Sentencia 198201712409596 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020200198201712409596Manuel Gaona Cruz198209/12/1982198201712409596_Manuel Gaona Cruz_1982_09/12/198230020198ENRIQUECIMIENTO ILICITO Inexequibilidad del inciso Tercero del art�culo 148 del C�digo Penal Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Antonio Jos� Cancino Moreno y Sa�l Fl�rez Enciso1982017124095962409INICISO 3 DEL ARTICULO 148 CODIGO PENALIdentificadores30030066637true1142810original30066663Identificadores

Disposici�n acusada: inciso tercero del art�culo 148 del C�digo Penal (enriquecimiento il�cito).

En ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n, los ciudadanos Antonio Jos� Cancino Moreno y Sa�l Fl�rez Enciso, piden a la Corte que �declare inexequible, por ser inconstitucional en su forma de expedici�n y en su contenido, el art�culo 148 en su inciso tercero, Decreto 0100 de 1980�.

�El empleado oficial que por raz�n del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no constituya otro delito, incurrir� en prisi�n de uno a ocho a�os, multa de veinte mil a dos millones de pesos e interdicci�n de derechos y funciones p�blicas de dos a diez a�os.

�En la misma pena incurrir� la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

�Las pruebas aducidas para justificar el incremento patrimonial son reservadas, y no podr�n utilizarse para ning�n otro efecto�.

Los actores se�alan como violados por el inciso que acusan los art�culos 16, 26, 30, 76-12 y 118-8 de la Carta.

1�. Al expedir el Gobierno el inciso 3� del art�culo 148 del 'C�digo Penal, que dispone que las pruebas presentadas para justificar el incremento patrimonial de los sindicados por el delito de enriquecimiento il�cito, deben ser reservadas y no pueden utilizarse para ning�n otro efecto, cre� una rotunda modificaci�n al r�gimen probatorio procesal penal, concretamente al T�tulo V del Decreto 409 de 1971, que es el actual C�digo de Procedimiento Penal, materia que no corresponde a un C�digo Penal en el que se tratan los delitos y las penas.

Por lo tanto, el Ejecutivo se excedi� en las facultades otorgadas en forma precisa por la Ley 5� de 1979, para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre bases, principios y lineamientos distintos de los atinentes a asuntos procesales, e incurri� en violaci�n de los art�culos 76-12 y 118-8 de la Carta.

2�. A juicio de los demandantes pueden presentarse casos en que un sindicado de enriquecimiento il�cito presente al proceso penal las �nicas pruebas existentes sobre su patrimonio, su situaci�n fiscal, su estado civil, etc., y si en determinado momento se hace necesario tener que acudir a ellas para demostrar otro tipo de delito, como el de fraude al fisco por no pago de impuestos, o el de ocultamiento de bienes para sustraerse al pago de obligaciones, o el de una falsedad documental, �los derechos del Estado o de los particulares sufrir�n necesario quebranto en las esferas jur�dicas ajenas a ese proceso en el que la prueba obra, porque el legislador orden� perentoriamente que eran reservadas y que no pod�an utilizarse para otro efecto. Podr�a decirse que se presentar�a una especie de encubrimiento legislado�.

De donde coligen que si, seg�n el art�culo 16 de la Constituci�n, las autoridades est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, ese principio se quebranta con la norma que se acusa, porque se obliga al juez o funcionario receptor de esas pruebas a darles una privilegiada situaci�n de secreto, reserva e inmovilidad de que no pueden gozar gratuitamente, con menoscabo de otros ordenamientos jur�dicos e intereses; que si el art�culo 26 superior ordena que en todo proceso se deben guardar las formas propias de cada juicio, se viola este principio al estatuirse que por el secreto e inutilizaci�n de esas pruebas no se pueda demostrar, por ejemplo, la inocencia de un sindicado en proceso diferente; y que, esa reserva ilimitada, en inter�s de un sindicado, atenta contra los postulados del art�culo 30 de la Carta, porque crea el permanente peligro de establecer una prevalencia del inter�s individual sobre el colectivo o social.

El Jefe del Ministerio P�blico pide a la Corte que declare exequible el inciso 3� del art�culo 148 acusado, por estimarlo ajustado a la Constituci�n, seg�n los siguientes razonamientos:

1. Mediante fallo de 10 de julio de 1981, la Corte expres� que todo C�digo es la reuni�n o compilaci�n de disposiciones relacionadas con la misma materia, que la especialidad de cada uno de ellos no implica su separaci�n radical, pues est�n relacionadas entre s�, y que �al expedirse el Nuevo C�digo Penal, tal como lo orden� la ley de facultades, pod�a el legislador extraordinario afectar normas de otros c�digos, si la unidad de criterio as� lo exig�a, toda vez que se trata de ordenamientos de igual categor�a, sin que ello implique abuso en el ejercicio de las mencionadas facultades�.

Reitera adem�s el Procurador su concepto fiscal emitido con ocasi�n de aquella sentencia, en el que afirm� lo siguiente:

�Cuando se confieren facultades al Ejecutivo para revisar o dictar un c�digo, se atribuye competencia para regular todo lo concerniente con la materia propia de este estatuto, as� sus disposiciones se reflejen o cambien normas contenidas en otros ordenamientos espec�ficos�.

El legislador ordinario o el extraordinario es el que interpreta, reforma y deroga las leyes preexistentes (C. N. Arts. 76-1 y 2), y el que se�ala los tribunales competentes y las ritualidades de cada juicio (C. N. Art. 26).

El inciso acusado �hace referencia a un aporte voluntario y a documentos y papeles privados de quien los allega�, da cumplimiento a la reserva de documentos prescrita en el art�culo 38 de la Carta y tiene como finalidad �la protecci�n de la vida y bienes del inculpado, en la medida en que pone �sta y aqu�llos (sic) a cubierto de los delitos contra el patrimonio econ�mico que vienen proliferando en la sociedad. Todo con fundamento en el art�culo 16 de la Constituci�n�.

Por tratarse de demanda contra un precepto de un decreto extraordinario, es competente la Corte para decidir sobre su exequibilidad.

Las facultades extraordinarias fueron otorgadas al Gobierno por la Ley 5� de 1979, para expedir un nuevo C�digo Penal dentro del a�o siguiente a su promulgaci�n, la cual se efectu� el 29 de enero de 1979 en el �Diario Oficial� n�mero 35188. Como el Decreto 0100 de 1980, correspondiente al Nuevo C�digo Penal, cuyo art�culo 1� incorpor� el 148 que parcialmente se acusa, fue expedido el 23 de enero de aquel a�o, no encuentra la Corte reparo alguno de inconstitucionalidad en relaci�n con el t�rmino de ejercicio de las facultades.

El delito de enriquecimiento il�cito ha sido instituido en otras legislaciones, de manera similar a la nuestra, como una modalidad incriminativa espec�fica que garantiza al sindicado la reserva e intransmisibilidad de la prueba que desvirt�e el hecho punible, con el prop�sito de lograr establecer a toda costa la verdadera raz�n del incremento patrimonial del empleado oficial, en exceso de celo por tutelar al m�ximo el erario y la dignidad de la administraci�n p�blica.

En nuestro ordenamiento, seg�n el art�culo 148 del C�digo Penal, s�lo es tipificable la conducta punible respecto del empleado oficial, que por raz�n de sus funciones obtenga incremento patrimonial injustificado, �siempre que el hecho no constituya otro delito� propio, y, ciertamente, se le da un tratamiento especial�simo en el inciso acusado al fuero de reserva y de inutilizaci�n de la prueba.

2. Podr�a entonces pensarse que no prospera el cargo formulado por los demandantes en el sentido de que el Gobierno se excedi� respecto de las facultades extraordinarias que le hab�an sido conferidas por la Ley 5� de 1979, s�lo para expedir un C�digo Penal y no para revisar normas del de procedimiento, como las relativas a pruebas, puesto que el referido privilegio de guarda y exclusi�n probatoria no modifica el procedimiento penal, sino que instituye una espec�fica forma, propia y exclusiva del delito mismo.

