Sentencia 198201712409181 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020160198201712409181Manuel Gaona Cruz198212/05/1982198201712409181_Manuel Gaona Cruz_1982_12/05/198230020158NUEVO C�DIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL � CARENCIA DE OBJETO La Corte se abstiene de fallar en el fondo, por carencia de objeto sobre el cual proferir decisi�n. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Jorge Cardoso Isaza y J. Cl�maco Giraldo G�mez381982017124091812409LEY 6 DE 1979Identificadores30030066252true1142306original30066278Identificadores

La Corte se abstiene de fallar en el fondo, por carencia de objeto sobre el cual proferir decisi�n.

Hall�ndose vigente el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, los ciudadanos Jorge Cardozo Isaza y Cl�maco Giraldo G�mez, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n, solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 6� de 1979, �por la cual se conceden unas facultades extraordinarias relacionadas con la expedici�n y vigencia de un nuevo C�digo de Procedimiento Penal�, as� como del Decreto-ley 181, �por el cual se expide el C�digo de Procedimiento Penal, en la integridad de su articulado�.

La Sala Constitucional admiti� la demanda �nicamente en lo propuesto contra la ley y neg� su admisi�n en cuanto al Decreto, mediante los autos de 26 de agosto y de 8 de septiembre de 1981, seg�n los cuales, para cumplir el requisito del numeral 3� del art�culo 16 del Decreto n�mero 432 de 1969, han debido los actores especificar las razones por las cuales cada uno de los art�culos del C�digo acusado violaban la Constituci�n, y no limitarse simplemente a mencionar por v�a de ejemplo violaciones sobre algunos de ellos.

�por la cual se conceden unas facultades extraordinarias, relacionadas con la expedici�n y vigencia de un nuevo C�digo de Procedimiento Penal.

�Art�culo 1� De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de dos a�os, contados a partir de la promulgaci�n de la presente Ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo de Procedimiento Penal, siguiendo los lineamientos generales del anteproyecto de C�digo de Procedimiento Penal presentado por el Gobierno a la C�mara de Representantes el d�a 3 de agosto de 1978, en cuanto no se oponga a las bases enunciadas a continuaci�n. El mencionado proyecto formar� parte del expediente para los efectos de esta Ley:

�a) La orientaci�n filos�fica del C�digo consultar� los principios constitucionales y de universal vigencia que garantizan los derechos de la sociedad sin desmedro de los del procesado, tales como el de legalidad, derecho de defensa, favorabilidad, presunci�n de inocencia, igualdad, lealtad entre las partes y el de adecuaci�n a los tratados internacionales relativos a los derechos humanos del individuo;

�b) La estructura general del proceso descansar� sobre una funci�n instructora, una funci�n de acusaci�n y una funci�n de juzgamiento;

�c) El proceso se organizar� sobre un sistema mixto, con marcada acentuaci�n hacia el acusatorio, eliminando el auto de proceder, el sobreseimiento temporal y en lo posible el procedimiento escrito, adem�s se consagrar� el Principio de la Excarcelaci�n;

�d) En desarrollo de la funci�n de perseguir los delitos y contravenciones que la Constituci�n Nacional atribuye al Ministerio P�blico, al Fiscal General de la Naci�n o a quien haga sus veces, se reglamentar� la manera como �ste debe formular el cargo, en los casos en que a ello hubiere lugar, otorg�ndole la calidad de parte acusadora;

�f) Se reglamentar� la Polic�a Judicial, la cual ejercer� sus funciones bajo la exclusiva direcci�n y dependencia de la Direcci�n Nacional de Instrucci�n Criminal o de la Fiscal�a General de la Naci�n; buscando la integraci�n de unidades de Polic�a Judicial bajo la coordinaci�n del Juez Instructor o de quien haga sus veces y asegurando que la instrucci�n sea continua, para todo lo cual se les adscribir�n tambi�n oficinas m�dico-legales y los laboratorios forenses;

�g) Fuera de los casos de flagrancia y cuasi- flagrancia la captura obrar� exclusivamente por orden de la autoridad judicial.

�El sindicado tendr� derecho de ser asistido por un abogado en todos los interrogatorios a que sea sometido y a conferenciar con �l desde el momento mismo de la captura, adem�s, el sindicado no estar� obligado a declarar, pero si lo quiere hacer, deber� prestar juramento y podr� ser interrogado como cualquier testigo;

�h) La defensa y la acusaci�n participar�n en el proceso en absoluto pie de igualdad;

�i) La suspensi�n condicional de la sentencia deber� extenderse para todos los casos de penas cortas, con excepci�n de la reincidencia;

�j) Se adoptar� un sistema legal con el fin de establecer medios mec�nicos modernos para la adecuaci�n de pruebas y la documentaci�n de los actos procesales;

�k) Se consagrar� un eficaz sistema de habeas corpus y se conservar� el principio de las dos instancias;

�l) Se conservar� la instituci�n del jurado de conciencia; se reglamentar� con miras a asegurar su operatividad y se determinar�n los delitos que deben ser juzgados con esta ritualidad, incluyendo necesariamente el de homicidio;

�ll) Adem�s del procedimiento ordinario se establecer�n uno especial, abreviado, para los casos de flagrancia, cuasi flagrancia y confesi�n y para el juzgamiento de delitos de escasa significaci�n jur�dico penal y otro policivo, para delitos de poca entidad;

�m) Aquellos municipios donde, por el escaso volumen de trabajo, no se justifique un juez del conocimiento permanente, ser�n integrados en c�rculos. Para cada c�rculo ser� nombrado un solo juez. Cuando las circunstancias var�en, el Gobierno, previo concepto favorable de la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, desintegrar� los c�rculos y crear� el juzgado para cada uno de los municipios que lo compon�an.

�Art�culo 2� El Presidente ejercer� las facultades asesorado de una comisi�n integrada por dos Senadores y tres Representantes, nombrados por las mesas directivas de las Comisiones Primera de ambas C�maras y por un miembro de la comisi�n redactora del anteproyecto del C�digo de Procedimiento Penal, designado por el Gobierno.

�Art�culo 3�. El nuevo C�digo entrar� en vigencia un a�o despu�s de su expedici�n, previa la divulgaci�n del mismo que adelantar� el Ministerio de Justicia.

�Art�culo 4� El Gobierno rendir� al Congreso un informe acerca de la manera como ejerci� las facultades y lo har� dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la expedici�n del C�digo, si estuviere reunido el Congreso, o dentro de los treinta primeros d�as de las pr�ximas sesiones ordinarias.

En opini�n de los demandantes fueron transgredidos los art�culos 2, 20, 23, 25, 26, 28, 53, 55, 58, 76,12, 82, 85, 118-8, 120-2, 144 y 145 de la Carta.

Dos anotaciones hace la Corte a este respecto: la de que las violaciones se�aladas se sustentan tanto en relaci�n con la Ley como con el Decreto, aunque lo demandado contra �ste no se admiti�, y la de que algunos de los preceptos constitucionales se�alados como infringidos ya no rigen, debido a que mediante sentencia de la Sala Plena de noviembre 3 de 1981, fueron declarados inexequibles.

Por las razones que m�s adelante se expondr�n, no es menester hacer recuento alguno sobre los argumentos de inconstitucionalidad que en su libelo presentaron los demandantes.

Estando a�n vigente el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, el ciudadano Edgardo Gonz�lez Vidales, quien manifest� obrar en su propio nombre y como �apoderado del Ministerio de Justicia� (sic), se opuso a las pretensiones de la demanda porque la Ley 6� de 1969 ya hab�a sido declarada exequible por la Corte.

El ciudadano Alfonso Isaza Moreno expres� compartir las razones de inconstitucionalidad de la Ley, expuestas por los demandantes

Fue rendida tambi�n cuando todav�a reg�a el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, el 13 de octubre de 1981, y corresponde a la n�mero 513. Mediante ella, el Procurador manifiesta que por cuanto ya existen decisiones definitivas de la Corte sobre la Ley 6� de 1979, se est� a lo resuelto en sentencia de 28 de marzo y 9 de abril de 1980.

1. El impugnador invoca su intervenci�n en este proceso en su doble condici�n de �ciudadano� y de �apoderado del Ministerio de Justicia�.

a) Aunque el derecho de petici�n consagrado en el art�culo 45 de la Carta se otorga a �toda persona�, sin embargo, la acci�n de inconstitucionalidad contra leyes, y decretos con fuerza y jerarqu�a de ley, s�lo se reconoce a la persona natural que tenga la calidad de �ciudadano�, seg�n lo dispuesto en la facultad 2� in fine, del art�culo 214 de la Carta y en el art�culo 16 del Decreto n�mero 432 de 1969;

b) Adem�s, los Ministerios no son personas jur�dicas y por lo mismo nadie puede v�lidamente otorgar poder en su nombre, ni actuar en su representaci�n como �apoderado�. Aquellos organismos de la Administraci�n hacen parte de le persona jur�dica denominada �Naci�n�, pero �sta no es parte en los procesos de inconstitucionalidad ante la Corte, y de llegar a serlo, en gracia de argumento, su representante legal no podr�a ser un ministro, sino el Procurador (C. N. Art. 143);

d) De otra parte, deja en claro la Corte que ante ella no procede considerar intervenciones de impugnaci�n� contra acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, as� aqu�llas provengan de ciudadanos, pues seg�n el r�gimen jur�dico vigente, los memoriales de impugnaci�n �nicamente son de recibo en los casos en que la Corte ejerce de oficio el control de constitucionalidad sobre decretos de estado de sitio o de emergencia econ�mica y social, al tenor de lo preceptuado en los art�culos 214 de la Carta y 14 del Decreto n�mero 432 de 1969;

e) Lo anterior no empece que un ministro, en su calidad de mero ciudadano, mas no de representante de un ministerio, pues �ste no es persona jur�dica, otorgue poder para que en su nombre se inicie �acci�n� (nunca impugnaci�n) de inconstitucionalidad ante la Corte.

As� mismo, no es de suyo descartable admitir demanda o acci�n de inconstitucionalidad ante la. Corte, que no es lo mismo que impugnaci�n, por parte de cualquier abogado que diga actuar a nombre de persona existente o no, con tal de que �l acredite ser ciudadano.

f) En consecuencia, por lo expresado, dado que el impugnador invoca su calidad de apoderado de una persona jur�dica que no existe, que no act�a como demandante sino como parte que impugna una demanda ciudadana de inconstitucionalidad contra una ley, y que, aunque ha demostrado su condici�n de ciudadano, �sta ser�a atendible en el presente asunto s�lo si su calidad correspondiese a la de demandante y no a la de impugnador, se desestima para el caso sub lite su pretensi�n.

2. Por razones similares a las expresadas en la letra ordinal d) del numeral precedente de este ac�pite, tampoco se considerar� el memorial de coadyuvancia presentado en este negocio.

Los ciudadanos s�lo pueden actuar como �coadyuvantes� en los casos de revisi�n forzosa de constitucionalidad respecto de decretos de estado de sitio o de emergencia econ�mica y social, siguiendo lo establecido en el art�culo 214 de la Carta y en el 14 del Decreto 432 de 1969.

Lo aqu� afirmado no equivale a impedirle a cualquier ciudadano su derecho para que act�e como demandante respecto de disposici�n o disposiciones ya acusadas, cuya inexequibilidad busque sustentar.

1. Conforme a lo preceptuado en el art�culo 214 de la Constituci�n y en el Decreto n�mero 432 de 1969, es competente la Corte para decidir sobre demandas de inconstitucionalidad contra leyes y por ende respecto de la que se acusa.

Sin embargo, para el presente caso no basta sustentar la competencia de esta Corporaci�n, por raz�n de la materia, en relaci�n con la ley demandada, sino que es indispensable adem�s advertir que �sta ya hab�a sido declarada exequible por la Corte, y que luego de la decisi�n referida se expidi� una nueva Ley, la 2� de 1982, que enerv� la vigencia de aqu�lla.

En efecto, se deja en claro que mediante sentencia del 28 de marzo de 1980, la Sala Constitucional de la Corte hab�a declarado exequible la parte que hab�a sido acusada de la letra g) del art�culo 1� de la citada Ley, seg�n la cual �... el sindicado no estar� obligado a declarar, pero si lo quiere hacer, deber� prestar juramento y podr� ser interrogado como cualquier testigo�.

Sabido es adem�s que mediante sentencia ulterior, de abril 9 de 1980, la misma Sala hab�a declarado exequibles en su integridad las Leyes 5� y 6� de 1979.

2. De otra parte, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, que en amplia medida parec�a haber servido de base jur�dica a la Ley 6� de 1979, el propio legislador ordinario consider� indispensable expedir la Ley 2� de 1982.

El art�culo 1� de la nueva Ley derog� el Decreto n�mero 181 de 1981, que con fundamento en las facultades de la ley matriz acusada hab�a sido expedido como C�digo de Procedimiento Penal. El art�culo 2� adopt� como C�digo de Procedimiento Penal, en lugar del derogado, el Decreto n�mero 409 de 1971, que en realidad nunca dej� de regir, pues rep�rese en que aqu�l s�lo iba a entrar en vigencia a partir del 29 de enero del presente a�o, pero la Ley 2� de 1982, que fue sancionada el 11 de enero y publicada el 21 del mismo mes en el Diario Oficial n�mero 35928 lo impidi�.

�3. As� las cosas, la Corte, en este caso, debe abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo sobre lo que se demanda.

En efecto, cuando reg�a la Ley acusada, hab�a sido declarada exequible y se hallaba amparada por el principio de la cosa juzgada; m�s tarde, estando a�n vigente dicha Ley 6�, fue declarado inexequible el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, en el que al parecer se sustentaba la validez de buena parte de ella; por �ltimo, la referida Ley 6�, fue despu�s retirada del orden jur�dico, antes de producir efecto alguno, ya que el decreto que se expidi� bajo su �gida nunca entr� a regir. Por todo lo cual, la Corte no halla objeto sobre el cual pueda emitir fallo de fondo�.

Con fundamento en lo expresado, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n,

�ABSTENERSE de fallar en el fondo sobre la acusaci�n contra la Ley 6� de 1979, por carencia de objeto sobre el cual proferir decisi�n�.

Comun�quese, c�mplase, inf�rmese al Congreso y al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Manuel Gaona Cruz, Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Jos� Eduardo Gnecco C., Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz (con salvamento de voto), Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Humberto Murcia Ball�n, Alberto Ospina Botero, Alfonso Beyes Echandia, Luis Enrique Romero Soto, Pedro El�as Serrano Abad�a, Oscar Solazar Ch�vez (Conjuez), Jorge Salcedo Segura, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.

No comparto la motivaci�n primera del fallo, denominada �La impugnaci�n y la coadyuvancia�, porque la considero innecesaria para decidir el proceso y porque como el art�culo 214 de la Constituci�n descarta claramente la una y la otra en las acciones p�blicas de inexequibilidad, tratar sobre un tema desechado de antemano por la Carta equivale a razonar en el vac�o y a teorizar de manera poco �til.