Sentencia 198201712409288 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020173198201712409288Carlos Medell�n198208/06/1982198201712409288_Carlos Medell�n_1982_08/06/198230020171FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA Inhibici�n de la Corte, por ineptitud sustantiva de la demanda Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Ricardo Sarmiento Pineros1982017124092882409ARTICULOS 75 Y 86 INCLUSIVE DEL DECRETO NUMERO 2349 DE 1971Identificadores30030066363true1142470original30066389Identificadores

Norma demandada: �ARTICULOS 75 Y 86 INCLUSIVE DEL DECRETO NUMERO 2349 DE 1971

Normas acusadas: Art�culos 75 a 86 inclusive del Decreto n�mero 2349 de 1971.

El ciudadano Ricardo Sarmiento Pineros, en ejercicio del derecho que le concede la Constituci�n Pol�tica de Colombia, solicita a la Corte Suprema de Justicia que decida en sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los art�culos 75 a 86, inclusive, del Decreto extraordinario n�mero 2349 de 1971, �por el cual se crea la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y se dictan otras disposiciones�.

�por el cual se crea la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y se dictan otras disposiciones.

�El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 7� de 1970,

�Art�culo 75. Para los efectos de la aplicaci�n de las normas contenidas en el presente Decreto, se entiende por armador colombiano la persona natural o jur�dica que explota naves de bandera colombiana. Y por nave de bandera colombiana, la que re�ne los requisitos se�alados en el C�digo de Comercio. Libro V, Primera Parte.

�Art�culo 76. Para los efectos de calificaci�n de que trata el art�culo 3�, numeral 15 del presente Decreto, se entiende por naves cargueras de servicio p�blico, aquellas destinadas al transporte por mar de mercader�as de cualquier embarcador o usuario que desee ocupar sus bodegas, que sirven al tr�fico de importaci�n y exportaci�n del pa�s en forma regular, eficaz y continua y cuyos itinerarios se publican peri�dicamente.

�Art�culo 77. Para determinar si un tr�fico est� servido en la forma prevista en el art�culo anterior, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria exigir� al armador la presentaci�n de un estudio que comprenda:

1. Estad�sticas demostrativas de los vol�menes y tipos de carga que se mueven en el tr�fico correspondiente, si �ste est� servido.

2. Armadores, n�mero de naves y caracter�sticas del servicio que aqu�llos prestan en el mismo tr�fico.

3. Servicio prestado o que se propone prestar el armador con especificaci�n del n�mero y tipo de naves y tonelaje de peso muerto.

�Art�culo 78. Para los efectos de la aprobaci�n de los acuerdos de fletes de que trata el art�culo 3�, numeral 13 del presente Decreto, el armador colombiano interesado deber� acreditar ante la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria:

1. Que el servicio que presta o se propone prestar es un servicio p�blico de transporte mar�timo.

2. Que los acuerdos que ha celebrado con empresas mar�timas extranjeras garantizan la participaci�n real y efectiva del armador colombiano en el tr�fico correspondiente.

3. Que se trata de un acuerdo de fletes que garantiza la racionalizaci�n del servicio y la consiguiente reducci�n de costos para el armador colombiano.

4. Que el armador colombiano pone a disposici�n del tr�fico la capacidad de bodega indispensable para el transporte de su cuota.

5. Que en los pa�ses a los cuales pertenecen los armadores extranjeros que pretende asociar, se da a los buques de bandera colombiana igual tratamiento que a los propios.

�Par�grafo. El solo hecho de pertenecer a una conferencia mar�tima no implica que los armadores miembros de ella sean asociados a la bandera colombiana. En casos especiales, debidamente comprobados, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria podr� autorizar la asociaci�n por un t�rmino prudencial no mayor de seis (6) meses, mientras se perfecciona el acuerdo de fletes.

�Art�culo 79. Los acuerdos ya suscritos por armadores colombianos se someter�n a la aprobaci�n de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, de conformidad con los requisitos exigidos en el presente Decreto.

�Art�culo 80. Cuando no se trate de acuerdo de fletes celebrado dentro del marco de una conferencia mar�tima, las posibilidades de asociaci�n de un armador extranjero estar�n limitadas por el tonelaje de propiedad del armador colombiano y de aqu�l a su servicio por cada bandera asociada. Se entiende que los armadores de las banderas asociadas podr�n tener a su servicio naves de su propia bandera y de tercera bandera.

