Sentencia 198201712409356 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020182198201712409356Ricardo Medina Moyano198222/07/1982198201712409356_Ricardo Medina Moyano_1982_22/07/198230020180DE LAS CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Exequibilidad del art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970 Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Pedro �vila Orjuela1982017124093562409ARTICULO 73 DEL DECRETO NUMERO 250 DE 1970Identificadores30030066471true1142608original30066497Identificadores

Norma acusada: Art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio P�blico.

En ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n, el ciudadano Pedro �vila Orjuela, solicita de la Corte: �se declare la inexequibilidad del art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, por medio del cual se dictan normas para la reglamentaci�n de la Carrera Judicial�.

En desarrollo de lo dispuesto en el citado art�culo de la Carta Fundamental y de las disposiciones del Decreto aut�nomo n�mero 432 de 1969, la Procuradur�a General de la Naci�n concept�a que la norma en cuesti�n es constitucional, solicitando consiguientemente se declare su exequibilidad. Cumplido as� lo anterior, corresponde a la Corte tomar la decisi�n respectiva.

El texto de la norma demandada, incluidos los ac�pites respectivos, es el siguiente:

por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio P�blico.

Art�culo 73. Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio P�blico deben observar en todo tiempo y lugar irreprochable conducta p�blica y privada�.

El demandante hace resaltar que el art�culo 20 de la Carta Fundamental determina di�fanamente los casos de responsabilidad de los funcionarios p�blicos, y luego de hacer una descripci�n general de su contenido, concluye que: �visto de esta manera resulta que la norma violada vendr�a a ser el art�culo 20 de la Constituci�n Nacional�.

La demanda destaca, en primer t�rmino, que el art�culo acusado comporta una intromisi�n en la vida privada de los individuos all� mencionados, al responsabilizarlos por actos de tal naturaleza y que por lo tanto el art�culo en cuesti�n:

�... se enfrenta en forma abierta y abusiva al art�culo 20 de la Constituci�n, ya que indirectamente intenta responsabilizar a estos funcionarios por actuaciones privadas�.

A continuaci�n, la demanda precisa los fundamentos de la acusaci�n, agregando que, respecto de tales individuos existe una verdadera dicotom�a en su vida de relaci�n, toda vez que �nicamente puede consider�rseles como funcionarios cuando est�n en ejercicio de su cargo, situaci�n por fuera de la cual no son otra cosa que simples particulares, y al respecto expresa:

�Es importante aclarar que se es Funcionario P�blico solamente cuando legalmente hay capacidad para ejercer funciones p�blicas propias del cargo previamente encomendado, esto es, que la investidura de funcionario p�blico no acompa�a a la persona siempre, ni en todo lugar, existen momentos en que el funcionario es un particular m�s, por lo tanto su responsabilidad como funcionario desaparece y aparece una nueva, que es la del particular�.

�...cuando un servidor del Estado de los que trata el art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, est� investido de su car�cter de funcionario p�blico es realmente responsable de su conducta p�blica, pero tan pronto deja su calidad como tal y se convierte en un particular m�s, es ah� donde no debe responsabiliz�rsele de su conducta privada que como funcionario servidor del Estado tenga�.

Aceptado por la Corte (Fl. 11) el impedimento del Procurador General de la Naci�n, en atenci�n a que �ste, en su condici�n de miembro de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tom� parte en la �preparaci�n y revisi�n� del Decreto n�mero 250 de 1970, le correspondi� emitir el concepto de rigor a la Viceprocuradora, doctora Susana Montes de Echeverry.

La procuradur�a, advirtiendo que dentro del proceso constitucional n�mero 942, ya hab�a emitido concepto en relaci�n con el art�culo 94, numeral 1� del Decreto n�mero 250 de 1970, relativo, as� mismo, a la reglamentaci�n de la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio P�blico, solicita a la Corte:

�... declare exequible el art�culo 73 del Decreto-ley n�mero 250 de 1970, a que se contrae el proceso de inconstitucionalidad de la referencia�.

Para llegar a esta conclusi�n, la Procuradur�a se ocupa de los siguientes temas:

a) En primer t�rmino, trata el problema de la privacidad planteado por la demanda, y luego de varias referencias doctrinarias, tomadas especialmente de la obra �Derecho a la Vida Privada y Libertad de Informaci�n - Un Conflicto de Derechos�, del autor Eduardo Novoa Monreal, concluye en punto al art�culo acusado que:

�Un precepto como �ste, con implantamiento generalizado en todas las legislaciones, persigue, pues, el alcance del objetivo ideal de todo servidor p�blico, cual es el de que su vida sea toda un espejo de la mejor ciudadan�a y su imagen p�blica como funcionario no se vea empa�ada por hechos reprochables de su vida privada que trasciendan del recinto mismo de su privacidad, esto es, que aunque sean privados, los exteriorice o se hagan p�blicos con evidente desmedro de la administraci�n y actos oficiales� (Fl. 16).

