juez de instrucción podrá desplazar por intermedio del Director Seccional en cualquier momento a la Unidad Investigativa que esté adelantando la indagación, y asignarla a otra Unidad o disponer el adelantamiento conjunto con otras. Para tales efectos el juez podrá solicitar informes en relación con el desarrollo de la misma.

Igualmente el jefe de la unidad dará aviso escrito inmediato de la iniciación al Agente del Ministerio Público correspondiente.

Artículo 24. Durante la indagación preliminar que se adelante por los delitos a que se refiere el artículo 9o de este decreto, los miembros de las Unidades Investigativas de Orden Público además de las funciones atribuidas a la Policía Judicial en otros estatutos ejercerán permanentemente las siguientes funciones:

A. Recibir bajo juramento las denuncias que le sean presentadas, y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos de que tengan noticia;

B. Inspeccionar minuciosamente el lugar de los hechos y allegar los elementos que puedan servir para asegurar las pruebas de la materialidad del delito y de la responsabilidad de sus autores, cuidando que tales huellas no se alteren, borren u oculten; levantarlas, trasplantarlas o registrarlas técnicamente y hacerlas reconocer o examinar si fuere necesario;

C. Practicar el levantamiento de cadáveres, en lo posible con la asistencia de un médico legista u oficial, ordenar la correspondiente necropsia y hacer las diligencias necesarias para su identificación;

D. Levantar el croquis del lugar en donde se haya cometido el ilícito y tomar fotografías;

E. Realizar y ordenar las pruebas técnicas necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos;

F. Recibir bajo la gravedad del juramento testimonio a todas las personas que hayan presenciado los hechos, y a quienes les conste alguno en particular. Para este propósito podrán impedir por un lapso no mayor de seis horas que los testigos se retiren o ausenten del lugar sin haber dado los informes o rendido las declaraciones;

G. Recibir por escrito y con fidelidad la versión que libre y espontáneamente quiera hacer el imputado sobre las circunstancias y móviles del hecho, su participación en él y la de otras personas. Esta diligencia será firmada por el imputado en señal de asentimiento;

H. Practicar el registro de personas, cuando haya fundado motivo para creer que ocultan objetos importantes para la investigación. El registro lo practicará persona del mismo sexo, guardando las consideraciones compatibles con la correcta ejecución del acto;

I. Practicar el reconocimiento fotográfico o en fila de personas para verificar la identidad de un sospechoso, en los términos señalados por la ley penal. Sin embargo, en el último caso deberá contarse con la presencia del Agente del Ministerio Público;

J. Proveer a la identificación del imputado por los medios legales pertinentes;

K. Recaudar los antecedentes penales y de policía que existan con relación a las personas que pudieren ser responsables de los hechos investigados;

L. Aprehender las armas que se hayan utilizado en la comisión del ilícito, y los elementos que hayan servido para su ejecución o provengan de ella, e incautar u ocupar bienes en los términos señalados en las regulaciones legales vigentes.

Parágrafo 1. Siempre que la Policía Judicial de Orden Público vaya a practicar un allanamiento, interceptar líneas telefónicas, registrar correspondencia o capturar a una persona en los casos que no sean de flagrancia, deberá solicitar autorización a cualquier Juez Penal o Promiscuo de la República. Sin embargo, los allanamientos se podrán practicar sin este requisito cuando por razones de lugar, el día o la hora en que se deba practicar la diligencia, la orden no pudiese ser emitida oportunamente y existan indicios graves o declaraciones con serios motivos de credibilidad con relación a situaciones de flagrancia, .para evitar la destrucción o desaparición de medios de prueba, o la evasión de personas requeridas por las autoridades respecto a hechos punibles de competencia de la Jurisdicción de Orden Público,' de todo lo cual se dejará constancia escrita, bajo la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario que dirija la Unidad de Policía Judicial.

El Director Seccional de Orden Público podrá ordenar, a petición del Jefe de la Unidad Investigativa, que las oficinas telegráficas o telefónicas intercepten las comunicaciones o mensajes transmitidos o recibidos, si fueren conducentes para el descubrimiento o comprobación de los delitos referidos por el artículo 9o de este decreto.

Parágrafo II. Salvo las decisiones que por mandato legal correspondan a las autoridades administrativas, las solicitudes para la devolución u otros pronunciamientos sobre bienes incautados u ocupados se tomarán por el Juez de Orden Público a quien corresponda el control de la indagación, para lo cual se remitirá la petición de inmediato junto con el original del expediente conformado hasta el momento continuando la Unidad de Policía Judicial con el trámite de indagación sobre la copia.

Parágrafo III. Los funcionarios de Policía Judicial de Orden Público presentarán sus informes y se identificarán en las diligencias con el número de código asignado por la institución a la cual pertenezca.

Artículo 25. Todas las autoridades de Policía Judicial distintas de las que señala este decreto, podrán asumir las diligencias de indagación preliminar en relación con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público en caso de urgencia, y cuando por cualquier circunstancia no intervenga inmediatamente la Unidad de Investigación de Orden Público correspondiente, debiendo remitir a ésta lo actuado en el término de cuarenta y ocho (48) horas, más las distancias.

Si existe persona capturada, se procederá tal como se regula en el artículo siguiente, pero el término de retención por parte de dichas autoridades no podrá exceder de 48 horas.

Artículo 26. En caso de captura del infractor, los funcionarios de Policía Judicial procederán a informarle sobre los motivos de ella, el derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión y el de rendir versión libre y espontánea sobre los hechos que la produjeron dentro de los parámetros de la Constitución Política, levantando acta en que se deje constancia de todo ello, la cual será suscrita por el aprehendido o por un testigo si aquél fuere renuente a hacerlo.

El funcionario aprehensor deberá registrar el hecho en un libro llevado especialmente para el efecto, que será debidamente foliado y rubricado en cada una de sus páginas por un Agente del Ministerio Público, y dar noticia inmediata de la captura a la persona que indique el aprehendido, así como por escrito al Agente del Ministerio Público respectivo, y por intermedio del Director Seccional al Juez de Instrucción que le corresponda el control de la indagación. La omisión injustificada de estas obligaciones será causal de mala conducta y podrá hacer responsable al funcionario del delito de prevaricato por omisión.

Dentro de los cinco (5) días siguientes al acto físico de la captura deberá remitir el aprehendido y el original del expediente al Juez de Instrucción correspondiente, a fin de que éste decida lo pertinente, pudiendo en todo caso continuar con el recaudo de pruebas sobre la copia del expediente, salvo disposición en contrario del mencionado Juez.

Durante dicho término el aprehendido podrá permanecer incomunicado.

Parágrafo. Si el aprehensor fuere autoridad de Policía Judicial diferente de la Orden Público, remitirá las copias de la actuación adelantada en el término de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Investigativa de Orden Público más próxima.

Artículo 27. Desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos el Agente del Ministerio Público deberá recaudar las pruebas tendientes a establecer la naturaleza y cuantía de los perjuicios, solicitando para ello la práctica de las pruebas correspondientes a cualquier Juez de la República salvo a los de Orden Público, las que no causarán costos de ninguna naturaleza diferentes de las erogaciones necesarias para producirlas y serán trasladadas durante el juicio al expediente.

Igual facultad podrán ejercer, por medio de apoderado, los perjudicados con la infracción.

Artículo 28. La indagación preliminar termina cuando se haya dictado auto cabeza de proceso o inhibitorio.

Artículo 29. Transcurrido el término de ejecutoria del auto inhibitorio, el expediente pasará al Director Seccional para su conservación.

No obstante, el auto inhibitorio puede ser revocado, aunque hubiese adquirido ejecutoria formal en los términos y condiciones previstos en el Código de Procedimiento Penal, con fundamento en las pruebas que aporten la Policía Judicial o los interesados.

Artículo 30. Si transcurrido un año contado a partir de la iniciación de la indagación preliminar no hay sindicado conocido, la Policía Judicial enviará el expediente a la Dirección Seccional de Orden Público para que el Juez de Instrucción correspondiente decida sobre la suspensión provisional de la actuación, o la práctica de nuevas pruebas, o dicte el auto inhibitorio si hubiere lugar a él.

CAPITULO V

De la instrucción del sumario

Artículo 31. Recibida una indagación preliminar con persona capturada, el juez podrá escucharle en versión libre, y si no encuentra mérito para vincularla en indagatoria, se abstendrá de abrir investigación, le dejará en libertad y dispondrá las pruebas que deban evacuarse por la Policía Judicial o dictará auto inhibitorio si fuere pertinente.

Artículo 32. Si el juez dicta auto cabeza de proceso, señalará día y hora para oír indagatoria al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días siguientes al que le sea puesto a disposición.

Si son dos o más los capturados, el término se ampliará a cinco (5) días; pero si los aprehendidos fueren más de cinco se extenderá a diez (10) días. En uno y otro evento, el Director Seccional de Orden Público podrá asignar varios jueces para recibirlas.

En casos especiales determinados por la distancia, el número de sindicados, o la seguridad de alguno de ellos, el Juez de Orden Público podrá comisionar a uno o varios Jueces de Instrucción Criminal Ambulante para recibir indagatoria y resolver la situación jurídica dentro de los términos de ley, para lo cual librará Despacho Comisorio con los insertos del caso y acompañará copia de las piezas procesales que sean pertinentes.

La designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal, desde el momento de la indagatoria o declaratoria de reo ausente, y con él se actuará hasta la terminación del proceso.

Sin embargo, el procesado podrá cambiar de apoderado en cualquier momento. La incomunicación se levantará al culminar la indagatoria si no se hubiere levantado con antelación.

Artículo 33. Recibida la indagatoria el juez que abrió la investigación definirá la situación jurídica dentro del término de diez (10) días, el cual se ampliará a veinte (20) si fueren más de tres los aprehendidos, y en el mismo auto determinará las pruebas que se deben practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la Unidad de Policía Judicial de Orden Público que considere pertinente, la cual practicará las decretadas, así como las que estime conducentes, dentro del término que se le señale, el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole.

El cuaderno original será conservado por la Dirección Seccional de Orden Público y adicionado cada vez que regrese de la Unidad Investigativa con las nuevas diligencias o actuaciones a fin de entregarlo al juez debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión.

Artículo 34. Conforme a las necesidades de la investigación y cuando se trate de pluralidad de imputados en la comisión del hecho, el juez podrá diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con el desarrollo de aquélla.

Cuando considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura, y si pasados ocho (8) días de su comunicación ésta no se ha logrado, emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado durante tres días en lugar visible de la Sección Jurisdiccional. Si la comisión de los hechos se hubiere llevado a cabo en otra localidad, se remitirá además un ejemplar del edicto para que sea colocado en lugar visible de la Alcaldía por el mismo lapso. Copia del edicto con constancias de secretaría sobre fijación y desfijación, así como de su remisión si fuere el caso, se agregarán al expediente.

Transcurridos tres (3) días después de la desfijación del edicto en la Sección Jurisdiccional, si el imputado no hubiere comparecido, el juez declarará persona ausente y le designará defensor de oficio con quien continuará el proceso hasta su terminación, sin perjuicio de la facultad que tiene el procesado para nombrarlo.

Si el sindicado compareciere, lo vinculará al proceso en los términos señalados en el artículo 32 de este decreto.

Artículo 35. Cuando la Policía Judicial de Orden Público considere necesario vincular a un posible sindicado no capturado, remitirá el original de la actuación que hubiese adelantado por intermedio del Director Seccional al Juez de Orden Público correspondiente, quien dará aplicación a lo dispuesto en el artículo precedente si encuentra mérito para ello, conforme a estudio sobre el cuaderno original.

La Unidad Investigativa de Policía Judicial continuará adelantado la actuación sobre el cuaderno de copias.

En la orden de captura emitida, el juez podrá autorizar el allanamiento de los sitios en donde presuma se pueda encontrar el sindicado, señalándolos de manera genérica.

Artículo 36. Durante el sumario el Juez de Instrucción correspondiente decidirá sobre la apertura de la investigación, la vinculación del sindicado, su detención o libertad, el embargo y secuestro de bienes y cualquier otro incidente que se promueva con relación a éstos, el cierre de la investigación, la práctica o negativa de pruebas y la calificación del mérito del mismo.

Artículo 37. Durante la etapa de instrucción, la persona vinculada mediante indagatoria, el defensor, los auxiliares de la justicia, el Ministerio Público, el Director Nacional de Instrucción Criminal o su delegado, el Subdirector Nacional de Orden Público o su delegado, y los Directores Seccionales de Orden Público, tendrán derecho a revisar el proceso.

Sin embargo, para los tres primeros el juez podrá disponer la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el auto de cierre de la investigación, cuando considere que dicha medida es necesaria para garantizar el éxito de ésta o la seguridad de los participantes en el proceso. En ningún caso podrán ser reservadas las decisiones que afecten la libertad del procesado y el soporte probatorio que haya servido para dictar el auto de detención.

Sólo podrán expedirse copias de las diligencias una vez ejecutoriado el auto que califique el mérito del sumario con resolución acusatoria o cesación de procedimiento, salvo que las solicite la autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho, y con ellas la autoridad que las solicite conformará cuaderno separado que seguirá sujeto a la reserva.

Quien violare la reserva del sumario o de la indagación preliminar, o transgrediere la prohibición del inciso anterior, incurrirá, si fuere funcionario, en causal de mala conducta sancionable con destitución; si no lo fuere, se le impondrá multa por suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales. La primera se ordenará por el superior respectivo previo el procedimiento disciplinario, y la segunda por el Juez de Orden Público mediante auto motivado y luego de oír en diligencia de descargos al infractor, así como practicar las pruebas que solicitare y fueren conducentes, en cuaderno separado. Esta decisión no será susceptible de recurso alguno ni afectará la marcha del proceso.

Artículo 38. Durante la etapa de instrucción podrán pedir el sindicado detenido y su defensor la práctica de pruebas determinando la conducencia de las mismas. El juez podrá negarlas mediante auto de sustanciación no sujeto a recurso alguno que deberá ser notificado por estado. El peticionario podrá insistir por una sola vez ante el Agente del Ministerio Público de la Dirección Seccional, el cual, si las considera conducentes, solicitará mediante oficio al juez que reconsidere su decisión. Si las decreta, el juez señalará la Unidad de Policía Judicial que deba practicarlas.

Artículo 39. Practicadas las diligencias ordenadas por el juez y las demás que fueren conducentes, la Unidad de Policía Judicial de Orden Público devolverá la actuación al juez correspondiente, quien declarará cerrada la investigación por auto de sustanciación, que se comunicará al sindicado detenido por cualquier medio eficaz y se notificará por estado a las demás partes.

Dicho proveído no será susceptible de recurso alguno, y en él se dispondrá un traslado común por cinco (5) días a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos. Vencido el término anterior, el juez calificará el mérito del sumario dentro del término de diez (10) días por medio de resolución acusatoria, cesación de procedimiento o reapertura de investigación. En este último caso el juez señalará las pruebas que deban ser practicadas, indicando la Unidad de Policía Judicial de Orden Público que deba realizarlas.

CAPITULO VI

Del juicio

Artículo 40. En el evento de que el Juez de Instrucción de Orden Público dicte resolución acusatoria y ésta adquiera firmeza, pasará el expediente al Director Seccional a fin de que lo asigne mediante decisión no sujeta a recurso alguno, a cualquiera de los Jueces de Conocimiento de Orden Público pertenecientes a la dependencia, a quien corresponderá sustanciar el juicio.

Artículo 41. Sólo a partir de la iniciación del juicio se podrá constituir parte civil en los términos y condiciones señalados en las normas legales vigentes.

Artículo 42. Ejecutoriada la resolución acusatoria, se abrirá el juicio a pruebas por el término de veinte (20) días calendario, dentro del cual los sujetos procesales y la parte civil podrán pedir las que consideren pertinentes. Vencido este término, el juez decretará la práctica de las solicitudes que fueren conducentes. En todo caso estudiará la procedencia de aquellas cuya práctica hubiere pedido en reconsideración el Agente del Ministerio Público durante el sumario, y si las halla conducentes ordenará su práctica.

Las pruebas decretadas deberán practicarse dentro del término de dos meses más el de la distancia y para su realización dictará auto en que se señalen día y hora, el cual se notificará por estado.

Artículo 43. A petición de parte o de oficio, podrán practicarse durante el juicio pruebas que sean repetidas de las producidas por las Unidades de Policía Judicial, siempre que ello sea posible.

Artículo 44. El juez de conocimiento podrá practicar directamente las pruebas, o comisionará a la Unidad de Policía Judicial de Orden Público que considere conveniente.

Artículo 45. Dentro del juicio las pruebas deberán pedirse indicando clara y precisamente lo que el solicitante se propone acreditar con cada una de ellas, así como su conducencia.

El auto que niega la práctica de una prueba es apelable en el efecto devolutivo, pero no se podrá citar para sentencia, sino cuando haya sido resuelta la apelación. Si el Tribunal ordenare la práctica de las pruebas, el juez señalará día y hora para el efecto.

Artículo 46. Vencido el término probatorio, se citará para sentencia dejándose el expediente la disposición de los sujetos procesales y de la parte civil en secretaría por el término de ocho (8) días a fin de que presenten sus alegatos de conclusión. Vencido éste, el juez tendrá quince (15) días para dictar sentencia.

CAPITULO VII

Disposiciones comunes a la investigación y al juicio

Artículo 47. El Director Seccional de Orden Público asignará el Juez de Instrucción o de Conocimiento que deba controlar o adelantar una indagación o un proceso determinado, y podrá variar la asignación hecha, siempre que lo considere necesario para garantizar la reserva de su identidad.

Artículo 48. El Director Seccional de Orden Público o su Asistente, bajo la reserva pertinente, entregarán o recibirán de los Jueces de Orden Público y del Jefe de la Sección Jurisdiccional los expedientes o providencias, las cuales agregarán a aquéllos en copia autenticada en la que no aparezca la firma del juez.

Artículo 49. Durante el proceso todas las providencias que dicten los Magistrados y Jueces, así como los conceptos de los Agentes del Ministerio Público, deberán ser suscritos por ellos; pero se agregarán al expediente en copia autenticada por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden Público respectivo en la que no aparecerán las firmas de aquéllos. El original se guardará por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden Público con las seguridades del caso.

Artículo 50. A fin de garantizar su seguridad, cuando el juez considere conveniente mantener la reserva de su identidad o la de los intervenientes en el proceso, dispondrá que la práctica de pruebas, incluidas la recepción de indagatoria o de versión, contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de dictámenes o cualquier petición similar, se formulen por escrito, o se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado para tal efecto.

Artículo 51. Los autos de trámite no previstos en el artículo 36, las notificaciones, citaciones y comunicaciones procesales serán elaboradas, suscritas y ejecutadas por el Jefe de la Sección Jurisdiccional respectiva, o por el empleado de ésta que él designe. Los memoriales deberán entregarse en dicha dependencia.

Artículo 52. En los procesos que se adelanten por la Jurisdicción de Orden Público durante el sumario sólo podrán alegarse y declararse nulidades del auto de cierre de investigación o del calificatorio, y únicamente por razón de incompetencia del juez que lo dictó. Igualmente en estos casos el juez podrá revocarlos oficiosamente.

Las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra petición que se formule dentro de éste, salvo las de pruebas o las que se refieran a la libertad del procesado serán decididas en la sentencia.

Parágrafo. La variación de la asignación de juez durante el sumario o en el juicio hecha por el Director Seccional no genera nulidad por incompetencia, siempre que se trate de funcionario de la misma naturaleza.

Artículo 53. Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios y, en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9° del presente decreto, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

El superior de la Unidad Investigativa sólo podrá ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista a lo menos prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9o de este decreto.

De la aprehensión o incautación de los bienes que estuviesen sujetos a registro de cualquier naturaleza, se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda por el Jefe de la Unidad Investigativa que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acto y sin sujeción a ningún turno, so pena de causal de mala conducta. Hecha ésta, todo derecho de terceros que se radique sobre el bien será inoponible al Estado.

La orden de entrega definitiva de bienes a particulares sólo podrá cumplirse una vez ejecutoriada.

Parágrafo. Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes, el Jefe de la Unidad Investigativa levantará un acta en que aparezca el inventario de ellos debidamente identificados, de la cual remitirá una copia adicional a la Dirección Nacional de Estupefacientes para los efectos señalados en este decreto.

Artículo 54. Las Unidades Investigativas de la Policía Judicial de Orden Público y las de Policía Judicial a que se refiere este decreto, inutilizarán las pistas de aterrizaje, destruirán las plantaciones o cultivos de marihuana, cocaína, adormidera y además plantas de las cuales pueda extraerse o procesarse droga, que produzca dependencia, acatando las previsiones del Decreto 1198 de 1987 y el procedimiento señalado por el artículo 77 de la Ley 30 de 1986, hechos de los cuales se dejará constancia en acta similar a la referida en el parágrafo del artículo precedente.

Las drogas que produzcan dependencia o las sustancias estupefacientes incautadas, serán destruidas con orden del Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público correspondiente, en diligencia a la cual deberá asistir el Agente del Ministerio Público, que se practicará siguiendo las pautas señaladas en los artículos 79 y siguientes de la citada ley en cuanto no se opongan a lo aquí previsto, hecho sobre el cual se dejará constancia en acta similar a la referida en el parágrafo del artículo anterior.

Los insumos, sustancias precursoras o elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, una vez identificadas pericialmente por el Jefe de la Unidad de Investigación de Orden Público, con la presencia imprescindible del Agente del Ministerio Público, serán puestas a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá determinar su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas, caso en el cual se procederá conforme al inciso anterior en lo pertinente. En evento de utilización, tales elementos se avaluarán previamente por una entidad civil y su valor o el del remate, si lo hubiere, se reembolsará al propietario en caso de que el proceso termine con cesación de procedimiento, auto inhibitorio o sentencia absolutoria.

Parágrafo. El Jefe de la Unidad Investigativa correspondiente podrá disponer la destrucción de los insumos o sustancias precursoras a que se refiere el inciso anterior, cuando las operaciones se realicen en zonas rurales de difícil acceso y su conservación represente grave peligro para la salubridad o seguridad pública, hecho sobre el cual se dejará constancia en acta similar a la enunciada en el parágrafo del artículo 53.

Artículo 55. Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos, dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público o por las de Policía Judicial Ordinaria y colocados a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, junto con la copia de acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución, podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de las Direcciones Nacional de Instrucción Criminal y de Carrera Judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 en la forma y términos dispuestos en él, los Decretos 1856 de 1989, 042 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con las normas de la Ley 30 de 1986, en cuanto éstas no se opongan a aquéllos. En ningún caso los bienes podrán ser asignados a la entidad a la cual pertenezca la Unidad Investigativa de Orden Público que adelanta las preliminares. También podrá asignarlas al Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta Corporación.

En la resolución de asignación provisional que dicte la Dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Este una vez posesionado, tendrá todos los derechos, atribuciones y facultades, y estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los secuestres judiciales determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá solicitar su relevo cuando lo estime necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, la destinación provisional.

Salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990, sobre el decomiso administrativo o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso a favor del Estado y adjudicados definitivamente por el juez a alguna de las entidades mencionadas en el primer inciso de este artículo o en el Decreto 2390 de 1989 al momento de dictar sentencia dejando a salvo la afectación de ellos al pago de perjuicios. De todas formas su decisión se hará conocer a la oficina de registro que corresponda según la naturaleza del bien.

Parágrafo. Las armas y explosivos se enviarán a la Industria Militar, conforme a las previsiones de las normas legales vigentes.

Artículo 56. Para hacer efectivos los derechos de adjudicación definitiva o provisional, así como el de administración que en su favor consagran los Decretos Legislativos 1856 y 2390 de 1989 y 42 de 1990, la entidad a la cual se haya adjudicado provisionalmente un bien tendrá tanto en la Indagación Preliminar como en el sumario y la causa de los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9o de este decreto, los mismos derechos y facultades que en el régimen ordinario otorga la ley al Tercero Interviniente o Incidental. Para tales efectos podrán otorgar mandato a los abogados inscritos pertenecientes a su dependencia.

Artículo 57. El dominio de los bienes incautados u ocupados por razón de los delitos a que se refiere el artículo 9° de este decreto se extinguirá a favor del Estado, si transcurrido un año desde la fecha en que procesalmente haya surgido el derecho a ser reclamada la devolución por los procesados o por los terceros, éste no se ejerciere, o desde su aprehensión cuando se trate de bienes sin dueño conocido.

Vencido el término de que trata el inciso anterior, o pasado un año de la incautación si no tuvieren dueño conocido, el juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público, avisará al interesado por correo certificado a la última dirección que aparezca en el proceso de que se trate, o mediante publicación en un periódico de amplia circulación en el lugar, según el caso, que en un plazo no mayor de un mes, contado a partir de la fecha de la remisión o la publicación del aviso, deberá justificar por medio idóneo el no retiro oportuno de los bienes, so pena de su pérdida en favor del Estado.

Transcurrido este plazo, el Juez de Orden Público decidirá y procederá en consecuencia mediante providencial interlocutoria que será susceptible del recurso de apelación.

Si el bien no estuviere a disposición de un juez de la República, el procedimiento señalado en este artículo se adelantará por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la que decidirá lo pertinente por resolución motivada que tendrá apelación ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Artículo 58. En los hechos punibles de competencia de la Jurisdicción de Orden Público, sólo procede la detención preventiva como medida de aseguramiento.

El Juez de Orden Público al proferir auto de detención preventiva decretará el secuestro de los bienes muebles y el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad del sindicado, debiendo disponer en la sentencia la condena al pago de los perjuicios, para cuyo fin el remate se efectuará según lo previsto en los artículos 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se enviará copia auténtica de lo pertinente al Juez Civil competente.

La revocatoria del auto de detención requerirá siempre el concepto previo y favorable del Agente del Ministerio Público.

Artículo 59. Los sindicados por los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público sólo tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:

1. Cuando en cualquier estado del proceso hubieren sufrido en detención preventiva un tiempo igual al que merecieren como pena privativa de la libertad por el delito de que se les acusa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

Se considerará que ha cumplido la pena el sindicado que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

La excarcelación en todo caso será tramitada por el juez y a él deberá dirigirse la petición correspondiente.

2. En los eventos, condiciones y términos previstos en los Decretos 2490 de 1988, y 2047 de 1990.

3. Cuando fuere mayor de setenta (70) años, siempre que no haya sido procesado antes por uno de los delitos de que trata el artículo 9o de este decreto.

Artículo 60. En los procesos por delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público no habrá lugar a suspensión de la detención preventiva, ni de la ejecución de la pena, pero procederá la detención domiciliaria u hospitalaria cuando el proceso o condenado sufriere grave enfermedad, o a la imputada le faltaren cuatro semanas o menos para el parto, o si no han transcurrido dos meses desde la fecha en que dio a luz.

En los eventos anteriores, se exigirá por el juez certificado de médico legista, quien dictaminará periódicamente sobre la necesidad de que continúe la detención en la forma prevista en el inciso anterior.

Artículo 61. Los sindicados por hechos punibles de competencia de la Jurisdicción de Orden Público, no serán acreedores a la libertad inmediata de que trata el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal. En tales casos, una vez que se acredite su calidad, el funcionario de policía judicial de orden público o el juez, lo comunicarán de inmediato al respectivo nominador a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar solución de continuidad en la prestación del servicio, y no será necesaria la previa suspensión del empleado para hacer efectiva su detención preventiva.

Artículo 62. En los eventos de privación de libertad por alguno de los hechos punibles señalados en el artículo 9o de este decreto, será competente para conocer y decidir sobre el derecho de Habeas Corpus el Tribunal Superior de Orden Público en Sala Unitaria, atendiendo la distribución hecha en la forma prevista en su reglamento interno.

El Magistrado de Orden Público al avocar el conocimiento del amparo, solicitará de inmediato informes a la Subdirección Nacional de Orden Público sobre si el capturado es solicitado por otras autoridades, y dispondrá la inspección correspondiente conforme al régimen ordinario, citando al Fiscal para que asista.

Practicada la revisión ordenada, correrá traslado al Agente del Ministerio Público por un lapso de doce (12) horas hábiles para que conceptúe.

Recibido el concepto o transcurrido el término, el Magistrado decidirá dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes en providencia no susceptible de recurso, la que deberá cumplirse de inmediato.

La Subdirección Nacional de Orden Público prestará toda la colaboración que sea necesaria al Magistrado para el cumplimiento de su función y para garantizar la reserva; toda comunicación jurisdiccional será suscrita por el Presidente del Tribunal.

Artículo 63. Los procesados por delitos de los señalados en el artículo 9o de este decreto tendrán derecho a los beneficios previstos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, o en el Decreto Legislativo 2047 de 1990, a su elección, siempre que se den los requisitos señalados en dichas normas.

De la misma manera, quien después de haber intervenido como autor o participe en los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público, o que figure como encubridor, colabore eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de quienes hubieren intervenido a cualquier título en su ejecución, podrá ser beneficiario de rebaja hasta de las tres cuartas partes de la pena, y en casos excepcionales podrá ser eximido de ella al momento de dictar sentencia. En este último caso, comprobada la colaboración, el imputado tendrá derecho a libertad provisional inmediata, sin necesidad de suscribir diligencia de compromiso o de otorgar caución.

En ningún evento serán acumulables estos beneficios.

La comisión por el condenado de cualquiera de los delitos señalados en el artículo 9o de este decreto le hará perder los beneficios que se hubieren obtenido, conforme a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 64. Quien no siendo autor o participe del hecho punible suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectiva orden de captura de imputado, o incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de los delitos señalados en el artículo 9o de este decreto, o informes que permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, que podrá ser pagada dentro o fuera del país.

Dicho beneficio será determinado por el Subdirector Nacional de Orden Público, sin perjuicio de la atribución conferida por la ley al Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, quien será el ordenador del gasto, el que se cargará contra la cuenta especial del presupuesto de la entidad y cuyo manejo será cobijado por reserva legal, la cual podrá ser levantada solamente y en forma indelegable por el Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación.

El ordenador de estos gastos podrá autorizar en casos especiales que se realicen ofertas públicas de recompensa, por cuantía superior a la señalada en el inciso primero.

Los informes se consignarán en acta reservada, en la cual se hará constar la versión, y se suscribirán por el respectivo Director Seccional de Orden Público, un Agente del Ministerio Público, y el informante, quien además estampará su impresión dactilar. El acta se remitirá a la Subdirección de Orden Público donde se conservará con las debidas seguridades, y de su contenido el Subdirector Nacional de Orden Público, podrá expedir copia autenticada del acta, prescindiendo de la firma y datos de identidad o generales de ley con destino a la respectiva investigación penal, quedando su valor probatorio sujeto a la estimación que haga el Magistrado o Juez.

Los informantes de que trata este artículo podrán tener la misma protección prevista para el testigo en este estatuto.

Artículo 65. El término de la prescripción de la acción y de la pena se interrumpe según el caso, para quien sea juzgado o condenado como persona ausente por los delitos de que trata el artículo 9° del presente decreto.

Artículo 66. Todos los empleados oficiales están obligados a prestar su colaboración a las autoridades que adelantan actuaciones, investigaciones o procesos por los delitos referidos en el artículo 9o de este decreto y a suministrar la información que se les solicite con prelación a cualquiera otra, so pena de incurrir en causal de mala conducta en caso de omisión o demora, y sin que puedan oponerles reserva alguna.

Artículo 67. Queda prohibida la transmisión de todo mensaje, noticia, grabación o información que identifique en cualquier forma a los intervinientes en los procesos de que trata este decreto.

Queda igualmente prohibida la transmisión radial en directo desde el lugar de los acontecimientos de actos a los que se refiere este decreto, mientras los hechos estén ocurriendo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 180 de 1988, la violación de las anteriores prohibiciones acarrea la destitución para el funcionario o empleado responsable, o la multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales al medio de comunicación respectivo, que se impondrán conforme a lo previsto en el artículo 37 del presente estatuto.

CAPITULO VIII

Del Ministerio Público

Artículo 68. El Ministerio Público ante la Jurisdicción de Orden Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegados en lo Penal, las Fiscalías que actualmente existen para el Tribunal Superior de Orden Público y las Fiscalías de los Juzgados de Orden Público.

Parágrafo. Ejercen ocasionalmente funciones de Ministerio Público ante las Unidades Investigativas de Orden Público, los Fiscales de la Jurisdicción Penal Ordinaria y los Personeros de Distrito y Municipales, en los casos y bajo las condiciones señalados en el presente decreto.

Artículo 69. Los Fiscales de Orden Público tendrán jurisdicción nacional pero ejercerán sus funciones en la comprensión territorial de la correspondiente Seccional de Orden Público.

Artículo 70. Los asuntos sometidos al examen de los Fiscales del Tribunal de Orden Público serán repartidos en forma equitativa y reservada, según reglamentación acordada entre ellos. De igual manera se procederá con los Fiscales de los Juzgados de Orden Público.

En todo caso, el Procurador General de la Nación podrá variar la asignación de los asuntos o designar Agentes Especiales, cuando lo considere conveniente.

Las actas de asignación correspondientes se conservarán con las debidas seguridades y podrán hacerse públicas cuando haya transcurrido un año después de proferida la sentencia definitiva.

Artículo 71. Además de las funciones que la Constitución, la ley y este decreto, le señalan al Ministerio Público, los Fiscales de Orden Público cumplirán las siguientes:

1. Ejercer vigilancia directa, inmediata y permanente sobre el desarrollo y resultados de las indagaciones preliminares que adelanten las Unidades Investigativas de Orden Público.

2. Concurrir de inmediato al sitio de reclusión, cuando reciban informe sobre la captura o aprehensión de alguna persona, y constatar su estado general, de lo cual dejarán constancia en el expediente.

Si observaren irregularidad, procederán conforme a lo previsto en el inciso final del parágrafo 2o de este artículo.

3. Presenciar las diligencias de reconocimiento en fila de personas, las declaraciones de testigo que se reciban con huella dactilar, así como aquellas otras en que estime necesaria su presencia.

4. Rendir informe mensual al Procurador Delegado para el Ministerio Público sobre sus actividades.

5. Recaudar las pruebas tendientes a establecer la naturaleza y cuantía de los perjuicios y promover su traslado al expediente.

Parágrafo 1º. Los Fiscales de la Jurisdicción Penal Ordinaria y los Personeros, ejercerán las funciones descritas en los numerales 2, 3 y 4, de este artículo si en el lugar no existe agente del Ministerio Público ante la Unidad de Investigación. Al iniciar su actuación lo comunicarán de inmediato al grupo de Fiscales de Orden Público.

Parágrafo 2o. La Policía Judicial de Orden Público está obligada a facilitar el ejercicio de las funciones del Ministerio Público.

Toda conducta tendiente a obstaculizar la intervención del agente respectivo hará incurrir al responsable en causal de mala conducta sancionable con destitución.

En caso de que el Agente del Ministerio Público encuentre alguna irregularidad, informará inmediatamente a la Dirección Seccional de Orden Público e, iniciará o promoverá la investigación correspondiente. El incumplimiento de esta obligación es causal de destitución.

Artículo 72. Las funciones que por este decreto se asignan al Ministerio Público se ejercerán por los funcionarios y empleados, y en las condiciones que el Procurador General de la Nación señale mediante resolución.

Para tal efecto, podrá asignar las funciones de vigilancia de las Unidades de Policía Judicial a los Agentes del Ministerio Público de las sedes de las mismas.

Artículo 73. Para el 16 de enero de 1991, el Procurador General de la Nación establecerá el número y sede de los funcionarios y empleados que ejercerá las funciones del Ministerio Público ante la Jurisdicción de Orden Público. Podrá designar como Fiscales de Orden Público a quienes vienen ejerciendo esa función y a los actuales Fiscales de los Juzgados Especializados.

Artículo 74. Los Fiscales del Tribunal Superior de Orden Público y los Fiscales de Orden Público tendrán la misma remuneración y prerrogativas de los Magistrados y Jueces ante quienes actúan, y estarán sujetos al régimen de personal, salario y prestacional, de la Rama Jurisdiccional y al disciplinario del Ministerio Público, y serán de libre nombramiento y remoción, pero su designación seguirá sujeta a los términos de la Constitución Política.

Artículo 75. A partir del 16 de enero de 1991 suprímense los siguientes cargos existentes:

54 Fiscales Especializados.

30 Fiscales de Orden Público.

54 Asistentes Judiciales Grado 09, de las Fiscalías de Juzgados Especializados.

30 Asistentes Judiciales Grado 11 de las Fiscalías de Orden Público.

Artículo 76. A partir del 16 de enero de 1991 créanse los siguientes cargos:

84 Fiscales de Orden Público, Grado 21.

84 Asistentes de Fiscalía de Orden Público, Grado 09.

CAPITULO IX

Organización Administrativa de Orden Público

Artículo 77. A partir de la publicación del presente decreto, el Director Nacional de Instrucción Criminal hace parte del Consejo Nacional de Policía Judicial, como miembro de pleno derecho.

Los Directores Seccionales de Orden Público serán miembros de pleno derecho de los Consejos Seccionales de Policía Judicial.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Policía Judicial lo presidirá el Ministro de Justicia y, en su ausencia, el Director Nacional de Instrucción Criminal.

Artículo 78. A partir de la publicación de este decreto, el Secretario del Consejo Nacional de Policía Judicial será un delegado del Director Nacional de Instrucción Criminal.

Artículo 79. El Consejo Nacional de Policía Judicial tendrá, además de las funciones dadas en el Decreto-ley 54 de 1987, las siguientes:

a) Asesorar al Director Nacional de Instrucción Criminal para el adecuado desarrollo y funcionamiento de la Jurisdicción de Orden Público;

b) Evaluar los resultados de las actividades cumplidas por la Jurisdicción de Orden Público y proponer acciones que tiendan a optimizarlas;

c) Proponer medidas que tiendan a fortalecer la capacidad técnica de las correspondientes Unidades Investigativas, y

d) Asesorar la fijación de la política de capacitación de los empleados y funcionarios de la Jurisdicción de Orden Público.

Artículo 80. Créase la Subdirección Nacional de Orden Público como una dependencia de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con la siguiente estructura orgánica:

1.

Dirección Nacional de Instrucción Criminal

2.

Subdirección Nacional de Orden Público.

2.1

Direcciones Seccionales de Orden Público.

2.1.1.

Seccionales Jurisdiccionales.

2.1.2.

Divisiones Administrativas.

Parágrafo 1º. El Consejo Nacional de Policía Judicial actuará como organismo asesor de la Jurisdicción Nacional de Orden Público.

Parágrafo 2º. El Ministerio Público y las Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial tienen relación funcional con las Direcciones Seccionales de Orden Público.

Artículo 81. El Director Nacional de Instrucción Criminal, en lo relacionado con la Jurisdicción de Orden Público, cumplirá las siguientes funciones:

a) Dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción de Orden Público;

b) Nombrar, remover y dar posesión al Subdirector Nacional, los Directores Seccionales y al personal de las Seccionales de la Jurisdicción de Orden Público, con excepción de los jueces, que serán elegidos por el Tribunal de Orden Público. Igualmente ejercer estas funciones en relación con los empleados a que refiere el segundó inciso del artículo 91 de este decreto.

No obstante, el Subdirector Nacional y los Directores Seccionales de Orden Público decidirán las demás situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su dependencia, incluyendo los empleados de la Sección Jurisdiccional;

c) Elaborar, en acuerdo con la Subdirección Nacional de Orden Público y el Director de la Escuela de Instrucción Criminal, los programas de capacitación para los empleados y funcionarios de la Jurisdicción de Orden Público, y supervisar su ejecución;

d) Participar en la elaboración del presupuesto de la Jurisdicción de Orden Público y asegurar su cumplida ejecución;

e) Asignar los empleados del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que le corresponde a cada Dirección Seccional de Orden Público, y

f) Hacer parte del Consejo Nacional de Seguridad cuando se trate de asuntos relacionados con la Jurisdicción de Orden Público.

Parágrafo. El Director Nacional de Instrucción Criminal podrá delegar estas funciones salvo la del literal f), en el Subdirector Nacional de Orden Público, y en los Directores Seccionales.

Artículo 82. El Subdirector Nacional de Orden Público tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar con el Director Nacional de Instrucción Criminal el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción de Orden Público;

b) Coordinar la prestación de los servicios de laboratorios criminalísticos, como auxiliares de las Unidades Investigativas;

c) Dirigir y coordinar las Direcciones Seccionales de su competencia;

d) Dirigir el sistema de información correspondiente a los diferentes procesos y velar por su permanente actualización;

e) Asignar la sede a los Jueces de Orden Público;

f) Definir la comprensión territorial de las Direcciones Seccionales de Orden Público, pudiendo variarla según la situación de la zona y las necesidades del servicio;

g) Definir criterios para la distribución de las actuaciones dé que tratan los artículos 40 y 48 de este decreto;

h) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Jurisdicción de Orden Público, preparar las distribuciones de partidas para cada Seccional, solicitar los traslados y adiciones que considere necesarios y someterlos a aprobación de las autoridades competentes por conducto del Director Nacional de Instrucción Criminal;

i) Velar por la debida ejecución del presupuesto asignado a la Jurisdicción Nacional de Orden Público;

j) Atender los servicios administrativos de la Subdirección Nacional de Orden Público;

k) Actuar como ordenador del gasto de la Subdirección Nacional de Orden Público según la asignación de competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de Justicia;

l) Las demás que le señalen el presente decreto y el Director Nacional de Instrucción Criminal.

Artículo 83. Los Directores Seccionales de Orden Público tendrán las siguientes funciones:

a) Ejercer la Dirección Administrativa de las diferentes dependencias, incluidos los jueces y funcionarios que prestan servicios en ellas. En tal virtud le corresponde fijar horarios, dictar las normas de carácter administrativo y tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las diferentes secciones;

b) Coordinar con las autoridades públicas seccionales y locales, y con los organismos de seguridad, la prestación de los diferentes servicios;

c) Tomar medidas para garantizar que en el trámite del proceso se mantenga la reserva de las personas que intervienen en él;

d) Recibido el aviso de que trata el artículo 23, asignar el Juez de Instrucción que deba controlar la indagación, dirigir la investigación o conocer el juicio según el caso, debiendo responder por la entrega y remisión oportuna de los expedientes;

e) Llevar los archivos de los expedientes cuyo trámite ha culminado;

f) Dirigir el sistema de información de la Jurisdicción de Orden Público, en el nivel que le corresponda;

g) Coordinar con los organismos competentes todo lo relacionado con la seguridad de los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de Orden Público, así como de la planta física, los materiales y equipos;

h) Actuar como ordenador del gasto de la respectiva Seccional según la asignación de competencias que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de Justicia;

i) Rendir los informes que sobre el curso de las indagaciones e investigaciones y del funcionamiento administrativo de la Seccional le soliciten el Director Nacional de Instrucción Criminal y el Subdirector Nacional de Orden Público;

j) Las demás que le señalen el presente decreto, el Director Nacional de Instrucción Criminal y el Subdirector Nacional de Orden Público.

Parágrafo. Para garantizar su seguridad todas las relaciones entre los Jueces de las Unidades Investigativas se harán a través del correspondiente Director Seccional de Orden Público.

Artículo 84. A partir de la vigencia del presente decreto se crean las Direcciones Seccionales de Orden Público en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.

Artículo 85. Las Direcciones Seccionales de Orden Público están conformadas por la Sección Jurisdiccional y la División Administrativa.

Artículo 86. La Sección Jurisdiccional estará compuesta por los Jueces de Instrucción, los de Conocimiento y el personal de Secretaría, y tendrá a su cargo la investigación, el trámite del juicio y el proferimiento de los correspondientes fallos.

Artículo 87. La Sección Jurisdiccional tendrá un jefe, quien actuará como Secretario para los asuntos judiciales, con las siguientes funciones:

a) Recibir memoriales y notificaciones, autorizar las visitas carcelarias, hacer registros y llevar los correspondientes archivos;

b) Responder por las funciones Jurídico-Administrativas y Administrativas en los trámites de los procesos. En tal virtud deberá suscribir los autos de sustanciación que le corresponden, así corno las comunicaciones y demás documentos que sean necesarios;

c) Coordinar la prestación de los servicios con las demás secciones;

d) Las demás que le señale el Director Seccional de Orden Público.

Parágrafo. El Jefe de la Sección jurisdiccional podrá delegar algunas de sus funciones en el personal subalterno de la Sección.

Artículo 88. La División Administrativa tiene las siguientes funciones:

a) Responder por el correcto funcionamiento administrativo de la respectiva Seccional, mediante el apoyo requerido por las diferentes Secciones y sus dependencias;

b) Ejecutar las actividades tendientes a la adquisición de materiales, suministros y demás bienes y servicios que requiera la Dirección Seccional para su funcionamiento;

c) Coordinar la seguridad de los funcionarios de la Dirección y responder por la vigilancia de los bienes de las dependencias, así como por la planta física;

d) Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de funcionamiento e inversión;

e) Elaborar el proyecto del plan anual de compras y dirigir y controlar su ejecución;

f) Administrar la caja menor;

g) Cumplir las funciones propias de la administración de personal y llevar el registro de las novedades;

h) Participar en el diseño de los programas de capacitación y de bienestar social para los empleados de la Jurisdicción de Orden Público;

i) Actuar por delegación, como ordenador del gasto;

j) Las demás que le señale el Director Seccional de Orden Público.

Parágrafo. El Subdirector Nacional de Orden Público coordinará con la División Administrativa de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal la colaboración que esta entidad debe prestar para el cumplimiento de las funciones a ejercer por la Jurisdicción de Orden Público, en orden a garantizar su eficiencia.

Artículo 89. A partir del 16 de enero de 1991 se suprimen la totalidad de Juzgados Especializados y de Orden Público existentes, con su respectiva planta de personal.

Artículo 90. A partir del 1º de enero de 1991, créanse ochenta y dos (82) cargos de Jueces de Orden Público, los que serán designados por el Tribunal de Orden Público de entre las personas que venían desempeñando los cargos de Jueces de Orden Público o Especializados en los despachos suprimidos por este decreto y cuya remuneración corresponderá a la señalada para el grado 21 de la escala salarial de la Rama Jurisdiccional con sus correspondientes primas.

Los Jueces de Instrucción Criminal que vienen cumpliendo funciones de Jueces Especializados, continuarán ejerciendo las funciones inherentes a su cargo.

A partir de la misma fecha, cuarenta y nueve (49) Jueces de Orden Público, escogidos por una sola vez por el Director Nacional de Instrucción Criminal, asumirán las funciones de conocimiento y fallo en los procesos por los delitos enumerados en este decreto. Los treinta y tres (33) Jueces de Orden Público restantes asumirán las funciones de investigación en los procesos por los mismos delitos.

Parágrafo. La asignación de los Jueces de Orden Público a las Direcciones Seccionales la hará el Subdirector Nacional de Orden Público, quien podrá variarla de acuerdo con la situación de cada una.

Artículo 91. Los funcionarios y empleados que venían desempeñando los cargos que se suprimen en el artículo 89 serán nombrados por las Salas Plenas o las Salas de Gobierno de los Tribunales de Distrito según se trate de los primeros o los segundos, en los cargos vacantes que existan en éste a partir de la promulgación de este decreto o en los cargos que se crean en las Secciones Jurisdiccionales de las Direcciones Seccionales de Orden Público o en los Despachos creados con base en las facultades de la Ley 30 de 1987 cuya provisión haya sido autorizada por la Comisión para el Desarrollo de la Rama Jurisdiccional.

El nombramiento se hará en cargos con funciones similares a los que vienen desempañando, siempre que reúnan los requisitos para el efecto. Tratándose de empleados de las Secciones Jurisdiccionales, la designación por parte del Tribunal será únicamente por la primera vez; las subsiguientes corresponden al Director Nacional de Instrucción Criminal, y sus situaciones administrativas serán definidas por el Director Seccional de Orden Público.

Tratándose de empleados de despachos judiciales, los nombramientos serán hechos por los respectivos superiores.

La elección deberá ser preferencialmente para un cargo de igual categoría de remuneración si lo hubiere; en caso contrario podrá ser para uno de inferior remuneración y ésta será la que seguirá devengando, con las primas a que tenga derecho liquidadas sobre esta base.

El funcionario o empleado deberá manifestar dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de la comunicación del nombramiento su aceptación. Si no aceptare o no fuese posible encontrarlo para su comunicación en dicho término, perderá su derecho a ser nombrado.

Los Jueces Especializados no designados como Jueces de Orden Público y los abogados asesores podrán ser designados Jueces de Instrucción Criminal. Para los efectos de los requisitos exigidos para el cargo, un (1) año de servicios como Abogado Asesor de Juzgado de Orden Público equivale a un año de servicios como Juez Municipal.

Si la persona nombrada Juez de Orden Público venía desempeñándose como tal, o como Especializado, no requerirá confirmación de su cargo, y la posesión se hará ante el Director Seccional de Orden Público correspondiente con la suscripción del acta respectiva sin necesidad de comprobación de requisitos.

Artículo 92. A partir de la vigencia del presente decreto, créase en la Jurisdicción de Orden Público la siguiente planta de personal para la División Administrativa:

No. de cargos

Denominación

Clase

Grado

1

5

1

5

3

3

8

5

2

5

1

11

50

6

Subdirector Nacional de Orden Público

Dirección Seccional de Orden Público

Director Administrativo

Jefe División Administrativa

Jefe Sección de Seguridad

Jefe Sección de Seguridad

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Técnico Administrativo

Técnico Administrativo

Asistente Administrativo

Asistente Administrativo

Asistente Administrativo

Auxiliar Servicios Generales

II

III

I

V

III

III

II

II

I

III

IV

20

17

15

13

15

13

11

10

07

06

05

04

Parágrafo I. Los Empleados de la División Administrativa tendrán el mismo régimen prestacional y salarial de los empleados de la Dirección Nacional y Seccional de Carrera Judicial. El régimen legal será el establecido en el Decreto 091 de 1988 y las normas que lo adicionen o modifiquen.

Parágrafo II. Corresponde al Subdirector Nacional de Orden Público distribuir la planta de personal en las distintas Direcciones Seccionales de Orden Público.

Artículo 93. A partir del 16 de enero de 1991 créanse la siguiente nomenclatura de cargos, grados de remuneración y planta de personal para los empleados de la Sección Jurisdiccional:

Número

Denominación

Grado

de cargos

5.

23.

18.

21.

Jefe de Sección

Secretario

Escribiente

Citador

19

13

07

04

Parágrafo I. Los empleados de la Sección Jurisdiccional tienen el mismo régimen salarial y prestacional de la Rama Jurisdiccional.

Parágrafo II. El Subdirector Nacional de Orden Público asignará los empleados señalados en este artículo a las distintas Direcciones Seccionales de Orden Público.

Artículo 94. El Subdirector Nacional de Orden Público tendrá una asignación mensual equivalente al 90% de la que corresponde al Director Nacional de Instrucción Criminal; los Directores Seccionales de Orden Público, el 80%. En ningún caso tendrán derecho a prima de antigüedad, ascensional o de capacitación.

Artículo 95. Por resolución de la Subdirección Nacional de Orden Público se fijarán los requisitos mínimos para el ejercicio de los empleos administrativos, así como los Manuales de Funciones y Procedimientos de la Jurisdicción de Orden Público.

Artículo 96. Créanse doce cargos de Asesor Grado 19 que prestarán sus servicios en los Despachos de los Magistrados del Tribunal Superior de Orden Público.

Los Asesores son de libre nombramiento y remoción del Magistrado respectivo, pero deberán ser nombrados por la primera vez de los Abogados Asesores de Juzgados de Orden Público que se suprimieron por este decreto. Su régimen salarial, prestacional y disciplinario, será el de la Rama Jurisdiccional.

CAPITULO X

Disposiciones finales

Artículo 97. A partir del año de 1991, los Magistrados del Tribunal Superior de Orden Público, los Jueces y Fiscales de Orden Público y el restante personal de los cargos que se crean en este Estatuto, gozarán de vacaciones individuales.

Artículo 98. A partir de la publicación de este decreto modifícase el artículo 5° del Decreto 1855 de 1989, en el sentido de que el Representante Legal del Fondo de Seguridad de la Rama Jurisdiccional es el Ministro de Justicia, o su delegado.

Artículo 99. La Subdirección Nacional de Orden Público y las Direcciones Seccionales constituirán para efectos presupuéstales una Unidad Ejecutora Independiente. Establecerán para su funcionamiento un fondo, cuenta o cajas menores, de las reglamentadas por la Resolución 068 de 1990 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de las que los modifiquen o adicionen.

Artículo 100. En las materias no reguladas por este decreto, se aplicarán las normas del Código Penal y las del Código de Procedimiento Penal, así como las que los adicionen o reformen, y las de legislación de estado de sitio que no se opongan a sus previsiones.

Artículo 101. Los Jueces Especializados que a la expedición de este Decreto tengan en su poder actas de ocupación o de incautación de bienes que no estén todavía vinculados a un proceso penal, deberán decidir sobre la apertura de la investigación o la expedición de auto inhibitorio con base en los elementos de juicio que obren en el acta de incautación u ocupación correspondiente y en las demás pruebas que hubiese podido recaudar.

Si se dicta auto inhibitorio, que en este único caso no será consultable, el juez lo comunicará al Director Nacional de Estupefacientes, entendiéndose que desde dicho momento quedan los bienes a su disposición para su remisión a la Dirección General de Aduanas o a la Superintendencia de Control de Cambios, en los casos señalados en el Decreto 2187 de 1990, su entrega a quien demuestre tener derecho a recibirlos, de acuerdo con el procedimiento que señale el Consejo Nacional de Estupefacientes, o para los efectos del artículo 57 de este decreto.

Artículo 102. El presente decreto rige a partir del 16 de enero de 1991, excepto en sus artículos 53, 54 y 55, en cuanto se refieren a las funciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes; 77, 78, 79, 98, 101 y 102, cuya vigencia opera a partir de su promulgación.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Orden Público procederá a hacer los nombramientos previstos en este decreto desde la fecha de su promulgación hasta el 31 de diciembre de 1990, pero los designados sólo podrán tomar posesión de los cargos a partir del 16 de enero de 1991.

Los Tribunales Superiores de Distrito procederán en igual forma respecto de los jueces y empleados cuya provisión les corresponde según lo establecido en este decreto.

A partir del día de la vigencia del presente Estatuto se derogan o subrogan las normas de estado de sitio que le sean contrarias, y se suspenden las de la legislación ordinaria que se opongan a sus previsiones.

Publíquese y cúmplase,

Dado en Bogotá, D.E., a 20 de noviembre de 1990.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno, Julio César Sánchez García; el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo Correa, el Ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rudolf Hommes Rodríguez; el Ministro de Defensa Nacional, General Oscar Botero Restrepo; el Viceministro de Agricultura encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Agricultura, Fidel Humberto Cuéllar Boada; el Ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano; el Ministro de Minas y Energía, Luis Fernando Vergara Munárriz; el Ministro de Educación Nacional, Alfonso Valdivieso Sarmiento; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Posada De la Peña; el Ministro de Salud, Camilo González Posso; el Ministro de Comunicaciones, Alberto Casas Santamaría; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez.»

III. INTERVENCIÓN CIUDADANA

Mientras permaneció fijado en lista el decreto que se revisa fue impugnado por los ciudadanos José Eduardo Umaña Mendoza, Rafael Barrios Mendivil y Luis Fernando Maldonado Guerrero; además, intervino el ciudadano Carlos Guillermo Castro Guevara para defender la constitucionalidad del mismo Estatuto.

En resumen, las impugnaciones ciudadanas son las siguientes:

1. El ciudadano José Eduardo Umaña Mendoza impugna la constitucionalidad de las siguientes partes del Decreto 2790 de 1990:

-Del inciso segundo, numeral 1 del artículo 5o, la expresión “durante el proceso no habrá lugar a formular recusación pero...”

-Del parágrafo del artículo 9o la expresión "... cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos”.

Del artículo 13 la expresión “...los especializados y los ordinarios, o la Policía Judicial...”.

-El artículo 14; el parágrafo único del artículo 18, y el inciso primero y la expresión “….y que considere pertinentes, sin expedir acto en que así lo ordene, y a su realización sólo podrá asistir el Agente del Ministerio Público correspondiente” del artículo 20.

Del inciso primero del artículo 23, las expresiones “...oficiosamente y “las Unidades Investigativas del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional las adelantarán cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar”.

-Del artículo 24, las siguientes expresiones de los literales A y B respectivamente “...y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos de que tengan noticia”, y “... ordenar...”.

-Del parágrafo I del mismo artículo 24, todo el párrafo segundo del inciso primero y todo el inciso segundo.

-Del inciso primero del artículo 26, la expresión “... la cual será suscrita por el aprehendido o por un testigo si aquél fuere renuente a hacerlo”.

-Del artículo 33 la expresión “...así como las que estime conducentes...”.

-Del inciso tercero del artículo 35, la expresión "... señalándolos de manera genérica”.

-El inciso segundo del artículo 37.

-Del artículo 39 la expresión “...y las demás que fueren conducentes...”.

-El inciso primero del artículo 52.

En su opinión, con las anteriores disposiciones se infringen los artículos 2°, 23, 25, 26, 55, 58 y 170 de la Carta Política. En este sentido estima que se ha desconocido el derecho de defensa y de los principios constitucionales derivados de éste, como el de la imparcialidad de los jueces y de la garantía del debido proceso. Señala además, que se pretende adelantar los procesos a espaldas del procesado y de su apoderado y sin ningún control judicial y desconociendo el derecho de defensa de los ciudadanos.

Estima que las atribuciones de los jueces de Orden Público, relacionadas con el conocimiento de los hechos punibles determinados por el Decreto, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos, y el envío de todos los procesos o actuaciones en curso en los juzgados especializados, en los ordinarios o en la Policía Judicial a dichos jueces, viola el artículo 26 de la Carta y crea un Tribunal Ex-post Facto; además, señala que la jurisdicción y los procesos de orden público son más gravosos que los competentes y vigentes antes de la expedición del Estatuto impugnado.

Considera que la competencia no queda fijada por la ley preexistente al hecho imputado, sino al arbitrio de decisiones administrativas.

