300Corte SupremaCorte Suprema30030020176198201712409303Ricardo Medina Moyano198215/06/1982198201712409303_Ricardo Medina Moyano_1982_15/06/198230020174COSA JUZGADA La Corte remite a sentencia de 22 de mayo de 1975 Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982
María Consuelo Canchón Avellaneda1982017124093032409NUMERAL 2 DEL ARTICULO 56 DEL DECRETO NUMERO 196 DE 1971 Identificadores30030066394true1142516original30066420Identificadores

Norma demandada:  NUMERAL 2 DEL ARTICULO 56 DEL DECRETO NUMERO 196 DE 1971


COSA JUZGADA

La Corte remite a sentencia de 22 de mayo de 1975

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Ref.: Expediente número 941.

Norma demandada: Numeral 2º del artículo 56 del Decreto número 196 de 1971, “por el cual se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía”.

Actora: María Consuelo Canchón Avellaneda.

Magistrado ponente: doctor Ricardo Medina Moyano.

Sentencia número 46.

Aprobada Acta número 46.

Bogotá, D. E., 15 de junio de 1982.

I

La acción

La ciudadana María Consuelo Canchón Avellaneda, en ejercicio de la acción pública prevista por la Constitución Nacional en su artículo 214, solicita de la Corte “declare la inconstitucionalidad del numeral 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971”.

Descorrido el traslado respectivo por la Procuraduría General de la Nación, cumple a la Corte tomar la decisión pertinente.

II

Norma acusada y fundamentos de la demanda

El texto de la norma demandada es el siguiente:

“Constituyen faltas a la lealtad profesional:

2º. Aceptar la gestión profesional a sabiendas que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución”.

La actora estima violado el artículo 26 de la Constitución Nacional, toda vez que a su juicio la norma acusada:

“ ... limita el derecho de defensa, ya que frecuentemente se presenta la siguiente situación: el cliente que ha acudido en busca de los servicios profesionales de un abogado, otorgándole un poder, decide posteriormente revocárselo, ya que la ley le da facultad para dicha revocación, terminando así todo tipo de relación profesional entre estas dos personas, pero lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que el antiguo apoderado no le expide a su cliente el paz y salvo, y transcurridos seis o siete meses, esta persona busca otro abogado... quedando así dicho abogado comprometido a actuar por la causa que se le ha encomendado y una vez que lo hace, el antiguo apoderado le inicia un proceso disciplinario argumentando que se le ha usurpado el poder... el abogado está en la encrucijada de no aceptar el encargo o de exponerse a un disciplinario. Al mismo tiempo el cliente se enfrenta al aniquilamiento de su derecho de defensa”.

III

Concepto de la Procuraduría General de la Nación

Expresa la Procuraduría que en el presente caso “procede decisión inhibitoria”, toda vez que:

“Del ordinal 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional se deduce, sin la menor duda, que cuando la Corte se ha pronunciado sobre exequibilidad o inexequibilidad de una norma, ésta no puede ser objeto de nueva decisión. La cosa juzgada es absoluta en la Carta Fundamental de la República y como tal tiene características incontrovertibles de definitiva, inmutable y erga omnes”.

IV

Consideraciones de la Corte

Primera. En Sala Plena, con ponencia del Magistrado de la Sala Constitucional Eustorgio Sarria, la Corte Suprema, mediante sentencia proferida el día 22 del mes de mayo del año de mil novecientos setenta y cinco, dentro del proceso originado en el libelo intentado por el ciudadano Rogelio Castillo Cándelo contra diversos artículos del Decreto-ley número 196 de 1971, declaró exequibles la totalidad de los artículos acusados, entre los cuales se encuentra el 56, ahora nuevamente demandado en uno de sus numerales.

Segunda. Consiguientemente, habiéndose considerado por la Corte, por sentencia debidamente ejecutoriada, ajustado a los mandatos constitucionales, el ordinal 2º del artículo 56 del Decreto-ley número 196 de 1971 y al no resultar necesario por otra parte entrar a examinar las características que en su ya citado concepto le atribuye la Procuraduría General de la Nación al fenómeno de la cosa juzgada, en el presente caso deberá estarse por la Corte a lo dispuesto en la dicha sentencia del 22 de mayo de 1975. Conviene señalar que similar decisión inhibitoria se tomó por la Corte el día 8 del mes de junio de presente año de 1982, con ponencia del Magistrado Manuel Gaona Cruz, en el Proceso número 923, originado en demanda contra la misma norma, del ciudadano Héctor Alfredo Buchelli Espinosa.

V

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 214 de la Carta Política y escuchada la Procuraduría General de la Nación,

Resuelve

«ESTESE a lo dispuesto por la Corte Suprema en la sentencia del 22 de mayo de 1975, mediante la cual se declaró “exequible”, entre otros el artículo 56 “del Decreto extraordinario número 196 de 1971, por el cual se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía”».

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

César Ayerbe Chaux (Vicepresidente), Jerónimo Argáez Castello, Fabio Calderón Botero, Manuel E. Daza Alvarez, José María Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Uribe Gómez, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis E. Romero Soto, Jorge Vélez García (Conjuez), Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.