�Art�culo 81. Los armadores latinoamericanos inscritos en la Asociaci�n Latinoamericana de Armadores (Alamar) podr�n participar en el transporte de la carga reservada en igualdad de condiciones con la bandera nacional, siempre que en el pa�s respectivo se otorgue igual o equivalente trato a las naves colombianas.

Compete a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria determinar si estas condiciones se cumplen.

�Art�culo 82. Para los efectos de la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 3�, numeral 12 del presente Decreto, el armador colombiano interesado deber� acreditar ante la Direcci�n Mar�tima y Portuaria alguno de los siguientes requisitos:

2. Que el arrendamiento tenga por objeto reemplazar naves que deban ser sometidas a reparaciones o transformaciones.

3. Si la nave que naufrag� va a ser reemplazada por otra que se mandar� a construir, el plazo durante el cual el armador colombiano podr� tomar otra nave en arrendamiento, ser� el que fije el contrato de construcci�n; si va a ser reemplazada por otra que se adquirir� en el mercado de las naves construidas, el plazo no ser� mayor del necesario para perfeccionar la negociaci�n y, en todo caso, no exceder� de cuatro (4) meses. En los casos de reparaci�n o transformaci�n, el plazo ser� el necesario para cualquiera de dichas operaciones sin exceder de tres (3) meses.

�Art�culo 83. Adem�s de los casos previstos en el art�culo anterior, todo armador colombiano podr� mantener en arrendamiento o fletamento permanente tonelaje, as�:

1. Hasta el 100% del tonelaje de peso muerto de su propiedad, si las naves arrendadas o fletadas son tambi�n de bandera nacional.

2. Hasta el 50% del tonelaje de peso muerto de su propiedad, si las naves arrendadas o fletadas son de bandera extranjera.

Podr� el armador colombiano tener suficientemente naves, de bandera colombiana y naves de bandera extranjera en arrendamiento, pero en ning�n caso el tonelaje de peso muerto representado por estas �ltimas exceder� el 50% del tonelaje de peso muerto de propiedad del armador.

Par�grafo 1. Para los efectos de la reserva de carga, los buques arrendados o, fletados tados,<sic> previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente art�culo, recibir�n el tratamiento de naves de bandera colombiana.

�Par�grafo 2. El porcentaje de que trata el presente art�culo sobre naves de bandera extranjera en arrendamiento o fletamento, podr� aumentarse cuando a juicio de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y previos estudios especiales se considere que es de conveniencia para el incremento de la Marina Mercante Colombiana.

�Art�culo 84. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria verificar� de oficio o a petici�n de parte, que se est�n cumpliendo las normas establecidas en el art�culo anterior y tomar� las medidas restrictivas que corresponden a su cumplimiento.

�Art�culo 85. Para los efectos de lo dispuesto en el art�culo 3�, numerales 19 y 20 del presente Decreto, se seguir� el siguiente procedimiento:

1. El armador colombiano interesado deber� presentar a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria una solicitud formal.

2. Acreditar el car�cter de servicio p�blico del transporte mar�timo que est� prestando o se propone prestar.

3. Presentar a la Direcci�n Mar�tima y Portuaria sus itinerarios y continuar remiti�ndolos mensualmente.

4. Cumplir, si es el caso, los requisitos relacionados con naves de bandera extranjera al servicio de los armadores colombianos.

5. Si el solicitante desea pedir aprobaci�n para asociar armadores extranjeros, deber� acompa�ar copia aut�ntica de los acuerdos correspondientes y acreditar las condiciones se�aladas en el presente Decreto. Si se trata de asociar armadores latinoamericanos, deber�n acreditarse tambi�n las condiciones exigidas en el art�culo 81 del presente Decreto.

6. Especificar para cu�l o cu�les de los tr�ficos solicita el armador colombiano la aplicaci�n de la reserva de carga. Antes de otorgar la autorizaci�n respectiva, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria deber� estudiar si los citados tr�ficos est�n suficientemente servidos por otro armador colombiano, y si as� fuere podr� ordenar al peticionario que se abstenga de servir el mismo tr�fico y no recomendar� la aplicaci�n de la Ley de Reserva de Carga, si se llegare a precisar que hay perjuicio para los intereses nacionales con el establecimiento de un doble servicio.

