Sentencia 196901372338069 de 1969

300Corte SupremaCorte Suprema30030020124196901372338069Luis Sarmiente Buitrago196929/05/1969196901372338069_Luis Sarmiente Buitrago_1969_29/05/196930020122QUIEBRAS Inexequibilidad del Decreto 750 de 1940, en la integridad de su articulado. 1. Historia del Decreto acusado; 2. Las demandas de inexequibilidad no est�n sometidas al rigorismo procesal de los negocios que se debaten en controversias privadas; 3. Las facultades extraordinarias: son de interpretaci�n estricta. La temporalidad y la precisi�n son sus caracter�sticas. La legislaci�n por medio de decretos extraordinarios constituye un r�gimen de excepci�n dentro de la organizaci�n jur�dica del Estado Colombiano; 4. Precisi�n de las facultades, seg�n la Ley 54 de 1939; 5. La Legislaci�n Colombiana, en todas sus �pocas, ha hecho distinci�n entre �industria� y �comercio�, para dar a cada uno su tratamiento propio; 6. El estatuto de �quiebras� es �jur�dico� y no �econ�mico� o �fiscal�; 7. El derecho �formal� y el derecho �material�, en las quiebras; 8. Conclusiones que llevan a la inexequibilidad del Decreto acusado. Corte Suprema de Justicia � Sala Plena � Bogot�, D.E., mayo veintinueve de mil novecientos sesenta y nueve. 1969

2. Las demandas de inexequibilidad no est�n sometidas al rigorismo procesal de los negocios que se debaten en controversias privadas;

3. Las facultades extraordinarias: son de interpretaci�n estricta. La temporalidad y la precisi�n son sus caracter�sticas. La legislaci�n por medio de decretos extraordinarios constituye un r�gimen de excepci�n dentro de la organizaci�n jur�dica del Estado Colombiano;

5. La Legislaci�n Colombiana, en todas sus �pocas, ha hecho distinci�n entre �industria� y �comercio�, para dar a cada uno su tratamiento propio;

6. El estatuto de �quiebras� es �jur�dico� y no �econ�mico� o �fiscal�;

Corte Suprema de Justicia � Sala Plena � Bogot�, D.E., mayo veintinueve de mil novecientos sesenta y nueve.

El ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe, mayor y vecino de Bogot�, en demanda presentada el 14 de febrero de 1967, pide que se �declare que es inexequible por inconstitucional y en concuencia <sic> que no rige despu�s de que as� se decida, el Decreto Ley n�mero 750 de abril de 1940 dictado por el Gobierno Nacional y firmado por el Presidente de la Rep�blica y los Ministros de Gobierno, Hacienda y Econom�a�.

Primero. El libelo presentado re�ne formalmente las exigencias se�aladas en la Ley 96 de 1936: el actor transcribe, en su totalidad, el texto del Decreto 750 de 1940, adem�s de presentar un ejemplar del Diario Oficial n�mero 24344, en que fue publicado; cita las normas constitucionales que considera infringidas y expone el concepto de la violaci�n.

Segundo. El demandante considera infringidos los art�culos 55, 76, numerales 1�, 2o., y 12, 118, 119 y 120 de la Constituci�n Nacional.

Tercero. El concepto de la violaci�n, lo expresa as�: �He afirmado que la ley invocada por el Ejecutivo no lo autoriz� para reformar el C�digo de Comercio ni para dictar un estatuto sobre quiebras, ni para dentro de �ste dictar normas penales de car�cter sustantivo y procedimental, establecer presunciones probatorias, modificar el procedimiento civil eliminando recursos o cambi�ndoles su naturaleza, ni para modificar las normas generales sobre jurisdicci�n y competencia, ni para establecer causales de nulidad, ni para ordenar que se tramite como simple articulaci�n lo que conforme a las reglas generales del Procedimiento Civil debe ventilarse en juicio ordinario, ni para legislar sobre prestaciones mutuas, ni en fin para dictar ese variado conjunto de disposiciones en gran parte antit�cnicas, que contiene el decreto�.

Cuarto. Concepto del Procurador. Inicialmente el Representante de la Naci�n en el Ministerio P�blico estim� hallarse impedido al tenor del Art�culo 2o. de la Ley 96 de 1936. Dada la importancia del concepto respecto al Decreto acusado se transcriben los siguientes apartes:

�En efecto, por largos a�os y reiteradamente he sostenido en la c�tedra universitaria, que, en mi opini�n, el Decreto Ley 750 de 1940 es inconstitucional, por razones iguales o an�logas a las que el hoy actor aduce: siempre he tenido la convicci�n, y as� la he expresado en las distintas universidades que me han honrado con el t�tulo de Profesor, de que la Ley 54 de 1939, �nico fundamento aducido en apoyo del decreto ley demandado no faculta al se�or Presidente de la Rep�blica para adoptar medidas de esa �ndole.

�Al referirme en mi C�tedra de Procedimiento Penal al art�culo 3o. del C�digo, he aprovechado siempre la ocasi�n para comentar el Decreto Ley 750 de 1940 y exponer clara y n�tidamente mi opini�n. A lo largo de los a�os he expuesto el mismo criterio, recogido en las diversas publicaciones de mis conferencias, y que puede leerse a las p�ginas 39 a 44 de la edici�n que hizo la Universidad Externado de Colombia en el a�o de 1964.

�El Decreto 750 de 1940 (abril 16), dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri� la Ley 54 de 1939, reglament� �ntegramente la materia relacionada con las quiebras. Las disposiciones de car�cter penal que este decreto contiene, en nuestro entender violan las normas constitucionales y principios de derecho universal, como pasa a verse:

�a) En primer t�rmino, debe dejarse claramente' establecido que la Ley 54 de 1939, en desarrollo de la cual se dict� el Decreto 750 de 1940, �nicamente confiri� al Presidente de la Rep�blica facultades extraordinarias para adoptar las providencias que fueran indispensables en relaci�n con los puntos taxativamente enumerados en la misma ley y con el exclusivo fin de �conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organizaci�n econ�mica v fiscal del pa�s�: en consecuencia y no estando incluidas las quiebras ni las actividades de los comerciantes entre los puntos expresamente previstos por el Legislador, pensamos que el Presidente de la Rep�blica no estaba autorizado para dictar el decreto de que viene habl�ndose, ni menos para sustituir todo un T�tulo del C�digo de Comercio, y mucho menos pod�a creerse autorizado para legislar, como lo hizo, en materia penal. Por estos aspectos, pues, el Decreto 750 de 1940 parece inconstitucional. Auncuando desde este punto de vista que se menciona, todo el Decreto 750 fue demandado por inconstitucionalidad, no pudo la Corte enfocar el problema a fondo porque hubo de abstenerse de decidir toda vez que, dijo, �la demanda no plantea aquel problema en la forma legalmente adecuada a tal fin� (sentencia de Sala Plena, marzo 28 de 1941; Magistrado ponente Hinestrosa Daza, Gaceta Judicial Nos. 1966 a 1968, p�gs. 708 a 710).

�M�s adelante, al comentar el art�culo 18 del decreto, afirmo: �Y no se diga que el Presidente de la Rep�blica estaba facultado por la Ley 54 de 1939 para modificar el C�digo de Procedimiento Penal�.

�Despu�s al referirme al art�culo 17, como conclusi�n digo: �La inconstitucionalidad del Decreto 750 de 1940 es, por este aspecto, incuestionable�.

�Posteriormente expongo: �Sin que, en nuestro entender, el Presidente de la Rep�blica estuviera facultado por la Ley 54 de 1939 para legislar en materia penal, es lo cierto que modific� el C�digo Penal al consagrar en el art�culo 3o. del Decreto 750 nuevas modalidades del delito de quiebra que defin�a y tipificaba dicho C�digo en sus art�culos 419 y 420�.

�A juicio de esta Sala el emitir opiniones sobre temas de su asignatura no constituye para el profesor que lo hace en la c�tedra la emisi�n de un concepto en el sentido del citado art�culo 2o. de la Ley 96 de 1936�.

�Auncuando, como lo hice notar en mi escrito de impedimento, tengo concepto definido, que he hecho conocer principalmente en la c�tedra universitaria y que es adverso a la constitucionalidad del Decreto Ley 750 de 1940, pues creo que las facultades extraordinarias de que se revisti� al se�or Presidente de la Rep�blica por la Ley 54 de 1939 no lo autorizaban para legislar como lo hizo en el acto hoy acusado, juzgo que la H. Corte Suprema se halla ante la misma situaci�n que contempl� cuando tuvo a su estudio la demanda formulada contra el mismo Decreto Ley 750 por el doctor Honorio P�rez Salazar en tiempo anterior; en consecuencia, estimo que es procedente abstenerme de dar concepto de fondo, pues, a mi juicio, esa H. Corporaci�n deber�a pronunciarse como lo hizo en su providencia del 28 de marzo de 1941, publicada a las p�ginas 708 a 710 de la Gaceta Judicial n�mero 1966 a 1968�.

�Como el libelo del doctor Rueda Uribe tampoco se�ala las disposiciones concretas del Decreto que en entender del actor son violatorias de la Constituci�n, por aspecto distinto del �nico que plantea o sea el que cobija la totalidad del Decreto, no podr�a el suscrito Procurador referirse a esas normas individualizadas, por cuanto no se dice qu� principios constitucionales son infringidos por ellas ni se expresa el concepto de la violaci�n; y si la Procuradur�a se extendiera a esos temas, rebasar�a el contenido de la demanda y podr�a entenderse que la complementa, lo que no le es permitido�.

�Debiendo limitarse la Procuradur�a a opinar sobre el cargo que el demandante hace, podr�a darse el caso de que la H. Corte Suprema de Justicia optara por la tesis de que el Ejecutivo s� ten�a facultad para dictar el Decreto, y as� desechara la �nica acusaci�n formulada en debida forma, con lo cual �se producir� el absurdo de cobijar con esta declaraci�n las disposiciones mismas del Decreto sin haberlas estudiado, sin haberlas podido estudiar� , para valerme de las palabras textuales que emple� esa H. Corporaci�n en su providencia de 1941.

�Por lo expuesto, concept�o que la H. Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de hacer pronunciamiento respecto de la exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones del Decreto Ley 750 de 1940, �sobre quiebras�, porque la demanda del Doctor Pedro Nel Rueda Uribe no plantea el problema en forma legalmente adecuada�.

Primero. La Comisi�n Revisora del C�digo de Comercio, creada, por la Ley 73 de 1935, integrada por los Doctores Antonio Rocha, Juan de Dios Carrasquilla, Emilio Robledo Uribe y Jes�s Restrepo Olarte, elabor� un proyecto de ley sobre quiebras que fue presentado por el Ministro de Econom�a a la Honorable C�mara de Representantes en las sesiones ordinarias de 1939, habiendo sido aprobado en primer debate el 14 de diciembre de dicho a�o y pasado al estudio de la entonces Comisi�n D�cima, en la misma fecha.

Segundo. Por otra parte, en las mismas sesiones ordinarias fue aprobada la Ley 54 de 1939, de diciembre 15 �por la cual se confieren facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica� de las cuales pod�a hacer uso hasta el 20 de julio de 1940.

Tercero. En esta situaci�n, con fecha 16 de abril de 1940, el Presidente de la Rep�blica dict� el Decreto 750 �sobre quiebras�, que fue publicado en el n�mero 24344 del Diario Oficial, el 20 de abril del mismo a�o. Este decreto es literalmente igual al proyecto de ley que hab�a sido presentado a la C�mara en las sesiones ordinarias del a�o anterior, como se dijo antes.

Cuarto. El Decreto 750, como lo anota el Procurador General de la Naci�n, ya hab�a sido acusado antes de inconstitucionalidad, mediante demanda presentada por el ciudadano Honorio P�rez Salazar sobre la cual, en sentencia de 28 de marzo de 1941, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena resolvi�: �No es el caso de decidir acerca de la exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones del Decreto n�mero 750 de 16 de abril de 1940 sobre Quiebras, con motivo, de la demanda inicial de este proceso, porque ella no plantea aquel problema en la forma legalmente adecuada a tal fin�.

Primera. El art�culo 214 de la Constituci�n- Nacional confiere competencia a la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional, para decidir de esta demanda en forma definitiva.

De este precepto se deduce que mientras no se haya dictado una providencia que adquiera la fuerza de cosa juzgada material, un fallo inhibitorio producido por deficiencia en la demanda, no impide a la Corte entrar de nuevo al estudio de la acusaci�n propuesta con el fin de �decidir definitivamente� como lo ordena la Constituci�n.

Segunda. Ya se dijo anteriormente que el libelo presentado por el ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe re�ne formalmente las exigencias del art�culo 2o. de la Ley 96 de 1936 en cuanto transcribe en su totalidad el texto del Decreto 750 de 1940, cita las normas constitucionales que se consideran infringidas y anota las razones de la violaci�n.

Como el Procurador General de la Naci�n insiste en que la demanda �no plantea el problema en forma legalmente adecuada� es preciso analizar este aspecto antes de entrar al estudio de fondo.

La doctrina anterior de la Corte fue la de que para proceder al estudio de inconstitucionalidad de una norma deb�a preceder acusaci�n concreta promovida por cualquier ciudadano y hacer exclusivamente la confrontaci�n entre la norma acusada y el precepto violado en concepto del demandante; de aqu� que pudiera presentarse nueva acusaci�n sobre una misma norma por violaci�n de un precepto constitucional distinto.

La jurisprudencia modific� fundamentalmente esa relaci�n jur�dica entre acusaci�n y sentencia, con fundamento en el art�culo 2o. de la Ley 96 de 1936 que dice:

�Pero si la Corte al fallar el negocio encontrare que han sido violados otros textos o principios constitucionales distintos de los invocados en la demanda o que estos lo han sido por causa o raz�n distinta de la alegada, por el demandante, dicha entidad estar� siempre obligada a hacer la correspondiente declaraci�n de inconstitucionalidad�.

Esta norma legal autoriz� a la Corte para ampliar el criterio en relaci�n con la demanda de inexequibilidad hasta afirmar en sentencia d� agosto 26 de 1946 lo siguiente: �Todo ello indica, en verdad, que esta clase de demandas no est� sometida al rigorismo procesal que para los asuntos de derecho privado exige el art�culo 205 del C�digo Judicial. De manera que la sola circunstancia de que en el libelo se encuentren peticiones inacordes con la atribuci�n que le da a la Corte el art�culo 214 de la Constituci�n, no ser�a causal para cerrar el paso a la demanda, pues estas cuestiones pueden y deben deslindarse en la resoluci�n definitiva. Adem�s, la demanda apenas proporciona la condici�n precisa para que la Corte ejerza su funci�n, lo que significa que desde el punto de vista procesal, el caso constitucional no es asimilado a los negocios que se debaten en controversias privadas�. (G.J. t. 61, p�gs. 2 y 3).

Esta tutela de la constituci�n cada d�a reviste mayor amplitud con base en el Acto Legislativo No. 1 de 1968, hasta el punto de que la acusaci�n de las leyes y. los decretos dictados por el Gobierno puede hacerse no solamente por cualquier ciudadano, sino que debe decidirse aun oficiosamente en los casos de los decretos dictados con fundamento en los art�culos 121 y 122 de la Constituci�n.

Cuando, como en el presente caso, la acusaci�n de un decreto dictado en uso de facultades extraordinarias se limita a discutir la competencia del Gobierno para dictarlo, esto es la legitimidad de la fuente de donde proviene o m�s exactamente la pertinencia de las autorizaciones invocadas, no es necesario que la demanda avance al estudio de las normas del mismo, individualmente consideradas, .para precisar si ellas se ajustan o no a otros determinados preceptos de la Carta. Y obviamente, si la Corte encuentra que hubo extralimitaci�n en el uso de las facultades extraordinarias y que por lo mismo el Gobierno carec�a de competencia para expedir un conjunto de normas, por ser extra�as a la finalidad o a las materias precisas fijadas en la ley de autorizaciones, puede circunscribir el debate y el fallo a esa cuesti�n b�sica sin necesidad de revisar uno a uno los preceptos que integran el decreto, pues viciado en su fuente, si el Gobierno procedi� sin competencia, hay una imposibilidad jur�dica para dictar el estatuto que hace improcedente e in�til dicho examen. Basta entonces, a ese prop�sito, confrontar la ley de facultades con las materias reguladas por medio del decreto acusado, para determinar si hubo o no adecuada correspondencia entre unas y otras, uso leg�timo o extralimitaci�n de facultades.

Tercera. La legislaci�n por medio de decretos extraordinarios constituye un r�gimen de excepci�n dentro de la organizaci�n jur�dica del Estado Colombiano, en la cual es al Congreso al que corresponde, como regla o principio general, la potestad de legislar. Es decir, que las facultades extraordinarias han de ser interpretadas de manera estricta para ser aplicadas en forma restringida a los asuntos previstos por el legislador, debiendo resolverse toda duda sobre su verdadero alcance en favor del principio o regla general, esto es en pro de la potestad legislativa del Congreso y no en favor de la excepci�n o de las facultades extraordinarias.

En sentencia de marzo 13 de 1941 dijo la Corte al respecto: �Decretos con fuerza de leyes, llamados por los comentadores decretos leyes, o decretos de car�cter extraordinario que son los que dicta el Gobierno en uso de precisas facultades extraordinarias, cuando de ellas lo reviste el Congreso, pro tempore, porque la necesidad lo exija o las conveniencias p�blicas lo aconsejen (Ordinal 12 del art�culo 76 de la Carta). Estos decretos deben dictarse dentro del l�mite de las facultades concedidas, pero se acepta que tienen el car�cter, la fuerza y la virtualidad de las leyes; por ellos pueden reformarse, suspenderse y a�n derogarse las leyes existentes que se opongan a los fines para los cuales se concedieron las facultades extraordinarias; no necesitan llevar la firma de todos los Ministros, sino la del Presidente y la del Ministro o Ministros que representen el Ramo correspondiente, y rigen hasta cuando el Congreso, o el Gobierno, en uso de nuevas facultades extraordinarias, los modifiquen, suspendan o deroguen. Consideran los tratadistas que en este caso, m�s que una delegaci�n de funciones, el Congreso, mediante expresa autorizaci�n constitucional, ampl�a las funciones del �rgano Ejecutivo, o le atribuye una competencia que sin las facultades extraordinarias no tendr�a�. (G.J. t. 50 p�gs. 694 y 695).

Cuarta. La temporalidad requerida en el ordinal 12 del art�culo 76 se fija por los l�mites que la ley se�ale al Gobierno para hacer uso de las facultades extraordinarias.

La precisi�n esta realizada no s�lo gen�ricamente en el inciso lo. del art�culo lo. de la Ley 54 de 1939, cuando dice: �con el fin de conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organizaci�n econ�mica y fiscal�, sino que tambi�n se encuentra espec�ficamente en cada uno de los ocho ordinales del mismo art�culo.

a) Para regularizar el servicio de la deuda p�blica y la reanudaci�n del servicio de los empr�stitos;

b) Para reformar las normas del control de cambios, exportaciones e importaciones;

c) Para comento y defensa de las industrias, especialmente la del caf� y consecuci�n de los recursos necesarios para tales fines;

d) Para regulaci�n del cr�dito bancario y modificaci�n de la legislaci�n bancaria;

e) Para reducci�n de los gastos p�blicos, reorganizaci�n de servicios administrativos y de polic�a y de las Fuerzas Militares;

f) Para pr�rroga de la vigencia de algunos impuestos y reglamentaci�n de otros;

h) Para defensa contra la especulaci�n en los precios de las drogas y art�culos de primera necesidad.

Sexta. En la demanda presentada por el ciudadano Honorio P�rez Salazar, el Procurador General de la Naci�n sostuvo la constitucionalidad del decreto acusado porque, en su concepto, hab�a sido dictado con base en el literal c) del art�culo 1� de la ley de autorizaciones, o sea que el Decreto 750 espec�ficamente ten�a su base en la facultad conferida al Presidente de la Rep�blica para el �fomento y defensa de las industrias. . . �

Quiz� este concepto emitido entonces por el Procurador tuvo su fundamento en el hecho de que algunos tratadistas consideran que el comercio es una industria y que el Decreto �sobre quiebras�, al establecer un procedimiento de ejecuci�n colectiva o concursal contra los comerciantes, propend�a a la defensa de la industria del comercio.

Empero la t�cnica econ�mica considera a la industria como una actividad para la producci�n o transformaci�n de la materia y al comercio como un acto de simple intermediaci�n, distribuci�n y consumo.

Puede discutirse el concepto entre los economistas sobre si el comercio es una rama de la industria o no encaja en esta actividad.

La verdad es que la legislaci�n colombiana, en todas sus �pocas ha hecho distinci�n entre industria y comercio, para dar a cada uno su tratamiento propio.

Valgan los siguientes ejemplos: el C�digo de Comercio rige exclusivamente los asuntos mercantiles y se aplica a las cuestiones de comercio (art. 1�.); las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931 hablan de marcas de industrias o f�brica y marcas de comercio; el C�digo Penal. Ley 95 da 1936, denomina el t�tulo IX del libro segundo as�: �Delitos contra la econom�a nacional, la industria y el comercio�; la Ley 155 de 1959 distingue espec�ficamente la industria del comercio y en su art�culo 7o. dice: �Las empresas industriales que establezcan o hayan establecido sistemas directos de distribuci�n de sus productos o por intermedio de empresas comerciales. . . �; la Ley 28 de 1931 sobre C�maras de Comercio, distingue tambi�n entre comercio e industria y en art�culo 6o. exige la representaci�n de uno y otro gremio.

Por su parte la Ley 28 de 1931, en su art�culo 29 crea el Registro P�blico de Comercio.

Especial menci�n debe hacerse de los Decretos 361 de 1940 y 1157 del mismo a�o, ambos expedidos en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 54 de 1939, el primero de los cuales ordena la elaboraci�n del Directorio Industrial de Colombia y el segundo crea el Instituto de Fomento Industrial.

Con base en esta misma Ley de Autorizaciones el Gobierno dict� numerosos decretos que en la codificaci�n publicada en la Imprenta Nacional se relacionan en las p�ginas 538, 539 y 540, bajo los t�tulos de �Cr�dito Bancario y Fomento de la Econom�a Nacional", �Defensa del caf� y del banano�, �Protecci�n a otras industrias nacionales�, �Prospectos de fomento agr�cola, pecuario y manufacturero�.

Por el solo enunciado de los t�tulos, es evidente que las medidas anteriormente citadas exhiben una m�s �ntima relaci�n con las facultades otorgadas para el �fomento y defensa de las industrias�. Pero por mayores esfuerzos dial�cticos que se realicen, no se encuentra conexi�n entre ese prop�sito de la ley de autorizaciones y un estatuto sobre quiebras. No hay que olvidar que lo que se quer�a precaver y superar era una situaci�n de emergencia econ�mica y fiscal, derivada de una guerra mundial que cort� de un tajo nuestro comercio con Europa, continente que absorb�a parte esencial de nuestras exportaciones de caf� y otras menores, y que a su turno, por necesidad del intercambio, era gran proveedor de importaciones. Lo que ven�a era una forzosa retenci�n del caf�, en el interior del pa�s, con todas sus eventuales implicaciones en los precios, en la econom�a de miles de campesinos, en la financiaci�n que deber�a asumirse; una vertical ca�da en el monto de las exportaciones y una consecuente imposibilidad de alimentar el comercio de importaci�n y la provisi�n de multitud de productos de inversi�n y consumo, que llevar�a a la escasez, a la especulaci�n, al alza de precios. Y de remate, era ineludible una rebaja considerable en el rendimiento de la renta de aduanas, entonces como hoy muy sustancial dentro de los ingresos nacionales.

Con ese enfoque econ�mico y fiscal se explica el texto, esp�ritu y extensi�n de las facultades otorgadas por la Ley 54 de 1939. Pero, se repite, no se ve c�mo en relaci�n con ellas pueda dictarse un estatuto, de caracter�sticas esencialmente jur�dicas y no econ�micas o fiscales, para reformar los procedimientos judiciales, los preceptos sustantivos de los C�digos Civil, de Comercio y Penal. Por el contrario, podr�a pensarse que si se buscaba una atenuaci�n de los efectos de la crisis econ�mica prevista, la legislaci�n que era de esperar, por estos aspectos, ser�a no una que agravara la situaci�n de los deudores; sino otra que la aliviara, quiz�s con el mismo sentido con el que se entendieron facultades parecidas que dieron origen a decretos como el 280 de 1932, que estableci� una moratoria y una reducci�n de intereses, tambi�n bajo la presi�n de una crisis econ�mica.

En el inciso primero del art�culo 1� de la Ley 54 de 1939 se fij� claramente el criterio general del Congreso sobre las facultades otorgadas al Presidente de la Rep�blica. All� se dijo, en efecto, que las facultades extraordinarias se otorgaban �con el fin de conjurar, corregir y atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organizaci�n econ�mica o fiscal del pa�s�. De manera, pues, que los puntos comprendidos en la enumeraci�n de los distintos �ngulos de aplicaci�n de dichas facultades han de ser analizados con ese criterio general, es decir, con la idea de que se trataba solamente de proveer al Gobierno de instrumentos adecuados para �conjurar, corregir, o atenuar los efectos� de la crisis producida con la segunda guerra mundial.

As� lo entendi� el mismo Gobierno al decir en la exposici�n de motivos suscrita por todos los Ministros para solicitar las facultades extraordinarias: �Ni en los meses de angustiosa espectativa <sic> que precedieron al estallido del actual conflicto europeo, ni en las primeras semanas de desarrollo de ese mismo conflicto, descuid� un momento el Gobierno el estudio de la situaci�n que para el pa�s podr�a plantear una guerra cuyas consecuencias pol�ticas ser�n cada d�a m�s profundas y cuya incidencia sobre la compleja trama de los intereses econ�micos mundiales, inquieta de manera tanto m�s grande cuanto no nos es posible medirla con precisi�n, definir claramente sus caracter�sticas o predecir sus l�mites en el espacio y el tiempo.

�C�mo pod�a y deb�a traducirse en la labor administrativa esa actitud vigilante Era acaso prudente situamos de una vez en las posiciones a que quiz� nos empujen m�s tarde las circunstancias, anticipando as� para el pa�s los efectos de la crisis, o resultaba m�s l�gico y natural el desarrollo de una pol�tica que, fortaleciendo en general nuestra posici�n econ�mica, nos preparase para una defensa adecuada El Gobierno no vacil� nunca en escoger el �ltimo camino porque sabe adem�s cu�n inciertos y variables son los fen�menos que suelen presentarse en momentos como los que vivimos y no olvida que la din�mica caprichosa de los hechos cambia de un d�a para otro la fisonom�a de los problemas y fuerza a abandonar los conceptos y los planes que en determinado instante consideramos verdaderos y eficaces�.

De su parte, la Comisi�n de la C�mara de Representantes que estudi� para segundo debate el proyecto que luego se convirtiera en la Ley 54, restrigi� <sic> la iniciativa oficial y propuso modificaciones que la circunscribieran, con la mayor exactitud, al �mbito econ�mico y fiscal. Por eso, en su informe para la C�mara plena, la Comisi�n expres� �stos conceptos que, como parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, sacan valedera la apreciaci�n de que con base en ella no era posible al Ejecutivo incursionar en campos diferentes al Fiscal y econ�mico, a saber: �Hemos sido guiados por el �nico criterio valedero y posible en circunstancias de orden econ�mico y fiscal como las presentes, es decir, el de rehuir y desechar cuando no llene el objetivo de defender y solidificar los intereses econ�micos y fiscales de la Rep�blica�.

�Las circunstancias del momento en que vivimos, ante posibles repercusiones del conflicto europeo, sobre nuestra econom�a y sobre nuestras finanzas, .justifican la expedici�n de la ley�.

Octava. El Decreto 750 de 1940 deroga, por disposici�n expresa del art�culo 51 todo el t�tulo. V del libro I del C�digo de Comercio. Esto es, reglamenta �ntegramente la materia, de las quiebras, que es una de las instituciones m�s complejas del derecho vigente, porque, como dice Brunetti en su Tratado de Quiebras, p�gina 11, hay que distinguir: �a) Un derecho formal de la quiebra, que se refiere a la ordenaci�n procesal de la instituci�n, es decir, a la actividad judicial de sus �rganos; y b) un derecho material que regula los efectos y la influencia del estado de quiebra seg�n el derecho privado, civil y mercantil, en lo que se refiere a la persona y a los bienes del quebrado y a las relaciones de �ste con sus acreedores�.

Este concepto de Brunetti coincide, por lo dem�s, con el de los tratadistas de la materia, desde Vivante hasta Provinciali, pues que todos consideran la quiebra como una instituci�n de orden procesal, o sea, como un procedimiento concursal para los comerciantes. Tambi�n, entre nosotros, el tratadista Gabino Pinz�n dice: �Con la instituci�n de la quiebra se persiguen dos finalidades distintas: el pago a los acreedores, en condiciones de igualdad procesal y de agilidad de los tr�mites que no pueden conseguirse del mismo modo con el juicio ejecutivo com�n; y la sanci�n penal del fraude o de simple culpa del deudor quebrado, conforme a los art�culos 419 y 420 del C�digo Penal. La primera de estas finalidades se persigue ante los Jueces Civiles y mediante un proceso de ejecuci�n que desde las ordenanzas de Bilbao se ha calificado de �universal�, porque aprovecha a todos los acreedores y afecta todos los bienes embargables del deudor. La segunda finalidad se persigue entre nosotros ante el mismo Juez que conoce del proceso de ejecuci�n y por los tr�mites previstos en el C�digo de Procedimiento Penal para todos los procesos penales comunes�. (Derecho Comercial Vol. 1, Nos. 116 y ss.).

Bastar�a pensar apenas que una quiebra se tramita por los jueces de la Rep�blica y conforme a. las reglas de procedimiento que le son propias y a las normas del C�digo de Procedimiento Penal, para concluir que es una instituci�n que tiene que ver m�s con la organizaci�n judicial del pa�s y con la tramitaci�n de los juicios que con la econom�a nacional o con el fomento de las industrias.

Por eso es por lo que en el Decreto 750 de 1940 se introducen reformas de importancia al C�digo de Procedimiento Civil, como en lo relacionado con los recursos procedentes contra las providencias judiciales (arts. 28 y 29), la competencia dada al Juez Civil para conocer del proceso penal (art. 18), la adopci�n de medidas preventivas y articulaciones que no tienen cabida en los juicios ejecutivos comunes (arts. 22 y 38), reformas al C�digo de Procedimiento Penal, como en cuanto a la detenci�n preventiva del quebrado (art. 17) y a la colaboraci�n del s�ndico en la investigaci�n de las causas de la quiebra (art. 23); reformas al C�digo Civil, como las relativas a los efectos de las ofertas de cesi�n de bienes, al beneficio de competencia y a la precaci�n <sic> de los cr�ditos (arts. 5 y 31); reformas al C�digo de Comercio, como en cuanto a la capacidad para ejercer el comercio por parte del quebrado, seg�n la clase de su quiebra (art. 49); y finalmente reformas al C�digo Penal, como la ampliaci�n o multiplicaci�n de los casos de quiebra culposa (art. 3o.).

De manera, pues, que no puede decirse que el Decreto 750 de 1940 con todas las reformas que introduce a la legislaci�n para organizar un procedimiento concursal, distinto no solo del concurso civil de acreedores, sino tambi�n del concurso de acreedores previsto para los comerciantes en el t�tulo V del libro I del C�digo de Comercio, sea una medida o una serie de medidas dictadas con el criterio fijado por el Congreso al expedir la Ley 54 de 1939, esto es, �con el fin de conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organizaci�n econ�mica y fiscal del pa�s�

Novena. La Corte encuentra autorizado respaldo de las especiales apreciaciones anteriores en la coincidencia de fechas en que la C�mara aprob� el proyecto de ley sobre quiebras en primer debate (diciembre 14 de 1939) y en que fue expedida la Ley 54 de 1939 (diciembre 15) sobre facultades extraordinarias de car�cter econ�mico, como si el legislador entendiera que la ley de quiebras no quedaba comprendida en dichas facultades extraordinarias; en el criterio consignado en la exposici�n de motivos a la ley de quiebras, que se resume as�: �La Comisi�n ha deseado dar seguridad al cr�dito, severidad en el castigo del fraude y celeridad, por procedimientos comerciales, en la liquidaci�n de los patrimonios en bancarrota�; en la reticencia de la C�mara de Representantes al conceder las facultades extraordinarias �de rehuir y desechar cuanto no llene el objetivo de defender y solidificar los intereses econ�micos y fiscales de la Rep�blica�, ratificada por el Honorable Senado.

La Corte encuentra violadas las siguientes normas de la Constituci�n Nacional: art�culo 55, que determina la separaci�n de las funciones de cada una de las Ramas del Poder P�blico; y 76, en sus numerales lo. y 2o. que atribuyen al Congreso las facultades de �interpretar, reformar y derogar las leyes pre-existentes� y �expedir C�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones�.

Pero especialmente encuentra violado el numeral 12 del mismo art�culo 76, en concordancia con el numeral 8o. del art�culo L18, en cuanto el Ejecutivo se excedi� en el ejercicio de las facultades que le fueron concedidas por la Ley 54 de 1939.

Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional y o�do el Procurador General de la Naci�n.

Declarar inexequible el Decreto n�mero 75C de abril 16 de 1940, �sobre quiebras�, en la integridad de su articulado.

Publ�quese, notif�quese, c�piese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente. Transcr�base a los Ministros de Gobierno, Justicia y Desarrollo Econ�mico.

J. Cr�tatas Londo�o � Jos� Enrique Arboleda Valencia � Humberto Barrera Dom�nguez � Samuel Barrientos Restrepo - Juan Benavides Patr�n � Flavio Cabrera Duss�n � Ernesto Cediel Angel � Jos� Gabriel de la Vega � Gustavo Fajardo Pinz�n � Jorge Gaviria Salazar � C�sar G�mez Estrada � Edmundo Harker Puyana - Enrique L�pez de la Pava � Luis Eduardo Mesa Vel�squez � Sim�n Montero Torres Antonio Moreno Mosquera � Efr�n Osejo Pe�a - Guillermo Ospina Fern�ndez - Carlos Pel�ez Trujillo - Julio Roncallo Acosta � Luis Sarmiento Buitrago - Eustorgio Sarria � Hern�n Toro Agudelo - Luis Carlos Zambrano.