Sentencia 1308 de 1985

300Corte SupremaCorte Suprema300300177951308Alfonso Pati�o Rosselli198512/09/19851308_Alfonso Pati�o Rosselli_1985_12/09/198530017795NATURALEZA JUR�DICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RAD�O Y TELEVISI�N. LA CORPORACI�N SE DECLARA INHIBIDA DE FAI UR SOBRE LAS NORMAS ACUSADAS, POR CARECER ESTAS DE UNIDAD NORMATIVA. Inhibida para formular pronunciamiento de fondo sobre las normas acusadas. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 70. Referencia: Proceso n�mero 1308. 1985

H�ctor Jairo BoteroNormas acusadas: art�culos 8�, 9�, 21, y 22 de la Ley 42 de 1985, por la cual se hacen modificaciones a Inravisi�n.Identificadores30030017796true91925Versi�n original30017796Identificadores

Norma demandada: �Normas acusadas: art�culos 8�, 9�, 21, y 22 de la Ley 42 de 1985, por la cual se hacen modificaciones a Inravisi�n.

NATURALEZA JUR�DICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RAD�O Y TELEVISI�N. LA CORPORACI�N SE DECLARA INHIBIDA DE FAI UR SOBRE LAS NORMAS ACUSADAS, POR CARECER ESTAS DE UNIDAD NORMATIVA.

Normas acusadas: art�culos 8�, 9�, 21, y 22 de la Ley 42 de 1985, por la cual se hacen modificaciones a Inravisi�n.

Bogot�, D. E., doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

H�ctor Jairo Botero, obrando en condici�n de ciudadano y en ejercicio de la acci�n de inexequibilidad consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n, solicita a la Corte "que se declaren inexequibles los art�culos 8�, 9�, 21 y 22 de la Ley 42 de 1985", "por la cual se transforma el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -Inravisi�n- y se dictan otras disposiciones".

Oportunamente admitida la demanda, por reunir los requisitos de forma exigidos por la ley, y obtenido el pronunciamiento de rigor por parte de la Procuradur�a General de la Naci�n, corresponde a la Corte dictar la sentencia respectiva.

La transcripci�n literal de las normas demandadas, comprendidos los ac�pites respectivos de la ley de la cual forman parte, es la siguiente:

"Por la cual se transforma el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -Inravisi�n- en una entidad asociativa de car�cter especial y se dictan otras disposiciones".

Art�culo 8�. La Direcci�n del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -Inravi�si�n-- estar� a cargo del Consejo Nacional de Televisi�n y de un Director, quien ser� su representante legal.

Art�culo 9�. El Consejo Nacional ser� el m�ximo organismo rector de la televi�si�n en el pa�s y estar� integrado en la siguiente forma:

Art�culo 21. El Director del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n - Inravi�si�n-, ser� nombrado por el Presidente de la Rep�blica de una terna enviada por el Consejo Nacional de Televisi�n para un per�odo fijo de cuatro (4) a�os y para los dem�s fines tendr� el car�cter de empleado p�blico.

Par�grafo. Por la �ndole del cargo y funciones, el Director no podr� pertenecer� la Carrera Administrativa.

Art�culo 22. El Director podr� ser retirado del cargo, por el Presidente de la Rep�blica, antes del vencimiento del per�odo se�alado, por renuncia, por retiro con derecho a jubilaci�n, por incapacidad permanente y cuando a juicio del Consejo Nacional de Televisi�n, en decisi�n tomada por mayor�a absoluta, se configure una situaci�n que amerite la separaci�n del cargo�.

Considera el actor que los art�culos demandados y precedentemente transcritos, deben ser declarados m exequibles:

"...por ser vi�latenos de los art�culos 120 numeral 1 y 218de la Constituci�n Nacional".

Del escrito acusatorio, cabe destacar fundamentalmente los siguientes argu�mentos y conclusiones:

1�. De conformidad con el art�culo 120.1 de la Constituci�n, la facultad del Presidente para nombrar y separar a los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo y Directores o Gerentes de los Establecimientos P�blicos nacionales no tiene limitaci�n alguna y cuando quiera que el Constituyente ha decidido establecer tales limitaciones, as� lo ha previsto expresamente.

"Por consiguiente el art�culo 1 20 numeral 1 no le se�ala ninguna limitante dada por terna u otro mecanismo de listas al se�or Presidente de la Rep�blica, sino que por el contrario reitera que es libremente que designa a sus colaboradores; jefes de los distintos departamentos administrativos y establecimientos p�blicos, como lo es Inravisi�n, porque la misma Constituci�n prev� que �sta es una facultad discrecional del se�or Presidente y �l tiene que llamar a ejercer sus funciones administrativas de esa �ndole a personas de su entera confianza, que respondan a las pol�ticas de Gobierno".

2�. No puede tener el car�cter de representante m�ximo de la Televisi�n en el pa�s el Consejo Nacional de Televisi�n. Acerca de lo cual afirma:

"En consecuencia, como lo manifiesta el art�culo 8� y 9� de la Ley 42 de 1985 puede ser el Consejo Nacional de Televisi�n el m�ximo representante de la Televi�si�n en Colombia, pues la Constituci�n estableci� que debe ser un Gerente Director y para el nombramiento del mismo no hay condicionantes para el se�orPresidente, ni tampoco puede haberlas para su retiro conforme lo ha establecido ahora el art�culo 22 de la misma ley, pues la Constituci�n establece que se nombra libremente y se retira libremente y basta una simple interpretaci�n gramatical"

3o. Al dictar las normas cuestionadas, el Legislativo, lo que hizo en la pr�ctica fue reformar la Constituci�n Nacional, lo que comporta por otro lado, la violaci�n del art�culo 218 de la Carta Pol�tica. Expresa en efecto el actor que:

"En consecuencia el Congreso excedi� sus l�mites y para poder efectuar esa reforma, debi� hacer uso del art�culo 218 de la Constituci�n que establece lo relativo a las dos vueltas en dos a�os o legislaturas en sesiones ordinarias del mismo proyecto, llevando as� la excepci�n del nombramiento de Jefe del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n, Inravisi�n, por terna a una entidad diferente al se�or Presidente, a mandato constitucional y no como lo hizo en la Ley 42 de 1984 en una sola vuelta, tambi�n violatoria de este precepto constitucional citado".

El Ministerio P�blico emiti� el concepto n�mero 892 del d�a veinticinco (25) del mes de mayo del presente a�o (fl. 7 y ss.) en el cual concluye.

b) Son inexequibles los art�culos 21 y 22 en los apartes que respectivamente dicen:

'...de terna enviada por el Consejo Nacional de Televisi�n para un per�odo de cuatro (4) a�os...'

'...antes del vencimiento del per�odo se�alado por renuncia, por retiro con derecho a jubilaci�n, por incapacidad permanente y cuando a juicio del Consejo Nacional de Televisi�n, con decisi�n tomada por mayor�a absoluta, se configure una situaci�n que amerite la separaci�n del cargo' ".

Para llegar a la conclusi�n anterior la Procuradur�a empieza por precisar cual es la naturaleza jur�dica hoy en d�a del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n, singularmente a la luz de las nuevas expresiones empleadas por la ley demandada, para precisar que �ste no perdi� sus caracter�sticas de Establecimiento P�blico y que:

"Por las caracter�sticas estructurales que le asigna la mencionada ley a Inravi�si�n, se evidencia que se trata de una entidad descentralizada indirecta, de las normadas en los art�culos 4�, del Decreto 3130 de 1968 y 7� del Decreto 130 de 1976,sujeta al r�gimen de los Establecimientos P�blicos, sin perjuicio de las particularida�des asignadas por el acto que origin� su transformaci�n";

"...la Ley42 de 1985, al no haber creado una nueva categor�a jur�dica de organismo estatal, el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -por fuerza de las caracter�sticas que le otorg� el legislador- vino a quedar clasificado dentro de las entidades descentralizadas indirectas, como establecimiento p�blico".