Sostiene que algunas actividades de los organismos que funcionan como cuerpo de Policía Judicial son de dirección del proceso y no pueden estar puestas al arbitrio de dichos empleados administrativos sino en cabeza de los jueces; determinar la conducencia de las pruebas y adelantar oficiosamente la investigación es administrar justicia y esta función sólo le compete a los jueces.

Opina que la sustitución imperativa de la firma del declarante por un testigo impide que la declaración sea libre y espontánea como manda la Carta en el artículo 25.

El ciudadano Rafael Barrios Mendivil impugna la constitucionalidad de algunas partes de los artículos 2o, 5°, numeral 3°; 12, 17, 18, 20, 21, 22, inciso 1º, 23, 24 inciso 1º, literales A a L y parágrafos I y II; 30, 32 inciso 2°; 33, 35, 37, 38 inciso 1º, 39 incisos 1 y 2; 40, 44, 47, 48, 49, 52 parágrafo único; 54 y 62 del Decreto que se examina.

Sostiene que las partes impugnadas del Decreto 2790 de 1990 son contrarias a los artículos 2o, 23, 24, 26, 28, 55, 58,61, 141, 151, 154, 156, 157, 158, 160 y 161 de la Carta Fundamental; puesto que desconocen estas normas que aseguran el imperio del principio de separación de poderes, la garantía de la autonomía de la Rama Jurisdiccional, el derecho a un juez natural imparcial y libre del deber de imparcialidad de este y el derecho al debido proceso y sus elementos como son la inmediación de la prueba, la publicidad de las actuaciones judiciales y de las inculpaciones, la celeridad del juez, el derecho a ser asistido siempre por un abogado y el derecho a recurrir providencias penales; y a la controversia del testimonio.

Además, estima que se desconoce el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y a la no autoincriminación y las garantías a la libertad de prensa.

Dice fundamentar su concepto en las consideraciones de la Corte que aparecen en la sentencia de Sala Plena del 31 de mayo de 1984 en relación con la Ley 2a de ese año.

3. El ciudadano Luis Fernando Maldonado Guerrero impugna la constitucionalidad de todo el texto del decreto que se examina y fundamenta sus observaciones en los considerandos que se resumen en seguida: observa que en el Estatuto para la Defensa de la Justicia se generan causales de inconstitucionalidad relativas a la temporalidad de las medidas adoptadas, a la conexidad material con los hechos perturbadores del orden público y al establecimiento de normas que desconocen el derecho de defensa. Estima que no existe conexidad entre las medidas adoptadas y los hechos generadores de la perturbación, puesto que el delito político ya no es causante de ninguna perturbación pues la rebelión y la sedición son conductas para las cuales no es necesario el uso de las armas y son antes que otra cosa, delitos de contenido subjetivo o de convicción. De otra parte sostiene que el decreto en examen es contrario a la Carta porque su aplicación pretende proyectarse a situaciones pasadas y comprende la punición de conductas ocurridas cualquiera sea la época en que hayan sido cometidos sus delitos conexos. En su opinión, la intemporalidad del decreto desconoce la precisa temporalidad del régimen del Estado de Sitio. Estima además que el derecho de defensa se ve ostensiblemente lesionado cuando no se permite la presencia del defensor en el momento de la práctica de las pruebas y cuando se impide practicar alguna prueba y se niega el derecho de controvertir el auto que niega dicha práctica. Igual formulación presenta respecto de la facultad de decretar el allanamiento de forma genérica y de ordenar la práctica de pruebas y la prórroga de los términos para dicha práctica sin formalidades de ninguna índole. Estima que la recepción de testimonios secretos y la determinación oficiosa de la práctica de las pruebas por los organismos de Policía Judicial son contrarios al derecho de defensa de los ciudadanos.

Estima además que el Estatuto en cuestión convierte las actuaciones de orden procesal en actuaciones meramente discrecionales y subjetivas de los órganos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo central; esta condición niega, en su opinión, el carácter imparcial que deben tener las actuaciones relacionadas con la libertad de los individuos.

Por su parte el ciudadano Carlos Guillermo Castro Guevara defiende la constitucionalidad del Estatuto en examen y estima que todas las disposiciones que lo integran encuentran fundamento en la jurisprudencia constitucional de la Corte y en algunas expresas normas de la Constitución. Además, fundamenta su escrito en argumentos que tienen en cuenta las circunstancias de alteración del orden público y los graves hechos que ha registrado la opinión pública en los últimos años. En este mismo sentido señala que en su opinión existe un derecho del Estado a su defensa eficaz. Examina detenidamente capítulo por capítulo las disposiciones que forman parte del decreto y en ellas formula sus observaciones basadas principalmente en su lectura de la jurisprudencia y de la Constitución.

Transcribe además, apartes de comentarios y ensayos de la doctrina nacional relacionados con el tema de procedimiento penal y dice encontrar en ellos otros fundamentos de su defensa del Estatuto.

Encuentra que ni por el aspecto de la conexidad, ni por el del examen material y particular de las disposiciones en revisión cabe reparo alguno de constitucionalidad.

IV. EL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Viceprocuradora General de la Nación, emitió el concepto de rigor en esta clase de procedimientos de control automático de la constitucionalidad de los Decretos de Estado de Sitio, en sustitución del señor Jefe del Ministerio Público en quien recayó decisión de la Sala Constitucional de separarlo de esta actuación al estimarse que se encontraba incurso en una causal de impedimento.

La Sala consideró que el señor Procurador General de la Nación incurrió en una causal de impedimento al expresar sus criterios sobre la conveniencia del Decreto 2790 de 1990, porque ellos se vinculan por lo menos al concepto de la conexidad, tan esencial en el análisis de la constitucionalidad en la revisión forzosa o automática, en aplicación a lo dispuesto por el Decreto 432 de 1969, en sus artículos 22 y 28 de los cuales tuvo conocimiento por oficio del propio alto funcionario que obra en los autos. La Sala tuvo en cuenta, además, que la función de colaboración eficaz del Procurador General de la Nación en este tipo de actuaciones especialísimas, distintas a las demás muy importantes que están a su cargo, se endereza primordialmente a elevar ante el Supremo Tribunal de Justicia Constitucional, la defensa de la supremacía de la Carta, de conformidad con las previsiones y contenidos que ella consagra. En tal sentido, dicha función debe ser ejercida con igual independencia e imparcialidad como debe ser ejercida la que reviste a los jueces de esta alta Corporación.

El Despacho Fiscal solicita a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de buena parte de las disposiciones que integran el Decreto 2790 de 1990, además pide que se declare que sólo las siguientes partes del mismo Estatuto son inexequibles:

-Del numeral 1º del artículo 5o la parte que expresa “...durante el proceso no habrá lugar a formular recusación, pero...”.

—El numeral 3 del artículo 5o.

-Del artículo 6o la parte que dice “…o persiga los enunciados en el artículo 268 del Código Penal”.

-Los artículos 9o, 13, 14, 15 y 16.

—El parágrafo del artículo 18.

-Los artículos 20 y 22.

-Del inciso primero del artículo 23 las expresiones “oficiosamente” y “las Unidades Investigativas del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional las adelantarán cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar”.

-Del artículo 24, las expresiones "y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos de que tenga noticia” del ordinal A); “y ordenar” del literal B); “para este propósito podrán impedir por un lapso no mayor de seis horas que los testigos se retiren o ausenten del lugar sin haber dado los informes o rendido las declaraciones”, del ordinal F); y todo el parágrafo I.

-Del artículo 26 la expresión “o por un testigo si aquél fuere renuente a hacerlo”.

-Del artículo 33 las expresiones “...así como las que estime conducentes” y “...el cual podrá ser prorrogado por el juez sin formalidades de ninguna índole.

-El artículo 34.

-Del artículo 35 la expresión “...de manera genérica...”.

-El inciso segundo del artículo 37.

-El artículo 38.

-Del articuló 39 la expresión “y las demás que fueren conducentes”.

-El inciso primero del artículo 52.

-El último inciso del artículo 58.

-El ordinal b) del artículo 81.

-El ordinal a) del artículo 83, y

-Los artículos 86, 95 y 101.

El Ministerio Público fundamenta sus solicitudes con base en los considerandos que siguen en resumen:

a) Por lo que se relaciona con los aspectos formales del Decreto bajo examen de la Corte, el despacho fiscal no encuentra reparo alguno de constitucionalidad;

b) Estima que el Decreto 2790 de 1990 guarda la debida relación de conexidad con los motivos que fundamentan la declaratoria del Estado de Sitio ordenada por virtud del Decreto 1038 de 1984;

c) Advierte que en líneas generales el decreto bajo examen se ajusta a las disposiciones de la Carta, pues se contrae a recoger y sistematizar en un solo estatuto una serie de disposiciones dispersas, relacionadas con la jurisdicción de orden público, la investigación y la asignación de competencias entre otras; además establece la estructura administrativa, los soportes técnicos de asesoría y de manejo técnico de la jurisdicción especializada.

Considera, salvo por los aspectos que examina en detalle y que estima como inconstitucionales, que el decreto bajo el control de la Corte debe ser declarado conforme con la Constitución Nacional.

Estima que el deber constitucional de imparcialidad de los jueces forma parte del principio del Debido Proceso y del Derecho de Defensa para lo cual se ha institucionalizado la figura del impedimento y de la recusación.

En su opinión, los intervinientes deben contar con el derecho de cuestionar la imparcialidad del juez inmediatamente se tenga conocimiento de la ocurrencia de la causal. Esta garantía, por demás, ampara a los ciudadanos de cualquier desviación de los jueces en lo que se relaciona con la objetividad del juicio y en la libre apreciación que preside todas sus actuaciones.

Sostiene que no se puede prohibir la recusación de los jueces y al mismo tiempo establecer la reserva de su identidad pues de esta manera se viola el artículo 26 de la Constitución Nacional;

d) Estima que centralizar en el Tribunal de Orden Público la competencia para resolver sobre la petición de Habeos Corpus como lo permite el numeral 3 del artículo 5° en concordancia con el artículo 62 del Estatuto bajo examen, hace nugatorio el ejercicio del derecho y desconoce las garantías al derecho de defensa de los ciudadanos;

e) En su opinión los artículos 9°, 13, 14 y 15 en concordancia con el artículo 16, desconocen lo previsto por el artículo 26 de la Carta Fundamental pues conducen a la aplicación retroactiva de las disposiciones de estado de sitio y el presupuesto de la existencia normativa en materia de jurisdicción, competencia, procedimiento y determinación del hecho punible;

f) Estima en relación con el artículo 20 que diferir para la etapa del juicio la controversia sobre el material probatorio conduce a la supresión del derecho de defensa pues se coloca al procesado en una situación de pleno desconocimiento de su situación. Igualmente, la facultad discrecional de la Policía Judicial para practicar pruebas o incorporarlas al expediente y que sólo autoriza al Ministerio Público para asistir a su realización, desconoce la posibilidad de controvertirlas. En su juicio se traslada a la Policía Judicial el poder de impulsión del proceso con el agravante de que se le permite a esta autoridad la incorporación automática de la prueba, todo lo cual servirá de base de la resolución acusatoria.

Agrega que el testimonio secreto (art. 22), no sólo atenta contra el derecho de defensa sino que impide a la parte acusada y al juzgador de instancia valorar las condiciones personales y sociales del testigo, las circunstancias en las que haya percibido el hecho y rendido la declaración. Eleva igual apreciación respecto del peritazgo y de cualquier clase de prueba en relación con lo cual deba guardarse la reserva de la identidad de las personas que hayan participado en ellas. Sostiene que cualquier clase de secreto “conspira contra el honesto conocimiento de la verdad y hace ilusorio el derecho de defensa”.

En su opinión, permitir la reserva discrecional de las decisiones o de alguna prueba hasta el cierre de la investigación, obstaculiza el conocimiento de la persona vinculada al proceso y a su defensor desconociendo el derecho de defensa. Igual lesión al Derecho de Defensa y el debido proceso penal se genera al prohibir o limitar la posibilidad de alegar nulidades (art. 52).

Además, autorizar al juez en relación con las unidades de Policía Judicial para prorrogar el término de práctica de pruebas sin formalidades de ninguna índole es dejar en manos de estos funcionarios su señalamiento, por la ausencia de formalidad alguna como se prorrogan los términos (art. 33).

Igualmente, la facultad discrecional de vinculación de indagados que permite al juez mantenerlos sin resolver su situación jurídica hasta cuando se considere oportuno, limita el derecho de defensa y ofende los bienes jurídicos de las personas.

De otra parte, la facultad entregada a las unidades investigativas de orden público para impedir, hasta por un lapso de seis horas, que los testigos se retiren o ausenten del lugar sin haber rendido informe o declaración (art. 24, literal f), viola el derecho a la libre locomoción pues no se exige que haya mandamiento escrito con formalidades jurídicas.

Además, sostiene que la autorización dada a las citadas unidades para practicar allanamientos sin orden judicial como lo dispone el inciso primero del parágrafo I del artículo 24, trasgrede la garantía a la inviolabilidad del domicilio, en los términos señalados por el artículo 23 de la Carta Política, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Igual reparo encuentra respecto de lo señalado por el último inciso del artículo 35 del Estatuto que faculta a los jueces para expedir órdenes de allanamiento en los sitios donde se presuma que se pueda encontrar el sindicado señalándolos “de manera genérica”. La Policía Judicial quedaría con competencias discrecionales pues no estaría sujeta a formalidad alguna para penetrar en cualquier domicilio.

De otra parte el Ministerio Público sostiene que el último inciso del artículo 57 del Estatuto que se refiere a extinción del dominio de los bienes ocupados o incautados es inconstitucional porque permite que los citados bienes queden bajo la disposición jurídica de una entidad administrativa que desplaza a los jueces que son por mandato constitucional los llamados a tomar la decisión correspondiente; ésta es una modalidad del decomiso administrativo que atenta contra los artículos 58 y 55 de la Constitución Nacional.

Manifiesta que la firma por un testigo de la declaración rendida por el capturado en caso de que éste fuere renuente a hacerlo, viola lo previsto en el artículo 25 de la Carta Fundamental en asuntos criminales, correccionales o de Policía. Dicha hipótesis desvirtúa el carácter libre y espontáneo de la versión.

Además, el artículo 38 del Estatuto es inconstitucional pues desconoce lo previsto por los artículos 10, 26 y 163 de la Carta Fundamental al permitir al juez que niegue la práctica de pruebas solicitadas en la etapa de instrucción por el sindicado detenido y su defensor mediante simple auto de sustanciación no sujeto a recurso alguno. De este modo se desconocen los principios procesales penales de la publicidad, contradicción e igualdad.

En su opinión, el condicionamiento de la revocatoria del auto de detención al concepto favorable del Agente del Ministerio Público (art. 58), vulnera la autonomía de los jueces, pues sujeta la función jurisdiccional a las valoraciones del Ministerio Público.

En lo que se relaciona con la organización administrativa de la jurisdicción de Orden Público, sostiene que las facultades entregadas al Director Nacional de Instrucción Criminal (literal b. del artículo 81 y literal a. del artículo 83), establecen formas de interferencia de un organismo de la Rama Ejecutiva en el manejo de los asuntos que corresponden a la Rama Jurisdiccional y a la Rama Legislativa del Poder Público.

En este sentido, estima que la atribución asignada al Subdirector Nacional de Orden Público, que le permite fijar mediante resolución los requisitos mínimos para el ejercicio de los empleos administrativos y los manuales de funciones y procedimientos de la citada jurisdicción especializada, es una competencia legislativa que no puede asignarse a funcionarios de la Administración Pública sin violar, como en efecto se violan los artículos 62 y 159 de la Constitución Política.

Señala que la creación de las secciones jurisdiccionales en las direcciones seccionales de Orden Público compuestas por los jueces de instrucción y de conocimiento y el personal de secretaría (art. 86), desconoce las garantías constitucionales a la independencia orgánica y funcional de los jueces; en este sentido observa que el artículo 101 del Estatuto impone a los jueces especializados la obligación de decidir sobre la apertura de la investigación o la expedición del auto inhibitorio con base en los elementos de juicio que obren en el acta de incautación u ocupación correspondiente y en las demás pruebas que hubiesen podido recaudar”, limitando la autonomía del poder judicial, el derecho de defensa y la plenitud de las formas propias del juicio penal, pues al juez no se le deja la opción de agotar el recaudo probatorio propio de la etapa de indagación o investigación preliminar.

Manifiesta que todas las expresiones que en el Estatuto otorgan a la Policía Judicial competencias para actuar oficiosamente en materia procesal penal, son inconstitucionales, porque la indagación preliminar y las demás etapas del proceso integran la noción de juicio, el que debe siempre, salvo la situación de urgencia acreditada, estar bajo el control de parte de un juez.

De este modo estima que la expresión “oficiosamente” del inciso primero del artículo 23; las partes del literal A) del artículo 24 que dicen “y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos de que tenga noticia” y “ordenar”, así como las facultades otorgadas a la Policía Judicial para practicar allanamientos e interceptar líneas telefónicas y registrar correspondencia, y los otorgados al Subdirector Seccional de orden público para interceptar comunicaciones o mensajes transmitidos o recibidos; la parte del artículo 33 que dice “... así como las que estime conducentes” y la parte del artículo 39 que dice “...y los demás que fueren conducentes”, son inconstitucionales.

Por último la señora Viceprocuradora estima que el inciso primero del artículo 23 del Estatuto es inconstitucional por falta de conexidad formal con las causas que se invocan como generadoras de la perturbación del orden público, según lo exige el artículo 121 de la Carta; además según su opinión también se viola lo dispuesto por el artículo 170 de la Codificación Fundamental.

Sostiene que no encuadra dentro de dichas causas el que se habilite a las unidades investigativas del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional, para que puedan adelantar indagaciones preliminares cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar, pues “los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio”, no han sido considerados como generadores de la perturbación del orden público. En dicha condición jurídica no puede utilizarse el régimen de los decretos del actual Estado de Sitio para legislar sobre las competencias judiciales de dichas unidades investigativas sobre delitos que no perturban el orden público corno son los de competencia de la Justicia Penal Militar, resultando inconstitucional por falta de conexidad el citado inciso del artículo 23 del Estatuto.

Igual reparo formula contra el artículo 6o del Estatuto en la parte que involucra como figura punible bajo el amparo de las medidas de Estado de Sitio, el secuestro extorsivo previsto en el artículo 268 del Código Penal.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La competencia

Como el Decreto 2790 de 1990 fue dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le corresponde ejercer durante la vigencia del Régimen del Estado de Sitio, es competencia de la Corte practicar el examen de su constitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 121, en concordancia con el artículo 214 de la Constitución Nacional.

Dentro de los términos previstos por los citados artículos de la Carta Fundamental y una vez recibido el concepto fiscal que es obligatorio en estas actuaciones de control, procede la Corte a pronunciar su fallo fundado en las consideraciones que siguen.

Segunda. Examen formal

Esta Corporación encuentra que el decreto bajo examen cumple con los requisitos de carácter formal que establece el artículo 121 de la Constitución Nacional, puesto que lleva la firma del Presidente de la República y la de todos los Ministros. Además, su vigencia es sólo transitoria y sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Tercera. La conexidad

El decreto que se examina fue expedido en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, por virtud del cual se declaró turbado el Orden Público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional; este decreto se encuentra aún vigente y se fundamenta en las consideraciones que siguen:

“……………….

“Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el Régimen Constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación de orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes;

“Que para conjurar la grave situación especialmente en los departamentos de Caquetá, Huila, Meta y Cauca, el Gobierno declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio el territorio de dichos departamentos por medio del Decreto número 615 de 14 de marzo anterior;

“Que el gobierno ha utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales los medios que le atribuye la legislación ordinaria, sin que haya bastado su efecto para recobrar la normalidad;

“Que con posterioridad a la expedición del Decreto número 615 de 1984, han tenido lugar asaltos a poblaciones por obra de grupos armados, entre ellos los ocurridos sobre Acevedo en el departamento del Huila, Corinto en el departamento del Cauca, Sucre y Jordán Bajo en el departamento de Santander, Giraldo en el departamento de Antioquia y Miraflores en la Comisaría del Guaviare;

“Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad pública y en la economía nacional;

“Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte colectivo;

“…………….

“Que en general, hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares y de Policía, lo mismo que víctimas en la población civil;

“Que se hace necesario, ante la gravedad de la situación, adoptar las medidas de excepción contempladas en el artículo 121 de la Constitución Política;

“…………….

Además, en el decreto que se examina, el Gobierno Nacional estima:

“…………….

“Que las acciones de estos grupos persisten en la actualidad, causando no sólo muchas pérdidas de vida en los miembros de la comunidad, sino también entre los jueces y demás personas que por razón de sus funciones deben participar en los procesos que se adelantan contra ellos;

“Que es necesario buscar mecanismos jurídicos que permitan dar seguridad a los jueces de la República y a las demás personas que vienen siendo objeto de atentados por razón de su participación en las investigaciones adelantadas contra sus integrantes;

“Que hay que dotar a la jurisdicción de orden público de un soporte administrativo eficiente que permita a sus integrantes cumplir su función en forma adecuada;

“Que es necesario robustecer la capacidad operativa de los cuerpos auxiliares de la justicia para que puedan luchar eficazmente contra las organizaciones delictivas que perturban la tranquilidad del país.”

Como puede advertirse, el Decreto 2790 de 1990, encuentra su fundamento en las causas de perturbación consagradas en los considerandos del Decreto 1038 de 1984 que declaró alterado el orden público y en estado de sitio todo el Territorio Nacional. En efecto, los considerandos que fundamentan las medidas adoptadas en el Estatuto que se examina, indican que la nueva normatividad de excepción está prevista con el fin de superar la grave perturbación del orden público generada por la persistente acción de grupos armados de bandas de terroristas y de narcotraficantes que atenían contra el régimen constitucional.

Del examen de las medidas que se revisan se desprende que la principal finalidad que las inspira es la del fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, procesales y administrativos de la justicia penal especializada en la represión de los delitos de narcotráfico, de terrorismo y conexos.

No queda duda de que las secuelas del terrorismo y de la acción de las mencionadas bandas en lo que se relaciona con la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salubridad públicas y con la economía nacional, también afecta a las instituciones judiciales y que es responsabilidad del ejecutivo el tomar las medidas que conduzcan al fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia, para enfrentar las causas de la perturbación del orden público y procurar su restablecimiento.

La validez constitucional de las normas objeto de examen en esta oportunidad depende, en primer término, de que las disposiciones que suspendan las leyes vigentes y las que establezcan otras con carácter transitorio, tengan conexión directa con los motivos de perturbación del orden público que se pretende superar, y de que exista la debida conformidad con el artículo 121 y demás disposiciones de la Carta.

En estas condiciones la Corte encuentra que la protección a los jueces, la seguridad física o personal que pueda brindárseles y el apoyo técnico, logístico o administrativo de que se les rodee son finalidades que se encuadran dentro de la relación causal exigida a los decretos de Estado de Sitio que desarrollen el Decreto 1038 de 1984.

No obstante la anterior consideración, es necesario destacar que el Estatuto que se examina comprende previsiones procesales y técnicas de extraordinaria significación relacionadas con el derecho de defensa y el debido proceso penal que implican profundas transformaciones en la tradición jurídica de nuestro sistema normativo; además, se encuentra que buena parte de las mismas introduce conceptos y reglas de novedoso carácter, dándole a los procedimientos connotaciones especiales que serán objeto del análisis correspondiente de la Corte.

El Estado de Sitio, como lo ha dicho también en forma reiterada la jurisprudencia, es un régimen de excepción previsto en la Constitución, por eso mismo no puede implicar la sustitución de sus preceptos. En estado de sitio rige la Constitución con las restricciones en ella establecidas de manera expresa. Esa es la razón del control de constitucionalidad que compete a la Corte sobre el ejercicio de los poderes propios de aquel régimen. Para este efecto ha distinguido la jurisprudencia tres grupos de normas; las que rigen plenamente tanto en tiempo de normalidad como de turbación, las que prevén limitaciones temporales por razón del Estado de Sitio y aquellas que permiten suspender el ejercicio de algunos derechos y libertades por igual causa. Las dos clases mencionadas últimamente, es obvio, son excepcionales y de aplicación restrictiva y temporal. La Corte ha dicho que los criterios determinantes de este juicio de constitucionalidad son la conexidad entre el contenido de los decretos que se juzgan, con las causas que fundaron la declaración de turbación del orden público y el carácter sustitutivo, transitorio y restrictivo de esas disposiciones frente al régimen legal de tiempo de paz.

La Corte también ha precisado que “sólo en casos extremos en los que se viera de bulto la falta de conexidad material de un decreto legislativo con los motivos invocados por el gobierno para decretar el Estado de Sitio o su evidente inconducencia para lograr el fin propuesto, estaría legitimada la Corte para declarar su inexequibilidad”. (Sentencia de 16 de junio de 1987). También ha dicho la Corte en ese fallo que el examen de conexidad es de carácter formal “pues el juicio sobre si, en el fondo, una medida conduce o no a superar la alteración del orden público y a procurar su restablecimiento, versa sobre cuestiones de hecho extrañas a este tipo de procesos, amén de que implicaría pronunciarse sobre las conveniencias de las medidas adoptadas, que es asunto que debe ser decidido por el Presidente de acuerdo con los elementos de juicio de que disponga”.

Por estos aspectos se concluye que existe en el Decreto 2790 de 1990, la conexidad exigida por la reiterada jurisprudencia de la Corte en materia de decretos de Estado de Sitio.

Sin embargo de la anterior conclusión considera la Corte útil reiterar algunos conceptos en relación con la improvisación y proliferación de las normas de Estado de Sitio, que ha llevado al Gobierno a dictar y promulgar dos decretos más, adicionales y modificatorios del que se revisa y ello antes de que éste entrara a regir y antes de que pasara un mes después de su expedición. Y a esto hay que agregarle la delicada y trascendente materia de que se ocupa el llamado Estatuto para la Defensa de la Justicia.

En anteriores ocasiones, se ha apuntado cómo la proliferación de las normas de excepción constituyen uno de los síntomas más graves de la crisis institucional del país. En este sentido se ha anotado cómo el Congreso debe reasumir su tarea insoslayable de ejercer la función legislativa. Un analítico y desprevenido examen de la legislación a cargo del Congreso indica que su abstención para afrontar la consideración y solución de los fundamentales problemas públicos, ha creado la nutrida normatividad de emergencia, como en los decretos que se refieren al terrorismo, al narcotráfico y ahora a la Jurisdicción de Orden Público y a la protección de los jueces.

En momentos en que avanza el estudio de la reforma del Estatuto Fundamental por la Asamblea Nacional Constitucional, es oportuno que ella tenga en cuenta que es sobre el vacío de legislación ordinaria del Congreso que surge el poder legiferante <sic> del Presidente de la República, amparado también por facultades extraordinarias, reconocidas por la Constitución. Pero el hecho histórico es recurrente a lo largo de las últimas décadas: la plétora de la legislación extraordinaria, por la vía de las facultades otorgadas expresamente al gobierno o por la vía del Estado de Sitio y del Estado de Emergencia Económica, refleja una evolución política y jurídica que no es de exclusivo origen nacional, pero que representa una realidad indiscutible que debe ser enfrentada con visión crítica por quienes se preocupan de veras por el destino final de nuestras instituciones democráticas. Es decir, para que a la zaga de fenómenos que ya tienen suficiente duración, se propongan soluciones y remedios a una profunda crisis del Estado, a la altura de la gravedad del conflicto, y sin pretender que éste va a desaparecer con el recurso de fáciles fórmulas que apenas constituyen una distracción para las esperanzas y aspiraciones colectivas.

Este magno esfuerzo de racionalización de las funciones de las tres Ramas del Poder Público es uno de los objetivos de la Reforma cuyos perfiles definitivos mantienen la legítima expectativa de la Nación. Pero mientras ella se produce no cabe duda de que es preciso proveer soluciones para problemas cuyas consecuencias no admiten aplazamientos. Ese es el propósito del Estatuto Judicial para enfrentar el desafío de la criminalidad organizada, para tratar de llenar las fallas de la investigación judicial ante las nuevas y agresivas formas de delitos, para proteger de manera eficaz y racional a los jueces de orden público, para brindarle a esta justicia especializada el apoyo de la Policía Judicial y los soportes administrativos indispensables, claro que dentro del marco de la normatividad vigente, como corresponde verificarlo a la Corte en ejercicio de sus poderes de control constitucional. Por tanto, en la revisión de este Estatuto, la Corte procederá a establecer que dentro de una normatividad que aspira a realizar un fin plausible, se mantenga el respeto indeclinable a las garantías constitucionales de la libertad individual, el derecho de defensa y a los principios de la legalidad y el debido proceso.

Ojalá, en los históricos momentos que vive la República, con una Asamblea Constitucional reunida, se mantenga la lucidez necesaria para buscar en medio de la confusión de propuestas y en la defensa de diversos objetivos e intereses, unas fórmulas de consenso social, político y jurídico cuya prevalencia asegure la paz, proteja los derechos y ponga fin al estado de interinidad en que por virtud de las normas de excepción del Estado de Sitio ha vivido Colombia en las últimas décadas. Que una nueva Constitución, en plena vigencia, sea el resguardo permanente de la paz, la seguridad jurídica, los derechos y libertades ciudadanos.