7. Una vez que el peticionario allegue toda la documentaci�n requerida, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria comunicar� por medio de avisos p�blicos, a costa del interesado, la �ndole de la solicitud que est� sometida al estudio, con el fin de que, si hubiere oposici�n, �sta pueda presentarse por quien se sienta afectado en sus intereses.

8. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria decidir�, previa audiencia con las partes y en consulta con los organismos de comercio exterior, la conveniencia de la aplicaci�n, de la reserva de carga en aquellos tr�ficos en los cuales se ha solicitado, o si �sta se va a aplicar s�lo para beneficio de determinados armadores colombianos. En todo caso, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria buscar� y procurar� la racionalizaci�n de los tr�ficos para impedir la dispersi�n de esfuerzos a trav�s de competencias entre armadores colombianos.

�Par�grafo. Cuando se determine el incumplimiento de la ley sobre reserva de carga, se impondr� al beneficiario, importador o exportador, multas cuyo monto puede ser igual a una vez el importe pagado por fletes en el tr�fico correspondiente, de conformidad con la reglamentaci�n que expide el Gobierno.

�Art�culo 86. Concluido el procedimiento, la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria dictar� la respectiva resoluci�n por la cual reconocer�:

3. El car�cter de servicio p�blico de transporte mar�timo que preste o se propone prestar, con especificaci�n de los tr�ficos correspondientes.

4. Los acuerdos de transporte, con menci�n de los armadores extranjeros que puedan considerarse asociados al armador colombiano.

5. Determinaci�n de los tr�ficos a los cuales debe aplicarse la reserva de carga.

�Esta resoluci�n se comunicar� a los organismos de comercio exterior para los efectos del control que a ellos corresponde�.

El actor indica como materia de violaci�n por parte de las disposiciones acusadas, los art�culos 118-8 y 76-12 de la Constituci�n.

Afirma el demandante que al expedir el Decreto extraordinario 2349 de 1971 y, concretamente las disposiciones que acusa, el Gobierno extralimit� las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 7� de 1970, �por cuanto da funciones a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria-y no estaba autorizado para ello�. Agrega que hubo tambi�n extralimitaci�n �al reglamentar y se�alar el procedimiento de las funciones b�sicas de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y al entrar a definir qu� se entiende por armador colombiano y por naves cargueras de servicio p�blico�, ya que las facultades recibidas del legislativo tampoco lo autorizaban para hacerlo. En apoyo de su afirmaci�n, el demandante relaciona las facultades otorgadas al Presidente de la Rep�blica por medio de la Ley 7� de 1970.

Las opiniones del Procurador General de la Naci�n, expresadas en su concepto, se pueden resumir as�:

a) Tal como se encuentra formulada la demanda, hay lugar a que se pueda afirmar que en este caso existe una proposici�n jur�dica incompleta. �En efecto: las disposiciones acusadas acceden a las disposiciones contenidas en los numerales 12, 13, 15, 19 y 20 del art�culo 3� del mismo Decreto 2349 de 1971, porque es, en estas �ltimas, y no en las transcritas por el actor, en las que se asignan �funciones y atribuciones� a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, y en aquellas (las impugnadas) simplemente se se�alan los tr�mites, requisitos o procedimientos que deben observarse para el cumplimiento de tales funciones�. En criterio de la Procuradur�a, entre las normas acusadas y los citados numerales del art�culo 3�, �existe una estrecha conexidad, tal, que, estas �ltimas son las disposiciones matrices de las primeras, que s�lo son su consecuencia y desarrollo�. Consecuente con lo anterior, el Ministerio P�blico solicita que se profiera fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda;