b) A continuaci�n, y encaminadas a refutar la tesis de la demanda, seg�n las cuales existe una separaci�n infranqueable entre la vida p�blica y la vida privada de los funcionarios o empleados, la Procuradur�a se refiere a la estricta conducta que habitualmente se exige de los mismos, para afirmar que:

�Y est� bien que as� sea, puesto que en tales servidores del Estado, quiz�s m�s todav�a que en cualesquiera otros de los muchos que conforman los cuadros de la Administraci�n P�blica en general, debe reposar, o en ellos deben mantener la fe cabal y confianza todos los colombianos y, adem�s, abrigar estos la certidumbre de que aqu�llos, para usar los mismos t�rminos o requisitos de la norma transcrita, deben ser ciudadanos honrados o distinguidos por la probidad, la dignidad, la respetabilidad, la diligencia, la capacidad, la moralidad y la idoneidad necesarias para �preservar la majestad de las instituciones� del pa�s.. . la personalidad humana es inescindible, indivisible y no puede ser �al menos desde el punto de vista de la normalidad psico-fisiol�gica� objeto de una dicotom�a tal que los atributos y la conducta de las personas hagan que �sta pueda ser pulcra, �ntegra e irreprochable cuando act�e o desarrolle sus capacidades en cumplimiento de funciones p�blicas y, en cambio, pueda dejar de ser �ntegra, dejar de ser irreprochable en su vida privada, como lo persigue el acusador del art�culo 73 del Estatuto de los servidores de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio P�blico�.

c) Finalmente el Ministerio P�blico comenta, de una parte, el problema de la tipificaci�n de las faltas disciplinarias, citando lo manifestado al respecto por la Sala Penal de la Corte en providencia del 5 de junio de 1975; y, de otra, precisa la interpretaci�n correcta del art�culo 20 de la Constituci�n Nacional, afirmando que:

�La responsabilidad que de los funcionarios p�blicos demanda la Carta por quebrantar las leyes, hace referencia obviamente a la violaci�n tanto de las leyes formales como de las leyes materiales, vale decir, de las normas imperativas generales emitidas por el legislador ordinario (Congreso Nacional) o por el legislador extraordinario (Presidente de la Rep�blica, en desarrollo de facultades extraordinarias precisas y temporales). La disposici�n acusada es una ley en sentido material, como quiera que forma parte del Decreto-ley n�mero 250 de 1970, expedido por el Primer Mandatario en ejercicio de las facultades que el Congreso le otorg� a trav�s de la Ley 16 de 1968, art�culo 20. Entonces es una ley la que est� imponiendo a los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio P�blico la observancia de �irreprochable conducta p�blica y privada� en todo tiempo y lugar; y conforme al art�culo 20 de la Constituci�n que el actor reputa transgredido, esos funcionarios y empleados p�blicos deben responder por las infracciones de la Constituci�n y de las leyes que les deduzcan� (Fl. 20).

Seg�n lo dispuesto por el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, subrogado por el art�culo 71 del Acto legislativo n�mero 1 de 1968, la competencia para conocer del presente juicio de constitucionalidad, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena y previo estudio de la Sala Constitucional.

Vale advertir que el Decreto n�mero 250 de 1970, del cual forma parte la norma acusada, fue dictado dentro del t�rmino fijado en la respectiva Ley de Facultades, que lo fue la Ley 16 de 1968.

a) El Derecho P�blico reconoce, sin dubitaciones ni excepciones de ninguna naturaleza la potestad disciplinaria del Estado, la cual se traduce en el establecimiento de los correctivos necesarios, tanto para conseguir la continuidad y eficacia de los servicios del mismo, como la debida protecci�n de los intereses de la comunidad, en cuanto �sta utiliza tales servicios.

Y por supuesto, la enunciaci�n de los principios �ticos, el establecimiento de las sanciones, lo mismo que la determinaci�n de las reglas de procedimiento necesarias para la imposici�n de aqu�llas y, singularmente, la determinaci�n como censurables de todas aquellas conductas que puedan impedir el ejercicio eficaz del servicio, o comprometer la dignidad de �ste frente a la comunidad, vienen a integrar los diversos reg�menes disciplinarios, indispensables dentro de la vida regular del Estado y del mareo de sus elevadas finalidades.

Naturalmente, la adopci�n de medidas como las contenidas en el art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, no es otra cosa que la expresi�n de dicha potestad disciplinaria, la cual se ajusta por lo tanto al sistema de competencias establecidas por la Constituci�n Nacional en relaci�n con el Poder Legislativo.

b) Respecto de las personas vinculadas al Poder Judicial, un numeroso y coherente conjunto de normas constitucionales, directa o indirectamente, determina el tratamiento de las mismas, tales como los art�culos 20, 51, 62, 64, 65, 66, 58, 160 y 162, entre los cuales conviene destacar singularmente el 20, seg�n el cual �Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracci�n de la Constituci�n y de las leyes. Los funcionarios p�blicos lo son por la misma causa y por extralimitaci�n de funciones, o por omisi�n en el ejercicio de �stas�, y el 160, al tenor del cual �los magistrados y los jueces estar�n sujetos a las sanciones disciplinarias... en la forma que determinen las leyes�.

