300Corte SupremaCorte Suprema300300179211802Fabio Morón Díaz198829/06/19881802_Fabio Morón Díaz_1988_29/06/198830017921FACULTADES EXTRAORDINARIAS. DENTRO DEL TÉRMINO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE UN DETERMINADO CÓDIGO NADA SE OPONE A QUE EL EJECUTIVO DICTE ARMÓNICAMENTE LAS MATERIAS PROPIAS DE AQUEL CUERPO LEGAL. Se inhibe de fallar contra el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969, por ineptitud de la demanda. Exequibles los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970, del mismo decreto. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 73. Referencia: Expediente número 1802. 1988
Ricardo Hoyos DuqueAcción de inexequibilidad contra los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970. "Auxiliares y colaboradores de la justicia". Estatuto orgánico de la administración de justicia.Identificadores30030017922true92066Versión original30017922Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970. "Auxiliares y colaboradores de la justicia". Estatuto orgánico de la administración de justicia.


FACULTADES EXTRAORDINARIAS. DENTRO DEL TÉRMINO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE UN DETERMINADO CÓDIGO NADA SE OPONE A QUE EL EJECUTIVO DICTE ARMÓNICAMENTE LAS MATERIAS PROPIAS DE AQUEL CUERPO LEGAL.

Se inhibe de fallar contra el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969, por ineptitud de la demanda.

Exequibles los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970, del mismo decreto.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 73.

Referencia: Expediente número 1802.

Acción de inexequibilidad contra los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970. "Auxiliares y colaboradores de la justicia". Estatuto orgánico de la administración de justicia.

Actor: Ricardo Hoyos Duque.

Magistrado sustanciador: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobada según Acta número 26.

Bogotá, D. E., junio veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

El ciudadano Ricardo Hoyos Duque, en ejercicio de la acción pública consagra­da en el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó escrito de demanda en el que solicita a esta Corporación que declare que los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970 son inexequibles.

I.- ANTECEDENTES

Se admitió la demanda y se ordenó el traslado correspondiente al despacho del señor Procurador General de la Nación que en término rindió el concepto fiscal de su competencia.

Una vez cumplidos todos los trámites previstos para este tipo de acciones, procede la Corte Suprema de Justicia a resolver la cuestión planteada.

II.- TEXTO DE LO ACUSADO

Los textos de los decretos en cuestión son los siguientes:

DECRETO NÚMERO 2204 de 1969

(diciembre 22)

Por el cual se dictan normas relacionadas con los auxiliares y colabores de la justicia, práctica de diligencias, arancel y remuneración de conjueces.

El Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 4ª de 1969, previo concepto de la Comisión Asesora en ella prevenida,

DECRETA:

Artículo 1º. Los cargos de auxiliares y colaboradores de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelen­te reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. La función de los auxiliares y colaboradores no constituye una profesión. Los peritos, secuestres, partidores, síndi­cos, liquidadores, traductores, intérpretes, contadores, agrimensores, curadoresad litem son exclusivamente servidores de la justicia, que han de obrar cumplida y fielmente en apoyo de la jurisdicción, sin tener en cuenta ningún interés de parte. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios de los auxiliares y colaboradores de la justicia constituyen simplemente una equitativa retribución del servicio y en ningún caso podrán gravar con exceso a quienes solicitan se les dispense justicia por parte del poder público.

Artículo 2º. En materia civil, la designación de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadoresad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, según el caso, dentro del cuerpo oficial de auxiliares y colaboradores de la justicia, en la forma que determine el decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a los honorarios de éstos.

Artículo 3º. En las diligencias de inspección judicial no habrá lugar a interven­ción de testigos actuarios. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

Artículo 4º. La designación de auxiliares y colaboradores de la justicia será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista correspondiente. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto con cualquiera de las personas que figuren en la respectiva lista, en aptitud para el desempeño inmediato del cargo; y cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, o en su defecto, se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

Artículo 5º. En los procesos de mayor cuantía la peritación se hará por dos expertos: en caso de desacuerdo de éstos, se designará un tercer perito. Sin embargo, las partes de consuno, dentro de la ejecutoria del auto que decreta la pericia, podrán solicitar que ésta se rinda por un solo experto.

En los procesos de cuantía menor y mínima, la peritación la hará siempre un solo experto.

