Sentencia 1879 de 1989

300Corte SupremaCorte Suprema300300182101879Jaime San�n Greiffenstein.198922/02/19891879_Jaime San�n Greiffenstein._1989_22/02/198930018210SANCI�N DE LA LEY Resumen. Con la sanci�n finaliza el per�odo de expedici�n de la ley y se da fe de su existencia. Exequible la Ley 20 de 1974, en cuanto no adolece de vicios relativos a su sanci�n. Corte Suprema de Justicia Sentencia No. 8. Referencia: Expediente n�mero 1879. 1989

Jes�s Antonio Obando Roapor la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede' suscrito en Bogot�, el 12 de julio de 1973Identificadores30030018211true92934Versi�n original30018211Identificadores

Norma demandada: �por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede' suscrito en Bogot�, el 12 de julio de 1973

Resumen. Con la sanci�n finaliza el per�odo de expedici�n de la ley y se da fe de su existencia.

Exequible la Ley 20 de 1974, en cuanto no adolece de vicios relativos a su sanci�n.

Acci�n de inexequibilidad contra la Ley 20 de 1974 "por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo Final entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede' suscrito en Bogot�, el 12 de julio de 1973".

Bogot�, D. E., febrero veintid�s (22) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

El ciudadano Jes�s Antonio Obando Roa, en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, solicita a la Corte que declare inexequible la Ley 20 de 1974 "por la cual se aprueba el 'Concordato y el Protocolo Final entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede suscrito en Bogot�, el 12 de julio de 1973", por vicios relativos a su sanci�n.

Cumplido el procedimiento establecido en la Constituci�n y la ley para los procesos constitucionales, procede la Corporaci�n a emitir la decisi�n correspon�diente.

Por la cual se aprueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede", suscrito en Bogot� el 12 de julio de 1973.

Art�culo primero. Apru�base el Concordato y el Protocolo Final, suscrito en Bogot� el 12 de julio de 1973, entre el Excelent�simo se�or Nuncio Apost�lico y el se�or Ministro de Relaciones Exteriores, que dice as�:

La Rep�blica de Colombia y la Santa Sede con el prop�sito de asegurar una fecunda colaboraci�n para el mayor bien de la Naci�n colombiana, animadas por el deseo de tener en cuenta las nuevas circunstancias que han ocurrido, tanto para la Iglesia Cat�lica, Apost�lica y Romana como para la Rep�blica de Colombia desde 1887, fecha del Concordato suscrito entre ellas, han determinado celebrar un nuevo Concordato, que constituye la norma que regular� en lo sucesivo, sobre bases de rec�proca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre la Iglesia Cat�lica y el Estado.

Con tal fin, su Excelencia el Presidente de Colombia, se�or doctor Misael Pastrana Borrero, ha designado como su Plenipotenciario a su Excelencia el se�or doctor Alfredo V�squez Carrizosa, Ministro de Relaciones Exteriores; y su Santidad el Papa Paulo VI ha designado como su Plenipotenciario a su Excelencia Monse�or Angelo Palmas, Arzobispo titular de Vibiana, Nuncio Apost�lico en Bogot�, quie�nes, despu�s de canjear sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Art�culo I.- El Estado, en atenci�n al tradicional sentimiento cat�lico de la Naci�n Colombiana, considera la Religi�n Cat�lica, Apost�lica y Romana como elemento fundamental del bien com�n y del desarrollo integral de la comunidad nacional.

El Estado garantiza a la Iglesia Cat�lica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las dem�s confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano.

Art�culo II. La Iglesia Cat�lica conservar� su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podr� ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicci�n eclesi�stica, conform�ndose en su gobierno y administra�ci�n con sus propias leyes.

Art�culo III. La Legislaci�n Can�nica es independiente de la civil y no forma parte de �sta, pero ser� respetada por las autoridades de la Rep�blica.

Art�culo IV. El Estado reconoce verdadera y propia personer�a jur�dica a la Iglesia Cat�lica. Igualmente a las Di�cesis, Comunidades Religiosas y dem�s entida�des eclesi�sticas a las que la ley can�nica otorga personer�a jur�dica, representadas por su leg�tima autoridad.

Gozar�n de igual reconocimiento las entidades eclesi�sticas que hayan recibido personer�a jur�dica por un acto de la leg�tima autoridad, de conformidad con las leyes can�nicas. Para que sea efectivo el reconocimiento civil de estas �ltimas basta que acrediten con certificaci�n su existencia can�nica.

,Art�culo V. La Iglesia, consciente de la misi�n que le compete de servir a la persona humana, continuar� cooperando para el desarrollo de �sta y de la comunidad por medio de sus instituciones y servicios pastorales, en particular mediante la educaci�n, la ense�anza, la promoci�n social y otras actividades de p�blico bene�ficio.

Art�culo VI. El Estado y la Iglesia colaborar�n en la pronta y eficaz promoci�n de las condiciones humanas y sociales de los ind�genas y de la poblaci�n residente en zonas marginadas susceptibles de un r�gimen can�nico especial. Una Comisi�n Permanente integrada por funcionarios designados por el Gobierno Nacional y prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, reglamentada de com�n acuerdo, programar� y vigilar� el desarrollo progresivo de los planes que se adopten.

Las funciones de la Comisi�n Permanente ser�n ejercidas sin perjuicio de la autoridad propia de planeaci�n del Estado y sin que la Iglesia tenga a su cargo actividades ajenas a su naturaleza y misi�n.

.Art�culo VII. El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebra�do de conformidad con las normas del derecho can�nico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesi�stica transmitir� copia aut�ntica del Acta al correspondiente funcionario del Estado quien deber� inscribirla en el registro civil.

Art�culo VIII. Las causas relativas a la nulidad o a la disoluci�n del v�nculo de los matrimonios can�nicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, son de competencia exclusiva de los Tribunales Eclesi�sticos y Congregaciones de la Sede Apost�lica.

Las decisiones y sentencia de �stas, cuando sean firmes y ejecutivas conforme al derecho can�nico, ser�n transmitidas al Tribunal Superior del Distrito Judicial territorialmente competente, el cual decretar� su ejecuci�n en cuanto a efectos civiles y ordenar� su inscripci�n en el registro civil.

,Art�culo IX. Las Altas Partes Contratantes convienen en que las causas de separaci�n de cuerpos de los matrimonios can�nicos sean tramitadas por los Jueces del Estado, en primera instancia ante el Tribunal Superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.

A solicitud de uno de los c�nyuges la causa respectiva se suspender� en primera instancia y por una sola vez, durante treinta d�as, para dar lugar a la acci�n conciliadora y pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del Tribunal para adoptar las medidas precautelativas que estime convenientes. Vencido el plazo el respectivo 'Tribunal reanudar� el tr�mite correspondiente.

Art�culo X. 1�. El Estado garantiza a la Iglesia Cat�lica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesi�stica, centros de educaci�n en cualquier nivel, especialidad y rama de la ense�anza, sin menoscabo del derecho de inspecci�n y vigilancia que corresponde al Estado.

2�. La Iglesia Cat�lica conservar� su autonom�a para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesi�sticas, seminarios y casas de formaci�n de religiosos. El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los t�tulos otorgados por dichos centros, ser� objeto de reglamentaci�n posterior.

Art�culo XI. A fin de hacer m�s viable el derecho que tienen las familias de escoger libremente centros de educaci�n para sus hijos, el Estado contribuir� equita�tivamente, con fondos del Presupuesto Nacional, al sostenimiento de planteles cat�licos.

Art�culo XII. En desarrollo del derecho que tienen las familias cat�licas de que sus hijos reciban educaci�n religiosa acorde con su fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluir�n en los establecimientos oficiales ense�anza y formaci�n religiosa seg�n el Magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de este derecho, corresponde a la competente autoridad eclesi�stica suministrar los progra�mas, aprobar los textos de ense�anza religiosa y comprobar c�mo se imparte dicha ense�anza. La autoridad civil tendr� en cuenta los certificados de idoneidad para ense�ar la religi�n, expedidos por la competente autoridad eclesi�stica.

El Estado propiciar� en los niveles de educaci�n superior la creaci�n de institutos o departamentos de ciencias superiores religiosas, donde los estudiantes cat�licos tengan opci�n de perfeccionar su cultura en armon�a con su fe.

Art�culo XIII. Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesi�tadas temporalmente de un r�gimen can�nico especial, la Iglesia colaborar� en el sector de la educaci�n oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias espec�ficas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustar�n a criterios previamente acordados entre �ste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo VI.

Art�culo XIV. El derecho de nombrar Arzobispos y Obispos corresponde exclu�sivamente al Romano Pont�fice. La Santa Sede antes de proceder al nombramiento de un Arzobispo u Obispo residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesi�n, que deber� recaer en ciudadano colombiano, comunicar� al Presidente de la Rep�blica el nombre de la persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de car�cter civil o pol�tico. Se entender� que ellas no existen si no las manifiesta dentro de treinta d�as. Estas gestiones se adelantar�n por ambas partes con la mayor diligencia y reserva.

Art�culo XV. La Santa Sede podr� erigir nuevas circunscripciones eclesi�sticas y modificar los l�mites de las existentes, cuando lo creyere oportuno, para el mejor desempe�o de la misi�n de la Iglesia. Con tal finalidad informar� previamente al Gobierno, acogiendo las indicaciones justas y convenientes que de �l reciba.

Art�culo XVI. La Santa Sede conviene en elevar con la mayor celeridad posible las jurisdicciones misionales a la categor�a de di�cesis, a medida que el desarrollo de las regiones resulte arm�nico con las exigencias pastorales diocesanas.

Art�culo XVII. La atenci�n espiritual y pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas se ejercer� por medio de la Vicar�a Castrense, seg�n normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno.

Art�culo XVIII. Los cl�rigos y religiosos no podr�n ser obligados a desempe�ar cargos p�blicos incompatibles con su ministerio y profesi�n religiosa y estar�n adem�s exentos del servicio militar.

Art�culo XIX. Continuar�n deferidas a los Tribunales del Estado las causas civiles de los cl�rigos y religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jur�dicas eclesi�sticas, como tambi�n los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesi�stico, san�cionados por las leyes de la Rep�blica. Se except�an, sin embargo, los procesos penales contra los Obispos y quienes est�n asimilados a �stos en el derecho eclesi�sti�co, que son de competencia exclusiva de la Sede Apost�lica.

Art�culo XX. En caso de procesos penales contra cl�rigos y religiosos, conoce�r�n en primera instancia sin intervenci�n de jurado, los Jueces Superiores o quienes los reemplacen, y en segunda, los Tribunales Superiores. Al iniciarse el proceso se comunicar� el hecho al Ordinario propio, el cual no pondr� obst�culo al procedi�miento judicial.

Los juicios no ser�n p�blicos. En la detenci�n y arresto, antes y durante el proceso, no podr�n aquellos ser recluidos en c�rceles comunes, pero si fueren condenados en �ltima instancia se les aplicar� el r�gimen ordinario sobre ejecuci�n de las penas.

Art�culo XXI. Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del Estado, si fuere necesario, prestar�n su colaboraci�n en la ejecuci�n de las providen�cias de los Tribunales Eclesi�sticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podr�an ser lesionadas por ejecuci�n incompleta o fallida de tales providencias.

Art�culo XXII. El ejercicio ileg�timo de jurisdicci�n o funciones eclesi�sticas por quienes carecen de misi�n can�nica para desempe�arlas, oficialmente comuni�cado por la autoridad eclesi�stica al competente funcionario del Estado, ser� conside�rado por �ste como usurpaci�n de funciones p�blicas.

Art�culo XXIII. La Iglesia Cat�lica y las dem�s personas jur�dicas de que trata el art�culo IV del presente Concordato tienen facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislaci�n colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos ser�n no menos inviolables que los pertenecientes a las dem�s personas naturales o jur�dicas.

Art�culo XXIV. Las propiedades eclesi�sticas podr�n ser gravadas en la misma forma y extensi�n que las de los particulares. Sin embargo, en consideraci�n a su peculiar finalidad se except�an los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios.

Los bienes de utilidad com�n sin �nimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las dem�s personas jur�dicas de que trata el art�culo IV del presente Concordato, tales como los destinados a obras de culto, de educaci�n o de beneficencia, se regir�n en materia tributaria por las disposiciones Legales establecidas para las dem�s institucio�nes de la misma naturaleza.

Art�culo XXV. El Estado reconoce el derecho de la Iglesia a recabar libremente de los fieles contribuciones y ofrendas para el culto divino, la sustentaci�n de sus ministros y otros fines propios de su misi�n.

Art�culo XXVI. Las Altas Partes Contratantes unifican las obligaciones finan�cieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convenci�n sobre Misiones de 1953.

En consecuencia reglamentar�n su cuant�a en forma que permita atender debidamente aquellas obligaciones. Ser� tambi�n reglamentada la contribuci�n del Estado para la creaci�n de nuevas di�cesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de Misiones. El Estado conceder� a las entidades eclesi�sticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla.

Art�culo XXVII. El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y adminis�trar sus propios cementerios, que estar�n sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden p�blico. En los cementerios dependientes de la autoridad civil, la Iglesia podr� ejercer su ministerio en la inhumaci�n de los cat�licos.

Art�culo XXVIII. En defensa y promoci�n del patrimonio cultural colombiano la Iglesia y el Estado colaborar�n en el inventario religioso nacional, que incluir� monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor hist�rico o est�tico sean dignos de conjunta atenci�n para conservarse, restaurarse y exponerse con fines de educaci�n social.

Art�culo XXIX. En la ejecuci�n de las disposiciones contenidas en este Concor�dato como en sus reglamentaciones y para resolver amistosamente eventuales dificul�tades relativas a su interpretaci�n y aplicaci�n, las Altas Partes Contratantes procede�r�n de com�n acuerdo.

Art�culo XXX. El presente Concordato, salvo lo acordado en el art�culo XXVI, deja sin vigor y efecto, el que las Altas Partes Contratantes firmaron en Roma el 31 de diciembre de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888, y los siguientes acuerdos: La Convenci�n adicional al Concordato, firmada en Roma el 20 de julio de 1892, aprobada por la Ley 34 de 1892; los acuerdos derivados del Canje de notas n�mero 27643 del 27 de febrero de 1924, dirigida por el Secretario de Estado de su Santidad al Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y la respuesta de �ste del 10 de junio de 1924, que dieron origen a la Ley 54 de 1924, y la Convenci�n sobre Misiones, firmada en Bogot� el 29 de enero de 1953.

As� mismo, quedan derogadas todas las disposiciones de las leyes y decretos que en cualquier modo se opusieran a este Concordato.

Art�culo XXXI. El presente Concordato se firma en doble ejemplar y en Lenguas espa�ola e italiana, cuyos textos ser�n igualmente aut�nticos y har�n fe.

Art�culo XXXII. Este Concordato entrar� en vigor en la fecha del canje de las respectivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes.

En fe de lo cual, los suscritos Plenipotenciarios firman este Concordato, en la ciudad de Bogot�, Rep�blica de Colombia, a los doce d�as de julio de mil novecientos setenta y tres (Fdo.) Alfredo V�squez Carrizosa, Ministro de Relaciones Exteriores; (Fdo.) Angelo Palmas, Nuncio Apost�lico.

En el acto de la firma del Concordato suscrito en la fecha entre la Rep�blica de Colombia y la Santa Sede, los Plenipotenciarios de las Altas Partes Contratantes hacen las siguientes declaraciones que forman parte integrante del mismo Concor�dato.

1.- De acuerdo con la legislaci�n vigente en el Estado colombiano la inscripci�n de un matrimonio can�nico que no haya sido anotado en el registro civil al tiempo de su celebraci�n, podr� siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de los c�nyuges o de quien tenga un inter�s leg�timo en dicho matrimonio. Con tal fin ser� suficiente la presentaci�n de una copia aut�ntica de la respectiva partida eclesi�stica. La muerte de uno o de ambos c�nyuges no ser� obst�culo para efectuar dicha inscripci�n.

2. Los efectos civiles del matrimonio can�nico debidamente inscrito en el registro civil regir�n a partir de la fecha de la celebraci�n can�nica de dicho matrimonio.

La Rep�blica de Colombia reconoce la competencia exclusiva de la autoridad eclesi�stica en cuanto se refiere a los aspectos can�nicos del Privilegio de la Fe.

Por lo que se refiere a los efectos civiles correspondientes se tendr� en cuenta lo dispuesto por la jurisprudencia y la legislaci�n civil colombiana de manera que sean respetados tanto los derechos adquiridos por los c�nyuges como los derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal.

La determinaci�n que hace este art�culo de que las causas de separaci�n del matrimonio can�nico ser�n dirimidas ante el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no impedir� que, en el futuro, el Estado colombiano pueda establecer una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas entidades.

El presente Protocolo se firma en la ciudad de Bogot�, Rep�blica de Colombia, a los doce d�as de julio de mil novecientos setenta p. tres (Fdo.) Alfredo V�squez Carrizosa, Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.) Angelo Palmas, Nuncio Apos�t�lico.

Aprobado, som�tase a la consideraci�n del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo. ) Misael Pastrana Borrero, El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo. ) Alfredo V�squez Carrizosa.

Es fiel copia tomada del original, que reposa en los archivos de la Divisi�n de Asuntos Jur�dicos de este Ministerio.

(Fdo.) Carlos Borda Mendoza, Secretario General, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art�culo segundo. Der�ganse la Ley 54 de 1924, por la cual se aclara la legislaci�n existente sobre matrimonio civil y todas las disposiciones contrarias al Concordato y al Protocolo final aprobados por la presente Ley.

Art�culo tercero. Esta ley regir� desde la fecha de su promulgaci�n. Dada en Bogot�, D. E., a los veinte d�as del mes de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

El Presidente del honorable Senado (Fdo. ) Julio C�sar Turbay Ayala. El Presidente de la honorable C�mara (Fdo. ) Luis Villar Borda.

El Secretario General de la honorable C�mara de Representantes (Fdo.) Ignacio Laguado Moncada.

Rep�blica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogot�, D.E., 18 de diciembre de 1974. Publ�quese y ejec�tese (Fdo.) Alfonso L�pez Michelsen.

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo. ) Indalecio Li�vano Aguirre (Dia�rio Oficial n�mero 34234).

El demandante considera que la Ley 20 de 1974 es inconstitucional por no haber sido "aprobada, suscrita, firmada o sancionada" por el Presidente de la Rep�blica, sino por "su designado plenipotenciario Ministro de Relaciones Exteriores doctor Alfredo V�squez Carrizosa", lo cual viola los art�culos 2�, 57, 81-4, 118-7, 120-2 y 135 de la Constituci�n Nacional, por cuanto la ley no se form� "en los t�rminos que la Carta Constitucional soberanamente establece", ya que la sanci�n deb�a efectuarla "directa y personalmente" el Presidente de la Rep�blica, mas no el Ministro de Relaciones Exteriores quien "no constituye en manera alguna Gobierno Nacional".

Finalmente agrega que la tarea de sancionar las leyes es una funci�n exclusiva del Presidente de la Rep�blica y por tanto "indelegable e intransferible".

Cabe anotar aqu� que cuando el presente negocio se encontraba al despacho del Procurador General de la Naci�n para concepto, el actor hizo llegar a este procedi�miento un escrito dirigido, seg�n �l, a "clarificar el contenido de la demanda inicial". Sin embargo, de su lectura se deduce claramente que se tratar�a de una demanda diferente, pues ya no acusa la Ley 20 de 1974 primeramente impugnada, sino el Tratado mismo, o aqu�lla a trav�s de �ste.

As� las cosas, el pronunciamiento de la Corte recaer� solamente sobre la demanda inicialmente presentada, que fue la rituada y sobre la cual rindi� concepto el Jefe del Ministerio P�blico.

El Procurador General de la Naci�n al rendir la vista fiscal-oficio 1393 de 13 de enero de 1989, se�ala que "la normatividad hoy demandada, ya hab�a sido objeto de impugnaci�n por defecto en su formaci�n, en proceso 1489", el cual concluy� con la sentencia n�mero 11 de 12 de febrero de 1987, en donde se declar� exequible la ley acusada "en cuanto no adolece de vicios en su formaci�n", por lo que pide a la Corte "estar a lo resuelto".

Esta Corporaci�n ha admitido su potestad para conocer en todo tiempo de demandas de inexequibilidad contra leyes aprobatorias de tratados o convenios internacionales, siempre y cuando ellas se relacionen con vicios en su formaci�n o tr�mite.

La Ley 20 de 1974 -materia de impugnaci�n- se demanda precisamente por irregularidad formal, que el actor concreta en el hecho de no haber sido sancionada por el Presidente de la Rep�blica, sino por el Ministro de Relaciones Exteriores, en consecuencia se procede a dictar decisi�n de m�rito.

Ciertamente como lo afirma el Jefe del Ministerio P�blico, la Ley 20 de 1974 hab�a sido acusada ante esta Corporaci�n dentro del proceso n�mero 1489, por vicio en su formaci�n, el cual consist�a seg�n el demandante, en la falta de "discusi�n o debate" durante el tr�mite en las C�maras Legislativas, como tambi�n la no presenta�ci�n de objeciones presidenciales.

La Corte al resolver dicha impugnaci�n consider� que no le asist�a raz�n al actor para hacer tales afirmaciones, pues qued� demostrado que la ley acusada en esos aspectos se ajust� a las normas constitucionales y consecuentemente declar� la exequibilidad de la ley.

Como se puede apreciar, esta Corporaci�n admiti� en dicha oportunidad un fallo definitivo pero no absoluto, como acontece siempre que de vicios de forma se trata, ya que s�lo estudi� los dos puntos citados, quedando por analizar otros como el que ahora se plantea, relacionado con la sanci�n de la ley, a lo cual se procede.

El art�culo 81 de la Constituci�n Nacional establece los requisitos que se deben cumplir para que un proyecto de ley se convierta en ley de la Rep�blica, a saber:

"1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisi�n respectiva.

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisi�n permanente de cada C�mara, salvo lo dispuesto en el art�culo 80.

Como se puede observar, el proceso de formaci�n de la ley est� compuesto de varias etapas o actos que son de rigurosa ejecuci�n, de tal forma que si falta alguno de ellos la ley queda irreparablemente viciada.

La sanci�n es el �ltimo de estos actos y con �l "finaliza el per�odo de expedici�n de la ley y se da fe de su existencia". Esta funci�n est� a cargo del Presidente de la Rep�blica, quien en este caso cumple una funci�n colegisladora en el proceso formativo de la ley, lo cual est� conforme con nuestra tradici�n jur�dica y pol�tica y con la colaboraci�n arm�nica de los poderes que la Constituci�n establece.

La sanci�n, como lo ha sostenido esta Corporaci�n, "es elemento esencial, requisito que pone fin al proceso formativo de la ley, la cual por adquirir as� su car�cter de soberana expresi�n de la voluntad del legislador, gana desde ese punto eficacia, o como dice la expresi�n copiada 'ser� ley' " (Sentencia de 23 de junio de 1976).

En el caso que se estudia se tiene que la Ley 20 de 1974 no fue sancionada por el Ministro de Relaciones Exteriores, como lo afirma el actor, sino por el se�or Presidente de la Rep�blica de esa �poca, doctor Alfonso L�pez Michelsen, seg�n consta en el Diario Oficial n�mero 34234 de 14 de enero de 1975, todo lo cual se ajusta a los mandatos constitucionales descritos en los art�culos 118-7 y 81-4. No existe, pues, irregularidad formal por este aspecto.

En este orden de ideas se proceder� a declarar la exequibilidad de la Ley 20 de 1974, por no existir vicios relativos a su sanci�n.

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 20 de 1974, en cuanto no adolece de vicios relativos a su sanci�n.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gace�ta Judicial y arch�vese el expediente.

Fabio Mor�n D�az, Presidente; Hern�n Guillermo Aldana Duque, Rafael Ba�quero Herrera, Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Jorge Carre�o Luengas, Gui�llermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento, Jaime Giralda Angel, Herrando G�mez Ot�lora, Gustavo G�mez Vel�squez, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart�nez Z��iga, Alberto Ospina Botero, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Jacobo P�rez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime San�n Greiffenstein, Ram�n Z��iga Valverde.