Sentencia 829 de 1981

300Corte SupremaCorte Suprema30030017751829Carlos Medell�n198126/02/1981829_Carlos Medell�n_1981_26/02/198130017751FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Exequible el Decreto 2610 de 1979 en sus art�culos 1� a 9� inclusive y 10 a 20 inclusive. En cuanto al art�culo 10 del mismo Decreto, est�se a lo dispuesto en sentencia de fecha 20 de febrero del presente a�o. N� 7 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogot�, D. E., febrero 26 de 1981. Magistrado ponente: doctor Carlos Medell�n . Aprobada seg�n Acta n�mero 17 de febrero 26 de 1981. 1981

Porfirio de Jes�s Jaramillo Hoyos.demanda de inconstitucional de el el Decreto extraordinario n�mero 2610 de 1979, sobre control de actividades de urbanizaci�n, construcci�n, compraventa y arrendamiento de vivienda.Identificadores30030017752true92407Versi�n original30017752Identificadores

Norma demandada: �demanda de inconstitucional de el el Decreto extraordinario n�mero 2610 de 1979, sobre control de actividades de urbanizaci�n, construcci�n, compraventa y arrendamiento de vivienda.

Exequible el Decreto 2610 de 1979 en sus art�culos 1� a 9� inclusive y 10 a 20 inclusive. En cuanto al art�culo 10 del mismo Decreto, est�se a lo dispuesto en sentencia de fecha 20 de febrero del presente a�o.

REF.: Radicaci�n n�mero 829. Demanda de inexequibilidad contra el Decreto extraordi�nario n�mero 2610 de 1979, sobre control de actividades de urbanizaci�n, construc�ci�n, compraventa y arrendamiento de vi�vienda. Actor: Porfirio de Jes�s Jaramillo Hoyos.

El ciudadano Porfirio de Jes�s Jaramillo Ho�yos, en uso de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, solicita a la Corte Suprema de Jus�ticia -Sala Constitucional-, que declare inexequible la totalidad del Decreto extraordinario n�mero 2610 de 1979 (octubre 26), "por el cual se reforma la Ley 66 de 1968". Dicho Decreto fue publicado en el "Diario Oficial" n�mero 35393, a�o CXVI, de fecha 19 de noviembre de 1979, como se ve en ejemplar debidamente auten�ticado que se acompa�a a la demanda, y su texto completo es el siguiente:

"El Presidente de la Rep�blica, en uso de las facultades constitucionales y en especial de las que le confiere el literal d) del art�culo 10 de la Ley 61 de diciembre 15 de 1978 y o�do el con�cepto de la comisi�n parlamentaria,

"El Gobierno Nacional, a trav�s del Superin�tendente Bancario ejercer� la inspecci�n y vigi�lancia de las actividades relacionadas con la enajenaci�n de inmuebles destinados a vivienda y sobre el otorgamiento de cr�ditos para la ad�quisici�n de lotes o viviendas o para la construc�ci�n de las mismas.

"1� La transferencia del dominio a t�tulo oneroso de las unidades resultantes de toda la divisi�n material de predios.

"2� La transferencia del dominio a t�tulo oneroso de las unidades resultantes de la ade�cuaci�n de terrenos para la construcci�n de vi�viendas.

"3� La transferencia del dominio a t�tulo oneroso de las unidades resultantes de la edificaci�n o construcci�n de viviendas en unidades inde�pendientes o por el sistema de propiedad hori�zontal.

"4� La transferencia del dominio a t�tulo one�roso de viviendas en unidades independientes o sometidas al r�gimen de propiedad horizontal.

"5� La celebraci�n de promesas de venta, el recibo de anticipos de dinero o cualquier otro sis�tema que implique recepci�n de los mismos, con la finalidad de transferir el dominio de inmue�bles destinados a vivienda.

"Par�grafo. La actividad de enajenaci�n de inmuebles a que se refiere el presente art�culo se entiende desarrollada cuando las unidades habitacionales proyectadas o autorizadas por las au�toridades metropolitanas, distritales o munici�pales, sean cinco (5) o m�s.

"Para desarrollar cualquiera de las activida�des de que trata el art�culo 1� de este Decreto, los interesados deber�n registrarse ante el Su�perintendente Bancario. El registro anterior se har� por una sola vez y se entender� vigente hasta que el interesado solicite su cancelaci�n o el Superintendente Bancario estime pertinente la procedencia de la cancelaci�n por incumplir el vigilado las obligaciones derivadas de este Decreto.

