Sentencia 975 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030018053975Manuel Gaona Cruz198205/10/1982975_Manuel Gaona Cruz_1982_05/10/198230018053VINCULACION LABORAL Y PRESTACIONAL DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO Exequible la parte demandada del inciso quinto de! art�culo 83 de! Decreto 1042 de 1978 Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1982

Ra�l Carvajalino CDisposici�n acusada. Una parte del inciso 5� del art�culo 83 del Decreto 1042 de 1978.Identificadores30030018054true92223Versi�n original30018054Identificadores

Norma demandada: �Disposici�n acusada. Una parte del inciso 5� del art�culo 83 del Decreto 1042 de 1978.

Exequible la parte demandada del inciso quinto de! art�culo 83 de! Decreto 1042 de 1978

Disposici�n acusada. Una parte del inciso 5� del art�culo 83 del Decreto 1042 de 1978.

En escrito que re�ne las condiciones formales para su consideraci�n, el ciudadano Ra�l Carvajalino, ha demandado ante la Corte la declaratoria de inexequibilidad de una parte del precepto de la referencia.

Se transcribir�, en primer t�rmino, el encabezamiento del Decreto 1042 de 1978 y la totalidad de su art�culo 83, en el entendido de que la acusaci�n apenas se refiere a lo subrayado, y, en segundo lugar, el texto de la Ley 5 de 1978, mediante la cual se otorgaron las correspondientes facultades al Gobierno.

"Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificaci�n de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p�blicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneraci�n correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5 de 1978,

"Art�culo 33. De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los empleados p�blicos en caso de licencias o vacaciones, podr� vincularse personal supernumerario.

"Tambi�n podr�n vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de car�cter netamente transitorio.

"En ning�n caso la vinculaci�n de un supernumerario exceder� el t�rmino de tres meses salvo autorizaci�n especial del Gobierno cuando se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por per�odos superiores.

"La remuneraci�n de los supernumerarios se fijar� de acuerdo con las escalas de remuneraci�n establecidas en el presente Decreto, seg�n las funciones que deban desarrollarse.

"Cuando la vinculaci�n de personal supernumerario no exceda el t�rmino de tres meses, no habr� lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deber�n suministrar al personal supernumerario atenci�n m�dica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

"La vinculaci�n de supernumerarios se har� mediante resoluci�n administrativa, en la cual deber� constar expresamente el t�rmino durante el cual se prestar�n los servicios y la asignaci�n mensual que vaya a pagarse".

"Por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneraci�n, revisar sistemas de clasificaci�n y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administraci�n de personal.

"Art�culo 1� De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de noventa d�as, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para los siguientes efectos:

"1� Fijar, con efectividad ni primero (1�) de enero de 1973, las escalas de remuneraci�n correspondientes a las distintas categor�as de empleos de:

"a) La Rama Ejecutiva del Poder P�blico en el orden nacional, incluidas las unidades administrativas especiales;

"c) La Rama Jurisdiccional y el Ministerio P�blico, el Tribunal Disciplinario, el Consejo de Estado y los Tribunales Contencioso Administrativos y las Direcciones de Instrucci�n Criminal;

"Esta facultad comprende la de se�alar las bonificaciones de los soldados, grumetes y alumnos de las escuelas de formaci�n de las Fueras Militares y de la Polic�a Nacional.

"No obstante lo dispuesto en el numeral l9 del presente art�culo, en las entidades que tuvieren decretados reajustes salariales para hacerse efectivos con posterioridad al 1� de enero de 1978, la modificaci�n de las escalas de remuneraci�n regir� a partir de la fecha en que se haya previsto el respectivo reajuste.

"2� Revisar el sistema de clasificaci�n y nomenclatura de los mismos empleos, para fijar o modificar aquellas series y clases, cuya creaci�n o modificaci�n se estime indispensable.

"3� Se�alar los t�rminos y condiciones para el reconocimiento y pago de la pensi�n jubilatoria de las personas que desempe�en el cargo dedactiloscopia en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

"5� Revisar y modificar las reglas generales a las cuales deban sujetarse las entidades de la Administraci�n P�blica del orden nacional en la aplicaci�n de las normas sobre las asignaciones y prestaciones sociales se�alados por la ley para su personal.

"6� Fijar las reglas para el reconocimiento, la liquidaci�n y el pago de las prestaciones sociales que se causaren en el futuro a favor de los extranjeros no domiciliados en Colombia que presten servicios en el exterior, como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Art�culo 2� Autorizase al Gobierno Nacional, para abrir los cr�ditos y efectuar los traslados presupuestarios indispensables para el cumplimiento de la presente Ley.

"Dada en Bogot�, D. E., a los cuatro d�as del mes de abril de mil novecientos setenta y ocho,

A juicio del actor, el aparte acusado es violatorio de los art�culos 17, 30, 113-3 y 122 de la Constituci�n, conforme a los siguientes razonamientos:

1. En ninguna de las facultades otorgadas al Gobierno por la Ley 5 de 1978 se encuentra la de suprimir prestaciones sociales a los empleados supernumerarios, ni siquiera en la del numeral del articulo 1� y por lo tanto el Ejecutivo, al suprimir las prestaciones sociales de dicho personal, se extralimit� y transgredi� el art�culo 118-8 de la Carta.

2. Con anterioridad a la norma acusada "todos los empleados de la administraci�n ten�an derecho a la cesant�a, al seguro de vida, a la indemnizaci�n por accidente de trabajo y por enfermedad profesional". El art�culo 34 del Decreto 3135 (de 1903) "al establecer el seguro por muerte, lo hace tanto para los empleados p�blicos, como trabajadores oficiales en servicio, sin condicionarlo a una categor�a espec�fica del trabajador".

Al suprimir el derecho a prestaciones para los supernumerarios, se viol� el art�culo 30 de la Constituci�n, ya que se les desconocieron los derechos adquiridos a muchos funcionarios que hab�an obtenido distintas clases de prestaciones por los servicios prestados, como ser�a el caso particular de la cesant�a que se va causando por doceavas.

3. Se viola tambi�n el art�culo 122 de la Carta, que proh�be la desmejora durante la emergencia econ�mica de los derechos sociales de los trabajadores, al suprimirse el derecho a prestaciones para los supernumerarios.

4. Hay igualmente transgresi�n del art�culo 17 de la Constituci�n, por cuanto el Estado ha actuando contra el mandato de dicho precepto que ordena la especial protecci�n del trabajo.

En criterio del Jefe del Ministerio P�blico, la parte acusada del art�culo 83 del Decreto 1042 de 1973 es exequible.

1. Conforme al art�culo de la Ley 5� de 1978, �sta comenzaba a regir desde su promulgaci�n, o sea el 10 de abril de 197S, y por lo tanto el decreto fue expedido dentro del t�rmino se�alado y por este aspecto no hubo violaci�n del art�culo 118-8.

2. Mediante el art�culo 37 del Decreto 710 de 1973, se reglament� lo relativo a la vinculaci�n y derechos del personal supernumerario, conforme al cual dicho personal, por su car�cter eminentemente temporal, no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.

3. Posteriormente el Gobierno, dict� el Decreto 1042 de 197S, que subrog� en su totalidad el 710 y dispuso en el art�culo S3, parcialmente acusado, que el personal supernumerario podr� vincularse en caso de licencias o vacaciones o para desarrollar actividades de car�cter netamente transitorio, que en ning�n caso su vinculaci�n podr� exceder de tres meses, salvo autorizaci�n especial del Gobierno, cuando se trate de actividades que por su naturaleza requieren personal transitorio por per�odos superiores, que su remuneraci�n se fijar� de acuerdo con las escalas de remuneraci�n establecidas en dicho decreto, seg�n las funciones que deban desarrollarse, que cuando la vinculaci�n de personal supernumerario no exceda el t�rmino de tres meses so habr� lugar al reconocimiento de prestaciones sociales (que es lo demandado), que sin embargo, las entidades deber�n suministrar al personal supernumerario atenci�n m�dica en caso de enfermedad o accidente de trabajo, y que la vinculaci�n de supernumerarios se har� mediante resoluci�n administrativa, en la cual deber� constar expresamente el t�rmino durante el cual se prestar�n servicios y la asignaci�n mensual que vaya a pagarse.

4. Hace luego el Procurador un recuento de normas anteriores relativas al r�gimen de vinculaci�n ocasional y transitoria a la administraci�n, como fueron los Decretos 351 de 1955. 294 de 1973, art�culo 163; 150 de 1976, articulo 18; luego de lo cual concluye lo siguiente:

"De lo expuesto se infiere que, de tiempo atr�s, e) personal que se vincula transitoriamente a la administraci�n p�blica, �nicamente ha tenido derecho la suma que le es reconocida por acto administrativo, o ha sido pactada en el respectivo contrato.

"As� pues, la norma impugnada no suprimi� prestaci�n alguna del personal supernumerario -como lo pretende el demandante-, bien por el contrario, a juicio de este Despacho, mejor� la condici�n de tales servidores en cuanto ordena la atenci�n m�dica en casos de enfermedad o accidente e impl�citamente permite el reconocimiento de prestaciones sociales, cuando !a vinculaci�n exceda de tres meses"

5. Como con anterioridad a la expedici�n de los Decretos 710 y 1042 de 1978, el personal supernumerario no ten�a derecho a prestaciones sociales, no aparece vulnerado el art�culo 30 de la Constituci�n.

6. Finalmente, tampoco encuentra transgresi�n del art�culo 17 de la Carta, pues el objetivo de lo acusado es garantizar la continuidad de! servicio en las faltas temporales de los empleados p�blicos.

Primera- Halla la Corte que la facultad otorgada al Gobierno que sustancialmente sirvi� de asidero para expedir el aparte acusado de! Decreto 1042 de 1978, fue la del ordinal 5� del art�culo 1� de la Ley 5 de 1978, conforme a la cual aqu�l fue investido para:

"Revisar y modificar las reglas generales a las cuales deban sujetarse las entidades de la Administraci�n P�blica del orden nacional en la aplicaci�n de las normas sobre las asignaciones y prestaciones sociales, se�aladas por la ley para su personal".

Con fundamento en la atribuci�n legal extraordinaria precedentemente descrita, no hay, a juicio de la Corte, extralimitaci�n por parte del Gobierno en relaci�n con el aparte acusado, por las siguientes razones:

1. El Presidente de la Rep�blica estaba autorizado para revisar y modificar las reglas generales de aplicaci�n de las normas sobre asignaciones y prestaciones sociales se�aladas por la ley para el personal de la administraci�n nacional, y no simplemente para aplicar las reglas ya vigentes, pues de entenderse que apenas lo estaba para su aplicaci�n, hubiera resultado innecesaria y est�ril la facultad, ya que seg�n el art�culo 120-3 de la Carta aqu�l la tiene como funci�n propia "para la cumplida ejecuci�n de las leyes", mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria y porque conforme al art�culo 120-21 superior, tambi�n es del Presidente la atribuci�n de crear y suprimir empleos subalternos en los ministerios y departamentos administrativos y la de fijar sus dotaciones y emolumentos "con sujeci�n a las leyes a que se refiere el ordinal 9 del art�culo 76".

2. La facultad de revisi�n y modificaci�n prestacional enunciada se hab�a otorgado al Gobierno para el personal de la Administraci�n Nacional, o, como lo expresa textualmente el legislador, "para su personal", seg�n lo "se�alado por la ley".

Y el personal de la Administraci�n Nacional que exist�a, seg�n el r�gimen jur�dico vigente al tiempo de expedici�n, tanto de la ley de facultades como del Decreto 1042, era el siguiente:

a) El personal de empleados p�blicos, vinculado por relaci�n estatutaria, destinado al desempe�o de funciones ordinarias y permanentes de la administraci�n p�blica (Decretos 2400 de 1968, articulo 2�, 3074 de 1q968, articulo 1� y 3135 de 1968, articulo 5�);

b) El personal de trabajadores oficiales, vinculado por contrato de trabajo para el ejercicio de tareas especificas y permanentes, que en ning�n caso suponen jurisdicci�n ni autoridad (Decreto 3135 de 1968, articulo 5�);

c) El personal designado en interidad por encargo, destinado a reemplazar provisionalmente a los empleados p�blicos, pero vinculado por relaci�n estatutaria y no de contrato de trabajo, y necesario en todo caso para empleos que impliquen el ejercicio de funciones con jurisdicci�n o autoridad (Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y Ley 4 de 1913);

d) El personal supernumerario, vinculado por resoluci�n motivada, para la prestaci�n de servicios ocasionales y no permanentes o de servicios asignados permanentemente a persona distinta, destinado a ejercer tareas que no impliquen autoridad ni jurisdicci�n, el cual no terna, ni tiene, la categor�a de empleados p�blicos, ni de trabajadores oficiales, ni de personal interino (Decretos 2400 de 1963, art�culo 2�, in fine y 150 de 1976, art�culo 18)

El personal supernumerario no hace parte de la planta de personal de la administraci�n, sus integrantes no tienen la categor�a de funcionarios p�blicos, no ejercen propiamente funci�n p�blica, sino que son personas que se vinculan de manera ocasional o ef�mera a la administraci�n, por medio de resoluci�n de reconocimiento de servicios, equiparable a un contrato de prestaci�n de servicios que por su cuant�a no justifica que conste por escrito; es decir, son contratistas de servicios con la administraci�n (Decreto 150 de 1976, Art.18).

Por lo tanto, dicho personal no se rige por el r�gimen prestacional ni de asignaciones se�alado por la ley para el resto.

3. De otra parte, la facultad de revisar y modificar las reglas generales en la aplicaci�n de normas sobre asignaciones y prestaciones sociales se�aladas por la ley, limitaba al Presidente en su prop�sito de suprimir asignaciones o prestaciones que estuvieren se�alabas por la ley (v. gr. para suprimir salarios, remuneraciones por reconocimiento de servicios o por contrato de trabajo, primas, cesant�as, pensiones, etc.), pero no en su competencia para mantener suprimido, como ven�a desde antes, el reconocimiento de alguna* de ellas al personal supernumerario, ni menos para reconocer parcialmente a dicho personal algunas de las existentes, que fue lo que hizo al establecer que �ste no ten�a derecho a prestaciones sociales, cuando su vinculaci�n no excediera de tres meses, que es lo demandado, o aun en lo no demandado, para comprender el ejemplo, que ten�a derecho a asistencia m�dica por enfermedad o accidente de trabajo.

4, Hace �nfasis la Corte en que el Decreto 3135 de 1963, que era el estatuto relativo al r�gimen de prestaciones "se�alado por la ley", para el momento de expedici�n del decreto acusado, s�lo reg�a para l�a empleados p�blicos y para loa trabajadores oficiales, mas no para el personal supernumerario, pues el encabezamiento de dicho estatuto es el siguiente: "por el cual se prev� la integraci�n de la seguridad social entre el sector p�blico y el privado, y se regula el r�gimen prestacional de los empleados p�blicos y trabajadores oficiales". Dado que el personal supernumerario so tiene la categor�a de empleados p�blicos ni de trabajadores oficiales no es admisible, como lo invoca el actor, asimilarlo en su r�gimen prestacional al de �stos para buscar declaratoria de inexequibilidad por extralimitaci�n de funciones.

Segunda. Conforme lo ha demostrado el Procurador en su vista fiscal, "la norma impugnada no suprimi� prestaci�n alguna del personal supernumerario -como lo pretende el demandante-, bien por el contrario, a juicio de este Despacho, mejor� la condici�n de tales servidores en cuanto ordena la atenci�n m�dica en casos de enfermedad o accidente e impl�citamente permite el reconocimiento de prestaciones sociales cuando la vinculaci�n exceda de tres sises"- Por lo tanto, seg�n lo expuesto, no prospera la tesis de violaci�n del art�culo 30 de la Carta por desconocimiento de derechos adquiridos.

Tampoco es de recibo la de infracci�n del art�culo 17 del mismo estatuto, que consagra la protecci�n social al trabajo, pues en este caso, aunque no se cubra respecto del personal supernumerario la totalidad del r�gimen de asignaciones y prestacional consagrado para los cuadros permanentes de la administraci�n, sin embargo, hade tenerse en cuenta que su reconocimiento es �ptimo y que la raz�n de ser de la vinculaci�n de aqu�l estriba en las necesidades imprescindibles del servicio p�blico y de la funci�n y de proteger precisamente el r�gimen de asignaciones y prestaciones de los cuadros permanente*

Tercera. La Ley 5 de 1978 previo su vigencia desde cuando se promulg�, o sea a partir de su publicaci�n en el "Diario Oficial" n�mero 34390 de 10 de abril del mismo (Art. 3�); las facultades extraordinarias fueron conferidas por n�tenla d�as, contados respecto de su vigencia (Art.1�) En consecuencia, dado que el Decreto 1042 de 1973 fue expedido el 7 de junio, no existe raz�n de reparo de inconstitucionalidad en cuanto al t�rmino del ejercicio de las facultades otorgadas.

Tampoco halla la Corte violaci�n de ning�n otro precepto de la Constituci�n, por parte del precepto parcialmente acusado.

Por lo expresado, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional, conforme a lo previsto en el art�culo 214 de la Carta, y o�do el Procurador General de la Naci�n,

DECLARAR EXEQUIBLE, por no encontrarlo contrario a la Constituci�n, el aparte del inciso quinto del art�culo 83 del Decreto Extraordinario 1042 de 1978, que dice: "Cuando la vinculaci�n de personal supernumerario no exceda el t�rmino de tres meses, no habr� lugar al reconocimiento de prestaciones sociales.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Salvamento de vol� de los Magistrados Gustavo G�mez Vel�squez, �lvaro Luna G�mez, Jorge Salcedo Segura, Dar�o Vel�squez: Gavina y Ricardo Medina Moyano.

Mediante la sentencia anterior, la Corte ha decidido mayoritariamente que el art�culo demandado, en el cual se dispone que: "Cuando la vinculaci�n de personal supernumerario no exceda el t�rmino de tres meses, no habr� lugar al reconocimiento de prestaciones sociales", es exequible, por no estimarlo violatorio de la Constituci�n Nacional.

Respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro disentimiento de tal determinaci�n, por encontrar a nuestro turno que la mentada norma no se aviene a los mandatos de la Carta Pol�tica del Estado

A fin de llegar a dicha conclusi�n consideramos fundamentalmente que se viol� el art�culo 113.8 de la Constituci�n, toda vez que existi� un evidente exceso en el ejercicio de las facultades trasladadas al Ejecutivo por el Congreso, mediante la Ley 5 de 1978.

En tal orden de ideas, es indispensable ante todo determinar con exactitud, cu�les fueron las facultades otorgadas al Ejecutivo mediante la ya citada Ley 5 de 1978.

Esta se compone de tres art�culos, el primero de loa cuales precisa en 6 literales cu�les son esas facultades. Por su parte el primero de tales literales se refiere a la fijaci�n de "las escalas de remuneraci�n" de una larga serie de cargos correspondientes, entre otras, a la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, a la Registradur�a "Nacional del Estado Civil, a la Rama Jurisdiccional y el Ministerio P�blico, a| Tribunal Disciplinario, al Consejo de Estado, a los Tribunales Contencioso Administrativos, a las Direcciones de Instrucci�n Criminal y a la Contralor�a General de la Rep�blica.

Los dem�s literales, cuyo texto conviene transcribir integralmente, contienen las siguientes facultades:

"2� Revisar el sistema de clasificaci�n y nomenclatura de los mismos empleos para fijar y modificar aquellas series y clases, cuya creaci�n o modificaci�n se estime indispensable.

"3� Se�alar los t�rminos y condiciones para el reconocimiento y pago de la pensi�n jubilatoria de las personas que desempe�en el cargo de dactiloscopista en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

"6� Fijar las reglas para el reconocimiento, la liquidaci�n y el pago de las prestaciones sociales que se causaren en el futuro a favor de los extranjeros no domiciliados en Colombia que presten servicios en el exterior como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores".

En los t�rminos de los textos anteriores y en i materia de prestaciones sociales, tema que contribuye el n�cleo del presente proceso de constitucionalidad, se concluye que el Congreso, otorg� al Gobierno atribuciones en relaci�n con las siguientes materias:

1� Pensi�n de jubilaci�n de los dactiloscopistas del Departamento Administrativo de Seguridad.

2� Prestaciones sociales de extranjeros al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y

3� Aplicaci�n de normas sobre prestaciones sociales del persona! de la Administraci�n P�blica del orden nacional.

Por supuesto, en ninguna de las dos primeras atribuciones se encuentra comprendida la norma adoptada por el Ejecutivo respecto a prestaciones del personal supernumerario.

Veamos entonces si se encuentra en la tercera y �ltima de ellas, la cual respecto del tantas veces mencionado tema de las prestaciones sociales. no expresa otra cosa que la siguiente:

"Revisar y modificar las reglas generales a las cuales deben sujetarse las entidades de la administraci�n p�blica, en la aplicaci�n de las normas sobre prestaciones social a se�aladas per la ley para su personal".

Como puede Verse, la oraci�n anterior consta de dos partes, a saber: aplicaci�n de normas sobre prestaciones sociales; y 2� determinaci�n de tales prestaciones por parte de la ley.

Significan los textos anteriores, sin lugar a equ�vocos o imprecisiones de ninguna clase, que el se�alamiento de los prestaciones corresponde a la ley, que el Congreso no otorg� al Gobierno facultades para suprimir o limitar las prestaciones existentes, y que la �rbita de competencia del Gobierno al tenor de las facultades, es �nicamente para dictar reglas sobre la "aplicaci�n" de las citadas normas sobre prestaciones.

a) Redarg�ir, en contrapunto a la posici�n adoptada en este salvamento que, si las facultades hubieran sido �nicamente para la aplicaci�n de las normas prestaciones (sic), tales facultades carecer�an de sentido, es olvidar simplemente el dilatado acervo de facultades que comprende la ley, y quo el n�cleo de las dichas facultades, no es ni con mucho el de las prestaciones, sino el relativo, por una parte a la "nomenclatura y clasificaci�n de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p�blicos, y unidades administrativas especiales del orden nacional"; y por otra, la fijaci�n de "las escalas de remuneraci�n correspondientes".

Aceptar por lo dem�s que la "potestad de fijar escalas de remuneraci�n, implica la subsidiaria competencia para el que la tiene de poder se�alar el reconocimiento de las prestaciones sociales que de aqu�lla se deriven", no es otra cosa que restarle a las facultades la precisi�n exigida por el Constituyente, y de contera, extender peligrosamente la esfera de competencia del Ejecutivo, en una �poca en que frente al abuso del otorgamiento de facultades, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han buscado reducir tales facultades a las estrictas proporciones, di�fanamente se�aladas por la Carta Pol�tica.

Con tal criterio, el Ejecutivo hubiera podido extender a cualquier per�odo de tiempo, la duraci�n del personal supernumerario, como tambi�n introducir cualquier tipo de modificaciones en materia prestacional.

Ahora bien. coreo quiera que en el caso sub- examine el Ejecutivo no se limit� a dictar pautas relativas a la aplicaci�n de normas sobre prestaciones sociales, sino que procedi� directamente a dictar normas sobre prestaciones sociales, entrando o concretar qu� trabajadores y en qu� casas so gozan de las mismas, o no tienen derecho al disfrute de ellas; se tiene como corolario l�gico, que el Gobierno exorbit� las facultades que para los efectos dichos, le traslad� el Congreso, mediante la Ley 5 de 1978. Consiguientemente. a nuestro juicio, la norma acusada deber�a ser declarada inexequible por violaci�n del art�culo 118.8 de la Carca Fundamental.

Y precisamente tan dilatada interpretaci�n de las facultades, condujo al Ejecutivo a despojar de prestaciones sociales a un grupo de trabajadores, no por poco numeroso, menos acreedor a la protecci�n especial que para todos ellos consagra perentoriamente la Constituci�n, En relaci�n con este punto no resulta inoportuno hacer las siguientes observaciones:

En primer t�rmino es preciso reconocer que el estatuto del cual forma parte la norma demandada, constituye un laudable esfuerzo para sistematizar y categorizar la instituci�n de los empleados supernumerarios, respecto de la cual la legislaci�n preexistente carec�a de precisi�n, sistematizaci�n y coherencia, viniendo a ser poco meaos que an�rquica.

Ciertamente, si bien algunas disposiciones laborales hablaban de trabajadores permanentes, para ciertos efectos prestacionales, sin embargo, es lo cierto que la propia ley nunca determin� claramente qu� deb�a entenderse por tales trabajadores permanentes, y menos a�n, qu� deb�a entenderse por trabajadores no permanentes.

En segundo lugar, es preciso reconocer que los empleados supernumerarios, que por lo dem�s y es bueno advertirlo, ejercen las tareas estatales a ellos encomendadas con la plenitud de lo* deberes legales y constitucionales, con sus consecuencias naturales entre otras muchas, desde el punto de vista penal y disciplinario, pr�cticamente al definirse legalmente lo que se entiende por empleados p�blicos y trabajadores oficiales, nunca lian sido excluidos o discriminados en tales definiciones, quedando incluidos por lo tanto, claramente dentro de las mismas.

A fin de ilustrar el punto, basta citar por ejemplo lo dispuesto en el art�culo lo del Decreto n�mero 1S4S de 1969, por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 196S, en el que se dispone que:

"Empleados oficiales. Definiciones. 1. Se denominan gen�ricamente empleados oficiales las personas naturales que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p�blicos, entidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo social y sociedades de econom�a mixta, definidos en los art�culos 5�, 6� y 8� del Decreto Legislativo 1050 de 1963. 2. Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la Administraci�n P�blica Nacional por una relaci�n legal y reglamentaria o por un contrato de trabajo. 3 En todos los casos en que el empleado oficial se halla vinculado a la entidad empleadora por una relaci�n legal y reglamentaria. se denomina empicado p�blico. En caso contrario, tendr� la calidad de trabajador oficial, vinculado por una relaci�n de car�cter contractual laboral".

Tambi�n es importante observar que, el �ltimo inciso de! art�culo 19 del Decreto n�mero 2400 de 196S al referirse a aquellas personas que prestad al Estado servicios ocasionales, no menciona los empleados supernumerarios.

Igualmente, conviene se�alar que, dentro del sistema laboral del pa�s, siempre que se hace el reconocimiento de prestaciones sociales, se procede su forma gen�rica, sin excluir por lo Unto a los supernumerarios. Mencionemos algunos ejemplos:

a) "Prestaciones asistenciales para los empleados oficiales en servicio. 1. Todos los empicados oficiales en servicio tienen derecho a asistencia m�dica, quir�rgica, hospitalaria, obst�trica, de laboratorio y odontol�gico, a que hubiere lugar" (Art. 97, Decreto 1548 de 1969).

b) "El auxilio funerario para los afiliados que fallezcan en servicio, ser� cubierto por la respectiva Caja de Previsi�n Social, en cuant�a equivalente a-un mes de sueldo b�sico, sin exceder de $ 3.000.00" (Art. 10� Dto. 435 de 1971).

c) "Los empleados y obreros al servicio de la Naci�n en cualquiera de las ramas del Poder P�blico, h�llense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada a�o de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de a�o, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1� de enero de 1942" (Art., 1�, Decreto 1160 de 1947).

No parece aceptable por lo tanto, que a la luz de las normas del Decreto del cual forma parte la norma acusada, algunos de los empleados supernumerarios, hubieran resultado beneficia, dos, seg�n afirmaci�n de la Procuradur�a.

Pensamos en suma, que la discriminaci�n consagrada en la norma sometida al examen constitucional de la Corporaci�n, no corresponde a avances laborales producto de los diversos sistemas de Seguridad Social adoptados por el pa�s, con los cuales se pretendi� justamente extender las prestaciones sociales a todos los trabajadores, sin distinciones de ninguna clase.