b) Pero si la Corte decide pronunciarse de fondo, debe advertirse que �como lo hizo la Corte en fallo del 7 de mayo de 1973 (al examinar la demanda sobre el art�culo 129 de este mismo Decreto), y lo reiter� la corporaci�n en sentencia de febrero 20 de 1975 (al decidir sobre la exequibilidad de los art�culos 113, 116 y 118 de este mismo Decreto), que la facultad de �reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional� conlleva �atribuci�n suficiente para determinar una reestructuraci�n general de acuerdo con las conveniencias del servicio, y el se�alamiento de funciones b�sicas a los elementos de la nueva estructura�; y obvio es que al asignar funciones resulta necesario tambi�n disponer el modo, el m�todo, el procedimiento, el tr�mite, los requisitos, las formalidades que deben observarse para el cumplimiento de tales funciones�. Para el segundo evento de la decisi�n judicial que considera el Procurador, pide a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas;

c) As� mismo, en cuanto al uso de las facultades por el aspecto temporal, �confrontada la fecha de la sanci�n de la Ley con la de expedici�n del Decreto 2349, se observa que las fac�ltales extraordinarias se usan en oportunidad�.

Ante todo es procedente analizar, en vista de la demanda que se estudia, la existencia posible de la proposici�n jur�dica incompleta que el Procurador se�ala y en la cual apoya su primera petici�n para que el fallo sea inhibitorio.

El Decreto n�mero 2349 de 1971 dispone en su art�culo 1� la creaci�n de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, en reemplazo de la Direcci�n de Marina Mercante Colombiana, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional. La misma norma determina que el organismo creado �tendr� como objetivos la direcci�n de la Marina Mercante, la investigaci�n mar�tima y la regulaci�n y control del transporte mar�timo internacional y de cabotaje, as� como tambi�n de los puertos del pa�s�.

En el art�culo 3�, el Decreto en menci�n establece las funciones y atribuciones de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, de acuerdo con los objetivos previamente se�alados, y luego, en concordancia con tales funciones y atribuciones, consagra una extensa serie de normas que las desarrollan por distintos aspectos, entre ellos el procedimental. En este sentido el Decreto 2349 de 1971 est� l�gica y arm�nicamente estructurado. As�, al objetivo de la investigaci�n mar�tima corresponden las funciones y atribuciones que contempla el T�tulo VI en su Primera Parte; y al objetivo de la regulaci�n y control del transporte mar�timo internacional y de cabotaje, las atribuciones y los procedimientos contenidos en el mismo T�tulo, Segunda Parte, a la cual pertenecen precisamente los art�culos 75 a 86, que son objeto de la demanda.

Lo anterior es tan cierto, que varias de las disposiciones sub iudice, las destinadas a definir nombres, expresiones y conceptos b�sicos en la actividad del transporte mar�timo, hacen expresa referencia al art�culo 3� en los literales que asignan las correspondientes funciones y atribuciones de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria. Tales son los casos, por ejemplo, del art�culo 76 que comienza: �Para los efectos de calificaci�n de que trata el art�culo 3�, numeral 15 del presente Decreto, se entiende por naves cargueras de servicio p�blico...�; del art�culo 78, que advierte: �Para los efectos de la aprobaci�n de los acuerdos de fletes de que trata el art�culo 3�, numeral 13, el armador colombiano interesado deber�...�; del art�culo 82, que dice: �Para los efectos de la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 3�, numeral 12 del presente Decreto, el armador colombiano del art�culo 85, que empieza: �Para los efectos de lo dispuesto en el art�culo 3�, numerales 19 y 20 del presente Decreto, se seguir� el siguiente procedimiento...�. Ello significa, entonces, que los citados art�culos son efectos de las normas del art�culo 3�, a las que se refieren concretamente, o lo que es lo mismo, que ellas son sus causantes, de manera que de no existir �stas, aquellas disposiciones, las acusadas, no tendr�an fundamento, o por lo menos, no corresponder�an a los objetivos, y dentro de ellos, a las funciones y atribuciones que pretenden especificar y desarrollar. Tal es la relaci�n �ntima, estrecha e inevitable que existe entre los literales citados del art�culo 3� y las normas impugnadas del mismo Decreto, incluidas en �l �para los efectos� de las primeras, que son sus clar�simos antecedentes dentro del mismo contexto normativo. Por manera que si, como dice el �nico cargo formulado en la demanda, el Gobierno carecer�a de facultades para dar funciones a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, en raz�n de lo cual la Corte deber�a declarar la inexequibilidad de las normas sub examine, y a ello se accediera, de todos modos seguir�an vigentes las disposiciones del mismo Decreto que asigna las funciones y las atribuciones que son, seg�n lo ya expresado, las causas concretas de las normas acusadas. N�tido es, en este caso, el fen�meno de la proposici�n jur�dica incompleta, por cuanto la impugnaci�n formulada en la demanda apenas comprende el segundo t�rmino de la proposici�n legal y jur�dica existente entre los art�culos determinantes, o causantes, y los determinados como consecuencia de aqu�llos.

Esta situaci�n irregular de la demanda es extensiva a la totalidad de las normas que censura, pues a todas afecta el fen�meno indicado, unas como sustanciales que son, y otras como adjetivas en cuanto procedimentales, raz�n por la cual resulta evidente que la demanda adolece de un vicio suficiente para declarar su ineptitud sustantiva.

Declararse INHIBIDA para decidir de fondo en el presente proceso, por ineptitud sustantiva de la correspondiente demanda�.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Ministerio de Defensa Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco C., Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez (con salvamento de voto), Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ball�n, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandia (con salvamento de voto), Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro El�as Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria (con salvamento de voto).

Creo que el fen�meno de la �proposici�n jur�dica completa� debe repensarse. Personalmente he iniciado este proceso de revaloraci�n y el resultado actual, as� el an�lisis pueda pecar de deficiente, es el de separarme de tal tesis. Brevemente anoto algunos aspectos de tan importante tema:

1. Hablar de �ortodoxia constitucional� para mantener el imperio de esta teor�a, es dejar de ver lo que en el fondo ella constituye y ha constituido: el posible respeto de errores de tradici�n, apego a verdades aparentes y c�modas. Si se repasa su origen y sus casos de aplicaci�n m�s destacados, se advertir� que definiciones dif�ciles por el asunto y el momento hist�rico en que se exigi� el pronunciamiento judicial, se esquivaron con este donoso expediente.

2. Juzgo como infortunado este injerto o trasplante (que est� en mora de experimentar su esperado �rechazo�) del campo de la casaci�n civil, esfera en la cual no debe olvidarse que abundaron los motivos para las decisiones �inhibitorias� (�qu� no se dijo a este respecto de los � presupuestos procesales ��), hasta el punto de haber sido prop�sito de la reforma del C�digo de Procedimiento Civil, procurar su atenuaci�n.

3. Ahora, en materia m�s trascendental y en sistema muy diferente, se pretende mantener la tendencia inhibitoria de la proposici�n jur�dica incompleta. Conviene recordar que si en el sistema de la casaci�n civil existe una verdadera �t�cnica�, tanto m�s exigible cuanto que se proh�be la actuaci�n de persona no versada en la ciencia del derecho, no ocurre otro tanto en los juicios de constitucionalidad, empezando porque cualquier ciudadano, as� sea el m�s lego en materias jur�dicas y ajeno a esta especialidad, puede intentar la declaratoria de inexequibilidad de una norma. El mayor esfuerzo y compromiso, en esta labor de acierto, estar� de parte de la Sala y del Procurador, que del lado del actor. La soluci�n del problema encontrar� nitidez no tanto en los t�rminos de la acci�n como en los argumentos y alcances del fallo, los destinatarios de la Constituci�n no quedan tranquilos y satisfechos porque se diga, para mantener as� sea transitoriamente la vigencia de una norma inexequible, que el demandante olvid� la proposici�n jur�dica completa. Esta sensaci�n de seguridad s� aparece cuando la Corte, coincidiendo con el actor o apart�ndose de sus opiniones, mediante exhaustivo estudio, determina la inconstitucionalidad o constitucionalidad del precepto acusado o de los que con �l se relacionan de manera inescindible, insisto en destacar la pugna de conceptos. Al paso que la Constituci�n permite intervenir a quien no es experto en cuestiones jur�dicas, la Corte convierte su demanda en exquisita demostraci�n y manejo de esta ciencia, hasta el punto que debe dominar toda la legislaci�n positiva para advertir d�nde una disposici�n, la que cree el demandante viola la Constituci�n, forma unidad con otras dispersas en todo el cuadro de la legislaci�n positiva existente en el pa�s, requiriendo, como lo aprecia la t�cnica de casaci�n civil, se�alar �como vulnerados todos los textos que su estructura exige�.

