Sentencia 1957 de 1989

300Corte SupremaCorte Suprema300300185581957Jaime Sanin Greiffenstein | Jairo e. Duque P�rez198919/10/19891957_Jaime Sanin Greiffenstein | Jairo e. Duque P�rez_1989_19/10/198930018558&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 89. 1989

Hern�n Dar�o Vel�squez G�mezpor la cual se dictan normas en materia de �tica m�dicaIdentificadores30030018559true92881Versi�n original30018559Identificadores

Norma demandada: �por la cual se dictan normas en materia de �tica m�dica

NORMAS ACUSADAS : Art�culos 27L0023_81#27*, 30L0023_81#30* y 31L0023_81#31* de la Ley 23 de 1981.

Resumen. A pesar de que el art�culo de la ley a que pertenezcan las normas acusadas las ubica dentro del campo deontol�gico de la profesi�n m�dica, su calidad de normas jur�dicas es indiscutible ya que por su car�cter heter�nomo o coercitivo se advierte a primera vista y son por ende, susceptibles de imponerse coactivamente por terceros.

Son inexequibles los art�culos 27L0023_81#27* y 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981.

Debe fallar la Corte la demanda de inexequibilidad instaurada por el ciudadano Hern�n Dar�o Vel�squez G�mez, contra los art�culos 27L0023_81#27*, 30L0023_81#30* y 31L0023_81#31* de la Ley 23 de 1981, rituado como est� el proceso.

"Art�culo 27L0023_81#27*. Es deber del m�dico asistir, sin cobrar honorarios, al colega, su esposa y los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan econ�micamente de �l, salvo en los casos en que est�n amparados por un seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanal�ticos".

"Art�culo 30L0023_81#30*. El m�dico no desaprobar� con palabras o de cualquier otra manera las actuaciones de sus colegas en relaci�n con los enfermos. Ser� agravante de esa conducta el hecho de que est� dirigido a buscar la situaci�n m�dico tratante".

"Art�culo 31L0023_81#31*. Todo disentimiento profesional entre m�dicos ser� dirigido por la Federaci�n M�dica Colombiana, de conformidad con las normas de la presente Ley".

Opina el demandante que el art�culo 27L0023_81#27* viola el 16CONS_P86#16* de la constituci�n Nacional, porque regula en forma desigual los deberes de los distintos profesionales, pues los dem�s no est�n sometidos a la exigencia de prestar servicios gratuitos a sus colegas y a ciertos familiares de �stos; dice que infringe el 30 porque vulnera "en este caso la propiedad intelectual de los conocimientos cient�ficos que posee un m�dico, que es suya, de su patrimonio" y que por este camino se podr�a llegar a la socializaci�n del ejercicio m�dico y, luego, de todas las profesiones; estima que se quebranta igualmente el canon 32 constitucional porque interviene en la iniciativa privada de la actividad m�dica pero sin miras al bien com�n.

En cuanto al art�culo 30L0023_81#30* lo condena como violatorio del art�culo 16CONS_P86#16* por las mismas razones antedichas y "por desconocer el principio de que las autoridades est�n para proteger la vida de las personas" y de los art�culos 41L0023_81#41*, 42L0023_81#42* y 53L0023_81#53* que consagran la libertad de opini�n, ya que proh�be a los m�dicos manifestar sus creencias cient�ficas; agrega que el art�culo 31L0023_81#31* debe correr la misma suerte del 30L0023_81#30*, porque es consecuencial a �ste.

El Procurador General de la Naci�n dio a conocer su concepto mediante Oficio n�mero 1448 del 17 de junio corrientes, el cual concluye con la solicitud deque se declare inexequible el art�culo 27L0023_81#27* y que se avienen a la Constituci�n el 30CONS_P86#30* y 31.CONS_P86#31*

Despu�s de examinar los art�culos 16CONS_P86#16*, 17CONS_P86#17*, 19CONS_P86#19* y 30CONS_P86#30* en dos apartes, 32CONS_P86#32*, 39CONS_P86#39*, 41CONS_P86#41*, 42CONS_P86#42* y 53CONS_P86#53* de la Constituci�n, dice que el deber impuesto al m�dico por el art�culo 27L0023_81#27* acusado "de tiempo atr�s, ha constituido un principio �tico", pero que no puede erigirse en imposici�n jur�dica, pues se trata de "una obligaci�n moral y de tradici�n, m�s no legal" y que "no podr�a el legislador, utilizar la atribuci�n de regular las profesiones. (Art. 39CONS_P86#39*) ni el argumento de honorarios del m�dico a favor de sus colegas, desprotegiendo el fruto de su trabajo profesional (Art. 17CONS_P86#17*), oblig�ndole a prestar una asistencia p�blica a quienes no carecen de medios para recibirla. (Art. 19CONS_P86#19*) y de contera, excediendo los l�mites marcados tanto por el art�culo 17CONS_P86#17* como por el 39CONS_P86#39* de la Carta Fundamental ....", de todo lo cual concluye la inexequibilidad del precepto, aunque no encuentra las alegadas infracciones de los art�culos 30CONS_P86#30* y 32CONS_P86#32* superiores.

Con relaci�n a los art�culos 30CONS_P86#30* y 31CONS_P86#31* sub examine, dice que no hay inconstitucionalidad alguna, pero advierte que "la prohibici�n del art�culo 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981, no puede llegar hasta impedir que el segundo galeno a quien se consulte pueda disentir del tratamiento utilizado, formulando el que a su juicio estima adecuado, o que se evite la consulta a la Federaci�n M�dica Colombiana, cuyo concepto en vez de ir en detrimento de la salud del paciente, seguramente reducir� en beneficios".

Por cuanto se trata de preceptos legales que han sido tachados de inconstitucionalidad por un ciudadano, hay lugar a competencia de la Corte para fallar. (Art. 214CONS_P86#214* C.N.).

Como se vio, el art�culo 27L0023_81#27* de la Ley 23 de 1981, impone a los m�dicos el deber de prestar sus servicios gratuitamente a sus colegas, c�nyuges de �stos y parientes dentro del primer grado de consanguinidad que dependan de ellos con excepciones all� mismo enunciadas.

No hay duda de que esta pr�ctica tiene una antiqu�sima tradici�n, pues viene desde los or�genes mismos de la ciencia, como se empieza a ver en el juramento hipocr�tico que constituye su germen y en el cual se comienza ya a puntualizar esta relaci�n especial referida al maestro y a sus hijos, dentro de la forma casi de secta que ten�a la profesi�n. Es de inter�s recordar esta invocaci�n.

"Considerar al que me ha ense�ado a m� este arte como igual a mis padres; vivir mi vida en su compa��a; si necesita dinero darle parte del m�o; mirar sus hijos como iguales a mis hermanos y ense�arles a ellos este arte si ellos desean aprenderlo, sin exigir convenir ni recibir remuneraci�n por ello; dar los preceptos e instrucciones orales y todos los otros conocimientos a mis hijos y a los hijos de aquel que me ha instruido y a los alumnos que previo convenio hayan hecho el juramento acorde con la ley m�dica, no a otra persona".

Y tan reciente como en la expedici�n de la "Declaraci�n adoptada por resoluci�n de la Asociaci�n M�dica Mundial de Ginebra" de septiembre de 1948 se pidi� al m�dico prometer lo siguiente: "Considerar� como hermanos a mis colegas".

A pesar de que el art�culo de la ley a que pertenecen las normas acusadas las ubica dentro del campo deontol�gico dela profesi�n m�dica, su calidad de norma jur�dica es indiscutible, ya que su car�cter heter�nomo o coercitivo se advierte a primera vista y son por ende, susceptibles de imponerse coactivamente por terceros. No son simples mandatos morales, aut�nomos por esencia, que obligar�an solo a condici�n de que el propio sujeto los tenga como v�lidos; su imposici�n o regulaci�n por la Ley 23L0023_81#1* de 1981 los elev� al rango de normas jur�dicas y adquirieron as� la posibilidad de ser juzgados en su validez y eficacia frente al Estatuto Fundamental, labor que precisamente acomete al Corporaci�n en esta providencia.

Es dable inferir, como lo anota la vista fiscal, que las disposiciones acusadas carecen de apoyo constitucional que pueda justificarlas, pues su imposici�n como obligaci�n legal lo aparta del sustant�culo moral y de los afectos en que se cimenta para convertirlo en una regla exterior de comportamiento que tampoco se funda en prop�sitos de asistencia p�blica a los desamparados, con quienes podr�a cumplir una evidente funci�n social y priva a su autor del fruto de su trabajo a pesar de que �ste por mandato constitucional, ha de gozar de la especial protecci�n del Estado.

De otro lado, aunque no se discrimina entre distintos grupos de m�dicos, se les impone s� una obligaci�n que los otros profesionales no tienen sin que exista para ello una raz�n fundada o motivo real, aparte de la tradici�n �tica que no puede tener esta trascendencia.

El art�culo 30L0023_81#30*, por su parte, ordena que "el m�dico no desaprobar� con palabras o de cualquier otra manera las actuaciones de sus colegas en relaci�n con los enfermos".

Esta disposici�n, cuyo prop�sito de evitar la competencia desleal y los conflictos entre colegas es claro, no tiene tampoco, sin embargo, fundamento constitucional, pues en aras de esas metas, aunque deseables, pone en peligro la salud y la vida misma del paciente y el derecho constitucional que �ste tiene a una y otra. La misma ley, en efecto, garantiza al enfermo el derecho de escoger su m�dico y de procurarse la asistencia profesional a su voluntad, pues el art�culo 4L0023_81#4*� prescribe que "la asistencia m�dica se fundamentar� en la libre elecci�n del m�dico, por parte del paciente", y el 8L0023_81#8*� ordena que "el m�dico respetar� la libertad del enfermo para prescindir de sus servicios", nada de lo cual podr�a cumplirse a cabalidad si no pudiese el que sufre obtener opiniones divergentes. Antes que otras consideraciones, el remedio es lo que ha de primar y, por eso mismo, sin incurrir por supuesto en pr�cticas viciosas y dentro de la seriedad, responsabilidad y objetividad que han de regir tan delicado asunto, el m�dico no solamente puede, sino que debe manifestar su oposici�n a tratamientos equivocados o inid�neos de sus colegas. El derecho a la vida est� protegido constitucionalmente y por ello este art�culo ser� declarado inexequible.

Adem�s, la mera discrepancia de un m�dico respecto al tratante lo coloca ya como infractor, cualquiera que sea la forma o el prop�sito de su disentimiento, pues la competencia desleal, si tambi�n la hay, se castiga como agravante, de manera que a�n sin ella, tambi�n habr�a falta y sanci�n, lo cual es por lo dem�s an�malo. Est� bien que se castigue el desv�o ilegal de la clientela, pero no la contradicci�n acad�mica.

Pi�nsase, igualmente que en juicio no podr�a establecerse la responsabilidad de un m�dico porque ning�n otro podr�a desconceptuarlo como perito t�cnico ante el juez.

El art�culo 31L0023_81#31* presupone que de todas maneras, el disentimiento se ha dado y que �l existe para que sea dirimido por la Federaci�n M�dica Colombiana. Habla la disposici�n de "disentimiento profesional" de manera que por su texto, como tambi�n por su situaci�n dentro del estatuto y sus relaciones con otras normas, se comprende que se refiere a diferencias de opini�n cient�fica, lo cual hace claro que no se trata de materias �ticas o de otras que se refieren al cumplimiento o violaci�n de preceptos legales; esto trae como consecuencia concluir que el art�culo no est� instituyendo ning�n tribunal de funciones jurisdiccionales, pero ni siquiera disciplinarias, como lo hace en otros apartes que fueron considerados constitucionales por esta Corporaci�n en sentencia n�mero 4 de marzo 30 de 1982. Las leyes f�sicas, que organizan la vida y la mec�nica toda del universo, incluidas las biol�gicas, qu�micas, etc, se descubren, verifican y describen como parte de lo que es, al paso que las jur�dicas se conocen en su contenido normativo y se aplican como lo que debe ser; las primeras, como es sabido, establecen una relaci�n entre una causa y un efecto, las segundas, conectan un antecedente a una consecuencia mediante un v�nculo de imputaci�n, es decir, de deber ser; el art�culo se refiere a lo primero, pero no lo segundo y su idoneidad para hacerlo, es decir, si la determinaci�n de una verdad cient�fica puede con �xito encomendarse a un cuerpo gremial, no es juzgable por la Corte, la cual se limita a definir, como acaba de hacerlo, que al dirimir estos "disentimientos profesionales", la Federaci�n M�dica Colombiana no est� ejerciendo funciones jurisdiccionales y, por lo tanto, no est� creando derecho ni imponiendo obligaciones a nadie y menos a�n al paciente que de todas maneras ha de conservar su libertad para proteger su salud y su vida. En este entendimiento, el art�culo es, pues exequible.

Por consecuencia de lo ameritado, la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

1.- Son INEXEQUIBLES los art�culos 27L0023_81#27* y 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Nos parece exagerada la sentencia que hace derivar en cierta medida la inconstitucionalidad del art�culo 30L0023_81#30* acusado en el quebranto al derecho a la vida, protegido indiscutiblemente por la Carta Pol�tica. De ah� la salvedad de voto que aqu� consignamos.

La norma enjuiciada en manera alguna constituye un instrumento legal que sirva para desconocer el sagrado derecho a la vida. Simplemente, procura, como criterio �tico, de relevante apreciaci�n, que el m�dico desapruebe indebidamente a otro, sin que medie justificaci�n cient�fica alguna. Se persigue evitar que al m�dico le inspire razones ego�stas para emitir opiniones contrarias a lo que otro hace en relaci�n con el paciente. No es, pues, que se impida, ante un tratamiento irregular o a�n regular, conceptuar de manera distinta. Por el contrario, es un deber hacerlo so pena que con su silencio incurra en responsabilidad penal por la comisi�n de un hecho punible. (Arts. 19C_PENAL#19* y 176C_PENAL#176* del C�digo Penal).

Precisamente, por estar de por medio la salud del paciente se introduce este precepto, con el fin de evitar intromisiones indebidas que bien hagan peligrar su propia integridad.

Tambi�n consideramos extremado decir que la norma enjuiciada servir�a para impedir establecer responsabilidad de un m�dico "porque ning�n otro podr�a desconceptualizarlo como perito t�cnico ante el juez", puesto se ha de insistir, el precepto va encaminado a regular una regla de conducta profesional de significado �tico, que precisamente, evite que otro m�dico se inmiscuya, sin criterio cient�fico alguno, en la salud del paciente.

Por eso, compartimos el parecer del Procurador cuando sostiene que esta prohibici�n �tica "no desconoce el derecho de opini�n que puede deducirse de los preceptos superiores citados que tutelan los deberes sociales a cargo de los particulares, la libertad de ense�anza, de prensa, en tiempos de paz y de conciencia frente a ellos".

De otra parte, los art�culos 19L0023_81#19* y 21L0023_81#21* de la Ley 23 de 1981, al desarrollar los principios �ticos de la profesi�n, permiten solicitar el concurso de colegas para examinar conjuntamente la gravedad de la enfermedad y determinar con precisi�n el diagn�stico, todo lo cual sin perjuicio de que el paciente o sus familiares puedan libremente cambiar de m�dico tratante, pues el objetivo primordial del ejercicio de esta profesi�n es "velar con sumo inter�s y respeto por la vida humana".

Con todo este entendimiento es constitucional el art�culo 30L0023_81#30* impugnado.