Para obtener el registro de que trata el pre�sente art�culo, el interesado deber� presentar an�te el Superintendente Bancario la respectiva so�licitud a la cual acompa�ar� una declaraci�n jurada donde conste su nombre y apellidos com�pletos, nacionalidad, domicilio y direcci�n preci�sa. Las personas jur�dicas acompa�ar�n adem�s las pruebas correspondientes de su existen�cia y representaci�n legal.

"Cualquier cambio en los datos presentados para obtener el registro deber� ser comunicado dentro de los veinte (20) d�as h�biles siguientes a la Superintendencia Bancaria so pena de multa di dos mil pesos ($ 2.000.00) moneda corriente, a cinco mil pesos ($ 5.000.00) moneda corriente, que impondr� el Superintendente Bancario a fa�vor del tesoro nacional.

"Para obtener la cancelaci�n del registro, el interesado deber� elevar ante la Superintenden�cia Bancaria la respectiva solicitud acompa�an�do a ella declaraci�n jurada en la que indique el hecho de no estar adelantando ninguna acti�vidad de aquellas a que se refiere el art�culo 2� de este Decreto.

"Par�grafo 1�. Todo aquel que haya solicitado y obtenido su registro ante la Superintendencia Bancaria est� en la obligaci�n de remitir en las fechas que se�ale el Superintendente Bancario el balance cortado a diciembre 31 del a�o ante�rior, en los formularios oficiales que para el efecto suministre la Superintendencia Bancaria. La no presentaci�n oportuna del balance ser� sancionada por el Superintendente Bancario con multas de mil pesos ($ 1.000.00) moneda co�rriente, por cada d�a de retardo a favor del te�soro nacional.

"Par�grafo 2�. Para el cumplimiento de las funciones que por el presente Decreto y por la Ley 66 de 1968 se le encomiendan, adem�s de las oficinas seccionales ya existentes, la Superinten�dencia Bancaria podr� crear otras cuando las necesidades lo exijan, determin�ndoles sus zonas de influencia.

"Para su actuaci�n, los jefes de las oficinas seccionales tendr�n la facultad de otorgar el re�gistro de que trata este art�culo, los permisos a que se refieren los art�culos 4� y 5� de este Decreto y todas las dem�s que en adelante les atribuya el Superintendente Bancario.

"Para anunciar y desarrollar las actividades de enajenaci�n a que se refiere el art�culo 2� de este Decreto, el interesado deber� obtener el per�miso correspondiente del Superintendente Ban�cario, previo el lleno de los siguientes requisitos:

"1� Que el interesado se halle registrado ante el Superintendente Bancario y no tenga obli�gaciones pendientes para con la Superintenden�cia Bancaria.

"2� Que el Superintendente Bancario se haya cerciorado de si la responsabilidad e idoneidad del interesado o de los directores, administrado�res o representantes legales y de los socios son tales que inspiren confianza y que el bienestar p�blico ser� fomentado al otorgar el correspon�diente permiso.

"3� Que se haya demostrado por el interesado que posee el porcentaje de capital m�nimo exi�gido por el Superintendente Bancario, quien conceptuar� igualmente sobre los presupuestos financieros. El Superintendente Bancario esta�blecer� el porcentaje de capital m�nimo por v�a general.

"4� Que se haya acreditado la propiedad y libertad de terreno en el cual se va a desarrollar la actividad, ante el Superintendente Bancario, quien adem�s debe haber conceptuado favorable�mente sobre los modelos de los contratos que se vayan a celebrar con los adquirientes.

"5� Que se haya obtenido de la autoridad res�pectiva licencia o celebrado contrato para la eje�cuci�n de las obras de urbanismo o para la cons�trucci�n de las viviendas, de conformidad con las disposiciones metropolitanas, distritales o mu�nicipales de las localidades donde est�n ubicados los inmuebles y otorgado las garant�as que esta�blezcan tales disposiciones. Igualmente deber� anexar la constancia de un ingeniero civil o ar�quitecto cuyo t�tulo se halle legalmente recono�cido, en la cual se acredite que la obra se ci�e a las licencias aprobadas y que ha sido adelan�tada de conformidad con un criterio t�cnico.

"6� Que la Superintendencia Bancaria haya verificado la aprobaci�n y vigencia de los pla�nos, licencia de urbanismo o construcci�n, regla�mento de propiedad horizontal, cuando fuere el caso, y avance de obra en el porcentaje que es�time conveniente.

"El Superintendente Bancario deber� otorgar el permiso correspondiente dentro de los treinta (30) d�as h�biles siguientes a la presentaci�n de la documentaci�n completa por parte del inte�resado. Si en este plazo la Superintendencia Ban�caria no ha negado la aprobaci�n ni suspendido el t�rmino por observaciones al proyecto, �ste se considera aprobado para los fines consiguientes, circunstancia sobre la cual certificar� inmediata�mente el Superintendente. Ser� causal de mala conducta del funcionario respectivo la negativa o negligencia para otorgar dicha certificaci�n.

"Par�grafo 1�. La resoluci�n en virtud de la cual se concede el permiso de que trata este ar�t�culo deber� ser registrada en el folio corres�pondiente dentro de los dos (2) meses siguientes a partir de la fecha de ejecutoria de dicha pro�videncia en la Oficina de Registro de Instrumen�tos P�blicos del C�rculo donde se encuentre ubi�cado el inmueble a que se refiere el plan. Con posterioridad al registro el interesado deber� protocolizar el permiso y demostrar que �ste fue registrado en t�rmino oportuno.

"El Registrador de Instrumentos P�blicos al certificar la libertad del inmueble, advertir� la circunstancia de estar afecto o no a planes de urbanizaci�n o construcci�n de vivienda.

"Par�grafo 2�. El Superintendente Bancario expedir� las certificaciones que fueren precisas para la comprobaci�n de que determinado inmue�ble enajenado o gravado pertenece o forma parte de una urbanizaci�n aprobada y debidamente re�gistrada.

"Aunque se haya incumplido con la obligaci�n de registro a que se refiere el par�grafo 1� del art�culo 4� de esta ley, con posterioridad al otorgamiento del permiso para desarrollar la ac�tividad de enajenaci�n, la persona propietaria del inmueble no podr� constituir sobre �l ning�n gravamen o limitaci�n de dominio como la hipo�teca, el censo, la anticresis, servidumbres, ni dar�lo en arrendamiento por escritura p�blica sin la previa autorizaci�n del Superintendente Ban�cario. La omisi�n de este requisito ser� causal de nulidad absoluta del gravamen o limitaci�n del dominio constituido. Esta nulidad ser� declarada por el juez en juicio breve o sumario; pudiendo ser solicitada adem�s por el Superintendente Bancario.

"Incurren en prisi�n de dos (2) a seis (6) a�os, quienes sin hallarse registrados ante el Su�perintendente Bancario anuncien o desarrollen las actividades de que trata la Ley 66 de 1968 y el presente Decreto, adem�s de las sanciones que les corresponda por la comisi�n de otros delitos contemplados en el C�digo Penal.

"La sanci�n ser� de uno (1) a cuatro (4) a�os, cuando existiendo el correspondiente re�gistro se desarrollen las actividades de que trata la Ley 66 de 1968 o el presente Decreto sin el permiso prescrito en el art�culo 4� de este De�creto.

"Cuando se trate de personas jur�dicas incu�rrir�n en las sanciones previstas en los incisos anteriores sus representantes legales y los miem�bros de la Junta Directiva cuando hayan parti�cipado en la decisi�n que trae como consecuencia la conducta infractora descrita.

"Cuando se presenten las circunstancias de los incisos anteriores, la Superintendencia o cual�quier ciudadano que tenga conocimiento de estos hechos, dar� cuenta al juez penal competente para que por s� mismo o mediante comisi�n a funcionario de instrucci�n le d� curso al proceso pudiendo solicitar de la Superintendencia Ban�caria toda la informaci�n y documentaci�n que estime pertinente.

"En virtud de la declaraci�n anterior la per�sona natural queda separada de la administra�ci�n de sus bienes por el t�rmino que dure la toma de posesi�n o el proceso de liquidaci�n.

"Cuando el Superintendente Bancario haya tomado posesi�n de los negocios, bienes y haberes de una persona natural o jur�dica con el objeto de administrarlos, deber� designar un agente especial para el efecto.

"Igual procedimiento deber� adoptarse cuan�do se proceda a la liquidaci�n de las personas ju�r�dicas y la de los negocios de las personas na�turales.

"El Instituto de Cr�dito Territorial podr� actuar como Agente Especial del Superintenden�te Bancario.

"Comunicada la resoluci�n de liquidaci�n al agente especial que para tal efecto designe el Su�perintendente Bancario �ste deber� dentro de los cinco (5) d�as siguientes emplazar a todos los que se crean con derecho a intervenir en ella mediante un edicto que deber� permanecer fijado en un lugar visible p�blico de sus dependencias durante treinta (30) d�as. Dicho edicto se pu�blicar� igualmente por tres (3) veces en uno o m�s peri�dicos cuya circulaci�n asegure, a juicio del Superintendente Bancario, el cumplimiento de los objetivos de esta disposici�n, en carteles fijados en lugares p�blicos en las puertas de la oficina de la persona cuyo negocio se liquida y en los lugares en donde se adelanten obras de urbanizaci�n o construcci�n.

"En los casos de liquidaci�n, las cuotas que hayan pagado los promitentes compradores o afiliados tendr�n el car�cter de cr�ditos privile�giados de segunda clase en los t�rminos del nu�meral 3� del art�culo 2497 del C�digo Civil siem�pre que la promesa de contrato haya sido v�lidamente celebrada y el Superintendente Ban�cario o su agente liquidador tenga certeza de la fecha de su otorgamiento.

"El Superintendente impondr� multas suce�sivas de diez mil pesos ($ 10.000.00) a quinientos mil pesos ($ 500.000.00) moneda corriente, a fa�vor del tesoro nacional a las personas o entida�des que incumplan las �rdenes o requerimientos que en uso de las facultades de inspecci�n y vi�gilancia expida dicho funcionario o los jefes sec�cionales de vivienda, para que se sujeten a las normas exigidas por las autoridades nacionales, departamentales, metropolitanas, municipales y distritales y/o para que se ajusten a las pres�cripciones de la Ley 66 de 1968 y a las del pre�sente Decreto.

"Tambi�n se impondr�n sanciones en la cuan�t�a anotada, cuando el Superintendente despu�s de pedir explicaciones a las personas, a los ad�ministradores, o los representantes legales de los establecimientos sometidos a su vigilancia, en virtud de la Ley 66 y del presente Decreto, se cerciore que se ha violado una norma o regla�mento a que deba estar sometido con relaci�n a su actividad.

"Cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario empleado de una enti�dad sujeto a la vigilancia del Superintendente Bancario en virtud de este Decreto, autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la enti�dad, de alguna ley o reglamento o cualquier for�ma relacionada con las actividades a que se refiere el presente Decreto, el Superintendente podr� sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) mo�neda corriente, a favor del tesoro nacional.

"As� mismo, el Superintendente Bancario im�pondr� multas sucesivas dentro de las mismas cuant�as a las personas que realicen propaganda sobre actividades que trata la Ley 66 o el pre�sente Decreto, sin contar con el permiso de ena�jenaci�n y/o sin ajustarse a la verdad de los hechos que le constan a la Superintendencia en relaci�n con los respectivos planes, sin perjuicio de las dem�s sanciones a que hubiere lugar y en especial de las espec�ficamente consagradas en los art�culos 6� y 7� de este Decreto.

"Las multas deber�n pagarse por las personas o entidades dentro de los cinco (5) d�as siguien�tes a la ejecutoria de la resoluci�n que las im�pone y ser�n convertibles en arresto, el cual se aplicar� a las personas naturales y a los repre�sentantes legales de las entidades en raz�n de un (1) d�a por cada cien pesos ($ 100.00) mone�da corriente.

"Las personas registradas ante la Superinten�dencia Bancaria pagar�n a �sta contribuci�n co�mo honorarios por su vigilancia mientras su registro permanezca vigente. Dicha contribuci�n se liquidar� en la forma y cuant�a que la Super�intendencia reglamente, sin exceder los porcen�tajes de las que se fijan a los bancos para el mismo per�odo.

"Art�culo 14. El literal b) del art�culo 35 de la Ley 66 de 1968 quedar� as�:

"Exigir que se presente y publique, cuando estime conveniente el balance certificado por un contador p�blico y/o un revisor fiscal.

"La inspecci�n y vigilancia de las sociedades an�nimas que se dediquen exclusivamente a las actividades reguladas en los art�culos 1� y 2� de la ley ser� ejercida por el Superintendente en los mismos t�rminos se�alados por el C�digo de Comercio para la Superintendencia de Socieda�des.

"Sobre aquellas que tengan diferentes objetos sociales, la inspecci�n y vigilancia continuar� siendo ejercida por la respectiva Superintenden�cia en todo aquello que no se relacione con las actividades a que se refieren los art�culos 1� y 2� de este Decreto y por la Superintendencia Ban�caria, en lo relativo a estas actividades.

"La Superintendencia Bancaria ejercer� el control sobre las personas que desarrollen las ac�tividades a que se refieren los art�culos 1� y 2� de este Decreto para lograr que en las relaciones contractuales con los adquirientes, no desmejo�ren las especificaciones contempladas en los pla�nos arquitect�nicos, den cumplimiento a los re�glamentos de propiedad horizontal y se ajusten a los modelos de contratos aprobados por la mis�ma entidad.

"Se except�an de las disposiciones de este Decreto los planes de cr�dito con destino a la construcci�n o adquisici�n de vivienda que desa�rrollen las empresas en beneficio de sus traba�jadores bien voluntariamente o por obligaci�n legal o contractual y los planes realizados con participaci�n financiera y vigilancia del Banco Central Hipotecario o del Instituto de Cr�dito Territorial.

"Los planes o programas de vivienda realiza�dos por el sistema de autoconstrucci�n no est�n exceptuados del control y vigilancia de la Su�perintendencia Bancaria, pero ser�n objeto de reglamentaci�n especial por parte de dicha en�tidad.

"En aquellas urbanizaciones en las cuales no se haya realizado adecuaci�n de terrenos de con�formidad con las reglamentaciones metropolita�nas, distritales, municipales, sino una simple segregaci�n o divisi�n material de un globo de te�rreno, los contratos de enajenaci�n o de promesa de venta celebrados, podr�n ser declarados nulos por el juez en juicio breve o sumario, pudiendo ser solicitada tal declaraci�n adem�s por el Su�perintendente Bancario.

"Art�culo 19. En los t�rminos de este Decreto quedan sustituidos y modificados los art�culos 1, 2, 3, 5, 8, 11, 13,16, 17, 21, 28, 29, 32, 35 literal b), 38 y 39 de la Ley 66 de 1968 y los art�culos 2, 3, 7 y 10 del Decreto reglamentario n�mero 219 de 1969.

"Art�culo 20. El presente Decreto rige a par�tir de la fecha de su expedici�n.

Afirma el actor que considera violadas por el Decreto acusado las normas contenidas en los ar�t�culos 55, 76-1-12-13 y 14, 206, 121 inciso 3� y 43 de la Constituci�n.

Considera el actor que al expedir el Decreto 2610 de 1979, el Presidente de la Rep�blica se excedi� en el uso de las facultades extraordina�rias que le confiere la Ley 61 del 15 de diciembre de 1978, porque "entendi� seg�n el Decreto que se demanda, que esas facultades implicaban el traslado de la funci�n legislativa, y le daban el derecho de modificar la Ley 66 de 1968, asunto totalmente inconstitucional, por abrogarse fun�ciones del legislador".

Sostiene, adem�s, que "los art�culos 9� y 10, literal d), que enmarcan o encuadran las precisas facultades de las cuales qued� investido el Pre�sidente de la Rep�blica y en virtud de las cuales le dio virtualidad jur�dica al Decreto demanda�do, en ninguna de sus expresiones gramaticales, ni sem�nticas le dio facultades para derogar la Ley 66 de 1968, sin embargo el Presidente en su estatuto sub lite lo hizo". Y cita en concreto aquellos art�culos del Decreto demandado que, a su juicio, derogaron, modificaron o reformaron la Ley 66 de 1968.

El Procurador General de la Naci�n, en su concepto de rigor, destaca que "el demandante tiene una patente confusi�n en cuanto a la ca�lidad o clase de Decreto materia de su demanda", porque unas veces lo considera decreto legisla�tivo, otras decreto-ley y otras decreto reglamen�tario, seg�n las citas que hace de normas cons�titucionales que considera infringidas, pues entre ellas se encuentra el art�culo 121-3, que se refiere a los decretos con motivo de turbaci�n del orden p�blico y declaratoria de estado de sitio, y el 120-3 sobre potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica.

Para el Procurador "el cargo atendible que el actor hace al Decreto demandado consiste en que rebasa las facultades extraordinarias otor�gadas al Presidente, puesto que la ley de facul�tades (61 de 1978) por ninguna parte le delega poderes para modificar, reformar o derogar a la Ley 66 de 1968". Recuerda, adem�s, que los ar�t�culos 9� y 10, literal d) de la Ley 61 de 1978, que son precisamente los que contienen de ma�nera expresa las facultades usadas por el Presi�dente, fueron declaradas exequibles mediante fa�llo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de agosto de 1979.

Con relaci�n a la naturaleza jur�dica y el va�lor hermen�utico de los decretos-leyes, afirma el Procurador: "Es tan claro, tan usual y tan ape�gado a la Constituci�n Pol�tica el hecho ordina�rio y normalmente producido de que, mediante los correspondientes decretos-leyes que den ca�bal desarrollo a la ley de facultades extraordi�narias precisas y pro tempore pueda el Presi�dente de la Rep�blica, dentro del marco de los poderes delegados, modificar, sustituir, derogar, cambiar la legislaci�n respectiva, que no merece que me detenga a considerar el punto".

Se refiere despu�s al car�cter de Ley Org�ni�ca del Desarrollo Urbano que tiene la n�mero 61 de 1978, y transcribe apartes de otro concepto suyo remitido a la Corte con ocasi�n de la de�manda presentada contra dicha Ley (expediente n�mero 728), donde se lee: "Es evidente que el Congreso tiene competencia para dictar la Ley 61, de acuerdo con el art�culo 76 de la Carta; y si esto es cierto jur�dicamente, lo es tambi�n que pod�a trasladarla al Presidente de la Rep�blica a trav�s del mecanismo de las facultades extraor�dinarias, pues no se trata de materia indelega�ble".

Por �ltimo, sostiene el Procurador que todos los art�culos del Decreto acusado "versan preci�samente sobre las medidas que enmarca el trans�crito literal d) del art�culo 10 de la ley de fa�cultades". En consecuencia solicita se declare la exequibilidad del Decreto-ley n�mero 2610 de 1979.

Primera. Es evidente la confusi�n en que in�curre la demanda en cuanto a la calificaci�n de la naturaleza jur�dica del Decreto acusado y, por ende, de su jerarqu�a. En efecto: como lo anota el Procurador, al afirmar el actor viola�ci�n del art�culo 121-3 de la Carta, lo estima como decreto legislativo, de la �ndole de los que el Presidente de la Rep�blica puede expedir con ocasi�n de la turbaci�n del orden p�blico y la declaratoria del estado de sitio, en los t�rminos constitucionales; al indicar como infringido el art�culo 120-3 del mismo C�digo Superior, le asigna el car�cter de decreto que emana de la potestad reglamentaria del Presidente y, por a�adidura, cita un concepto contenido en salva�mento de voto en asunto del Consejo de Estado, sobre los alcances de los decretos reglamentarios del Gobierno; y al mencionar la violaci�n del art�culo 76-12, aunque haya omitido la cita del 118-8 que ser�a la pertinente, lo clasifica como decreto-ley.

Segunda. No hay duda en cuanto a que este �ltimo es el car�cter del decreto sub judice. La Ley 61 de 1978, "Org�nica del Desarrollo Ur�bano", en su art�culo 9� prescribe:

"Rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la fecha de promulga�ci�n de la presente Ley, para que d� cumplida ejecuci�n a los mandatos concretados en los ar�t�culos anteriores. Los decretos que se expidan con este prop�sito deben ser consultados con una comisi�n especial integrada por tres (3) Senado�res y tres (3) Representantes designados por las Comisiones Terceras Constitucionales y de una y otra C�mara".

"En desarrollo de las facultades otorgadas en el art�culo 9�, el Gobierno se ajustar�, en los casos pertinentes a las normas que se establecen a continuaci�n:

"a) En las disposiciones que se adopten no se impondr�n ni aumentar�n grav�menes, contri�buciones ni tasas;

"b) Se respetar�n los derechos adquiridos con justo t�tulo, con arreglo a las leyes civiles y en caso de expropiaci�n la indemnizaci�n se pagar� de acuerdo con las normas que sobre utilizaci�n del suelo se establezcan en los planes de desarro�llo urbano que aprueben los Concejos Municipa�les y el Distrito Especial de Bogot�.

"Las condiciones de dicha indemnizaci�n no ser�n inferiores a las que rigen para el sector agrario;

"c) La delimitaci�n de las regiones de planeaci�n para la formulaci�n de los planes a que se refiere el art�culo 3�, corresponder� preferencialmente a los departamentos por medio de sus oficinas de Planeaci�n o por conducto de aseso�res oficiales o particulares debidamente califi�cados;

"d) Se adoptar�n las medidas necesarias pa�ra fortalecer y hacer efectivos los mecanismos de vigilancia y control de las empresas dedicadas a las actividades de urbanizaci�n, construcci�n, compraventa y arrendamiento de vivienda".

El an�lisis de las normas transcritas indica con claridad que la Ley 61 de 1978 concedi� al Presidente de la Rep�blica facultades extraor�dinarias con duraci�n de un a�o para regular la materia por ella misma denominada "del de�sarrollo urbano", la cual se concreta en los ar�t�culos 1� a 8� de dicha Ley. Y que, espec�fica�mente en el literal d) del art�culo 10, lo autoriza para "fortalecer y hacer efectivos los mecanis�mos de vigilancia y control de las empresas dedicadas a las actividades de urbanizaci�n, cons�trucci�n, compraventa y arrendamiento de vi�vienda". Se�alados los objetivos del desarrollo urbano, definidos los prop�sitos de su planeaci�n por el Estado e indicadas sus limitaciones, el legislador ha expresado su voluntad de dar m�s fuerza al control fiscal sobre las actividades de los particulares relacionadas con la vivienda y l�gicamente provee al Presidente de poder sufi�ciente para hacer efectivo ese control mediante instrumentos con fuerza de ley. En virtud de tales facultades concedidas por el Congreso al Presidente de la Rep�blica, se expidi� el Decre�to 2610 de 1979, que es objeto de la acusaci�n. De donde �ste tiene, sin duda, el car�cter de decreto-ley o decreto extraordinario.

Tercera. Sostiene el actor que el Presidente de la Rep�blica al dictar el Decreto que acusa, "entendi� que esas facultades implicaban el tras�lado de la funci�n legislativa y le daban el de�recho de modificar la Ley 66 de 1968, asunto totalmente inconstitucional, por abrogarse fun�ciones del legislador".

Es criterio uniforme y constante de la juris�prudencia y la doctrina el de que precisamente tal es el fen�meno que ocurre siempre que el legislador otorga facultades extraordinarias al Presidente para regular determinadas materias cuyo tratamiento corresponde a la ley. El fen�meno consiste precisamente en un traslado tem�poral y espec�fico de la funci�n legislativa por el Congreso al Presidente de la Rep�blica, cuyas determinaciones en forma de decreto ostentan la naturaleza, el car�cter y la fuerza de verdadera ley en sentido material. Ello significa que es perfectamente posible, en t�rminos de hermen�u�tica, y en estricto derecho constitucional, dero�gar, reformar, modificar, adicionar, una ley del Congreso mediante un decreto-ley, con la condi�ci�n de que �ste se ajuste en su materia a las facultades precisamente determinadas por el le�gislador, en virtud de las cuales se forma y se pone en vigencia.

En el caso presente, el Presidente de la Rep��blica al expedir el Decreto 2610 de 1979 lo hizo de manera leg�tima utilizando las facultades que, como queda establecido, le fueron conferidas por la Ley 61 de 1978. En el propio encabezamiento de este Decreto se anuncia su prop�sito de refor�mar la Ley 66 de 1968. No era preciso que el legislador hubiera autorizado expresamente al Presidente para introducir reformas a esta Ley. Bastaba con que lo facultara para regular, por v�a extraordinaria, el r�gimen legal existente en materia de desarrollo urbano, para que el Decre�to 2610 de 1979, con la plenitud de su fuerza jur�dica, que es la misma de cualquiera ley del Congreso, pudiera hacerlo, como en efecto lo hi�zo. El hecho escueto es que las actividades de urbanizaci�n, construcci�n y cr�dito para la ad�quisici�n de viviendas, que tienen evidente rela�ci�n con el desarrollo urbano, y su correspon�diente inspecci�n y vigilancia, se hallaban sujetas a las disposiciones de la Ley 66 de 1968, y que al haber facultado el Congreso al Presidente de la Rep�blica para hacer una nueva regulaci�n de esas actividades, lo autoriz� para introducir al anterior estatuto legal las modificaciones ne�cesarias, a juicio de quien recibiera del Congreso el poder de legislar sobre ese mismo objeto. No ha ocurrido, entonces, que el Presidente se haya abrogado funciones del legislador, sino que el legislador, como lo autoriza la Carta, le cedi� transitoriamente sus atribuciones, y el Presiden�te hizo uso de ellas, porque as� deb�a hacerlo.

Cuarta. Cosa distinta es que el Presidente, al desarrollar las facultades recibidas del legisla�dor, haya podido traspasar los l�mites de ellas, temporales en cuanto al t�rmino indicado por la ley, y materiales en cuanto al objeto preciso que le fuera se�alado. Con relaci�n a lo primero, est� comprobado que el decreto sub judice fue expe�dido dentro del a�o concedido por el art�culo 9� de la Ley 61 de 1978.

En cuanto a lo segundo, procede verificar si el Presidente de la Rep�blica, al expedir el De�creto objeto de la acusaci�n, excedi� las facul�tades recibidas, a fin de establecer la constitucionalidad de todas sus disposiciones. La parte de la Ley 61 de 1978, que determina con preci�si�n los alcances de las facultades extraordinarias que se otorgan al Presidente, es la correspon�diente al art�culo 10, seg�n el cual:

a) El Decreto extraordinario que se examina no pod�a imponer, ni aumentar grav�menes, con�tribuciones, ni tasas;

c) Pod�a adoptar las medidas necesarias para lograr mayor vigilancia de las empresas dedica�das a las distintas actividades relacionadas con la vivienda.

En cuanto a la prohibici�n anotada, se tiene que el Decreto 2610 de 1979 se ci�� a ella, por cuanto su confrontaci�n con la Ley 66 de 1968 que ven�a rigiendo las actividades de urbaniza�ci�n, construcci�n y cr�dito para la adquisici�n de viviendas, y determinaba su inspecci�n y vi�gilancia, a la cual el Decreto acusado reform�, indica ese hecho. En efecto: en parte alguna del decreto sub judice no se encuentra imposici�n ni aumento de grav�menes, contribuciones o tasas. Aumenta s� la cuant�a de algunas multas ya fi�jadas por la Ley 66, como sanci�n para quienes incumplieran sus dictados, asunto normal en esta clase de disposiciones y, desde luego, concepto jur�dico muy diferente al de tasa, gravamen o contribuci�n. La conversi�n de multa en arresto, y en la misma proporci�n, punto que se destaca en la demanda, estaba tambi�n ordenada por la Ley 66 en su art�culo 29. Ni se ha descubierto tampoco violaci�n de derechos adquiridos, ni de otras normas constitucionales. Por manera que el Decreto acusado, adem�s de especificar y acla�rar conceptos y mecanismos provenientes de la Ley 66 de 1968, adopta medidas para cumplir el objetivo que la ley de facultades le indic� al Gobierno, a saber: que su vigilancia sobre las empresas dedicadas a negocios que tienen que ver con el desarrollo urbano fuera m�s efectiva, y m�s estricto el control sobre sus actos. Es na�tural que esas determinaciones debieran tomarse a juicio del Gobierno, como directo responsable de tan exigente funci�n, tal como lo hizo seg�n su propia experiencia sobre las necesidades eco�n�micas y sociales del pa�s en dicha materia, y de conformidad con las facultades extraordina�rias de que fuera investido por el legislador me�diante la Ley 61 de 1978, declarada exequible por la Corte Suprema, de Justicia en fallo de fecha 14 de agosto de 1979, excepto sus art�culos 4�, 5�, 6�, 7� y parte del literal b) del 10, con los cuales no tiene ninguna relaci�n el Decreto 2610 de 1979 objeto del presente proceso.

Quinta. En el auto admisorio de la demanda se dispuso verificar la constituci�n de la Comi�si�n Parlamentaria dispuesta por la Ley 61 de 1978 en su art�culo 9�, con el car�cter de consul�tiva para el estudio del Decreto extraordinario acusado. Los informes remitidos a la Corte por los Secretarios de las Comisiones Terceras del Senado y la C�mara de Representantes indican haberse cumplido tal exigencia, y el Decreto 2610 objeto de la acusaci�n, hace constar en su enca�bezamiento que fue o�do el concepto de la Co�misi�n Parlamentaria, circunstancia suficiente para prestar m�rito sobre su veracidad.

Sexta. El art�culo 10 del Decreto acusado ya hab�a sido objeto de demanda por parte del ciu�dadano Mario Alario M�ndez (expediente n�me�ro 826), y la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional- emiti� fallo de exequibilidad con fecha 20 de febrero del presente a�o, con ponen�cia del Magistrado doctor Jorge V�lez Garc�a. En tal oportunidad la Corte dijo: "Los decre�tos-leyes emanados de las facultades extraordi�narias pueden afectar indistintamente a cual�quier clase de legislaci�n pre-existente, as� se trate de leyes comunes o de c�digos. No es nece�sario que en las facultades se haya determinado la clase de legislaci�n que el Presidente puede afectar cuando las ejerza". Y, adem�s, deter�min�: "El juicio de valor acerca de cu�les deban ser las medidas necesarias no puede ser hecho por el legislador, sino que es deferido al Ejecu�tivo. Este es el que, dentro del lapso temporal de la ley de facultades, y para alcanzar los pro�p�sitos que �sta persigue, queda autorizado para adoptar las medidas que �l mismo considere ne�cesarias conforme con la discriminalidad que, para evaluar esa necesidad, le otorga el Con�greso".

Se tiene, entonces, que al haber sido objeto de decisi�n jurisdiccional de la Corte el art�culo 10 del Decreto 2610 de 1979, se produce en cuanto a �l el caso de cosa juzgada, en raz�n de lo cual ha de quedar excluido de la consideraci�n de la Corte en el asunto sub judice, as� como de su decisi�n correspondiente, en la que habr� de or�denarse estar a lo ya resuelto sobre la norma en referencia.

Con base en las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucio�nal-, o�do el Procurador General de la Naci�n,

Es EXEQUIBLE el Decreto 2610 de 1979, en sus art�culos 1� a 9� inclusive y 10 a 20 inclusive. En cuanto al art�culo 10 del mismo Decreto, estese a lo dispuesto en sentencia de fecha 20 de febrero del presente a�o, radicaci�n n�mero 829.

Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese a quien corres�ponda y arch�vese el expediente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Hum�berto Mesa Gonz�lez, Oscar Mazar Chaves, Ser�vio Tulio Pinz�n.