300Corte SupremaCorte Suprema30030020082192900371824124-- Seleccione --192924/08/1929192900371824124_-- Seleccione --_1929_24/08/1929300200801929
Belisario Martín1929003718241241848-1864INEXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 21 DE 1931Identificadores30030065066true1140984original30065090Identificadores

Norma demandada:  INEXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 21 DE 1931


Corte Suprema de Justicia—Sala Plena—Bogotá, agosto veinticuatro de mil novecientos treinta y uno.

(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

Vistos:

El doctor Belisario Martín acusa ante la Corte como inconstitucional el artículo 8º de la Ley 21 de este año, que dice:

“En los Lazaretos de la República se permitirá la libre litigación en atención a que en esos lugares no hay abo­gados que llenen las exigencias de la Ley 62 de 1928.”

Se funda en que el legislador, por haber establecido esta excepción, incurrió en error al partir del hecho de que en ningún lazareto existían abogados matriculados, siendo así que en Agua de Dios, lugar comprendido den­tro de la excepción, hay un buen número de abogados que hace algún tiempo vienen ejerciendo su profesión, después de haber llenado los requisitos exigidos por la Ley vigente que reglamenta la profesión de abogado.

Como se ve, concluye el acusador de la Ley, la dispo­sición expresada vulnera y desconoce los derechos de los abogados matriculados de Agua de Dios, adquiridos con justo título, por lo cual es inconstitucional al tenor de lo preceptuado por el artículo 41 del Acto legislativo nú­mero 3 de 1910.

El señor Procurador General de la Nación, a quien se le corrió el traslado de regla, se opone con muy buenas razones a las conclusiones de la demanda.

La Corte, para resolver, considera:

El Acto legislativo número 1º de 1918, expresó que la ley podía exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado.

En virtud de tal facultad el legislador reglamentó esa profesión, y exigió títulos de idoneidad para ejercerla. Bien pudo, pues, el legislador abstenerse de tal exigencia, según las circunstancias, o establecer las excepcio­nes de carácter general que creyera convenientes al in­terés público.

En tal virtud, si erró en los motivos que tuvo para per­mitir la libre litigación en los lazaretos de la República, ello no quiere decir que haya violado por esto derechos adquiridos, puesto que, como se ha visto, el legislador puede hacer uso de la facultad que le otorgó la Constitu­ción, o abstenerse de ejercerla.

Precisamente los que se quejan de que se les ha arre­batado un derecho adquirido, son aquellos litigantes que no reúnen las condiciones que la ley exige para poder ejercer en adelante la profesión de abogado, y que antes podían hacerlo sin trabas de ninguna clase; pero a éstos se les ha dicho ya que la violación de 'tales derechos ad­quiridos, si los hubiera, sería de la Constitución, que fa­cultó al legislador para exigir títulos de idoneidad a los litigantes. Lo que no se concibe es cómo puede haber violación de derechos adquiridos con respecto a algunos abogados graduados, porque se permita en ciertos luga­res donde residen, el libre ejercicio de la abogacía. Ha­brá en verdad competencia, pero a los graduados no se les priva del derecho de ejercer su profesión.

El legislador puede, eso sí, enmendar el yerro tenien­do en cuenta el hecho de que Agua de Dios tiene aboga­dos idóneos, según lo ha demostrado el acusador de la Ley.

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala Plena, de acuerdo con el señor Procurador General, ad­ministrando justicia en nombre de la República de Co­lombia y por autoridad de la ley, declara que no es inexequible por inconstitucional, la disposición acusada de la Ley 21 de este año.

Notifíquese, cópiese, publíquese este fallo en la Gaceta Judicial, y envíese copia de él al señor Ministro de Go­bierno.

JUAN E. MARTINEZ—Ignacio González Torres—José Miguel Arango — Enrique A. Becerra—Parmenio Cárde­nas—Germán B. Jiménez — Julio Luzardo Fortoul—Ma­nuel Vicente Jiménez—Tancredo Nannetti—Carlos Arturo Díaz — Francisco Tafur A. — Juan C. Trujillo Arroyo. Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.