300Corte SupremaCorte Suprema300300173641504Hernando Gómez Otálora.198614/08/19861504_Hernando Gómez Otálora._1986_14/08/198630017364AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN QUE INVESTIGO LOS TRÁGICOS HECHOS DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PALACIO DE JUSTICIA. LA FORMA CONSTITUCIONAL DE PERMITIR EL ACCESO PÚBLICO AL CONTENIDO DEL INFORME TENIA QUE SER NECESARIAMENTE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU PUBLICACIÓN POR LEY, BIEN EXPEDIDA POR EL CONGRESO, O BIEN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO CON FUERZA DE TAL. ESTADO DE SITIO. Constitucional el Decreto número 1917 de 1986. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 60. Referencia: Expediente número 1504 (227-E). 1986
El Gobierno Nacional ha remitido a la Corte, en cumplimiento de lo establecido por el Parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, copia auténtica del Decreto número 1917 de 1986, "Por el cual se autoriza la publicación de un informe", para su revisión a la luz de las normas fundamentales.Identificadores30030017365true91478Versión original30017365Identificadores

Norma demandada:  El Gobierno Nacional ha remitido a la Corte, en cumplimiento de lo establecido por el Parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, copia auténtica del Decreto número 1917 de 1986, "Por el cual se autoriza la publicación de un informe", para su revisión a la luz de las normas fundamentales.


AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN QUE INVESTIGO LOS TRÁGICOS HECHOS DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PALACIO DE JUSTICIA. LA FORMA CONSTITUCIONAL DE PERMITIR EL ACCESO PÚBLICO AL CONTENIDO DEL INFORME TENIA QUE SER NECESARIAMENTE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU PUBLICACIÓN POR LEY, BIEN EXPEDIDA POR EL CONGRESO, O BIEN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO CON FUERZA DE TAL. ESTADO DE SITIO.

Constitucional el Decreto número 1917 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 60.

Referencia: Expediente número 1504 (227-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 1917 de 1986, "Por el cual se autoriza la publicación de un informe".

Magistrado Ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 52 de 14 de agosto de 1986.

Bogotá, D. E., agosto catorce (14) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

I. ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional ha remitido a la Corte, en cumplimiento de lo establecido por el Parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, copia auténtica del Decreto número 1917 de 1986, "Por el cual se autoriza la publicación de un informe", para su revisión a la luz de las normas fundamentales.

Fijado en lista el expediente por el termino que establece el Decreto número 0432 de 1969, ningún ciudadano presentó escrito de impugnación o defensa. Remitido al Procurador General, emitió éste el concepto de rigor y se cumplieron los demás trámites legales, por lo cual se procede ahora a adoptar decisión de fondo.

II. TEXTO

El Decreto bajo revisión dice textualmente:

"DECRETO NUMERO 1917 DE 1986

(junio 17)

"por el cual se autoriza la publicación de un informe.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 321 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1º. El informe s que se refiere el artículo 9º del Decreto Legislativo número 3300 de 1985 tiene carácter público. Para asegurar su difusión, el Diario Oficial en edición especial, incluirá su texto completo.

"Artículo 2º. Este Decreto rige desde su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 17 de junio de 1986.

BELISARIO BETANCUR

"El Ministro de Gobierno, Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo; el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hugo Palacios Mejía; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Agricultura, Roberto Mejía Caicedo; el Ministro de Desarrollo Económico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar; el Ministro de Educación Nacional, Liliam Suárez Meló; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (E.) Germán Bula Escobar; el Ministro de Salud, Efraim <sic> Otero Ruiz; el Ministro de Comunicaciones, Nohemí Sanín Posada; el Ministro de Obras Públicas y Transpor­te, Rodolfo Segovia Salas".

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL

El Procurador General de la Nación, a través de Oficio 1053 del 16 de julio de 1986, emitió concepto que concluye en la constitucionalidad del Decreto materia de estudio.

Manifiesta el Procurador que su Despacho no halla en dicho Decreto violación alguna de la Carta por cuanto es inherente a la facultad constitucional de dictar normas legislativas, el poder modificarlas si el legislador ordinario o extraordinario lo consideran conveniente. Eso es lo que sucede con el Decreto número 1917 de 1986, el cual se limita a disponer que el informe a que hace referencia el artículo 9° del Decreto número 3300 de 1985 (declarado constitucional por la Corte), tiene carácter público y que para garantizar su difusión el Diario Oficial en edición especial incluirá su texto completo. Anota también que en la Constitución Nacional está ínsito el principio general de la publicidad de los actos de los diferentes órganos del Estado, correspondiéndole al legislador ya sea ordinario o extraordinario su reglamentación. "Y es así como en la Ley 57 de 1985 se consagra que todos los documentos que reposan en las oficinas públicas son públicos, excepto aquellos que tengan el carácter de reservados según la Constitución o la Ley y los que hagan relación a la defensa o seguridad nacional De otra parte el Código de Procedimiento Penal en su artículo 311 -Decreto número 410 de 1971- (sic) consagra la reserva del sumario. Por tanto, siendo la reserva del sumario de orden legal, más no constitucional, éste puede ser modificado por otro ordenamiento de igual categoría, sin que este hecho impliqueinfracción al Estatuto Superior''.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

De acuerdo con lo previsto por el Parágrafo del artículo 121 de la Constitución, es la Corte Suprema de justicia el Tribunal competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos que, como el 1917 de 1986, han sido expedidos por el Presidente de la República en uso de las especiales atribuciones quele otorga la Carta durante el Estado de Sitio.

2. Aspectos formales.

Verificado el estudio correspondiente, se encuentra que el Decreto bajo estudio fue expedido con el pleno cumplimiento de las formalidades constitucionales, en especial por cuanto se refiere a las firmas del Presidente de la República y las de todoslos Ministros del Despacho.

3. Constitucionalidad del Decreto.

El Gobierno, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Carta y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, por el cual se extendió la declaratoria de turbación del orden público y Estado de Sitio a todo el territorio nacional, creó, mediante Decreto Legislativo número 3300 de 1985, un Tribunal Especial de Instrucción encargado de investigar los hechos que tuvieron ocurrencia durante la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Por fallo del 8 de mayo de 1986 (Magistrado Ponente doctor Jairo Duque Pérez), la Corte encontró que la creación del Tribunal Especial de Instrucción se ajustaba a Las normas constitucionales, toda vez que dicha medida presentaba estrecha cone­xión con las causas de perturbación del orden público invocadas en el Decreto número 1038 de 1984, estaba primordialmente dirigida a lograr una investigación exhaustiva con la celeridad requerida por la gravedad de los hechos y a restablecer el orden jurídico alterado, partiendo del principio cardinal del Estado de Derecho de propiciar una pronta y cumplida justicia.

El Tribunal Especial de Instrucción tenia, como función primordial, la de rendir un informe sobre los resultados de las investigaciones que adelantara.

De dicho informe, según ordenó el artículo 9o del Decreto número 3300 de 1986, se debía remitir una copia al Ministro de Justicia, a la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación y a los jueces competentes para lo de su cargo.

Dado que, por una parte el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal establece, por regla general, la reserva del sumario y que el acto creador del Tribunal Especial no confería a su informe carácter público, podía pensarse fundadamente que dicho informe tenía carácter reservado, máxime cuando se enumeraban taxativa­mente los destinatarios del mismo.

Por tanto, la forma constitucional de permitir el acceso público al contenido del informe tenía que ser necesariamente la autorización expresa de su publicación por la ley, bien expedida por el Congreso, o bien por el Presidente de la República mediante decreto con fuerza de tal.

Tratándose de un tribunal creado a raíz de una perturbación del orden público, con objeto, funciones y atribuciones especiales, por Decreto apoyado en facultades propias del Estado de Sitio, se hallaba autorizado el Gobierno por la Constitución para señalar, a través de los mismos mecanismos constitucionales, cuál era el carácter -público o reservado- del informe que el Tribunal rindiera. Y así como en uncomienzo el legislador excepcional le dio tratamiento reservado, estaba implícito ensus atribuciones -mientras estuviera vigente el Estado de Sitio- modificar dicha norma y conferirle carácter público.

Desde luego, si ello choca con el principio de reserva sumarial contemplado en el Código de Procedimiento Penal, el gobierno no hizo cosa distinta de ejercer la atribución constitucional (artículo 121)de suspender las leyes vigentes contrarias al Estado de excepción.

Por último, subraya la Corte que el Decreto no autorizó la publicación del sumario sobre los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre del año pasado en el Palacio de justicia, sino del informe del Tribunal que adelantó la investigación correspondiente, el cual tenía una vocación pública dada la naturaleza de los hechos sobre los cuales versaba y el marcado interés de la opinión por conocerlos de una fuente que inspirara confiabilidad.

El Decreto revisado no contraría el artículo 121 ni ninguna otra disposición de la Carta.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justi­cia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

DECIDE:

Declarar constitucional, por no ser contrario a la Carta Política, el Decreto Legislativo número 1917 de 1986 (junio 17), "Por el cual se autoriza la publicación de un informe".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández (salvamento de voto); Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Humberto De la Calle Lombana, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz (con salvamento de voto); HéctorMarín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Faino Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jaime Pinzón López, Edgar Saavedra Rojas, Hernando Tapias Rocha, Guillermo Salamanca Molano.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria General

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR

Que el Magistrado Guillermo Dávila Muñoz, no asistió a la Sala Plena del día catorce (14) de agosto del presente año, por encontrarse en uso de permiso.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

De los Magistrados José Alejandro Bonivento Fernández y Juan Hernández Sáenz

El Decreto Legislativo número 1917 de 1986, en revisión ante la Corte, dispuso que fuera de conocimiento público el informe que rindió el Tribunal Especial de Instrucción, creado para investigar los delitos cometidos los días 6 y 7 de noviembrede 1985 con ocasión de la torna violenta del Palacio de Justicia.

La determinación de publicar documentos oficiales resulta inofensiva, en apariencia, desde el punto de vista constitucional porque en los Estados democráticos, como el nuestro, es de usanza que los gobernados conozcan las actuaciones de los gobernantes, salvo en excepciones consagradas por la ley.

Pero acontece que la fuente del Decreto Legislativo número 1917 es el artículo 121 de la Carta, que consagra un régimen jurídico excepcional y transitorio, donde las facultades del Presidente de la República no son ilimitadas y absolutas sino apenaslas indispensables para restablecer el orden público, al eliminar los motivos que llevaron a su turbación y a la declaratoria del estado de sitio que prevé el artículo 121.

Es así como el Decreto mediante el cual se declara el dicho estado de sitio, el Presidente de la República debe indicar los móviles concretos que determinan la adopción de tal medida, que han de consultarse previamente al Consejo de Estado y que delimitan de manera exacta la órbita de acción del Presidente, tanto en su potestad legislativa extraordinaria y provisional como en su facultad de suspender la legislación preexistente cuya vigencia demore o entorpezca el pronto restablecimiento del orden público, que es la finalidad única del régimen del estado de sitio.

Así lo enseñan claramente los incisos 2° y 3° del propio artículo 121.

De lo anterior se concluye con absoluta claridad que los Decretos Legislativos tendientes a regular materias distintas de aquellos hechos que se adujeron expresamente como determinantes de la declaración del estado de sitio, son contrarios; a lo estatuido y, por el artículo 121 de la Carta Políticacalificados como inexequibles.

Por otra parte., no cabe duda ninguna en cuanto a que la tarea encomendada al Tribunal Especial de Instrucción fue una investigación criminal. O sea que su informe,sinser todo el sumario sobre los abominables hechos del Palacio de justicia,sí era parte de éste necesariamente.

Y como la legislación ordinaria, es decir la preexistente al estado de sitio, impone la reserva para las investigaciones en materia penal, por la razón obvia de que así lo exigen sus posibilidades de éxito, la suspensión de aquella reserva sumarial mediante Decreto Legislativo, ya para un caso específico o ya de manera general, requiere que dentro de los motivos en que se fundó la adopción del llamado régimen de la legalidad marcial se haya invocado como causa de la intranquilidad ciudadana que les sumarios sean reservados o que la difusión de su contenido contribuya a restablecer el sosiego colectivo. Tales motivaciones son de ocurrencia prácticamente inverosímil.

Al examinar, ya en el caso concreto, los motivos que se expusieron para declarar en estado de sitio todo el territorio nacional mediante el Decreto Legislativo número 1038 de 1984, no aparece en parte alguna mencionada como causa de la turbación del orden público que las investigaciones criminales .sean legalmente reservadas.

Cae de su peso, por lo tanto, que el Decreto Legislativo número 1917 de 1986, dictado con fundamento en las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 121 de la Constitución Política, para levantar la reseña en una pesquisa en lo penal, choca frontalmente contra el mencionado artículo 121y así ha debidodeclararlo la Corte, en guarda de la integridad de nuestro supremo estatuto.

No sobra añadir ahora lo que expusimos en salvamento de voto el ilustre Magistrado doctor Alfonso Reyes Echandía, fallecido trágicamente en los horrendos sucesos del Palacio de Justicia, el Magistrado doctor Gustavo Gómez Velásquez y el suscrito Magistrado Hernández Sáenz (Expediente número 1346, revisión constitu­cional del Decreto Legislativo número 1658 de 1985, fallo del 15 de agosto de 1985 pronunciado por la Sala Plena):

"Nos apartamos de la decisión mayoritaria de la Sala Plena, por cuanto consideramos que el Decreto Legislativo número 1658 de 1985 es inconstitucional en atención a las siguientes razones:

"1. Los fundamentos motivacionales de un decreto basado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, no pueden ser distintos de los que el Gobierno tuvo enconsideración para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo o partedel territorio nacional, ya sea que ellos persistan con sus caracteres originales o bienporque se hayan proyectado hacia el futuro con dinámico desarrollo evolutivo.

"No puede aceptarse, pues, que hechos o fenómenos desligados causalmente de los que determinaron la inicial declaración del estado de sitio, sirvan de fundamento jurídico a nuevos decretos legislativos cuya materia evidencia ostensible divorcio con la situación generadora de la primitiva alteración del orden social. Al admitirse esa situación, los decretos que constitucionalmente han de contener instrumentos jurídicos aptos para regresar a la normalidad, sirven sólo para prolongar una situación que ya no puede ser considerada como excepcional; además, mediante ese ingenioso mecanismo los considerandos de un decreto de estado de sitio constituyen realmente implícitas declaraciones de nueva perturbación del orden público, con violación del espíritu del artículo 121 de la Carta y de la letra del artículo 141, ordinal 1º de la misma Constitución, que obliga al Gobierno a consultar previamente al Consejo de Estado si en verdad se dan las causas que hagan necesaria la extrema solución de la llamada legalidad marcial.

"La tolerante interpretación de aquellas normas, en el sentido de que aún hechos posteriores a los que determinaron la inicial declaración del estado de sitio y sin relación consecuencial con ellos permiten tratamiento jurídico dentro del marco de los decretos legislativos, es lo que ha hecho posible que un fenómeno constitucionalmente creado para una precaria y excepcional duración en el tiempo, se haya prolongado indefinidamente hasta el punto que de los últimos treinta años de vida institucional el país ha debido soportar más de veinte bajo el régimen del artículo 321. De esta manera se ha logrado el extraño y peligroso milagro de convertir lo transitorio en permanente".

Dejamos así expresadas las razones que nos llevaron a disentir del fallo recaído en este asunto.

Fecha ut supra.

José Alejandro Bonivento Fernández, Juan Hernández Sáenz.