Sentencia 198201712409093 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020153198201712409093Carlos Medell�n198222/04/1982198201712409093_Carlos Medell�n_1982_22/04/198230020151AMNISTIA CONDICIONAL Exequibles: el art�culo 1�, inciso 1�, el art�culo 2�, el art�culo 3�, la parte demandada del art�culo 4�, el art�culo inciso 1�, ordinal 1, inciso 2�, y los art�culos 6�, 7�, 8�, 9�, 10, 12, 13 y 14 as� como la expresi�n �condicional� del encabezamiento de dicha Ley. En cuanto al inciso 2�, del art�culo 1�, los ordinales 2�, y 3� del art�culo 5� y el art�culo 11, en las partes demandadas, de la Ley 37 de 1981, est�se a lo dispuesto en el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia �Sala Constitucional�, con fecha 22 de octubre de 1981. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Exequibles: el art�culo 1�, inciso 1�, el art�culo 2�, el art�culo 3�, la parte demandada del art�culo 4�, el art�culo inciso 1�, ordinal 1, inciso 2�, y los art�culos 6�, 7�, 8�, 9�, 10, 12, 13 y 14 as� como la expresi�n �condicional� del encabezamiento de dicha Ley. En cuanto al inciso 2�, del art�culo 1�, los ordinales 2�, y 3� del art�culo 5� y el art�culo 11, en las partes demandadas, de la Ley 37 de 1981, est�se a lo dispuesto en el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia �Sala Constitucional�, con fecha 22 de octubre de 1981.

El ciudadano Agust�n Castillo Z�rate, actuando en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, acusa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia los art�culos 1� parcialmente; 2�, 3�, 4� parcialmente; 5�, 6�, 7�, 8�, 9�, 10, 11 parcialmente; 12, 13 y 14 de la Ley 37 de 1981 �por la cual el Congreso de Colombia �declara una amnist�a condicional� �. Tambi�n se acusa de inconstitucional una palabra del encabezamiento de la ley.

Es preciso se�alar, para los efectos de esta providencia que, la demanda anterior (F. 9) fue presentada en la Secretar�a de la Sala Constitucional el d�a 23 de marzo de 1981.

Habi�ndose aceptado por la Corte el impedimento manifestado tanto por el se�or Procurador General de la Naci�n, doctor Guillermo Gonz�lez Charry, como la Viceprocuradora, doctora Susana Montes de Echeverry, ha emitido el concepto de rigor, seg�n los tr�mites previstos en el citado art�culo 215 de la Constituci�n y en el Decreto aut�nomo n�mero 432 de 1969, el doctor Hernando Morales Molina, designado Procurador General ad hoc.

Por su parte el ciudadano Jorge Edgardo Gonz�lez Vidales, obrando en su condici�n de tal, y de apoderado del Ministerio de Justicia, en escrito dirigido a la corporaci�n, solicita que se le tenga �como parte en el proceso de la referencia a fin de impugnar la demanda de inexequibilidad�, exponiendo por lo dem�s las razones que a su juicio fundamentan tal impugnaci�n.

Se transcriben a continuaci�n los art�culos demandados de la Ley 37 de 1981 materia de la acci�n. Para una mejor comprensi�n del problema se transcribe igualmente el ac�pite de aqu�lla en el cual, lo mismo que en los art�culos 1�, 4�, 11 demandados parcialmente, se subrayan las partes materia de la acusaci�n.

�Art�culo 1�. Conc�dese amnist�a a los colombianos, autores o part�cipes de hechos que constituyan rebeli�n, sedici�n o asonada, y delitos conexos con los anteriores, cometidos antes de la vigencia de la presente ley.

�La amnist�a no comprende los casos en que los delitos de rebeli�n, sedici�n o asonada fueren conexos con el secuestro, la extorsi�n, el homicidio cometido juera de combate, el incendio, el envenenamiento de fuentes o dep�sitos de agua y en general, con actos de ferocidad o barbarie.

�Art�culo 2� El beneficio a que se refiere el art�culo anterior, se conceder� dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, a quienes est�n alzados en armas; vencido este t�rmino, y siempre que se den las previsiones establecidas en el art�culo 11, se tramitar�n las solicitudes de amnist�a, sedici�n o asonada y delitos conexos, salvo las excepciones a que se refiere el inciso 2� del art�culo 1�.

�Art�culo 3�. La persona que desee acogerse al beneficio de amnist�a deber� presentarse ante cualquier autoridad pol�tica, judicial, militar, diplom�tica o consular dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la vigencia de esta ley, y hacer entrega de las armas, municiones y explosivos que tuviere, con la manifestaci�n expresa e individual de cesar su participaci�n en los hechos punibles a que se refiere la norma anterior.

�Art�culo 4�. Quienes se presenten en demanda de amnist�a, no podr�n ser privados de la libertad ni molestados en su persona o en sus bienes en raz�n de los delitos de que trata esta ley durante el tr�mite previsto para resolverla. El funcionario que lo hiciere incurrir� en el delito de detenci�n arbitraria o abuso de autoridad seg�n el caso, p�rdida del empleo y sanci�n pecuniaria que podr� graduarse entre diez y veinte mil pesos moneda corriente.

�Art�culo 5�. El funcionario ante quien se presente la persona que solicita amnist�a, extender� un acta que deber� contener por lo menos los siguientes datos:

1. Nombre del solicitante, apellidos, sobrenombres si los tiene, domicilio y constancia del documento de identidad que presente.

2. Manifestaci�n de su participaci�n en los hechos a que se refiere esta ley; datos del proceso que se sigue en su contra (si lo supiere) y su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

�El acta ser� suscrita por los participantes, tomando impresi�n dactilar del solicitante, quien indicar� el lugar que escoja como residencia. Este recibir� constancia de su presentaci�n y de la iniciaci�n del tr�mite de amnist�a.

�Art�culo 6�. Dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la firma del acta, �sta ser� enviada al Gobernador, Intendente o Comisario respectivo.

�Art�culo 7�. Dentro de los diez (10) d�as siguientes a la vigencia de la presente ley, los funcionarios que est�n conociendo de los procesos que se adelantan por los delitos a que se refiere el art�culo 1�, deber�n enviar a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios la lista de las personas que se encuentren vinculadas a dichos procesos. Con base en los informes recibidos por los funcionarios mencionados en el inciso anterior, el Gobernador, Intendente o Comisario enviar�, dentro de los diez (10) d�as siguientes a la recepci�n del acta, la documentaci�n al funcionario competente.

�Si de los informes recibidos se concluye que no hay proceso, enviar� las diligencias al Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo.

�Art�culo 8�. Si hubiere proceso, una vez recibida la documentaci�n, el juez del conocimiento resolver� de plano lo concerniente a la amnist�a dentro de los quince (15) d�as siguientes.

�Art�culo 9�. Si no hubiere proceso, la solicitud de amnist�a ser� resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente.

�Recibida la documentaci�n el Tribunal Superior por conducto de la Sala Penal de Decisi�n conceder� de plano la amnist�a. El Magistrado sustanciador tendr� tres (3) d�as para presentar proyecto y la Sala dos (2) d�as para decidir.

�Art�culo 10. La solicitud de amnist�a presentada ante el funcionario diplom�tico o consular ser� remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este a su vez la enviar� al Ministerio de Gobierno, quien har� las averiguaciones sobre si existe o no proceso. Si existe proceso la solicitud ser� enviada al funcionario del conocimiento.

�Si no existe proceso la solicitud ser� enviada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�.

�Art�culo 11. Exti�ndese el beneficio de amnist�a a los colombianos que se encuentren privados de la libertad, procesados o condenados por los delitos de rebeli�n, sedici�n o asonada y delitos conexos con los anteriores, con excepci�n de los delitos determinados en el inciso 2� del art�culo 1� de esta Ley.

�Transcurrido el t�rmino a, que se refiere el art�culo 2� y seg�n el buen desarrollo que para la recuperaci�n de la paz haya tenido la presente ley, el Gobierno decretar� la iniciaci�n del tr�mite para el otorgamiento de la amnist�a a los detenidos, procesados o condenados, los cu�les deben formular su solicitud dentro de los dos (2) meses siguientes.

�Art�culo 12. La solicitud de amnist�a a que se refiere el art�culo anterior ser� resuelta por el juez del conocimiento dentro de los diez (10) d�as siguientes a la presentaci�n de la misma.

�El auto que niegue la solicitud de amnist�a ser� susceptible del recurso de apelaci�n que podr� proponerse por el sindicado, su apoderado, o el representante del Ministerio P�blico. Si no se presentare recurso, la providencia ser� consultada.

�Art�culo 13. Copia de la providencia que decida sobre la amnist�a se entregar� personalmente al beneficiado.

�Art�culo 14. La decisi�n que concede la amnist�a har� tr�nsito a cosa juzgada�.

La Sala Constitucional advierte que la publicaci�n oficial de esta Ley se cumpli� en el Diario Oficial n�mero 25729, edici�n correspondiente al 26 de marzo de 1981.

Estima el actor que los art�culos que se acaban de transcribir y de subrayar en lo pertinente de la Ley 37 de 1981 y por la cual el Congreso de Colombia �declara una amnist�a condicionada�, son violatorios de los art�culos 10, 20 y 76 ordinal 19 de la Constituci�n Nacional.

A trav�s de su libelo el actor no lleva a cabo una fundamentaci�n espec�fica y concreta de cada uno de los art�culos de la Ley 37 que �l estima violatorios de la Constituci�n, limit�ndose a realizar una fundamentaci�n general de todos ellos, en la cual aborda los puntos que se mencionan a continuaci�n:

El actor empieza por determinar cu�les son a su juicio las caracter�sticas de la ley en sentido material, expresando al efecto: �Las leyes deben ser generales, obligatorias y susceptibles de aplicarse coercitivamente�, para luego sostener que la ley acusada carece de tales caracter�sticas.

Precisado tal marco conceptual, el actor piensa que dicha Ley no es general, y al efecto afirma:

�La ley acusada (F. 7) en sus partes acusadas, no es m�s que un prop�sito de buena voluntad, una invitaci�n a un pacto de reconciliaci�n, donde la autoridad ofrece perdonar a cambio de que los insurrectos depongan las armas, y s�lo en ese evento... lo inconstitucional reside en que la ley acusada, en los apartes se�alados, es condicional, lo que implica que no es general. Su condicionalidad hace que algunos se acojan a la ley y otros no, lo cual es contrario al car�cter general que debe tener. Y al no ser general es contraria al art�culo 76-19 de la Constituci�n Nacional�.

�La generalidad que debe tener una ley de amnist�a no s�lo debe referirse a las personas, esto es que debe ser aplicable a todas, sino que debe referirse a todos los delitos pol�ticos sin limitaciones. Limitar la amnist�a a los delitos pol�ticos no conexos con el secuestro, la extorsi�n, el homicidio, el incendio, etc., es limitarla al delito de opini�n, que es el �nico de los delitos pol�ticos no conexos con otros de diferente naturaleza. De manera que la restricci�n que hace el inciso segundo a la amnist�a que se concede en el primero del primer art�culo de la Ley 37 de 1981, equivale a quitarle el car�cter de generalidad que debe tener. Adem�s, hablar de �actos de ferocidad o barbarie� es una gran imprecisi�n, que puede dar lugar a que mediante el uso de la facultad reglamentaria el Gobierno Nacional decida que todos los delitos pol�ticos son cometidos mediante tales actos, sobre si se considera que quienes delinquen no lo hacen atendiendo los preceptos de la Urbanidad de Carre�o�.

Tambi�n aludiendo a la generalidad de la ley, pero enfocada �sta desde el punto de vista del procedimiento previsto por el Legislador para el otorgamiento de la amnist�a, concluye el actor que:

�El que la ley de amnist�a no obre de plano, sino que est� sujeta para su aplicaci�n a un procedimiento innecesario, que adem�s est� limitado a un per�odo de cuatro (4) meses, constituye otro condicionamiento que desvirt�a la generalidad que debiera tener�.

A continuaci�n se refiere el demandante a la obligatoriedad de la ley, para concluir que la ley acusada carece de tal requisito, al respecto afirma:

�Tambi�n es inconstitucional la no obligatoriedad de la ley de amnist�a, que es otra consecuencia directa de su condicionalidad, la cual adem�s de ser evidente es expresa. No siendo obligatoria la ley de amnist�a es contraria en sus art�culos acusados a los art�culos 10 y 20 de la Constituci�n Nacional, pues de �stos se deduce inequ�vocamente que las leyes son en esencia obligatorias, que son para cumplirlas. El art�culo 20 de la Constituci�n ordena categ�ricamente a los particulares y a los funcionarios p�blicos, con car�cter obligatorio, obedecer las leyes, mientras que el 10 de la misma codificaci�n se�ala que �es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia, vivir sometidos a la Constituci�n y a las leyes� lo que demuestra evidentemente que las leyes son en esencia obligatorias�.

Termina su exposici�n el actor haciendo la defensa del otorgamiento en s� de la amnist�a, como expresi�n soberana de la voluntad pol�tica del Congreso, a ese prop�sito afirma:

�La inconstitucionalidad reside en los condicionamientos que le restan generalidad a la ley, y que constituye la raz�n de esta demanda. De manera expresa subrayo que la ley acusada de inconstitucionalidad s�lo contradice la Carta en la parte que demando. La voluntad pol�tica del Congreso, que como tal escapa al conocimiento de los tribunales, considero, no debe ser materia de juzgamiento, por lo que debe mantenerse, manteniendo igualmente la amnist�a en cuanto no es inconstitucional�.

El Procurador General de la Naci�n, doctor Guillermo Gonz�lez Charry en escrito dirigido a la Corte puso en conocimiento de �sta el hecho de haber participado en una reuni�n con los Ministros de Defensa, Gobierno y Justicia y otros funcionarios con el objeto de �estudiar los lineamientos generales del proyecto que es hoy la ley demandada�. La Corte mediante auto del 12 de mayo de 1981 declar� fundado el impedimento.

Enviado el proceso a la Viceprocuradora General, doctora Susana Montes de Echeverry manifest� igualmente haber �participado en el estudio del articulado del proyecto�, por lo cual la Corte en providencia del 25 de mayo de 1981 acept� el impedimento respectivo.

En tales condiciones, el Presidente de la Rep�blica mediante el Decreto 1567 del 22 de junio de 1981 y �en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 250 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal� design� como Procurador ad-hoc al doctor Hernando Morales Molina, el cual debidamente posesionado procedi� a emitir el concepto correspondiente.

El Procurador, se pronuncia a favor de la exequibilidad de las normas demandadas, con excepci�n del segundo inciso del art�culo 11, el cual considera que es inconstitucional, en cuanto dispone que �...y seg�n el buen desarrollo que para la recuperaci�n de la paz haya tenido la presente ley, el Gobierno decretar� la iniciaci�n del tr�mite para el otorgamiento de la amnist�a a los detenidos, procesados y condenados... �.

Siguiendo en l�neas generales el orden de la demanda, la Procuradur�a se refiere en primer t�rmino a la generalidad y a las limitaciones de la ley acusada en relaci�n con la amnist�a all� consagrada, y al efecto afirma:

�... observo que el art�culo 79, numeral 19 de la Constituci�n �nicamente dispone que el Congreso es quien puede conceder la amnist�a por delitos pol�ticos, y no proh�be que pueda establecer limitaciones, por lo cual el haberse concedido solamente para los delitos pol�ticos que no fueren conexos con los expresamente se�alados en el inciso 2� del art�culo 1� no puede constituir violaci�n constitucional, como tampoco el per�odo dentro del cual debe hacerse uso, tanto para quienes no han sido procesados, como para los que s� lo han sido, o inclusive hayan sido condenados o privados de la libertad. Por tanto, si no est� vedado establecer condiciones para el beneficio, es l�gico que la transgresi�n del art�culo 76, numeral 19 mal puede producirse. Y tampoco est� vedado que la ley de amnist�a pueda estar sujeta a determinados requisitos, y su operancia al cumplimiento del procedimiento organizado por ella, por este aspecto tampoco resulta demostrada la violaci�n de la citada disposici�n constitucional.

�Por otra parte la ley es general y el hecho de que no cobije a todas las personas incursas en delitos pol�ticos, pues excluye algunos cuando el delito fuere conexo con otros, o sea que realmente no comprende a todos los delitos pol�ticos, no quiere decir que niegue tal car�cter a los excluidos como afirma la demanda. Y la afirmaci�n de que la generalidad de la ley depende de que abarque a todas las personas incursas en toda clase de delitos porque toda ley debe comprender a todos los habitantes del pa�s constituye un error, pues la operancia de la ley depende de su destinatario seg�n la naturaleza de ella; �nicamente a quienes se encuentran en las circunstancias f�cticas que el precepto estatuye como su fundamento abstracto de hecho, est� dirigida la ley. Si no llego a ser propietario, las disposiciones legales sobre el dominio nunca me comprender�n, para poner el ejemplo m�s simple.

�La generalidad de la ley de amnist�a consiste no en las exclusiones o en los requisitos que entroniza, sino en que tengan derecho al beneficio todos los que hayan cometido la infracci�n espec�fica para la cual se concede, si tambi�n tienen los requisitos respectivos. Adem�s para que opere, el beneficiario debe acogerse a ella, pues no es forzosa ni podr�a serlo, ya que se trata de un beneficio como lo denomina la propia ley y se desprende de su naturaleza... la amnist�a es un beneficio que en Colombia concede el Congreso respecto a delitos pol�ticos y como todo beneficio puede tener las limitaciones que el Legislador en su soberan�a le asigne, as� como los requisitos que exija para acogerse a �l. �La facultad de conceder la amnist�a no tiene otro l�mite que el que pueda fijar el poder que la dicta en cada caso�, dice Ricardo C. N��ez. Diccionario Omeba, Tomo I, p�gina 673�.

Refiri�ndose al procedimiento previsto en la ley para el otorgamiento de la amnist�a, la Procuradur�a, transcribe lo afirmado por ella en otro de los procesos existentes respecto de la misma:

�Afirma la demanda que el procedimiento de los art�culos 7� a 12 constituye una indebida delegaci�n de las facultades propias y exclusivas del Congreso, punto en el cual no estoy de acuerdo porque lo que dice la Carta es que la amnist�a la concede la ley, o sea que el Gobierno no puede concederla, lo que conlleva que el procedimiento debe dictarlo el legislador, lo que ha hecho, pero no que en dicho procedimiento no puede intervenir el Gobierno o los jueces, m�xime cuando quienes a�n no est�n procesados y condenados no tienen ni han tenido relaci�n con el �rgano judicial, de manera que la intervenci�n del primero se hace indispensable por las razones vistas. La intervenci�n administrativa del Gobierno no invade entonces el campo legislativo, a m�s de que siendo la ley de amnist�a, al decir de Manzini �una ley transitoria que le quita al hecho su esencia jur�dico-penal, pero que en s� no lo anula�, sus efectos derogatorios s�lo abarcan la cuesti�n penal, y la intervenci�n del �rgano judicial no se opone a la separaci�n de poderes, que por cierto no es absoluta sino relativa...

Aludiendo a la parte de la ley que considera inconstitucional, agrega la Procuradur�a:

�En cambio asiste raz�n al demandante en cuanto acusa el segundo inciso del art�culo 11 que dice: �Transcurrido el t�rmino a que se refiere el art�culo 2� y seg�n el buen desarrollo que para la recuperaci�n de la paz haya tenido la presente ley, el Gobierno decretar� la iniciaci�n del tr�mite para el otorgamiento de la amnist�a a los detenidos, procesados y condenados, los cu�les deben formular su solicitud dentro de los dos meses siguientes�. Mas la inconstitucionalidad no recae sobre todo el art�culo, por razones ya explicadas, sino exclusivamente sobre la parte subrayada, pues remite a la discreci�n la operancia de la amnist�a respecto a las personas que se hallen en las circunstancias indicadas, ya que deja a su juicio la iniciaci�n del tr�mite para reconocer el beneficio, que es requisito para que opere, lo que en �ltimas es igual a que en tal caso dependa del Gobierno, contra el principio del art�culo 76 ordinal 19 de la Constituci�n que estatuye que la medida la dicta el Congreso �como consecuencia necesaria de la divisi�n de los poderes... porque importando una derogaci�n de la ley penal s�lo puede corresponder al poder facultado para... derogar las leyes�, al decir de Manzini. De esta suerte al dejar en manos del Gobierno calificar �el buen desarrollo que para la recuperaci�n de la paz haya tenido la presente ley� como requisito para decretar la iniciaci�n del tr�mite, le confiri� potestad definitiva para determinar la operancia de la ley en este caso, contra lo preceptuado en el art�culo constitucional citado, lo que infringe tambi�n el art�culo 2� que dispone que los poderes p�blicos se ejercer�n en los t�rminos prescritos por la Constituci�n y 55 que establece la separaci�n de �stos, ya que no se trata de un acto de colaboraci�n de los mismos. En cambio nada tiene que ver el art�culo 26, pues la ley no regula ninguna forma de juzgamiento�.

Para terminar, y como quiera que dentro del proceso existe una intervenci�n del ciudadano H�ctor Rodr�guez Cruz, a fin de que se dicte por la Corte sentencia inhibitoria, la Procuradur�a estima que tal solicitud no debe aceptarse:

�...no se trata ni de impugnaci�n ni defensa de las normas acusadas, que es la intervenci�n autorizada por la regla primera del art�culo 59 del Acto legislativo n�mero 1 de 1979. Realmente configura una demanda acumulada, y la acumulaci�n est� excluida por el art�culo 21 del Decreto 432 de 1969 que rige el procedimiento del proceso constitucional, que por cierto es un verdadero proceso como expresa Jes�s Gonz�lez P�rez: �La defensa de la Constituci�n atribuida al Tribunal Constitucional se configura como un aut�ntico proceso�, pues �estamos ante un complejo de actividades de �rgano jurisdiccional y partes en que se concreta la funci�n jurisdiccional del Estado� (Derecho Procesal Constitucional, p�ginas 42 y 43, Editorial Civitas, Madrid, 1980). En efecto, la solicitud de inhibici�n, implica no la impugnaci�n y defensa de las normas acusadas, sino un tertius genus, o sea la abstenci�n de un pronunciamiento de fondo por falta de un prerrequisito para la demanda, esto es que la ley estuviera promulgada al presentarse aqu�lla, vale decir implica una demanda para un proceso aut�nomo�.

La Procuradur�a cita en abono de su tesis la sentencia proferida por la Corte el 3 de junio de 1976 (T. CLII), de la cual transcribe el siguiente aparte:

�La sanci�n es elemento esencial, requisito que pone fin al proceso formativo de la ley, por adquirir as� su car�cter de soberana expresi�n de la voluntad del legislador, gana desde ese punto eficacia, o como dice la expresi�n copiada �ser� ley�. Normalmente la vigencia de la ley empieza cuando lo disponga el Congreso en su texto; y por lo mismo, bien puede ordenar, sin quebranto de la Carta, que aqu�lla comience desde su sanci�n o a partir de su promulgaci�n. Ante el silencio de la ley sobre el punto, lo usual es que rija despu�s de su promulgaci�n�.

1�. El ciudadano H�ctor Rodr�guez Cruz alleg� al proceso copia de un memorial dirigido a la Corte en otro de los procesos adelantados contra la citada Ley 37 de 1981, en el cual solicita a la Corporaci�n se declare inhibida para dictar sentencia de m�rito, como quiera que:

�Se ha demandado una ley inexistente, ya que ha nacido a la vida jur�dica de la naci�n al faltarle la publicaci�n seg�n el tr�mite de las leyes�.

En abono de su tesis el impugnante cita providencias dictadas por la Corporaci�n en Sala Plena, mediante las cuales se declar� inhibida para conocer de las demandas presentadas contra el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, precisamente en raz�n de haberse presentado ellas antes de la promulgaci�n de aqu�l, luego de lo cual sobre �sta concluye:

�Se puede decir con propiedad que si para la vigencia de un acto legislativo se exige, seg�n doctrina de la Corte Suprema de Justicia, con mayor raz�n debe ser para una ley de la Rep�blica, en donde es: de t�cnica jur�dica la comparaci�n con dos normas que tienen la misma escala�.

Termina haciendo una cr�tica a la Ley 37 de 1981, la que considera �restringida�, �violatoria del art�culo 25 de la Constituci�n Nacional�, y adem�s �ociosa y discriminatoria�.

2�. Por su parte el ciudadano Edgardo Gonz�lez Vidales hace una defensa de la ley demandada, la cual considera �en un todo ajustada a las prescripciones de nuestra Carta Constitucional�.

El impugnante defiende la �generalidad� de la norma impugnada afirmando que:

�La generalidad de una ley de amnist�a, radica como ya lo he dicho, en el hecho de que sus normas no se�alen concretamente al individuo o individuos beneficiados, y no en de que (Sic.) haya libertad de los particulares de acogerse o no al beneficio de la ley�.

Agrega el libelista que determinado el alcance de la �generalidad� de la amnist�a �los dem�s cargos del actor se derrumban por s� solos�, y concluye que:

�Quienes como el actor, y los actores de las dem�s demandas contra la Ley 37 de 1981 se han presentado, pretenden, a trav�s de la declaratoria de inexequibilidad del inciso 2� del art�culo 1� de la Ley de Amnist�a extender �sta a los m�s b�rbaros, inhumanos y repudiados delincuentes, est�n no s�lo desconociendo ese verdadero ordinal 19 del art�culo 76 de la Carta, sino que est�n atentando contra la humanidad�.

Primero. En sentencia de fecha 22 de octubre de 1981 (Radicaci�n n�mero 817), la Sala Constitucional de la Corte, en ese momento competente para hacerlo, decidi� la demanda de inexequibilidad formulada por los ciudadanos Humberto Cr�ales de la Rosa y Hern�n Su�rez Sauz contra los art�culos 1� inciso 2�; 5� ordinales 2� y 3�; y 11, de la misma Ley 37 de 1981, �por la cual se declara una amnist�a condicional�. Siendo ello as�, en el presente proceso la Corte declarar� que, en cuanto a dichos art�culos se produce el fen�meno de la cosa juzgada, lo que significa que el juicio de la Corte, Sala Plena, en el asunto que ahora se va a decidir, versar� sobre las restantes normas acusadas.

Segundo. Como lo expres� el fallo al que se acaba de hacer referencia, �la amnist�a, tal como hoy se encuentra generalmente establecida y regulada en la mayor�a de las legislaciones, ofrece como caracter�sticas principales:

a) Es competencia exclusiva del legislativo, no s�lo porque as� suelen disponerlo las constituciones pol�ticas, sino adem�s por la raz�n jur�dica de fondo de que, al implicar la amnist�a una limitaci�n a la aplicaci�n de la ley penal, ning�n otro �rgano del poder p�blico podr�a ordenarla;

b) Ha de ser de car�cter general. Tambi�n las constituciones se lo indican, y ello se debe a la necesidad de referirse impersonalmente al hecho o hechos amnistiados, de no tomar en cuenta un hecho determinado ni a un delincuente en particular, lo que diferencia a la amnist�a del indulto;

c) Su consecuencia necesaria es la destrucci�n de la acci�n represiva del Estado en cuanto a los autores de aqu�llos, incluida la eliminaci�n de las penas antes y despu�s de proferidas, todo lo cual hace entrar al delincuente y sus hechos punibles en el terreno del olvido para efectos ulteriores;

Por lo general la amnist�a se produce con relaci�n a los delitos pol�ticos y los comunes anexos�.

Tercero. �A la luz de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, art�culo 76-19, el Congreso tiene la atribuci�n exclusiva de �conceder, por mayor�a de dos tercios de los votos de los miembros que componen cada C�mara y por graves motivos de conveniencia p�blica, amnist�as o indultos generales por delitos pol�ticos�. Ello significa que la instituci�n contiene un elemento esencialmente pol�tico: graves motivos de conveniencia p�blica; otro de orden puramente formal: que se apruebe por mayor�a de dos tercios de los votos de los miembros que componen cada C�mara; y dos elementos de orden material: su generalidad y los delitos pol�ticos como objeto suyo. El primer elemento, por su naturaleza eminentemente pol�tica en cuanto ata�e a razones de conveniencia p�blica, escapa al control constitucional de la Corte. No as� los restantes�.

Cuarto. Al establecerse distinci�n, como lo hace el art�culo 2� en la parte acusada, entre quienes a�n se hallan alzados en armas y quienes se encuentran detenidos o condenados por los il�citos comprendidos en la ley, para efectos de la solicitud y la concesi�n de la amnist�a, se determina una discriminaci�n que no contradice el principio de generalidad que exige la Constituci�n para esta clase de normas. La materia ya fue esclarecida y decidida por la Corte, Sala Constitucional, en el referido fallo del 22 de octubre de 1981, al analizar el art�culo 11 del mismo estatuto legal, que es el que, de manera expresa, extiende el beneficio de amnist�a a los colombianos que se encuentren privados de libertad, procesados o condenados por los delitos previstos en el art�culo 1�. Las razones expresadas por la Corte en esa oportunidad, con base en las cuales se produjo la decisi�n que da lugar a la cosa juzgada material, fueron las siguientes:

�Se extiende el beneficio de la amnist�a a los procesados o condenados por los hechos a los cuales cobija el art�culo 11 y en nada viola la Constituci�n; por el contrario, al extenderla a ellos, con amplitud, cumple cabalmente el requisito de la generalidad que exige la Constituci�n cuando se otorga aqu�lla... la norma establece un tr�mite y un plazo para el otorgamiento de la amnist�a a los procesados o condenados. Que este tr�mite y este plazo sea diferente al que regula el otorgamiento de la amnist�a a los que no est�n detenidos, en nada viola la Constituci�n y no rompe el requisito de la generalidad que ella exige. Lo esencial, la generalidad, como ya se ha dicho, y que este art�culo precisamente establece, es que ella se aplique no s�lo a los que no est�n detenidos sino tambi�n a quienes han sido procesados o condenados por los delitos beneficiados con la amnist�a.

De otra parte, ...al prescribir que la solicitud de amnist�a debe ser formulada por los procesados o condenados podr�a decirse que deja a ellos, a su propio arbitrio, acogerse o no a este beneficio y, si esto es as�, en nada se viola con ello la Constituci�n�.

Quinto. El art�culo 3� de la Ley que se analiza dispone que quien desee acogerse a la amnist�a ha de presentarse ante cualquiera autoridad pol�tica, judicial, militar, diplom�tica o consular dentro de los cuatro meses siguientes a su vigencia; entregar las armas, municiones y explosivos que tuviere; y manifestar expresa e individualmente que cesa �su participaci�n en los hechos punibles a que se refiere el art�culo anterior�.

Es propiamente en este art�culo donde la ley prev� que se inicie el procedimiento para la concesi�n del beneficio de amnist�a, y ello ocurre cuando el interesado en obtenerlo se presenta ante una de las autoridades all� indicadas, entrega las armas, municiones y explosivos que tenga y hace manifestaci�n de su voluntad de no participar m�s en los hechos punibles objeto de amnist�a. En cuanto a su presentaci�n personal los actores no formulan cargo alguno contra ese requisito espec�fico, ni la Corte lo encuentra lesivo de la Carta. Resulta, por lo dem�s, apenas natural que el interesado se haga presente ante la autoridad competente y entregue sus armas sobre todo si se tiene en cuenta la seguridad que le da el art�culo 4�, de que no podr� ser privado de libertad, ni molestado en su persona o en sus bienes en raz�n de los delitos de que trata esta Ley, durante el tr�mite previsto para resolver la amnist�a.

La Corte, Sala Constitucional, al decidir la acusaci�n contra el ordinal 3� del art�culo 5� de la misma Ley, que ordena dejar constancia de esos hechos en un acta, advirti� que �la manifestaci�n de los hechos se hace cuando la persona se presenta ante la autoridad en solicitud de amnist�a, y no en el acta que recoge esa y otras manifestaciones�, aunque hace algunas consideraciones sobre el hecho de la manifestaci�n que de tal manera se hace constar. Ello significa que ese mismo hecho, previsto como requisito en el art�culo 3� sub iudice para la concesi�n de amnist�a, no ha sido objeto de decisi�n judicial, ya que el fallo en referencia declar� exequible el ordinal 2� del art�culo 5�, que versa, se repite, sobre la elaboraci�n del acta, mas no sobre la necesidad de hacer la manifestaci�n de que all� se habla. De donde es procedente que la Corte analice esta norma y decida sobre su constitucionalidad.

La parte final del art�culo 3� exige que al presentarse quien desee recibir el beneficio de amnist�a, debe manifestar individual y expresamente que cesar� su participaci�n en los hechos delictuosos, en lo cual a primera vista podr�a pensarse que se identifica un fen�meno de auto- incriminaci�n. Sin embargo, la Corte advierte que la norma se refiere concretamente a hechos punibles de los comprendidos por la Ley para efectos de la amnist�a, y �nicamente a ellos. Si as� se interpreta para efectos de su aplicaci�n, la norma no resulta contraria a la Carta. Pero si se llegare a entender que la manifestaci�n de participaci�n que debe hacer quien se presente ante las autoridades haya de incluir todos los il�citos cometidos, aun los excluidos de la amnist�a, entonces ello s� significar�a una autoincriminaci�n inaceptable a la luz de los preceptos constitucionales, especialmente del art�culo 25 del C�digo Superior.

Del indispensable car�cter de generalidad que la Constituci�n prescribe para las leyes de amnist�a, se pretende derivar el requisito de incondicionalidad, para impugnar en tal sentido el procedimiento establecido por las normas que se analizan. Sobre el particular es preciso distinguir: en t�rminos de la Carta la amnist�a es de suyo condicional, porque sus requisitos constitucionales de orden pol�tico, de car�cter formal y d �ndole material representan verdaderas condiciones para que la ley la conceda. Pero lo que hace a los �ltimos, toda amnist�a en Colombia ha de ser general y adem�s versar sobre delitos pol�ticos. Pero la generalidad no es hom�nimo de incondicionalidad. Lo que ocurre es que la Constituci�n, al establecer los linderos de la amnist�a, precisa sus condiciones, tambi�n la condiciona en sus alcances y puede, as� mismo, exigir condiciones precisas para su aplicaci�n; s�lo que �stas encuentran un l�mite en los propios condicionamientos establecidos por el constituyente.

La determinaci�n de un procedimiento para la aplicaci�n de la ley es una condici�n de orden formal que la Corte no encuentra lesiva de la Carta. Al contrario, como dice el Procurador, �la existencia de un procedimiento administrativo y judicial garantiza el buen resultado de la medida, ya que s�lo un sistema legal puede regular la forma de acreditar que el presunto beneficiario llena los requisitos fijados por la ley, lo que evita la arbitrariedad de los funcionarios encargados de reconocerla�. Ni hay tampoco en ello indebida delegaci�n de las facultades del Congreso en autoridades de las Ramas Ejecutiva y Jurisdiccional. �En t�rminos de la Carta la amnist�a es siempre objeto de ley, es el legislador el �nico que puede concederla y adem�s establecer el procedimiento necesario para ejercitar el derecho de quienes aspiren a obtenerla�, tal como lo ha hecho, dando lugar inclusive a la participaci�n de autoridades del Ejecutivo y del �rgano Jurisdiccional que, por raz�n de sus funciones hayan tenido o deban tener conocimiento de las actividades realizadas por quienes decidan acogerse al beneficio. Lejos de ser esto contrario a la Constituci�n, armoniza bien con el principio de la mutua colaboraci�n de las ramas del Poder P�blico en ella consagrado.

S�ptimo. Al considerar la solicitud de inhibici�n formulada en el Expediente 871, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, expres� su pensamiento en estos t�rminos, que la Sala Plena acoge para el presente caso.

�La Ley 37 de 1981 fue sancionada el 23 de marzo de 1981; su publicaci�n se efectu� en el �Diario Oficial� 36729 del 26 del mismo mes y a�o. La demanda fue presentada el 23 del mes que se cita, esto es, el mismo d�a de la sanci�n de la Ley, y antes de su publicaci�n, pero evidentemente cuando la norma legal ya exist�a. As� planteadas las cosas es aplicable al caso lo expuesto por la Corte en Sala Plena del 27 de noviembre de 1980 en fallo reca�do en la demanda instaurada contra el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979�:

�La Corte considera que deben diferenciarse n�tidamente dos momentos dentro del proceso legislativo, eso es: la existencia por una parte de la ley en sentido formal; y por otra, el cumplimiento u observancia de la misma, fen�menos que corresponden a lo que la jurisprudencia ha venido conociendo como el per�odo de expedici�n de la ley, que termina con la sanci�n de la norma; y el per�odo de promulgaci�n integrado por hechos posteriores a la mencionada sanci�n.

�En este sentido no puede jur�dicamente negarse la existencia del Acto legislativo antes de su promulgaci�n, el cual constitucionalmente es una manifestaci�n de la voluntad soberana del Parlamento. Lo que no puede es predicarse su obligatoriedad con anterioridad a la promulgaci�n por �l mismo ordenada, toda vez que, la publicaci�n no es otra cosa en efecto, que la exteriorizaci�n general de la ley, constituyendo un acto distinto de la sanci�n y que debe considerarse como indispensable para que la Naci�n, su destinataria natural conozca la norma. (Expediente 782, ponente Dr. Ricardo Medina Moyano. Foro Colombiano n�mero 139, p�gina 35)�.

�Como en el presente caso la ley, al momento de la demanda, ya exist�a, y como, adem�s, en su art�culo 16 prescribe que �rige a partir de la fecha de su sanci�n�, la Sala no estima valederos los cargos del ciudadano Rodr�guez Cruz, y, por tanto, lo decidir� estudiando los planteamientos y acusaciones que se han formulado y pronunciando la respectiva sentencia�.

En consecuencia de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia �Sala Plena�, con base en el estudio de la Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n,

1� En la Ley 37 de 1981, �por la cual se declara una amnist�a condicional�, son exequibles: el art�culo 1�, inciso 1�, el art�culo 2�, el art�culo 3�, la parte demandada del art�culo 4� que dice: �durante el tr�mite previsto para resolverla�; el art�culo 5� inciso 1� ordinal 1, inciso 2�, y los art�culos 6�, 7�, 8�, 9�, 10; 12; 13 y 14, as� como la expresi�n �condicional� del encabezamiento de dicha ley.

2�. En cuanto al inciso 2� del art�culo 1�, los ordinales 2 y 3 del art�culo 5� y el art�culo 11 en las partes demandadas, de la Ley 37 de 1981, est�se a lo dispuesto en el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, con fecha 22 de octubre de 1981.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jos� Mar�a Esguerra S., Dante Luis Fiorillo Porras, Jos� Eduardo Gnecco C., Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, con aclaraci�n del voto; Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, con salvamento de voto; Humberto Murcia B., Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echand�a, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Alfonso Su�rez de Castro, Con juez; Pedro El�as Serrano A., Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.

El suscrito se permite aclarar su voto en el negocio de la referencia, indicando que al ser estudiado el art�culo 2�, se ha entendido que, ratione materiae, el punto ya hab�a sido resuelto por la Sala Constitucional al decidir la exequibilidad del art�culo 11 en la parte pertinente, toda vez que �ste se remite al plazo del art�culo 2�. Como es natural, el suscrito respeta esa interpretaci�n, pero insiste en su punto de vista inicial de que en los dos art�culos mencionados se establece una discriminaci�n de orden procesal para aplicar la amnist�a a los detenidos y a los no detenidos, lo cual resulta contrario a la exigencia de generalidad que la Constituci�n impone para esta clase de leyes. Las razones en que se apoya esta afirmaci�n, son las mismas incluidas en el salvamento de voto formulado para el asunto de la radicaci�n n�mero 871, sentencia de fecha 22 de octubre de 1981, proferida por la Sala Constitucional.

Como el art�culo 16 de la Ley 37 de 1981, no acusado ahora, dispuso que regir�a desde su sanci�n, es n�tido que dicha ley era de obligatoria observancia el d�a en que se introdujo la presente demanda y, por ello, �sta no fue prematura y permite decidir sobre el fondo de lo controvertido, como lo hace el presente fallo que, en consecuencia, comparto en todo lo que resuelve y en cuanto a que es oportuno hacerlo ahora.

En relaci�n con la sentencia dictada en el proceso de la referencia y en todo aquello que no forma parte de la orden de la Corte, de �estar a lo dispuesto� en la providencia del 22 del mes de octubre del a�o pr�ximo pasado dictada por la Corporaci�n, Sala Constitucional, y reca�da en el proceso n�mero 871, en el cual se demandaron igualmente algunas normas de la Ley 37 de 1981, me permito respetuosamente reiterar los puntos de vista por los cuales encontr� en tal oportunidad, que la decisi�n de la Corte deb�a ser una decisi�n inhibitoria, los cuales fueron vertidos en el salvamento de voto de rigor y que forma parte de la decisi�n correspondiente. A los mentados puntos de vista me permito remitirme en este nuevo salvamento.

Con su acostumbrado respeto hacia los ilustres compa�eros de Sala, el suscrito Magistrado, se permite disentir del proyecto mayoritario adoptado en este proceso, tanto por lo que hace a la parte motiva, como a la parte resolutiva del mismo. Las razones que en s�ntesis fundamentan dicho disentimiento, se puntualizan a continuaci�n en el presente escrito.

a) El ciudadano Agust�n Castillo Z�rate, actuando en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en los art�culos 214 y 215 de la Constituci�n Nacional, acusa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema �los art�culos 1�, 2�, 3�, 4�, 5�, 6�, 7�, 8�, 9�, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 37 de 1981�, por la cual el Congreso de Colombia �declara una amnist�a condicional�.

Es preciso se�alar, para los efectos de este escrito que, la demanda anterior fue presentada en la Secretar�a de la Sala Constitucional el d�a 23 del mes de marzo del presente a�o de mil novecientos ochenta y uno;

b) El ciudadano H�ctor Rodr�guez Cruz a su turno, se ha dirigido a la Corte solicitando de la misma se abstenga de proferir sentencia de fondo:

�Por cuanto en mi concepto se ha demandado una ley inexistente, ya que no ha nacido a la vida jur�dica de la Naci�n al faltarle la publicaci�n seg�n el tr�mite de las leyes�.

En abono de su tesis, el impugnante anterior, cita en primer t�rmino conceptos al respecto del tratadista Jacobo P�rez Escobar; en segundo lugar habla, igualmente, de las providencias dictadas por la Corporaci�n en Sala Plena, mediante las cuales se declar� inhibida para conocer de las demandas presentadas contra el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, precisamente en raz�n de haberse presentado ellas antes de la promulgaci�n de aqu�l, luego de lo cual concluye en relaci�n con la cuestionada publicaci�n que:

�Se puede decir con propiedad que si para la vigencia de un acto legislativo se exige, seg�n doctrina de la Corte Suprema de Justicia, con mayor raz�n lo debe ser para una ley de la Rep�blica, en donde es: de t�cnica jur�dica la comparaci�n con dos normas que tienen la misma escala�.

Termina el ciudadano anterior, haciendo una cr�tica constitucional a la Ley 37 de 1981, la que considera �restringida�, �violatoria del art�culo 25 de la Constituci�n Nacional� y adem�s �odiosa y discriminatoria�;

c) La Procuradur�a General de la Naci�n en el concepto respectivo, rendido por el doctor Hernando Morales Molina, en atenci�n al impedimento del titular del despacho, estima que la intervenci�n anterior no debe aceptarse, razonando al respecto de la siguiente guisa:

�... no se trata ni de impugnaci�n ni defensa de las normas acusadas, que es la intervenci�n autorizada por la regla primera del art�culo 59 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1979. Realmente configura una demanda acumulada, y la acumulaci�n est� excluida por el art�culo 21 del Decreto 432 de 1969 que rige el procedimiento del proceso constitucional, que por cierto es un verdadero proceso como expresa Jes�s Gonz�lez P�rez: �La defensa de la Constituci�n atribuida al Tribunal Constitucional se configura como un aut�ntico proceso�, pues �estamos ante un complejo de actividades de �rgano jurisdiccional y partes en que se concreta la funci�n jurisdiccional del Estado� (Derecho Procesal Constitucional, p�ginas 42 y 43, Editorial Civitas, Madrid, 1980). En efecto, la solicitud de inhibici�n, implica no la impugnaci�n y defensa de las normas acusadas, sino un tertius genus, o sea la abstenci�n de un pronunciamiento de fondo por falta de un prerrequisito para la demanda, esto es, que la ley estuviera promulgada al presentarse aqu�lla, vale decir, implica una demanda para un proceso aut�nomo�.

Con la mentada finalidad, la Procuradur�a termina citando en abono de su tesis, una sentencia proferida por la Corte Suprema el 3 de junio de 1976 (T. CLII), de la cual transcribe el siguiente aparte:

�La sanci�n es elemento esencial, requisito que pone fin al proceso formativo de la ley, por adquirir as� su car�cter de soberana expresi�n de la voluntad del legislador, gana desde ese punto eficacia, o como dice la expresi�n copiada � ser� ley Normalmente la vigencia de la ley empieza cuando lo disponga el Congreso en su texto; y por lo mismo, bien puede ordenar, sin quebranto de la Carta, que aqu�lla comience desde su sanci�n o a partir de su promulgaci�n. Ante el silencio de la ley sobre el punto, lo usual es que rija despu�s de su promulgaci�n�.

1�. Toda vez que el problema anterior plantea una tesis jur�dica que de ser aceptada, llevar�a a una decisi�n inhibitoria, entiende el suscrito que por parte de la Corte debe procederse a su determinaci�n, as� no hubiera sido planteada por la Procuradur�a General de la Naci�n o por quienes a cualquier otro t�tulo se hayan dirigido a la Corporaci�n.

2�. La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en tres decisiones uniformes y consecutivas, correspondientes al 6 de noviembre, al 27 del mismo mes y al 4 del mes de diciembre, todas ellas, adem�s del a�o pr�ximo pasado de 1980, decidi� que una demanda de inexequibilidad presentada antes de la vigencia del acto legislativo acusado, no permit�a por tal circunstancia dictar sentencia de m�rito, debiendo en consecuencia la Corporaci�n declararse inhibida para conocer del asunto. El suscrito Magistrado actu� como integrante de la Sala Plena en todos los casos anteriores, correspondi�ndole, inclusive en uno de ellos, la elaboraci�n de la ponencia respectiva.

Por otra parte, dentro de la Sala Constitucional, en salvamento de voto del d�a 25 del mes de mayo del presente a�o, en la demanda correspondiente al expediente n�mero 830 por el cual se demand� el Decreto 1169 de 1980 en sus art�culos 5 y 25, elaborado conjuntamente con el honorable Magistrado doctor Servio Tulio Pinz�n y por el suscrito, se sostuvo que a la luz del ordenamiento constitucional colombiano, el mandato de vigencia de una ley antes de su promulgaci�n, resultaba evidentemente contrario a tal orden constitucional.

Consecuente por lo tanto con los planteamientos anteriores, correspondiente el primero de ellos a la jurisprudencia vigente de la Sala Plena de la Corte, aplicable por otra parte a las leyes, piensa el suscrito que en el presente caso sometido al juicio constitucional de la Corporaci�n, la decisi�n deb�a ser igualmente una decisi�n de car�cter inhibitorio.

Constituye un principio universal de derecho que los destinatarios del poder deben ser oportunamente enterados de las normas dictadas en ejercicio del mentado poder del Estado, y que por consiguiente las normas reservadas o secretas carecen de obligatoriedad en relaci�n con los miembros de la comunidad.

Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema, como del Consejo de Estado, han reconocido en general el principio anterior, y en tal sentido ha dicho el Consejo de Estado con claridad meridiana que:

�...la ley tiene que ser conocida por aquellos a quienes se dirige, por aquellos que van a estar sujetos a ella. No se concibe que una ley secreta o reservada pueda crear obligaciones para los ciudadanos�. (Providencia de septiembre 21 de 1971).

La importancia de estos principios, como se ha reconocido en forma constante, al significar una importante limitaci�n al ejercicio del poder, viene a la postre a expresarse en la propia existencia del Estado de Derecho, como quiera que la seguridad y la firmeza del orden jur�dico dependen en �ltimo an�lisis del hecho de que los gobernados, para que se encuentren en condiciones de observar las leyes, deben tener necesariamente, un oportuno conocimiento de las mismas.

La necesidad de la promulgaci�n de las normas, en el Derecho Constitucional Colombiano, no solamente emana de aquellas cl�usulas de la Carta Pol�tica que permiten seg�n lo expresado, calificar el Estado como un Estado de Derecho, sino que se encuentra expresamente determinada en un conjunto tan numeroso como arm�nico de art�culos. Son estos los art�culos 31, 85, 86, 89, 120-2, 194-7, 204 y 205.

Por otra parte, los administrados, no solamente dentro del marco de los derechos relacionados con la informaci�n, sino tambi�n dentro de la necesidad de saber en qu� forma deben determinar y conducir sus diversas actividades, tienen el derecho de conocer en forma cierta la autenticidad de los textos que disciplinan dicha conducta, y por lo tanto a que exista una publicaci�n oficial aut�ntica por parte del Estado, de su actividad legislativa.

La claridad y coherencia de las normas anteriores, le ha permitido expresar a don Jos� Mar�a Samper, como es harto sabido, uno de los coautores de la Carta Pol�tica vigente, en forma perentoria que:

�En cuanto a la promulgaci�n de las leyes, es �sta una formalidad tan imperiosamente necesaria como la aprobaci�n regular y la sanci�n de aqu�llas. Nadie puede estar obligado a cumplir con deberes que no conoce, ni a abstenerse de hacer lo que no sabe que le est� prohibido. Para que cese esta ignorancia y nadie pueda alegarla, es necesario que la ley, toda ley, sea publicada y est� al alcance de todos; y esta publicaci�n, sujeta a determinadas formalidades, es lo que se llama promulgaci�n. Preciso es, por lo tanto, que si el Presidente ha de hacer ejecutar y cumplir todas las leyes, comience por promulgarlas. Sin esta formalidad todo acto que se ejecuta en cumplimiento de ellas, es nulo, y la ocultaci�n misma de esas leyes es criminosa�. (Ediciones Ministerio de Educaci�n Nacional. Bogot�, 1951, p�gina 290, Tomo II).

Debe se�alarse que la disposici�n de la ley demandada, que ordena que su vigencia se inicia a partir de la fecha de su sanci�n vale decir antes de su promulgaci�n, es contraria a la Constituci�n Nacional, de acuerdo con los principios que se han dejado adecuadamente precisados. No obstante resulta pertinente transcribir algunas de las consideraciones que se hicieron en el ya citado salvamento de voto del 25 de mayo de 1981, las cuales son del siguiente tenor:

�La jurisprudencia vigente de la Corte se ha orientado por la excepci�n primera del art�culo 53 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, sin advertir, al parecer, que �sta se refiere a la observancia de la ley, mas no a su promulgaci�n. Esta interpretaci�n se concilia con el texto de la segunda excepci�n ib�dem, seg�n la cual el plazo de los dos meses siguientes a la publicaci�n se ampl�a hasta cuando desaparezcan las causas de perturbaci�n all� previstas.

�Realmente se ha reconocido siempre por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, que toda vez que las normas de la Carta Pol�tica no reglamentan la materia relativa a la vigencia de tales normas, �sta se encuentra deferida a la ley, debiendo por consiguiente hacerse el estudio de la misma, en el marco de lo dispuesto por el citado C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, en sus art�culos 52 y 53.

�Art�culo 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgaci�n, y su observancia principia dos meses despu�s de promulgada.

�La promulgaci�n consiste en insertar la ley en el peri�dico oficial, y se entiende consumada en la fecha del n�mero en que termine la inserci�n.

�Art�culo 53. Se except�an de lo dispuesto en el art�culo anterior los casos siguientes:

�1�. Cuando la ley fije el d�a en que deba principiar a regir, o autorice al Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiar� a regir la ley el d�a se�alado.

�2�. Cuando por causa de guerra u otra inevitable est�n interrumpidas las comunicaciones de alguno o algunos municipios con la capital, y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se contar�n desde que cese la incomunicaci�n y se restablezcan los correos�.

La conclusi�n pr�ctica primeramente citada, seg�n la cual la observancia de la ley puede ser anterior o posterior a su promulgaci�n, se ha hecho derivar tradicionalmente de la primera excepci�n prevista por el art�culo 53, que se acaba de transcribir.

4�. Ahora bien, entendemos nosotros que analizado gramatical y jur�dicamente el citado texto legal, se concluye l�gicamente que la excepci�n, no puede referirse en ning�n momento a la promulgaci�n, sino al transcurso de los dos meses posteriores a ella. Entender el sentido del art�culo en otra forma llevar�a a nuestro juicio a desconocer los textos constitucionales que obligan a la promulgaci�n de la norma. En otros t�rminos: a aceptar te�ricamente los principios constitucionales sobre promulgaci�n, pero desconocerlos en la pr�ctica, siempre que el legislador considera discrecionalmente que cualquier norma, tambi�n elegida a capricho puede obligar, sin necesidad de promulgaci�n, esto es, sin necesidad de su conocimiento por parte de la comunidad estatal a la cual precisamente va dirigida.

5�. Como consecuencia de lo anterior, deben hacerse las siguientes observaciones a los dos art�culos transcritos:

a) La primera parte del art�culo 52 constituye un mandato ineludible, toda vez que el legislador sin ambig�edades de ninguna �ndole, ordena perentoriamente, como por otra parte no pod�a dejar de hacerlo ante di�fanos textos constitucionales que: �La ley no obliga sino en virtud de su promulgaci�n�.

b) De conformidad con reglas elementales de hermen�utica, no ser�a dable concluir que despu�s de tan rotunda afirmaci�n, en el siguiente art�culo el mismo legislador dijera, sin embargo, que la promulgaci�n no es necesaria para la vigencia de la ley, cuando el legislador as� lo dispone.

c) El art�culo 52 separa claramente dos fen�menos, a saber: la promulgaci�n y la observancia de la ley, para explicar en el segundo momento, en qu� preciso instante despu�s de realizada la promulgaci�n se inicia la observancia de aqu�lla.

d) Y justamente, el art�culo 53 al referirse a las excepciones del art�culo anterior, como es obvio, no se refiere a la excepci�n para efectos de no realizar la promulgaci�n, sino que alude solamente al fen�meno de la observancia, al concretar dichas excepciones empleando la expresi�n �regir�. Ciertamente como ya se indic� en p�rrafos anteriores, el legislador alude al caso en que �la ley fije el d�a en que deba empezar a regir�.

c) Pero si a lo anterior todav�a fuera necesario agregarle alg�n argumento, entonces lo que no permite abrigar la menor duda de cu�l fue el pensamiento del legislador, lo encontramos en la redacci�n de la segunda excepci�n, pues all� dice con claridad que brilla al ojo:

Es decir que la redacci�n del art�culo 53 relacionado con las excepciones, alude sin equ�vocos de ninguna naturaleza a la forma en que �se contar�n los dos meses�, dando de contera por supuesta la promulgaci�n perentoriamente consagrada, como ya se vio, en el art�culo 1�.

El legislador pues, expres� con suficiente claridad, que si bien la observancia de la norma es consecuencia de la promulgaci�n, no es naturalmente, la promulgaci�n misma.

Y, s�lo la confusi�n entre las dos, a nuestro juicio, puede llevar a pensar que las excepciones previstas en el art�culo 53 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, no se refieren a la observancia, sino que abarcan tambi�n la promulgaci�n de la ley.

Por otra parte, conviene resaltar el hecho de que la amnist�a, lo mismo que el indulto constituye una instituci�n eminentemente penal, relativa concretamente al castigo de los responsables, y que es precisamente en esta rama del Derecho, donde la promulgaci�n como requisito para la observancia o cumplimiento de la ley reviste una trascendencia a�n mayor, reconocida tradicionalmente por la historia jur�dica del pa�s.

Basta recordar al respecto que el art�culo 43 de la Ley 153 de 1887 dispone que:

�La ley preexistente prefiere a la ley ex post fado en materia penal. Nadie podr� ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla s�lo se refiere a las leyes que definen o castigan los delitos, pero no a aqu�llas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicar�n con arreglo al art�culo 40�.

Y con el mismo criterio, el nuevo Estatuto Penal Colombiano, incluye en su art�culo d�cimo, elev�ndola justamente a canon rector de la codificaci�n, la norma seg�n la cual:

�En ning�n caso tendr� vigencia la ley penal antes de su promulgaci�n�.

La Corte Suprema en Sala Plena, en las tres oportunidades ya mencionadas, resolvi� declararse inhibida para decidir en el fondo sobre otras tantas demandas intentadas contra el Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, precisamente por el hecho de haberse presentado todas ellas con anterioridad a la promulgaci�n del mentado Acto Legislativo, vale decir, antes de que �ste hubiera entrado en vigencia.

En la primera de tales providencias, con ponencia del Magistrado Antonio de Irisarri Restrepo, se expres� entre otras cosas lo siguiente, repetido en lo esencial en las providencias siguientes:

�5. Son principios generales del derecho p�blico colombiano, consagrados expl�citamente no s�lo en las normas constitucionales antes citadas sino en preceptos legales que las han desarrollado (C.R.P.M. Arts. 52 y ss.) los que ense�an que las leyes no obligan sino en virtud de su promulgaci�n; que al Presidente de la Rep�blica corresponde promulgar la ley sancionada, obedecerla y velar por su exacto cumplimiento y que la observancia de sus disposiciones, salvo que la propia ley se�ale una fecha diferente para ello, principia dos meses despu�s de promulgada. Los postulados que acaban de enunciarse constituyen una de las bases fundamentales del r�gimen constitucional colombiano; en tal car�cter y a falta de voluntad contraria del constituyente, claramente manifestada, deben considerarse aplicables tambi�n en punto a la promulgaci�n y vigencia de actos legislativos reformatorios de la Carta Pol�tica, y con mayor raz�n a�n, respecto del Acto Legislativo n�mero 1 de 1979, habida cuenta del expreso querer del constituyente, plasmado tanto en el art�culo 65 de dicho acto legislativo que manda promulgarlo como condici�n para su vigencia, como en la regla 3� del art�culo 215 (58 del Acto Legislativo en cuesti�n) que expl�citamente condiciona la viabilidad de las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma que se enderecen contra los Actos Legislativos, a la circunstancia de haber sido ejercitadas dentro del t�rmino de un a�o, contado desde la vigencia del correspondiente acto reformatorio, lo cual tanto vale como decir que a efectos de demandar su inexequibilidad no basta que �ste se haya expedido por el constituyente, sino que es preciso que el acto que se acuse haya entrado en vigor�. (Foro Colombiano n�mero 139, Tomo XXIV. P�g. 21).

Por supuesto, dada la terminolog�a empleada por el ciudadano que ha demandado de la Corte el pronunciamiento de inhibici�n, es preciso tener en cuenta que la Corte en la providencia ya mencionada del 27 de noviembre de 1980, tuvo especial cuidado en distinguir entre la existencia de la ley y la observancia de la misma, situaciones que ciertamente no es dable confundir. Manifestada normativamente la voluntad del legislativo, y sancionada por el Presidente la ley correspondiente, es obvio que debe aceptarse la existencia de la misma; pero no habi�ndose realizado su promulgaci�n es igualmente obvio que de lo que no puede hablarse es de la vigencia u obligatoriedad de la misma.

Ciertamente, en la citada providencia del 27 de noviembre expres� la Corte, entre otras cosas:

�La Corte considera que deben diferenciarse n�tidamente dos momentos dentro del proceso legislativo, esto es: la existencia por una parte de la ley en sentido formal; y por otra, el cumplimiento u observancia de la misma, fen�menos que corresponden a lo que la jurisprudencia ha venido conociendo como el �per�odo de expedici�n� de la ley, que termina con la sanci�n de la norma; y el �per�odo de promulgaci�n� integrado por hechos posteriores a la mencionada sanci�n.

�En este sentido no puede jur�dicamente negarse la existencia del acto legislativo antes de su promulgaci�n, el cual constitucionalmente es una manifestaci�n de la voluntad soberana del Parlamento. Lo que no puede es predicarse su obligatoriedad, con anterioridad a la promulgaci�n por �l mismo ordenada, toda vez que, la publicaci�n no es otra cosa en efecto, que la exteriorizaci�n general de la ley, constituyendo un acto distinto de la sanci�n y que debe considerarse como indispensable para que la Naci�n, su destinataria natural, conozca la norma�.

Significa lo anterior, que la promulgaci�n del acto legislativo no afecta el ser del mismo; esto es que no interfiere sus aspectos ontol�gicos proyect�ndose en cambio sobre su observancia y obligatoriedad.

Aludiendo precisamente al fen�meno cuestionado, Le�n Duguit, cuya influencia se observa en muchas de las cl�usulas de la Constituci�n Nacional, en su Manual de Derecho Constitucional (2� edic. espa�ola 1926, p�g. 472), expresa que:

�La promulgaci�n es el acto por el cual el Presidente de la Rep�blica afirma, por la f�rmula consagrada, que la ley ha sido reglamentariamente votada por las C�maras, y ordena que sea aplicada por las autoridades administrativas y judiciales, imponi�ndose a todos su observancia�.

Tercera. El control de constitucionalidad, consecuencia l�gica de la supremac�a o superlegalidad de la Constituci�n conlleva por su propia naturaleza a un enfrentamiento normativo; 'en ning�n caso a un enfrentamiento de orden f�ctico entre un hecho o acto que carece aun de la normatividad propia del deber ser, con la Constituci�n Nacional. Desde luego se except�a de tal regla, el control previo, consagrado expresamente por el Constituyente.

Trat�ndose as� de un enfrentamiento normativo, se requiere de contera que las normas, objeto de la comparaci�n, se encuentren ambas en vigencia, que exista una evidente coetaneidad normativa, s�lo lo cual puede conducir a una decisi�n sobre la validez o invalidez del precepto cotejado con la Constituci�n.

Cuarta. Es conveniente se�alar que, si bien no pocos Estados diferencian dentro de las diversas etapas del proceso legislativo, la promulgaci�n de la publicaci�n, resulta indudable sin embargo, que en Colombia, quiz� con mayor rigor t�cnico, siempre se han identificado tales nociones, lo cual de todas maneras, consulta mejor el propio significado del vocablo, como que, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua. �Promulgar del lat�n promulgare, significa, �publicar una cosa solemnemente; hacerla saber a todos; hacer que una cosa se divulgue y propague mucho en el p�blico; publicar formalmente una ley u otra disposici�n de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria��.

Tal identificaci�n entre promulgaci�n y publicaci�n, corresponde por lo dem�s, al significado que de antiguo le ha sido atribuido por el Derecho Romano, en cuya sede se configur� jur�dicamente dicho vocablo.

Finalmente, y respecto del punto glosado de la promulgaci�n de la ley y sus relaciones con el control de la Constituci�n, es pertinente hacer una �ltima observaci�n. Resolvi�ndose en �ltimo t�rmino el juicio de constitucionalidad, en una orden de ejecutabilidad o inejecutabilidad de la norma respectiva, que es en lo que consiste la declaraci�n de exequibilidad o de inexequibilidad, y teniendo por otra parte la decisi�n de la Corte efectos ex nunc y no ex tune, resultar�a a todas luces incongruente y contradictorio que no se exigiera que la norma demandada hubiera sido promulgada, vale decir que se hubiera iniciado su etapa de vigencia o ejecutabilidad.

Y cuando quiera que excepcionalmente el Constituyente ha considerado, que la Corte puede adelantar el juicio de constitucionalidad antes de la promulgaci�n de la norma, as� lo ha dicho expresamente, como en los casos del control constitucional de los decretos expedidos en ejercicio de las facultades otorgadas al Ejecutivo por los art�culos 121 y 122 de la Constituci�n Nacional, o en el caso de la objeci�n presidencial de inconstitucionalidad de los proyectos de ley, prevista en el art�culo 90 de aqu�lla.

No sobra se�alar por �ltimo que, dados los extraordinarios avances t�cnicos en materia editorial, lo mismo que la funcionalidad que ser�a f�cil imprimirle al �Diario Oficial�, public�ndose por ejemplo dos ediciones, una de ellas con las normas legales y otras con el resto de las publicaciones, el cumplimiento de las normas sobre promulgaci�n ser�a, no solamente posible, sino f�cil, con los consiguientes beneficios para la existencia de un aut�ntico estado de Derecho y para la comunidad estatal en general.

En consecuencia, habi�ndose presentado la demanda de inexequibilidad contra la Ley 37 de 1981, con anterioridad a la vigencia de �sta, vale decir, antes de su publicaci�n en el �Diario Oficial�, lo cual como ya se indic�, se hizo tres d�as m�s tarde, en la edici�n n�mero 35729, correspondiente al 26 de marzo del mismo a�o, se concluye que la Corte no puede jur�dicamente dictar sentencia de m�rito.