Cuando el tribunal o el juez consideren que el dictamen no es suficiente ordenarán, de oficio, la práctica de otro con distintos peritos. Los dictámenes periciales serán apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta las circunstancias del proceso.

Artículo 6º. No será menester la intervención de peritos para avaluar bienes inmuebles cotizados en bolsa; su valor se determinará por la cotización que hayan tenido en la oportunidad correspondiente, debidamente certificada.

Artículo 7º. Los tribunales y jueces podrán solicitar de oficio, o a petición de parte, informes técnicos o científicos a los médicos legistas, a la Policía Judicial, y en general a las entidades y oficinas públicas que dispongan de personal especializado, sobre hechos y circunstancias de interés para el proceso. Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el hecho de la firma. De ellos se dará traslado a las partes por el término de tres días, para que sean apreciados según las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta las circunstancias del proceso.

Artículo 8º. En los procesos de sucesión por causa de muerte y de donación, los peritos serán designados: El correspondiente a Nación, conforme a lo estatuido por las normas especiales sobre la materia y aquél cuyo nombramiento corresponde al juez de conformidad con las reglas aquí establecidas; sin embargo, los particulares interesados podrán adherir al perito de la Nación con anterioridad a su escogencia caso en el cual éste será único.

Artículo 9º. Los traductores o intérpretes serán únicos a menos que se trate de documentos o de declaraciones de diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos los casos.

Artículo 10. Las medidas cautelares serán sometidas a reparto que debe practi­carse inmediatamente y sobre ellas se resolverá al día siguiente de su presentación.

Artículo 11. Cuando no se pueda practicar inmediatamente una diligencia de secuestro o haya necesidad de suspenderla, el funcionario judicial que la adelante, podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales en que se encuentren muebles, enseres o documentos y colocar sellos de modo de garantizar su conservación.

Artículo 12. Las partes, de consuno, podrán designar secuestre preventivo o definitivo y reemplazar al nombrado.

Artículo 13. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para su buen desempeño del cargo y señalarles sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

Artículo 14. Cuando se secuestren dineros, títulos de créditos, alhajas y en general objetos preciosos, se entregarán en custodia a persona y el lugar apropiado para ello.

Los vehículos, máquinas, muebles y enseres, se depositarán en la bodega que el secuestre tenga al efecto, o en almacén general de depósito, o en lugar que de plena seguridad.

Artículo 15. Los auxiliares y colaboradores de la justicia que, como depositarios o administradores de bienes, perciban los productos de éstos en dinero, o que reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes a ellos confiados o de sus frutos, los depositarán inmediatamente en los establecimientos bancarios señalados en el Decreto número 1798 de 1963, a la orden del despacho del conocimiento.

La correspondiente autoridad judicial podrá autorizar, con conocimiento de causa, cuando fuere el caso, el pago de impuestos y expensas con los dineros así depositados y, cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, que el administrador, bajo su responsabilidad personal, lleve los dineros a cuenta corriente bancaria con la denominación del cargo que desempeña. El banco respecti­vo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendición de cuentas que la ley le impone.

Artículo 16. La violación de cualquiera de los deberes indicados en el artículo precedente, así como el empleo de los bienes o de los productos de ellos o de su enajenación en provecho propio o de otra persona, y el retardo en su entrega darán lugar a multa entre quinientos y cinco mil pesos, a favor de la Caja Nacional de Previsión, impuesta por el mismo juez mediante articulación, sin perjuicio de las restantes sanciones, e indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 17. El Gobierno reglamentará lo relacionado con el desempeño del cargo de secuestre y con el depósito y la disposición de los bienes secuestrados.

Artículo 18. El curadorad litem de los relativamente incapaces, será designado por el juez en subsidio de nombramiento por el interesado.

Artículo 19. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación.

Artículo 20. El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio, comisionará a otro juez para que las practique en la misma forma.

