Sentencia 198201712409211 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020166198201712409211Carlos Medell�n198224/05/1982198201712409211_Carlos Medell�n_1982_24/05/198230020164FALTA DE REQUISITOS EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Inhibici�n para decidir de fondo la demanda formulada contra el art�culo 26 del Decreto n�mero 2743 de 1968, por ineptitud sustantiva de la misma Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Liliana A�da Lizarazo Vacca411982017124092112409ARTICULO 26 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NUMERO 2743 DE 1968Identificadores30030066306true1142377original30066332Identificadores

Norma demandada: �ARTICULO 26 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NUMERO 2743 DE 1968

Inhibici�n para decidir de fondo la demanda formulada contra el art�culo 26 del Decreto n�mero 2743 de 1968, por ineptitud sustantiva de la misma

Normas acusadas: Art�culo 26 del Decreto extraordinario n�mero 2743 de 1968.

Liliana A�da Lizarazo Vacca, ciudadana colombiana, en uso del derecho que le concede la Constituci�n Pol�tica de Colombia, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que declare inexequible el art�culo 26 del Decreto extraordinario 2743 de 1968, cuyo texto es el siguiente:

�por el cual se crean el Consejo Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.

Art�culo 26. Adscrito al Instituto funcionar� el Tribunal del Deporte, integrado por cinco (5) miembros nombrados por el Ministerio de Educaci�n Nacional, de listas propuestas por la Junta Directiva, y que ser�n personas de reconocida solvencia moral, no vinculadas actualmente a cargos directivos de ninguna asociaci�n deportiva. Dicho Tribunal, seg�n lo que determine por reglamentaci�n el Ministerio, ser� tribunal de �ltima instancia y tendr� la potestad de aplicar sanciones disciplinarias o recomendar al Gobierno aplicar las que correspondan a aqu�l en los casos de violaci�n de las normas legales, las reglamentaciones del Instituto y los convenios internacionales�.

En la demanda se indican como objetos de violaci�n los art�culos 76-9 y 120-21 de la Constituci�n Nacional, �as� como la Ley 65 de diciembre 28 de 1967�.

�El art�culo 26 del Decreto n�mero 2743 de 1968 viola la Ley 65 de 1967, al configurar una extralimitaci�n de las facultades conferidas por dicha ley al Presidente de la Rep�blica�, porque �en ninguna de �stas se consagr� la posibilidad de que el Gobierno pudiera adscribir a un establecimiento p�blico un Tribunal de �nica instancia encargado de aplicar sanciones disciplinarias�.

a) El cargo de inconstitucionalidad formulado, seg�n el cual al expedir la norma acusada el Gobierno excedi� las facultades que le hab�an sido conferidas por la Ley 65 de 1967, no tiene conexi�n alguna con los art�culos 76-9 y 120-21 de la Carta que se indican como objeto de violaci�n;

b) Los requisitos que para las demandas de inconstitucionalidad exige el art�culo 16 del Decreto n�mero 432 de 1969 �se encuentran estrechamente ligados, por manera que, si por ejemplo, el actor al exponer las razones de la violaci�n presenta argumentos que se dirigen a sostener la inconstitucionalidad de normas distintas a las transcritas, o, como acontece en el caso en examen, las razones expuestas se dirigen a sustentar la violaci�n de normas constitucionales distintas de las que �l menciona como violadas, la demanda, aparentemente apta, adolece de ineptitud sustantiva�;

c) La disposici�n legal que obliga a la Corte a hacer la confrontaci�n de la disposici�n acusada con la totalidad de los preceptos de la Constituci�n debe entenderse como procedente �s�lo cuando la demanda re�ne los muy sencillos requisitos se�alados en el art�culo 16 del Decreto n�mero 432 de 1969�;

d) �Para entrar en el examen y decisi�n de fondo se requiere, sin duda, �acusaci�n previa debidamente formulada�. En el presente caso, las razones aducidas en la demanda �no se dirigen a sustentar la violaci�n de las normas constitucionales que el mismo impugnante se�ala como infringidas�.

Ello equivale a que el concepto de la violaci�n no ha sido expuesto, �pues no se trata de un juicio de valor errado, sino de que no hay juicio alguno�.

e) En este caso, la Corte debe proferir fallo inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda, �pues el car�cter p�blico de la acci�n no puede conducir al extremo de que cualquier escrito de un ciudadano obligue a un pronunciamiento de fondo de la Corte, simplemente porque re�no los requisitos externos de una demanda de inconstitucionalidad�.

Primera. La demanda que se va a decidir acusa de inconstitucionalidad del art�culo 26 del Decreto extraordinario n�mero 2743 de 1968. La demandante afirma que dicha norma es lesiva de los art�culos 76-9 y 120 de la Carta. Y agrega, con evidente error en cuanto a los fundamentos b�sicos de una demanda de inexequibilidad, que tambi�n la norma acusada es violatoria de la Ley 65 de 1967. Se puede pensar que, al sostener el exceso en el uso de las facultades otorgadas al Presidente de la Rep�blica por dicha Ley, la demandante ha llegado a la conclusi�n de que �sta ha sido lesionada por otra norma legal, como lo es tambi�n la que acusa, olvidando el principio elemental de que, en trat�ndose de acciones de inconstitucionalidad el deber primordial de la Corte es la confrontaci�n de las normas impugnadas con las prescripciones de la Carta, que son las de superior jerarqu�a.

Segunda. Con exceso de amplitud en el estudio de la demanda podr�a aceptarse la equivocaci�n de la actora en el se�alamiento de la Ley 65 como materia de violaci�n, para decir, en cambio que �sta puede encontrarse en el art�culo 118-8 de la Carta, si en su libelo diera argumentos tendientes a demostrar la supuesta violaci�n por exceso en el uso de las facultades. Pero el cargo se limita a afirmar que el Gobierno no ten�a facultades para crear un tribunal disciplinario, sin explicaci�n alguna de tal afirmaci�n, ni raz�n que le sirva de fundamento. Lo mismo ocurre con relaci�n a las violaciones de los art�culos 76-9 y 120-21 de la Constituci�n, sobre los cuales la actora tampoco ofrece raz�n alguna en apoyo de su aserto y su demanda.

Tercera. �El Decreto n�mero 432 de 1969, al determinar en su art�culo 16 los requisitos de toda demanda en acci�n de inexequibilidad, los indica as�: �... deber� dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, por escrito, en duplicado, y contener: 1�. La transcripci�n literal de la disposici�n o disposiciones acusadas como inconstitucionales; 2� El se�alamiento o designaci�n de los textos constitucionales que se consideren infringidos; 3� Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, y 4� Cuando fuere el caso, la declaraci�n de si al expedirse el acto demandado, se quebrant� el tr�mite impuesto por la Constituci�n y en qu� forma��.

Estas exigencias de la ley, como bien lo observa el Procurador, guardan estrecha relaci�n entre s� en cuanto elementos comunes de las demandas de inexequibilidad: el primero se refiere al objeto de la acci�n (res); el segundo y el cuarto a la materia de la violaci�n, la cual, unida a la demostraci�n racional del hecho, que debe estar contenida en el 3�, constituye el motivo de la demanda (causa petendi). El conocimiento de estos elementos se realiza en dos etapas: en la primera se les verifica en cuanto formalidades; en la segunda se les analiza en cuanto a sus contenidos. Por eso con raz�n ha dicho la Corte que �la admisi�n de una demanda no conduce necesariamente a un pronunciamiento de fondo, ya que bien puede inhibirse la Corte cuando a pesar de estar cumplidos los requisitos externos se encuentra que se ha omitido la exposici�n de las razones justificativas de la violaci�n de la Carta� (fallos de octubre 6 de 1981 y de agosto 28 de 1970).

Cuarta. Lo anterior es precisamente lo que ocurre en el presente asunto. El escrito de la demanda ofrece en el folio 2 lo que denomina �concepto de violaci�n�. Sin embargo, de su estudio se deduce el incumplimiento de lo ofrecido, pues no se encuentran all� �las razones por las cuales se estiman violados� los textos que se indican como materia de lesi�n. Y al no cumplirse esta exigencia, ya no formal sino sustancial de la demanda, le falta a ella uno de sus elementos esenciales, lo que es suficiente para declarar su ineptitud sustantiva, como lo ha solicitado el Procurador.

�En consecuencia de estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia �Sala Plena�, con base en el estudio de la Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n,

DECLARARSE INHIBIDA para decidir de fondo la demanda formulada contra el art�culo 26 del Decreto extraordinario n�mero 2743 de 1968, por ineptitud sustantiva de la misma�.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, H�ctor G�mez Uribe, Germ�n Giraldo Zuluaga, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ball�n, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandia, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Seguro, Pedro El�as Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.