Cuarta. El examen material

El Decreto se divide en diez (10) capítulos, cuyos artículos contienen regulaciones sobre el Tribunal de Orden Público, los Juzgados de Orden Público, y sus correspondientes fiscales, la competencia, la Policía Judicial de Orden Público, la Indagación Preliminar, la Instrucción del sumario, el juicio, el Ministerio Público y la organización administrativa del orden público, entre otras, que muestran cómo el legislador extraordinario tuvo la intención al expedirlo de reunir en un solo estatuto todo lo concerniente, como lo expresa su título, a la "defensa de la justicia, integrando en una sola jurisdicción los jueces de orden público y los especializados, creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Orden Público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliaras de la justicia”.

Considerada en su conjunto la normatividad contiene un carácter especial, sobre todo en las etapas de indagación preliminar instructivas de los procesos, que no sobrepasa los límites que la Constitución Nacional impone al legislador en la regulación de las materias de que se ocupa, sin perjuicio de algunas transgresiones, que como se verá más adelante, aparecen en su texto, al orden fundamental.

Debe advertirse en primer término, que las disposiciones contenidas en los artículos 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 y 11 del estatuto que establecen determinadas competencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Orden Público, de los jueces de conocimiento de Orden Público, de los jueces superiores, los jueces penales o promiscuos del circuito y de los jueces de instrucción de Orden Público, corresponden a previsiones de similar tenor, señaladas con anterioridad por otros decretos de estado de sitio, que ya han sido revisados por la Corte, y encontrados constitucionales.

Además, en las citadas normas del Estatuto, también se establecen previsiones en las que se agravan las sanciones penales y se determinan otras figuras punibles, lo cual ha sido analizado anteriormente por esta Corporación en los fallos correspondientes que.se relacionan en seguida:

Decreto No. 1631 de 1987, sentencia 139 de 1987; Decreto No. 180 de 1988, sentencia 21 de 1988; Decreto No. 181 de 1988, sentencia 22 de 1988; Decreto No. 182 de 1988, sentencia 23 de 1988; Decreto No. 333 de 1988, sentencia 32 de 1988; Decreto No. 474 de 1988, sentencia 44 de 1988; Decreto No. 1895 de 1989, sentencia 71 de 1989; Decreto No. 1858 de 1989, sentencia 72 de 1989; Decreto No. 2187 de 1990, sentencia 159 de 1990.

Durante el estado de sitio, la jurisdicción de orden público continuará funcionando con el Tribunal Superior de Orden Público y los Jueces, Fiscales y Policía Judicial (art. 1º); disponiéndose que a partir del 16 de enero de 1991 los jueces de Orden Público “tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional pero cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que les señale el Subdirector Nacional de Orden Público” (art. 2°), señalamiento funcional que no atenta contra la autonomía de los jueces y que debe entenderse como un acatamiento a lo preceptuado por la Carta (art. 55), sobre la obligación de las distintas agencias del Estado de colaborarse armónicamente en el cumplimiento de sus funciones.

El Tribunal Superior de Orden Público conocerá de los impedimentos de sus miembros, de los Jueces y Fiscales de Orden Público, decidiendo de plano; y de los recursos de apelación contra providencias proferidas por los juzgados de Orden Público; del Derecho de hábeas corpus en relación con los delitos de la jurisdicción de orden público en única instancia y sala unitaria; del grado jurisdiccional de consulta en relación con algunas hipótesis de decisiones favorables al sindicado, que trae el artículo 5o, numeral 4o.

El inciso 2o del numeral 1º del artículo 5o estatuye que “durante el proceso no habrá lugar a formular recusación” de los jueces, agentes del Ministerio Público, sin perjuicio de que el mismo juez se declare impedido cuando medie una de las causales previstas en la ley ordinaria. Esta disposición debe interpretarse en concordancia con el artículo 50 del Estatuto, en cuanto éste prevé la posibilidad de que se mantenga en reserva la identidad del juez, por razones de seguridad, que encuentra bien justificadas esta Corporación, por los frecuentes hechos de inseguridad a que se ven sometidos los jueces en el cumplimiento de sus funciones, y se vería burlada la loable finalidad comentada, si se permitiera la posibilidad de recusarlos. Este expediente de la recusación, de creación legal, no altera la obligación de los funcionarios públicos de cumplir con sus deberes legales, a más de que su responsabilidad se encuentra asegurada en el Estatuto.

El parágrafo del artículo 5° contempla varias medidas orientadas á asegurar el carácter reservado de los jueces que conocen de los delitos de que se ocupa la jurisdicción especial comentada, como la del reparto entre los Magistrados, que se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento interno expedido por la sala de Gobierno, o la de que las providencias se notificarán o comunicarán en copia en donde no aparezcan las firmas del funcionario, las que deberán ser certificadas por el Presidente del Tribunal, estableciendo una presunción legal, una vez producida dicha certificación, sobre la conformidad legal de la asignación y adopción de las decisiones, con el procedimiento establecido, precepto este último que se orienta a asegurar la firmeza de las providencias pero que no inhibe la posibilidad de que los afectados puedan acusarlas por vicios en su expedición, en consideración a que se vería desconocido, en caso contrario, el derecho de defensa reconocido en la Carta Fundamental.

El derecho de hábeas Corpus es una de las mayores conquistas de la filosofía liberal. Históricamente se adelantó, incluso, a la aparición del Estado de Derecho. Así pues constituye una garantía ancestral a la libertad física o de movimiento. A pesar de que no se encuentra garantizado expresamente en nuestra Carta Fundamental, de varios textos de la misma, se desprende su reconocimiento inequívoco (artículos 23, 24 y 28 de la C.N.). Más aún, si estas disposiciones citadas no lo consagran expresamente, los principios en que consiste este precioso derecho se proyectan sobre el contenido del Estatuto Fundamental.

El numeral 3o del artículo 5°, como mecanismo para garantizar la libertad física prevista en la Constitución Política, consagra el clásico derecho del hábeas Corpus. A su vez, el artículo 62 desarrolla la anterior competencia, disponiendo el trámite a que debe someterse la sustanciación del recurso, señalando un término de doce (12) horas hábiles para que el agente del Ministerio Público conceptúe, y también será de doce (12) horas hábiles, una vez recibido el concepto fiscal, el término para que el Magistrado decida sobre el caso. Ha sostenido la Corporación que durante el estado de sitio, se puede variar la reglamentación del derecho del hábeas corpus, respecto de las normas que sobre el particular ha consagrado el régimen del procedimiento penal ordinario. Es evidente que la particular naturaleza de las conductas delictivas que se busca controlar en el Estatuto, imponen de manera transitoria expedir normas para regular la difícil reglamentación del recurso comentado (C.S. de J. Sentencia No. 23 de 3 de marzo de 1988).

El artículo 6° consagra una circunstancia de agravación punitiva, cuando la víctima del delito de secuestro sea una de las personas que señala en el inciso 1º de su texto, o se ejecute con fines terroristas, o cuando su acción aparezca encaminada a perseguir o intimidar a cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias y opiniones políticas, partidistas o no, o contra los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad de aquéllas a que se pretenda intimidar (art. 1º Decreto 1631/87), o cuando se realice con el propósito de exigir por su libertad un provecho o utilidad o para que haga u omita algo con fines publicitarios de carácter político, casos en los cuales, la conducta delictiva se sanciona con prisión de 20 a 25 años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos mensuales.

Igualmente establece una modalidad agravada de concierto para delinquir referida al delito de secuestro y tipifica las conductas de quien, teniendo conocimiento de la comisión del hecho punible de secuestro, ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación o a ocultar el producto del delito o la adquiera o enajene u omitiere informar oportunamente a las autoridades o no denunciare el secuestro.

El artículo 7o establece distintas modalidades del delito de constreñimiento con el propósito de obtener provecho ilítico, o con el propósito de facilitar actos terroristas, o haga parte de organizaciones con ese fin, o ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación, o a ocultar o asegurar el producto del delito, o lo adquiera o enajene, u omitiere informar oportunamente a la autoridad, o no enuncie una extorsión de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento.

El artículo 8° a su vez consagra una agravación de la pena para los delitos de constreñimiento ilegal, tortura, homicidio y lesiones personales que se cometan contra las personas relacionadas en el artículo 6o del estatuto examinado.

Como ha sostenido la Corporación, tiene facultad el legislador extraordinario, de acuerdo con la Constitución Política, para calificar como delictivas ciertas conductas, o agravar los delitos existentes o crear nuevas sanciones cuando las particulares situaciones de orden público lo requieran, claro está, sin vulnerar derechos superiores reconocidos a los asociados en la Carta Política. Sucede a menudo que conductas típicas de carácter penal, frente a especiales condiciones de orden público que conoce bien el Gobierno, requieran ser agravadas en su estructura sancionatoria, como lo prevé el Estatuto, o deban completarse con nuevos tipos penales orientados a proteger la existencia social con particulares cargas para los individuos, quienes resultan con la obligación expresa de colaborar con las autoridades en la persecución del delito, para reprimir los factores de perturbación del orden. En efecto, como lo indicó la Corte con motivo de la revisión constitucional del Decreto 1194 de junio 8 de 1989, preceptos como los contenidos en los artículos 6o, 7o y 8o que se examinan “no quebrantan ningún precepto superior, pues, con carácter excepcional y transitorio particularizan nuevas conductas ilícitas y le señalan las penas correspondientes, con el fin de reprimir comportamientos especialmente nocivos para la tranquilidad y seguridad de la comunidad, que es el interés prevalente que define la orientación de las medidas de excepción” (Expediente No. 1978 (295-E), sentencia de julio 13 de 1989).

Es claro que se observa en esta reglamentación una solución igual para diferentes entidades delictivas, pero en este caso el juez tiene a su disposición principios jurídicos que le permiten encontrar una decisión adecuada y justa al momento de producir sus providencias.

El artículo 9o del Estatuto para la Defensa de la Justicia consagra los procesos, actuaciones y casos que deben conocer los jueces de conocimiento de orden público, y el artículo 12 señala que corresponde a los jueces de instrucción de orden público el control de la indagación preliminar y la dirección del sumario.

Varias disposiciones del Estatuto revisado definen competencias de la jurisdicción penal ordinaria, en relación más o menos cercana con la jurisdicción del orden público así: El artículo 4o dispone que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conozca con relación a la jurisdicción de orden público de los recursos extraordinarios de casación y de revisión y del recurso de hecho cuando se deniegue el primero de los anteriores; el artículo 10 señala competencias para los jueces superiores de distrito judicial para conocer de determinados asuntos, estatuyendo que la segunda instancia se surtirá ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito correspondiente; el artículo 11 define competencias a cargo de los jueces penales y promiscuos del circuito.

Los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, contienen regulaciones sobre el reparto de los procesos en curso de acuerdo con el rediseño de las competencias que trae el Estatuto, imponiendo las reglas de sustanciación que éste incorpora. Estas reglas deberán aplicarse sin perjuicio del principio de favorabilidad impuesto por el orden legal superior y en desarrollo de la remisión que ordena el Código de Procedimiento Penal, que para estos efectos es el artículo 6o del Código Penal.

De manera reiterada ha sostenido la Corte que “el Gobierno, actuando como legislador extraordinario, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 C.N., puede modificar la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando nuevos que satisfagan los requerimientos de jerarquización, independencia y autonomía que la Constitución prevé para los órganos adscritos a la Rama Jurisdiccional del Poder Público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución” (Sentencias del 30 de abril, 19 de mayo y 16 de junio de 1987).

Con motivo de la revisión constitucional del Decreto 1631 de 27 de agosto de 1987, por el cual se crean unos juzgados de orden público y se dictan otras disposiciones, la Corte reiteró que “dentro del régimen de estado de sitio puede el Gobierno dictar normas transitorias sobre procedimientos judiciales ciñéndose a los principios fundamentales que prevé la Constitución, sobre todo el artículo 26 en garantía del debido proceso y del derecho de defensa” (Sentencia de abril 30 de 1987).

En el artículo 17 se reitera una facultad del Ministro de Justicia que ha sido examinada por esta Corporación en el aspecto de su constitucionalidad; el texto precisa que el Ministro, en cuya cabeza se radica esta atribución de naturaleza administrativa, puede proceder oficiosamente o a petición del Director Seccional de Orden Público a ordenar el cambio de radicación del proceso cuando existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad personal del juez, o existen circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado, fines todos que son compatibles con los objetivos del Estatuto que se examina y que se avienen a normas de la Carta Política. Así mismo dicha medida encuentra fundamento constitucional en la colaboración armónica de las distintas ramas del Poder Público y en el deber del Ejecutivo de asegurar una pronta y cumplida administración de justicia.

Según el artículo 18, la Policía Judicial de Orden Público estará integrada por unidades investigativas permanentes conformadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial o del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o por Oficiales de la Policía Nacional (Dijín y Sijín), y con el personal técnico y operativo que se requiera para el funcionamiento eficiente. En el Ejército Nacional (B-2 y S-2) o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, las Unidades Investigativas de Orden Público se conformarán con personal de dichos organismos y sólo tendrán calidad permanente en relación con los hechos punibles contemplados en este decreto, en los cuales la competencia para su juzgamiento corresponda a la Justicia Penal Militar; en los demás eventos, ejercerán una función de manera transitoria.

El artículo 19 dispone que en cada Unidad Investigativa habrá un superior que será responsable de las investigaciones que a ella se le asignen, o que oficiosamente adelanten. Siempre que se constituya una Unidad Investigativa de Orden Público se deberá dar aviso escrito al Procurador Departamental o Provincial.

Tiene el legislador extraordinario facultad para expedir disposiciones sobre Policía Judicial, pues constituye un servicio público soporte de la administración de justicia, creando cuerpos, e indicando su modo de integración y organización como lo hacen los artículos 18 y 19 del Estatuto, por ser de competencia legal, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución Nacional.

La “Policía Judicial” es un concepto que hace referencia a los instrumentos de represión de los delitos en el mundo contemporáneo, que permite al Estado cumplir las funciones de persecución de las conductas punibles y de asegurar la sanción de los delincuentes.

Su finalidad primordial es la de servir de instrumento eficaz de la Administración de Justicia en sus aspectos típicamente judiciales y permite a los jueces atender, con instrumentos técnicos, las labores de recolección de la prueba y las de instrucción del sumario o de preparación de la causa.

En buena parte de los sistemas judiciales contemporáneos, la Policía Judicial es otro de los apartados especializados de la Administración Pública y funciona bajo una doble configuración orgánica en cuanto que, al igual que depende de los jueces, también se encuadra dentro de las estructuras administrativas de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Las tendencias doctrinarias relacionadas con la organización del Estado contemporáneo, conciben el fenómeno de su legitimidad en sentido integral, en tanto que de modo complementario las distintas ramas del Poder Público, a más de sus funciones especializadas y naturales, son llamadas a cumplir labores técnicas y despolitizadas enderezadas a la satisfacción de los más caros fines e intereses de la comunidad.

En este sentido, nuestra Carta Fundamental concibe dicho fenómeno en términos de la colaboración armónica de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado, lo que no sólo se logra con la racionalización del ejercicio de las competencias propias de los distintos órganos del poder y sus relaciones complementarias, sino, en ocasiones y de modo especial, con la asignación que la Carta Fundamental o la ley, hacen de funciones técnicas para cuya práctica los instrumentos tradicionales no están habilitados.

El cambio de las tareas habituales del Estado y los compromisos y exigencias que éste debe atender, impone dicho rediseño de competencias y la reasignación de las de carácter técnico entre las tres ramas del poder, sin que se pueda desconocer su independencia funcional y orgánica, de muy hondo contenido doctrinario para las democracias y los Estados de Derecho.

Las normas que sobre Policía Judicial trae el decreto en examen han vuelto a plantear la difícil delimitación que surge entre la necesidad de las funciones de policía y la obligación de proteger las garantías individuales; las primeras encargadas de garantizar el orden público, detección del delito y la identificación de sus autores, y las segundas de permitir el libre y seguro desenvolvimiento de las actividades sociales de los individuos. Esta oposición, se ve condicionada por las circunstancias propias de cada época, de suerte que en algunos períodos la dinámica de los cuerpos de policía hace una presencia mayor, por las exigencias del orden en la sociedad; mientras que en tiempos de normalidad, la inexistencia de motivos para la función, pone a los cuerpos del orden a cumplir discretas acciones cotidianas.

La señalada oposición, propia del Estado de Derecho, el cual para garantizar la libertad se encuentra obligado a mantener el orden público, se ve intensificado con el aparecimiento de cuerpos más especializados de la función policiva, que se encargan de servir de apoyo, soporte y auxilio a los jueces en la instrucción y juzgamiento de las conductas antisociales. El debate clásico de la oposición entre la libertad y el orden, se convierte por la señalada especialización, en un debate sobre conflictos de competencia entre las distintas ramas del poder público; dicho de otra manera, la problemática se orienta a determinar hasta dónde puede extender sus acciones la Policía Judicial en la persecución del delito; el punto comprende la definición funcional que dispone la Carta, sobre las competencias a cargo de los jueces y las que corresponden a otras autoridades administrativas.

En el marco de la colaboración de las ramas del Poder Público previsto en la Constitución Nacional, las autoridades de Policía Judicial, según el Estatuto, se encargan, para el control del delito, de labores distintas de las específicas de la función jurisdiccional, como son la captura de los inculpados, la persecución física de los mismos, la recolección de las pruebas que con ocasión de la ocurrencia de los hechos encuentren, la seguridad de los jueces, el reparto de los negocios y la recepción o envío de documentos, entre otras.

Advierte la Corte que, las funciones de Policía Judicial, en circunstancias de alteración del orden público, resultan con un amplio espectro, que de ninguna manera puede atentar contra las garantías fundamentales reconocidas por la ley superior, y, así lo ha entendido la Corporación, como se verá más adelante, para declarar inexequibles varias disposiciones del Estatuto en estudio.

Como se han planteado opiniones que señalan que el Estatuto contiene una naturaleza acusatoria, responde la Corte a esas críticas con atención, observando que se aprecia en la legislación criminal colombiana, una evolución hacia un sistema de esa clase. Sin embargo, el Estatuto otorga competencias a autoridades distintas de las judiciales, que no permiten llegar a esa conclusión crítica; como quiera que según él, las autoridades administrativas, cumplen funciones policivas conservando en el juez la dirección de la instrucción de los delitos. Y la Policía Judicial sólo adelanta averiguaciones en la etapa de la indagación preliminar, que como su nombre lo indica, son anteriores en el tiempo, al inicio de la función jurisdiccional. Acciones de policía necesarias según las nuevas tendencias del derecho penal, para asegurar la defensa social.

El sistema acusatorio se caracteriza por encargar al funcionario administrativo el adelantamiento de la etapa de instrucción con autonomía, lo cual no se dispone en el decreto, que reserva, se repite, al juez de instrucción de orden público la dirección de la investigación; atribuyendo a la Policía Judicial funciones que constituyen un soporte necesario, por su propia naturaleza y por el grado desarrollado del delito, para el cumplimiento de las funciones judiciales.

Ha dicho la Corte sobre el particular, al determinar los alcances de la naturaleza de la Policía Judicial, lo siguiente:

“A juicio de la Corte, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial es un organismos eminentemente técnico de origen legal, encargado de prestar la colaboración y el auxilio necesario a los jueces dentro de la tarea investigativa que a éstos compete en materia penal. Así, los miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial son funcionarios auxiliares permanentes de los de Instrucción (artículo 311 C. de P.P.), en el ámbito del procedimiento penal y como tales, están preparados para colaborar con los jueces en las tareas propias de la justicia penal.

“El Cuerpo Técnico de Policía Judicial creado por el Decreto 050 de 1987, constituye un instrumento operativo dé carácter técnico que está dispuesto para responder a las necesidades de la criminalística actual, ya que es evidente que sin policía judicial propia, la instrucción penal no puede atender las tareas de investigación que exigen las modalidades y el grado desarrollado de delincuencia en todas las sociedades; con él se trata de asegurar a la Rama Jurisdiccional el cumplimiento de su función constitucional de administrar y hacer justicia, de perseguir delitos con medios de acción y con investigación técnica.

“El carácter administrativo que se advierte en algunas de las funciones que cumple el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, así como la adscripción general de este organismo al Ministerio de Justicia (arts. 327, 328 y 329 del C. de P.P. arts. 1°, 2° y 6° del Decreto 54 de 1987 y 132 del Decreto Reglamentario 2236 de 1987), no son razones para naturalizarlo como ente propio a la esfera ejecutiva. Nótese cómo ese cuerpo está bajo la dirección privativa y autónoma del Director Nacional de Instrucción Criminal, quien debe su origen al Consejo Nacional de Instrucción Criminal, integrado por el Ministro de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte (Dto. 2267 de 1969) y que sus funciones exhiben una caracterizada vinculación a la Rama Jurisdiccional, ya intervenga antes de iniciarse el sumario, ya cuando éste se ha abierto. Esto le da, en la legislación actual, una fisonomía muy peculiar que permite bajo esta especial caracterización, desprenderla de la órbita exclusivamente administrativa para buscarle nexos y afinidades similares con la Rama Jurisdiccional, a la cual sirve.” (Sentencia No. 90 de agosto 25 de 1988).

La evolución de la justicia criminal colombiana ha venido, en forma gradual, organizando la colaboración de la rama ejecutiva del poder público en las etapas de indagación e instrucción de los procesos, mediante la denominada Policía Judicial, la cual se ha constituido en un verdadero soporte de la función jurisdiccional, que pone a la administración y al Cuerpo de Policía Nacional a cumplir una función especializada, dentro de la cual adelanta una compleja gama de acciones orientadas a detectar y precisar los hechos que serán objeto posterior de valoración jurídica por parte de los jueces. Las labores de apoyo a la justicia que aparecen en el decreto examinado, no suplantan la función jurisdiccional; sino que acusan, más bien un perfeccionamiento que sigue las exigencias de la intensidad y gravedad de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, perfeccionamiento que se impone para controlar sus efectos desestabilizadores del orden social.

Como se ha visto y lo señala el artículo 18 del Estatuto, la Policía Judicial de Orden Público estará integrada por unidades investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, o miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o por oficiales de la Policía Nacional (Dijin y Sijin), y por el personal técnico y operativo que se requiera para su funcionamiento eficiente. Así mismo, en el Ejército Nacional (B-2 y S-2), o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, las unidades investigativas se conformarán con personal de dichos organismos, en cuanto se refiere a la Justicia Penal Militar, porque en los demás eventos ejercerán esa función de manera transitoria, como lo señala el parágrafo del mismo artículo.

Esta reglamentación está recogiendo la experiencia técnica, la organización funcional de los Cuerpos de Policía Judicial que de manera ordinaria vienen cumpliendo las funciones respectivas, dentro del marco de la Constitución y la ley y como un necesario soporte para la investigación de las conductas delictivas tipificadas en el artículo 9o del Estatuto Judicial. Estos organismos que de manera ordinaria vienen cumpliendo funciones de Policía Judicial, se repite, ahora por mandato del legislador extraordinario prestarán funciones de Policía Judicial de Orden Público a través de sus miembros, que serán llamados a integrar las Unidades Investigativas Permanentes.

El artículo 20 dispone que la controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio.

En razón de las especiales características de este proceso el primer inciso del artículo bajo examen dispone que la controversia probatoria se realizará durante la etapa del juicio. Por la naturaleza de los delitos de que conoce esta jurisdicción, se justifica la adopción de este procedimiento particular, aun cuando sin embargo se garantiza plenamente la controversia de la prueba y el debido proceso, bajo el rigor de los dictados constitucionales.

No obstante que el inciso primero del artículo 20, al diferir la controversia probatoria a la etapa del juicio, podría pensarse que afectaría el derecho de defensa que la Constitución garantiza respecto a todas las etapas procesales, ello no es así por cuanto la legislación integral de orden público garantiza esa controversia a través de mecanismos adecuados como son:

a) La facultad de pedir pruebas (art. 38 del Dto. 2790/90), que es la forma más efectiva de controversia, ya que implica la contraprueba de lo que se dice demostrado;

b) Pedir libertad provisional, como lo disponen los artículos 58 y 59 del mismo decreto, oportunidad que también permite el cuestionamiento de la prueba incriminatoria, como que por tal vía puede llegarse a la revocación de la detención;

c) En todas las etapas del proceso debe intervenir el Ministerio Público, quien como representante de la sociedad debe velar no solamente por la legalidad del juzgamiento sino, además, por la plenitud de los derechos del procesado.

Lo grave sería que se solicitara la prueba, y el juez la negase sin posibilidad de recurrir, como lo dispone una parte del artículo 38, porque se dejaría a la discreción judicial la oportunidad de allegar la contraprueba. Pero precisamente la Corte declara inexequible dicha parte de la norma que así lo impedía, es decir, que también por este aspecto se asegure la controversia probatoria.

Advierte la Corte que pese a la excepcional reglamentación de estos aspectos, se reconoce adecuadamente la oportunidad para controvertir la prueba, lo que asegura el derecho de defensa consagrado en el artículo 26 de la Carta.

El inciso segundo del artículo 20 del Decreto en examen, autoriza a la Policía Judicial para practicar pruebas o para incorporar al expediente las que se pongan a su disposición. Estas normas son un soporte necesario para las labores de juzgamiento que adelanta el juez, que en todo caso tendrá la posibilidad de disponer pruebas adicionales durante la etapa de instrucción y del juicio, con lo cual se cumple en el Estatuto con las exigencias del debido proceso.

El inciso tercero permite el aprovechamiento del material probatorio que se haya producido “válidamente” en cualquier otra actuación judicial, administrativa o disciplinaria. Razones de economía procesal, de celeridad y de respeto a actuaciones válidamente ejecutadas permiten aprovechar estas actuaciones y recursos probatorios, que contribuyen al cumplimiento de la labor judicial de persecución de los delitos y de atribución a los responsables. También este material probatorio es susceptible de controversia durante la etapa del juicio y con la aplicación de todas las garantías procesales y de naturaleza constitucional.

El artículo 22, permite mantener en reserva la identidad del testigo y de las personas que intervengan en la práctica del peritazgo o de cualquier otra prueba, con la obligación para el agente del Ministerio Público de certificar la veracidad del hecho de la implantación de la huella dactilar del interveniente, cuya identidad se asegura y para el Director Seccional del Orden Público de guardar, con las seguridades del caso, la identidad del participante en la prueba.

La reglamentación contenida en este artículo destinada a mantener en reserva la identidad del testigo y demás personas que intervengan en la práctica del peritazgo o de cualquier otra prueba, tiene dos garantías; en primer término la intervención del Agente del Ministerio Público quien debe certificar la veracidad del hecho de la implantación de la huella dactilar del interviniente, cuya identidad se asegura, y en segundo término, el acta contentiva de estas pruebas que se guardará en sobre cerrado por la Dirección Seccional de Orden Público, con las seguridades del caso, procedimientos que consagran formalidades legales previstas en el artículo 26 de la Carta, para asegurar la certeza de la prueba.

Tanto el inciso segundo como el tercero se dirigen a mantener la reserva de la identidad de los intervinientes en la prueba pericial o en cualquier otra, previendo las mismas garantías ya señaladas y sobre las cuales no advierte la Corte reparo de constitucionalidad.

A este respecto conviene citar la sentencia de agosto 2 de 1990, en la cual se revisó el Decreto 1191 de junio 6 de 1990, que contiene conceptos que la Corte reitera en esta nueva oportunidad:

“Como también lo dice la vista fiscal, no se encuentra que esta norma vulnere los principios del debido proceso ni el derecho de defensa. No se trata de establecer pruebas secretas ni de impedir el principio de contradicción de la prueba, pues tales fenómenos procesales están garantizados. Lo que garantiza el derecho de defensa y, en general, el debido proceso, es que la prueba puede ser controvertida por todos los medios consagrados en la ley procesal. Así todos los hechos en que se funda el dicho del testigo pueden ser impugnados por el sindicado o por su apoderado, valiéndose de los medios de prueba consagrados en el C. de P.P. Lo cual quiere decir que no es únicamente con el contrainterrogatorio que se pueden desvirtuar los hechos en que se funda el testimonio. En este sentido vale recordar que el Código de 1987, puso término al careo entre el testigo y el sindicado por no considerarlo esencial o indispensable como garantía del debido proceso.

“Pero aparte esta consideración, cuyo alcance ya se ha señalado, el procedimiento asegura al sindicado el derecho de defensa, como aparece consagrado en el Código de Procedimiento Penal, y respecto del cual la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que constituye insustituible garantía de los derechos humanos y conquista esencial del concepto del Estado de Derecho.

“Lo que se quiere con la norma objeto de revisión es proteger la identidad del testigo, sobre lo cual existe un antecedente en el Decreto 1199 de 1987, declarado constitucional por la Corte y cuyas previsiones y disposiciones deben cumplirse, según lo ordena el artículo tercero. Además, el juez al apreciar el testimonio a que se refiere el decreto tiene que hacerlo según lo ordena el sistema de la sana crítica consagrado en el Código de Procedimiento Penal, en tal forma que el sindicado no queda destituido de los derechos que le garantizan la Constitución y las leyes.” (Sentencia No. 101 de agosto 2 de 1990).

El inciso final del artículo 22 en estudio autoriza al Subdirector Nacional de Orden Público para proteger a los testigos cuando éstos lo soliciten, y también lo autoriza para la provisión a los mismos de recursos económicos indispensables para que puedan cambiar de domicilio y de ocupación en el país o en el exterior, con lo cual la disposición se ajusta a la obligación de las autoridades de proteger a las personas, según lo ordena el artículo 16 de la Carta.

El artículo 23 establece que las unidades investigativas del DAS y la Policía Nacional adelantarán de oficio las diligencias preliminares en relación con los hechos punibles a que se refiere el artículo 9o del Estatuto, bajo el control del Juez de Instrucción de Orden Público y la vigilancia de los agentes del Ministerio Público. Y que las unidades investigativas de Orden Público del Cuerpo Técnico de Policía Judicial sólo adelantarán investigaciones cuando así lo disponga el juez de orden público o el director de la seccional. Iniciada la indagación el jefe de la unidad dará aviso escrito de inmediato a la Dirección Seccional de Orden Público para que ésta asigne el juez de instrucción de orden público que debe controlarla.

El artículo 24 fija las competencias de los miembros de las unidades investigativas de orden público relacionadas con las diligencias preliminares, que no son de juzgamiento como es sabido. Entre las que figuran las de recibir denuncias, inspeccionar el lugar de los hechos, practicar levantamiento de cadáveres, levantar el croquis del lugar, realizar pruebas técnicas, recibir testimonios, recibir declaración al imputado, practicar el registro de personas, practicar el reconocimiento fotográfico o en la de personas con intervención del Ministerio Público, proveer a la identificación del imputado, recaudar antecedentes penales, aprehender armas y otros elementos que hayan servido para la ejecución del delito o provengan de él. Está autorizado el legislador por la Constitución, para asignar estas competencias, siempre que en su ejercicio no se vulneren derechos fundamentales.

El literal f) del artículo 24, permite que los miembros de las unidades investigativas de orden público impidan por un lapso no mayor de seis horas que los testigos se ausenten o retiren del lugar, sin haber dado los informes o rendido las declaraciones correspondientes, con lo cual se impone una obligación a los asociados de declarar sobre hechos que les consten y hacerlo de manera inmediata, lo cual por razones de recepción de los mismos puede prolongarse por circunstancias operativas algunas horas, cuyo tope máximo fija el Legislador Extraordinario en seis horas, sin que pueda entenderse que esta colaboración con las autoridades resulte un atentado contra la libertad física.

El parágrafo 1º del artículo 24 trae una autorización de allanamiento de lugar privado cuando por razones del lugar, el día o la hora en que se deba practicar la diligencia, no se puede emitir la orden previamente por el juez, mediando indicios graves o declaraciones con serios motivos de credibilidad en relación con situaciones de flagrancia. El artículo 23 de la C.N., reconoce a los asociados la inviolabilidad del domicilio, poniendo como requisitos para el acceso de la autoridad al mismo, el mandamiento escrito de autoridad competente, que tiene bien sostenido la Corporación que es la autoridad judicial, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos por las leyes. A este reconocimiento de la inviolabilidad de lugar privado hace la misma norma fundamental una excepción, cuando el delincuente haya sido cogido en flagrancia, es decir, al momento de cometer el hecho o en ejecución de la conducta delictiva (artículo 24 C.N.) y que luego de esto si fuere “perseguido” por la autoridad y se "refugiare en su propio domicilio”, se podrá penetrar en él para el acto de la aprehensión, por que si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al dueño o morador.

En el parágrafo 1° del artículo 24 también se establece una normatividad especial relacionada con situaciones de flagrancia, para las que no se prevé la previa orden judicial. Estima la Corte que la noción de flagrancia comprende de manera general distintos tipos de situaciones que varían según la ejecución de conductas delictivas simples hasta las más complejas. Estas últimas hipótesis presuponen un preordenado conjunto de acciones que reúnen medios, instrumentos y procedimientos articulados para la ejecución de uno o más delitos, conforme a una operación criminosa detectable con dificultad y para lo cual bien puede el Estado adoptar como suficientes la existencia de indicios graves o declaraciones con serios motivos de credibilidad, en relación con situaciones de flagrancia.

Bajo este entendimiento, encuentra la Corte que la norma bajo examen al referirse a situaciones de flagrancia, para las cuales no se requiere orden judicial, en tratándose de allanamientos se encamina a evitar la destrucción o desaparición de medios de prueba, o la evasión de infractores de hechos punibles de competencia de la jurisdicción de orden público, de todo lo cual se dejará constancia escrita, bajo la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario que dirija la Unidad de Policía Judicial.

A este respecto también la doctrina ha coincidido con este criterio, especialmente en lo relacionado con las nuevas formas de la criminalidad y las competencias de la Policía Judicial, al señalar que no se requiere orden escrita de autoridad competente para penetrar a domicilio ajeno en los circunscritos casos de flagrancia en los lugares no abiertos al público, y en que se requiera la presencia inmediata de la autoridad judicial. También ha sostenido la doctrina que el mantenimiento de elementos explosivos, armas, bombas y equipos que sirvan para el procesamiento de sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, constituye un estado de permanente flagrancia que permite a la autoridad de Policía Judicial, de manera expedita y de acuerdo con el texto constitucional (art. 24 C.N.), hacer ingreso a dicho lugar privado.

En la revisión constitucional del Decreto 180 de 1988, la Corte se pronunció así sobre estas materias:

“El Decreto que se revisa en las disposiciones que se han señalado, permite a cualquier miembro de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad en caso de urgencia o fuerza mayor, aprehender sin orden judicial a persona o personas indiciadas de participar en actividades terroristas y practicar registros en donde se presuma se encuentren terroristas o, que se haya cometido actos encaminados a consumar un delito. Estas normas están desconociendo el requisito del mandamiento escrito de autoridad competente que precisa la Constitución como necesario para aprehender a cualquier ciudadano y registrar su domicilio ya que dentro de las facultades de los literales glosados para que cualquier miembro de las Fuerzas Militares, de Policía o del Departamento Administrativo de Seguridad pueda cumplir una de tales funciones, basta la existencia de un indicio, o de una presunción. El indicio es un elemento probatorio de difícil valoración para cualquier funcionario, mucho más si éste no tiene la formación profesional idónea y adecuada para adoptar un juicio en esta materia; por lo tanto, en ningún momento puede reemplazar la orden escrita de autoridad competente y sin que esté frente a la hipótesis de flagrancia que tampoco puede, bajo ninguna circunstancia, sustituirse por causales como las de urgencia o fuerza mayor’.

“……………

“Por eso es evidente que tales disposiciones desconocen el derecho a la libertad e intimidé de las personas, y de la inviolabilidad del domicilio, principios que son esenciales dentro del Estado de derecho y por ende violan en consecuencia la Constitución Nacional cuya integridad debe mantenerse aún bajo el imperio del estado de sitio.” (Sentencia No. 21 de marzo 3 de 1988).

En relación con lo dispuesto por el literal g) del artículo 24 cabe advertir que la función encomendada a los miembros de la Unidad Investigativa del Orden Público, durante la indagación preliminar, para “recibir por escrito y con fidelidad la versión que libre y espontáneamente quiera hacer el imputado sobre las circunstancias y móviles del hecho, su participación en él y la de otras personas”, tiene el carácter propio de las tareas que cumple dicho organismo y el valor de dicho acto es el de un indicio que en su oportunidad será valorado por el juez.

El inciso 2o del parágrafo 1º del artículo 24, faculta al Director Seccional de Orden Público para ordenar que las oficinas telegráficas o telefónicas intercepten las comunicaciones o mensajes, si fueren conducentes “para el descubrimiento o comprobación de los delitos” es decir, con el objeto de buscar pruebas judiciales.

Con ocasión de la revisión automática de constitucionalidad del artículo 47 del Decreto 180 de 1988, sostuvo la Corte, criterio que hoy reitera a propósito de la disposición examinada, lo siguiente: “la anterior norma no desconoce lo prescrito por el artículo 38 de la Constitución Nacional que dispone: ‘la correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y con el único objeto de buscar pruebas judiciales’ ”

“A juicio de la Corte, la norma que se revisa no desconoce los límites que evidentemente establece el artículo 38 de la Carta, puesto que se dirige a permitir que una autoridad competente, que en este caso es sólo el Jefe del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y con el único objeto de buscar pruebas judiciales tendientes al descubrimiento o comprobación de los delitos que expresamente define el Decreto 180 de 1988, ordene siempre que sea conducente, la interceptación de comunicaciones o mensajes.

“La retención y apertura de la correspondencia, lo mismo que la interceptación de comunicaciones telegráficas y telefónicas, son facultades que la Carta permite ejercer sólo por excepción a aquella autoridad a la que por virtud de la ley le haya sido atribuida esta competencia, siempre que ésta lo ordene respetando las formalidades que también, como lo exige la Carta, debe señalar el legislador, y con el único fin de buscar pruebas judiciales.”

De acuerdo con lo anterior, la Corporación encuentra que el inciso 2° del parágrafo 1º del artículo 24, cumple con las exigencias constitucionales para garantizar la intimidad que consagra el artículo 38 de la Carta Política.

En relación con el artículo 26 inciso 1º advierte la Corte que la firma del testigo que actúa cuando el aprehendido es renuente a firmar el acta a que se refiere dicha diligencia, sólo tiene el valor de una constancia de que se levantó el acta, y en ningún caso tiene que ver con el contenido de la versión libre y espontánea que pueda aparecer en ella.

El artículo 38 del Estatuto para la defensa de la justicia, trae una limitación al derecho de defensa al no permitir “recurso alguno” contra el auto que niegue las pruebas solicitadas por el sindicado detenido y por su defensor. Ha sostenido la Corte que este Derecho a la defensa no puede llegar a limitar la capacidad del juez para dirigir la investigación, desechando las pruebas inconducentes que llevarían a dilatar innecesariamente los procesos (C. S. de J., Sala de Casación Penal, auto de diciembre 2 de 1988). Sin embargo, la competencia del juez en la formulación legal comentada, otorga un excesivo arbitrio al juez para negar la práctica de pruebas solicitada directa o indirectamente por el sindicado, al no permitir la revisión de la decisión de aquél a través de la interposición de los recursos consagrados en la ley ordinaria. Con lo cual, se viola el derecho de defensa, que es un principio superior que no puede ser desconocido en ejercicio de las facultades extraordinarias del estado de sitio. Con fundamento en lo anterior la frase que establece en relación con el auto de sustanciación que en concepto de la Corte deberá ser motivado, “no sujeto a recurso alguno” y la expresión “detenido” del artículo 38, se declararán inexequibles por ser violatorias del derecho de defensa y del principio del debido proceso.

El artículo 31 autoriza al Juez para abrir o no investigación, dejar en libertad al indagado, disponer pruebas o dictar auto inhibitorio; el artículo 32, regula la indagatoria; los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, se refieren a la definición de la situación jurídica del implicado, a los términos para realizarla, la detención del sindicado, el embargo y secuestro de los bienes, a la reserva del sumario.

Los artículos 40 y 42 regulan el trámite de la resolución acusatoria, el artículo 41 señala la oportunidad para constituirse en parte civil; el artículo 43 abre la posibilidad de practicar pruebas durante la etapa del juicio, los artículos 44 y 45 regulan aspectos probatorios, señalando el último de ellos que “el auto que niega la práctica de una prueba es apelable en el efecto devolutivo, garantizando el derecho de defensa que como se dijo a propósito de la revisión del artículo 38, es un imperativo del orden superior; el artículo 46 establece la oportunidad y trámite para dictar sentencia; todas estas reglas de procedimiento, puede expedirlas el legislador extraordinario como se ha indicado antes, sin transgredir el orden constitucional.

En relación con el primer inciso del artículo 34 advierte la Corte que la facultad que la norma otorga al juez para diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con las necesidades de la investigación y cuando haya pluralidad de imputados en la comisión del hecho, es sin detrimento de su derecho de defensa. Es preciso tener en cuenta el artículo 11 del C. de P. P. sobre la finalidad del procedimiento en el que se ordena que “en la interpretación de la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que en él intervienen”.

En relación con el inciso 3o del artículo 35, cuando se refiere a que el juez podrá autorizar en la orden de captura emitida el allanamiento de los sitios en donde presuma pueda encontrarse el sindicado, la Corte encuentra que la expresión “señalándolos de manera genérica” va más allá de las garantías establecidas en esta materia, como se señaló en las consideraciones formuladas sobre el parágrafo 1º del artículo 24 del Estatuto.

Respecto de algunos señalamientos formulados a los artículos 31, 33, 37 y 39 del Capítulo V, la Corte advierte que el procedimiento establecido en el Estatuto está dirigido a realizar los fines y objetivos que él persigue, en materia de celeridad y agilidad de los trámites, de protección a los jueces, y de intervención eficaz de la Policía Judicial como auxiliar de la administración de justicia en el recaudo de las pruebas, sin que ello implique tampoco el desconocimiento de garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.

Los artículos 47, 48, 49 y 50, contienen regulaciones orientadas a permitir e implementar la reserva de la identidad de los jueces, otorgando al Director Seccional de Orden Público facultades para asignar el juez de instrucción o de conocimiento que deban conocer de una instrucción o proceso y de variar la asignación hecha; para el manejo de expediente y providencias y sus copias en donde no aparezca la firma del juez; para agregar al expediente copias dé todas las providencias, con igual circunstancia para el Presidente del Tribunal, en las que no aparezcan las firmas de los Magistrados y jueces que las expidieron y para guardar los originales. A su vez, el artículo 51 autoriza al jefe de la sección jurisdiccional para elaborar autos de trámite no previstos en el artículo 36, suscribir y ejecutar las notificaciones, citaciones y comunicaciones procesales, y para recibir los memoriales. Estas disposiciones no alteran el debido proceso, toda vez que no implican apartar de la competencia judicial la decisión de los asuntos, sino mantener en reserva la identidad de las personas que ejercitan dichas competencias, siendo los juzgados institucionalmente considerados suficiente garantía, que se ve asegurada por las certificaciones que de las providencias da un funcionario público de carácter judicial (Tribunal) o de carácter administrativo (Director); reserva que, de todos modos puede, en las actuales condiciones del orden público, contribuir a superar las presiones a que se ven sometidos en el ejercicio autónomo e imparcial de su encargo funcional.

La reserva de la identidad del juez, qué tanta controversia ha despertado en la opinión pública, estima la Corporación no atenta contra el servicio público de la administración de justicia. Si bien es cierto que en condiciones ordinarias es deseable la plena identificación del juez, lo cual es el resultado de una evolución civilizadora de la función judicial, desde los tiempos de la existencia de los jueces oraculares hasta nuestros días, no lo es menos que en la hora actual, y por razones bien distintas, particularmente las que se refieren a la seguridad del juez, la reserva en la investigación y los complejos recursos del crimen organizado se ha hecho necesario en varias legislaciones de otros países implementar sistemas de protección de la identidad de los funcionarios y demás personas que de cualquier manera intervengan en los procesos, como los que ha organizado el Estatuto en los artículos comentados.

El Estatuto asegura una calificación de los jueces, su régimen disciplinario, el debido proceso y en especial el derecho de defensa, recursos contra las providencias más importantes del sumario, como el auto de detención y la resolución acusatoria; en la etapa del juicio, se garantizan también recursos contra los autos sobre pruebas y la sentencia, y, como se ha expuesto, también la imparcialidad del juez que aseguran un desenvolvimiento orgánico y funcional de la justicia de orden público, cuya naturaleza no se ve alterada por el hecho eventual de la reserva de la identidad del juez.

Encuentra la Corte que el inciso 1º del artículo 52 debe ser declarado inconstitucional, porque hace una regulación de las nulidades para el procedimiento de que se ocupa el Estatuto Judicial, en forma que desconoce la oportunidad de alegar nulidades con fundamento en los mandatos superiores de la Carta. En efecto, la figura procesal comentada puede tener oportunidad no sólo cuando sea expresamente autorizada por el legislador ordinario, sino que también en nuestro régimen jurídico hay acuerdo en la jurisprudencia para deducir de las garantías constitucionales, como la legalidad del delito y de la pena, el derecho de defensa y el principio del debido proceso (arts. 26, 28 y 163), la oportunidad para alegarlas. Confirma este criterio jurisprudencial la obligación que tiene el juez de aplicar en todo caso la norma constitucional (arts. 2o y 16 C. N.), y el inciso comentado, cuando de manera expresa impide la posibilidad de aplicar normas superiores en estos aspectos del proceso, viola ostensiblemente la Constitución, y por tanto debe declararse su inexequibilidad.

En cambio el inciso 2o es exequible cuando señala que las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra petición que se formule dentro de este, salvó las pruebas o las que se refieran a la libertad del procesado serán decididas en la sentencia, a menos que tales peticiones por su naturaleza o sus fines requieran una decisión previa.

Los artículos 53, 54, 55, 56 y 57, disponen que los derechos o efectos vinculados a los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9o del Estatuto, o que provengan de su ejecución quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva; que el superior de la unidad investigativa podrá ordenar la incautación cuando exista a lo menos prueba sumaria; que debe darse prelación al registro de los bienes que estén sujetos al mismo, después del cual no se podrán oponer derechos de terceros al Estado; que el jefe de la unidad investigativa levantará acta de inventario de la cual remitirá copia a la Dirección Nacional de Estupefacientes; que las unidades investigativas de la Policía Judicial y de Orden Público inutilizarán las pistas de aterrizaje, destruirán las plantaciones y cultivos de marihuana, cocaína, adormidera y demás plantas de las que pueda extraerse o procesarse droga que produzca dependencia, hechos sobre los cuales se levantará acta; que las drogas serán destruidas con intervención del Agente del Ministerio Público; que los insumos, sustancias precursoras que puedan servir para el procesamiento de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia, serán puestas a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá determinar su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, o su remate, o su destrucción, y que en el evento de utilización se hará avalúo de los bienes o elementos; los demás bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público; que la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar los bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza vinculados o provenientes de los delitos enunciados en el artículo 9°, al servicio de las Direcciones Nacional de Instrucción Criminal y de Carrera Judicial; que en ningún caso podrán destinarse a la Unidad Investigativa de Orden Público que adelante las preliminares; que podrá asignarlos provisionalmente al Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes; que salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990, sobre el decomiso o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso a favor del Estado y adjudicados definitivamente por el juez o alguna de las entidades mencionadas en el Estatuto o en el Decreto 2390 de 1989, al momento de dictar sentencia dejando a salvo la afectación de ellos al pago de perjuicios; que las armas y explosivos se enviarán a la Industria Militar; que las entidades beneficiarias tendrán en el proceso el carácter de terceros intervinientes o incidentales, que se extingue el dominio de los bienes mencionados a favor del Estado si pasado un año desde la fecha en que procesalmente haya surgido el derecho a ser reclamada la devolución, ésta no se efectuare.

Comprenden las normas reseñadas dos clases básicas de decisiones a desarrollar por las autoridades administrativas y judiciales, sobre los bienes vinculados o provenientes de los delitos cuyo conocimiento Se ha encargado a la Jurisdicción de Orden Público; las autoridades administrativas podrán destruir los bienes o destinarlos provisionalmente al servicio de las Direcciones Nacional de Instrucción Criminal y de Carrera Judicial o al Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes; y los jueces, por su parte, podrán ordenar el decomiso a favor del Estado y los adjudicarán definitivamente a algunas de las instituciones señaladas en el Estatuto y en el Decreto 2390 de 1989, al momento de dictar sentencia y dejando a salvo el pago de perjuicios.

Ha sostenido esta Corporación que la destrucción de los elementos y bienes vinculados o provenientes de los ilícitos puede ser ordenada por las autoridades cuando, en el ejercicio de sus funciones orientadas a la represión del delito y a la eliminación de los factores de perturbación del orden público, resulten nocivos para la salud pública y la seguridad social, toda vez que el derecho de propiedad sobre ellos no cumple con la función social que a este derecho le asigna la Constitución Nacional (art. 30). En consecuencia tales acciones incorporan una sanción “por no utilizar la propiedad con la finalidad social que le es propia, distinta de la confiscación y que tenía su apoyo en el artículo 30 del Estatuto Fundamental, que ha dado origen a trámites administrativos referidos especialmente a la extinción del dominio” (Sentencia de 21 de enero de 1988).

La destinación provisional de los bienes que puede realizar la Dirección Nacional de Estupefacientes no atenta contra el derecho de dominio o propiedad de los bienes, por cuanto los titulares de este derecho pueden demostrar en la causa su inocencia en los hechos juzgados, quedando el juez con la obligación, al momento de dictar sentencia, de dejar a salvo el pago de los perjuicios.

En cuanto al decomiso ordenado por el juez, tiene bien definida la Corporación, según jurisprudencia de tiempo atrás, que éste no contraría los preceptos superiores de la Carta Política, por tratarse de una sanción de carácter económico al delincuente, distinta de la confiscación. Ya que no puede entenderse la garantía constitucional como un mecanismo que permita utilizar determinados bienes para la comisión de delitos, ni para permitir que sean consecuencias que deriven provecho del delito, toda vez que el derecho de propiedad, como todas las garantías individuales, sólo busca proteger los intereses más legítimos del Estado de Derecho y, en el caso de la propiedad, se ha expresado, ésta tiene adicionalmente una finalidad de interés social que se traiciona por el titular cuando es el resultado del hecho criminal.

Contempla el artículo 57 una circunstancia de extinción del derecho de propiedad a favor del Estado sobre los bienes, si pasado un año desde el momento en que haya surgido la oportunidad procesal para reclamar su devolución, aquélla no se hubiere formulado. Es competencia del legislador fijar los términos y condiciones de la extinción de los derechos y de las acciones, por lo cual la norma resulta ajustada al derecho; en este caso el trámite y decisión corresponden al juez de Orden Público, salvo en el último inciso en donde el procedimiento y la decisión se entregan a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es una autoridad administrativa. La Corte procederá a declarar la exequibilidad de la norma, salvo el último inciso que se declara inexequible en cuanto atribuye la declaratoria de la extinción del dominio a una autoridad administrativa. Es preciso traer a cuento que este proceso tiene carácter judicial y por tanto los bienes incautados u ocupados están siempre necesariamente a disposición del Juez.

Los artículos 58, 59, 60, 61 y 62, contienen preceptos que definen los casos, oportunidad y circunstancias en que procede la privación de la libertad en la jurisdicción de orden público señalando que sólo es posible la detención preventiva como medida de aseguramiento; que la revocatoria del auto de detención requerirá siempre el concepto previo y favorable del Agente del Ministerio Público; que la libertad provisional sólo se dará en los casos previstos en el artículo 59; que no habrá lugar a la suspensión de la detención preventiva ni de la ejecución de la pena, pero que podrá ordenarse la detención domiciliaria u hospitalaria cuando el procesado o condenado sufriere grave enfermedad, o a la imputada le faltaren cuatro semanas o menos para el parto, o si no han transcurrido dos meses desde la fecha en que dio a luz; que el empleado oficial no será beneficiario de la libertad inmediata de que trata el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal; que en la jurisdicción de orden público, dentro de los términos procesales precisos, corresponde al Tribunal Superior de Orden Público conocer sobre el derecho de Habeas Corpus.

Los reglamentos anteriores desarrollan el encargo constitucional del legislador de regular la procedencia de los casos de detención, prisión o arresto, las formalidades que deben cumplirse para la privación de la libertad y las autoridades encargadas de definir cada situación (artículos 23 y 26 C. N.), por lo cual se ajustan al Estatuto Fundamental. Sin embargo, la prescripción del inciso 3o del artículo 58, según la cual “la revocatoria del auto de detención requerirá siempre el concepto previo y favorable del Agente del Ministerio Público” resulta contraria a la Constitución Política, en razón de que la expresión “favorable” del inciso pone al Ministerio Público a coadministrar justicia, lo cual resulta extraño a las funciones propias del Ministerio Público consagradas en el artículo 143 de la C. N. y a la autonomía de los jueces para impartir justicia (artículos 55 y 58 C. N.). Lo expuesto lleva a la Corporación a encontrar inconstitucional la palabra “favorable” del inciso comentado y así lo declarará.

El artículo 64 autoriza el pago de una recompensa monetaria a quienes no siendo autores o copartícipes suministren informes a la autoridad que permitan hacer efectiva la orden de captura del imputado, o incautación de bienes, o la determinación de la autoría o participación o responsabilidad en los delitos a que se refiere el artículo 9o del Estatuto, recompensa con cargo al presupuesto de la entidad ordenadora.

También se permite en la norma comentada hacer ofertas públicas de recompensa. Comprende este artículo medidas orientadas a perfeccionar la persecución del delito y a evitar la impunidad que corresponde dictar al legislador de acuerdo con lo preceptuado por la Carta Fundamental.

Precisó esta Corporación, con motivo de la revisión de constitucionalidad del inciso 2° del artículo 12 del Decreto 1631 de 1987, norma similar a la examinada que “la prohibición impuesta por el artículo 78-5 de la C. N. al Congreso, y por ende al Gobierno cuando ejerza funciones legislativas de decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones y otra erogación que no esté destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente, salvo lo dispuesto en el artículo 76 inciso 18 (en realidad 20), no se ve desconocido por dicho texto, ya que éste configura precisamente la ley preexistente que genéricamente establece los supuestos necesarios para adquirir derecho a la gratificación de que se trata” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 139 del 15 de octubre de 1987).

El artículo 65 dispone una interrupción de la prescripción de la acción y de la pena según el caso, para quien sea juzgado o penado como persona ausente.

Dos eventos previstos por el legislador extraordinario, el de interrupción de la prescripción de la acción que surge desde el momento de la resolución acusatoria y el de la interrupción de la prescripción de la pena desde el momento en que se dicta la providencia condenatoria, incorporan regulaciones para las que está autorizado el legislador ordinario, y en el caso del estado de sitio el extraordinario, conforme a la Carta Política, resultando acorde con la misma el texto estudiado.

El artículo 66 impone a los empleados oficiales la obligación de prestar su colaboración a las autoridades que adelantan investigaciones o procesos por los delitos a que se refiere el artículo 92 y de suministrar la información que se le solicite, so pena de incurrir en mala conducta en caso de omisión o demora, y sin que puedan oponerles reserva alguna. Esta obligación que se suma dentro de los deberes de los servidores públicos de colaborar en la realización de los fines del Estado (art. 55 C. N.), se ajusta a los predicados constitucionales siendo una consecuencia de ellos, como se señala, el imponerles de manera perentoria la colaboración a las autoridades de orden público, con el fin de alcanzar la eficacia de éstas, en el control de los delitos.

El artículo 67 prohíbe la transmisión de todo mensaje, noticia, grabación o información que identifique en cualquier forma a los intervinientes en ¡os procesos de que trata el decreto, y la transmisión radial en directo, desde el lugar de los acontecimientos, de actos a los que se refiere la normatividad en estudio, mientras los hechos estén ocurriendo. La limitación que hace el legislador extraordinario en este artículo a la libertad de prensa está autorizada por la Carta Política en su artículo 42 en las épocas de alteración del orden público, que se entienden distintas y, en la actualidad realmente contrarias a los “tiempos de paz” a que se refiere la norma superior citada.

Sobre esta materia la Corte reitera la jurisprudencia contenida en su Sentencia No. 21 de marzo 3 de 1988, que se pronunció así ante normas muy similares:

“Dispone el artículo 42 de la Constitución: ‘La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública’. Esta norma consagra la libertad de prensa, con responsabilidad, que es plena en tiempo de paz y que constituye uno de los pilares básicos del Estado Democrático de Derecho. Pero como lo ha sostenido también la jurisprudencia cuando la Constitución habla de esta libertad de prensa ‘en tiempo de paz’, obviamente reconoce que ella no es plena durante la perturbación del orden público, lo que justifica por sí solo las limitaciones a su ejercicio. Estas limitaciones a la prensa, bajo el régimen de estado de sitio son de general aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia. En este sentido, las prohibiciones de la transmisión de noticias que sirvan para identificar testigos de actos terroristas, o que se produzcan en directo mientras se desarrolla un acto de esta clase, encuentran su fundamento en la Constitución, ya que tales limitaciones van encaminadas a restablecer el orden público perturbado. Se trata de competencia del legislador extraordinario que encuentran su apoyo en las previsiones del artículo 121, ya que así se tutela el orden público y se propende a su restablecimiento. Por estos motivos la Corte considera que estos artículos se avienen con la Constitución Nacional.”

Los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la preceptiva examinada traen el señalamiento de las autoridades que ejercerán las funciones del Ministerio Público, sin contrariar el artículo 142 de la Constitución Nacional, y la competencia de las mismas., que se avienen igualmente a lo preceptuado en el artículo 143 de la C. N.; preservándoles a estos funcionarios las mismas prerrogativas de los Magistrados y Jueces ante quienes actúan, en lo cual también se ajusta el estatuto a lo preceptuado por el inciso final del artículo 142 de la C. N., señalando expresamente que su designación se hará conforme a los términos de la Carta Política (art. 144).

Los artículos 77 al 96 del Estatuto reglamentan la organización administrativa de orden público. Allí se dispone que el Director Nacional de Instrucción Criminal hace parte del Consejo Nacional de Policía Judicial y que los directores seccionales de orden público son miembros de pleno derecho de los Consejos Seccionales de Policía Judicial, que el Consejo Nacional de Policía Judicial lo presidirá el Ministro de Justicia (art. 77); que el Secretario del Consejo Nacional de Policía Judicial será un delegado del Director Nacional de Instrucción Criminal (art. 78); que el Consejo Nacional de Policía Judicial tendrá más funciones adicionales (art. 79); que se crea la Subdirección Nacional de Orden Público, como una dependencia de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, fijándose su estructura orgánica (art. 80); que el Director Nacional de Instrucción Criminal cumplirá determinadas funciones en relación con la jurisdicción de orden público (art. 81); que la Subdirección Nacional de Orden Público cumplirá determinadas funciones (art. 82); que los Directores Seccionales de Orden Público cumplirán determinadas funciones (art. 83); que se crean las Direcciones Seccionales de Orden Público de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta (art. 84); que las Direcciones Seccionales de Orden Público están conformadas por la sección jurisdiccional y la división administrativa (art. 85); que la sección jurisdiccional estará compuesta por los jueces de instrucción, los de conocimiento y el personal de secretarías y tendrá a su cargo la investigación, el trámite del juicio y el proferimiento de los correspondientes fallos (art. 86); que el jefe de la Sección Jurisidiccional cumplirá determinadas funciones (art. 87); que la División Administrativa cumplirá determinadas funciones (art. 88); que se suprima a partir del 16 de enero de 1991 la totalidad de los juzgados especializados y de orden público con su respectiva planta de personal (art. 89); que se creen 82 cargos de jueces de orden público que serán designados por el Tribunal de Orden Público de entre las personas que venían desempeñando los cargos de jueces de Orden Público o Especializados y que corresponden al grado 21 de la escala salarial de la Rama Jurisdiccional; que de los 82 juzgados 49 cumplirán funciones de conocimiento y fallo y los 33 restantes cumplirán funciones de investigación (art. 90). que funcionarios y empleados que venían desempeñando los cargos que se suprimen en el artículo 89 serán nombrados por las salas plenas o de gobierno según el caso que tratándose de empleados de despachos judiciales los nombramientos serán hechos por los respectivos superiores (art. 91); se crea la planta de personal de la jurisdicción de orden público y se defina su régimen prestacional y salarial (art. 92); se crean distintas nomenclaturas de cargos para los empleados de la sección jurisdiccional, determinándose su régimen salarial y prestacional (art. 93); que el Subdirector Nacional de Orden Público tendrá una asignación mensual equivalente al 90% de la que corresponde al Director Nacional de Instrucción Criminal y los Directores Seccionales de Orden Público el 80%, sin tener en ningún caso derecho a prima de antigüedad, ascensional o de capacitación (art. 94); que se crean 12 cargos de asesor grado 19 que prestarán sus servicios en los despachos de los magistrados del Tribunal de Orden Público, que serán nombrados por el respectivo magistrado, pero la primera vez de entre los abogados asesores de Juzgados de Orden Público que se suprimieron por el decreto, y que su régimen salarial, prestacional y disciplinario, será el de la Rama Jurisdiccional (art. 96).

En relación con el artículo 81 del Estatuto, al señalar las funciones del Director de Instrucción Criminal en lo relacionado con la jurisdicción de Orden Público, es preciso observar que cuando el literal a) establece que deberá dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de la jurisdicción de Orden Público, se está refiriendo a las competencias puramente administrativas -más bien de carácter operativo- que le corresponden. No pueden ellas en forma alguna interferir en la órbita de la competencia, ni la autonomía de una autoridad jurisdiccional, como lo es el Tribunal de Orden Público.

En relación con el literal a) del artículo 83, la Corte considera que los Directores Seccionales de Orden Público pueden ejercer la Dirección Administrativa de las diferentes dependencias, pero es preciso señalar que esta función tiene un alcance muy preciso para que no se interfiera la autonomía de la Rama Jurisdiccional, es decir, que ella debe mantener su acción en el simple giro operativo de las oficinas para su más adecuado funcionamiento. Esta competencia puramente administrativa no debe ser distorsionada para generar conflictos, que causarían nuevos problemas en el ejercicio de la función jurisdiccional.

En el artículo 90, la Corte declara la inexequibilidad de las expresiones “de entre las personas que venían desempeñando los cargos de Juez de Orden Público o Especializado en los despachos suprimidos por este decreto”, por cuanto estima que esta disposición quebranta la autonomía del Tribunal de Orden Público para designar los mencionados funcionarios.

En relación con el artículo 91, la Corte considera inexequible la expresión “funcionarios y”, por tener en cuenta que desconoce la competencia reconocida a los Tribunales de Distrito para nombrar a este tipo de funcionarios.

Respecto al artículo 95, la Corte considera que la función de fijar los requisitos mínimos para el ejercicio de los empleos administrativos, así como los manuales de funciones y procedimientos de la jurisdicción de Orden Público, no puede atribuirse a la Subdirección de Orden Público para que la ejerza por medio de Resolución. Esta atribución viola el artículo 62 de la Carta, que establece que tales requisitos y condiciones, los deberes y derechos de los funcionarios en el servicio, sus incompatibilidades, calidades, promoción, derechos sociales y su responsabilidad, deben obedecer a las regulaciones de la ley. Así las cosas, sólo el legislador ordinario y el extraordinario, si se sujetan a las normas y principios del Estatuto Fundamental, pueden regular esta materia. Por tanto, se declarará la inexequibilidad de este artículo.

El artículo 97 preceptúa que habrá vacaciones individuales para los Magistrados, Jueces y Fiscales de orden público; el artículo 98, señala como representante legal del Fondo de Seguridad de la Rama Jurisdiccional al Ministro de Justicia o su delegado; y el artículo 99, dispone que la Subdirección Nacional de Orden Público y las direcciones seccionales constituirán para efectos presupuestales una unidad ejecutora independiente, cuyo funcionamiento se acoge a lo dispuesto por la Resolución Ü68 de 1990, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las que la modifiquen o adicionen.

Los anteriores artículos del Estatuto se ocupan de la organización administrativa de orden público, creando instituciones o variándolas, imponiéndoles competencias y procedimientos, y definiendo su estructura, planta de personal y régimen salarial y prestaciones, todas competencias otorgadas por la Constitución Política, al legislador ordinario, y, por ende, de manera general, al legislador extraordinario. En efecto, varias disposiciones se refieren de manera expresa y precisa a dicha facultad del legislador, en este caso extraordinario; el inciso final del artículo 58 C. N. define la naturaleza de la justicia, dándole el carácter de un servicio público; el artículo 39 C. N. dispone que la ley puede “ordenar la revisión y la fiscalización” de las tarifas y reglamentos “de los servicios públicos”; el artículo 62 C. N. otorga a la ley la facultad para determinar “los casos particulares de incompatibilidades de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y jubilación, y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro Público”, y agrega que “el Presidente de la República, los gobernadores, los Alcaldes y en general todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla, sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascenso por mérito de antigüedad, y de jubilación, retiro o despido”; el artículo 76 numeral 9° de la C. N. fija en la ley la competencia para “determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos así como el régimen de sus prestaciones sociales”, y de manera más general aún, en el numeral 10 del mismo artículo fija la Constitución en la ley, la facultad de “regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículos 62 y 132 y demás preceptos constitucionales; expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos, de las sociedades de economía mixta, de las empresas industriales y comerciales del Estado, y dictar las normas correspondientes a las carreras administrativa, judicial y militar.

El artículo 100 del Estatuto en examen hace una remisión a la ley penal ordinaria y la legislación del estado de sitio que no se oponga a sus previsiones, en las materias no reguladas en el decreto, lo que no es objeto de reparo constitucional.

El artículo 101 dispone el procedimiento a seguir en el caso de que los jueces especializados al momento de la expedición del decreto tengan en su poder actas de ocupación o de incautación de bienes que no estén todavía vinculados al proceso penal. Hay que interpretar el inciso de este artículo en el sentido de que el auto inhibitorio dictado por el Juez debe disponer lo pertinente, cuando los bienes queden a disposición de la Dirección General de Aduanas o de la Superintendencia de Control de Cambios en los casos señalados en el Decreto 2187 de 1990, y él también debe disponer la entrega a quien demuestre tener derecho a recibirlos de acuerdo con el procedimiento que señale el Consejo Nacional de Estupefacientes.

La decisión es del Juez, no de la autoridad administrativa. Más arriba se declaró la inexequibilidad del último inciso del artículo 57, por las razones allí señaladas.

El artículo 102 preceptúa que el decreto suspende las normas de la legislación ordinaria que le sean contrarias, y que deroga o subroga las de estado de sitio que le sean contrarias, con lo cual se ajusta a lo dispuesto en el artículo 121 de la C. N., y a la naturaleza propia de las normas de igual Jerarquía que pueden derogarse o cambiarse sin atentar, por eso, contra la Constitución Política.

De otra parte, el artículo establece una vigencia escalonada para alguna de sus normas, que, como lo ha sostenido la Corporación, no atentan contra el orden constitucional, por-cuanto las medidas que se toman para conjurar la crisis requieren un tiempo para su organización y puesta en marcha.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de la Sala Constitucional y oído el concepto fiscal,

RESUELVE:

Es CONSTITUCIONAL el Decreto 2790 de 20 de noviembre de 1990, “por el cual se dicta el Estatuto para la Defensa de la Justicia, integrando en una sola jurisdicción los Jueces de Orden Público y los Especializados, creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Orden Público para darles el apoyo operativo necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia”, salvo las siguientes partes del mismo que se declaran INCONSTITUCIONALES:

1. La expresión “de manera genérica” del inciso tercero del artículo 35.

2. Las expresiones “detenido” y “no sujeto a recurso alguno” del artículo 38.

3. El inciso primero del artículo 52.

4. El último inciso del artículo 57.

5. La expresión “y favorable” del inciso tercero del artículo 58.

6. La parte que dice: “de entre las personas, que venían desempeñando los cargos de Jueces de Orden Público o Especializados en los despachos suprimidos por este decreto” del artículo 90.

7. La expresión “funcionarios y” del artículo 91, inciso primero.

8. El artículo 95.

9. La frase final “o para los efectos del artículo 57 de este Decreto”, del artículo

101.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera (con salvamento de voto), Jorge Carreño Luengas (con salvamento parcial de voto), Ricardo Calvete Rangel (con salvamento de voto), Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo (con salvamento parcial de voto), Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta (con salvamento parcial), Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango (con salvamento parcial de voto), Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero (con salvedad parcial de voto), Dídimo Páez Velandia (con salvamento de voto), Jorge Iván Palacio Palacio (con salvamento parcial de voto), Simón Rodríguez Rodríguez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto), Jaime Sanín Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez (salvo mi voto), Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Por encontrar radicales diferencias de pensamiento, en cuanto a lo que se entiende por la integridad constitucional y de las normas extraordinarias que la quebrantan, nos permitimos manifestar respetuosamente las razones que nos llevan a estar en discrepancia con el criterio mayoritario de la Sala.

Desconcierto produce la decisión de la Corte, porque a pesar de que en los inicios de la misma acepta que el decreto revisado contiene “previsiones procesales y técnicas de extraordinaria significación relacionadas con el derecho de defensa, y el debido proceso penal que implica profundas transformaciones en la tradición jurídica de nuestro sistema normativo” y que unos folios más adelante advierte que “por tanto, en la revisión de este Estatuto, la Corte procederá a establecer que dentro de una normatividad que aspira a realizar un fin plausible, se mantenga el respeto indeclinable a las garantías constitucionales de la libertad individual, el derecho de defensa y a los principios de la legalidad y el debido proceso” (el destacado es nuestro), y se produce desconcierto porque pese a tan prometedores inicios la verdad es que se le da viso de constitucionalidad a preceptos que vulneran de manera grave el derecho de defensa, el debido proceso y las formas propias del juicio, creándose un grave precedente legislativo y jurisprudencial, donde implícitamente se reconoce que la eficacia de la represión tiene una mayor importancia que los derechos procesales constitucionalmente reconocidos.

Es en realidad la continuación de una política legislativa, utilizada uniformemente por los presidentes como legisladores extraordinarios, en lo que la represión es la única fórmula conocida para tratar de solucionar los problemas de orden público, y además de una represión que pasa en muchas ocasiones por encima de los preceptos constitucionales y de las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país a nivel de tratados que garantizan los Derechos Humanos fundamentales.

En la reiteración de una clara vocación política, que ha creído y cree equivocadamente que los problemas de violencia e injusticia social del país se solucionan con el explosivo alud de normas extraordinarias, las más de las veces dictadas sin la suficiente reflexión, y aún sin el estudio sereno y mesurado de este tipo de medidas requeridas, como lo destaca la ponencia de que nos apartamos al sostener:

“...considera la Corte útil reiterar algunos conceptos en relación con la improvisación y proliferación de las normas de estado de sitio, que ha llevado al Gobierno a dictar y promulgar dos decretos más, adicionales y modificatorios del que se revisa y ello antes de que éste entrara a regir y antes de que pasara un mes después de su expedición. Y a esto hay que agregarle la delicada y transcendente materia de que se ocupa el llamado Estatuto para la Defensa de la Justicia”.

Es la continuidad de una política presidencial, en la que poco a poco se ha sustituido la función legislativa del Congreso, porque bien sea como legislador extraordinario (arts. 121 y 122), bien por facultades legislativas concedidas por el Congreso, o bien ejerciendo su función reglamentaria, nos encontramos con un ejecutivo que no sólo administra, sino que legisla y cada vez demuestra una mayor vocación a querer administrar justicia, por medio de la indebida y peligrosa entromisión en una importante función pública que debe estar bien alejada de los intereses de la política y del poder.

Antes de expresar las razones por las cuales consideramos que algunas de las previsiones del Decreto 2790 son vulneradoras de la integridad constitucional, queremos destacar un gran vacío que se advierte en el contenido del artículo 9, cuando se hace el señalamiento de los delitos que deben conocer los Jueces de Orden Público, en sus numerales 11 y 12 se mencionan la marihuana, la coca, hachís y metacualona; sin hacerse ninguna alusión a la planta de adormidera, ni a sus derivados los opiáceos. Si uno de los motivos de perturbación del Orden Público es la actividad violenta de las mafias organizadas de narcotraficantes y si se ha demostrado que en nuestro país hay cultivos de amapola y por tanto procesamiento de los derivados opiáceos, cuál la razón para que se excluya de la competencia de los Jueces de Orden Público ese tipo de actividades ilícitas. Consideramos que el vacío es evidente y debe ser subsanado en el futuro.

PROHIBICION DE RECUSACIÓN

La prohibición formulada en el artículo 5o según la cual en este tipo de procesos no habrá lugar a formular recusación, constituye una de las más claras vulneraciones a la integridad constitucional, como igual sucede con todas aquellas normas orientadas a conservar una imposible e inútil reserva de los protagonistas del proceso penal, con evidente violación del debido proceso y del derecho de defensa.

Es claro que el debido proceso se fundamenta en la necesaria imparcialidad e independencia de los jueces. No puede ni siquiera pensarse en la existencia de un debido proceso con una judicatura obsecuente y sometida por cualquier razón a la voluntad del ejecutivo o del legislativo, y tal independencia se comienza a perder precisamente cuando la nominación de los miembros de la Rama Jurisdiccional se hace con la participación de los funcionarios políticos del Gobierno; y la imparcialidad de los jueces se ha garantizado por la beneficiosa institución de los impedimentos y recusaciones, que permite que el juez se separe del conocimiento de un proceso cuando considere que existe una circunstancia que puede hacerle perder la necesaria imparcialidad que debe guiar la conducta del juzgador o él derecho que tienen las partes de separar del conocimiento a aquel funcionario que pese a existir la causal de impedimento no la manifiesta.

La decisión mayoritaria da razones de conveniencia, y no de constitucionalidad para concluir en la exequibilidad de la norma criticada, porque acepta que si se permitiera la recusación de los jueces “se vería burlada la loable finalidad comentada, si se permitiera la posibilidad de recusarlos” y con tales razones podrían llegarse a extremos inaceptables, como aquella pragmática filosofía representada en la frase “el fin justifica los medios”, que podría llevarnos en el futuro a mayores desconocimientos procesales, porque nadie ignora que perseguir y reprimir la delincuencia es un fin loable, pero es que no debe olvidarse que el poder punitivo del Estado no es ilimitado, sino que la represión debe hacerse dentro de los marcos de la Constitución y de los tratados sobre Derechos Humanos.

El suprimirle a las partes la posibilidad de recusar a un juez, es aceptar el evento que se imparta una justicia parcializada y que los derechos y garantías procesales de contenido constitucional puedan ser desconocidos por un juez arbitrario que escondido en su anonimato encontrará mayores facilidades para impartir una justicia acomodada y arbitraria.

Si existe la doble modalidad de los impedimentos y recusaciones, es porque el legislador le da la oportunidad a que el juez que actúa de buena fe, manifieste la existencia del impedimento, pero es al mismo tiempo la posibilidad de las partes que puedan separar del conocimiento de los procesos a aquellos jueces que por diversos motivos no quieran declararse impedidos.

HABEAS CORPUS

El limitar la tramitación y solución del recurso de hábeas corpus al Tribunal Superior de Orden Público, es abrir paso a que la arbitrariedad y la detención injusta se puedan entronizar en la práctica judicial, porque es de todos conocido las dificultades de comunicación que existen entre las distintas regiones del país y la precariedad de medios que tienen la inmensa mayoría de los colombianos, que en muchas ocasiones tendrían que resistir la arbitrariedad ante la imposibilidad de poder hacer restablecer la libertad injustamente perdida.

Porque como muy bien se dice en la decisión mayoritaria, a pesar de no tener un expreso reconocimiento constitucional, su existencia surge con claridad meridiana del contenido de los artículos 23, 24 y 28 (agregaríamos también en el art. 26), y por tanto no sólo se quebranta la integridad constitucional cuando se desconoce el recurso que tiene como finalidad fundamental garantizar la libertad ciudadana de la arbitrariedad de los funcionarios y de la omnipotencia del Estado, sino que igualmente se desconoce el principio restringiéndolo espacial o temporalmente, cuando al establecerse este tipo de limitaciones se convierte en un recursos inútil y de muy difícil acceso para la mayoría de los ciudadanos.

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES

Las facultades extraordinarias que adquiere el Presidente de la República al declarar perturbado el Orden Público y en estado de sitio toda la Nación, tiene como finalidad restablecer el orden público perdido y por tanto debe de tratarse de medidas tomadas hacia el futuro, puesto que el pasado ya es historia y no podría pretenderse que dentro de tales facultades el Presidente adquiriera la de tomar medidas que rijan con anterioridad a la declaratoria de Orden Público. Por ello consideramos que está completamente fuera de la filosofía política que orienta la institución del estado de sitio, el contenido del parágrafo del artículo 9o que prevé la competencia para los jueces de Orden Público de hechos punibles ocurridos con anterioridad a la vigencia de este decreto.

CAMBIO DE RADICACIÓN POR EL GOBIERNO

No es entendible cuál es el propósito de restringirle a las partes sus derechos y garantías, ni de qué manera se puede afectar mayormente la restauración del orden público, negándole a las partes la posibilidad de solicitar el cambio de radicación de un proceso cuando:

“Existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad personal del Juez, o existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado”.

Porque es evidente que el cambio dé radicación como institución procesal, tiende a garantizar un desarrollo normal del proceso, de todas aquellas circunstancias que de una u otra manera puedan afectar el orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia o poner en peligro a cualquiera de las partes, y si ésta es la finalidad de la misma, ¿cuál es la razón para que las partes, que son las que están en mayor cercanía del proceso y por tanto con mayores posibilidades de conocer todas aquellas circunstancias que lo afectan, que no puedan solicitar el cambio de radicación Es simplemente la vocación de administrativizar todo lo relacionado con la justicia, es el claro deseo del Ejecutivo de tener una mayor injerencia y protagonismo en los procesos, y es cercenar claros derechos y garantías, tendientes todas ellas a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

MILITARIZACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL

Se prevé en el cuestionado decreto que la Policía Judicial esté integrada entre otros por miembros de las Fuerzas Armadas.

En esta disposición surge con claridad la inconstitucionalidad por falta de conexidad entre los motivos de perturbación que ocasionaron el estado de sitio y el contenido del decreto, porque si la Justicia Penal Militar, de acuerdo con las previsiones del artículo 170 de la Constitución Nacional, sólo tiene competencia para juzgar a los militares en servicio activo por conductas ilícitas relacionadas con el servicio, es claro que los actos de narcoterrorismo previstos en esta legislación extraordinaria nada tendrían que ver con la Justicia Penal Militar, porque serían actos realizados por fuera del servicio y sin ninguna relación con el mismo.

Es incomprensible desde cualquier perspectiva que se pueda pensar que exista relación de conexidad entre los motivos de perturbación (subversión, narcotráfico y terrorismo) con miembros de las Fuerzas Armadas, que precisamente están destinadas para combatir estas formas de delincuencia y no para cometerlas.

EL SISTEMA ACUSATORIO Y LA ADMINISTRACIÓN

DE LA JUSTICIA

Por haberse reiterado en múltiples ocasiones en el debate de la Sala Plena por quienes defendieron la constitucionalidad de este decreto, y porque en la decisión mayoritaria, así sea de manera muy suscinta, se hace alusión al sistema acusatorio y porque el Ministro de Justicia, doctor Jaime Giraldo Angel, al hacer declaraciones respecto al comentado decreto manifestara que éste era en realidad una especial forma de introducción al sistema acusatorio, consideramos menester hacer algunas observaciones al respecto, para demostrar el equivocado concepto que se tiene de lo que no debe ser el sistema acusatorio, y porque bajo el pretexto de tal similitud del decreto con esa forma de juzgamiento, se han vulnerado de manera manifiesta el derecho a la defensa, el de contradicción y el del debido proceso, como en seguida se demostrará.

En la etapa investigativa del sistema acusatorio no hay derecho a la defensa, ni contradicción probatoria, porque durante la misma en realidad no hay práctica de pruebas, sino que el fiscal con la policía judicial que lo auxilia se limita a recolectar las pruebas y cuando considera que su contenido es suficiente para sustentar una acusación, la plantea y sólo en el debate de la audiencia pública se van a practicar en realidad las pruebas. Por eso es que dentro de este sistema, prueba que no pueda ser practicada en la diligencia de Audiencia Pública, no existe y no puede ser tenida en cuenta.

Pero es que bajo el pretexto de ser un principio de sistema acusatorio, que no es en realidad, ni siquiera un triste remedo, se vulneran todos los derechos y garantías procesales en disposiciones como aquella que ordena que la controversia del material probatorio se adelantará únicamente durante la etapa del juicio o impide la existencia de defensa en la etapa preliminar y la del artículo 43 que dispone que “podrán practicarse durante el juicio pruebas que sean repetibles de las producidas por las Unidades de Policía, siempre que ello sea posible” (el destacado es nuestro), y que nos lleva necesariamente a concluir que se trata de la concepción de un proceso adelantado a espaldas del procesado, puesto que en la etapa de indagación preliminar no hay derecho a la defensa, no hay derecho a la controversia de la prueba y sin embargo dichas pruebas finalmente pueden llegar a tener validez en el momento de dictar sentencia, porque así expresamente se prevé en las normas criticadas.

Es aquí donde radica la profunda diferencia con el sistema acusatorio, donde las pruebas no se practican en la investigación, puesto que éstas sólo lo serán en la causa donde está plenamente garantizado el derecho a la defensa y la controversia.

Si a lo anterior se le agrega que la policía judicial tiene iniciativa oficiosa para la práctica de pruebas al disponerse en el artículo 20 “La Policía Judicial practicará las pruebas, o incorporará al expediente las que se pongan a su disposición y que considere pertinentes, sin expedir acto en que así lo ordene y a su realización sólo podrá asistir el Agente del Ministerio Público correspondiente” y la del artículo 33 que en el sumario se confiere competencia a la Policía Judicial para practicar las pruebas comisionadas por el juez “así como las que estime conducentes”, es evidente que la situación se agrava, porque a la policía se le confieren facultades que el juez no tiene, puesto que el juez no puede practicar pruebas en la etapa de indagación preliminar, porque el juez tiene que respetar el debido proceso y toda prueba tiene que estar precedida por auto que así lo ordene, y sin embargo la Policía sí puede practicarlas cosa que no puede hacer el juez, y lo puede hacer de manera perfectamente arbitraria, esto es, sin ningún auto que así lo ordene. Y si a ello se agrega que así estas pruebas no puedan ser practicadas nuevamente en la causa, van a tener validez para sustentar una sentencia condenatoria, es evidente que nos encontramos ante un proceso adelantado a espaldas del procesado, que no puede asistir a la práctica de pruebas, que no puede designar apoderado, que no puede controvertir las pruebas y que sin embargo tales pruebas practicadas en condiciones de arbitrariedad tales, va a tener validez en el momento de la sentencia.

Es en nuestro concepto la entronización de la ley de la selva, donde sólo importan los intereses represivos del Estado, que la ejerce por fuera de las previsiones constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la integridad de la Carta y de las obligaciones internacionales que hemos adquirido al ratificar el Pacto Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ante tan claro desentendimiento de dichas obligaciones sería conveniente que el Gobierno pensara seriamente en ' denunciar dichos tratados, puesto que los está ignorando de manera flagrante.

Son sofísticos por decir lo menos, los argumentos de la Sala mayoritaria, cuando para defender la constitucionalidad del artículo 20 que difiere la controversia de la prueba a la etapa de la causa, se afirme que porque en el artículo 38 se consagra el derecho a pedir pruebas, destacando la inconstitucionalidad de la norma que preveía este derecho únicamente para los sindicados detenidos, ya se garantiza el derecho de contradicción.

Pero se olvida por la mayoría el contenido del mismo artículo 20 en cuanto a que restringe a las partes el Derecho de estar presente en el momento de la práctica de las pruebas, como si el sólo hecho de poderlas pedir estuviese garantizando la controversia probatoria, y sin destacar también que, de acuerdo con las previsiones del artículo 38, las pruebas puedan negarse por un simple auto de sustanciación, llegándose a un proceso no sólo oculto, sino donde las decisiones se pueden tomar sin motivación, con absoluta discrepancia de la Carta que dispone la obligación de la misma. Pero si se trata de un proceso donde el Juez, vulnerando el principio de lealtad, de contradicción, de defensa y del debido proceso puede esconder sus decisiones y las pruebas que considere pertinentes (art. 37).

La presencia del Ministerio Público en el proceso no es suficiente garantía de los derechos de los procesados como pretende querer hacerlo entender la decisión mayoritaria, porque dentro de los esquemas procesales que aún existen, pese a los inocultables propósitos del Gobierno, el Ministerio Público puede acusar y defender de acuerdo con la convicción que adquiera del acervo probatorio y si esa certeza lo lleva a la acusación, de qué manera se garantizarían los derechos del procesado.

Menos mal que la arbitrariedad gestada en la legislación extraordinaria, por lo menos alguna limitación obtuvo de la decisión mayoritaria de la Corte, al declararse inexequible la parte normativa que eliminaba la posibilidad de los recursos, aunque se trata de todas maneras de una solución a medias, porque se puede pensar la situación de una segunda instancia, considerando la legalidad de un auto que se limita a negar la práctica de unas pruebas, pero sin dar argumentaciones de ninguna naturaleza para sustentar la negativa.

TESTIGOS, DECISIONES Y PRUEBAS SECRETAS

En reciente trabajo inédito del doctor Saavedra Rojas, “la norma procesal como un instrumento más de represión”, en relación con las pruebas ocultas se sostuvo:

“Insistimos, como lo hicimos en pasadas ocasiones, en su inconstitucionalidad, por clara violación del principio de contradicción y del derecho de defensa, porque aquél y ésta no se ejercen únicamente sobre el contexto de las declaraciones o contenido de las pruebas practicadas, pues bien se sabe que existe una crítica probatoria absolutamente transcendental que es antecedente y concomitante a la realización de la misma y una última que es a la que alude la Corte Suprema en su decisión “y si bien la que menciona la Corporación se puede ejercer limitadamente, las dos formas de crítica probatoria no se pueden realizar, porque es indispensable conocer al testigo, perito y en general a todas aquellas personas que participen en la realización de una prueba de acuerdo con el conocimiento de su personalidad, capacidad sensorial, origen social y cultural, capacidad tecnológica en la materia en que rinde el examen, poder determinar el grado de veracidad y de credibilidad. Sin ese conocimiento personal de quien participa en la prueba, es imposible realizar una crítica probatoria adecuada y será imposible igualmente apreciar su valor, porque a nivel testimonial no es lo mismo el de un niño que posee la plenitud y vigor de sus cinco sentidos, que el del anciano, que de pronto más inclinado a la verdad, tiene una capacidad sensorial muy limitada; igualmente no es la misma apreciación probatoria que se realiza sobre el testimonio de una prostituta, que el de una respetable dama de la sociedad; o la veracidad que nos brinda el testimonio del amigo o del enemigo; o las dudas normales que surgirían al saberse que el testimonio proviene de una persona que tiene intereses personales, económicos o de cualquier naturaleza en las resultas del proceso o de aquel que se sabe, es absolutamente indiferente ante el mismo; y las hipótesis se podrían llevar hasta el mismo infinito para concluir que para poder controvertir la prueba, para poder apreciar su verdadera capacidad probatoria es indispensable conocer al protagonista de la misma y cuando éste se convierte en un ser fantasmal, es necesario concluir que la controversia probatoria no se puede dar y que el derecho a la defensa ha sido finiquitado.

El sistema de testigos secretos origina necesaria y legalmente autorizados muchos falsos testimonios, porque es en muchas ocasiones necesario que el testigo diga cuáles las circunstancias en que percibió los hechos sobre los que testifica, o que explique cuáles las razones por las que tales hechos llegaron a su conocimiento y declarar sobre tales puntos podría significar tener que revelar su identidad o dar pistas sobre las mismas que serían fácilmente seguibles; y si no se declara así, además de que la prueba pierde su fuerza demostrativa, no se debe olvidar que la omisión en declarar lo que nos consta es igualmente constitutivo del delito de falso testimonio.

Podría argumentarse que basta con que el juez conozca al testigo, para que de acuerdo con ese conocimiento determine su verdadera capacidad probatoria analizando todos los factores circunstanciales que pueden servirle para conceder o negarle credibilidad, pero bien se sabe que esta argumentación riñe con la realidad y termina siendo sofística, porque es en muchas ocasiones por el mensaje transmitido por los protagonistas del proceso y de las personas que intervienen en él, que el juez se da cuenta de la existencia de intereses, amistades o enemistades, o el abogado en cualquiera de sus controvertidas funciones del proceso penal que denuncia ante el juez la existencia de tales circunstancias que determinan una mayor o menor credibilidad de algunos testimonios, función que evidentemente no podría cumplirse, si se desconoce quién y cuál es el origen de la prueba para poder hacerse la crítica racional a la misma.

“Pero es que ni siquiera esa argumentación puede ser válida, porque bien se sabe que el juez no puede practicar pruebas en la indagación preliminar, pues la totalidad de ella debe ser realizada por los miembros de la Policía Judicial, y ésta tiene también iniciativa oficiosa en la instrucción y puede practicarlas todas cuando el juez lo comisione para realizar algunas de ellas.

“Alude la Corte Suprema a la crítica probatoria a posteriori de la realización de la prueba y la verdad es que se trata de una bien precaria, porque allí se tendría que limitar el análisis de los medios de convicción a destacar contradicciones, incoherencias dentro del contexto o a ser analizadas en el conjunto probatorio para destacar cómo está contradicha por otros medios, pero será de todas maneras una apreciación valorativa restringida, porque es definitivo que el contexto gramatical de la prueba tenga que ser confrontado con su autor para poder determinar el grado de credibilidad que pueda brindar.

“Las previsiones del artículo 50 son igualmente violatorias del derecho a la defensa, porque si se habla allí de interrogatorios escritos en los que no va a estar presente el juez, no se entiende cómo podría oponerse el defensor a formas de interrogación prohibidas y de qué manera se podría solucionar una objeción formulada por el abogado, en cuanto a determinadas preguntas que considere por ejemplo que son sugestivas o inductivas de la respuesta que se quiere del sindicado.

“Lo consideramos igualmente inconveniente para efectos del éxito de la investigación, porque si bien es cierto que de manera regular se prepara el interrogatorio que se va a formular al sindicado, éste apenas constituye una especie de proyecto, porque casi siempre, de las respuestas dadas por el sindicado surge la necesidad de formulación de unas nuevas, método de interrogatorio que no podría ser viable sobre la base de un cuestionario escrito.”

Es toda una concepción con la clara intención de restringir los derechos de las partes, de practicar las pruebas a espaldas de los interesados, de adelantar el proceso a escondidas, desconociéndose una lucha centenaria de la humanidad en la búsqueda de mecanismos de represión que hagan olvidar los excesos e injusticias de la monarquía absoluta europea y que se reconozca la existencia de un proceso penal liberal, donde sus protagonistas sean respetados en sus derechos, que si es del caso llegar a castigar, se haga con el respeto de los lineamientos universales conocidos como Derechos Humanos, puesto que preciso es reconocer una vez más, que el procesado y condenado es sujeto de derechos y como tal, sólo están limitados o restringidos aquellos directamente afectados por su condición de procesado o de condenado.

Nos parece francamente inconcebible que puedan existir decisiones que el juez pueda ocultar, o pruebas igualmente que se pueden reservar y negar al conocimiento de las partes y que las mismas constituyen un reconocimiento al debido proceso y el derecho a la defensa.

En trabajo del doctor Saavedra anteriormente señalado, se sostiene respecto al debido proceso que:

“...que no se vaya a argumentar que no puede hablarse de tal vulneración constitucional porque las formas propias del juicio y el debido proceso son regulaciones de tipo legal, porque si bien ello es cierto, también lo es, que es indispensable que exista una conceptualización teórica de carácter constitucional respecto de qué debe entenderse por debido proceso y por la observancia de la plenitud de las formas propias del juicio, porque pretender que esta regulación constitucional sólo se infringe en el trámite de los procesos cuando las partes contravienen las previsiones legales sobre las formas propias del juicio o del debido proceso, es tener un concepto muy limitado del problema, puesto que debe entenderse a nivel constitucional por debido proceso, aquel que mediante ordenación legal consagra el derecho a la defensa de quienes son sujetos procesales, que les permite el derecho de contradicción, el derecho de impugnación de las decisiones judiciales, el derecho de recusar a los jueces o de solicitar el cambio de radicación de los procesos, es el derecho de postulación y en general a tener una defensa técnica a todo lo largo del proceso y la plenitud de las formas propias del juicio; ha de entenderse como la necesaria consagración legal de los ritos y formalidades a los que se deben acoger los jueces y en general los sujetos procesales para la realización de los actos procesales, de la práctica de pruebas, los términos para alegar y de ejecutoria de las providencias, para la interposición de los recursos, ritualidades que como bien se sabe no surgen de la actividad caprichosa del legislador, sino por el contrario de la voluntad manifiesta de garantizar el debido proceso evitando que el juez o las partes actúen arbitraria o caprichosamente, porque la ausencia de formas, ritos o términos es precisamente el desconocimiento integral del debido proceso.

Por ello decíamos que no podíamos entender el debido proceso y la observancia de la plenitud de las formas del proceso como vulneraciones constitucionales que sólo podían ser cometidas en el curso y trámite de los procesos, sino que evidentemente es una infracción en que puede incurrir el legislador cuando al estructurar un proceso, bien sea como legislador ordinario o extraordinario, lo concibe desconociendo las garantías y derechos sustanciales del proceso a las que antes se hizo alusión, o cuando se redacta una normatividad procesal sin ritos, términos, notificaciones o en general sin las formalidades que evitan el abuso del poder de los funcionarios judiciales y las arbitrariedades de los sujetos procesales y que en definitiva es la noción precisa, completa y perfecta de la observancia de la plenitud de las formas propias del juicio. Tampoco que se vaya a argumentar, como lo hizo el doctor Carlos Gustavo Arrieta en su calidad de Procurador General, que la etapa de indagación preliminar es eminentemente administrativa, porque así aceptáramos su afirmación, nadie podría sostener que en ella prima la ley de la selva, y que por tanto la arbitrariedad puede allí asentar su reino, ni tampoco argüirse que por ser una etapa preprocesal no sólo debe descartarse el derecho de postulación y de contradicción, sino también el de la legalidad de la prueba y el de su publicidad; porque recuérdese que la prueba producida en la indagación preliminar tendrá validez una vez sea abierto el proceso penal y si ello es así, si se trata de prueba que finalmente va a ser considerada en el momento culminante del proceso para determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de los partícipes, no puede ser entonces una prueba que pueda ser practicada como a bien lo tengan los funcionarios de Policía Judicial, que en la historia judicial del país no se han destacado precisamente por su adecuada formación jurídica y menos por el respeto de las formas propias del juicio.

Recuérdese la previsión del segundo inciso del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal cuando establece: “La aceptación del hecho por parte del imputado en la versión rendida dentro de la investigación preliminar, tendrá valor de confesión”, pero siempre y cuando haya sido recepcionada por el juez y en presencia del defensor.

Todas las reflexiones anteriores para controvertir las concepciones del Decreto analizado, y para recordar la bondad del artículo 252 del C. de P. P. al establecer que: “Ninguna prueba podrá ser apreciada sin auto en que haya sido ordenada o admitida. Las pruebas allegadas o aportadas al proceso serán legalizadas mediante auto en que se indique su conducencia”.

Es una formalidad que tiende a garantizar la observancia de las formas propias del juicio y todo aquel ordenamiento procesal que la niegue o desconozca evidentemente viola el principio constitucional, porque se trata de formalidades que como ya se dijo, no surgen de la voluntad caprichosa del legislador, sino que son ritualidades garantizadoras de los derechos sustanciales del procesado que es sometido a juzgamiento por el Estado, porque este principio de legalidad de la prueba garantiza su publicidad y mediante ella, la contradicción de la misma por las partes y con todo ello, la observancia de las formas propias del juicio y el derecho a la defensa y el debido proceso que las comprende a todas.

Finalmente para concluir esta dolorosa temática, es importante destacar aún más, que la iniciativa oficiosa para la Policía Judicial en cuanto a la iniciación de la indagación preliminar y su facultad de practicar pruebas o incorporarlas sin necesidad de auto que así lo ordene es la consagración de la arbitrariedad más absoluta, es abrir las puertas a la dictadura y el abuso de poder de lo que quieran hacer estos funcionarios que como se ha dicho en muchas oportunidades y no sobra volver a resaltarlo, son personas de muy precaria formación jurídica, con concepciones militarizadas de lo que debe ser una investigación y con un equivocado concepto de que toda persona a la que ellos consideren como delincuente es sujeto en cuya cabeza no existen derechos y que por tanto todos le pueden ser vulnerados y desconocidos.

La creación de pruebas reservadas para los sujetos procesales, excepto el Ministerio Público es otra aberración y desconocimiento de toda la tradición jurídica de nuestra patria, porque se ha dicho con toda razón que uno de los grandes éxitos de la Revolución Liberal fue precisamente superar el oscurantismo y secreto que caracterizó a los procesos inquisitoriales, porque ello favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, y obviamente niega de manera total las posibilidades defensivas de quienes están sometidos a investigación por parte del Estado.

La previsión de presencia del Ministerio Público en la práctica de las pruebas realizadas por la Policía Judicial, no es más que un espejismo, con el que se pretende dar visos de legalidad a lo que no lo tiene, de pretender dar garantías cuando en realidad éstas no existen, de dar una falsa imagen democrática a un proceso que por sus características es la negación de lo que debe entenderse por democracia. Es en realidad un argucia para a primera vista engañar a quienes defienden la legalidad y publicidad del proceso penal, porque desde el punto de vista de la realidad, no existirá el número de fiscales suficientes y si los hubiera no tendría la posibilidad de estar presentes en la práctica de pruebas realizadas por la Policía Judicial y ello es más evidente si son pruebas que se van a practicar en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría en horas diversas a las normales de una oficina pública y así fueran sólo practicadas en estos horarios y en días hábiles, cómo podrían estar presentes los fiscales en la práctica de pruebas si no existe ningún auto que así las ordene. Creado el secreto de la ordenación probatoria, es obvio que queda negada de hecho y de derecho, la posibilidad de que las partes puedan asistir a su práctica.

En un tema similar la Corte Suprema por sentencia del 9 de diciembre de 1982 sostuvo:

“...disponer mediante norma con fuerza legal que la prueba aducida para desvirtuar determinada modalidad delictiva es reservada, intrasmisible y no puede utilizarse para ningún otro efecto, o Sea, ni siquiera para poder invocar la inocencia de otro sindicado, o del mismo, respecto de otro hecho punible, viola abiertamente el derecho de defensa y es por ello inexequible”.

Pero no se trata de normatividades antidemocráticas sólo en la etapa de indagación preliminar, sino que ellas se repiten con igual trascendencia y gravedad en etapas eminentemente procesales, porque en el artículo 33, se dispone que en el mismo auto en que se defina la situación jurídica de los vinculados procesalmente debe determinar las pruebas que se han de realizar, debiendo remitir copia completa de la actuación a la Policía Judicial que practicará las decretadas “así como las que estime conducentes” previsión que se repite en el artículo 89.

Se trata entonces de conferirle actividad oficiosa a una autoridad administrativa en pleno proceso y precisamente facultándolo para que oficiosamente practique las que estime conducentes además de las decretadas por el juez. Nos preguntamos, si las pruebas que oficiosamente considere conducentes el agente de Policía Judicial las practicará sin ninguna formalidad que así lo ordene y debe ser así, puesto que no se estipula de qué manera pueda hacerlo, entendiéndose que conserva la misma arbitraria competencia que se le ha conferido en la etapa preliminar.

Es claro que con esta disposición se viola el mencionado principio de legalidad de la prueba y con ello el de la publicidad, contradicción, de defensa y obviamente el debido proceso, además de vulnerarse el principio constitucional de separación de los poderes, cuando se admite la intromisión indebida de las autoridades administrativas en una función eminentemente jurisdiccional, como es la de administrar justicia en su proceso investigativo.

Que no se pretenda argumentar que la función jurisdiccional de administrar justicia, está limitada a la etapa de juzgamiento, ello implica tener una precaria concepción de la función de administrar justicia, puesto que bien se sabe que la decisión final de responsabilidad o irresponsabilidad, no puede tener fundamento distinto que los hechos fácticos demostrados por medio de las pruebas producidas en las diversas etapas probatorias del proceso (etapa de indagación preliminar, sumario y causa) y si admitimos que la etapa instructiva y de indagación preliminar no son jurisdiccionales y que por tanto puede ser adelantada por funcionarios ajenos a esta rama, estamos admitiendo la manipulación del proceso y la conducción del mismo, por los caminos interesados del gobierno y de la política, porque el fallo del juez no puede reflejar cosa distinta de lo que allí esté probado y puede ser la demostrada existencia de intereses distintos de los de una pronta y cumplida justicia.

Pero en la norma comentada nuevamente se desconoce el principio de legalidad y las formalidades propias del juicio, cuando se dispone que en el auto en que se remite el proceso a la Policía Judicial para que practique las pruebas decretadas por el juez y las que estime conducentes, el término “podría ser prorrogado por el Juez sin formalidades de ninguna índole” como si el sumario pudiese ser espacio propicio para fomentar la arbitrariedad y el abuso del poder. Es el deseo claramente advertible en la voluntad del legislador extraordinario de que el proceso se adelante a espaldas de las partes, sin formalidades de carácter constitucional de ninguna naturaleza y con el preconcebido propósito de que el proceso se convierta en instrumento de represión que lleve a la condena de las personas sometidas a proceso, y no es que con la última afirmación estemos recurriendo a sutilezas adversas a los intereses del Gobierno de turno, porque qué otra cosa puede concluirse de la competencia asignada al Tribunal de Orden Público, al conferírsele para conocer en grado de consulta de “todas las sentencias absolutorias, las providencias que disponen la cesación de procedimiento o la devolución de bienes a particulares, y los autos inhibitorios que implican devolución de bienes”.

Bien se sabe que el nuevo grado jurisdiccional de la consulta, ha sido tradicionalmente destinado en el proceso penal colombiano para aquellas providencias de especial trascendencia que no hayan sido recurridas por las partes y de esta manera opera una segunda instancia obligatoria para esas decisiones que se han dictado en procesos de una particular importancia social. Pero dentro de la filosofía represiva de este decreto, pareciera que lo único importante que se puede decidir en los procesos del Orden Público son las decisiones que de una u otra manera puedan favorecer los intereses de los procesados. Es inadmisible que en un Estado democrático en el que su único interés es que se imparta una pronta y cumplida justicia sólo se considere relevante para revisar en una segunda instancia oficiosa aquellas decisiones que de cualquier manera puedan haberse tomado en beneficio de los procesados y no aquellas que puedan implicar desmejora en sus derechos como son las sentencias condenatorias o la incautación de sus bienes.

Pero las imposibilidades legales de poder ejercer adecuadamente el derecho a la defensa de rango constitucional se repiten incesantemente, porque el artículo 44 establece la facultad para el juez quien “podrá diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con el desarrollo de aquella” y esto es francamente inaudito, porque si en las normas comentadas con anterioridad es el adelantamiento del proceso a espaldas del procesado por su imposibilidad para poder ejercer el derecho de la defensa, por desconocimiento de un proceso secreto o reservado en algunas de sus etapas o partes; o por la imposibilidad legal de poder controvertir la prueba, en la previsión de la norma comentada se llega a extremos insospechados en una norma legal, expedida en un Estado que se ha jactado de ser de Derecho, y respetuoso de las garantías y derechos sustanciales de sus súbditos, porque el consagrar la facultad para el juez de diferir la vinculación de un procesado para el momento que lo considere más oportuno, es abrir la posibilidad a que el juez sin control de las exigencias del debido proceso y de la observancia plena de las formas propias del juicio, adelantar el proceso con absoluta ausencia del implicado y la posibilidad de vincularlo sólo cuando todo el acervo probatorio en su contra esté estructurado. Si se llega a vincular en esta instancia y en tal situación, ¿qué posibilidades habrá podido tener de controvertir la prueba y de ejercer el derecho de defensa

Es absolutamente claro para nosotros, que el juez debe ordenar la vinculación de un ciudadano, cuando del proceso surjan pruebas indicadoras de su posible participación en los hechos delictivos investigados y no hacerlo así es traicionar el democrático concepto del debido proceso, porque el ser adelantado por funcionarios del Estado no admite la concepción de estrategias de conveniencia, porque el Estado no puede tener ningún interés diverso del de administrar una pronta y cumplida justicia.

Patrocinar este tipo de estrategias desde la impersonalidad y desinterés que debe tener la ley, es crear la arbitrariedad desde el mismo origen, de lo que siempre se ha tenido por imparcial, buscando como únicas finalidades la administración de una justicia que sea garantía para todos los ciudadanos: aceptamos que el Estado tiene interés en perseguir la delincuencia y castigar a sus responsables, pero no mediante la utilización de métodos torcidos, que confieren al proceso un cariz de injusticia y arbitrariedad y que hace perder la confianza en el Estado y sus representantes, que no lo serán de la justicia, sino de particulares intereses.

La permisibilidad de estas estrategias es abrir el campo para que sólo se quiera vincular cuando el acervo probatorio de condena esté estructurado; es patrocinar la posibilidad de que determinados procesados no puedan ejercer el derecho de la defensa, con la simple omisión de diferir su vinculación a etapas más adelantadas del proceso, cuando una vez vinculado no tenga nada que hacer ante lo ya investigado.

Es tan claro este derecho como garantizador concreto de un derecho de defensa, que en el Código de Procedimiento Penal se consagra tanto en la indagación preliminar como en el sumario el derecho que tiene el imputado y el sindicado de solicitar se le reciba versión libre y espontánea en la etapa preprocesal, como la indagatoria en el sumario (artículos 344, último inciso y 377), debiéndose destacar la redacción de la última norma citada, porque ella nos da una idea clara de lo que significa la vinculación procesal. Dice así: “quien tenga noticia de la existencia de un proceso en el cual obren imputaciones penales contra él, tiene derecho a solicitar al correspondiente funcionario de instrucción que se le reciba indagatoria” porque no debe olvidarse, que la indagatoria es al mismo tiempo un medio de defensa (para el sindicado) y un medio de prueba, en cuanto se convierte en un testimonio prestado sin la gravedad del juramento una vez que ha sido rendido. Tan es un medio de defensa, que bien se sabe la obligación que tiene el juez antes de proceder a la indagatoria de ponerle de presente el contenido del precepto constitucional (art. 25) según el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra los parientes dentro de determinados grados de consanguinidad y de afinidad y “si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa”

Cuál entonces la razón de este Decreto para consagrar la facultad judicial de diferir la vinculación de un proceso, cuando bien se sabe que se deben vincular por medio de indagatoria “al que en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en el proceso, o por haber sido sorprendido en flagrante delito, considere el funcionario autor de la infracción penal o partícipe de ella”.

Diferir la vinculación procesal de un sindicado es entonces negarle un medio de defensa y es proporcionárselo tal vez de manera tardía, cuando el acervo probatorio sea de tal envergadura que ya es inútil o imposible ejercerlo.

Los principios de contradicción y de publicidad se vulneran una vez más con el contenido del artículo 37 al establecer para el procesado, el defensor y los auxiliares de la justicia la posibilidad de disponer “la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el cierre de la investigación, cuándo considere que dicha medida es necesaria para garantizar el éxito de ésta o la seguridad de los participantes en el proceso. El que existan pruebas reservadas en el actual Código de Procedimiento Penal y que la Corte Suprema en el control de su constitucionalidad hubiera encontrado dichas normas sin flagrante contradicción contra los principios de la Carta Fundamental, no quiere decir, que sin violarlos, pueda el legislador consagrar la posibilidad de pruebas o decisiones reservadas, porque lo que existe actualmente en el Código procesal tiene justificación, en cuanto a que las únicas pruebas reservadas son en realidad los autos motivados por medio de los cuales se disponga el allanamiento y registro, la retención de correspondencia postal o telegráfica o la interceptación de comunicaciones telefónicas, porque si las partes saben que se ha decretado una de estas pruebas, es apenas lógico concluir que no utilizarán tales medios de comunicación o sacarán de los .inmuebles, cuyo allanamiento o registro se hayan ordenado, los elementos delictivos que los puedan comprometer, pero que de esa situación justificada plenamente pueda llegarse a consagrar la reserva de pruebas o decisiones según el criterio del juez, es cortar de plano el derecho a la defensa y las posibilidades de ejercer los derechos de impugnación y de contradicción”.

Se consagra por el contrario derecho indiscriminado de revisión del proceso para una serie de funcionarios del ejecutivo o 4ependientes de él, como lo son el Director Nacional de Instrucción Criminal o su delegado, el Ministerio Público, el Subdirector Nacional de Orden Público o su delegado y los Directores Seccionales de Orden Público.

En el artículo 38 nuevamente se vulnera el derecho de impugnación y el de contradicción, puesto que se consagra para “el sindicado detenido” y su defensor la petición de pruebas, que “el juez podrá negarlas mediante auto de sustanciación no sujeto a recurso alguno”.

La obligación para el sindicado detenido y su defensor de determinar la conducencia de las pruebas solicitadas, obliga por lo menos en correspondencia a la igualdad de las partes ante la ley de que el juez se las pueda negar en un auto motivado, porque es una clara vulneración a ese principio, el que uno esté obligado a motivar su petición para demostrar la conducencia de los que solicita, y ésta la parte más débil del proceso, puesto que es el ciudadano enfrentado a todo el poder del Estado, mientras que su representante puede negarlas en un acto de omnímoda voluntad que podría llegar al límite mismo de la arbitrariedad.

Es universalmente aceptado que las negativas a la ordenación de las pruebas deben ser decisiones motivadas, porque si el proceso es dialéctico y controvertible, es necesario que las partes conozcan las razones de las decisiones judiciales, para poder controvertirlas e impugnarlas.

Es claro que se viola el derecho a la defensa, cuando se posibilita al juez que en auto inmotivado niegue las pruebas y que además por la naturaleza del auto que así lo dispone, no pueda recurrir ante el superior y que se garantiza al imponer al sindicado detenido y su defensor de explicar la conducencia de lo que pide, y si el juez de manera autárquica pueda negarle todo sin darle razones y además sin posibilidad de que su decisión sea impugnada.

Pero de manera más sigilosa se vulneran todos los derechos defensivos para el sindicado ausente, porque el derecho de pedir pruebas sólo se consagra para ‘el sindicado detenido y su defensor’ y es obvio que si entre nosotros al contrario de lo que sucede en algunas formas procesales acusatorias, el adelantamiento del proceso es posible con o sin la presencia del sindicado, es obvio que el ausente en su calidad de procesado debe tener todos los derechos que cubren a cualquier procesado, porque así se encuentre prófugo esta circunstancia no lo priva de los derechos de defensa y controversia probatoria, y porque además es posible que si no está detenido es porque desconoce el adelantamiento del proceso en su contra o porque la ineficiencia de las autoridades policivas así lo permiten y es claro que la negligencia del Estado o su incapacidad, no puede derivarse en perjuicio para el procesado, es por ello que encontramos mucho más democrática la previsión del inciso 2o del artículo 130 del Código de Procedimiento Penal determinar que ‘la persona que haya sido legalmente vinculada a proceso penal, cualquiera que sea su situación jurídica, podrá en cualquier momento designar defensor, mediante poder debidamente autenticado ante autoridad competente y dirigido al juez respectivo’.

Pero una cosa es que no pueda nombrar defensor estando ausente, como se previo en otras épocas y estatutos, pero aún en dichos casos el juez debía de nombrarle un defensor de oficio o público que adquiría todos los derechos defensivos sin limitación alguna y otra es que como sucede con la previsión que se analiza en la que el sindicado ausente, ni su defensor puedan pedir pruebas en la etapa del sumario, como se dispone claramente en el artículo 38 del comentado Decreto.

En el artículo 44 y en referencia a las pruebas de la causa, se dispone la posibilidad de que el juez pueda practicar directamente las pruebas o comisionar a la Unidad de Policía Judicial de Orden Público que considere conveniente.

Es importante determinar que es la única norma del Decreto donde se alude a que el juez puede practicar directamente las pruebas, porque en todos los demás, arts. 20, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 38 y 39, hace referencia a las pruebas practicadas por la Policía Judicial tanto en la etapa de indagación preliminar como en el sumario. Pero para la continuidad de la política que se denuncia, surge entonces la posibilidad de que aun tratándose de pruebas en la causa, pueda comisionar a la Policía Judicial para que las practique, olvidándose el importantísimo principio de la inmediación de la prueba en la causa, que es trascendental, porque el Estado ya ha formulado la acusación y se establece por tanto en el juicio, el debate de la forma como el procesado se defenderá de tales cargos y la importancia que tiene, que sea el juez quien practique directamente las pruebas para tener elementos de juicio que le faciliten un mejor conocimiento de los hechos sobre los que va a proferir el fallo. Lo anterior es todavía más importante si se tiene en cuenta que el juez de conocimiento apenas adquiere contacto con el proceso en esta etapa, porque en las dos anteriores, preliminar y sumario, ha sido la Policía Judicial quien las ha practicado y el juez se ha limitado en algunos escasísimos casos a ordenarlas.

Es por ello que en la inmensa mayoría de los sistemas procesales se ha garantizado con mayor énfasis el principio de la inmediación de la prueba en la etapa del juicio, que en este caso no se respeta a pesar de la declaración del doctor Jaime Giraldo Angel, Ministro de Justicia, quien manifestó que la concepción de este Decreto era la iniciativa o introducción de lo que sería el futuro sistema acusatorio, que más bien hace recordar por fuerza procesos inquisitoriales que creíamos superados por la fuerza de la historia.

En los artículos 22 y 50 se consagran disposiciones que pese a la voluntad declarada del señor Ministro de Justicia, convierten este modelo procesal en uno de marcada tendencia inquisitorial, si a éste lo entendemos por algunas de sus características, esto es proceso reservado, con pruebas secretas, imposibilidad o dificultad para la defensa y preponderancia del ejecutivo en el proceso de recaudación de la prueba.

En el artículo primeramente citado, de acuerdo a lo que ‘las circunstancias aconsejan para seguridad de los testigos, de los peritos o con cualquiera otra prueba en relación con la cual sea conveniente guardar la identidad de las personas que hayan participado en ellas’ se autoriza la existencia de un proceso totalmente secreto que agrava aún más las disposiciones de las normas precedentemente comentadas, porque con este magnífico colofón, es evidente que la controversia de la prueba y el ejercicio del derecho de defensa se hacen absolutamente nugatorios.

Pero si no fuera suficiente, en el artículo 50 se refina y perfecciona el proceso secreto al disponerse que ‘a fin de garantizar su seguridad, cuando el juez considere conveniente mantener la reserva de su identidad o la de los intervinientes en el proceso, dispondrá que en la práctica de pruebas, incluida la recepción de indagatoria o de versión, contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de dictámenes o cualquier petición similar, se formulen por escrito, o se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado para tal efecto’. Pese a que la Corte Suprema de Justicia le dio viabilidad constitucional al ejercer el control del Decreto 1191 de 1990 que preveía la existencia de testigos secretos, discrepamos de lo decidido y de lo ahora regulado.

En dicha sentencia el 2 de agosto de 1990 se sostuvo:

‘Como también lo dice la vista fiscal, no se encuentra que esta forma vulnere los principios del debido proceso ni el derecho de defensa. No se trata de establecer pruebas secretas ni de impedir el principio de contradicción de la prueba, pues tales fenómenos procesales están garantizados. Lo que garantiza el derecho de defensa y, en general, el debido proceso, es que la prueba puede ser controvertida por todos los medios consagrados en la ley procesal. Así todos los hechos en que se funda el dicho del testigo pueden ser impugnados por el sindicado o por su apoderado, valiéndose de los medios de prueba consagrados en el C.P.P. Lo cual quiere decir que no es únicamente con el contrainterrogatorio que se pueden desvirtuar los hechos en que se funda el testimonio. En este sentido vale recordar que el Código de 1987, puso término al careo entre el testigo y el sindicado por no considerarlo esencial o indispensable como garantía del debido proceso’ ”.

