300Corte SupremaCorte Suprema300300180292021198903/10/19892021__1989_03/10/198930018029ESTADO DE SITIO Resumen. Reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio. Esta disposición, no excluye ni limita el derecho ciudadano de intervención en estas actuaciones, pues, en todo caso se debe ordenar la fijación en lista del asunto. Constitucional el Decreto 1894 de 1989. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 76. 1989
por el cual se consagra una reserva especial en el Control Automático de Constitucionalidad de los decretos de estado de sitioIdentificadores30030018030true92183Versión original30018030Identificadores

Norma demandada:  por el cual se consagra una reserva especial en el Control Automático de Constitucionalidad de los decretos de estado de sitio


ESTADO DE SITIO

Resumen. Reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio.

Esta disposición, no excluye ni limita el derecho ciudadano de intervención en estas actuaciones, pues, en todo caso se debe ordenar la fijación en lista del asunto.

Constitucional el Decreto 1894 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 76.

Referencia: Expediente número 2021 (304-E).

Revisión Constitucional del Decreto número 1894 de 1989, "por el cual se consagra una reserva especial en el Control Automático de Constitucionalidad de los decretos de estado de sitio".

Aprobada por Acta número 42. Bogotá, D. E., 3 de octubre de 1989.

I. ANTECEDENTES

El señor Secretario General de la Presidencia de la República remitió a esta corporación copia del Decreto 1894 de 1989, "por el cual se consagra una reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio". Mediante oficio del 25 de agosto de este año, y dentro del término señalado por el artículo 121 de la Constitución Nacional, el citado acto fue enviado para su revisión por cuanto fue dictado en ejercicio de las facultades que corresponde ejercer al Presidente de la República en virtud de la declaración del régimen de estado de sitio prevista en el Decreto 1038 de 1984. Corresponde a" la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la constitucionalidad de aquél, cumplidos los trámites establecidos para este procedimiento de control jurisdiccional.

II. EL TEXTO DEL DECRETO QUE SE REVISA

A continuación se anexa el texto del decreto objeto de revisión:

Fijado el asunto en lista por la Secretaría General de la Corte no se conoció ningún escrito de impugnación ni coadyuvancia de la norma que se revisa.

"DECRETO NUMERO 1894 DE 1989

"(agosto 24)

"Por el cual se consagra una reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

"CONSIDERANDO

"Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

"Que una de las causas por las que se declaró turbado el orden público fue 'la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, que viene perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional";

"Que estos grupos relacionados con el narcotráfico han dirigido sus acciones delincuenciales contra miembros de la Rama Jurisdiccional, materializándola en atentados y amenazas orientadas a impedir el cumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y las leyes;

"Que en virtud de lo anterior, es necesario rodear de todas las garantías a la Rama Jurisdiccional, con el propósito de salvaguardar su integridad y el oportuno y cabal cumplimiento de sus responsabilidades;

"Que el Gobierno Nacional ha dictado decretos legislativos que afectan los intereses de estos delincuentes y que hace previsible su reacción contra los distintos estamentos de la sociedad y, concretamente, contra los miembros de la Rama Jurisdiccional que deberán decidir, en una u otra forma, sobre estas materias;

"Que rodear a la Rama Jurisdiccional de las mayores seguridades para el ejercicio de sus funciones, contribuirá al cumplimiento del mandato constitucional de administrar pronta y cumplida justicia, elemento indispensable para el mantenimiento del orden público y, en las actuales circunstancias, para lograr su restablecimiento,

"DECRETA

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, la sustanciación de los asuntos de constitucionalidad de competencia de la Corte Suprema de Justicia, en los casos del artículo 121 de la Constitución Política, corresponderá a la Sala Constitucional, sin que haya lugar a reparto.

"Artículo 2° Expirado el término de fijación en lista, de que trata el artículo 14 del Decreto 432 de 1969, pasará el asunto a la Sala Constitucional y comenzará a correr el lapso de diez (10) días para registro de la ponencia, vencido el cual se iniciará el de veinte (20) días de que dispone la Corte Plena para su decisión.

"Artículo 3° El procedimiento seguido para el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio, tendrá carácter reservado, con excepción de la sentencia.

"La Sala Constitucional adoptará sus decisiones por mayoría de votos, según certificación de su Presidente, sin que haya necesidad de indicar el nombre de los magistrados que aprobaron la ponencia, ni los de los disidentes.

"Artículo 4° Los decretos de estado de sitio sometidos a revisión constitucional, tendrán prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier asunto hasta que la respectiva Sala decida sobre ellos.

"Artículo 5° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 24 de agosto de 1989.

"VIRGILIO BARCO.

"El Ministro de Gobierno,

Orlando Vásquez Velásquez.

"La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,

María Teresa Forero de Saade.

"El Ministro de Salud,

Eduardo Díaz Uribe.

El Ministro de Desarrollo Económico,

Carlos Arturo Marulanda

"La Ministra de Minas y Energía,

Margarita Mena de Quevedo.

"El Ministro de Educación Nacional,

Manuel Francisco Becerra Barney.

"El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

Germán Montoya Vélez.

"La Ministra de Justicia,

Mónica de Greiff Lindo.

"El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

"El Ministro de Defensa Nacional,

GeneralOscar Botero Restrepo.

"El Ministro de Agricultura,

Gabriel Rosas Vega".

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Despacho del señor Procurador General de la Nación formuló el concepto fiscal que le corresponde, dentro del término, en favor de la conformidad del decreto que se examina con la Carta y solicito en consecuencia que se declare que este es constitucional en todas sus partes.

Sus razonamientos son, en resumen, los siguientes:

a) Por el aspecto de los requisitos formales señalados por la Carta no encuentra el concepto fiscal objeción alguna, ya que la norma en revisión "... fue expedida en desarrollo del Decreto 1038 de 1984 en virtud del cual se declaró turbado el orden público en todo el territorio nacional, y aparece firmado por el Presidente de la República y todos los Ministros del Despacho Ejecutivo";

b) Por lo que hace al aspecto de la conexidad el señor Procurador manifiesta que: " ... basta la lectura de los considerandos del decreto en revisión para ver que los grupos relacionados con el narcotráfico han dirigido sus acciones delincuenciales contra miembros de la Rama Jurisdiccional, materializándose en atentados y amenazas orientados a impedir el cumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y las leyes, es necesario rodear de todas las garantías a la Rama Jurisdiccional, pues los recientes decretos legislativos afectan los intereses de estos delincuentes y hacen previsible su reacción contra los miembros de la Rama Jurisdiccional ".

Agrega el señor Procurador General de la Nación que: "La supresión del reparto así como el carácter de reservado del procedimiento de revisión automática de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio y la prelación de estos procesos en el orden del día de la respectiva Sala, son medidas de protección a los jueces, reservando su identidad, evitando así, las represalias de los delincuentes organizados a las posturas jurídicas que los afectan de manera más directa";

c) En cuanto al análisis de la constitucionalidad de las disposiciones que integran el texto del decreto en revisión, el despacho fiscal señala que la supresión del reparto "la reducción de términos de acuerdo con lo ordenado por el artículo 121 de la Constitución Nacional.", que le dan carácter reservado al procedimiento y suspenden la exigencia de señalar los Magistrados que aprueban de decisión o disiente de la misma, son aspectos comprendidos en la esfera reglamentaria del procedimiento no regulado directamente por la Carta ;

d) En su opinión "el procedimiento judicial es por regla general materia de competencia del legislador, en consecuencia el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, puede modificar los procedimientos y competencias de los jueces en cualquier campo. Sin embargo, en materia constitucional, la misma Constitución Nacional en sus artículos 121, 122 y 214, establece el procedimiento y los términos en los procesos de constitucionalidad de las normas legales y los decretos legislativos", los que no han sido objeto de alteración alguna por la norma que se debe examinar.

V. CONSIDERACIONFS DE LA CORTE

1aLa competencia.

Como el Decreto 1894 de 1989 fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución Nacional para la vigencia del régimen de estado de sitio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia el control automático de su constitucionalidad conforme a lo previsto por el parágrafo del artículo 121 y por la atribución segunda del artículo 214 de la Carta Fundamental.

Los requisitos formales.

La Corte encuentra que por el aspecto de los requisitos formales establecidos por la Constitución Nacional el decreto que se examina no es objeto de repaso alguno, pues, fue expedido por el Presidente de la República lleva su firma y la de todos los Ministros del Despacho y su vigencia es sólo transitoria ya que rige sólo "mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional", y porque "suspende las normas que le sean contrarias".

La conexidad de las normas objeto de revisión y las causas de perturbación del orden público.

Procede la Corte en este caso a determinar si existe la conexidad debida entre la norma que se examina y los motivos que permitieron la declaratoria del régimen del estado de sitio.

Ciertamente, el Decreto 1038 de 1984 objeto de la oportuna revisión de su constitucionalidad, establece que una de las causas por las que declaró turbado el orden público es la acción persistente de grupos antisociales y terroristas relacionados con el narcotráfico que viene perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desafío criminal a la sociedad colombiana con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad pública y en la economía nacional; además, el Gobierno Nacional en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 121 de la Constitución Política declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República, teniendo como fundamento "la ocurrencia de frecuentes atentados contra el régimen constitucional y contra la seguridad pública determinantes de perturbación del orden público y alarma en los habitantes".

Ahora, dentro de las motivaciones que señala el Decreto 1894 de 1989 para fundamentar las medidas de excepción adoptadas y que se revisan en esta oportunidad, se expresa que los "grupos relacionados con el narcotráfico han dirigido sus acciones delincuenciales contra miembros de la Rama Jurisdiccional, materializándola en atentados y amenaza orientados a impedir el cumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y las leyes"; además, allí se indica que el Gobierno ha dictado nuevas medidas de estado de sitio que afectan los intereses de estos delincuentes" y que se hace previsible su reacción contra los distintos estamentos de la sociedad y, concretamente, con los miembros de la Rama Jurisdiccional que deberán decidir sobre estas materias. También la norma que se examina señala que se dirige a "rodear a la Rama Jurisdiccional de las mayores seguridades para el ejercicio de sus funciones... ".

En este sentido encuentra la Corte que existe la relación debida entre los motivos invocados por el Decreto 1038 de 1984, el que se encuentra aún vigente, y las medidas adoptadas por el Decreto 1894 de 1989, ya que como se ve enseguida, la suspensión del reparto en la Sala Constitucional para los asuntos relacionados con el control automático u oficioso de los decretos de estado de sitio, el carácter reservado de que se revisten las actuaciones internas o procedimentales para el tramite del citado control, lo que incluye la posibilidad de no indicar los nombres de los Magistrados que aprobaron la ponencia ni de los de los disidentes, y la suficiente certificación del Presidente de ésta para acreditar la aprobación por mayoría, son disposiciones que se vinculan con la necesidad de superar la persistente acción de grupos o bandas armadas de terroristas y narcotraficantes orientada a desestabilizar el funcionamiento y la existencia de las instituciones republicanas y constitucionales. Además, estas son medidas que se dirigen a precaver por el aspecto del ejercicio de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, las eventuales pero conocidas y reiteradas acciones de la organización de terroristas que encuentran en la Rama Jurisdiccional un objetivo más en sus propósitos contra las instituciones, lo que hace que la relación que se exige de estas normas sea de causalidad, con los motivos reconocidos por la perturbación, y que se establezca la conexidad que exige la jurisprudencia de la Corte en esta materia.

El examen materia del Decreto 1894 de 1989.

Las normas objeto de examen en esta oportunidad son, en esencia disposiciones que se contraen a establecer en forma transitoria cuatro distintos mecanismos procedimentales de carácter especial, que se refieren al sistema establecido por el Decreto 432 de 1969, en cuanto hace al conocimiento de la constitucionalidad de los decretos que expide el Presidente de la República durante el Régimen de Estado de Sitio.

En efecto, en los artículos 1° y 2° del Decreto 1894 de 1989 se dispone que la sustanciación de los asuntos relacionados con aquellos decretos se hará sin que haya lugar a reparto, lo que significa que se suspenden para el caso del control automático de los decretos de estado de sitio, las partes del Decreto 432 de 1969 que señalan que las actuaciones se adelantan en Sala Constitucional de la Corte por medio de Magistrado Sustanciador, quedando así como encargados de adelantarlas, todos los cuatro Magistrados que la integran; estas normas parcialmente suspendidas son los artículos 6°, 7° 14 y 15 del mencionado decreto reglamentario de la Constitución. Además, el inciso 1° del artículo 3° del decreto que se examina establece que el procedimiento seguido para verificar las actuaciones de la Corte en materia de control automático de la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio tendrá transitoriamente carácter reservado, con excepción de la sentencia. Esto significa que el acceso del público a las actuaciones formales de la Sala Constitucional y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, queda transitoriamente restringido por dicho carácter; se complementa con ello el alcance de la disposición que aparece en el artículo 32 del Decreto 432 de 1969, que dispone que las deliberaciones de la Sala Constitucional de la Corte y de la Sala Plena son reservadas. Esta disposición no excluye ni limita el derecho ciudadano de intervención en estas actuaciones, pues, en todo caso se debe ordenar la fijación en lista del asunto.

El inciso 2° del artículo 3° del decreto en revisión señala que es suficiente la certificación expedida por el Presidente de la Sala Constitucional para acreditar que la decisión en esa Sala se toma por mayoría de votos, sin que haya necesidad de señalar los nombres de los Magistrados que aprobaron la ponencia ni los de los disidentes. Examinada esta disposición se encuentra que sólo añade la posibilidad de no indicar los nombres de los Magistrados, ya que se conserva inalterada la norma de la mayoría de votos que señala el artículo 8° del Decreto 432 de 1969. Pero además conforme a la reserva que se ordena, es preciso dejar establecido que este artículo no prohíbe la disidencia en el debate sino los salvamentos de votos y que en cuanto a la sentencia ella será publicada según la misma regla del inciso 2° del artículo 3° en virtud del cual el Presidente y el Secretario de la Corte certificarán que la ponencia ha sido aprobada legalmente.

En relación con el artículo 4° que establece que los decretos de estado de sitio sometidos a revisión constitucional tendrán prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier asunto hasta que la respectiva Sala decida sobre ellos, es preciso advertir que se recoge y precisa en parte lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 30 del reglamento de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo N° 2 de 1972), cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 30. El orden del día de la Sala Plena será fijado por el Presidente de la Corte en coordinación con el Presidente de la Sala Constitucional, observando las siguientes reglas:

"1ª Figurarán en él en primer lugar, la lectura del acta de la sesión anterior; luego, los asuntos administrativos que por su importancia deban ser conocidos o decididos por la Corte, y en seguida la elección de funcionarios, para la cual se hubiere convocado con antelación señalada en este reglamento (Arts. 43 y ss.) .

"2ª Vendrán luego los asuntos procedentes de la Sala Constitucional dando entre éstos prelación a los relacionados con las objeciones del Gobierno a proyectos de ley, a los artículos 121 y 122 de la Constitución y después a los negocios constitucionales ordinarios" (D. 432/69, Arts. 11, .13 y 16).

La interpretación de esta norma se adecua a la naturaleza de la suprema función de control constitucional que le corresponde a la Corte cuando dispone la prelación señalada, y agrega que ésta excluye la consideración de cualquier otro asunto hasta que la Sala Plena decida sobre ellos, sin menoscabo naturalmente de los términos establecidos por la Carta para el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, tal prelación siempre ha sido la práctica acostumbrada por la Corporación en estas materias en atención a principios de elemental lógica formal y dados los términos breves impuestos por la Carta a partir de la Reforma Constitucional de 1968.

En efecto, como los decretos legislativos de estado de sitio, constituyen el instrumento que el constituyente le asigna al Presidente de la República para superar la situación de emergencia política e institucional, es muy importante y además de lógica elemental y práctica que su control oficioso y automático se realice en el más breve término, y esto es lo que explica que la Carta reduzca hasta en una tercera parte los términos ordinarios que impone a la Corte en esta materia. Es la misma razón que justifica la regla de la prelación que está destinada a agilizar el mecanismo de control automático sin que sea admisible que ésta desconozca los términos constitucionales establecidos en el artículo 121.

b) Para precisar las anteriores consideraciones la Corte estima conducente señalar que la evolución legislativa en materia del señalamiento de los procedimientos del control de constitucionalidad, puede ordenarse con algunas excepciones bien conocidas (Dtos. 3519 de 1949, 1762 de 1956 y 3050 de 1981), en términos generales de la siguiente forma. En primer lugar se encuentra la etapa que comienza con la expedición de la Ley 147 de 1888, conocida como el Código Judicial de la República de Colombia -Título III del Libro Primero sobre Organización Judicial de la República, artículos 27 a 39 y 47, numeral 1°- que continúa con la expedición de la Ley 2ª de 1904 "sobre exequibilidad de los decretos ejecutivos de carácter legislativo" (Art. 2°), pasa luego por la expedición de la Ley 103 de 1923, que estableció el Código de Organización Judicial y Procedimiento Civil. (Arts. 22 a 33 y 36, numeral 1°) y concluye con la expedición de la Ley 105 de 1931 contentiva del Código Judicial (Arts. 30 y 43 a 52).

Durante este período que se extiende hasta 1936, la ley, como encargada de expedir los códigos de todos los ramos de la legislación, se ocupó de señalar los procedimientos de sustanciación y de votación en esta Corporación a efectos de atender y evacuar los negocios de su competencia, sin prever un sistema diferente para la atención de los asuntos relativos a la constitucionalidad, quedando comprendido éste dentro del procedimiento ordinario que se reseña. Además, debe tenerse en cuenta el texto de la Constitución de 1886 que en su artículo 90 de idéntica redacción al actual señaló el término de seis días para proferir el fallo correspondiente en materia del control por vía de cruce o de objeciones a los proyectos de ley.

Luego, con la expedición de la Ley 96 de 1936, que independizó los aplicables a la función de control de la constitucionalidad del ordinario que se seguía en la Corte, hasta la expedición del Decreto 432 de 1969, reglamentario y especial de la Constitución [según autorización expresa del literal e) del artículo 79 del Acto legislativo número 1 de 1968 y sólo mientras no lo hiciese la ley], se configura un sistema de procedimiento especiales distintos de los ordinarios para el cumplimiento de la función controladora de la constitucionalidad.

c) Comparte esta Corporación la doctrina nacional que sostiene que nada, absolutamente nada puede hacer el legislador, o el Ejecutivo en cuanto legislador para limitar, ampliar, dirigir o guiar, inspirar o canalizar los fallos de la Corte, pues lo cierto es que la autonomía de esta Corporación, que está asegurada expresamente por la Carta en materia del control de constitucionalidad, como toda otra forma de autonomía orgánica o funcional de origen constitucional, no puede ser en ninguna forma alterada por los poderes nacionales a través de ningún instrumento que implique menoscabo de dicha función tienen mucho más vigor este aserto cuando se tiene en cuenta que el artículo 214 de la Carta Fundamental confía a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución.

Empero, lo anterior no significa, como no lo ha significado históricamente según lo visto, ni lo puede significar lógica ni jurídicamente, que las instituciones de control de constitucionalidad, como muchas otras que aparecen o son establecidas en la Carta no pueden ser objeto de reglamentación legislativa en ausencia de procedimientos constitucionales completos, como es el caso de las diversas vías o técnicas de control jurídico de la constitucionalidad de actos con carácter legislativo, dentro de nuestro sistema, pero solamente en aquellos puntos de ritualidad, accesorios si se quiere, porque no pueden tocar los asuntos ya definidos por la Carta o aquella que garantizan el funcionamiento libre y autónomo de la Corte en su función de Tribunal Constitucional.

Además, en este sentido cabe tener en cuenta, como también lo advierte la doctrina nacional, que la Constitución puede limitarse a crear la institución y señalarle su competencia guardando silencio sobre el procedimiento que debe agotar para cumplirla, o llegando sólo a fijar determinadas reglas o pautas en materia de sujetos intervinientes o incluso de términos, sin comprender ni abarcar las ritualidades reglamentarias que sean necesarias. En estos casos corresponde a la ley en sentido material, si no se encuentra prohibición del constituyente, concurrir con sus disposiciones o reglamentar las normas constitucionales para permitir o facilitar su finalidad sin que pueda ésta desconocer las pautas, la orientación ni los mismos preceptos constitucionales que se han advertido.

d) Recuérdese el concepto elaborado por esta Corporación el 13 de julio de 1961 en el cual se lee que " ... el constituyente tuvo el buen cuidado de separar formalmente la jurisdicción ordinaria de la constitucional, tratando de la primera en el Título XV de la Carta, orgánica de la administración de justicia, y en el que facultó al legislador para dividir en Salas la Corte, desde luego en orden a la distribución de sus funciones de jurisdicción ordinaria y preceptuando sobre la segunda en el Título XX, en el que 'a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución'.

"Quiere decir que el poder decisorio de la Corte respecto de la constitucionalidad de las leyes, decretos extraordinarios y otros actos legislativos emanados directamente de la Constitución, cuya integridad no se protegería como ella misma lo quiere, si la Corte estuviese expuesta a la interferencia de otras ramas del Poder Público en el ejercicio de esta función soberana que por ser tal no tolera recortes, cortapisas ni condiciones que no estén autorizadas por el constituyente mismo. Si se admitiese que una ley o decreto legislativo pudiera regular el uso de esta facultad, ello podría llevar a la expedición de normas que en definitiva llegasen a hacer nugatorio el desempeño del control de constitucionalidad a la Corte confiado.

"Ahora bien: la Constitución no fija en ninguno de sus textos determinados quórum para las decisiones de la Corte en punto a exequibilidad, ni autoriza al legislador para fijarlo. Al respecto fluye bajo claridad meridiana que en la materia no es aceptable ordenamiento alguno distinto del que impone la organización política del Estado inspirada en el régimen democrático, a virtud del cual las manifestaciones de voluntad corporativa, han de tomarse por mayoría absoluta, a menos que el propio constituyente o el legislador autorizado por éste señalen un límite distinto.

"ii) Todo lo cual no quita, sino, antes bien hace razonable, el que el legislador, dentro de la misión reglamentaria que le compete provea lo conducente, no a limitar el cumplimiento de los mandatos de la Carta, sino a hacer expedita su aplicación. En este sentido no podemos menos de subrayar la constitucionalidad del artículo 50 del Código Judicial que se ajusta a estos principios. Mas en el supuesto de que esta regla formal no existiera, sería el postulado de la mayoría absoluta el que tendría que aplicarse en las decisiones de la Corte, en fuerza de las conclusiones expuestas". ("Diario Oficial" N° 30587 del miércoles 16 de agosto de 1961, p. 493).

Además, la. Corte refiriéndose al punto del desarrollo reglamentario de las autorizaciones que confirió al Gobierno Nacional el literal e) del artículo 76 del Acto legislativo número 1 de 1968, en fallo del 3 de noviembre de 1981, señaló que:

"Trátase, pues, de una potestad reglamentaria que el Constituyente otorgó al Gobierno. En derecho constitucional es posible distinguir dos categorías de potestades reglamentarias, a saber, las autónomas y las de carácter residual; aquellas se ejercen discresional y soberanamente y pueden ser modificadas por el propio Gobierno en cuanto no se agoten con su inicial ejercicio; éstas en cambio, se ejercitan subsidiariamente cuando el legislador no lo ha hecho, de tal manera que si la propia ley -sustancialmente entendida- desarrolla tal función no puede ya el Gobierno ejercerla, y si la ha cumplido previamente, dicha normatividad es desplazada por la originaria del legislador.

"A esta segunda especie de potestad reglamentaria pertenece la que autoriza el constituyente de 1968 en el literal c) de su artículo 76, pues que en ella se establece que la reglamentación gubernamental sólo es jurídicamente posible mientras el propio legislador no lo haya ejercido" (Gaceta Judicial, Tomo CXLIV, p. 402).

Queda así claro para la Corte que la ley en sentido material puede señalar los procedimientos que con carácter reglamentario se dirijan a facilitar el cumplimiento de las funciones de control de constitucionalidad que cumple por mandato constitucional esta Corporación, siempre que con ella no se altere la naturaleza ni la finalidad de la función que con, carácter autónomo entrega la Carta. En el caso de las normas bajo examen, todas, se avienen a los preceptos establecidos en la Constitución Nacional, puesto que la normatividad prevista en el Decreto 1894 de 1989, se reduce a meras y transitorias reglas de procedimiento que respetan el proceso y los términos establecidos en los artículos 121 y 214 de la Carta Política, y porque de otra parte, cuando dispone mecanismos como el no reparto de los decretos legislativos, y la reserva en las actuaciones de la Sala Constitucional y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, salvo en el caso de la sentencia, ellos van dirigidos a preservar el libre e independiente ejercicio de la alta función de control constitucional que le corresponde a la Corporación, dentro de circunstancias de excepcional perturbación del orden publico a que ya se ha hecho referencia.

e) Así las cosas, también es preciso aplicar el sentido teológico o finalista a las normas en revisión, para diferenciarlas de otras que en el pasado estuvieron dirigidas no a preservar las funciones constitucionales de control de la Corte, sino a interferirlas abusivamente.

Por otra parte, es preciso recordar que por medio del Decreto número 3273 de 1985 [proceso número 1406 (190-E), sentencia número 59 de julio 24 de 1986], la Corte Suprema de Justicia fue reintegrada como consecuencia de los hechos violentos ocurridos en el Palacio de Justicia, en que fueron sacrificados once de sus Magistrados. Este decreto legislativo fué declarado exequible, y en la Sentencia respectiva se señala que corresponde al Presidente de la República elegir los medios que juzgue idóneos parla conseguir la normalidad, sujeta su responsabilidad y su conducta al control que la Constitución establece. Y allí también se reafirma la tesis que justifica la constitucionalidad de buena parte de las normas que ahora se revisan cuando se señala: "En síntesis, es necesario destacar, además, que se trata de un decreto legislativo de muy clara estirpe institucional, con el cual no se procuró avasallar los fueros decisorios o nominadores de la Corte Suprema de Justicia, ni menos desconocer o debilitar sus atributos de máximo tribunal de la Rama Jurisdiccional del poder público; por contrario modo el Gobierno pretendió y obtuvo la continuidad de sus funciones constitucionales y legales, preservando su integridad, autonomía e independencia".

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR CONSTITUCIONAL el Decreto 1894 de 1989, "por el cual se consagra una reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los Decretos de Estado de Sitio".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en laGaceta Judicial y archívese el expediente.

Se deja constancia de que esta sentencia fue aprobada legalmente y se dio observancia al Decreto 1894 de 1989.

FabioMorón Díaz

Presidente H. Corte

Humberto Gutiérrez Ricaurte

Secretario Ad hoc.