300Corte SupremaCorte Suprema300300172271650 (245E)Jesús Vallejo Mejía.198716/06/19871650 (245E)_Jesús Vallejo Mejía._1987_16/06/198730017227AUNQUE NO SE TRATA DE LA CREACION DE UNA JURISDICCION ESPECIALIZADA, DIFERENTE DE LA ORDINARIA, DE LA QUE FORMARIA PARTE EL TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCION, ESTE NO SE INTEGRA ADECUADAMENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA RAMA JURISDICCIONAL, PUES NO SE SITUA DENTRO DEL ENGRANAJE JURIDICO EXISTENTE. ESTADO DE SITIO. CONEXIDAD. Inconstitucional en todas sus partes el Decreto número 750 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 58. Referencia: Expediente número 1650 (245-E). 1987
Revisión constitucional del Decreto número 750 de abril 25 de 1987 "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal".Identificadores30030017228true91340Versión original30017228Identificadores

Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto número 750 de abril 25 de 1987 "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal".


AUNQUE NO SE TRATA DE LA CREACION DE UNA JURISDICCION ESPECIALIZADA, DIFERENTE DE LA ORDINARIA, DE LA QUE FORMARIA PARTE EL TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCION, ESTE NO SE INTEGRA ADECUADAMENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA RAMA JURISDICCIONAL, PUES NO SE SITUA DENTRO DEL ENGRANAJE JURIDICO EXISTENTE. ESTADO DE SITIO. CONEXIDAD.

Inconstitucional en todas sus partes el Decreto número 750 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 58.

Referencia: Expediente número 1650 (245-E).

Revisión constitucional del Decreto número 750 de abril 25 de 1987 "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal".

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada por Acta número 28.

Bogotá, D. E., junio dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

En oficio fechado el 27 de abril de 1987, el Secretario General de la Presidencia de la República procedió a enviar a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 750 del 25 de los mismos mes y año, para su revisión constitucional, de acuerdo con lo que ordena el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Durante el término de la fijación en lista se presentaron impugnaciones de parte de los ciudadanos Antonio José Cancino M., Fabio Espitia Garzón, Martha Lucía Zamora Avila, Diego Corredor, Luis C. Lyons, Vicente Noguera Paz, Santiago Uribe Ortiz, Marco Aurelio Villamizar, Héctor M. Barragán, Alejandro Bañol, Luz Adriana Pulido, Fernando J. Escobar M., Luis Alberto Gil, Edgar M. Ruiz, Carlos A. Toro L. y Fernando Duarte Polo.

Del negocio se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto oportunamente.

Surtidos los trámites que la Constitución y el Decreto número 432 de 1969 prevén para esta clase de actuaciones, procede decidir sobre el fondo del asunto.

II. TEXTO DEL DECRETO QUE SE REVISA

El texto del Decreto que se revisa es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 750 DE 1987

(abril 25)

"Por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 y,

CONSIDERANDO

"Que en diversas partes del territorio nacional se han venido cometiendo hechos criminales que causan un grave traumatismo social y crean dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público;

"Que es indispensable fortalecer los organismos de investigación del Estado con la creación de un Tribunal Especial de la más alta jerarquía que contribuya al esclarecimiento de esa perturbadora modalidad delictiva;

"Que es deber del Gobierno velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia,

DECRETA

"Artículo 1° Créase un Tribunal Especial de Instrucción integrado por tres (3) Magistrados, elegidos por la Corte Suprema de justicia, con competencia en todo el territorio nacional, que funcionará mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional.

"Artículo 2° Corresponde al Tribunal Especial de Instrucción investigar los delitos contra la vida y la integridad personal que causan una especial conmoción social, de modo tal que agravan la perturbación del orden público y dificultan su restablecimiento.

"Artículo 3° Los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción deberán acreditar las mismas calidades que la Constitución Política exige para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de éstos y se posesionarán ante el Presidente de la República.

"Artículo 4° El Ministerio Público ante el Tribunal será ejercido por un Fiscal Especial designado por el Procurador General de la Nación, el cual tendrá la misma categoría y remuneración de los Magistrados ante los cuales actúa.

"Artículo 5° E] Tribunal Especial de Instrucción tendrá todas las atribuciones que las normas vigentes contemplan en materia de instrucción criminal.

"La Dirección Nacional de Instrucción Criminal y sus Direcciones Seccionales, pondrán a disposición del Tribunal que se crea los jueces de Instrucción necesarios para atender las comisiones que sus Magistrados les confieran.

"Las diligencias instructivas serán ordenadas por el Magistrado a quien por reparto le haya correspondido el asunto y podrán ser practicadas directamente por él o por el juez o jueces de Instrucción Criminal que comisione para el efecto.

"La Policía judicial despachará, con prioridad sobre cualquier otro asunto, las solicitudes que formulen el Tribunal Especial o los jueces de instrucción por él comisionados.

"Artículo 6° La providencia mediante la cual el Tribunal asume la investigación de un delito o delitos, tiene el efecto de desplazar a cualquiera otra autoridad judicial que viniere conociendo del asunto. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deben remitirse al Tribunal las diligencias que ya se hubieren practicado.

"La notificación de esta providencia se efectuará de acuerdo con las normas procesales ordinarias, pero simultáneamente se publicará en un diario de amplia circulación nacional. Contra ella cabe recurso de reposición.

"Esta disposición no se aplicará cuando de acuerdo con la Constitución o las leyes el sindicado deba ser juzgado por un tribunal o juez especial.

"Artículo 7° Los empleados oficiales están obligados a prestar su colaboración a los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción y a los Jueces de Instrucción, en forma preferencial y directa. Para tal fin todas las entidades públicas tomarán las medidas administrativas necesarias.

"No podrá oponerse reserva alguna respecto de los documentos, informes y declaraciones que requieran el Tribunal y los jueces de Instrucción.

"Artículo 8° Incurrirá en causal de mala conducta, sancionable con destitución, que impondrá el respectivo superior previa audiencia del inculpado, el empleado oficial que no preste la colaboración que de él se requiera o que sin justa causa la retarde.

"Artículo 9° Las entidades públicas, de cualquier orden, suministrarán a sus propias expensas, la colaboración que el Tribunal les demande, en campos tales como: medicina legal, criminalística, balística, toxicología y, en general, cualquiera otros que sirvan para el esclarecimiento de los hechos investigados.

"Así mismo, atenderán de inmediato los requerimientos que el Tribunal les formulen en relación con medios de transporte y comunicaciones para el adecuado ejercicio de sus funciones.

"Artículo 10. Las actuaciones del Tribunal se cumplirán en Sala Unitaria, salvo para la adopción de la providencia con que concluye la investigación, que será adoptada, en Sala Plena, por la mayoría de sus integrantes.

"Artículo 11. Concluida la investigación, y efectuada la calificación correspondiente, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, para que ésta, como juez de única instancia, decida sobre el proceso.

"Una vez ejecutoriada, esta providencia se hará pública.

"Artículo 12. La Corte Suprema de Justicia, -Sala de Casación Penal-, o el juez o tribunal especial competente para fallar el proceso, podrán disponer la ampliación de la investigación por un término máximo de treinta (30) días.

"Artículo 13. El Tribunal Especial de Instrucción, tendrá la siguiente planta de personal:

Número

Cargo

Grado

3

Magistrado de Tribunal Especial de Instrucción

6

Magistrado Auxiliar

1

Secretario

20

3

Oficial Mayor

09

10

Escribiente

08

3

Citador

04

6

Chofer

05

"Artículo 14. La Fiscalía Especial ante el Tribunal Especial de Instrucción, tendrá la siguiente planta de personal:

Número

Cargo

Grado

1

Fiscal Especial de Instrucción

1

Abogado Asesor

20

1

Secretario

18

1

Sustanciador

11

1

Citador

04

1

Chofer

05

"Artículo 15. En lo no previsto por este Decreto, se aplicarán al Tribunal Especial de Instrucción las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 16. Autorízase al Gobierno para realizar todas las operaciones presupuestales necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.

"Los contratos que deba celebrar el Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia para el adecuado funcionamiento del Tribunal Especial de Instrucción, sólo requerirán para su celebración y validez de la firma de las partes y registro presupuestal.

"Artículo 17. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá a los 25 días del mes de abril de 1987.

"VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa; el Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes; El Ministro de justicia, Eduardo Suescún Monroy; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, César Gaviria Trujillo; el Ministro de Defensa Nacional, General Rafael Samudio Molina; el Ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra Dussán; El Viceministro de Desarrollo Económico, encargado de las funciones del despacho del Ministro, Fernando Panesso Serna; el Ministro de Minas y Energía, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Obras Públicas y Transporte, Guillermo Perry Rubio; la Ministra de Educación Nacional, Marina Uribe de Eusse; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado del despacho del Ministro de Salud, Diego Younes Moreno; el Ministro de Comunicaciones, Edmundo López Gómez".

III. INTERVENCIÓN CIUDADANA

Las impugnaciones presentadas oportunamente y a las cuales se hará referencia en este fallo en el capítulo de consideraciones de la Corte, son en síntesis las siguientes, según resumen que ofrece la vista fiscal:

1. Los ciudadanos Antonio José Cancino Moreno, Fabio Espitia Garzón, Martha Lucía Zamora Avila, Diego Corredor, Luis Lyons, sostienen básicamente que el Decreto número 750 viola los artículos 55, 120-7, 121, 26 y 25 de la Constitución Nacional, sintetizando sus argumentos en los puntos que a continuación se enumeran:

"El Tribunal Especial no soluciona problemas creados por miembros de las Fuerzas Militares, porque los exceptúa.

"Existen delitos que a pesar de ser iguales, son más graves que otros. "Se hace necesario determinar si el delito causa o no conmoción social.

"Se viola el artículo 26 de la Constitución Nacional, pues no existen las dos instancias.

"Se infringen los artículos 55, 120-7, 121 y 25 de la Carta sobre oposición de reserva.

"Finalmente aducen razones de conveniencia.

"2. El ciudadano Vicente Noguera Paz acusa los artículos 1°, 6°, 11 y 12 del Decreto número 750, por violación del artículo 121 de la Carta Política y por suspensión del Código de Procedimiento Penal. Igualmente aduce algunas razones de conveniencia y expresa que dicho Decreto crea impunidad. Y agrega que al sancionarse a alguien con normas temporales, al levantarse el estado de sitio, debe liberarse a los condenados.

"3. El ciudadano Santiago Uribe Ortiz expresa que se violan los artículos 147 a 164 de la Constitución Nacional. La Carta no autoriza la creación de categorías de Tribunales, además de que el creado es un Tribunal de Instrucción y no un Tribunal fallador.

"Que según el artículo 63 constitucional todo cargo debe tener sus funciones claramente definidas y el Tribunal Especial no las tiene, pues ellos deciden cuándo tienen o no competencia.

"Agrega que se viola el debido proceso, el principio de las dos instancias, se crean privilegios, y se infringe el principio de la igualdad de las personas ante la Ley.

"Expresa que no existe relación de conexidad entre el Decreto número 750 y las causales de perturbación del orden público, pues en nada busca restaurar el orden perturbado.

"Señala que en cada circunscripción judicial debe haber un Tribunal.

"4. El ciudadano Marco Aurelio Villamizar Rondón, simplemente se limita a aducir razones de conveniencia y de desigualdad.

"5. El ciudadano Héctor Manuel Barragán Collazos, expresa que: se establece preferencia entre los Tribunales del país. Que determinar la estructura de la administración pública es atribución del Congreso y no del Presidente de la República.

"Expresa que se discrimina a las personas.

"Se infringe el artículo 207 de la Constitución Nacional pues el gasto público solamente corresponde efectuarlo al Congreso mas no al Presidente de la República.

"6. El ciudadano Alejandro Augusto Bañol Betancur, sostiene que:

"Sólo la ley puede crear Tribunales y no los decretos legislativos, pues si bien son iguales en sus efectos, una ley no es decreto y viceversa.

"El Decreto número 750 viola los artículos 58, 76, 55 y 121 de la Carta Política.

"7. Los ciudadanos Luz Adriana Pulido Díaz y Fernando Javier Escobar Moncada, expresan que el Decreto número 750 viola los artículos 2°, 55, 16 y 58 de la Constitución Nacional, porque:

"El poder ejecutivo asume funciones del poder jurisdiccional.

"Es injusto gastar tanto dinero en pagar el Tribunal, cuando los juzgados no tienen elementos para trabajar.

"El derecho a la protección es para todos y no para unos cuantos.

"El Congreso es el único que podía crear el Tribunal y no el Presidente de la República.

"8. Los ciudadanos Luis Alejandro Díaz, Luis Alberto Gil Zamora y Edgar Mauricio Ruiz Rodríguez manifiestan que el Decreto número 750 viola los artículos 2°, 55, 76-9 , 26, 16, 116 y 119-2 del Estatuto Fundamental por cuanto: Se invadió la órbita de la rama jurisdiccional. El Presidente debe velar porque se administre justicia. El Tribunal viola la estructura jurisdiccional del país.

El Congreso es el que crea a los Tribunales.

"No hay relación de conexidad entre el Decreto número 750 y las causales que invocó el gobierno para declarar turbado el orden público.

"E] Decreto número 750 afecta el principio de las dos instancias y establece diferencias entre los ciudadanos por cuanto los divide.

"9. El ciudadano Carlos Arturo Toro López, señala que: Falta la debida relación de causalidad entre el Decreto número 750 y el Estado de Sitio.

"Se viola el principio de las dos instancias y se suspende el Código de Procedimiento Penal.

"El Nuevo Código de Procedimiento Penal deroga tácitamente el Decreto Legislativo número 750 de 1987.

"Por la forma como está concebido el Decreto número 750 de 1987, faltan las firmas de dos ministros del Despacho. También aduce razones de ilegalidad.

"Pide acumular Decretos números 750 y 790 de 1987.