Artículo 21. Siempre que deje de practicarse una prueba o diligencia por culpa de un auxiliar o colaborador de la justicia, el Tribunal o juez del conocimiento, previos los trámites de articulación, impondrá a aquél una multa de quinientos a cinco mil pesos a favor de la Caja Nacional de Previsión, sin perjuicio de las restantes sanciones y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 22. En el trámite de la articulación se observarán las reglas siguientes: de la solicitud se da traslado por tres días, si hay hechos que probar se abre a prueba por cinco días para pedirlas y diez para practicarlas; vencido el término del traslado o el probatorio, según el caso, el juez decide dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 23. Cada dos años, de conformidad por las circunstancias v consultan­do la opinión judicial, el Gobierno regulará lo relativo a arancel y a remuneración de los conjueces.

Artículo 24. El magistrado, fiscal o juez que autorice o tolere el cobro de derechos por servicios no remunerados, y el empleado subalterno que los cobre o reciba, incurrirá en causal de mala conducta, sancionada con la pérdida del cargo, decretada por el respectivo superior.

Artículo 25. El presente decreto rige desde su expedición,

Publíquese y ejecútese.

Dado en Bogotá, D. E., a 22 de diciembre de 1969.

Carlos Lleras Restrepo. El Ministro de Justicia, Fernando Hinestrosa

DECRETO NÚMERO 1265 DE 1970

Por el cual se expide el estatuto orgánico de la administración de justicia

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969, y oído el concepto de la comisión asesora prevista en ella,

DECRETA:

LIBRO I

Organización Judicial

Articulo 1º. La Administración de Justicia se ejerce de modo permanente por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Disciplinario, los 'Tribunales Superiores de Distrito, Administrativos, de Aduanas, Militar y Disciplinarios, y los Jueces Superiores, de Circuito, de Instrucción, de Menores, de Distrito Aduanero, Territoriales y Municipales.

En casos especiales se ejerce por el Senado y por funcionarios administrativos.

Los jurados y los árbitros ejercen ocasionalmente funciones jurisdiccionales.

Artículo 2º. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario tienen su sede en la capital de la República y ejercen jurisdicción en todo el territorio nacional.

La ley determinará el número de magistrados de la Corte, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, así como el de los tribunales superiores, administrativos y de aduanas, y el de las salas en que se dividen las corporaciones judiciales, el de los jueces, la sede de cada tribunal y juzgado y el territorio donde unos y otros ejercen jurisdicción.

Artículo 3º. Las corporaciones judiciales y sus salas tendrán un presidente, elegido anualmente por cada cual en pleno. Aquéllas tendrán además un vicepresi­dente, elegido en la forma y por el tiempo indicados para el Presidente, que lo reemplazará en sus faltas temporales. A falta de ambos, ejercerá la presidencia el magistrado que ocupe el primer lugar en orden alfabético de apellidos.

La reunión del presidente de la corporación y los de las salas en que ella se divide, forma la Sala de Gobierno.

Artículo 4º. La competencia de las corporaciones en pleno y de las salas, se determina por la Constitución Nacional y las leyes.

Artículo 5º. Las corporaciones judiciales se reunirán en pleno, ordinariamente una vez por semana, y extraordinariamente, cuando las convoque su presidente.

Artículo 6º. Corresponde a las corporaciones judiciales en pleno:

1º. Elegir los funcionarios y empleados cuya designación les corresponde consti­tucional o legalmente.

2º. Dictar su reglamento interno y el de las Salas.

3º. Las demás señaladas en general para ellas o para cada cual en particular, por la Constitución, la ley o los reglamentos.

Artículo 7º. Las Salas de los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones jurisdiccionales en salas de decisión, que se integrarán en cada asunto por el magistrado a quien le corresponda en el repartimiento y por los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos. Cuando el número de magistrados de aquéllas sea inferior a tres, las decisiones se adoptarán en sala dual, que se formará, si ello fuere necesario, integrando las Salas Civil y Laboral.

Las Salas de decisión no se alterarán durante cada período por cambio en el personal de Magistrados, y por consiguiente, el que entre a reemplazar a otro ocupará el lugar del sustituido.

Artículo 3º. Los presidentes de las corporaciones judiciales y salas en que ellas se dividen, además de representarlas, presidir sus deliberaciones y dirigir los debates, tendrán las siguientes funciones:

1º. Nacer el repartimiento de los asuntos que se reciben, por lo menos una vez a la semana.

2º. Efectuar el sorteo de conjueces y darles posesión.

3º. Visitar mensualmente la Secretaría y dictar las medidas convenientes para el mejor servicio de ella.

