300Corte SupremaCorte Suprema30030020119196901372338031Eustorgio Sarria196924/04/1969196901372338031_Eustorgio Sarria_1969_24/04/196930020117ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO La Corte se inhibe para proveer en el fondo sobre la constitucionalidad de los Decretos Leyes 32 70 y 3277 de 1963 que modificaron la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 1. La reforma constitucional de 1968 modificó sustancialmente el régimen jurídico de la organización y prestación de los servicios y actividades públicas al dejar al Congreso, o sea al Legislador, competencia para expedir las reglas generales, y al Gobierno la necesaria para su desarrollo. 2. Jurisprudencia reiterada de la Corte sobre la inhibición por sustracción de materia. Corte Suprema de Justicia — Sala Plena Bogotá, D.E., veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve. 1969
Carlos Torres de León1969013723380312338DECRETO NÚMERO 3270 Y 3277 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1963 "DICTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS POR LA LEY 21 DE 1963"Identificadores30030065745true1141772original30065770Identificadores

Norma demandada:  DECRETO NÚMERO 3270 Y 3277 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1963 "DICTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS POR LA LEY 21 DE 1963"


ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

La Corte se inhibe para proveer en el fondo sobre la constitucionalidad de los Decretos Leyes 32 70 y 3277 de 1963 que modificaron la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. La reforma constitucional de 1968 modificó sustancialmente el régimen jurídico de la organización y prestación de los servicios y actividades públicas al dejar al Congreso, o sea al Legislador, competencia para expedir las reglas generales, y al Gobierno la necesaria para su desarrollo.

2. Jurisprudencia reiterada de la Corte sobre la inhibición por sustracción de materia.

Corte Suprema de Justicia — Sala Plena Bogotá,D.E., veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria).

El ciudadano Carlos Torres de León, vecino de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 136082 del mismo lugar, solicita de la Corte, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Política, se declare la inexequibilidad de los Decretos números 3270 y 3277 de 27 de diciembre de 1963, “dictados por el Gobierno Nacional en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 21 de 1963”.

Considera el actor como normas violadas los artículos 76, ordinales 9 y 12, y 120, ordinal 2o., de la Constitución, por cuanto el Presidente de la República al expedir tales Decretos rebasó el límite de las facultades extraordinarias de que estaba investido. Los Decretos acusados modifican la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la planta de Personal del mismo Despacho. Al respecto, el actor expone:

“El Gobierno Nacional fue autorizado, por la Ley 21 de 1963, para 'buscar una adecuada estabilidad fiscal, económica y social: de proveer los recursos necesarios para la ejecución del plan de desarrollo económico y social; y reducir los gastos de funcionamiento de la entidades (sic) y dependencias nacionales, inclusive de los establecimientos públicos y los institutos descentralizados o autónomos, sin suprimir el servicio civil ni la carrera administrativa.- Revístese al Presidente de la República, de facultades extraordinarias por el término de que trata el parágrafo 2o. de este artículo, para:

‘Primero. Coordinar las estructuras y funciones y modificar los métodos, procedimientos, y organización de dichas entidades, dependencias, establecimientos e institutos, con el fin de eliminar las duplicaciones de funciones que existan, adecuar su organización y funcionamiento a las necesidades reales del servicio; suprimir o refundir los cargos que no fueren necesarios, fusionar o suprimir dependencias cuando exista duplicación de funciones o servicios o cuando las conveniencias públicas así lo aconsejen; procurar la igualdad de asignaciones en los empleados de igual categoría y funciones de las distintas dependencias oficiales y descentralizadas, sin ocasionar incremento de los gastos, hacer las reducciones posibles en la división de suministros’.

“Según el texto anterior, las facultades extraordinarias facilitadas al Gobierno Nacional por la Ley 21 de 1963, fueron claras, precisas y limitadas. Nos señala el numeral transcrito, tenido en cuenta como fundamento legal de los Decretos acusados, que las autorizaciones para reorganizar la Administración Pública no iban encaminadas a duplicar funciones, aumentar los gastos públicos, crear nuevas dependencias, distintas de las existentes, ni crear nuevos empleos, salvo únicamente, las dependencias y cargos que fuera necesario refundir para obtener las finalidades de recortar el gasto público.

“El texto literal, la técnica de las palabras empleadas, las finalidades perseguidas, según se desprende de la exposición de motivos y antecedentes de la Ley 21 de 1963, no van dirigidos a cosa distinta, ni permiten pensar cosa diferente. Por medio de estas facultades el Gobierno Nacional no fue dotado de poderes para crear nuevas dependencias, nuevos empleos que aumentaran el gasto público, ni para duplicar las funciones existentes, tampoco se puede inferir que hubiera sido autorizado para utilizar todas las facultades correspondientes al Congreso por razón del numeral 9o. del artículo 76 de la Constitución Nacional.

“La precisión de las facultades fue completa, su alcance bien delimitado, solo con ellas se deseaba reducir el gasto oficial del Gobierno Nacional y de las entidades descentralizadas, hacer recortes indispensables para corregir la crítica situación fiscal, es claro, sin perjudicar las ‘necesidades reales del servicio’.

“Sin embargo, el Gobierno Nacional, al utilizar estas facultades, mediante los Decretos 3270 y 3277 de 27 de Diciembre de 1963, ya transcritos, organizó una nueva dependencia en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, denominada ‘División de Procesamiento Automático de Datos (P.A.D.)’ y en esta División, que incorporó en la Rama Técnica, creó sesenta y nueve (69) nuevos funcionarios, sin refundir cargos, existentes, ni unificar funciones, y como si fuera poco, les otorgó un escalafón superior al de otros empleos de la misma categoría en el mismo Ministerio”.

El Procurador General de la Nación, en concepto de 29 de enero de 1965, rebate los cargos de la demanda y concluye:

“Con base en lo dicho, conceptúo que son exequibles los Decretos Leyes 3270 y 3277 de 1963 demandados, por cuanto no violan los artículos de la Constitución Nacional citados por el actor ni ninguno otro de la Carta Fundamental, y respetuosamente pido a la H. Corte Suprema de Justicia que lo declare así”.

CONSIDERACIONES:

Primera. Los Decretos números 3270 y 3277 de 27 de diciembre de 1963, fueron derogados tácitamente por el artículo 30 del Decreto extraordinario número 2870 de 23 de noviembre de 1968, “por el cual se reorganiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Segunda. En relación con los textos constitucionales que se afirma han sido vulnerados por las normas legales indicadas, se observa:

a) La reforma constitucional de 1968 modificó sustancialmente el régimen jurídico de la materia al dejar al Congreso, o sea al legislador, competencia para expedir las reglas generales, y al Gobierno la necesaria para su desarrollo. Obró de acuerdo con las orientaciones del derecho público moderno que indican que todo lo atinente a la organización y prestación de los servicios y actividades públicos está bajo la responsabilidad del administrador, reservándose al legislador la capacidad de acordar las normas básicas.

b) Así, correlativamente, el ordinal 21 del artículo 120 de la Constitución (artículo 41 del acto legislativo número 1 de 1968) dispone que “corresponde al Presidente de la República como Jefe Supremo del Estado y suprema autoridad administrativa, crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y los subalternos del Ministerio Público y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal 9o., del artículo 76. El Gobierno no podrá crear a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”;

c) De esta manera, el constituyente modificó el ordinal 9 del artículo 76 anterior. Y en cuanto al ordinal 12, ya no se requieren las facultades extraordinarias, en el caso.

Tercera. En estas condiciones, no existen legalmente ni los Decretos acusados ni uno de los preceptos constitucionales que se afirma violado por ellos. Es decir, que no hay nada que examinar, por sustracción de materia. Este ha sido el criterio de la Corte, mantenido a través de muchos fallos. En el de 3 de noviembre de 1950 dijo:

“Ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte, desde hace treinta años, en el sentido de declarar que no deben pronunciarse decisiones de fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes o decretos ya derogados, que no estén vigentes o que hayan dejado de tener eficacia por haberse llenado el fin para que fueron dictados. El fin de toda acción de inexequibilidad es el restablecimiento del imperio constitucional, que se considera perturbado por el acto acusado, es decir, evitar que este se ejecute o se continúe ejecutando, y tal restablecimiento es práctica y objetivamente innecesario, aun suponiéndolo contrario a la Constitución, cuando siendo de carácter transitorio dicho acto, alcanzó a consumar o consumó ya completamente el objeto que perseguía, pues si al tiempo de fallar no están en vigor la ley o el decreto acusados, el orden constitucional, si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no tendrá fuerza ni- eficacia en lo porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo a la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el imperio de la Carta y no se cumpliría así la misión que ésta señala. Podría decirse que cualquier decisión en tales condiciones no se dirigiría a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual tal vez no cabría dentro de las atribuciones de la Corte, ni se ajustaría al objeto que en sí tiene la acción de inexequibilidad”.

Cuarta. Y el artículo 30 del Decreto número 432 de 1969 dispone que, cuando al proceder al fallo de constitucionalidad de una ley o decreto, encontrare la Corte que la norma revisada o acusada perdió ya su vigencia, la decisión será inhibitoria, por sustracción de materia.

FALLO:

De conformidad con las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

No hay lugar a proveer en el fondo sobre la constitucionalidad de los Decretos números 3270 y 3277 de 27 de diciembre de 1963.

Publíquese, modifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente Transcríbase al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Crótatas Londoño — José Enrique Arboleda ValenciaHumberto Barrera Domínguez - Samuel Barrientos Restrepo — Juan Benavides Patrón — Flavio Cabrera Dussán - Ernesto Cediel Angel — José Gabriel de la VegaGustavo Fajardo PinzónJorge Gaviria SalazarCésar Gómez Estrada — Edmundo Harker Puyana — Enrique López de la Pava — Luis Eduardo Mesa Velásquez - Simón Montero Torres — Antonio Moreno MosqueraEfrén Osejo Peña — Guillermo Ospina Fernández — Carlos Peláez Trujillo — Julio Roncallo Acosta — Luis Sarmiento Buitrago — Eustorgio Sarria — Hernán Toro Agudelo — Luis Carlos Zambrano.

Emilio Ricaurte

Secretario encargado.