No se entiende muy bien que limit�ndose la Corte a las censuras del demandante, hasta el punto de estimarse decisi�n extrapetita la inclusi�n en el fallo de normas citadas por el Procurador recomendadas por la Magistratura, se niegue la resoluci�n pedida, as� se advierta su inconstitucionalidad, por no haber citado el complemento legislativo que forme la llamada unidad de la proposici�n jur�dica. Si el accionante ha reducido su pretensi�n, porque as� lo quiere o su visi�n jur�dica no le da para m�s, �por qu� no se define la constitucionalidad del precepto acusado Si se acepta la restricci�n indicada, para el �rgano de decisi�n, se impone entonces la obligaci�n de pronunciarse sobre lo solicitado, aunque se diga que pudo y debi� extender m�s su pedimento.

Prefiere la Corte, con esta tesis que combato, dejar vigente un precepto legal que quebranta la Constituci�n, a quitarle de inmediato su eficacia, porque existen otros que deben correr la misma suerte. En este �ltimo caso, �por qu� no extender la decisi�n a las normas escrutadas por la Corte, en su tarea de establecer la proposici�n jur�dica completa �Acaso en la t�cnica de casaci�n no existe la posibilidad de ir m�s all� de lo demandado, cuando es necesario, para la unidad o coherencia del fallo, vincular otras partes de �ste que no han sido objeto de la impugnaci�n, pero que no pueden dejarse subsistentes ante la prosperidad del recurso extraordinario

�Qu� inter�s, qu� importancia tiene demorar la expedici�n del fallo con la compleja, subjetiva y aleatoria noci�n de la �proposici�n jur�dica completa�, si al tenerse que indicar los preceptos omitidos, se advierte de una vez c�mo debe repetirse la demanda �Desbordar� en algo la Corte su misi�n de guardar la integridad de la Constituci�n porque totalice el tema de decisi�n y cubra los varios aspectos legislativos que deben considerarse �No ser� ben�fico, plausible y propio a su funci�n que se declare la inconstitucionalidad de todo lo que tenga que declinar en su vigencia por este vicio �Qu� de torpe hay en aprobar el mantenimiento, por no contrariar la Carta, de la norma acusada, as� como de todas aquellas llamadas a formar con la misma integridad o unidad No alcanzo a advertir, en esta tesis, yerro, desv�o, abuso o falta de t�cnica.

Ahora bien, si se circunscribe el fallo a lo demandado, as� queden por fuera otros preceptos, sustancialmente vinculados a aqu�lla, �qu� defecto puede predicarse de la sentencia adoptada Ninguno. Lo que puede suceder es que al invocarse posteriormente la aplicaci�n de esas �otras� disposiciones, el respectivo funcionario acuda a la excepci�n de inconstitucionalidad, para lo cual le servir� eficazmente la determinaci�n tomada por la Corte.

Estas glosas, por ahora, son suficientes para disentir de la tradicional y conspicua tesis de la proposici�n jur�dica incompleta, acatada por el fallo de mayor�a.

del Magistrado Salcedo Segura en relaci�n con la sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad n�mero 940, sobre inexequibilidad de los art�culos 75 a 86 del Decreto 2349 de 1971, sobre Direcci�n General Mar�tima y Portuaria

El fundamento central de la sentencia de que discrepo es la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integraci�n de la proposici�n jur�dica completa.

Es un principio de derecho procesal que debe revaluarse el de que en materia de formalidades solamente puede se�alarlas el legislador y en manera alguna el juzgador. Cuando quiera que el fallador consagra formas procesales que conducen a desestimar las pretensiones de los particulares que hasta �l concurren impetrando justicia, las cuales no estaban previamente se�aladas en el ordenamiento procesal respectivo, en el fondo lo que se est� es denegando justicia, toda vez que los litigantes deben ajustarse exclusivamente a las formas rituales establecidas en la ley y jam�s a las que el juzgador tenga en mientes. Si el anterior principio debe ser de riguroso cumplimiento en los procesos en que act�an necesariamente abogados en representaci�n de las partes, con cu�nta mayor raz�n frente a la acci�n p�blica de inconstitucionalidad, la cual puede ser deprecada por cualquier ciudadano, sea o no abogado. Exigirles a todos los ciudadanos el conocimiento de conceptos procesales que muchas veces ignoran los propios abogados, es sencillamente hacer nugatoria la acci�n de inconstitucionalidad que por mandato expreso del constituyente le corresponde a todo ciudadano.