Artículo 9º. Los magistrados y jueces tendrán los poderes disciplinarios y responsabilidades consagrados en la Constitución y leyes de procedimiento.

Artículo 10. Los magistrados y jueces podrán usar libres de porte los servicios postales y de telecomunicación de la Nación, exclusivamente para fines relacionados con el desempeño de sus funciones.

Tales mensajes deberán firmarse por el funcionario que los envíe y su secretario.

Artículo 11. El magistrado a quien se reparta un asunto se denominará ponente, y a él corresponde redactar los proyectos de sentencia y de cualquiera otra decisión que deba proferir la sala, y dictar las providencias que se indiquen en los respectivos códigos de procedimiento.

Cuando un conjuez reemplace al magistrado ponente, el magistrado que siga en torno al impedido o recusado hará sus veces; pero si del asunto conducen únicamente conjueces, el ponente será uno de éstos, escogido a la suerte.

Las providencias que profieran las salas requieren mayoría absoluta de votos y serán suscritas por todos los magistrados y conjueces que concurran a dictarlas, aun por aquellos que hayan disentido. El disidente deberá salvar su voto dentro de los dos días siguientes a la fecha de la providencia, pero su retardo no impide la notificación de ésta y la prosecusión del trámite.

Artículo 12. Corresponde al magistrado ponente la designación y posesión de las personas que deban intervenir ocasionalmente en el proceso como auxiliares.

Artículo 13. Las salas de las corporaciones judiciales, lo mismo que los juzga­dos, tendrán un secretario y los demás empleados que disponga la ley.

El secretario de la Sala de Casación Civil será el Secretario de la Corte. El de la Sala Civil de los Tribunales Superiores actuará como Secretario del Tribunal en pleno.

Cada Sala designará el respectivo Secretario y los demás empleados, salvo los que no estén adscritos a una determinada sala, que serán nombrados por la Sala Plena y los auxiliares de los magistrados que serán designados por éstos.

Artículo 14. Son funciones del Secretario:

1.- Autorizar con su firma todas las providencias del proceso y las actas de las audiencias y diligencias, los certificados que se expidan y los despachos y oficios que se libren.

2.- Hacer las notificaciones, citaciones y emplazamientos en la forma prevista en el respectivo código, y autorizar las que practiquen los subalternos.

3.- Pasar oportunamente al despacho del juez o magistrado los asuntos en que deban dictarse providencia, sin que sea necesario petición de parte, so pena de incurrir en una multa de cien pesos por cada vez que no lo hiciere; si el juez o magistrado no la impusiere, se hará responsable de ella.

4.- Dar los informes que la ley ordene o que el juez o magistrado solicite.

5.- Mostrar los expedientes a quienes legalmente puedan examinarlos.

6.- Custodiar y mantener en orden el archivo de su oficina.

7. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos internos.

Los oficiales mayores reemplazarán a los Secretarios durante sus faltas acciden­tales. Si en la oficina no existiera Oficial Mayor, las faltas accidentales del Secretario se llenarán por unoad hoc.

En las audiencias y diligencias se reemplazará al Secretario por otro empleado subalterno, si lo hubiere, o con unoad hoc; la posesión de éste se hará constar en el expediente.

Artículo 15. Los demás empleados de los despachos judiciales tendrán las funciones previstas en los reglamentos manuales, y si están adscritos a la Secretaría, las ejercerán bajo las órdenes inmediatas del Secretario.

Artículo 16. La elección y el sorteo de los conjueces se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- En el mes de diciembre de cada año, las salas de las corporaciones judiciales formarán una lista de conjueces en número doble al de los magistrados que las integran. Esta lista estará constituida por abogados vecinos del lugar, que reúnan los requisitos constitucionales para ser magistrados de la respectiva corporación. No podrán ser conjueces los empleados públicos, ni los miembros de las Cámaras Legislativas y Asambleas Departamentales durante el período de sus funciones.

2.- Los conjueces reemplazarán a los magistrados que queden separados del conocimiento de un negocio por impedimento o recusación; pero si se trata de Tribunales Superiores, se llamará por turno a otro de los magistrados de la sala respectiva, para que integren la de decisión, y sólo en defecto de ellos se sortearán los conjueces necesarios. En caso de empate en la Corte, se hará sorteo de conjuez para dirimirlo. De la misma manera se procederá en los tribunales cuando no pueda obtenerse la mayoría con intervención de otro magistrado de la Sala.

3. Cuando por cualquiera causa se agote la lista de conjueces, la sala de conocimiento, por mayoría de votos, nombrará los que se requieran para el negocio.

4. Para el sorteo de conjueces se fijará fecha y hora, acto que tendrá lugar públicamente en la Secretaría. El conjuez que resulte sorteado deberá tomar pose­sión ante el Presidente de la Sala dentro de los cinco días siguientes al en que se le comunique la designación, y si no lo hiciere será reemplazado.

Artículo 17. Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos; pero si se modifica el personal de la Sala, los nuevos magistrados desplazarán a los conjueces.

Artículo 18. Los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y están sujetos a la misma responsabilidad de éstos.

Los servicios que prestan los conjueces serán remunerados por el Tesoro Nacio­nal conforme a la tarifa señalada en el reglamento que el Gobierno expedirá cada dos años.

Articulo 19. Para el reparto de los negocios en las corporaciones se observarán las siguientes reglas:

1.-Se agruparán los asuntos por clases, según su naturaleza.

2.- Los asuntos de cada grupo se repartirán a la suerte, siguiendo el orden alfabético de apellidos de los magistrados.

3. Cuando un negocio haya estado al conocimiento de la sala se adjudicará en el reparto al magistrado que los sustanció anteriormente.

4. En cada expediente se tomará nota del nombre del magistrado a quien le hubiere correspondido y de la fecha del reparto.

Artículo 20. Sí en una misma jurisdicción territorial hubiere dos o más jueces, los asuntos que se reciban serán repartidos entre ellos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo precedente.

El reparto lo hará cada juzgado, por turno, a lo menos una vez por semana.

Los procesos ejecutivos, de concurso de acreedores y de quiebra y las medidas cautelares, se repartirán el mismo día en que se presente la demanda.

.Artículo 21. Incorpóranse al presente estatuto: como libro 2º las "Disposiciones sobre División Territorial Judicial, despachos, funcionarios y empleados"; como Libro 3º las "Normas sobre Carrera Judicial", y como Libro 4º las "Disposiciones sobre el Ejercicio de la Abogacía".

,Artículo 22. Este decreta rige desde su expedición.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D. E., a 28 de julio de 1970.

Diario Oficial 33118 agosto 5 de 1970».

III. LA DEMANDA

En concepto del actor, las normas acusadas violan lo preceptuado por los artículos 76, numeral 12 y 118, numeral 8º de la Constitución Política.

Son en resumen, las razones en las que el actor fundamenta su demanda, las que siguen:

1.- Las normas acusadas se ocupan de materias para las que el Ejecutivo no había sido atribuido de competencias extraordinarias.

La Ley 4ª de 1969, de manera muy precisa, sólo facultó al Ejecutivo para que expidiese y pusiese en vigencia el Código de Procedimiento Civil, y como resulta que las normas acusadas no tienen relación material con dicho Código, éstos contrarían los límites que señala la Carta para el ejercicio de las facultades extraordinarias.

2. De otra parte, advierte que las citadas facultades extraordinarias se ejercieron y agotaron por el Ejecutivo al expedir los Decretos números 1400 y 2019 de 1970, contentivos del Código de Procedimiento Civil, y que, además, un código es, como resultado de una técnica legislativa, el estatuto único, o la confección total que recoge los asuntos relacionados con una materia, sin que se admita en el caso del ejercicio de precisas facultades extraordinarias previstas para su expedición, el uso múltiple y sucesivo de aquéllas.

3.- Por último, sostiene que el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969, desconoce los límites temporales impuestos por la Carta para el ejercicio de facultades extraordinarias en cuanto que determina que para la designación de los auxiliares de la justicia, el decreto reglamentario establecerá la forma para hacerlo y lo concerniente a sus honorarios. En su opinión, esta es una forma de autoprolongar temporalmente las facultades extraordinarias que está por fuera de los precisos términos de las mismas.

IV.- EL MINISTERIO PÚBLICO

La señor Procurador General de la Nación, rindió el concepto fiscal número 1326 del 29 de abril de 1988, en el que solicita a esta Corporación que declare que son exequibles, pero sólo por el aspecto del ejercicio de las facultades extraordinarias, los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970.