En general, y de acuerdo con lo precisado en las disposiciones anteriores, la responsabilidad de los funcionarios y empleados p�blicos puede ser pol�tica, civil, penal y disciplinaria. Significa lo anterior que, al paso que los particulares no son responsables sino en los casos de violaci�n de la ley y la Constituci�n, los funcionarios p�blicos lo son adem�s por la realizaci�n de actos que vayan m�s all� de lo que esas instituciones les permitan, como tambi�n por omisiones en el cumplimiento de los deberes tambi�n impuestos por ellas.

Y, precisamente en el caso que se comenta, el art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, no es otra cosa que la determinaci�n de deberes por parte de la ley, respecto de aquellos funcionarios. Por lo tanto, muy lejos de tratarse de una norma que vulnera los principios consagrados en el citado art�culo 20, aqu�lla constituye un desarrollo o derivaci�n del mismo.

Tal, la raz�n para que el art�culo 65 de la Constituci�n disponga que �Ning�n funcionario entrar� a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constituci�n y de cumplir con los deberes que le incumben�.

c) Vale advertir que recientemente se han presentado sistem�ticamente diversas demandas de inconstitucionalidad contra normas mediante las cuales se exige de las personas vinculadas a la realizaci�n de tareas estatales una conducta privada acorde con la trascendencia de sus funciones, origin�ndose as� los siguientes juicios : Proceso n�mero 929, art�culo 198 del Estatuto del Notariado, demandante Mar�a F�lix Guzm�n Palma; y proceso n�mero 942 contra el art�culo 94 del Decreto n�mero 250 de 1970, demandante Guillermo Chaves Cristancho.

Tambi�n es conveniente tomar en cuenta que en sentencia del 22 de mayo de 1975, la Corte, al estudiar la constitucionalidad del Estatuto de la Abogac�a, puntualiz� di�fanamente que, respecto de quienes ejercen dicha profesi�n es indispensable el acatamiento de �las normas generales de la �tica�, y que la exigencia de tales postulados no puede considerarse �como una indebida injerencia en el futuro interno de las personas, con menoscabo de su moral personal� (G. J. n�meros 2393 y 2394. P�g. 73).

Si lo anterior es aplicable trat�ndose de simples particulares, con mayor raz�n resulta aplicable a los funcionarios y empleados del Orden Judicial y del Ministerio P�blico.

d) Quienes ostentan la calidad de aut�nticos detentadores del Poder del Estado, a trav�s de cuya conducta se expresa y se concreta la soberan�a del mismo, como ocurre con los funcionarios y empleados del Orden Judicial y del Ministerio P�blico, no pueden por esas mismas circunstancias ser considerados en relaci�n con su conducta p�blica y privada en igualdad de circunstancias a los simples particulares.

�No parece impertinente tomar en cuenta que la importancia atribuida a las funciones judiciales corresponde a una verdadera constante del pensamiento constitucional colombiano. Ya anotaba el propio Sim�n Bol�var al dirigirse al Congreso Constituyente de Bolivia, que:

�El Poder Judicial contiene la medida del bien y del mal de los ciudadanos; y si hay libertad, si hay justicia en la Rep�blica, son distribuidas por este poder. Poco importa a veces la organizaci�n pol�tica, con tal que la civil sea perfecta; que las leyes se cumplan religiosamente y se tengan tan inexorables como el destino�.

Exigir, por lo tanto, de quienes ejercen tales poderes, �una irreprochable conducta p�blica y privada�, resulta apenas elemental; por ello, constitucionalmente, adem�s de la responsabilidad com�n a la cual se encuentran sometidos los funcionarios en su simple condici�n de s�bditos del Estado, tienen, como se ha visto, otra especial, derivada de la obligaci�n de ejercer la funci�n p�blica a ellos encomendada, oportunamente y dentro del marco de sus atribuciones y de los elevados fines, propios de las tareas estatales�.

Por lo dem�s, quien aspira a vincularse y se vincula al ejercicio de las funciones del Estado, aceptando de consiguiente los deberes y obligaciones que de ese ejercicio se derivan, lo hace sin imposici�n alguna del Estado y dentro del m�s claro ejercicio de su libertad personal.

En raz�n de lo someramente expresado no encuentra la Corte que la norma acusada viole el art�culo 20 ni ninguno otro de la Carta Fundamental.

A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n, en ejercicio de las atribuciones previstas en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional,

Decl�rase EXEQUIBLE, por no ser contrario a la Constituci�n Nacional, el art�culo 73 del Decreto n�mero 250 de 1970, por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio P�blico.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

C�sar Ayerbe Chaux (Vicepresidente), Jer�nimo Arg�ez Castello, Alfredo V�squez Carrizosa (Conjuez), Manuel E. Daza Alvarez, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n Forero, Ricardo Medina Moyano, Hugo Vela Camelo, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echand�a, Luis E. Romero Soto, Mario Latorre Rueda (Conjuez), Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serrano Abad�a (con licencia por enfermedad), Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.