ALLANAMIENTO SIN ORDEN JUDICIAL

Considera la decisión mayoritaria que las previsiones del artículo 24, en su parágrafo 1, contempla situaciones de flagrancia, y ello no es así, porque en realidad se prevén varias hipótesis, una de las cuales sería la situación flagrancia y por tanto no habría conflicto constitucional, pero las otras no son casos que correspondan a flagrancia y por ello es claro el desconocimiento del artículo 24 de la Carta, puesto que en la norma comentada se prevén además los allanamientos sin orden judicial “para evitar la destrucción o desaparición de medios de prueba, o la evasión de personas requeridas por las autoridades...”.

La declaratoria de constitucionalidad de tales disposiciones es la aceptación del desconocimiento de inviolabilidad constitucional del domicilio, porque de hecho con tales excusas se abre la posibilidad de que cualquiera pueda ser afectado en su inviolabilidad con el solo pretexto de estar buscando medios de prueba o personas requeridas por las autoridades. Si por el concepto de flagrancia siempre se ha entendido el sorprendimiento que se hace de una persona en el momento mismo que comete el delito, o en los inmediatamente subsiguientes a la ejecución del mismo y que den el inequívoco conocimiento de que acaba de cometer un delito, no puede tener parecido con el allanamiento domiciliario para buscar pruebas o de evasión de personas por las autoridades. Evidentemente que se trata de conceptos completamente diversos y por tanto no puede pretenderse ampliar de tal forma el concepto de flagrancia que tiene la Constitución para efectos de justificar capturas y recolección de pruebas por medio de allanamiento sin orden judicial.

Es equivocado el criterio expuesto por la mayoría, porque lo que allí se sostiene es realmente cierto, pero no es lo que se dice en el Decreto que ahora se declara constitucional, porque en la ponencia de mayoría se dice:

“También ha sostenido la doctrina que el mantenimiento de elementos explosivos, armas, bombas y equipos que sirvan para el procesamiento de sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, constituye un estado de permanente flagrancia que permite a la autoridad de Policía Judicial, de manera expedita y de acuerdo con el texto constitucional (art. 24 C.N.), hacer ingreso a dicho lugar privado.”

Lo anterior es cierto y ello constituye flagrancia y es lo expresamente autorizado por la Carta, pero es que la norma cuestionada hace alusión a casos de allanamiento sin orden judicial “para evitar la destrucción o desaparición de medios de prueba, o la evasión de personas requeridas por las autoridades...”, que no necesariamente y siempre coincidirían con casos de flagrancia, porque al contrario serían muchas más las hipótesis que en relación con los dos aspectos podrían darse sin que constituyan verdaderos casos de flagrancia, porque podrían tratarse de pruebas no constitutivas por sí mismas de hechos delictivos o de casos de flagrancia, ni tampoco porque una persona sea requerida por la justicia de Orden Público, estaría indicando necesariamente que se encuentre en situación de flagrancia para autorizar el excepcional procedimiento establecido en la Constitución Nacional.

CONSTITUCIÓN DE PARTE CIVIL EN LA CAUSA

Es claro que el diferir la constitución de parte civil a la causa, constituye una vulneración al derecho de defensa por parte del afectado con la conducta ilícita, porque es cierto que se vulnera su capacidad probatoria y de contradicción al no poderse constituir parte civil en una de las etapas más trascendentales del proceso, para demostrar no sólo la existencia del delito, sino las pruebas demostrativas de la responsabilidad y con ello el poder pretender que se dicten medidas de aseguramiento y con las mismas, decisiones que aseguren el embargo de bienes, verdadera garantía de la pretensión indemnizatoria.

Las previsiones de los artículos 27 y 71 numeral 5, no son más que falsos remedios en cuanto facultan al Agente del Ministerio para que recaude la prueba tendiente a la demostración de la naturaleza y cuantía de los perjuicios, que pueden ser practicadas por cualquier juez de la República excepto los de Orden Público. Si se tiene en cuenta que la parte civil sólo se puede constituir en la causa, cómo puede saber el procesado dónde, cuándo y cómo el Ministerio Público o los perjudicados van a practicar pruebas que de una manera u otra le afectan. No es vulnerante del Derecho a la defensa el que se puedan practicar pruebas por fuera del proceso penal, donde finalmente se va a fallar lo concerniente a la responsabilidad extracontractual Es claramente evidente la vulneración del principio del debido proceso, del derecho de contradicción y del derecho de defensa.

DIFERIMIENTO DE LA VINCULACIÓN DEL PROCESADO

La previsión del artículo 34 que faculta al juez de poder diferir la vinculación del sindicado hasta el momento del sumario que lo considere más conveniente es la clara vulneración del derecho de defensa, porque es autorizar la arbitrariedad y que el juez, de acuerdo a las conveniencias, pueda adelantar el proceso a espaldas del procesado y cuando ya tenga armado el acervo probatorio en su contra, lo pueda vincular, cuando sus posibilidades defensivas han sido recortadas a extremos injustificables.

El procesado debe ser vinculado al proceso desde el mismo momento en que surja prueba que así lo justifique, y es por ello que el legislador consagró como un derecho de los imputados y sindicados el pedir que se les reciba versión libre y espontánea o diligencia de indagatoria cuando se enteren que se está adelantando un proceso en su contra.

Y ello debe ser así, porque si los procesalistas han coincidido que la indagatoria es un medio de defensa, no puede ser constitucional una norma que faculta al juez para diferir la vinculación del procesado hasta el momento del sumario que lo considere, recortándose de esta manera sus derechos defensivos.

Son las razones anteriores las que nos motivan a discrepar respetuosamente de la decisión de mayoría.

Rafael Baquero Herrera, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M., Ricardo Calvete Rangel.

SALVAMENTO DE VOTO

Tal como tuve oportunidad de expresarlo durante las discusiones suscitadas en Sala Plena, en mi opinión el último inciso del artículo 57 y las expresiones “y favorable” contenida en también el último inciso del artículo 58 “o para los efectos del artículo 57 de este Decreto” con la que finaliza el artículo 101 del Decreto Legislativo revisado, no contrarían ningún ordenamiento superior y, por lo mismo, la decisión que respecto de ellos debió producirse ha debido ser la de que eran exequibles por ajustarse los mismos a la Constitución Nacional.

Las razones que me llevaron a disentir de lo resuelto por la mayoría de la Sala en tales aspectos, y que todavía en este momento estimo valederas, son las que a continuación dejo consignadas en este salvamento de voto:

Constitucionalidad del último inciso del artículo 57 y de la expresión del artículo 101 que a él se remite.

En mi sentir estos dos textos antes que contrariar el artículo 30 de la Constitución Nacional -el cual tiene necesariamente que ser el que se juzgó infringido- lo que en verdad hacían era preservar el principio fundamental introducido en nuestro sistema constitucional mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1936, el cual estatuyó que “la propiedad es una función social que implica obligaciones”. Función social que la propiedad está obligada a cumplir para que merezca la protección de las autoridades, pues, en caso contrario y conforme ocurre si ella es destinada a fines antisociales como sucede con los bienes o cosas “...vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión o que provengan de ésta... ” -que son las hipótesis de ocupación o incautación previstas en el artículo 55 del Decreto 2790, el cual se declaró exequible-, resulta imperativo extinguir su dominio, para por esta vía permitir que los dichos bienes dedicados al delito, o producto suyo, puedan llegar a cumplir con el destino social que a la propiedad le impone nuestra Constitución Nacional aún vigente.

Así las cosas, y descontado el hecho de no contrariar algún texto expreso dé la Carta Política -ni tampoco ninguno en ella implícito- el que la extinción de dominio sea declarada por la vía administrativa, puesto que en verdad no se trata de un juicio de expropiación sino de la extinción del derecho de su titular por mal uso, no encuentro razón valedera para que se hayan retirado del ordenamiento jurídico las disposiciones del decreto examinado que así lo preveían.

Aquí en este caso pienso que se dan dos circunstancias para declarar la extinción del dominio administrativamente: La primera, una utilización de la propiedad francamente contraria a la función social que ella debe cumplir por mandato constitucional. La segunda, la desidia del procesado o de los terceros al no reclamar la devolución de un bien incautado u ocupado “por razón de los delitos a que se refiere el artículo 9° de este Decreto”; negligencia, abandono y falta de diligencia que se patentiza en el hecho de dejar transcurrir un año desde la fecha en que procesalmente surgió para ellos su derecho a exigir la devolución, en caso de existir dueño conocido, o desde su aprehensión cuando es desconocido el dueño de los bienes.

La ponencia original para fundar la inconstitucionalidad de tales preceptos argüía que la extinción de dominio no podía ser decretada por una autoridad administrativa; y aun cuando tal argumento fue abandonado al advertirse la fragilidad del mismo, pues precisamente han sido dichas autoridades las que se han encargado de tiempo atrás de declarar la extinción del dominio de los fundos o fincas rústicas para así dar aplicación a la reforma agraria, e igualmente recordarse que el Código de Recursos Naturales consagra similar procedimiento cuando se trata de la extinción del dominio de aguas privadas mal utilizadas, es lo cierto que se mantuvo la decisión de inexequibilidad, dando como único fundamento para ello el de que por tener el proceso correspondiente carácter judicial “los bienes incautados u ocupados están siempre necesariamente a disposición del juez” (pág. 68 de la sentencia). Aserción esta que hace el fallo que, con todo respeto, estimo contraria a lo que expresa y claramente disponen otros preceptos del Decreto 2790 que fueron hallados exequibles.

En efecto, en varios de los artículos del decreto que se encontraron constitucionales se lee exactamente lo contrario de lo que afirma la sentencia en la parte de ella de la cual me separo, y para convencerse de ello basta con leer lo que me permito acto seguido copiar textualmente:

“... Los insumos, sustancias precursoras o elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o de cualquiera otra droga que produzca dependencia, una vez identificados pericialmente por el Jefe de la Unidad de Investigación de Orden Público, con la presencia imprescindible del Agente del Ministerio Público, serán puestas a disposición o a la orden de la Dirección General de Estupefacientes, la cual podrá determinar su utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción si implican grave peligro para la salubridad o seguridad pública, caso en el cual se procederá conforme al inciso anterior en lo pertinente. En evento de utilización, tales elementos se avaluarán previamente por una entidad civil y su valor o el de remate si lo hubiere se reembolsará al propietario en caso de que el proceso termine con cesación de procedimiento, auto inhibitorio o sentencia absolutoria (Art. 54, 3o, inciso). “Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos, dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público o por las de Policía Judicial Ordinaria y colocados a disposición o a la orden de la Dirección General de Estupefacientes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, junto con la copia de (sic) acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de las Direcciones Nacional de Instrucción Criminal y de Carrera Judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 en la forma y términos dispuestos en él, los Decretos 1856 de 1989, 042 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con la Ley 30 de 1986, en cuanto éstas no se opongan a aquéllos. En ningún caso los bienes podrán ser asignados a la entidad a la cual pertenezca la Unidad Investigativa de Orden Público que adelanta las preliminares. También podrá asignarlas al Fondo Rotatorio de Prevensión, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta Corporación.

“En la resolución de asignación provisional que dicte la Dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Este una vez posesionado, tendrá todos los derechos, atribuciones y facultades, y estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los secuestres judiciales determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá solicitar su relevo cuando lo estime necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, la destinación provisional.

“Salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990 sobre el decomiso administrativo o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso a favor del Estado y adjudicados definitivamente por el juez a alguna de las entidades mencionadas en el primer inciso de este artículo o en el Decreto 2390 de 1989 al momento cíe dictar sentencia dejando a salvo la afectación de ellos al pago de perjuicios^ De todas formas su decisión se hará conocer a la oficina de registro que corresponda según la naturaleza del bien.

“Parágrafo. Las armas y explosivos se enviarán a la Industria Militar conforme a las previsiones de las normas legales vigentes” (art. 55).

“... Si se dicta auto inhibitorio, que en este único caso no será consultable, el juez lo comunicará al Director Nacional de Estupefacientes, entendiéndose que desde dicho momento quedan los bienes a su disposición para su remisión a la Dirección General de Aduanas o a la Superintendencia de Control de Cambios, en los casos señalados en el Decreto 2187 de 1990, su entrega a quien demuestre tener derecho a recibirlos, de acuerdo con el procedimiento que señale el Consejo Nacional de Estupefacientes” (art. 101, inciso 3o)-destaco-.

Como se ve, hay más de un caso en el cual los bienes no se hallan a disposición o a la orden del juez sino de una autoridad administrativa.

E inclusive puede anotarse que parece más racional y técnico que sean las autoridades administrativas las que dispongan la extinción del dominio, pues de esta manera queda abierto el camino a quien la decisión administrativa afecta de debatir judicialmente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la legalidad del acto. No sólo por ser esta jurisdicción la más especializada en estos menesteres sino porque, además, ante la misma puede obternerse llegado el caso el pleno restablecimiento de su derecho por paite del particular afectado con la medida administrativa declarada ilegal. Efecto éste que no se logra cuando es el juez penal quien se limita a ordenar la devolución del bien, ya que él carece de competencia para condenar a la administración por el desafuero en que haya podido incurrir.

Con la inexequibilidad declarada lo único que se hizo, en mi particular opinión, fue cercenar un estatuto que de alguna manera presentaba una coherencia entre sus diferentes disposiciones, dando lugar por ello a que se presenten situaciones en las cuales el juez penal se abstenga de tomar cualquier decisión sobre el bien incautado u ocupado, una vez concluido el proceso penal o siempre que él no se inicie, por no estar legalmente a su disposición el mismo; no pudiendo tampoco resolver las autoridades administrativas a quienes se les privó de tal facultad, pero a cuyas órdenes o disposición se encuentran efectivamente los bienes de que se trate.

2. Constitucionalidad de la expresión “y favorable” del inciso 3 del artículo 58.

La razón expresada aquí por la sentencia que en este punto no comparto, es la de que se “...pone al Ministerio Público a coadministrar justicia, lo cual resulta extraño a las funciones propias del Ministerio Público consagradas en el artículo 143 de la C.N. ya la autonomía de los jueces para impartir justicia (artículos 55 y 58 C.N.)...” (pág. 69 de la sentencia).

De manera igualmente respetuosa debo decir que me parece equivocada la decisión de declarar inconstitucional la locución anotada, puesto que no es extraño de ningún modo a la autónoma administración de justicia por parte de los jueces, la injerencia que en dicha labor tiene el Ministerio Público por expreso mandato constitucional, ya que precisamente entre sus funciones está la de “perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social” (C.N., art. 145); otorgándose expresamente al Jefe del Ministerio Público, que siempre lo ha sido el Procurador General de la Nación y no el Gobierno, la función específica de “Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde a esta Corporación”, conforme literalmente lo establece el ordinal 2 del artículo 145 de la Constitución Nacional.

Basado en estos preceptos de la Constitución, y en general en los demás que hablan de las funciones del Procurador General de la Nación y los restantes fiscales, soy de la opinión de que su intervención en cualquier clase de juzgamiento, y mucho más en aquellos en que se persiguen delitos, no es extraña a las funciones propias del Ministerio Público, sino que por el contrario hacen parte de aquellas que por mandato expreso de la Constitución Nacional le corresponde ejercer. No mermándose para nada la autonomía del juez por el hecho de que el legislador extraordinario hubiese dispuesto que para que procediera la revocatoria del auto de detención no debería existir discrepancia sobre el punto con el parecer del Agente del Ministerio Público, buscando con esta medida un mayor control en el proceso por esta clase de delitos; ya que ellos por su enorme impacto sobre los intereses de la Nación han justificado la creación de jueces tan especiales como éstos vulgarmente llamados “sin rostro”.

Por las antedichas razones, me veo precisado a separarme de la decisión de la mayoría al respecto.

Fecha, ut supra

Rafael Méndez Arango.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

En forma breve, me permito expresar las razones de mi salvamento parcial de voto, en relación con la anterior sentencia, pues discrepo de ella, en cuanto declaró ajustados a la Constitución Nacional los artículos 20 y 37 del Decreto Legislativo 2790 de 1990.

El primero de tales preceptos prohíbe la controversia del material probatorio dentro de la etapa del sumario y el segundo establece la prueba secreta, limitando su reserva para el sindicado y su apoderado y no así para los demás sujetos procesales.

Considero que al excluirse del sumario el principio de la contradicción de la prueba y al mantenersen elementos de convicción secretos para el acusado, se están afectando con estos procedimientos las bases mismas del juzgamiento y quebrantando en forma grave los intereses de la justicia y de las partes, al mismo tiempo que se desconoce el principio de la plena igualdad de las personas ante la Ley.

La Constitución Nacional consagra en su artículo 26 una serie de garantías que deben rodear el juzgamiento de todos los ciudadanos como son el debido proceso y el derecho a una defensa oportuna, eficaz e idónea.

Los anteriores derechos que establece nuestra Corte, han sido aceptados y consagrados en todas las Constituciones de los Estados democráticos, e incluidos en la Convención Americana sobre derechos humanos en San José de Costa Rica, y son por tanto, principios que ningún procedimiento puede ignorar, desconocer o quebrantar.

Los artículos 20 y 37 del Decreto 2790 lesionan en forma grave estos derechos, pues impiden que las partes puedan impugnar o controvertir el material probatorio y en ocasiones hasta prohibir al acusado el conocimiento de la prueba de cargo, haciendo por tanto, imposible el ejercicio del también irrenunciable derecho de pedir y hacer practicar las pruebas de descargo.

Así la Corte, en sentencia del 2 de octubre de 1981, expresó los siguientes conceptos que mantienen toda su validez y que por su profundo contenido jurídico bien vale la pena recordar:

“...El derecho de defensa emana también del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido proceso. Más aún, esta norma constitucional tiene por objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad.

“Es además un derecho histórico. Los romanos instituyeron el principio audiatur altera pars, como regulador de todo proceso en garantía de sus partes. No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir.”

“... El derecho de defensa, en la práctica se descompone entre otros, en los derechos de impugnación y de contradicción, esenciales a él, y consecuencia jurídico-procesal de su aplicación. Su fuente constitucional es la misma. Se encuentran específicamente proclamados en los pactos internacionales y convertidos en normas nacionales...”.

Y en sentencia de Sala Plena del 7 de marzo de 1985, ratificó la Corte:

“…Los principios del debido proceso y del derecho de defensa exigen el respeto a las formas normadas también preexistentes de procedimiento para cada juicio, la carga de la prueba para el Estado y no para el sindicado, la controversia probatoria plena y previa a la evaluación y decisión y la prohibición no sólo de la penalidad sino también del juzgamiento ex post facto, o sea por hechos sobrevinientes, no probados o no controvertidos o no incriminados inicialmente, o aún no establecidos previa y claramente en norma alguna...”.

Por eso, con gran acierto, la actual Asamblea Nacional Constitucional, ha querido afirmar y ratificar estos derechos que ya consagra nuestra Carta y la Comisión Primera ha acogido como norma expresa y superior la siguiente dentro de su declaración de principios: “la contradicción de la prueba. La validez de las pruebas está sujeta a la efectiva contradicción por parte del acusado...”.'

Como en mi concepto, los preceptos comentados prohíben la controversia probatoria previa a la calificación del proceso y lo que es más grave permiten el ocultamiento de la prueba de cargo con innegable quebranto de los derechos que la Carta otorga a todo ciudadano, se fortalece en mí el convencimiento de que los artículos 20 y 37 del Decreto 2790 son abiertamente inconstitucionales.

Esas, las razones de mi disentimiento con la decisión mayoritaria de la Corte.

Fecha, ut supra.

Jorge Carreño Luengas, Magistrado Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia.

Adherimos al salvamento parcial de voto del doctor Jorge Carreño Luengas.

Guillermo Duque Ruiz, Magistrado; Jorge Iván Palacio Palacio, Magistrado.

SALVAMENTO DE VOTO

Con nuestro habitual respeto por las decisiones de mayoría, manifestamos brevemente las razones de nuestro disentimiento con la declaratoria de constitucionalidad del parágrafo del artículo 9° y el artículo 65 del Decreto Legislativo 2790/90:

1. Con relación al parágrafo del artículo 9° que dice: “La competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional...”, por cuanto:

a) Si bien es cierto que con base en el artículo 121 de la Constitución el Gobierno puede introducir cambios en los ordenamientos punitivo y procesal ordinarios, para crear nuevos tipos penales juzgados convenientes en el restablecimiento del orden turbado y para asignar su conocimiento a jurisdicciones especiales excepto la militar, o para redistribuir competencias por delitos ya existentes, también lo es que siempre el legislador extraordinario, cumpliendo estrictamente el mandato referido, señalaba invariablemente que esas competencias atribuidas eran para “hechos ocurridos a partir de la vigencia” de la norma de excepción;

b) Despojar de la competencia a la jurisdicción ordinaria de los casos que ella está adelantando (actuaciones y procesos), es tanto como aceptar que el desarrollo de la misma por los jueces naturales de estirpe constitucional es la causa de la alteración del orden público lo cual resulta absurdo en nuestro sentir, así la medida pretenda justificarse como instrumento de protección para los Jueces;

c) El control constitucional nuestro es jurídico no por conveniencia y, además el deber que tiene el Estado de brindar la debida protección a los Jueces ordinarios, no desaparece con la creación de una jurisdicción sin identidad conocida de sus titulares.

El despojo del conocimiento de esos procesos avanzados vuelve la norma de excepción en permanente y de efectos retroactivos lo cual nunca puede serlo respecto de Decretos Legislativos de estado de sitio, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia.

2. Respecto al artículo 65 que dice: “El término de la prescripción de la acción y de la pena se interrumpe según el caso, para quien sea juzgado o condenado como persona ausente por los delitos de que trata el artículo 9o del presente Decreto”, por lo siguiente:

a) En los sistemas procesales de juzgamiento presencial, la medida referida es muy lógica ya que la imposibilidad de realizar el procesamiento depende exclusivamente de la rebeldía del sujeto autor del hecho. La forma, entonces, de sancionar esa rebeldía es haciendo imprescriptible la acción o la pena, según el caso;

b) En cambio, en los sistemas procesales como el nuestro donde se permite adelantar el proceso y la causa en contumacia, no puede establecerse medida de tal jaez porque afecta los derechos de la persona y cohonesta la incuria o negligencia del Estado que tiene la obligación de capturarla para que cumpla sus obligaciones con él derivadas del hecho punible a ella atribuido;

c) Ese claro principio tiene fundamento constitucional en la prohibición expresa del artículo 37 de la Carta al legislador de consagrar “obligaciones irredimibles”. Contrario sensu, toda obligación sin excepción alguna es redimible por la prescripción luego, la norma en examen que termina con la prescripción de la acción y de la pena para los procesados o juzgados en ausencia, es abiertamente inconstitucional, no sólo por desconocimiento del precepto fundamental referido, sino además por transformar un deber propio del Estado en uno exclusivo del ciudadano.

Como en nuestro criterio las normas anteriormente referidas debieron ser declaradas inexequibles, se explica nuestro salvamento de voto a la providencia que las declaró constitucionales.

Dídimo Páez Velandia.

Fecha, ut supra.

(abril 11/91).

Nos adherimos al Salvamento de Voto consignado por el Magistrado Dídimo Páez Velandia, únicamente en cuanto a las reflexiones jurídicas que sienta respecto de la inconstitucionalidad del Art. 65 del Decreto Legislativo 2.790 de 1990, pues juzgamos, al igual que el referido Magistrado disidente, que el mencionado precepto infringe la Constitución.

Fecha ut supra.

Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Ospina Botero.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

En lo único en que me aparto de la decisión ampliamente mayoritaria de la Corte en este asunto, es en lo referente a la declaratoria de inconstitucionalidad del último inciso del artículo 57 del Decreto en revisión, que permite a la Dirección Nacional de Estupefacientes declarar la extinción del dominio de los bienes incautados u ocupados por razón de los delitos a que se refiere el artículo 9o del mismo Decreto; y de la correlativa frase final del artículo 101 ibídem; que reza: “o para los efectos del artículo 57 de este Decreto”.

Las razones de mi discrepancia son las siguientes:

Es verdad que de ordinario los bienes de que se trata, sobre los cuales puede recaer decisión de aquella especie, se encuentran a disposición de un juez como vinculados que están a un proceso; y en consecuencia, será a ese juez a quien corresponda decretar la extinción en los supuestos contemplados en el artículo 57 inciso primero.

Empero, las circunstancias pueden dar lugar a casos en los que un bien, aunque en principio relacionado con uno de tales procesos, no esté a disposición del juez, v. gr. porque el proceso hubiere terminado en razón de un suceso que impida su continuación sin que ello suponga inexistencia del hecho 3elictuoso ni exención de responsabilidad (piénsese entre otras muchas posibilidades, en la muerte del único sindicado sin que se presenten terceros reclamantes). En tal hipótesis, es evidente que el bien deja de estar a disposición del juez y algún organismo del Estado ha de hacerse cargo de él para lo pertinente.

El legislador (para el caso el excepcional autor del Decreto 2790 de 1990) preceptuó que en el evento específico de que se trata, ese organismo debe ser la Dirección Nacional de Estupefacientes y lo hizo con buen fundamento fáctico y jurídico, pues al fin y al cabo es a la mencionada entidad a la que ab initio se le deben entregar esos bienes incautados u ocupados y en ella radica la competencia para asignarlos provisoriamente, mientras el juez decide su destinación definitiva. En esta preceptiva nada hay de injurídico, pues se acepta sin disensión, como regla general, que la extinción del dominio privado, cuando el derecho de propiedad está cumpliendo su función social, bien puede ordenarla la autoridad administrativa a la que la ley le confiera esa atribución, pues se plantea un supuesto completamente diferente del decomiso y de la expropiación; máxime que el particular afectado no queda desprotegido porque, en primer término, se contempla segunda instancia por apelación ante el Consejo Nacional de Estupefacientes y en segundo lugar, estos actos, como administrativos que son, pueden todavía ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por cierto que el artículo 101 del Decreto examinado, regula un caso concreto en que los bienes deben quedar a disposición del Director Nacional de Estupefacientes, a saber, cuando un juez especializado tuviera en su poder, al momento de la expedición del Decreto, actas de ocupación o incautación de bienes aún no vinculados a un proceso penal y optara por dictar auto inhibitorio. Es lógico que los bienes no siguen entonces bajo el control del juez y que si no aparece tampoco quien demuestre facultad para recibirlos, la administración ha debido quedar facultada para emitir la providencia extintora del derecho individual. De ahí que el inciso segundo, en vez de haber sido declarado inconstitucional en su frase final según lo juzgó la mayoría, ameritaba también pronunciamiento congruente de exequibilidad.

Fecha ut supra

Pedro Augusto Escobar Trujillo.

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito Magistrado en el presente escrito, exonerándose de las extensas consideraciones del debate, dada la brevedad que por los demás salvamentos aquí se impone, recoge en forma sintética las razones de su disentimiento con la sentencia mayoritaria. Dicha salvedad, contrariamente a las conclusiones de esta última, considera que han debido declararse inexequibles, en el Decreto revisado (2790 de 1990) a saber:

El numeral 3° del artículo 5° que atribuye al Tribunal de Orden Público el trámite del Habeas corpus, porque, no obstante ser un asunto de regulación legal, obstruye o, por lo menos dilata la efectividad oportuna de la garantía de la libertad ciudadana contra la eventual arbitrariedad.

El artículo 20 que autoriza la práctica e incorporación de pruebas sin acto alguno y con intervención del agente del Ministerio Público, porque, no obstante la posterior facultad que se tiene para pedir pruebas, las circunstancias del ocultamiento y demás aspectos, lesionan gravemente la contradicción idónea (no cualquiera) para la defensa (real y no aparente), que esta última se hace nugatoria o, por lo menos, sin la certeza o seguridad jurídica de su proceso formativo. Y concordante con ello también salta a la vista la inconstitucionalidad del artículo 34, que al facultar al juez para diferir la vinculación del sindicado hasta el momento conveniente, lesiona el derecho a la certeza jurídica individual (de comportamiento lícito) y conculca importantes posibilidades y/o oportunidades defensivas de mayor eficacia, que es el sentido de la garantía que ha querido otorgarle la Constitución.

El inciso 2º del artículo 37, sobre reserva de decisiones y de pruebas, y el artículo 50, sobre reserva de identidad del juez y de los intervinientes en el proceso, porque, no obstante su claro propósito de obtener un resultado investigativo, desvirtúa o distorsiona la garantía constitucional del debido proceso, ya que, se organiza casi en favor exclusivo del Estado, y lo más grave, con órganos y actuaciones ocultas o clandestinas en detrimento de la persona individual, a quien se le conceden algunas facultades que no alcanzan, por su escasa efectividad, a constituir una verdadera garantía procesal pues queda seriamente sometida a la acción unilateral (con característica absolutista) del Estado.

El artículo 65 que consagra la imprescriptibilidad de la acción o la pena en caso de rebeldía, porque, además de tratarse de una sanción por la incuria o negligencia estatal, deja, por lo menos mientras ello sucede, una situación jurídica irredimible, contraria a la Constitución Nacional.

Fecha ut supra.

Pedro Lafont Pianetta.