300Corte SupremaCorte Suprema30030020095193100361824475Enrique A. Becerra193127/08/1931193100361824475_Enrique A. Becerra_1931_27/08/1931300200931931
Julio Navarro T.1931003618244751824 A 1847DECRETO 2 DE 1928Identificadores30030065184true1141144original30065208Identificadores

Norma demandada:  DECRETO 2 DE 1928


Corte Suprema de Justicia—Corte Plena—Bogotá, agosto veintisiete de mil novecientos treinta y uno.

(Magistrado ponente, doctor Enrique A. Becerra).

Vistos:

El señor Julio Navarro T., en ejercicio del derecho que a todo ciudadano otorga el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, demanda la inexequibilidad del Decreto legislativo número 2, de 31 de diciembre de 1928, “por el cual se dictan algunas disposiciones sobre juzgamiento de los delitos cometidos en la Provincia de Santa Marta, durante el imperio de la ley marcial,” como opuesto a los artículos 26, 28 y 57 de la Constitución Nacional.

El acusador acompañó el Diario Oficial número 20985, debidamente autenticado, en que fue publicado el Decreto materia de la demanda.

Oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, este funcionario opina que no es fundada la acusación.

Para resolver, la Corte considera:

Con fecha cinco de diciembre de mil novecientos veintiocho, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto legislativo número 1º, “por el cual se declara turbado el orden público en la Provincia de Santa Marta, del Departamento del Magdalena,” Decreto que dice:

“El Presidente de la República de Colombia,

“en uso de sus atribuciones constitucionales, y considerando

“Que en la llamada zona bananera Se han producido hechos que turban el orden público, como el desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, el ataque a fuerzas del Ejército y atentados contra las personas y propiedades particulares; que es menester tomar medidas rápidas y enérgicas, como son las que autoriza el imperio de la ley marcial; que es obligación del Gobierno mantener el orden y la paz y amparar la vida, bienes y legítimos derechos de las personas residentes en Colombia; que consultado previamente el honorable Consejo de Estado, éste ha sido de parecer que es el caso de que el Gobierno declare turbado el orden público, decreta:

“Artículo 1º. Declárase turbado el orden público en la Provincia de Santa Marta (Departamento del Magdalena).

“Artículo 2º. Nómbrase al señor General Carlos Cortés Vargas, Jefe Civil y Militar en dicha Provincia.

“Artículo 3º. Por decretos subsiguientes se tomarán las medidas que las circunstancias exijan.

“Publíquese.

“Dado en Bogotá a cinco de diciembre de mil novecientos veintiocho.

“MIGUEL ABADIA MENDEZ

“El Ministro de Gobierno, Enrique J. ARRAZQLA—El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos URIBE — El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban JARAMILLO — El Ministro de Guerra, Ignacio RENGIFO B. El Ministro de Industrias, José Antonio MQNTALVO—El Ministro de Educación Nacional, José Vicente HUERTAS. El Ministro de Correos y Telégrafos, José Jesús G'ARCIA. El Ministro de Obras Públicas, Sotero PEÑUELA.”

Estando vigente el Decreto anterior, que fue publicado en el Diario Oficial número 20962, de cinco de diciembre de mil novecientos veintiocho, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto legislativo número 2, de 31 de diciembre de 1928, acusado, y que dice:

“El Presidente de la (República de Colombia,

“en uso de las facultades de que se halla investido conforme al artículo 33 del Acto legislativo número 3 de 1910, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 43 de la Ley 153 de 1887; 1099, 1100, 1369, numeral 2º, 1374 y 1523 del Código Militar, y

“Considerando

“Que actualmente se hallan detenidos en la Provincia de Santa Marta, tanto por orden de las autoridades civiles como de las militares, muchos individuos sindicados por los delitos cometidos durante la revuelta recientemente allí ocurrida;

“Que es indispensable que esos detenidos sean juzgados lo más pronto posible, para satisfacer los intereses de la justicia y evitar que se prolongue la detención de las personas que resulten inocentes y al mismo tiempo obtener el castigo inmediato de los responsables;

“Que el artículo 40 de la Ley 152 (sic) de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, y el artículo 43 de dicha Ley estatuye que la regla establecida en él respecto de la aplicación preferente de la ley preexistente en materia penal, ‘sólo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento;

“Que conforme al artículo 33 del Acto legislativo número 3 de 1910, el Gobierno, por medio de los decretos que dicte el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, tiene la facultad para suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio;

“Que según el citado artículo 33 del Acto legislativo número 3 de 1910, mediante la declaración del estado de sitio, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones, conforme a las cuales, y según la costumbre observada invariablemente por los países civilizados, en los territorios sometidos al estado de sitio, corresponde a los Tribunales militares el juzgamiento en Consejo de Guerra verbal, de todos los delitos que se cometan por personas militares o civiles durante la vigencia de la ley marcial,

“decreta:

“Artículo 1º. Las personas que actualmente se hallan detenidas dentro del territorio de la Provincia de Santa Marta, como sindicadas de delitos cometidos por causa o con motivo del movimiento subversivo ocurrido últimamente en esa Provincia, cualesquiera que sea la índole o naturaleza de tales delitos; y también las personas que sean detenidas en lo sucesivo por las mismas causas arriba expresadas, serán juzgadas por Consejos de Guerra verbales, los cuales se instalarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en el Código Militar y a las leyes y disposiciones que lo adicionan y reforman.

“Artículo 2º. Los sindicados podrán ser juzgados en juicios separados, si la buena marcha de los procedimientos y los intereses de la justicia así lo exigieren.

“Artículo 3º. A los detenidos contra los cuales aparezca la prueba legal, no se les concederá el beneficio de la excarcelación.

“Artículo 4º. Las sentencias que, de conformidad con este Decreto, dicten los Consejos de Guerra verbales, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 1533 del Código Militar.

“Artículo 5º. Como los Oficiales del Ejército que están actuando en la Provincia de Santa Marta no pueden ser distraídos en sus atenciones militares, el Ministerio de Guerra, de acuerdo con el señor Jefe Civil y Militar de la misma Provincia, designará el personal que deba integrar los respectivos Consejos de Guerra verbales.

“Artículo 6º. Quedan suspendidas temporalmente las leyes incompatibles con el presente Decreto, el cual empezará a regir desde su publicación en la Provincia de Santa Marta.

“Comuníquese y publíquese.

“Dado en Bogotá, a 31 de diciembre de 1928.

“MIGUEL ABADIA MENDEZ

“Por el Ministro de Gobierno, el Secretario autorizado, Francisco CASTILLA G.—El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos URIBE—El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban JARAMILLO—El Ministro de Guerra, Ignacio RENGIFO B. — El Ministro de Educación Nacional, J. Vicente HUERTAS—El Ministro de Correos y Telégrafos, José Jesús GARCIA—El Ministro de Obras Públicas, Sotero PEÑUELA.”

Considera el acusador que el Decreto transcrito viola los artículos de la Constitución Nacional, que dicen:

“Artículo 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al hecho que se imputa, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

“En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

“Artículo 28. Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinádose la pena correspondiente.

“Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas de orden del Gobierno y previo dictamen de los Ministros (y hoy del Consejo de Estado), las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública.

“Artículo 57. Todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones.”

Ante todo debe considerarse si hay lugar a estudiar en el fondo la acusación anterior por haber sido promovida la demanda un día antes de ser restablecido el orden público en la Provincia de Santa Marta.

A este propósito la Corte Plena, en sentencia de fecha veintiuno de junio de mil novecientos veintiséis, declaró lo que en seguida se copia y que aparece reproducido en el fallo dictado por la misma corporación el diez y nueve de septiembre de mil novecientos veintisiete:

“El artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, confió a la Corte Suprema la alta misión de velar por la fiel observancia de la Constitución, custodia que ejerce aplicando la sanción de inexequibilidad a las leyes y actos legislativos del Congreso, así como a los decretos del Poder Ejecutivo que vulneren en alguna forma los mandatos del constituyente, siempre que medie objeción del Gobierno en los casos previstos en el Estatuto, o acusación de uno o más ciudadanos.

“Como la función de la Corte es en estos casos defensora de la integridad de la Constitución, y como toda defensa implica ataque actual o inminente, síguese que la indicada función no tiene aplicación sino en presencia de un acto de los Poderes Legislativo o Ejecutivo que menoscabe o amenace menoscabar el Estatuto de cuya integridad es depositaría la Corte. Mas para que un acto de aquellos Poderes pueda ocasionar el menoscabo de que se habla, es menester que tenga al menos posible cumplimiento, pues lo que no tiene ni puede tener eficacia práctica, ningún detrimento puede acarrear en el hecho a nadie ni a nada.

“Por esta razón ha decidido la Corte de manera constante que para que haya lugar a fallar sobre la inexequibilidad de un acto acusado, es menester que éste se halle en plena vigencia. Y es que no siendo la decisión sobre inexequibilidad, según la acepción jurídica de este vocablo, otra cosa que la declaración de que el acto sobre que ella versa no puede ejecutarse, tal declaración presupone la vigencia de dicho acto, ya que lo que no está en vigor, por el solo hecho de no estarlo, no es susceptible de ejecución…. ”

En el caso presente, aunque la demanda fue instaurada el día trece de marzo de mil novecientos veintinueve, es decir, un día antes de haber sido dictado el Decreto legislativo número 4 de 1929, sobre restablecimiento del orden público en toda la Provincia de Santa Marta, la sentencia que hubiera de dictarse sobre el fondo de la demanda habría de referirse a un decreto ya inexistente por ministerio del artículo 33 del Acto legislativo número 3 de 1910, según el cual “el Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado”; y en estas circunstancias ocurren los mismos motivos jurídicos que han obligado a la Corte a abstenerse de decidir sobre el fondo mismo de la controversia suscitada, por sustracción de materia, es decir, por hallarse sin vigencia las disposiciones acusadas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, reunida en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no ha lugar a resolver la demanda de inexequibilidad del Decreto legislativo número 2, de 31 de diciembre de 1928, “por el cual se dictan algunas disposiciones sobre juzgamiento de los delitos cometidos en la Provincia de Santa Marta, durante el imperio de la ley marcial.”

Cópiese y notifíquese; insértese en la Gaceta Judicial, envíese copia auténtica al señor Ministro de Gobierno para los efectos legales a que haya lugar y archívese el expediente.

JUAN E. MARTINEZ—Ignacio González Torres—José Miguel Arango—Enrique A. Becerra—Pamenio Cárdenas—Germán B. Jiménez—Julio Luzardo Fortoul—Manuel Vicente Jiménez—Tancredo Nannetti—Carlos Arturo Díaz—Francisco Tafur A.—Juan C. Trujillo Arroyo. Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.