3. Es sin embargo pertinente analizar la Ley 5� de 1979, que fue la que otorg� facultades extraordinarias al Gobierno para expedir el C�digo Penal, con el prop�sito de esclarecer su contenido y si hubo o no extralimitaci�n por parte de aqu�l. He aqu� su texto:

�Por la cual se conceden unas facultades extraordinarias relacionadas con la expedici�n y vigencia del C�digo Penal.

�Art�culo 1�. De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la promulgaci�n de la presente Ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978, y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta Ley formar� parte del expediente.

�Art�culo 2�. El Presidente ejercer� las facultades asesorado de una comisi�n integrada por dos Senadores y tres Representantes, nombrados por las Mesas Directivas de las Comisiones Primeras de ambas C�maras, y por sendos miembros de las comisiones redactoras, designadas por el Gobierno.

�Art�culo 3�. El nuevo C�digo entrar� en vigencia un a�o despu�s de su expedici�n, previa la divulgaci�n que del mismo haga el Ministerio de Justicia.

�Art�culo 4� El Gobierno rendir� al Congreso informe acerca de la manera como ejerci� las facultades dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la expedici�n del C�digo, si estuviere reunido, o dentro de los primeros treinta (30) d�as de las pr�ximas sesiones ordinarias.

Examinado el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, al que alude la parte final del art�culo 1� de la Ley que otorg� las mentadas atribuciones, se encuentra que efectivamente el precepto que regula el delito de �enriquecimiento il�cito�, no hace alusi�n alguna al tratamiento especial sobre pruebas prescrito en el inciso tercero acusado del actual art�culo 148 (Cfr., P�g. 518). Igualmente, visto el proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978, tampoco aparece al respecto relacionada disposici�n alguna que se refiera al fuero probatorio que se acusa.

En consecuencia, como quiera que las facultades prescritas en la Ley 5� de 1979, fueron otorgadas de manera precisa �para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978, y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta Ley formar� parte del expediente�, y que, por lo descrito, esas bases, principios y lineamientos no daban para regular o modificar el r�gimen de pruebas en materia penal, la Corte halla que el Gobierno se extralimit� en el ejercicio de las facultades as� previstas al expedir el inciso acusado y que por lo tanto dicho precepto es inconstitucional, por violatorio del art�culo 118-8 relacionado con el 76-12, ambos de la Carta.

Esta Corporaci�n deja en claro que cuando el Ejecutivo ha sido facultado para expedir un C�digo, sobre precisas materias, cuya naturaleza y contenido corresponden claramente a fen�menos de orden sustantivo y no procedimental ni probatorio y se empe�a en regular asuntos ajenos o distintos, salvo las esenciales modificaciones que de dicho contenido se deriven, pero sin que quede duda alguna sobre ellas, se extralimita en su competencia y viola la Carta.

Tercera. �La inconstitucionalidad sustantiva del fuero de reserva y de intransmisibilidad de la prueba.

� 1. De otra parte, frente al postulado normativo del art�culo 16 de la Constituci�n, que le impone al Estado el deber de proteger a las personas en su vida, honra y bienes y al mandato superior del art�culo 143 que le otorga la potestad, por intermedio del Ministerio P�blico, de defender los intereses de la Naci�n y de perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social, resulta incompatible prescribir en norma de car�cter legal que una prueba aducida para demostrar que no ha habido incremento patrimonial a costa del erario, adquiera el car�cter petrificante de reservada, intransmisible e inoponible frente al propio Estado, que tiene como funci�n el logro de la verdad respecto de eventuales conductas punibles de naturaleza distinta que resultaren amparadas impunemente con ese extra�o fuero.

�Ninguna norma legal, por loable que parezca, puede impedirle al propio Estado su indeclinable tarea de guarda de la integridad, vida, honra y bienes de la persona y de tutela del bien com�n y del sosiego social, impuesta por la Constituci�n. Frente a ella es incompatible prohibirle a la autoridad utilizar una prueba allegada a determinado proceso, �para ning�n otro efecto�, siendo que los art�culos superiores 16 y 143 la conminan precisamente a lo contrario.

�2. Dado el mandato del art�culo 26 de la Constituci�n que dispone en lo pertinente que �nadie podr� ser juzgado sino... observando la plenitud de las formas propias de cada juicio�, es inadmisible la afrenta legal del inciso acusado que busca impedir �el debido proceso�, como principio inconcuso derivado de aquella matriz constitucional, que supone que una de sus finalidades esenciales es la de garantizar a la sociedad la investigaci�n y punibilidad de todo tipo de il�citos, una vez lograda y establecida la verdad de los hechos configurativos del hecho punible�.

A la luz de la Constituci�n es insostenible que por ejemplo se le niegue a un juez la obtenci�n de una prueba allegada a un proceso de enriquecimiento il�cito, ante la necesidad de dilucidar si el incremento patrimonial de un empleado oficial se debi� a un hecho delictuoso diferente, como el de fraude al fisco o el de secuestro.

3. As� mismo, el debido proceso consagrado por mandato del art�culo 26 superior significa que a todo sindicado de la comisi�n de un delito se le debe garantizar su �derecho de defensa�, cuyos principios de controversia probatoria, oportunidad para alegar, plena prueba y potestad de ser o�do y vencido en juicio, obligan al Estado a protegerlo y a garantizarle plenamente su posibilidad de acreditar su inocencia sin cortapisas.

Por lo tanto, disponer mediante norma con fuerza legal, que la prueba aducida para desvirtuar determinada modalidad delictiva es reservada e intransmisible y no puede utilizarse para ning�n otro efecto, o sea, ni siquiera para poder invocar la inocencia de otro sindicado, o del mismo, respecto de otro hecho punible, viola abiertamente el derecho de defensa y es por ello inexequible.

A m�rito de lo expresado, y por las razones anotadas, la Corte Suprema de Justicia �Sala Plena�, previo estudio de su Sala Constitucional, o�do el Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de su atribuci�n de guarda de la integridad de la Carta, consagrada en su art�culo 214,

DECLABAR INEXEQUIBLE el inciso tercero del art�culo 148 del Nuevo C�digo Penal, incorporado a la legislaci�n por el art�culo 1� del Decreto Extraordinario n�mero 0100 de 1980.

Comun�quese, publ�quese, inf�rmese al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Manuel Gaona Cruz; Jer�nimo Arg�ez Castello; C�sar Ayerbe Chaux; Fabio Calder�n Botero; Manuel Enrique Daza A.; Jos� Ma�a Esguerra Samper; Dante Luis Fiorillo Porras, con aclaraci�n de voto; Jos� Eduardo Gnecco Correa; Germ�n Giraldo Zuluaga; H�ctor G�mez Uribe; Juan Hern�ndez S�enz; Alvaro Luna G�mez; Carlos Medell�n; Ricardo Medina Moyano; Humberto Murcia Ball�n; Rafael Nieto Navia, Conjuez; Alberto Ospina Botero; Alfonso Reyes Echandia; Jorge Salcedo Segura; Pedro El�as Serrano Abad�a; Alvaro Tafur Galvis, Conjuez; Fernando Uribe Restrepo; Gonzalo Vargas Rubiano, Conjuez.

Si bien compartimos la declaraci�n de inexequibilidad del inciso 3� del art�culo 148 del Decreto 100 de 1980, pues evidentemente, el Gobierno excedi� las facultades que le concedi� el Congreso de la Rep�blica para �expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de (la Rep�blica el 3 de agosto de 1978, y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia�, disentimos, no obstante, de los argumentos que la Corte aduce para concluir que, adem�s, la disposici�n demandada viola los art�culos 16, 26 y 143 de la Constituci�n Pol�tica, ninguno de los cuales, a nuestro juicio, sufre quebranto alguno.

1. No lo sufre, por supuesto, el art�culo 16 de la Constituci�n, pues lo que establece la norma demandada es que las pruebas aducidas por un empleado oficial para justificar su leg�timo incremento patrimonial, probado este hecho, no han de utilizarse en su contra, de todos modos, para fines diferentes de los puramente penales, respecto de muchos de los cuales, por lo dem�s, existe el amparo de disposiciones legales anteriores, como las que protegen el secreto bancario, el sigilo profesional, la reserva del sumario, de las declaraciones privadas de renta y patrimonio, entre otras, que, como en la situaci�n contemplada en el inciso 3� del art�culo 148 demandado, s�lo pueden revelarse por orden de los funcionarios judiciales competentes, en los asuntos y con el lleno de las formalidades establecidas por la ley en cada caso.

2. No sufre quebranto, tampoco, el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, pues en parte alguna de esta disposici�n se establecen los principios espec�ficos que la mayor�a estima violados, tales como los de �controversia probatoria, oportunidad para alegar, plena prueba y potestad de ser o�do y vencido en juicio�, sino otros, de naturaleza general, totalmente diferentes, que el constituyente circunscribi� a la preexistencia de las leyes que determinan los delitos y las penas, a la legalidad de los tribunales o jueces encargados del juzgamiento y a la observancia de las normas, tambi�n legales, establecidas para cada juicio.

La mayor�a, a nuestro juicio equivocadamente, supone, para declarar que la disposici�n legal demandada viola el art�culo 26, que es la propia Constituci�n la que establece en qu� consiste el llamado �derecho de defensa� y ella la que reglamenta �el debido proceso�, cuando el propio constituyente atribuy� a la ley el se�alamiento de tales requisitos y de los correspondientes procedimientos, como es f�cil advertir no s�lo del texto del art�culo 26, sino del de otras disposiciones constitucionales:

��Art�culo 23. Nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes...� (resaltados fuera del texto).

�...Art�culo 26. Nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio...� (resaltados fuera del texto).

�... Art�culo 27. La anterior disposici�n no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos t�rminos que se�ala la ley...� (resaltados fuera del texto).

�... Art�culo 28. A�n en tiempo de guerra nadie podr� ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determin�ndose la pena correspondiente...� (resaltados fuera del texto).

No es posible, en consecuencia, que los requisitos y los procedimientos se�alados en la ley puedan violar, en alg�n caso, el art�culo 26 de la Carta ni ning�n otro de los textos constitucionales, todos los cuales dejan esas materias al legislador, lo que significa que el �derecho de defensa� es el que la ley reconozca en cada juicio y el �debido proceso� el que se cumpla con sujeci�n a ella y, en suma, que las violaciones de uno y otro principios s�lo pueden darse cuando los funcionarios desconocen las ordenaciones legales �que es lo que la Constituci�n proh�be� por ejemplo, molestando a las personas o a sus familias sin mandamiento escrito de autoridad competente, sin las formalidades legales y sin que exista un motivo previamente definido en las leyes; o juzg�ndolas conforme a leyes derogadas o inexistentes para la fecha de la comisi�n del acto que se imputa, o ante tribunal incompetente o sin observar la plenitud de las formas propias de cada juicio; o pen�ndoles ex post facto, sin que previamente se haya prohibido el hecho y determin�dose la pena correspondiente.

Por lo tanto, s�lo se viola el �derecho de defensa� y se quebranta el �debido proceso�, cuando se desconocen las normas legales que, al amparo del art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica, se garantizan en los respectivos procesos penales.

3. Tampoco viola el inciso 3� del art�culo 148 del C�digo Penal la disposici�n del 143 de la Carta, pues aqu�l s�lo es aplicable, como en �l mismo se dice, cuando el enriquecimiento il�cito no constituya otro delito cualquiera y, por consiguiente, dejando a salvo la obligaci�n que la norma constitucional impone a los funcionarios del Ministerio P�blico de �perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social�, alguno de los cuales, de tiempo atr�s establecidos en el C�digo Penal, no pueden serlo, sin embargo, por el Ministerio P�blico, ni por los jueces y Magistrados de la Rep�blica, aun teniendo conocimiento de su comisi�n, como en los eventos en los que para iniciar sumario en materia criminal la ley exige, como condici�n sine quanon, querella o petici�n de parte (Art. 231 del C�digo de Procedimiento Penal), sin que por ello, a nadie, hasta ahora, se le haya ocurrido considerar inconstitucionales tales disposiciones legales.

En suma, carecen de todo fundamento los argumentos en los que el fallo de mayor�a apoya la decisi�n anterior, salvo el que se refiere a la violaci�n de los art�culos 76-12 y 118-8 de la Carta, por eso, compartimos.