Aludiendo seguidamente a los art�culos 8� y 9� que estima avenidos a la Constituci�n, afirma que:

"...no resultan inexequibles, toda vez que el se�alamiento de los �rganos de direcci�n y administraci�n de una entidad descentralizada es previsi�n que corresponde a la determinaci�n de su estructura org�nica, la cual es de competencia del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el art�culo 76.10 de la Carta, que le otorga la facultad de expedir los estatutos b�sicos de las Corporaciones Aut�nomas Regionales v otros Establecimientos P�blicos".

Finalmente, en cuanto a los art�culos 21 y 22 acusados, el Ministerio P�blico advierte en primer t�rmino que �stos restringen las facultades que el Constituyente le atribuye al Presidente de la Rep�blica para nombrar y remover libremente a los Directores o Gerentes de los Establecimientos P�blicos, toda vez que:

"�.el se�alamiento de reglas a las cuales debe someterse el primer mandatario para nombrar el Director del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n, tales como su selecci�n de una terna que le remita el Consejo Nacional de Radio y Televisi�n, un per�odo fijo para el desempe�o del cargo, as� como las condiciones especiales para su remoci�n, hacen nugatoria la facultad de libre nombramiento y remoci�n que leconfiere el numeral 1 del art�culo 120 de la Constituci�n Nacional al Presidente de la Rep�blica".

A�ade a lo anterior, que la determinaci�n por los art�culos acusados de los eventos precisos y s�lo en ellos que el Director de Inravisi�n puede ser retirado del cargo por el Presidente tambi�n resulta contrario a lo dispuesto en el citado art�culo 120.1 de la Carta, y explica:

"Tanto el fragmento 'antes del vencimiento del per�odo se�alado' como el de: 'y cuando a juicio del Consejo Nacional de Televisi�n, en decisi�n tomada por la mayor�a absoluta, se configure una situaci�n que amerite la separaci�n del cargo' son abiertamente inconstitucionales; el primero, en la medida en que constituye clara referencia al per�odo fijo de cuatro a�os que consagra el art�culo 21 para el desempe��o del cargo de Director de Inravisi�n, y que le otorga a dicho funcionario una relativa inmovilidad, indudablemente contrar�o a la facultad presidencial (art. 120.1 C.N.); el segundo, por cuanto directamente restringe la referida facultad. Su elimi�naci�n, por inexequibles, dejar�a la norma concebida en los siguientes t�rminos: 'El Director podr� ser retirado del cargo, por el Presidente de la Rep�blica por renuncia, por retiro con derecho a jubilaci�n, por incapacidad permanente".

Termina el Ministerio P�blico descartando la afirmaci�n del actor al tenor de la cual se asimilan las violaciones de la Constituci�n a las reformas de la misma.

Primera. Trat�ndose de acusaci�n de normas de una ley, de acuerdo con el art�culo 214 de la Constituci�n, la Corte es competente para conocer del presente negocio.

Segunda. Tanto el actor como el Procurador General basan sus razonamientos en la consideraci�n de que el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n de que trata laLey42 de 1985 es un establecimiento p�blico del orden nacional.

Sin embargo, esa condici�n es controvertible a la luz de varias normas de dicha ley, entre ellas, los art�culos 1�, 2� y 9� (en su integridad), que dicen:

"Art�culo 1�. La Naci�n, a trav�s del Ministerio de Comunicaciones, la Empre�sa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom-, el Instituto Colombiano de Cultu�ra -Colcultura- se asociar� para conformar una persona jur�dica que con el nombre de Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -Inravisi�n- tenga a su cargo la presta�ci�n de los servicios p�blicos de televisi�n y radiodifusi�n oficial. Los estatutos de dicha entidad se sujetar�n, a las normas de la presente ley.

Art�culo 2�. El Instituto Nacional de Radio y Televisi�n -Inravisi�n- ser� una entidad con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa y patrimonio indepen�diente, de segundo grado, del orden nacional, sujeto a la tutela del Ministerio de Comunicaciones".

Art�culo 9�. El Consejo Nacional ser� el m�ximo organismo rector de la televi�si�n en el pa�s y estar� integrado en la siguiente forma:

c) El Director del instituto Colombiano de Cultura -Colcultura- o su dele�gado;

d) Dos representantes del Congreso, uno del Senado de la Rep�blica, y otro de la C�mara de Representantes con sus respectivos suplentes, elegidos por las C�maras respectivas de las Comisiones Sexta;

f) Un representante designado por las Academias Colombiana de la Lengua y de Historia o su suplente,

g) Un representante designado por los Decanos de las facultades de Comunica�ci�n Social que se encuentren aprobadas por el Icfes en el momento de la elecci�n o su suplente;

i) Dos representantes elegidos por la Comisi�n para la vigilancia de la televi�si�n, de que trata el art�culo 3� de la presente ley, con sus respectivos suplentes. Tales representantes podr�n ser o no miembros de la Comisi�n de Vigilancia, pero deber�n cumplir algunos de los siguientes requisitos: acreditar t�tulos de especializaci�n en comunicaci�n, psicolog�a o sociolog�a o haber estado vinculados a actividades de transmisi�n, producci�n, programaci�n o cr�tica de televisi�n durante un periodo no inferior a cinco(5)a�os continuos o discontinuos.

Par�grafo. Los suplentes solamente asistir�n al Consejo para suplir faltas temporales o absolutas del respectivo principal".

Tercera. A partir de la Sentencia n�mero 39, de 24 de mayo de 1984 (Radica�ci�n n�mero 1125, Magistrado ponente doctor, Manuel Gaona Cruz), la Corte ha puesto de presente que las entidades administrativas de creaci�n legal y no constitu�cional son reguladas por disposiciones legales. Esa sentencia desarroll� afirmaciones que ya se hab�an formulado en la de 27 de mayo de 1982 (Radicaci�n n�mero 918, Magistrado ponente, doctorManuel Gaona Cruz).

"4o. Para los prop�sitos a que se contrae este fallo, y habida consideraci�n de que las juntas Administradoras Seccionales de Deportes del orden nacional han sido calificadas por las disposiciones de la ley acusada como unidades administrativas especiales asimilables parcialmente al r�gimen de los establecimientos p�blicos, se extraen de la disposici�n legal extraordinaria precedentemente transcrita, las siguien�tes conclusiones:

1a. En el art�culo 1� del Decreto 1050 de 1968 se se�ala en el nivel simplemente legal que la Presidencia de la Rep�blica, los Ministerios y los Departamentos Administrativos, que son entidades instituidas en la propia Constituci�n (arts. 57, 76-9, 132y135),tienen la categor�a de 'organismos principales de la Administraci�n'.

2a. En la misma disposici�n legal extraordinaria se establece que hay otros organismos que est�n adscritos (superintendencias y establecimientos p�blicos) ovinculados (empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de econom�a mixta) a los �rganos principales de la Administraci�n, y que, fuera de todos los anteriores, existen a�n otros que por razones especiales no hacen parte del r�gimen administrativo legal ordinario o permanente de la Administraci�n (unidades admi�nistrativas especiales y organismos consultores y coordinadores), sino que respecto de�stos ser� tambi�n la ley la que establecer� su r�gimen espec�fico y a cu�l de los �rganos administrativos ordinarios quedar�n adscritos.

Pero de todos modos estos entes calificados por la citada norma legal extraordinaria como organismos no principales de la Administraci�n, s�lo se hallan instituidos en la Constituci�n algunos, a saber, los establecimientos p�blicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de econom�a mixta (arts. 76-10 y 132), en tanto que los restantes all� mencionados, o sea, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y los organismos consultores o coordinadores, no son de origen constitucional sino apenas de creaci�n legal ordinaria o extraordinaria.

3a. As� las cosas, por lo que se lleva expuesto, la ley no podr� suprimir de la nomenclatura de la Administraci�n Nacional a la Presidencia de la Rep�blica, ni la totalidad de los Ministerios o Departamentos Administrativos, ni de sus establecimientos p�blicos, empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de econom�a mixta, pues es evidente que todas estas entidades han sido creadas en la propia Constituci�n.

4a. Pero en cambio la Carta no impide, sino que por el contrario otorga expresamente a la ley la competencia para 'determinar la estructura de la administraci�n nacional mediante la creaci�n de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos p�blicos' (art. 76-9), y le atribuye a la ley la facultad para 'expedir los estatutos b�sicos de las corporaciones aut�nomas regionales y otros establecimientos p�blicos, de las sociedades de econom�a mixta, de las empresas industriales comerciales del Estado' (art. 76-10) y le confiere tambi�n a la ley la atribuci�n par� determinar 'el n�mero, nomenclatura y procedencia de los distintos ministerios v departamentos administrativos' (art.132-1).

Frente a lo cual, por contraste, el Gobierno no puede v�lidamente ni como legislador extraordinario ni como regla mentado r de la ley o de la Carta regular en tales materias sino lo que de manera temporal y precisa, en su caso, est� otorgado por la ley, o lo que en forma inequ�voca y expresa le permita de manera directa la Constituci�n.

5a. M�s aun: respecto de los organismos legalmente clasificados en el art�culo 1� del Decreto 1050 de 1968 como'no principales', que no tienen origen constitucio�nal, como las Superintendencias, las unidades administrativas especiales y los �rga�nos consultivos o coordinadores, hay que entender no s�lo que la ley puede 'determi�nar su estructura administrativa', por id�nticas razones constitucionales a las prece�dentes, sino que tambi�n se halla facultada para suprimirlosy por lo tanto para variar su estructura, dado que su institucionalizaci�n no es de rango constitucional.

6a. Col�gese entonces, ante lo hasta aqu� examinado de la Constituci�n, del art�culo 1� del Decreto 1050 de 3968 y de la ley que se juzga, que, atendidas las limitaciones de nomenclatura constitucional de la Administraci�n anotadas antes, esde la potestad legislativa del Congreso determinar la estructura de los establecimientos p�blicos y de las unidades administrativas especiales y que, por lo misino, es tambi�n de su competencia 'modificarla' o 'variarla , pues quien puede lo m�s puede lo menos, as� resulte ajuicio de algunos o de todos antit�cnico o antiest�tico, sin que ello comporte inconstitucionalidad.

Deja claramente sentado la Corle que la terminolog�a y clasificaci�n t�cnica de la denominada 'descentralizaci�n por servicios' es esencialmente doctrinaria y did�ctica y circunstancialmente legal, pero en ning�n caso es de estirpe constitucional, por lo cual el legislador puede variarla sin infringir mandatos constitucionales. Y corresponde tambi�n a la facultad de modificaci�n o variaci�n de la estructura administrativa la de combinar esa misma estructura en fisonom�as diversas de las del marco legal tradicio�nal, a lo cual apuntan precisamente los preceptos tildados de inconstitucionales, sin serlo, de la Ley 49 de 1983.

Obs�rvese, de otra parte, que la denominaci�n 'entidades descentralizadas por servicio', no es de origen constitucional sino legal (art. 1� del Decreto 3130 de 1968); que las nociones de 'organismos principales de la Administraci�n' por contraposici�n a la de 'no principales' tampoco se debe a mandato constitucional alguno sino a norma legal extraordinaria (art. 1� del Decreto 1050 de 1968); que las modalidades distintivas de los entes descentralizados por servicio, de 'personer�a jur�dica, autono�m�a administrativa y patrimonio independiente', a ellos atribuidas, son igualmentede naturaleza exclusivamente legal (art. 80 de la Ley 153 de 1887 y arts. 5� y 6� del Decreto 1050 de 196S); que es la ley la que para cada caso se�ala las formas de funcionamiento y organizaci�n de los establecimientos p�blicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado en sus estatutos b�sicos (arts. 76-10 C. N. y 30 del Decreto 1050 de 1968). y que frente a la ley y seg�n la propia ley (art. 5" del Decreto 3130 de 1968),es tambi�n la ley la que puede variar la organizaci�n yrelaci�n de las 'entidades descentralizadas directas o indirectas', o de las dependenciasadministrativas nacionales, no tanto porque la ley lo diga ni en manera alguna porqueuna vez dicho no lo pueda cambiar, ni porque �sta no pueda variar el mandato de undecreto-ley, sino porque por imperio de la Constituci�n (art. 76, ordinales 1, 9 y 10) esde ley la compentencia"<sic>.

Conceptos como los precedentes han sido reiterados y desenvueltos en las sentencias 45, de 24 de junio de 1984 (Radicaci�n n�mero 1135, Magistrado ponente, Dr. Carlos Medell�n), 84 de 23 de agosto de 1984 (Radicaci�n 1157, Magistrado ponente, doctor Manuel Gaona Cruz) y 8� de 14 de febrero de 1985 (Radicaci�n n�mero 1244).

En esta �ltima, relativa a h Superintendencia de Notariado y Registro, se manifest�:

"Si expres� en tales fallos que no es contrario a la Carta que la ley determine y modifique como a bien tenga la estructura de las Superintendencias y de las dem�s entidades administrativas cuyo origen no se halla en la Constituci�n sino en la ley, ha de aceptar las disposiciones conforme a las cuales la Superintendencia de Notariado y Registro 'continuar� funcionando como una unidad administrativa especial, adscritaal Ministerio de Justicia, con personer�a jur�dica y patrimonio aut�nomo y su r�gimen presupuestal, de administraci�n de personal y de contratos ser� el mismo que rigepara los establecimientos p�blicos.

Tales disposiciones dan a la mencionada Superintendencia car�cter h�brido, integrado por elementos que conforme al Decreto 1050 de 1968 ser�an contradicto�rios, puesto que algunos corresponden a las entidades adscritas a Ministerios, otros a las'unidades administrativas especiales' y otros a los establecimientos p�blicos. Cualquiera sea el m�rito de esa mezcla a la luz de la t�cnica administrativa y de la coherencia de las normas legales, no cabe, por las razones expuestas en las dos indicadas sentencias de 1984, rechazarla en el plano constitucional.

Frente a esas razones son infundadas las argumentaciones del actor, conforme a las cuales el art�culo 1� violar�a los numerales 9 y 10 del art�culo 76 de la Constituci�n. Como se expres� en la rese�a de la demanda, tales argumentaciones se basan enconsiderar inaceptable la mezcla de 'dos categor�as de unidades administrativascorrespondientes a los llamados sectores central y descentralizado de larama ejecutiva del poder p�blico', mezcla que por pertenecer a la �rbita legal no puede vulnerar seg�n la convicci�n a que como resultado de dif�cil y gradual esclarecimiento ha llegado la Corte, dichos preceptos".

"Cuarta. Sin establecer la naturaleza del Instituto Nacional de Radio y Televi�si�n-una 'entidad asociativa de car�cter especial' de la cual no se conoce s� los socios de la Naci�n ser�n entidades privadas o estatales- y la situaci�n de aqu�lla frente a la Constituci�n, no es dable formular pronunciamiento de constitucionalidad con respecto a las normas acusadas en este proceso. El actor y el Procurador General proponen declararlas inexequibles, en el supuesto de que el Instituto es un establecimiento p�blico. Pero si resultare poseer car�cter diferente, como conclusi�n del examen de los art�culos 1�, 2�, y 9� (en su integridad), distinto podr�a ser el pronuncia�miento.

Dadas las anteriores consideraciones, la Corporaci�n debe declararse inhibida para fallar sobre las normas acusadas, por carecer �stas de unidad normativa"

A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n,

'declararse inhibida para formular pronunciamiento de fondo sobre las normas acusadas en este proceso, por carecer ellas de unidad normativa'.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gace�ta Judicial y arch�vese el expediente.

Alfonso Reyes Echand�a, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Jos� Alejandro BoniventoF., Hernando Baquero Borda, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, (con salvamento de voto); Jos� Eduardo Gnecco Correa, H�ctor G�mez Uribe, Fanny Gonz�lez Franco, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Carlos Medell�n (con salvamen�to); Ricardo Medina Moyano (con salvamento de voto); Horacio Montoya Gil,Humberto Murcia Ball�n, Alberto Ospina Botero, Alfonso Patino Rosselli, Hernando Tapias Rocha, Pedro El�as Senario Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.

Mediante la providencia anterior, la Corte resuelve "Declararse inhibida para formular pronunciamiento de fondo sobre las normas acusadas en este proceso'. Estima la Corte, en orden a la declaraci�n anterior, quesinestablecer la naturalezajur�dica del Instituto Nacional de Radio y Televisi�n "no es dable formular pronunciamiento de constitucionalidad con respecto a las normas acusadas...".

Respetuosamente nos apartamos de dicha decisi�n, toda vez que encontramos que en el presente caso no se da el fen�meno de la proposici�n jur�dica incompleta, o de unidad normativa, raz�n por la cual la Corte ha debido proceder a dictar sentencia de m�rito. Consideramos como bastantes a dicho prop�sito las siguientes argumenta�ci�n".

1�. Los preceptos acusados no se encuentran en una relaci�n de subordinaci�n o dependencia de tal naturaleza con otras normas del Estatuto acusado, que permitanconcluir que aqu�llos carecen de autonom�a normativa, o que su estudio comporterupturaineludible de la continencia necesaria en la causa petendi, �nicos eventos en los cuales, seg�n la jurisprudencia actual de la Corte, procede la inhibici�n por razones de unidad normativa.

Recientemente, en providencia n�mero 18 (Proceso 1260) de marzo del presen�te a�o, afirm� al respecto la Corte:

"1�. Ratifica la Corporaci�n su jurisprudencia definida y sistematizada desde el fallo de marzo 29 de 1983 (Proceso n�mero 1115, Magistrado Ponente, Manuel Gaona Cruz), en el cual se determin� el alcance excepcional de los pronunciamientosinhibitorios por proposici�n jur�dica incompleta y se dej� en claro que lo que da lugar a ellos "no es la simple relaci�n de conexidad, de similitud o de identidad de materia que se d� o que exista entre la disposici�n que se demanda y lasque no, ni elmero criterio apreciativo del juzgador sobre la pretendida debilidad del fallo de m�rito"que se pueda derivar de la circunstancia de que lo acusado est� contenido en otra u otras normas no acusadas. Es decir, que ni la aparente inocuidad del fallo de fondo, ni la relaci�n de similitud, conexidad o identidad existente entre preceptos demanda�dos y no impugnados, son causa suficiente para que la Corte se abstenga de proferir decisi�n de fondo por carencia de unidad normativa.

2�. Dejose sentado tambi�n por el juez de constitucionalidad en la misma sentencia, que s�lo en dos casos de escasa ocurrencia, alternativa o sumada, procede la declaraci�n inhibitoria por proposici�n jur�dica incompleta, a saber:

a) Cuando la norma acusada en todo o en parte torne l�gicamente imposible la decisi�n de fondo debido a "irreparable ruptura absoluta de la continencia necesaria en lacausa petendi", o

b) Cuando el precepto demandado no sea aut�nomo por encontrarse en una inescindible relaci�n de dependencia con otro u otros no impugnados que condicio�nan su significado, su vigencia, su validez o su eficacia".

2o. No encontramos que la determinaci�n de la naturaleza jur�dica del Institu�to Nacional de Radio y Televisi�n constituya un extremo absolutamente indispensa�ble para definir la constitucionalidad de las normas acusadas. Bastar�a a nuestro juicio en tal sentido partir fundamentalmente de las diversas normas de la Carta que precisan cu�l es el modelo de Gobierno adoptado por ella, y las facultades que dentro del mismo le corresponden al Presidente de la Rep�blica.

3o. La Procuradur�a General de la Naci�n que tradicionalmente ha sido particularmente celosa del an�lisis relativo a la existencia de unidad normativa, en elpresente caso, ha solicitado pronunciamiento de m�rito por parte de la Corte. Por estas razones pues, no participamos de la tesis de la proposici�n jur�dica incompleta, ni de la consiguiente decisi�n inhibitoria.