Sentencia 198201712409062 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030020152198201712409062Ricardo Medina Moyano198215/04/1982198201712409062_Ricardo Medina Moyano_1982_15/04/198230020150DERECHO DE PETICION Y ACCION JUDICIAL Exequibles por no ser contrarios a la Constituci�n Nacional los art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22 de la Ley 179 de 1959 Corte Suprema de Justicia - Sala Plena 1982

Rogelio Castillo C�ndelo71982017124090622409ARTIUCULOS 2,6,7,8 10,11,21, Y22 DE LA LEY 179 DE 1959Identificadores30030066147true1142185original30066172Identificadores

Exequibles por no ser contrarios a la Constituci�n Nacional los art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22 de la Ley 179 de 1959

Normas acusadas; Art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22 de la Ley 179 de 1959, por la cual se ordena la cooperaci�n econ�mica de la Naci�n en favor de los damnificados por la explosi�n del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Cali.

Rogelio Castillo C�ndelo, en su condici�n de ciudadano y en ejercicio de la acci�n p�blica prevista en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, subrogado por el art�culo 71 del Acto Legislativo n�mero 1 de mil novecientos sesenta y ocho, acusa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia los art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22, �todos pertenecientes a la Ley 179 de 1959�, �por la cual se decreta la cooperaci�n econ�mica de la Naci�n en favor de los damnificados por la explosi�n del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Cali�.

La Procuradur�a General de la Naci�n, en cumplimiento de las disposiciones procesales correspondientes, ha descorrido el traslado de rigor, conceptuando que el art�culo 2�, de la Ley 179 de 1959 �y las dem�s normas objeto de impugnaci�n en cuanto le resultan accesorias o subordinadas, son inexequibles�.

La Corte transcribe a continuaci�n el texto de las normas sometidas al juicio de constitucionalidad de las mismas, a�adiendo el ac�pite de la Ley de la cual forman parte.

�Por la cual se decreta la cooperaci�n econ�mica de la Naci�n en favor de los damnificados por la explosi�n del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Cali.

�Art�culo 2�. Para efecto de pagar extra judicialmente las reparaciones a que haya lugar como consecuencia de este siniestro, en favor de los damnificados que a la expedici�n de esta Ley tuvieren un patrimonio gravable no mayor de cien mil pesos ($ 100.000.00), central�zase el conocimiento y decisi�n de todas estas cuestiones, y por el procedimiento administrativo que aqu� se establece, en la instituci�n de utilidad com�n denominada Fundaci�n Ciudad de Cali, creada por los Decretos n�meros 133 y 170 de 1957, y cuya existencia para los fines indicados se reconoce expresamente en esta Ley.

�Art�culo 6�. La Fundaci�n Ciudad de Cali quedar� encargada de conocer de las diligencias que promuevan los perjudicados sobre indemnizaci�n de los perjuicios que sufrieron por la explosi�n ocurrida el 7 de agosto de 1956, en Cali, y de arreglar extrajudicialmente con dichos perjudicados el monto y pago de sus respectivas indemnizaciones.

�Art�culo 7� Los perjudicados cuyo patrimonio gravable al regir la presente Ley no exceda de cien mil pesos ($ 100.000.00), tendr�n derecho a que la Fundaci�n Ciudad de Cali decrete y pague el valor de sus perjuicios, siempre que el monto de ellos no pase de cincuenta mil pesos. Los perjudicados cuyo patrimonio gravable excediere de cien mil pesos ($ 100.000.00), podr�n a su arbitrio, acudir al poder judicial para la fijaci�n del monto de los perjuicios, o fijar por medio de transacciones celebradas con la Fundaci�n Ciudad de Cali, pero en ning�n caso la Fundaci�n Ciudad de Cali puede decretar indemnizaciones por cantidad mayor de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).

�Art�culo 8�. La Fundaci�n Ciudad de Cali pagar� preferencialmente, y en el menor tiempo posible, los da�os y perjuicios que hayan sufrido los hu�rfanos y viudas que no hubieren pasado a otras nupcias, y las personas pobres que hayan sufrido mutilaciones o deformidades por causa de la explosi�n de que esta Ley trata, siempre que el monto individual de estas indemnizaciones no exceda de veinte mil pesos ($ 20.000.00).

�Art�culo 10. Para la fijaci�n de la indemnizaci�n a que se refiere esta Ley, la Fundaci�n Ciudad de Cali aceptar� como pruebas las certificaciones expedidas por la Junta Informadora de Da�os y Perjuicios, creada por el Decreto n�mero 1932 de 1956, y en subsidio declaraciones de testigos recibidas con asistencia del Ministerio P�blico.

�Art�culo 11. La Fundaci�n Ciudad de Cali cancelar� los pr�stamos bancarios hechos a perjudicados por concepto de la explosi�n de que trata esta Ley, cuando el valor de dichos pr�stamos sea inferior o igual al monto de la indemnizaci�n. Si el valor de la indemnizaci�n excede al del pr�stamo, la diferencia ser� entregada directamente al perjudicado.

�Este art�culo no se aplicar� a pr�stamos bancarios de valor mayor de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).

�Art�culo 21. El Presidente de la Rep�blica reglamentar� la presente Ley y revisar� los estatutos de la Fundaci�n Ciudad de Cali para adecuarlos al completo logro de los fines de esta Ley, que son los de indemnizar a las personas que sufrieron perjuicios por la explosi�n y especialmente a las personas pobres.

�Art�culo 22. Todo damnificado que reciba indemnizaci�n de la Fundaci�n Ciudad de Cali, se entiende que renuncia a toda acci�n contra el Estado por causa de perjuicios derivados de la explosi�n. Pero queda a salvo el derecho de quienes no quieran acogerse a las disposiciones de esta Ley para hacerlo valer ante la justicia ordinaria�.

Se advierte, especialmente teniendo en cuenta que en la transcripci�n hecha por la demanda no se incluy� el �ltimo inciso del art�culo 11, que el demandante adjunt� una xerocopia debidamente autenticada de la Ley 179 de 1959.

En punto a este aspecto de la demanda, el actor considera que las normas anteriores: �tanto en forma unitaria e individual, como en su conjunto, por cuanto guardan entre s� un evidente v�nculo de conexidad, infrangen <sic> cuando menos dos normas de nuestra Constituci�n, a saber: a) el art�culo 45, y b) el art�culo 78-5� (Fl. 2).

Por lo que ata�e al primero de los art�culos mencionados, esto es, al art�culo 45 de la Carta Pol�tica, estima en �ltimo t�rmino el libelista que fue vulnerado por las normas acusadas, como quiera que a su juicio dicho art�culo constituye en Colombia el fundamento del �Derecho de acci�n�, �l tambi�n a su entender se identifica con el �Derecho de petici�n�. Apuntando a tal conclusi�n, el actor razona de la siguiente manera:

�Esta norma resulta infringida por los art�culos de la Ley 179 de 1959 �acusados como inexequibles�, por cuanto en su conjunto y muy especialmente a trav�s de las voces del art�culo 22 de esa Ley, se establece que �Todo damnificado que reciba indemnizaci�n de la Fundaci�n Ciudad de Cali se entiende que renuncia a toda acci�n contra el Estado por causa de perjuicios derivados de la explosi�n�.

�Es sabido que el derecho de petici�n, seg�n la doctrina nacional y extranjera, se confunde con el derecho de acci�n. Vale decir, devienen en una sola y misma cosa. De suerte que cuando una norma de la ley (Art. 22 de la Ley 179 de 1959) sola, o con el respaldo evidente de otras normas del mismo estatuto (los dem�s art�culos demandados) proh�be, impide y obstaculiza el ejercicio del derecho de acci�n como se deja arriba indicado, viola e infringe de modo innegable un derecho civil y una garant�a social establecida en el art�culo 45 de la Carta.

�En respaldo de algunas de nuestras anteriores afirmaciones, transcribimos parte de lo expuesto por el distinguido jurista doctor Humberto Mora Osejo en su trabajo �La acci�n en el proceso administrativo� y publicado por Ediciones Rosaristas, 1980, p�ginas 118 y 119: �De este modo la acci�n toma un claro sentido de Derecho P�blico, si bien vinculada a una pretensi�n de Derecho Privado, cuya tutela jur�dica hizo propicia esta formidable evoluci�n. Couture afirma en conclusi�n que la acci�n es un derecho equivalente al de petici�n, una de sus formas espec�ficas, que tiene por fundamento su reconocimiento en las diversas constituciones del mundo y aun en el c�lebre art�culo 10 de la Declaraci�n de Derechos Humanos de la Organizaci�n de las Naciones Unidas; y que en definitiva, es un �derecho a la jurisdicci�n� o, como concluye, abstracto y aut�nomo que tiene toda persona natural o jur�dica para obtener la aplicaci�n de la jurisdicci�n del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia, a trav�s de un proceso��.