Ahora bien, concretamente en relaci�n con la proposici�n jur�dica completa, que seg�n reiterada jurisprudencia de la Corte consistir�a en que para que la Corte pueda decidir en el fondo una acci�n de inconstitucionalidad es indispensable que el ciudadano actor demande todas aquellas normas que quedar�an cobijadas por la inexequibilidad predicada, no parece, en concepto del suscrito, que sea suficiente raz�n para que la Corte se inhiba para pronunciarse respecto de la norma acusada. En primer lugar, porque rara vez una norma est� desligada de alguna otra, de tal suerte que lo que se predique de ella no repercuta en otra u otras. En segundo lugar, porque si la inconstitucionalidad de una norma aparejar�a la de otra, ese hecho no puede impedirle a la Corte pronunciarse sobre la acusada. En tercer lugar, porque muchas veces la conexidad de una norma con otra, que en principio dar�a lugar a la aplicaci�n de la teor�a de la proposici�n jur�dica completa, es apenas aparente, como paso a demostrarlo.

El art�culo 75 acusado, que es desarrollo evidente de otras normas del mismo Decreto 2349, contiene una definici�n del concepto de armador. Pero ocurre que con anterioridad a esa norma el C�digo de Comercio, en su art�culo 1473, lo ten�a definido en los siguientes t�rminos: �Ll�mase armador la persona natural o jur�dica que, sea o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan. La persona que figure en la respectiva matr�cula como propietario de una nave se reputar� armador, salvo prueba en contrario�. El art�culo 75 del Decreto 2349, acusado de inconstitucionalidad, vuelve a definir al armador en la siguiente forma:

�Para los efectos de la aplicaci�n de las normas contenidas en el presente Decreto, se entiende por armador colombiano la persona natural o jur�dica que explota naves de bandera colombiana. Y por nave de bandera colombiana, la que re�ne los requisitos se�alados en el C�digo de Comercio, Libro Y, Primera Parte�. He ah� dos definiciones diferentes, siendo evidentemente que la del C�digo, primera en el tiempo, es mucho m�s completa que la del Decreto, norma posterior, toda vez que hace referencia a conceptos mucho m�s amplios y precisos no contenidos en �sta, tales como el aparejamiento, apertrechamiento, expedici�n, responsabilidad y matr�cula �Cu�l de las dos normas es la actualmente vigente Si se aplicaran normas generales sobre vigencia de la ley en el tiempo habr�a lugar a concluir que la norma posterior, la del Decreto acusado de inconstitucionalidad, deroga la anterior, la del C�digo. Empero, debe tenerse en cuenta que el Decreto acusado fue dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de precisas facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7� de 1970, dentro de las cuales no est�, en manera alguna, la de reformar, derogar o sustituir al C�digo de Comercio. Como consecuencia de lo anterior es indubitable que el art�culo 75 del Decreto est� afectado de inconstitucionalidad por cuanto al dictarlo el legislador extraordinario excedi� las facultades otorgadas por el Congreso, raz�n por la cual tal norma es violatoria del art�culo 118-8, en concordancia con el 76-12 de la Carta.

Si se examina la obvia inconstitucionalidad del art�culo 75 del Decreto por los conceptos que atr�s quedan consignados y que el suscrito Magistrado tuvo oportunidad de expresar en reuni�n de la Sala Plena en que se discuti� el punto, se llega a la evidente conclusi�n de que ese art�culo es aisladamente inconstitucional, sin que la misma afecte a otro u otros art�culos del mismo Decreto que, seg�n el criterio de la mayor�a, integrar�an la proposici�n jur�dica completa, de donde se infiere que la simple relaci�n de unas normas con otras no es �bice para que la Corte pueda y deba entrar a decidir sobre su exequibilidad, la situaci�n concreta del art�culo 75, que es inconstitucional por razones distintas de las predicadas por el ciudadano actor en su libelo, es una demostraci�n palmaria del errado criterio que tuvo la mayor�a para declararse inhibida para decidir en el fondo.