Sentencia 198201712409174 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020157198201712409174Luis Carlos S�chica198211/05/1982198201712409174_Luis Carlos S�chica_1982_11/05/198230020155PRECISION DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO Exequibilidad de los art�culos 4� y 5� del Decreto n�mero 3152 de 1968 Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Mabel Pinz�n Mart�nez371982017124091742409ARTICULOS 4 Y 5 DEL DECRETO-LEY NUMERO 3152 DE 1968Identificadores30030066228true1142282original30066254Identificadores

Exequibilidad de los art�culos 4� y 5� del Decreto n�mero 3152 de 1968

Normas demandadas: Art�culos 4� y 5� del Decreto n�mero 3152 de 1968. Educaci�n F�sica y Deportes).

Mabel Pinz�n Mart�nez, en su condici�n de ciudadana, pidi� que la Corte declare inconstitucionales los art�culos 4� y 5� del Decreto n�mero 3152 de 1968, que dicen:

�Art�culo 4� Para efectos de la interpretaci�n de las disposiciones legales vigentes, se entiende por educaci�n f�sica las actividades gimn�sticas, deportivas, atl�ticas y campistas.

�Art�culo 5� Para efectos de la aplicaci�n de las disposiciones legales vigentes, la denominaci�n deportes incluye las ramas de aficionados y profesionales�.

La actora estima que las disposiciones transcritas violan el art�culo 76, numeral 12 de la Constituci�n, en tanto exceden las facultades extraordinarias de que invisti� al Gobierno la Ley 65 de 1967, aunque sin indicar dentro de la gran variedad de tales facultades cu�l de ellas es la desbordada por aquellos art�culos.

Concreta tal cargo afirmando que en dicha Ley no se confiere facultad para interpretar disposiciones legales ni para hacer definiciones legales, como las contenidas en las normas acusadas. Al formular esas definiciones y conceptos �limita el �mbito de imperio que tiene la ley m�s a�n cuando no se especifica qu� clase de normas son las vigentes y que al hacer la definici�n de deportes se limita a dar dos clases de ramas en que se incluyen los atletas sin decir concisamente qu� significa la palabra deportes, que es la que est�n calificando para la aplicaci�n de una norma o normas. El art�culo debi� ser, al igual que el 4�, expl�cito en la clase de normas a que se refer�a la aplicaci�n y as� como enumer� a dos clases o categor�as de deportistas, debi� terminar de hacerlo con todos aqu�llos a los que cobija dicho Decreto o no haber enumerado. Consecuencialmente se viola la Ley 65 de 1967, al querer aparecer como facultad del legislador la elecci�n de las personas sobre las que recae la Ley y del mismo modo se viola el art�culo 76 en su numeral 12, puesto que dentro de las facultades extraordinarias no est� la de limitar la aplicaci�n de la ley a ning�n �mbito�.

A esta demanda se le dio el tr�mite se�alado por el Decreto n�mero 432 de 1969 y, dentro del mismo, el Procurador General de la Naci�n opin�, en concepto n�mero 536 del 14 de enero de 1982, que las normas impugnadas son constitucionales, puesto que la facultad dada en el art�culo 1�, letra i) de la Ley 65 en menci�n para �suprimir, fusionar y crear dependencias en la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, y en los institutos y empresas oficiales... que as� lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines�, implica lo siguiente:

�As�, pues, la facultad de �suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder P�blico y en los institutos y empresas oficiales y acordar autonom�a o descentralizar el funcionamiento de oficinas de la Administraci�n que as� lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines�, conlleva la capacidad en el legislador extraordinario para que �ste, dentro del t�rmino que la ley le se�ala, reordene la administraci�n p�blica y por ende haga las precisiones pertinentes, definiendo, como ocurre en el caso en cuesti�n, qu� se entiende por �Educaci�n F�sica� y qu� comprende o incluye la denominaci�n �Deportes�, como quiera que tales precisiones o definiciones o interpretaciones son indispensables para que la entidad creada al respecto pueda cumplir cabalmente sus objetivos. Porque si se crea el Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte y no se hacen las precisiones o definiciones pertinentes, t�cnicamente entonces podr�a la entidad incurrir en situaciones absurdas o an�malas al desarrollar su actividad.

�Justamente para evitar desbordes administrativos, desviaciones o abusos de poder del organismo o ente creado, es necesario precisar al m�ximo por parte del legislador extraordinario, el �mbito de las actividades de aqu�l, el marco de su actuaci�n, en forma tal que su quehacer administrativo se desenvuelva por carriles previamente reglados. Y la forma m�s t�cnica y pertinente sobre el particular, es evidentemente haciendo lo que hizo el Presidente de la Rep�blica a trav�s de los dos art�culos demandados por el actor. (...)�.

La Corte es competente para conocer de este asunto, de acuerdo con el art�culo 214 de la Constituci�n.

El Decreto a que pertenecen las disposiciones acusadas fue dictado dentro de los l�mites temporales se�alados en la Ley 65 de 1967.

Como lo anot� el Procurador, la demandante indica, equivocadamente, como violado el numeral 12 del art�culo 76 del estatuto constitucional, habiendo debido referirse al ordinal 8� del art�culo 118, pues se trata no de la validez de la ley de facultades sino del ejercicio que de �stas hizo el Gobierno.

Al examinar las normas acusadas, la Corte encuentra que las precisiones conceptuales hechas en ellas sobre las nociones de �educaci�n f�sica� y �deportes�, dadas para la interpretaci�n y aplicaci�n de las disposiciones legales pertinentes, eran indispensables dentro del contexto del Decreto a que pertenecen, ya que se trataba de la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, cuyas funciones son precisamente el est�mulo de dichas actividades, mediante la prospectaci�n y ejercicio de los planes correspondientes. Es bien f�cil entender que si no se determina con exactitud el sentido que en el �mbito jur�dico deben tener aquellas expresiones, no se habr�n acotado con la precisi�n debida las competencias asignadas a dicha entidad.

�De otra parte, no es t�cnico sostener que una ley de facultades, extremando el rigorismo sobre su precisi�n, deba darlas expl�citamente para formular las definiciones que su entendimiento exija. Como lo asevera con acierto el Procurador, cuando una ley de aquella clase se�ala sin lugar a confusi�n su materia, por amplia y detallada que se suponga, es normal desenvolvimiento de la capacidad normativa que confiere�.

�Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia �Sala Plena�, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

DECLARAR EXEQUIBLES los art�culos 4� y 5� del Decreto n�mero 3152 de 1968�.

C�piese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Lilis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco C., Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez TJribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia, Bailen, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandia, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro Elias Serrano Abad�a, Fernando TJribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.