Fundamenta su solicitud con base en los razonamientos que siguen:

1.- En su concepto, como el Decreto número 2204 de 1969 fue incorporado al Código de Procedimiento Civil, Capítulo II del libro primero, bajo el articulado comprendido del 8 al 11, no puede predicarse que con él no se acataron los términos precisos de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1969.

2.- En relación con el Decreto número 1265 de 1970, estima que es, por el aspecto de su expedición, también constitucional ya que, el Presidente de la Repúbli­ca puede hacer uso de éstas de manera parcial como ocurrió en el caso bajo examen. En su opinión, la técnica legislativa empleada o la forma como el Ejecutivo hace uso de las facultades conferidas, no es razón alguna que vicie la constitucionalidad de los decretos extraordinarios. Reitera su concepto vertido en otras oportunidades en las que esta Corporación tuvo ocasión para pronunciarse al respecto.

V.-CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera.Competencia.

Como los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970, fueron dictados invocando las facultades extraordinarias que la Ley 4ª de 1969 confirió al Presidente de la República, corresponde a esta Corporación la competencia para conocer de las demandas de inexequibilidad que se dirijan contra ellas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Constitución Política.

Segunda.Cosa juzgada

En fallo fechado el catorce (14) de octubre de mil novecientos setenta, la Corte Suprema de Justicia declaró que el ordinal primero del artículo 14 del Decreto Extraordinario número 1265 de ese mismo año es exequible. En atención a lo que dispone el citado fallo, y a los efectos de cosa juzgada que produce, debe esta Corporación estarse a lo dispuesto por aquella providencia.

Tercera.Las normas acusadas.

Como se vio, las normas acusadas invocan como fundamento jurídico para ser dictadas, lo dispuesto por la Ley 4ª de 1969, cuyo tenor literal es, en la parte pertinente, el que se transcribe a continuación:

LEY 4ª DE 1969

(Octubre 13)

Por la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordina­rias para la revisión y expedición del Código de Procedimiento Civil.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

.Artículo 1º. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la vigencia de esta ley, para que previa una revisión hecha por una comisión de expertos en la materia, de la cual formarán parte cuatro Senadores y cuatro Representantes, designados paritariamente entre sus miembros por la Comisión Primera Constitucional de cada Cámara, revise el Código Judicial y el proyecto sustitutivo que se halla a la consideración del Congreso Nacional, y expida y ponga en vigencia el Código de Procedimiento Civil.

.............................

Artículo 3º. Esta ley rige desde su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a 1º de octubre de 1969.

Esta ley, que fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de abril de 1970, es base suficiente para proferir las disposiciones acusadas puesto que señala con precisión un lapso cierto y una materia determinada para el ejercicio de las facultades conferidas.

En efecto, en primer término se tiene que la misma Ley 4ª de 1969, dispuso que regía desde la fecha de su promulgación, y ésta ocurrió el día 27 de octubre de 1969, con su publicación en el Diario Oficial número 32918 del mismo año; por lo tanto, el término para el ejercicio de aquellas facultades debe contarse desde esa fecha.

Como las dos disposiciones acusadas fueron expedidas el 22 de diciembre de 1969, la primera, y el 28 de julio de 1970, la segunda, y, en ambas se ordena que su vigencia comienza para cada una desde la fecha de su expedición, o sea dentro del año previsto, se concluye en que por el aspecto temporal del ejercida de las facultades extraordinarias, éstas fueron utilizadas conforme a lo exigido por la Carta.

"Además, la ley 4ª de 1969 confirió las citadas facultades extraordinarias con el preciso objeto de la expedición y puesta en vigencia por el Presidente de la República de un Código de Procedimiento Civil; a este respecto observa esta Corporación que la materia regulada por las dos disposiciones acusadas, se refiere a la que corresponde proveer al Código de Procedimiento Civil señalado, mucho más cuando se tiene que éste debió reemplazar al anterior Código Judicial que regulaba, aunque de diversos modos, el mismo objeto. Entonces, se concluye en que por la materia regulada, las dos disposiciones acusadas también se ajustan a lo prescrito por la ley de facultades extraordinarias y, por ende, a lo que para este aspecto de su ejercicio prevé la Constitución política. Así las cosas, no prosperan los cargos formulados por el actor en lo que se relacionan con las materias reguladas por las normas acusadas.

