Sentencia 2191 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300175432191Jaime Sanin Greiffenstein, Jes�s Vallejo Mej�a | Rafael M�ndez Arango.199109/05/19912191_Jaime Sanin Greiffenstein, Jes�s Vallejo Mej�a | Rafael M�ndez Arango._1991_09/05/199130017543SENTENCIA N�MERO 64 T�CNICA LEGISLATIVA RESUMEN El art�culo 77 de la Carta Magna se instituy� con el fin de lograr tecnificar el proceso legislativo de manera que las disposiciones que se incluyan en un proyecto de ley guarden la debida relaci�n o conexidad con el tema general del mismo, es decir, exista unidad de materia. Exequibles los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Referencia: Expediente No. 2191. 1991

Juan Manuel Arboleda PerdomoAcci�n de inexequibilidad contra los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990.Identificadores30030017544true91680Versi�n original30017544Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990.

El art�culo 77 de la Carta Magna se instituy� con el fin de lograr tecnificar el proceso legislativo de manera que las disposiciones que se incluyan en un proyecto de ley guarden la debida relaci�n o conexidad con el tema general del mismo, es decir, exista unidad de materia.

Acci�n de inexequibilidad contra los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990.

Prohibici�n de presentar pel�culas que contengan violencia, pornograf�a o perversidad en televisi�n.

Magistrados Ponentes: Drs. Jaime Sanin Greiffenstein, Jes�s Vallejo Mej�a y Rafael M�ndez Arango.

El ciudadano Juan Manuel Arboleda Perdomo acude ante esta Corporaci�n con solicitud de que se declaren inexequibles los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990, por considerar que violan los art�culos 77 y 81-2 de la Carta Pol�tica.

Cumplidas las exigencias estatuidas en el Decreto 432 de 1969 y rendido el concepto del Procurador General de la Naci�n, procede la Corte en Sala Plena a adoptar la decisi�n correspondiente, previas las siguientes consideraciones.

"Art�culo 6o. Adici�nase el art�culo 13 de la Ley 42 de 1985 con el siguiente literal:

"t) Prohibir la presentaci�n de pel�culas nacionales o extranjeras que contengan violencia, pornograf�a o perversidad en los espacios de televisi�n transmitidos entre las siete de la ma�ana y las diez de la noche.

"Art�culo 7o. Adici�nase el art�culo 45 de la Ley 42 de 1985 con el siguiente literal:

"g) Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el literal t) del art�culo 13 de la presente ley y adelantar las investigaciones correspondientes para que el Consejo Nacional de Televisi�n y el director de Inravisi�n impongan las sanciones a que hubiere lugar por la infracci�n de dichas normas.

"Art�culo 8o. Los Ministerios de Comunicaciones y de Educaci�n reglamentar�n la clasificaci�n de pel�culas de videocasetes que se distribuyan, alquilen o vendan en el territorio nacional, con base en la edad del usuario, y fijar� las sanciones para quienes infrinjan esas disposiciones."

Manifiesta el actor que los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990 vulneran el art�culo 81-2 de la Constituci�n Nacional por cuanto su contenido est� dirigido a adicionar la Ley 42 de 1985, ordenamiento que se refiere a comunicaci�n, y "por ende su conocimiento para efectos del procedimiento en la formaci�n de la ley le compete a la Comisi�n Sexta Permanente y no a la Comisi�n Quinta Constitucional".

Igualmente agrega que los art�culos 6o, 7o y 8o de la misma ley violan el art�culo 77 del Estatuto Superior, puesto que en ellos se regulan asuntos ajenos al tema general de la misma, lo que es apreciable prima facie ya que "la producci�n, fabricaci�n, importaci�n, venta y uso de juguetes b�licos -que, a su entender, es la materia de la ley- nada tiene que ver con la exhibici�n de pel�culas de televisi�n".

El Procurador General de la Naci�n rindi� la vista fiscal en oficio No. 1613 de 3 de octubre de 1990, en la cual solicit� a la Corte declarar exequibles los mandatos acusados por no vulnerar las disposiciones constitucionales citadas por el actor, lo cual hace con base en argumentos confusos.

Dice as� el jefe del Ministerio P�blico, que la Ley 18 de 1990 fue tramitada por la Comisi�n Tercera Constitucional del Senado y de la C�mara, por ser �sta la competente para conocer de asuntos econ�micos, y agrega que del contenido de dicha ley se deduce que su tem�tica gira en torno a la violencia "y aun cuando contiene aspectos econ�micos (art�culos 1o, 2o y 5o) no puede dejarse de lado que la misma trata aspectos de educaci�n y de comunicaci�n (sic) (art�culos 3o, 4o,6o, 7o y 8o) como que la generalizaci�n de la violencia en Colombia y su incidencia en las mentes infantiles se difunde, expande y es de conocimiento de la ciudadan�a en general, por los medios de comunicaci�n escrita, pero fundamentalmente por losmedios audiovisuales como son las pel�culas...", y concluye el punto diciendo quepor estas razones no debe prosperar el cargo formulado.

En cuanto a la infracci�n del art�culo 77 de la Carta Pol�tica se�al� que aunque el tema central de la Ley 18 de 1990 no es la simple regulaci�n de aspectos econ�micos que tambi�n forman parte de lo tratado "sino la manera de combatir la generalizaci�n y el aumento dentro de la poblaci�n infantil de la violencia... y aun cuando consideramos inescindible el tema de los juguetes b�licos de las pel�culas quetratan el mismo aspecto", debe reiterar la concepci�n que tiene sobre el citado mandato constitucional, el cual, seg�n su criterio, impide a la Corte revisar lo decidido en la Comisi�n, seg�n se ver�. De manera que tampoco debe prosperar el segundo cargo formulado.

Por cuanto la acusaci�n se dirige contra disposiciones de una ley, esta Corporaci�n es tribunal competente para decidir sobre su constitucionalidad al tenor de lo normado en el art�culo 214 de la Carta Pol�tica.

Tal como se dej� anotado en el punto III de esta providencia, el demandante considera que los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990 infringen el art�culo 77 de la Carta Pol�tica, por cuanto en ellos se regulan asuntos ajenos al tema general del ordenamiento al cual pertenecen.

A lo cual respondi� el Procurador General de la Naci�n que la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre esta acusaci�n, pues, en su criterio, el art�culo 77 de la Constituci�n Nacional "contiene una condici�n atribuida al Congreso que se agota por �ste, de manera que excluye a cualquier otro �rgano, aun a la Corte, en la exigencia del cumplimiento de sus preceptivas".

Esta tesis que sostiene el Ministerio P�blico de tiempo atr�s, ha sido rebatida por esta Corporaci�n en m�ltiples ocasiones; valga citar los fallos de mayo 27 de 1980, 26 de octubre de 1982, octubre 16 y 23 de 1986, mayo 19 de 1987, febrero 4 de 1988, febrero 13 de 1990 y, m�s recientemente, en sentencia No. 171 de 20 de noviembre de 1990 (Proceso 2158), en todos los cuales ha reiterado que los dos controles que consagra el citado art�culo 77 Superior no se excluyen entre s�, de forma que si los Presidentes de las Comisiones del Congreso no ejercen en la oportunidad debida la potestad que tal norma les confiere, o se equivocan en la decisi�n, corresponde a la Corte, por v�a de control constitucional, pronunciarse sobre los vicios en la formaci�n de las leyes a que alude dicho precepto constitucional.

En consecuencia, considera la Corte que dada la existencia de fallos tan recientes no es necesario volver sobre este mismo tema, pues ha de tenerse en cuenta que en todos ellos se ha dejado expuesto el mismo criterio. Por tanto, proceder� la Corte a resolver la acusaci�n formulada.

El art�culo 77 de la Carta Pol�tica, que, como es sabido, tuvo su origen en la Reforma Constitucional de 1968 y se instituy� con el fin de lograr tecnificar el proceso legislativo de manera que las disposiciones que se incluyan en un proyecto de ley guarden la debida relaci�n o conexidad con el tema general de! mismo, es decir, existe unidad de materia o, como se dijo en la exposici�n de motivos, "para que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la l�gica y la t�cnica jur�dica suponen" y as� evitar que se sometan a consideraci�n disposiciones o se introduzcan adiciones o agregaciones a los proyectos de ley que resulten totalmente extra�as o ajenas con la materia que se regula o con el prop�sito o finalidad del proyecto debidamente elaborado.

Bajo estos lineamientos se analizar�n las disposiciones acusadas de la Ley 18 de 1990, cuyo contenido es e! Siguiente:

En el art�culo 6o se adiciona la Ley 42 de 1985 en el sentido de asignar al Consejo Nacional de Televisi�n la facultad de prohibir la exhibici�n de pel�culas nacionales o extranjeras que contengan violencia, pornograf�a o perversidad en los espacios de televisi�n comprendidos entre las 7 de la ma�ana y las 10 de la noche.

En el art�culo 7o, que tambi�n adiciona la Ley 42 de 1985, se atribuye a la Comisi�n de Vigilancia de la Televisi�n la tarea de velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo anterior y se le autoriza para adelantar las investigaciones correspondientes por infracci�n de dicha norma.

Y en el art�culo 8o se autoriza a los Ministerios de Educaci�n y Comunicaciones para que reglamenten la clasificaci�n de pel�culas de "videocasetes" que se distribuyan, vendan o alquilen en el territorio nacional, de acuerdo con la edad del usuario, y fijen las sanciones para quienes violen estos mandatos.

Ahora bien, la Ley 18 de 1990, de la cual forman parte las normas impugnadas, proh�be la fabricaci�n, importaci�n, distribuci�n, venta y uso de juguetes b�licos en todo el pa�s (art. 1o); define qu� debe entenderse por tales (art. 2o); autoriza al Ministerio de Educaci�n Nacional para promover la producci�n, importaci�n, distribuci�n, venta y uso de juguetes que sirvan para estimular y ejercitar la mente de los ni�os y despertar en ellos el respeto a la vida, la creatividad, la sana emulaci�n la camarader�a, la lealtad, el trabajo, la comprensi�n, el entendimiento entre los hombres en un ambiente de paz y confraternidad (art. 3o); asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Polic�a Nacional y a la Aduana, la vigilancia del cumplimiento de lo previsto en el art�culo 1o (art. 4o); y se�ala las sanciones a que se hacen acreedores quienes infrinjan lo dispuesto en los art�culos anteriores y la autoridad encargada de imponerlas (art. 5o).

De la lectura del articulado de la Ley 18 de 1990 se llega a la conclusi�n que todos sus mandatos est�n encaminados a lograr un mismo objetivo o finalidad como es proteger a los ni�os colombianos de las influencias perjudiciales que les puede ocasionar el uso de juguetes b�licos, como tambi�n la exhibici�n de pel�culas en

televisi�n o en "videocasetes" cargados de violencia, pornograf�a o que aten�an contra la moralidad y las buenas costumbres y que dada la etapa de formaci�n del ni�o pueden llegar a crear en sus mentes formas agresivas o violentas y costumbres que van en contra de la dignidad humana, y de la sana convivencia, motivo por el cual se adoptan medidas que les permitan desarrollar su inteligencia, su creatividad, su destreza, la comprensi�n y entendimiento entre los hombres; en fin, un desarrollo normal dentro de un clima de paz y tranquilidad.

Prop�sito este que tambi�n aparece consignado en las ponencias presentadas por los Senadores y Representantes para sustentar el proyecto de ley que luego se convirti� en la ley parcialmente demandada, y que dice as�: "(con este proyecto se busca) tomar medidas para que la ni�ez colombiana comience un proceso formativo intelectivo ajeno a la violencia, a la pornograf�a y a la perversidad en forma tal que se aleje del actual medio que, de cierta manera, lo rodea de esas perniciosas influencias desde los primeros a�os... preserv�ndolos, hasta donde sea posible, para que sus ratos de diversi�n y entretenimiento est�n libres de juguetes de guerra y de televisi�n pornogr�fica y violenta". (Antecedentes Legislativos, folios 24 y ss.)

"As� las cosas, no encuentra la Corte que exista la alegada violaci�n del art�culo 77 del ordenamiento superior, pues, corno se observa, las normas acusadas guardan la debida relaci�n con las dem�s que conforman la Ley 18 de 1990 y est�n unidas por una misma finalidad."

Seg�n el demandante, los art�culos 7o y 8o de la Ley 18 de 1990 han debido tramitarse en la Comisi�n Sexta de ambas C�maras, porque mediante ellos se adiciona la Ley 42 de 1985, que regula asuntos relativos a comunicaciones. La Corte procede a resolver este cargo, no sin antes aclarar que el actor incurri� en error al citar el art�culo 8o, pues las normas que expresamente adicionan la Ley 42 de 1985 son los art�culos 6o y 7o;sinembargo, en sentir de la Corporaci�n, este hecho no es �bice paraemitir pronunciamiento de m�rito puesto que el demandante, adem�s de habercumplido con el requisito legal de transcribir los preceptos demandados, se refiere claramente al contenido de las disposiciones que realmente son correctas.

De acuerdo con las pruebas recaudadas y que obran en el expediente, el tr�mite legislativo dado en el Congreso de la Rep�blica al proyecto de ley que luego se convirti� en la 18 de 1990, parcialmente impugnada, es el que a continuaci�n se describe:

1. Que el proyecto de ley a que se ha hecho referencia fue tramitado por las Comisiones Terceras Constitucionales de la C�mara y del Senado de la Rep�blica, y

2. Que no sufri� variaci�n alguna durante su tr�mite, pues tal cual fue aprobado por la Comisi�n Tercera de la C�mara, que fue donde tuvo origen; as� result� aprobado por la plenaria del Senado, donde finaliz� su etapa de formaci�n en el Congreso.

Ahora bien, el art�culo 81 de la Carta Pol�tica consagra una serie de requisitos o formalidades que debe reunir todo proyecto de ley para que pueda convertirse en ley de la Rep�blica. Dentro de tales exigencias se encuentra la contenida en el numeral 2o, que el actor considera infringida y que textualmente precept�a: "Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisi�n permanente de cada C�mara, salvo lo dispuesto en el art�culo 80".

Por su parte, el art�culo 72 ibidem dispone que cada C�mara elegir�, para per�odos no menores de dos a�os, comisiones permanentes que tramitar�n el primer debate de los proyectos de ley y autoriza al legislador para determinar el n�mero de tales comisiones, el de sus miembros y las materias que de cada una de ellas deber� ocuparse.

Este mandato constitucional ha sido desarrollado por el legislador y es as� como en el art�culo 6o de la Ley 17 de 1970, modificado por el 1o de la Ley 65 de 1982-pero s�lo en cuanto se refiere al n�mero de miembros que conforman cada comisi�n-, se�ala claramente las materias que compete conocer a cada una de las comisiones.

Cabe agregar aqu� que este precepto legal adquiere categor�a constitucional para efectos del tr�mite de las leyes, pues, como lo ha sostenido esta Corporaci�n, "el conjunto de disposiciones de la Carta que regulan el tr�mite de los proyectos de ley debe ser analizado al lado de las muy precisas normas previstas en las leyes reglamentarias, en los casos de expresa remisi�n o referencia constitucional, pues ambas constituyen, sistem�ticamente relacionadas, las reglas pol�ticas b�sicas e ineludibles a las cuales debe someterse el Congreso cuando se trata de proferir o manifestar su voluntad legislativa... En este sentido, las normas reglamentar�as de car�cter legal adquieren, en forma excepcional, rango y fuerza constitucional en los casos en que la misma Carta haga remisi�n expresa a ellas...". (Sentencia 136 de 27 de septiembre de 1990).

Y esos casos son, por ejemplo, los contenidos en el art�culo 81 de la Carta, que dicen: "El primero y segundo debates de cualquier proyecto deber�n verificarse en d�as distintos, salvo la excepci�n que previamente haya se�alado el reglamento"; "los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma que ordena el reglamento no podr�n discutirse ni votarse conjunta o simult�neamente", como tambi�n la remisi�n que hacen los art�culos 72 y 81-2,ibidem, en cuanto a las materias de que debe ocuparse cada Comisi�n permanente de las C�maras, que es el evento que interesa para este estudio.

As� las cosas, una ley puede ser declarada inconstitucional cuando en su formaci�n no se acatan los reglamentos internos de las C�maras en los casos en que la misma Constituci�n hace expresa remisi�n a ellos para efectos del tr�mite legislativo.

Entonces, es preciso analizar qu� materias le compete conocer a la Comisi�n Tercera, que fue en la que se tramit� la ley acusada, y a la Quinta y a la Sexta, que son a las que alude el actor, para poder despachar el cargo.

"... Comisi�n Tercera... Conocer� de hacienda y cr�dito p�blico; impuestos; exenciones tributarias; r�gimen monetario; comercio exterior; aranceles y aduanas; autorizaciones para empr�stitos, bancos, cr�ditos y seguros; enajenaci�n y destinaci�n de bienes nacionales; marcas y patentes; contratos oficiales; expropiaciones, fomento econ�mico; r�gimen agropecuario; minas y petr�leos; corporaciones regionales, sociedades de econom�a mixta y empresas industriales y comerciales del Estado; regulaci�n econ�mica y servicios p�blicos no prestados por el Estado.

"... Comisi�n Quinta... a la cual le corresponde conocer de: educaci�n; salud p�blica; vivienda; calamidades p�blicas y turismo.

"... Comisi�n Sexta... la cual conocer� de: obras p�blicas; transportes; comunicaciones; tarifas; servicios p�blicos..."

En los art�culos 6o y 7o de la Ley 18 de 1990, materia de impugnaci�n, se adiciona la Ley 42 de 1985 en el sentido de asignar al Consejo Nacional de Televisi�n la facultad de prohibir la exhibici�n de pel�culas nacionales o extranjeras que contengan violencia, perversidad o pornograf�a en los espacios de televisi�n que van de siete de ma�ana a diez de la noche; y se le atribuye a la Comisi�n de Vigilancia de la Televisi�n la tarea de velar por el estricto cumplimiento de la disposici�n anterior y adelantar las investigaciones correspondientes por la violaci�n de tal mandato.

Si se toman estas dos disposiciones aisladas del contexto general al cual pertenecen, ciertamente se podr�a llegar a la conclusi�n del actor de que como en ellas se regulan asuntos que tocan con materia de comunicaciones, compet�a a la Comisi�nSexta de ambas C�maras darle tr�mite, criterio que no comparte esta Corporaci�n, pues como se dej� expresado en el punto anterior de esta providencia, cuando seresolvi� sobre la posible violaci�n del art�culo 77 Superior, las normas que integranuna ley deben ser analizadas en su conjunto de forma que todas ellas guardenarmon�a o conexidad con la finalidad o prop�sito de la misma.

Pero como estos art�culos encajan tambi�n dentro del tema de la regulaci�n deservicios p�blicos no prestados por el Estado, cuyo tratamiento corresponde a las comisiones terceras de las C�maras, la Corte declarar� su exequibilidad.

En efecto, el servicio p�blico de televisi�n que en principio presta el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n, adscrito al Ministerio de Comunicaciones, tambi�n se presta por concesionarios privados a quienes por v�a contractual el Instituto otorga espacios de programaci�n. Tales concesionarios utilizan las facilidades t�cnicas del instituto y las frecuencias que controla el Estado, pero no por ello se incorporan a este �ltimo, ni obran por �l. As� presten lo que las leyes han calificado como un servicio p�blico en el ramo de las comunicaciones y est�n sometidos a distintos controles por parte de las autoridades, act�an como sujetos privados y, de hecho, la mayor parte de la programaci�n es desarrollada por ellos.

Acerca del art�culo 8o de la ley acusada, aunque su contenido no guarde relaci�n directa con la prestaci�n del servicio p�blico de televisi�n por personas privadas, por otros aspectos la Corte considera, de acuerdo con las razones que se dieron al examinar el primer cargo de la demanda, que todas las normas que son tema de esta impugnaci�n tratan sobre la misma materia por consiguiente pueden integrar un solo cuerpo normativo.

Se sigue de ah� que por ese factor de conexidad, las comisiones terceras s� pod�an tramitar en primer debate esta iniciativa de manera conjunta con las que acaban de considerarse.

No sobra se�alar que las disposiciones constitucionales sobre distribuci�n de la tarea legislativa entre las distintas comisiones permanentes no pueden interpretarse con excesivo rigor, pues muchos proyectos exhiben facetas diferentes sin que por ello deba tramit�rselos separadamente, seg�n sus distintos ternas, en las comisiones que correspondan a cada uno de ellos.

La unidad de materia que prev� el art�culo 77 de la Constituci�n Nacional puede dar lugar a que una comisi�n se ocupe del tr�mite de asuntos que en principio corresponder�an a otras, en raz�n de sus afinidades con alguno de los de su competencia.

Observa la Corte, por �ltimo, que la declaratoria de exequibilidad en los casos en los cuales la acusaci�n se refiere exclusivamente a aspectos formales, produce efectos de cosa juzgada; pero s�lo en lo que se refiere a los puntos que hayan sido objeto de su examen, no a otros, y espec�ficamente a los que versen sobre el contenido de las disposiciones impugnadas.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de la Sala Constitucional y o�do el concepto fiscal,

Declarar exequibles los art�culos 6�, 7� y 8� de la Ley 18 de 1990, pero �nicamente en relaci�n con la unidad de materia de los mismos y con el hecho de haberlos tramitado las comisiones terceras de las C�maras.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Pablo Julio C�ceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Ricardo CalveteRangel, Jorge Carre�o Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz (salvo el voto), Pedro Augusto Escobar Trujillo (con salvamento de voto), Eduardo Garc�a Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo (salvamento de voto), Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az (salvo el voto), Alberto Ospina Botero (con salvamento de voto), D�dimo P�ez Velandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio (con salvamento de voto),Sim�n Rodr�guez Rodr�guez (con salvamento de voto), Rafael Romero Sierra,Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto), Jaime San�n Greiffenstein, HugoSuesc�n Pujols, Juan Manuel Taires Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez (salvo mi voto),Ram�n Z��iga Valverde (con salvamento de voto), Jes�s Vallejo Mej�a conjuez.

"Con todo comedimento manifestamos nuestra discrepancia de la opini�n mayoritaria, pues creemos que los art�culos 6o, 7o y 8o de la Ley 18 de 1990, acusados en esta acci�n, merec�an ser declarados inconstitucionales ya que el Congreso, en su formaci�n, viol� el art�culo 81-2 de la Carta Pol�tica a trav�s de infracci�n del art�culo 6o de la Ley 17 de 1970 que dispone que los asuntos relativos a educaci�n deben aprobarse en los primeros debates en las comisiones quintas de las C�maras y no en las terceras, como en este caso ocurri�.

"Raramente puede haber un asunto que no presente en s� mismo facetas o aspectos diferentes que lo coloquen dentro de una cierta calidad para efectos de su clasificaci�n por la materia que contiene, de manera que es com�n que un proyecto de ley caiga bajo la competencia de distintas comisiones constitucionales para efectos de su situaci�n en el Congreso; para esos casos y siendo imprudente y basta imposible su aprobaci�n en todas, la Corteha ense�ado que tiene competencia la comisi�n a la que corresponde el tema preponderante o de manera principal y, a falta de esta jerarquizaci�n, a cualquiera de ellas a prevenci�n.

"En el caso sub examine consideramos que colocar la Ley 18 de 1990 bajo la competencia de las comisiones terceras porque �stas conocen de la regulaci�n de los 'servicios p�blicos no prestados por el Estado es err�neo y que la sentencia equivoc� el camino, pues la materia de la ley no es la reglamentaci�n de los programas de televisi�n que como servicio p�blico prestan los particulares a trav�s de los equipos y frecuencias de Inravisi�n, sino la educaci�n integral de los ni�os, su formaci�n moral y su limpieza de gima, tal como se puede obtener, entre otros medios, a trav�s de juguetes y programas de televisi�n y Videocasetes' orientados en ese sentido.

"Cuando la misma sentencia estudi� la materia de la ley para efectos de saber si se violaba o no el art�culo 77 constitucional as� lo dijo y no era l�gico ni resultaba admisible desconocerlo inmediatamente despu�s, como se hizo.

"'De la lectura del articulado de la Ley 18 de 1990 se llega a la conclusi�n que todos sus mandatos est�n encaminados a lograr un mismo objetivo o finalidad como es proteger a los ni�os colombianos de las influencias perjudiciales que les puede ocasionar el uso de juguetes b�licos, como tambi�n la exhibici�n de pel�culas en televisi�n o en Videocasetes' cargados de violencia, pornograf�a o que aten�an contra la moralidad y "las buenas costumbres y que dada la etapa de formaci�n del ni�o pueden llegar a crear en sus mentes formas agresivas o violentas y costumbres que van en contra de la dignidad humana, y de la sana convivencia, motivo por el cual se adoptan medidas que les permitan desarrollar su inteligencia, su creatividad, su destreza, la comprensi�n y entendimiento entre los hombres; en fin, un desarrollo normal dentro de un clima de paz y tranquilidad.'

"Repetimos que, en nuestro sentir, esta caracterizaci�n de la ley debi� mantenerse y que no era leg�timo cambiarla algunos renglones m�s adelante.

"Este desconocimiento se debi� a que se estudiaron los art�culos 6o y 7o en forma aislada y no como parte de un sistema; entonces, tales art�culos s� hablan de programas de televisi�n, pero los dem�s no, el conjunto es mucho m�s amplio y comprensivo y la ley como un todo no deja duda de su naturaleza seg�n su prop�sito, ya expresado.

"Hasta sobra expresar, finalmente, que nuestra petici�n no se basa en las bondades que puedan tener los preceptos acusados -que seguramente fue el criterio que prim� en Sala Plena- sino en su enjuiciamiento desde el punto de vista formal o de su tr�mite."

Pablo C�ceres Corrales, Presidente; Guillermo Duque Ruiz, Pedro AugustoEscobar Trujillo, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Edgar Saavedra Rojas, Jaime San�n Greiffenstein, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde.