300Corte SupremaCorte Suprema30030020122196901372338046Eustorgio Sarria196908/05/1969196901372338046_Eustorgio Sarria_1969_08/05/196930020120SUELDOS DE LOS JUECES MUNICIPALES DE LAS CLASES B y C y OTROS No hay lugar a proveer en el fondo sobre la constitucionalidad del artículo 2o. de la Ley 9a. de 1966 (Sueldos de los Jueces Municipales de las Clases B y C, de los Jueces de Instrucción Criminal adscritos a las Brigadas Militares, y de los Jueces Territoriales). Reiterada doctrina de la Corte sobre la inhibición por sustracción de materia. Corte Suprema de Justicia — Sala Plena Bogotá, D.E., mayo ocho de mil novecientos sesenta y nueve. 1969
Pablo Emilio Posada Botero1969013723380462338INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY 9 DE 1966Identificadores30030065763true1141790original30065788Identificadores

Norma demandada:  INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY 9 DE 1966


SUELDOS DE LOS JUECES MUNICIPALES DE LAS CLASES B y C y OTROS

No hay lugar a proveer en el fondo sobre la constitucionalidad del artículo 2o. de la Ley 9a. de 1966 (Sueldos de los Jueces Municipales de las Clases B y C, de los Jueces de Instrucción Criminal adscritos a las Brigadas Militares, y de los Jueces Territoriales).

Reiterada doctrina de la Corte sobre la inhibición por sustracción de materia.

Corte Suprema de Justicia — Sala Plena Bogotá, D.E., mayo ocho de mil novecientos sesenta y nueve.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria)

El ciudadano Pablo Emilio Posada Botero, vecino de La Dorada, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.399.902 de Santa Rosa de Cabal, solicita de la Corte, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Política, se declare la inexequibilidad del artículo 2o. de la Ley 9 de 1966, que dice:

“Los Jueces Municipales de la Clase ‘B’, devengarán la cantidad de dos mil quinientos pesos mensuales '($2.500.oo), los Jueces Municipales de la Clase ‘C’, los Jueces de Instrucción Criminal adscritos a las Brigadas Militares, y los Jueces Territoriales, devengarán la cantidad de dos mil pesos mensuales ($2.000.oo), cuando no sean abogados titulados”.

En relación con los textos constitucionales quebrantados y el concepto de su violación, el actor se expresa así:

“Luego es evidente que el citado artículo segundo (2o.) de la Ley Novena (9a.) de mil novecientos sesenta y seis (1966) viola abiertamente lo dispuesto en la Constitución Nacional en su artículo 17 que dice: “El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”. (Art. 17 del Acto Legislativo No. 1 de 1936). Porque habiéndose considerado justo el salario para una determinada clase de trabajo en relación con determinado cargo (Jueces de la Clase B’), se ha venido privando a muchos de los mencionados Jueces de una parte de la citada justa remuneración.

“Y entonces resulta que el trabajo de los Jueces Municipales de la Clase ‘B’ que no tengan título de Abogado, aunque resulta ser una labor igual y de igual responsabilidad a la que corresponde a los demás Jueces, no solo carece en esta Ley 9a. de 1966, por razón de su artículo segundo, de la especial protección del estado, sino que se les perjudica abierta y ostensiblemente por la sola razón de la carencia del título.

“Existe un principió generalmente aceptado, aunque no sé si estipulado en disposición legal concreta, que dice: ‘El sueldo no se fija con relación a la persona, sino con relación al cargo’. Y ello es apenas lógico, pues sería aberrante que los sueldos fluctuaran en los respectivos cargos por razón de las cualidades, categoría, títulos o prebendas que pudieran ostentar los favorecidos, y no por razón de la categoría y trabajo que implican tales cargos. Política ésta que, como bien lo puede ver la Honorable Corte, sería funesta si se volviera a entronizar en la administración pública cuando se trate de remuneración de empleos”.

El Procurador General de la Nación, en concepto de 16 de marzo de 1967, estudia los cargos de la demanda, y expone:

“La especial protección del Estado que para el trabajo consagra el artículo 17 de la Constitución no puede entenderse en el sentido que el demandante le asigna. El trabajo de quienes se vinculan a la judicatura está garantizado y protegido por normas de muy diverso orden, y remunerado como el legislador y las posibilidades fiscales lo permiten; considerar que en cada caso en que se tenga por insuficiente una remuneración se contraría el artículo 17 de la Carta es dar a esta norma un sentido y un alcance que no autorizan ni su letra ni su espíritu.

“Las presunciones legales, los principios que contiene la ley etc., a los cuales hace referencia el señor Posada Botero en su demanda, no obligan al legislador, el cual puede válidamente disponer en contrario mediante una ley. Solo los principios constitucionales le son imperativos, y para el caso a estudio no advierte la Procuraduría que hayan sido contrariados o violados, pues la única prohibición que la Carta contiene en el particular es la de establecer categorías entre los Tribunales Superiores del país (artículo 153).

“Por lo expuesto, conceptúo que es exequible el artículo 2º de la Ley 9a. de 1966, en la parte demandada, por no ser contrario al artículo 17 ni a ningún otro principio de la Constitución Nacional”.

CONSIDERACIONES:

Primera. El Artículo 2o. de la Ley 9a. de 1966 fue derogado tácitamente por el Decreto Extraordinario número 307 de 4 de marzo de 1969, “por el cual se fijan provisionalmente sueldos básicos al personal de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público”. La tabla de asignaciones rige a partir del 1º de los dichos mes y año.

Segunda. En estas condiciones no existe legalmente la norma objeto de la acusación, es decir que al respecto no hay nada qué examinar, por sustracción de materia. Este ha sido el criterio de la Corte, mantenido a través de muchos fallos. En el de 3 de noviembre de 1950 dijo:

“Ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte, desde hace treinta años, en el sentido de declarar que no deben pronunciarse decisiones de fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes o decretos ya derogados, que no estén vigentes o que hayan dejado de tener eficacia por haberse llenado el fin para que fueron dictados. El fin de toda acción de inexequibilidad es el restablecimiento del imperio constitucional, que se considera perturbado por el acto acusado, es decir, evitar que éste se ejecute o se continúe .ejecutando, y tal restablecimiento es práctica y objetivamente innecesario, aun suponiéndolo contrario a la Constitución, cuando siendo de carácter transitorio dicho acto, alcanzó a consumar o consumó ya completamente el objeto que perseguía, pues si al tiempo de fallar no están en vigor la ley o el decreto acusados, el orden constitucional si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no tendrá fuerza ni eficacia en lo porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo a la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el imperio de la Carta y no se cumpliría así la misión que ésta señala. Podría decirse que cualquier decisión en tales condiciones no se dirigiría a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual tal vez no cabría dentro de las atribuciones de la Corte, ni se ajustaría al objeto que en sí tiene la acción de inexequbilidad”.

Tercero. Y el artículo 30 del Decreto 432 de 1969 dispone que cuando al proceder al fallo de constitucionalidad de una ley o decreto, encontrare la Corte que la norma revisada o acusada perdió ya su vigencia, la decisión será inhibitoria, por sustracción de materia.

FALLO:

De conformidad con las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el concepto del Procurador General de la Nación.

RESUELVE:

No hay lugar a proveer en el fondo sobre la constitucionalidad del artículo 2o. de la Ley 9a. de 1966.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente. Transcríbase al Ministerio de Justicia.

J. CrótatasLondoño — José Enrique Arboleda Valencia — Humberto Barrera Domínguez — Samuel Barrientos Restrepo -Juan Benavides Patrón — Flavio Cabrera Dussán — Ernesto Cediel Angel — José Gabriel de la Vega — Gustavo Fajardo Pinzón — Jorge Gaviria Solazar — César Gómez Estrada — Edmundo Harker Puyana - Enrique López de la Pava — Luis Eduardo Mesa Velásquez — Simón Montero Torres — Antonio Moreno Mosquera — Efrén Osejo Peña — Guillermo Ospina Fernández — Carlos Peláez Trujillo — Julio Roncallo Acosta — Luis Sarmiento Buitrago - Eustorgio Sarria — Ignacio Reyes Posada Conjuez — Luis Carlos Zambrano.

Emilio Ricaurte T.

Secretario Encargado.