De otra parte, el actor también acusa por inconstitucional lo previsto por el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969, y lo hace porque en su concepto, esta norma dispone la expedición de un decreto reglamentario que prorroga de manera inconstitucional el término de las facultades conferidas. Confrontado el concepto de la violación, con la norma que se dice acusada, encuentra esta Corporación que ésta no tiene relación alguna con aquél, generándose de esta manera ineptitud sustancial de la demanda que no corresponde a la Corte enmendar de oficio en este fallo. En consecuencia, deberá esta Corporación inhibirse de fallar sobre lo acusado por el fondo en la parte de la demanda que se dirige contra el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969. Como se vio en el capítulo de resumen de la demanda, no acusa el actor ninguna otra de las disposiciones que forman parte de los dos decretos citados por aspecto distinto del formal y a él contrae su fallo la Corte.

El actor considera que la expedición de varios decretos, en ejercicio de faculta­des extraordinarias conferidas para la expedición y puesta en vigencia de un Código, es inconstitucional ya que la voluntad del legislador ordinario es la de que en estas condiciones el jefe del Ejecutivo dicte el estatuto para el que le confiere la facultad legislativa, en un solo decreto y nada más.

Encuentra esta Corporación que en el caso que se examina, el Ejecutivo no infringió la ley de facultades y por ende tampoco violó lo previsto por la Carta por el aspecto de la técnica legislativa empleada para la expedición de las normas acusadas. En efecto, la jurisprudencia de la Corte advierte que dentro del término de las facultades extraordinarias para la expedición de un determinado Código, nada se opone a que el Ejecutivo dicte varios decretos que reglen armónicamente las materias propias de aquel cuerpo legal, siempre que lo haga regulando de manera coherente y sistemática las diversas unidades temáticas que forman el objeto del Código que se expide. En este caso, en las dos normas que se examinan, el Ejecutivo legisló sobre las materias contenidas en cada decreto de manera homogénea, genérica y compren­siva, además, lo hizo con sentido sistemático, ordenado y lógico, y posteriormente, por virtud de los Decretos números 1400 y 2019, de agosto 6 y octubre 26 de 1970, respectivamente, expidió el denominado Código de Procedimiento Civil".

La Corte considera que, no obstante estar incorporado en parte el Decreto número 2204 de 1969 en el Código de Procedimiento Civil, el cual lo subroga en este sentido, sin embargo en lo demás él conserva su autonomía y vigencia en razón de su materia genérica y por cuanto no se puede concluir que ella haya sido regulada íntegramente por las normas de los Decretos números 1400 y 2019 de 1970. Lo mismo con mayor razón en cuanto a su autonomía y vigencia puede afirmarse en relación con el Decreto número 1265 de 1970 o Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, el cual en su artículo 21 incorpora como normas suyas: "como Libro 2º las 'Disposiciones sobre División Territorial Judicial, despachos, funcionarios y empleados'; como Libro 3º las ' Normas sobre Carrera Judicial', y como Libro 4º las 'Disposiciones sobre el Ejercicio de la Abogacía'".

Pero además, ambas disposiciones acusadas guardan la unidad material exigida, ya que el primero se refiere al tema de los auxiliares y colaboradores de la Justicia, y el segundo al Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia; así las cosas, su expedición, por virtud de dos decretos diferentes no afectó lo que la Carta exige para el ejercicio de las facultades extraordinarias, ni éste resulta extraño a la jurisprudencia de esta Corporación vertida en los fallos del 22 de mayo, 25 de junio, 17 de julio y 9 de octubre de 1986.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Primero. INHIBIRSE DE FALLAR en el fondo la acusación que se dirige contra el artículo 20 del Decreto número 2204 de 1969, por ineptitud sustancial de la demanda.

Segundo. SON EXEQUIBLES los Decretos números 2204 de 1969 y 1265 de 1970, por el aspecto de su expedición con excepción del ordinal 1º del artículo 14 del Decreto número 1265 de 1970 para el que ordena ESTARSE A LO DISPUESTO por el fallo de 14 de octubre del mismo año.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Hernán Guillermo Aldana Duque, Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario