300Corte SupremaCorte Suprema300300173211728Jaime Sanín Greiffenstein198804/02/19881728_Jaime Sanín Greiffenstein_1988_04/02/198830017321DADO QUE LA COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE O COMISIÓN DEL PLAN HA SIDO CREADA Y REGULADA DIRECTAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN , NO ES MENESTER QUE LA LEY LA REGLAMENTE PARA QUE PUEDA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SENADO Y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. Exequible el artículo 1 o de la Ley 65 de 1982. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 6. 1988
Cerveleón Padilla LinaresAcción de inexequibilidad contra el artículo 1º de la Ley 65 de 1982, sobre integración de las Comisiones de la Cámara y Senado.Identificadores30030017322true91854Versión original30017322Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra el artículo 1º de la Ley 65 de 1982, sobre integración de las Comisiones de la Cámara y Senado.


DADO QUE LA COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE O COMISIÓN DEL PLAN HA SIDO CREADA Y REGULADA DIRECTAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN, NO ES MENESTER QUE LA LEY LA REGLAMENTE PARA QUE PUEDA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SENADO Y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

Exequible el artículo 1o de la Ley 65 de 1982.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 6.

Referencia: Expediente número 1728.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 1º de la Ley 65 de 1982, sobre integración de las Comisiones de la Cámara y Senado.

Actor: Cerveleón Padilla Linares.

Magistrado ponente: Doctor Jaime Sanín Greiffenstein.

Aprobada según Acta número 3.

Bogotá, D. E., febrero cuatro (4) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

I. ANTECEDENTES

Ante esta Corporación, el ciudadano Cerveleón Padilla Linares, en ejercicio de la acción pública reconocida por el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 1º de la Ley 65 de 1982.

Admitida la demanda, se dio traslado de ella al señor Procurador General de la Nación, a quien la Sala Constitucional le aceptó la solicitud de impedimento oportunamente presentada, debido a su intervención como Representante a la Cámara en la discusión y aprobación de la ley en estudio; razón por la cual correspondió al Viceprocurador General de la Nación emitir el concepto de rigor.

II. NORMA ACUSADA

El texto de la disposición acusada es el siguiente:

"LEY 65 DE 1982

(diciembre 30)

Por la cual se establece el número de miembros de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo primero. Las Comisiones Constitucionales Permanentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, tendrán el número de miembros que se determinan a continuación:

Comisión primera: 19 miembros en el Senado y 33 en la Cámara.

Comisión Segunda: 10 miembros en el Senado y 19 en la Cámara.

Comisión tercera: 19 miembros en el Senado y 33 en la Cámara.

Comisión Cuarta: 25 miembros en el Senado y 51 en la Cámara.


Comisión Quinta: 10 miembros en el Senado y 19 en la Cámara.

Comisión Sexta: 10 miembros en el Senado y 15 en la Cámara.

Comisión Séptima: 10 miembros en el Senado y 14 en la Cámara.

Comisión Octava: 11 miembros en el Senado y 15 en la Cámara.


Parágrafo.: La Comisión Cuarta será integrada en el Senado por un (1) Senador por cada departamento y dos (2) Senadores más por los territorios nacionales, y en la Cámara de Representantes por dos (2) Representantes por cada departamento y cinco (5) más por los Territorios Nacionales".

III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Aduce el actor que el artículo 1º de la Ley 65 de 1982, al determinar el número de miembros que en cada una de las Cámaras deben integrar las distintas Comisiones Constitucionales Permanentes, viola el canon 72 de la Carta, ya que al distribuir los 313 Congresistas entre ocho Comisiones Constitucionales, sin proveer el número de miembros que le corresponde a la Comisión Especial Permanente del Plan, desconoce el mandato constitucional antes mencionado, según el cual la ley debe determinar el número de Comisiones Permanentes y el de sus miembros.

Al no designar el número de miembros que deben integrar la Comisión del Plan, "la Ley 65 de 1982 viola también ostensiblemente el artículo 80 de la Constitución", toda vez que impide la existencia de la Comisión Permanente que debe ocuparse de dar primer debate a los proyectos de ley sobre planes y programas de desarrollo económico y social, desconociendo así mismo, lo dispuesto por la Constitución en el artículo 76-4 acerca de la facultad del Congreso para fijar, a iniciativa del Gobierno "los planes y programas de desarrollo económico y social a que debe someterse la economía nacional".

Implícitamente también el legislador ignoró el artículo 218 de la Constitución Nacional al pretender, mediante una ley ordinaria, modificar las exigencias constitu­cionales sobre conformación y funcionamiento de una de las Comisiones Constitu­cionales Permanentes.

IV. CONCEPTO DEL VÍCEPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Viceprocurador General de la Nación realiza un detallado análisis de la Ley 17 de 1970, por la cual se dictan normas sobre las comisiones del Congreso Nacional, llegando a la siguiente conclusión:

1. Los artículos 1º y 2º establecen que la Comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social estará compuesta por un Senador y un Representante a la Cámara por cada departamento, y por dos representantes por las intendencias y comisarías. En los artículos 3º a 4º señala sus atribuciones y planta de personal, y crea su organismo asesor.

2. Para el funcionamiento normal del Senado y Cámara y con el fin de que se dé primer debate a los proyectos de ley referentes a los asuntos de su competencia, crea 8 Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras, compuestas por el número de Congresistas, allí previsto (artículo 6º).

El Congreso Nacional por medio de la Ley 65 de 1982, modificó esta disposi­ción, pero únicamente en relación con el número de Congresistas que deberían integrar cada una de las Comisiones.

3. A renglón seguido, la Ley 17 de 1970 estructura las diferentes clases de comisiones legales: Comisión de la Mesa, Comisión de Credenciales y Comisión de justicia en ambas Cámaras, Comisión Instructora del Senado y Comisión de Acusa­ciones de la Cámara.

Finalmente regula las Comisiones Accidentales para el cumplimiento de misio­nes y tareas transitorias, que deban cumplirse por ambas Cámaras.

De acuerdo con el estudio que hace la Ley 17 de 1970, el Viceprocurador General de la Nación, concluye que el artículo 1º de la Ley 65 de 1982, no viola los artículos 72, 76-4, 80 y 128 de la Carta, por las siguientes razones:

1. La integración de las Comisiones Constitucionales Permanentes de las Cámaras Legislativas se llevó a cabo por medio de la Ley 17 de 1970. La Ley 65 de 1982 no derogó las normas reglamentarias relacionadas con la Comisión del Plan, sino que se limitó a establecer la nueva distribución del número de congresistas que integran las Comisiones Constitucionales Permanentes, sin que nada impida que éstas, eventual o permanentemente, si así lo vuelve a ordenar el legislador, como estaba previsto en la Ley 17 de 1970, participan simultáneamente en la Comisión del Plan, en la oportunidad en que el Congreso decidiera ponerla en funcionamiento.

2. El artículo 1º acusado, tampoco resulta violatorio del artículo 72 de la Constitución Nacional, ya que al legislador le cabe la facultad constitucional de señalar el número de los integrantes de las Comisiones Constitucionales Permanen­tes, lo que hizo al redistribuir la cantidad de Senadores y Representantes correspondientes a cada Comisión Constitucional Permanente, modificando sólo en este la Ley 17 de 1970.

3. Por consiguiente, el legislador al expedir la Ley 65 de 1982, no modificó, ni pretendió modificar el artículo 218 de la Constitución.

Con fundamento en lo expuesto, el Viceprocurador General de la Nación, solicita a la Corte Suprema de justicia, la declaratoria de exequibilidad del artículo 1º de la Ley 65 de 1982.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Al tenor del artículo 214 de la Constitución Nacional, a esta Corporación le corresponde decidir definitivamente sobre la exequibilidad de leyes cuando sean acusadas ante ella de inconstitucionalidad total o parcialmente por cualquier ciudadano. Como la disposición objeto de la presente demanda forma parte de una ley, y el demandante es ciudadano colombiano, puesto que se identifica con la cédula de ciudadanía número 19397205 expedida en Bogotá, es competente la Corte para pronunciarse sobre la exequibilidad de la disposición acusada.

2. La acusación formulada por el actor en su demanda versa sobre la violación de los artículos 32, 72 (inciso 2o), 76 (ordinal 4º), 80 y 218 de la Constitución, en que pudo haber incurrido el artículo 1º de la Ley 65 de 1982 por no haber mencionado entre las Comisiones Constitucionales Permanentes, la Comisión Especial Permanente prevista por el artículo 80 de la Constitución Nacional, también denominada Comisión del Plan.

Según el parecer del actor, la disposición acusada "impide la existencia y conformación de la Comisión Especial Permanente que se ocupará del Plan de Desarrollo Económico y Social".

3. Los artículos 72 y 80 de la Constitución Nacional regulan lo relativo a las Comisiones Permanentes del Congreso y dan base para clasificarlas en dos grandes categorías:

Las Comisiones Permanentes Ordinarias: previstas por el artículo 72 de la Constitución Nacional, que tienen por función principal tramitar el primer debate delos proyectos de ley, la cual fija su número y el de sus miembros, así como las materias de que cada una debe ocuparse; la Comisión Especial Permanente o Comisión del Plan, encargada de dar primer debate a los proyectos a que se refieren el ordinal 4º del artículo 76 de la Constitución Nacional y el inciso 5º del artículo 79 y de vigilar la ejecución de planes y programas de desarrollo económico y social, lo mismo que la evolución del gasto público. Esta comisión, al contrario de las demás permanentes, es de composición interparlamentaria y el número de sus miembros, así como la forma de integrarla, han sido objeto de regulación por el artículo 80 de la Constitu­ción Nacional.

4. Se sigue de lo anterior que cuando el artículo 1º de la Ley 65 de 1982 se ha referido a "las Comisiones Constitucionales Permanentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes", ha desarrollado claramente la autorización que otorga al Congreso el artículo 72 de la Constitución Nacional en su inciso 2º, en el sentido de determinar el número de Comisiones Permanentes y el de sus miembros. Nótese que la disposición no regula las materias de que cada una de las Comisiones debe ocuparse, cuestión que continúa rigiéndose por la Ley 17 de 1970, la cual ha diferenciado nítidamente la Comisión del Plan y las Comisiones Permanentes Ordinarias.

5. Dado que la Comisión Especial Permanente o Comisión del Plan ha sido creada y regulada directamente por la Constitución, no es menester que la ley la reglamente para que pueda entrar en funcionamiento, por lo cual la omisión que endilga el actor a la disposición acusada no es de suyo motivo para declararla inexequible. Lo sería si, al regular el número y la composición de las Comisiones Permanentes Ordinarias, hiciera imposible la integración o el funcionamiento de laComisióndel Plan, o si les adjudicara a aquéllas funciones que la Constitución reserva exclusivamente a esta última. Pero tal no ha acontecido en el caso subexamine, como pasa a considerarse en seguida.

6. La supuesta incompatibilidad entre el artículo acusado y la existencia y conformación de la Comisión del Plan parece ser consecuencia de que, como aquél prevé la distribución de la totalidad de los Senadores y Representantes entre las Comisiones Permanentes de una y otra Cámara, y el artículo 5º de la Ley 7a de 1945, dispone que "ningún miembro del Congreso podrá formar parte de más de una Comisión Constitucional Permanente", si se aplicase esta última disposición no sería posible integrar la Comisión del Plan. Pero la prohibición de que trata el artículo 5º de la Ley 7ª de 1945, es legal, no constitucional, y mediante una interpretación razonable se puede llegar a la conclusión de que versa sobre las Comisiones Perma­nentes Ordinarias, que son las que había previsto la Reforma Constitucional de 1945, y no sobre la Comisión del Plan, que procede de la Reforma de 1968.

El hecho de que por disposición legal cada Congresista deba integrar una Comisión Permanente Ordinaria y no pueda formar parte de varías de esas Comisio­nes, no impide entonces la integración de la Comisión del Plan.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en -Sala Plena- oído el concepto del Procurador General de la Nación, y previo estudio de su Sala Constitu­cional,

resuelve:

DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 65 de 1982.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Rafael Baquero Herrera,Juan Hernández Sáenz, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Osear Peña Álzate, Conjuez; Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, RamónZúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario