Sentencia 897 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030018202897Ricardo Medina Moyano198219/04/1982897_Ricardo Medina Moyano_1982_19/04/198230018202FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Exequible, por no ser violatorio de la Constituci�n, el inciso primero del art�culo 130 del Decreto numero 80 de 1980. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Ref.: Expediente n�mero 897. 1982

Carlos Rodr�guez Mej�a,Rafael Colmenares FacciniNorma acusada Inciso 1� del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 1980, "por el cual se reorganiza si sistema de educaci�n post-secundaria".Identificadores30030018203true92927Versi�n original30018203Identificadores

Norma demandada: �Norma acusada Inciso 1� del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 1980, "por el cual se reorganiza si sistema de educaci�n post-secundaria".

Exequible, por no ser violatorio de la Constituci�n, el inciso primero del art�culo 130 del Decreto numero 80 de 1980.

Norma acusada; Inciso 1� del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 1980, "por el cual se reorganiza si sistema de educaci�n post-secundaria".

Los ciudadanos y abogados Carlos Rodr�guez Mej�a y Rafael Colmenares Faccini, en ejercicio de la acci�n p�blica "consagrada en los art�culos 214 y 215 de la Constituci�n Nacional", so�licitan a la Corte Suprema de Justicia "que sedeclare inconstitucional" el inciso primero delart�culo 130 del Decreto-ley n�mero 80 de milnovecientos ochenta, mediante el cual el Gobier�no Nacional, facultado por el Congreso, reorga�niz� el "Sistema de Educaci�n Post-secundaria".

Admitida la demanda y dispuestos los tr�mi�tes consagrados en el Decreto aut�nomo n�mero 432 de 1969, la Procuradur�a General de la Na�ci�n ha descorrido el traslado respectivo, solici�tando de la Corte "declarar parcialmente inexequible" el texto demandado.

La Corte transcribe a continuaci�n el texto completo del art�culo 130, subray�ndose el inciso demandado, incluidos los ac�pites respectivos del Decreto del cual forma parte.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las que le confiere la Ley 8� de 1979, o�da la Comisi�n de que trata el art�culo 3� de la misma ley,

"Art�culo 130. Quienes actualmente est�n vinculados a las instituciones oficiales de educa�ci�n superior y de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto, adquieren el car�cter de empleados p�blicos, no necesitar�n ni nombra�miento ni posesi�n.

"El cambio de la naturaleza jur�dica de la vinculaci�n no implicar� disminuci�n o p�rdida de la remuneraci�n o de las prestaciones sociales que hubieren alcanzado conforme a derecho con anterioridad a la expedici�n de este Decre�to. Esta disposici�n es aplicable a quienes actual�mente est�n al servicio de una instituci�n ofi�cial de educaci�n superior, mientras conserven su vinculaci�n a la misma".

Los demandantes consideran que el inciso transcrito del art�culo 130 del Decreto-ley n��mero 80 de 1980 "infringe flagrantemente" los art�culos 65 y 76-12 de la Constituci�n Pol�ticadel Estado.

Los actores se refieren en el libelo de deman�da, en primer t�rmino, a la violaci�n del art�culo 65 ya citado, y a fin de darle piso a la misma afirman:

"...el literal f) del art�culo 59 del Decreto n�mero 80, autoriza al rector de la respectivainstituci�n para expedir la planta de personal de la misma, 'con se�alamiento de los cargos que ser�n desempe�ados por docentes y por empleados y trabajadores oficiales del orden admi�nistrativo', de tal manera que en virtud de laexpedici�n de dicha planta algunas personas queestaban vinculadas con car�cter diferente al deempleado p�blico, es decir, como trabajadoresoficiales, pasar�an a ser empleados p�blicos.

"La norma acusada, al establecer que las per�sonas antes mencionadas no requieren nombra�miento ni posesi�n contraviene abiertamente el art�culo 65 de la Constituci�n Nacional... el art�culo 251 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal desarrolla el mandato del art�culo 65 de la Constituci�n Nacional al prescribir: 'Nin�g�n funcionario entrar� a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constituci�n, y de cumplir con los deberes que le incumban. Esto es lo que se llama posesi�n del empleo, o bien, tomar posesi�n de �l'. El mismo art�culo contiene incluso la f�rmula que debe emplearse para prestar tal juramento.

"Por consiguiente, al eximir la norma acusa�rla del requisito de la posesi�n a las personas que ella misma indica, las est� relevando de prestar el juramento ordenado por el art�culo 65de la Constituci�n N acional y, como es obvio,incurre en la violaci�n de �ste.

"La raz�n de ser del juramento exigido por el art�culo 65 de la Constituci�n Nacional, es que el empleado p�blico desempe�a, ejerce y asume un conjunto de deberes, atribuciones y responsa�bilidades establecidos por la Constituci�n, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad compe�tente, para satisfacer necesidades permanentes de la Administraci�n P�blica, que exigen su fidelidad a dichas normas. Por lo tanto, mal puede una persona vinculada a una Instituci�n Oficial de Educaci�n Superior como trabajador oficial, pasar del cumplimiento de sus obligaciones laborales pactadas en un contrato de trabajo, al ejercicio de las funciones p�blicas, sin prestarel juramento exigido por la Constituci�n".

A fin de demostrar la violaci�n del ordinal 12 del art�culo 76 de la Constituci�n, los actores proceden a precisar detalladamente cu�les fue�ron las atribuciones trasladadas por el Congreso al Ejecutivo, mediante la Ley de facultades n��mero 8 del veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve, para concluir a conti�nuaci�n que:

"De la simple lectura de las facultades otor�gadas al Ejecutivo por la Ley Octava de 1979, se desprende que las mismas no se extendieron a modificar el r�gimen que regula la Adminis�traci�n P�blica, consagrada en los art�culos 235 y siguientes del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, en el cual se establece lo relativo a nombramiento, aceptaci�n, juramento y posesi�nde empleados. Tampoco aparece en el texto de la Ley Octava de 1979, que las facultades por ellaconferidas implicaran el cambio de las normasrelativas a la administraci�n del personal civilque presta sus servicios en los empleos de la Ra�ma Ejecutiva del Poder P�blico, contenidas fun�damentalmente en los Decretos n�meros 2400 de1968 y 1950 de 1973, seg�n los cuales el ingresoal servicio se hace por nombramiento, el cualpuede ser ordinario o en periodo de prueba pro�visional. As� los mencionados Decretos regulan la posesi�n de los empleados p�blicos, reprodu�ciendo luego la disposici�n del art�culo 65 de laConstituci�n Nacional.

"De lo anterior se desprende que la norma acusada, al eliminar el nombramiento y la po�sesi�n para aquellas personas que estando vincu�ladas a las instituciones Oficiales de Educaci�nSuperior en una categor�a diferente a la de em�pleado p�blico, ascendieran a la misma en virtudde su incorporaci�n a los nuevos cargos de lasdistintas plantas de personal, viol� el art�culo76, ordinal 12 de la Constituci�n Nacional, pues las facultades extraordinarias conferidas al Pre�sidente de la Rep�blica no lo autorizaban para eliminar aquellos requisitos, consagrados en los Decretos legislativos que rigen la Administra�ci�n P�blica y la Administraci�n de Personal Civil que presta sus servicios a la misma". (Fl. 5).

Importa advertir, en primer t�rmino, que la Procuradur�a, frente a aspectos de orden t�cnico propios del juicio de constitucionalidad, glosa la demanda, en cuanto �sta considera como vio�lado el art�culo 76-12 de la Constituci�n Nacio�nal, cuando ha debido citar como vulnerado el art�culo 118-8, toda vez que la violaci�n invocada se refiere al contenido de uno de los art�cu�los del Decreto-ley dictado con base en la leyde facultades, y no a normas de �sta �ltima.

La Procuradur�a aborda el examen de la nor�ma sometida al juicio constitucional de la Corte,

analizando el Cap�tulo VII del T�tulo III del Decreto-ley n�mero 80 de 1980, en el cual se determina el r�gimen del personal administrati�vo de las instituciones oficiales de educaci�n su�perior, precisando por lo dem�s que:

"La totalidad de las normas del cap�tulo en comento, fueron declaradas exequibles por la honorable Sala Constitucional de la Corte, en fallo de fecha 31 de marzo pr�ximo pasado".

Dentro de tal an�lisis, la Procuradur�a preci�sa que el art�culo 122 del Decreto n�mero 80 determina qu� personal ostenta el car�cter de trabajador oficial, para luego, por exclusi�n, estimar el resto del personal, como integrado por empleados p�blicos.

Tambi�n hace resaltar el hecho de que el ar�t�culo 124 remite al Decreto n�mero 2400 de 1968, respecto de las materias no reguladas en �l en cuanto al personal administrativo de lasInstituciones de Educaci�n Superior.

-Luego de lo anterior, la Procuradur�a se ocu�pa en forma concreta de la norma demandada, la cual es una consecuencia de la decisi�n seg�n la cual, individuos vinculados como trabajadores oficiales, pasan a ser empleados p�blicos, hasta el momento en que "el respectivo Consejo Su�perior expida la planta de personal prevista en el art�culo 59, literal f) del presente Decreto", y si efecto afirma:

"Sobre el nombramiento no existe reparo al�guno por cuanto la nueva condici�n se derivar� de los estatutos previstos en el inciso segundo del art�culo 122 del Decreto n�mero 80 de 1980 y esta norma, como ya se dijo, fue hallada constitucional.

"Por lo que respecta a la posesi�n, el art�culo 22 (sic) del Decreto a que me vengo refiriendo, dispone que ciertos servidores del sector admi�nistrativo de las entidades docentes, pasar�n de la vinculaci�n contractual y r�gimen de la ley sustantiva laboral a la legal y reglamentaria del servicio p�blico. Es evidente que al ingresar los ciudadanos a �ste o al adquirir por virtud de la ley esa condici�n, deben cumplir previamen�te el mandato constitucional que exige voto de lealtad al orden jur�dico establecido. Y si bienel legislador o el Presidente, en uso de sus fun�ciones legislativas trasladadas por el Congreso, pueden modificar otros aspectos de la vincula�ci�n, establecidos en leyes preexistentes, no les es posible excusar a quienes van a cumplir ta�reas catalogadas como p�blicas, del cumplimien�tode ese requisito.

"Esa formalidad que el Constituyente de 1886 consider� trascendental y a la que el inciso primero del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 1980 le quita toda importancia, fue analizada as� por el Consejo de Estado: "El ejercicio de toda funci�n p�blica requiere el requisito de la posesi�n. Esta ceremonia que en apariencia pu�diera considerarse como el cumplimiento de una mera formalidad, tiene por el contrario una profunda significaci�n en el Estado de Derecho y responde a la necesidad de someter el com�portamiento de todo funcionario a los manda�tos de la Constituci�n y de la Ley. S�lo as� sepreserva la libertad individual, cuando gober�nantes y gobernados obedecen la misma norma jur�dica. Nuestra Constituci�n ense�a que en Colombia todo empleo debe tener sus funciones detalladas en ley o reglamento (Art. 63), queel funcionario p�blico es responsable por la in�fracci�n de la Constituci�n y delasleyes, porextralimitaci�n de funciones o por omisi�n en el ejercicio de �stas (Art. 20) y que ning�n funcionario entrar� a ejercer el cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitu�ci�n y de cumplir con los deberes que le incumban (Art. 65). En esta sencilla trilog�a de pre�ceptos encuentra uno de sus m�s valiosos pilares el concepto democr�tico de gobierno. En el acto de posesi�n se perfecciona la investidura del ciudadano para el ejercicio de funciones p�bli�cas, pero al mismo tiempo se recoge de �l el juramento de ser leal a las instituciones y de ajustar sus actos a la ley. 'Ning�n funcionario entrar� a ejercer su cargo, dice el C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, art�culo 25, sin prestar juramento de sostener y defender la Constituci�n y de cumplir los deberes que le incumben. Esto es lo que se llama posesi�n delempleo, o bien tomar posesi�n de�l..."(Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, agosto 27 de 1975).

"As�, pues, los trabajadores oficiales que de�jaron o dejar�n de serlo para pasar a la condici�n de empleados p�blicos, seg�n lo estable�cido en el art�culo 122 del Decreto n�mero 80 de 1980, no se les puede colocar al margen del ar�t�culo 65 de la Constituci�n, porque �ste no hace ni permite excepci�n alguna. Encuentra,por lo tanto este despacho, que el inciso primero del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 1980, en parte, fue expedido con violaci�n de los ar�t�culos 65 y 118-8 de la Carta".

Concluye su concepto la Procuradur�a Gene�ral de la Naci�n, solicitando a la Corte Suprema que se pronuncie en el sentido de declarar:

"�parcialmente inexequible el inciso prime�ro del art�culo 130 del Decreto n�mero 80 de 22 de enero de 1980, esto es, en cuanto exime aquienes adquieren calidad de empleados p�bli�cos del requisito constitucional de la posesi�n y en lodem�s estar a lo dispuesto en sentencia de 31 de marzo de 1981, de la misma Sala de la honorableCorte Suprema de Justicia".

Conforme a lo dispuesto por el art�culo 214 de la Constituci�n N acional, subrogado por el art�culo 71 del Acto Legislativo n�mero 1 de1968 y supuesta la inexequibilidad del ActoLegislativo n�mero 1 de 1979, declarada por la Corte Supremaen sentencia del d�a 3 de no�viembre del presente a�o, la competencia paraconocer del presente juicio de constitucionalidad contra el art�culo 130 del Decreto-ley n�mero 80 de 1980, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, "en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional".

Como se precis� oportunamente en esta pro�videncia, el Decreto ochenta de mil novecientos ochenta, del cual forma parte la norma deman�dada, fue expedido el d�a 22 de enero de tal a�o.

Ahora bien, como quiera que la Ley 8� de mil novecientos setenta y nueve, fuente del Decreto mencionado, como que �ste se dict� con base en las facultades legislativas trasladadas por el Congreso al Presidente de la Rep�blica, fue promulgada el d�a 1� del mes de febrero del mismo a�o, mediante publicaci�n hecha en el Diario Oficial n�mero 35191, de la misma fecha, y que las facultades fueron otorgadas porelt�rmino de un a�o", se concluye, como lo haobservado ya la Corte en otros procesos de constitucionalidad originados en demandas contra elDecreto n�mero 80 de 1980, que �ste, por lo queata�e a las condiciones de temporalidad, exigi�das en tales casos por la Constituci�n, se ajusta a las prescripciones de la misma.

Se observa en primer t�rmino que la norma acusada no dispone en modo alguno que haya variaci�n en la naturaleza del v�nculo jur�dico existente entre algunos servidores de institutos oficiales de educaci�n superior y aquellos institutos. Ello lo hacen otros preceptos, como el art�culo 122 del mismo Decreto-Ley 80 de 1980,que por cierto ya fue declarado exequible me�diante sentencia del 31 de marzo de 1981, pro�nunciada por la Sala Constitucional cuandoten�a potestad para decidir procesos de inconstitucionalidad contra leyes o actos que tuviesen id�ntica categor�a.

El art�culo 130, impugnado ahora, es enton�ces mera disposici�n de tr�nsito entre el anti�guo r�gimen de los servidores administrativos de universidades oficiales y el nuevo r�gimen esta�blecido para ellos por el Decreto-ley n�mero 80de 1980. Se limita a disponer que quienes ven�an laborando en aquellos planteles mediante nexo distinto al de los empleados p�blicos, no nece�sitan nombramiento y posesi�n para continuar trabajando dentro de esa nueva calidad.

Se reduce entonces el actual proceso a escla�recer si el art�culo 130, materia del ataque, es o no contrario al art�culo 65 de la Constituci�n o a cualquiera otro de sus preceptos.

Encuentra la Corte que el art�culo 65 de la citada Carta Pol�tica, que los actores consideran infringido por el art�culo 130 del Decreto-ley n�mero 80, en realidad no puede tenerse como vulnerado por la norma acusada, puesto que el texto constitucional no alude al nombramiento ni a la posesi�n como requisitos para ejercer un cargo p�blico sino apenas a la formalidad de un juramento.

"Ciertamente el art�culo 65 en cuesti�n dispo�ne que ning�n funcionario entrar� a ejercer su cargo 'sin prestar juramento de sostener y de�fender la Constituci�n y de cumplir con los deberes que le incumben'. Y, en efecto, no puedeconfundirse la prestaci�n de dicho juramentocon la posesi�n en el cargo y, menos a�n, con elnombramiento para el mismo, instituciones �stas que dentro del ordenamiento jur�dico colombia�no son de creaci�n y de car�cter legal y no cons�titucional. El mentado juramento es efectiva�mente consecuencia de la posesi�n, pero no es laposesi�n misma. Y, se insiste, el art�culo 65 delaCarta Pol�ticaalude �nicamente al juramento, sin mencionar para nada la posesi�n y el nom�bramiento, que son las diligencias dispensadaspor el art�culo 130 demandado, para quienes yaestuvieran en servicio al entrar en vigencia elnuevo r�gimen implantado en el Decreto-ley n��mero 80 de 1980.

"No sobra advertir, finalmente, que el art�cu�lo 65 de la Carta exige el juramento para los 'funcionarios', o sea para quienes van a ejercer atribuciones privativas del Estado como la au�toridad pol�tica, civil, jurisdiccional o militar y no para los simples servidores administrativos que, sin jurisdicci�n ni mando, colaboran con los funcionarios como meros auxiliares en la realiza�ci�n de los fines propios del Estado".

No vulnera pues el precepto acusado el art�cu�lo 65 de la Constituci�n ni ninguna otra de sus normas.

"A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en ejercicio de lasfacultades que le confiere el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, previo estudio de la Sala Constitucional y escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n,

"DECLARASE EXEQUIBLE, por no ser violatorio de la Constituci�n Nacional, el inciso primero del art�culo 130 del Decreto-ley n�mero 80 de 1980, cuyo texto es el siguiente:

"'Quienes actualmente est�n vinculados a las instituciones oficiales de educaci�n superior y de acuerdo con las disposiciones del presente Decre�to adquieran el car�cter de empleados p�blicos, no necesitar�n ni nombramiento ni posesi�n'.

"C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobier�no Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente".

Luis Carlos S�chica, Presidente; Jer�nimoArg�ez Castello, con licencia por enfermedad;Cesar Ayerbe Chaux, con permiso presiden�cial: Fabio Calder�n Botero, Manuel E. DazaAlvarez, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Mario Latorre Rueda, Conjuez, no asis�ti� a la Sala con excusa; Ricardo Medina Mo�yano, Humberto Murcia Ball�n, Alberto OspinaBotero, Alfonso Reyes Echand�a, Luis E. Rome�ro Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serra�no Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.