300Corte SupremaCorte Suprema30030020158198201712409176Carlos Medellín198211/05/1982198201712409176_Carlos Medellín_1982_11/05/198230020156COSA JUZGADA La Corte está a lo resuelto en la sentencia del 11 de mayo de 1982. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982
Dionisio Gómez Rodado371982017124091762409ARTICULOS 4 Y 5 DEL DECRETO-LEY NUMERO 3152 DE 1968Identificadores30030066235true1142289original30066261Identificadores

Norma demandada:  ARTICULOS 4 Y 5 DEL DECRETO-LEY NUMERO 3152 DE 1968


COSA JUZGADA

La Corte está a lo resuelto en la sentencia del 11 de mayo de 1982.

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena

Ref.: Expediente número 917.

Normas acusadas: Artículos 4° y 59 del Decreto número 3152 de 1968.

Actor: Dionisio Gómez Rodado.

Magistrado ponente: doctor Carlos Medellín.

Sentencia número 20.

Aprobado por Acta número 37.

Bogotá, D. E., 11 de mayo de 1982.

En ejercicio del derecho que le concede la Constitución Política de Colombia, el ciudadano Dionisio Gómez Rodado solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare inexequibles los artículos 4º y 5° del Decreto extraordinario número 3152 de 1968, cuyos textos son los siguientes:

“Artículo 4° Para efectos de la interpretación de las disposiciones legales vigentes, se entiende por Educación Física las actividades gimnásticas, deportivas, atléticas y campistas”.

“Artículo 5° Para efectos de la aplicación de las disposiciones legales vigentes, la denominación Deportes incluye las ramas de aficionados y profesionales”.

El demandante indica como normas violadas los artículos 2º, 10, 55, 56, 57, 76-1 y 12, 118-8 y 120-2 de la Constitución. También señala como objeto de violación el artículo l9 de la Ley 65 de 1967.

Razones

El actor aduce las siguientes razones:

“Si se examina el artículo 1º de la Ley 65 de 1967, ley que dio facultades al Presidente de la República por el término de un año, para organizar el sector público, para fijar las asignaciones de este sector, para modificar las normas sobre carrera administrativa y régimen de prestaciones de los empleados oficiales, no puede concluirse que esas facultades se extiendan también a la posibilidad por parte del Gobierno de ejercer la atribución establecida en el numeral 1° del artículo 76 de la Constitución Nacional, norma que le da al Congreso la facultad de ‘interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes’. Ni esa facultad puede colegirse de una bondadosa interpretación de la ley de autorizaciones, que tuvo como objetivo la variación no de la legislación sustantiva, sino de los organismos encargados de ejercer funciones estatales. Entonces, si la Ley 65 de 1967 no otorgó facultades al Presidente de la República para interpretar las leyes relacionadas con educación física o con deportes….tendrá que concluirse que los artículos objeto de la acusación son inconstitucionales... Y procede esa declaratoria por cuanto al expedirlo el Gobierno Nacional excedió el mandato conferido por el artículo 1º de la Ley 65 de 1967”.

Concepto del Procurador

El Procurador General de la Nación afirma:

1º. “El hecho de que el actor afirme en su demanda que ‘hoy en día se requiere que esas facultades (extraordinarias y pro tempore) sean solicitadas por el mismo Gobierno’, indica que la correspondiente ley de facultades, para el caso en cuestión de la Ley 65 de 1967, hubiera sido emitida por el Congreso ‘a solicitud del mismo Gobierno’. Como cuando se expidió la Ley 65 de 1967 no regía la norma constitucional que introdujo la condición de conceder facultades extraordinarias ‘a solicitud del Gobierno’, como después lo estableció el Acto Legislativo número 1 de 1979 en su artículo 14, la postura del demandante conlleva una exigencia de aplicación retroactiva de esta última disposición, lo cual bajo ningún aspecto es jurídicamente aceptable”.

2º. “Las facultades extraordinarias, es apenas natural, deben ser ciertamente precisas, pero esta precisión mal puede entenderse que vaya a los extremos de los singularismos y particularismos que algunos alegan: basta, pues, que las facultades otorgadas fijen o señalen con precisión la materia de la delegación”.

3º. “... la facultad de ‘suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en los institutos y empresas oficiales y acordar autonomía o descentralizar el funcionamiento de oficinas de la Administración que así lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines’ ”, dada en el artículo 1º, literal i) de la Ley 65 de 1967, en virtud de la cual se expidieron las normas acusadas, “conlleva la capacidad en el legislador extraordinario para que éste, dentro del término que la ley le señala, reordene la administración pública y por ende haga las precisiones pertinentes, definiendo, como ocurre en el caso en cuestión, qué se entiende por ‘Educación Física’ y que corresponde o incluye la denominación ‘Deportes’, como quiera que tales precisiones o definiciones o interpretaciones son indispensables para que la entidad creada al respecto pueda cumplir cabalmente sus objetivos”.

Consideraciones de la Corte

Mediante reciente fallo de la Corte con ponencia del Magistrado Luis Carlos Sáchica, de fecha 11 de mayo de 1982, en el proceso de constitucionalidad promovido por la ciudadana Mabel Pinzón Martínez (expediente número 934), fueron declarados exequibles los mismos artículos 4º y 5º del Decreto extraordinario número 3152 de 1968. En consecuencia, en el presente caso la Corte procederá conforme al principio de la cosa juzgada erga omnes.

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala Plena—, previo el examen de la demanda efectuado por la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución,

Resuelve

ESTESE A LO DECIDIDO en la sentencia de la Corte de fecha 11 de mayo de 1982 (expediente número 934), que declaró exequibles los artículos 4º y 5º del Decreto extraordinario número 3152 de 1968.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Carlos Sáchica Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, César Ayerbe Chaux, Manuel Enrique Daza, Fabio Calderón Botero, José María Esguerra S., Dante Luis Fiorillo P., Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco C., Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis Enrique Romero S., Jorge Salcedo Segura, Pedro Elías Serrano A., Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.