�Si el Estado en el caso concreto de la explosi�n de Cali a que se refiere concretamente la Ley 179 de 1959, al pagar o entregar una indemnizaci�n a un damnificado de tal explosi�n por medio de la Fundaci�n Ciudad de Cali, quer�a obtener la renuncia �a toda acci�n� contra �l, �por causa de perjuicios derivados de la explosi�n�, bien pudo conseguirlo exigiendo del beneficiado con la indemnizaci�n tal renuncia, pero en el acto o contrato de transacci�n, que debi� elaborarse y firmarse en cada caso. Una renuncia del derecho de acci�n o de petici�n, hecha en tal forma, siempre que fuera libre, espont�nea y viable legalmente, no quebrantaba ni la ley ni la Constituci�n.

�Viola e infringe la Constituci�n (Art. 45), en cambio, el que una norma de la Ley (Art. 22 de la Ley 179 de 1959) establezca o d� por entendida la �renuncia a toda acci�n contra el Estado por causa de perjuicios derivados de la explosi�n�; y a�ade que en caso como el presente, no es misi�n de la Corte �Observar como punto fundamental y b�sico si una persona trata de obtener o no doble indemnizaci�n, pues este no es el punto de derecho que se plantea a la Corte. Ese punto ya lo resolver�, a espacio, con la debida competencia) y dentro del procedimiento adecuado, el juez correspondiente� �.

Y en cuanto a la segunda violaci�n de la Carta, esto es, del art�culo 78-5, el libelista la explica de la siguiente guisa:

�Cuando el Congreso decret� la �cooperaci�n econ�mica de la Naci�n en favor de los damnificados por la explosi�n del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Cali�, por medio de la Ley 179 de 1959, de la cual forman parte los art�culos o normas acusados como inexequibles, entendiendo tal cooperaci�n como el pago de unas �indemnizaciones�, no lo hizo �con arreglo a la ley preexistente�, como exige el art�culo 78-5 de la Carta, pues no hab�a para tal caso tal �ley preexistente�.

�La Ley 179 de 1959, de la cual forman parte importante los art�culos acusados o demandados, y estos mismos, naturalmente, fueron dictados por el Congreso para decretar �indemnizaciones� en favor de un n�mero ilimitado, desconocido, impreciso, etc., de personas denominado en forma gen�rica damnificados.

�Si el decreto de tales indemnizaciones se hubiese hecho por el Congreso con �arreglo a la ley preexistente�, y no se hizo as�, habr�ase requerido, adem�s, que la indemnizaci�n o indemnizaciones respectivas hubieran sido precisadas, determinadas en los art�culos de la ley, expresando en favor de qu� �persona o entidad� eran decretadas tales indemnizaciones, de modo que no hubiera duda sobre ello al respecto, como reclama y ordena sin duda, el art�culo 78-5 de la Carta, al expresar que �es prohibido al Congreso y a cada una de sus C�maras� decretar a favor de de <sic> ninguna persona o entidad gratificaciones ... �.

Agrega el actor, en relaci�n con este cargo, que el Constituyente, a su juicio, al adoptar el art�culo 78-5 de la Carta, no previo que pudieran presentarse calamidades p�blicas como la que dio origen a la Ley 179; y termina su discurso aludiendo a la naturaleza jur�dica de la Fundaci�n Ciudad de Cali, para deducir que no es aplicable a ella lo dispuesto por el art�culo 76-20 de la Constituci�n por no estimar aceptable:

�Que pueda recurrirse a la excepci�n se�alada por el art�culo 78-5, al expresar �salvo lo dispuesto en el art�culo 76, inciso 18� hoy 20, para validar o concluir que los art�culos acusados o demandados no violan e infringen la Carta. Por lo dem�s, la Fundaci�n Ciudad de Cali (Instituci�n de Utilidad Com�n, acorde con el art�culo 29 de la Ley 179-59) no es en modo alguno de las �empresas �tiles o ben�ficas dignas de est�mulo y apoyo, a que se refiere el art�culo 76, inciso 8, antes, hoy 20�

La Procuradur�a General de la Naci�n, mediante concepto n�mero 515 del d�a 30 de octubre del presente a�o, estima (Fls. 7 y s.s.) que el art�culo 2� de la Ley 179 de mil novecientos cincuenta y nueve, lo mismo que �las dem�s normas objeto de impugnaci�n, en cuanto le resultan accesorias o subordinadas, son inexequibles�.

a) Siguiendo la secuencia adoptada por la demanda, la Procuradur�a estudia en primer t�rmino la violaci�n del art�culo 45 de la Carta Pol�tica, concluyendo que �en su correcta interpretaci�n el art�culo 22 de la Ley 179 no viola, como lo plantea el demandante, el precepto contenido en el art�culo 45 de la Carta�.

Para llegar a esta conclusi�n, la Procuradur�a empieza por estudiar el alcance jur�dico del t�rmino acci�n, recuerda en concepto de Couture, las principales aceptaciones del mismo, para precisar m�s adelante que la jurisprudencia colombiana se ha inclinado a considerar la acci�n como:

�un derecho p�blico abstracto, individual y aut�nomo, desarrollo espec�fico del derecho de petici�n, reconocido latu sensu por el art�culo 45 de la Constituci�n, de ocurrir a la jurisdicci�n y de obtener una decisi�n�. (Consejo de Estado. Sala Plena de lo C. A., auto de agosto 21/72, Anales, T. LXXXIII, 374-375).

Advierte, sin embargo, que el art�culo 22 de la Ley 179 de 1959, emple� la expresi�n citada en su acepci�n de derecho material, corolario de lo cual es que: �en su cabal entendimiento, la norma impugnada enfatiza en lo que es apenas obvio; con el pago de la indemnizaci�n que se fije por el �procedimiento administrativo�, directo o gubernativo se�alado en la Ley 179 de 1959, se extingue dicha obligaci�n del Estado, y el derecho correlativo del perjudicado. Y es obvio, tambi�n, que quien recibe por el procedimiento administrativo no puede recibir nuevamente por el procedimiento judicial.

�No se extingue la acci�n entendida como derecho p�blico de acudir a la jurisdicci�n y de obtener de �sta decisi�n, sino que se extingue la acci�n entendida como el derecho a la indemnizaci�n, vale decir, que el interesado puede ejercer la acci�n pero carece del derecho material. El resultado pr�ctico es, desde luego, id�ntico: se desechar�n las pretensiones de quien as� demande, y aunque la Ley 179 de 1959 no lo hubiera dicho, simple es entender que el pago extingue las obligaciones.

�Si se aceptara la tesis de la demanda, consistente en que los hipot�ticos damnificados hubieran podido recurrir, simult�nea y sucesivamente, a las dos fuentes legales de reparaci�n, la creada por la Ley 179 de 1959, y la resultante de la acci�n judicial, se estar�a en presencia de un enriquecimiento sin causa, ya que se tratar�a de obtener una doble reparaci�n por el mismo hecho�.

b) En segundo lugar estudia la Procuradur�a las normas demandadas a la luz de lo dispuesto por el ordinal 5� del art�culo 78 de la Constituci�n, para concluir que �ste ha sido violado por aqu�llas, como quiera que a su juicio, el reconocimiento por parte del Estado de indemnizaciones a favor de particulares, s�lo puede hacerse por funcionarios de la Rama Judicial. Al efecto, luego de transcribir el mencionado ordinal y de precisar que �ste ha permanecido inalterable desde su adopci�n en mil ochocientos ochenta y seis, agrega:

�...obs�rvese que la disposici�n transcrita no autoriza que las indemnizaciones a favor de cualquier persona o entidad, o grupos individualizables o determinables de personas, deben ser judicialmente reconocidas con base en leyes anteriores. Conforme a lo expuesto, al expedirse el Acto Legislativo n�mero 1 de 1968, se prescribi� en el art�culo 69 que corresponde al art�culo 210 de la actual codificaci�n constitucional que en la ley de apropiaciones s�lo pod�an incluirse partidas que correspondieran �a un cr�dito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme ley �anterior�.

�As�, pues, el legislador puede disponer los gastos de funcionamiento e inversi�n que demande el servicio p�blico... definir la manera abstracta, general e impersonal, el supuesto hecho que da lugar a indemnizaciones por parte del Estado, as� como las circunstancias o condiciones dentro de las cuales puede causarse o exigirse dicho derecho, e inclusive le compete determinar �el orden y modo de satisfacer� tales obligaciones (Art. 203, inc. 2�); pero es a la jurisdicci�n a la que le corresponde, �con arreglo a la ley preexistente� reconocer en el caso concreto, individual (o individualizable), la existencia del derecho a la indemnizaci�n y a la cuant�a de �sta. Se concluye entonces que el legislador no se halla constitucionalmente facultado para reconocer, como lo hizo el art�culo 2� de la Ley 179 de 1959, a ning�n individuo o grupo determinable, el derecho a indemnizaciones o reparaciones de origen estatal, ni puede, tampoco, como lo hizo en la misma disposici�n, trasladar a entidades administrativas �el conocimiento y decisi�n de todas estas cuestiones� �.

Para los efectos de este proceso, es preciso observar que con anterioridad, el mismo actor hab�a demandado por inconstitucional el art�culo 22 de la citada Ley 179 de 1959. En tal oportunidad, la Sala Constitucional, competente para ese entonces, mediante providencia del 1� de septiembre de 1981 (proceso n�mero 879) resolvi� declararse inhibida para conocer de la demanda por ineptitud de �sta, derivada de la circunstancia de no haberse demandado normas de la Ley, que integraban con el art�culo acusado una �proposici�n jur�dica completa�.

En tal ocasi�n la Procuradur�a General de la Naci�n se pronunci� sobre el fondo del asunto, mediante el concepto n�mero 493 del 3 de junio del mismo a�o, en el cual concluy� �que la disposici�n impugnada no es violatoria de los art�culos 16, 19, 40 y 45 de la Constituci�n Nacional, ni de ning�n otro precepto constitucional�, solicitando en consecuencia la declaraci�n de exequibilidad del art�culo acusado.

Seg�n lo dispuesto por el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, subrogado por el art�culo 71 del Acto Legislativo n�mero 1 de mil novecientos sesenta y ocho y supuesta la inexequibilidad del Acto Legislativo n�mero 1 de mil novecientos setenta y nueve, declarada por la Corte Suprema en sentencia del d�a 3 del mes de noviembre del presente a�o, la competencia para conocer del presente juicio de constitucionalidad contra los art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22 de la Ley 179 de mil novecientos cincuenta y nueve, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia �en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional�.

No se observa pugna alguna entre los art�culos acusados de la Ley 179 de 1959 y el �Derecho de Petici�n� constitucionalmente consagrado en el art�culo 45 de la Carta Pol�tica. Ciertamente los t�rminos utilizados en dicho canon de la Constituci�n, le confieren a tal derecho una extensi�n tan amplia que permiten considerarlo como un g�nero dentro del cual caben holgadamente muchas especies; una de las cuales, quiz� la de mayor significaci�n en raz�n de su naturaleza y de sus proyecciones sobre la eficacia jur�dica, es la acci�n judicial: como que constituye tambi�n parte del mismo derecho de petici�n, la facultad que tiene toda persona de presentar solicitudes a cualquier autoridad no judicial, bien por motivos de inter�s general, ya por razones de orden particular y de obtener pronta resoluci�n, seg�n las voces del mencionado art�culo 45.

Importa se�alar que los principios anteriores se acomodan, tanto a las opiniones del actor, como a las consideraciones que la Procuradur�a General de la Naci�n formula en su concepto, fundado mayormente en las opiniones al respecto del procesalista Couture, lo mismo que con los conceptos transcritos por el primero y que corresponden a un estudio del Consejero de Estado doctor Humberto Mora Osejo.

�Y en el asunto que nos ocupa, el mentado derecho de petici�n no pierde nada de su vigencia y los damnificados por la tragedia de Cali lo pueden utilizar a su escogencia, sea empleando los medios establecidos por la Ley 179 de 1959, que son del orden administrativo, sea promoviendo las acciones legales para poner en funcionamiento el aparato judicial, facultad �sta que respetando de manera expresa las normas acusadas, especialmente el art�culo 22, precisamente para salvaguardar el derecho de petici�n impl�cito en toda acci�n judicial. De todas suertes es evidente que los damnificados tienen la facultad de escoger cualesquiera de los caminos indicados, lo que a su turno les da completa libertad para manifestar o no la posible renuncia de su derecho, por todo lo cual no es aceptable la afirmaci�n del actor de que el art�culo citado �proh�ba, impida y obstaculice el ejercicio del derecho de acci�n� �.

De otra parte, la Corte manifiesta su acuerdo con lo expresado acertadamente al respecto ,por la Procuradur�a General de la Naci�n y oportunamente transcrito en la presente providencia.

Debe observarse, en primer t�rmino, que el actor, que en su primera demanda hab�a considerado violados, fuera del anteriormente citado, los art�culos 40, 16 y 19 de la Constituci�n, en esta oportunidad y luego de la decisi�n inhibitoria de la Sala Constitucional, ha focalizado su ataque, fuera tambi�n del citado art�culo 45, tan s�lo en el art�culo 78, ordinal 5� de la Carta Fundamental.

Tampoco encuentra la Corte que las normas acusadas hayan vulnerado el mentado art�culo del C�digo Superior, principalmente por las siguientes razones:

1�. Seguramente el hecho de haberse dispuesto por parte del Congreso una indemnizaci�n, con ocasi�n de una grav�sima tragedia, de la cual fueron v�ctimas primordialmente sectores desvalidos de uno de los principales n�cleos urbanos del pa�s, ha llevado a pensar que a la luz de lo ordenado en el ordinal 5� del art�culo 78 de la Carta Pol�tica, le est� vedado al Congreso llevar a cabo tal g�nero d� indemnizaciones.

Posiblemente dicha confusi�n nace de un concepto excesivamente unilateral y r�gido acerca de la naturaleza de la funci�n legislativa, y por lo tanto en desacuerdo con los principios adoptados al respecto por el Constituyente de 1886, los cuales, en variadas ocasiones han sido adecuadamente precisados por la Corte.

En efecto, refiri�ndose al entendimiento correcto de ley, ha dicho esta Corporaci�n en sentencia de septiembre 4 de 1970, con ponencia del Magistrado Eustorgio Sarria que:

�En sentido general, para la Corte, ley es todo acto emanado del Estado que contiene una regla de derecho objetivo; y ratificando su doctrina anterior agrega: la verdadera ley es aquella que crea u organiza el derecho positivo: que se dicta con car�cter general, abstracto e impersonal, o mejor, la que gobierna una categor�a determinada de intereses, consagrando reglas de conducta, ya en el orden de las relaciones privadas entre los gobernados, ya en el orden de las relaciones de estos con el Estado.

�Pero al lado de est�s ordenaciones con categor�a de leyes, la rama legislativa participa en funciones meramente administrativas, por medio de actos que se revisten de las formas de la ley, pero que en la materialidad de su sustancia no contienen nada parecido a una regla de derecho. La ley fundamental de los Estados dispone que algunos de los actos administrativos o ejecutivos m�s importantes los realiza el Congreso.

�Es el caso de la Constituci�n nuestra, que en su art�culo 76 prev� que el Congreso ejerce sus atribuciones por medio de leyes; y se�ala entre tales atribuciones unas que s�lo se traducen en actos jur�dicos diferentes al legislativo, como los simplemente administrativos y los actos de condici�n (leyes de honores, construcci�n de una obra p�blica determinada, aprobaci�n del presupuesto nacional, etc.)�. (G. J. T- CXXXVII bis, n�mero 2338 bis, p�g. 381.)

Ahora bien, corolario de lo anterior lo constituye el hecho de que, aceptado el car�cter administrativo de las normas sometidas al juicio constitucional de la Corte, tal situaci�n por s� sola no impide en modo alguno que ella se pueda considerar como expresi�n de las atribuciones del Congreso establecidas en la Carta Fundamental y expresi�n tambi�n, por lo tanto, de la soberan�a del Estado.

2�. Pero en verdad, tr�tese o no, de una materia de contenido administrativo, lo que el Constituyente de 1886 trat� de evitar por parte del Congreso no fue ni con mucho la adopci�n de medidas como la aqu� estudiada, relevante no menos por su generalidad, que por su naturaleza de oportuna respuesta a apremiantes necesidades de la comunidad nacional, sino el hecho, ese s� criticable y aberrante, de otorgar gracias y favores de orden personal, vale decir, el hecho injur�dico y antit�cnico de �dictar leyes con nombre propio�, seg�n la afortunada expresi�n de los cr�ticos de la misma.

Jos� Mar�a Samper, cuya autoridad privilegiada como int�rprete de la Carta del 86 es ocioso relievar, explica el alcance de la norma en comento, expresando que:

�Funest�simos y de larga duraci�n han sido los abusos que los Congresos colombianos han cometido, hasta 1884, en materia de gracias y favores, prodigando pensiones, indemnizaciones, condonaci�n de deudas, etc., a t�tulo de facultad soberana y con mengua de la autoridad propia del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Si la justicia ha sufrido con ello numerosas ofensas, harto han pesado tambi�n sobre el tesoro nacional las consecuencias. El mal era tan inmenso, que los Constituyentes quisieron curarlo radicalmente con una expresa prohibici�n constitucional, a la que el Congreso no podr� sustraerse. No le es l�cito decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogaci�n que no est� destinada a satisfacer cr�ditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente, salvo el caso de fomento de empresas �tiles a que se refiere la atribuci�n 18 del art�culo 76.

��Pero qu� podr� hacerse para otorgar justas pensiones, verbigracia, a militares que se han invalidado en el servicio, o indemnizaciones a personas perjudicadas por el Estado u otras erogaciones que puedan ser necesarias conforme a derechos adquiridos Para esto son los tribunales o comisiones competentes establecidos por las leyes. A estas entidades corresponde examinar las reclamaciones de los que alegan derechos legales, y reconocer los cr�ditos que sean justos, conforme a las pruebas que se aduzcan y a los procedimientos legales. Al legislador s�lo compete mandar pagar los cr�ditos legalmente reconocidos por aquellos tribunales o comisiones, y apropiar en las leyes de presupuesto las cantidades necesarias. Tal es el procedimiento constitucional, conforme a la justicia y al orden, y s�lo ajust�ndose a �l se practicar�n los sanos principios de la administraci�n p�blica.

�Por desgracia �termina diciendo Samper� ha estado muy lejos de ajustar a estos principios su conducta el Consejo Nacional de Delegatarios, en su calidad de Cuerpo Legislativo� (Derecho P�blico Interno de Colombia; Biblioteca Banco Popular. Bogot�. 1974. Tomo II. P�gs. 168 y 169).

3�. As�, pues, por lo que hace a las funciones del Congreso, de contenido administrativo, el Constituyente de 1886 cre� dos clases de limitaciones : de una parte, la ya comentada de decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogaci�n que no est� destinada a satisfacer cr�ditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente, salvo lo dispuesto en el art�culo 76, numeral 20; y de otra, la de decretar, seg�n el ordinal 6� del mismo art�culo, actos de proscripci�n o persecuci�n contra personas o corporaciones.

En s�ntesis, una interpretaci�n tanto teleol�gica como hist�rica y sistem�tica de la norma estudiada, no puede llevar a conclusi�n distinta a la de que, el Constituyente de 1886 no pretendi� en ning�n caso eliminar de las funciones del Congreso, facultades como la que dio origen a la Ley 179 de 1959, inspiradas no s�lo en el cumplimiento de evidentes deberes del Estado frente a un amplio sector humano aquejado por la desgracia, sino enmarcadas en la soberan�a y funciones propias de aqu�l, y en el prop�sito de frenar situaciones de abuso y privilegio, cuyo parecido eventual con los hechos estudiados no aparece por parte alguna.

Dicho en otras palabras, seg�n las normas estudiadas, siempre que las C�maras quieran conceder gratificaciones, indemnizaciones o pensiones, deber�n hacerlo mediante una ley de car�cter general, remitiendo a las autoridades competentes la decisi�n en cada caso individual y concreto, si al reclamante le asiste el derecho respectivo.

4�. Finalmente conviene advertir que no es dable confundir la obligaci�n del Estado de prestar asistencia p�blica, como lo exige el art�culo 19 de la Carta Pol�tica y que forma parte de sus funciones, con la indemnizaci�n de perjuicios. Se trata de dos fen�menos jur�dicos diferentes que no se excluyen uno al otro sino que, como en el presente caso, se complementan mutuamente.

Ciertamente, entre las previsiones de la Ley 179 de 1959 unas son t�picamente pertinentes a la funci�n de asistencia p�blica, al paso que otras est�n estrictamente relacionadas con la indemnizaci�n de perjuicios. No se trata de obligaciones alternativas sino acumulativas que, lejos de oponerse, o de impedir unas el cumplimiento de las otras, todas ellas armonizan la satisfacci�n de los fines sociales del Estado con los deberes de la Naci�n.

Consiguientemente, las normas acusadas no violan los art�culos 45, 78-5 ni ninguno otro de la Constituci�n Nacional.

�A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional y escuchado el Procurador General de la Naci�n,

Declaranse exequibles, por no ser contrarios a la Constituci�n Nacional, los art�culos 2�, 6�, 7�, 8�, 10, 11, 21 y 22 de la Ley 179 de 1959, por la cual se decreta la cooperaci�n econ�mica de la Naci�n en favor de los damnificados por la explosi�n del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Cali�.

C�piese, notif�quese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Claux, Fabio Calder�n Botero, Manuel E. Daza Alvarez, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz (con salvamento de voto), Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz (con salvamento de voto), Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Bailen, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echand�a (salv� el voto), Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Bario Vel�squez Gaviria.

de los Magistrados Luis Carlos S�chica, Juan Hern�ndez S�enz, Manuel Gaona Cruz y Alfonso Reyes Echandia

Es conocido que la Naci�n no puede transigir sino existe ley previa que la autorice para hacerlo. Tambi�n lo es que la transacci�n es el medio jur�dico para arreglar de manera pac�fica procesos ya iniciados o para precaver litigios eventuales.

Con la lectura de los textos acusados, se descubre que el prop�sito del legislador fue habilitar a la Naci�n para transigir pleitos comenzados o por comenzar, como consecuencia del siniestro sufrido por la ciudad de Cali el 7 de agosto de 1956.

Dados los caracteres de esa tragedia, no era hip�tesis aventurada que hubiese responsabilidad extracontractual de la Naci�n en su ocurrencia y, por lo mismo, era prudente y justo resarcirle prontamente a las v�ctimas los perjuicios sufridos, caso de acogerse ellas al sistema r�pido y tranquilo de la transacci�n.

As� pues los textos impugnados no chocan contra ning�n ordenamiento constitucional en cuanto autorizan a la Naci�n para transigir y se�alan los par�metros y condiciones en que deben celebrarse los respectivos negocios jur�dicos con los damnificados por el siniestro aludido.

No sucede lo mismo cuando aquellas normas le atribuyen a un ente denominado �Fundaci�n Ciudad de Cali� la representaci�n de los intereses nacionales para efecto de aquellas transacciones, desde luego que el art�culo 143 de la Constituci�n le atribuye esa personer�a en forma general y abstracta que no admite excepciones a los agentes del Ministerio P�blico y que, adem�s, la calificaci�n del ente susodicho como persona p�blica o privada es discutible, as� sea en todo caso instituci�n de utilidad com�n, fuera de que la Ley 179 no indica en parte alguna qui�n es el personero leg�timo de la Fundaci�n.

Quebrantan pues por este aspecto las disposiciones acusadas el art�culo 143 de la Constituci�n.

Parece, finalmente, un procedimiento extra�o en absoluto a las t�cnicas propias de nuestro ordenamiento jur�dico, efectuar el pago de indemnizaciones a cargo de la Naci�n por intermedio de una entidad en apariencia de car�cter mixto, como la Fundaci�n Ciudad de Cali, y no por conducto de �rganos pertinentes a la estructura constitucional del Estado colombiano, como es de rigor cuando se trata del gasto o de la inversi�n de dineros p�blicos.

En consecuencia, han debido ser declaradas inconstitucionales las disposiciones de la Ley 179 de 1959, materia de la demanda que ahora se decide, en cuanto regularon el sistema de pago de las indemnizaciones de perjuicios a las v�ctimas de la cat�strofe de Cali.

Como el parecer mayoritario de la Corte no lo dispuso as�, estas son las razones de nuestro disentimiento.

Luis Carlos S�chica, Juan Hern�ndez S�enz, Manuel Gaona Cruz, Alfonso Reyes Echandia.