"10. El ciudadano Hernando Duarte Polo dice que se vulneran los artículos 2°, 10, 20, 22, 26, 55, 121, 150, 152, 153 y casi todo el Título III de la Constitución Nacional, y agrega que:

"El Ejecutivo no puede desquiciar caprichosamente la Rama jurisdiccional.

"Si la Constitución sólo permite operar un solo Tribunal en cada Distrito judicial, no puede el Gobierno crear 'Tribunalitos', porque ello implica violar la Carta. Este es un Tribunal de mejor Entidad que los demás lo que viola el artículo 153.

"Los Decretos de Estado de Sitio no pueden derogar la ley. El Decreto número 750 crea discriminaciones e infringe el principio de igualdad.

"Desconoce el principio de las dos instancias".

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de exequibilidad del Decreto en revisión.

Considera que no es susceptible de glosa alguna por su forma ni por su conexidad con los motivos que dieron lugar al establecimiento del Estado de Sitio. En su opinión, no se da en este caso acumulación alguna de la autoridad judicial y la política, ni ha habido creación de categorías entre los Tribunales del país. Tampoco encuentra en el Decreto violación al principio del debido proceso, por cuanto la Constitución no garantiza las dos instancias, ni al de igualdad de las personas frente a la ley, que no puede entenderse en sentido matemático.

Se refiere en particular a la elección del Fiscal del Tribunal Especial para concluir "que no siendo de creación constitucional el Fiscal Especial del Tribunal a que hace referencia el Decreto número 750 de 1987, puede el legislador de excepción sin traba alguna señalar su forma de designación, categoría y remuneración sin violar canon constitucional alguno". Por último, dice que no se ha incurrido en desconocimiento de las normas sobre gasto público, "por cuanto en Estado de Sitio el gobierno actúa como legislador de excepción y por ello puede proceder, con las autorizaciones concedidas por el artículo 16 del Decreto que se estudia a hacer las correspondientes operaciones presupuestales, siempre y cuando que las medidas que al respecto adopte, conserven el necesario nexo de causalidad con los hechos que originaron la perturbación".

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Como se trata de un Decreto Legislativo expedido por el gobierno en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, es competente la Corte para decidir oficiosamente sobre su constitucionalidad, al tenor de dicho artículo y del 214 de la Constitución.

2. Exige el inciso 2° del artículo 121 C.N. que los Decretos Legislativos que dicte el Presidente dentro del Estado de Sitio lleven la firma de todos los ministros.

El Decreto que se revisa aparece firmado por el Presidente de la República y por los ministros que integran el gabinete ejecutivo, pero dos de ellos lo hacen como encargados de otros ministerios. En efecto, el de Minas y Energía suscribe como encargado del despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y el de Trabajo y Seguridad Social lo hace como encargado del despacho del Ministerio de Salud. Así mismo el Viceministro de Desarrollo Económico firma como encargado de las funciones del despacho del ministro.

Esto ha dado pie para uno de los motivos de impugnación formulados por el ciudadano Carlos Arturo Toro López, quien considera que los viceministros no pueden ejercer las funciones asignadas por la Constitución a los ministros titulares, y que tampoco es posible que éstos deleguen en los titulares de otras carteras las funciones que les son propias, o que un ministro sea a la vez titular de varias carteras.

No hay norma constitucional alguna que prohiba a los ministros ocuparse de otros despachos que los que les corresponden, por encargo que les asigne el Presidente de la República, a quien el artículo 120-1 C. N. le otorga precisamente la facultad de nombrarlos libremente.

Desde el punto de vista legal, el artículo 76 de la Ley 4ª de 1913 estipula que el Presidente puede confiar el despacho de un ministerio a otro de los ministros o al secretario respectivo, en caso de falta del respectivo titular.

Tampoco prohíbe la Constitución que los viceministros reemplacen transitoriamente a los respectivos ministros. Incluso, una de las funciones que legalmente competen a aquéllos es la de "suplir las faltas accidentales del ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República" (D. L. número 1050 de 1968, art. 13-a).

El Decreto no es susceptible, por lo dicho, de glosas de orden formal.

3. Uno de los aspectos fundamentales del control de constitucionalidad de los Decretos Legislativos es el de su conexidad con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que dicho examen es ante todo de carácter formal o aparente, pues el juicio sobre sí, en el fondo, una medida conduce o no a superar la alteración del orden público y a procurar su restablecimiento, versa sobre cuestiones de hecho extrañas a este tipo de procesos, amén de que implicaría pronunciarse sobre la conveniencia de las medidas adoptadas, que es asunto que debe ser decidido por el Presidente de acuerdo con los elementos de juicio de que disponga.

Sólo en casos extremos, en los que se viera de bulto la falta de conexidad material de un Decreto Legislativo con los motivos invocados por el Gobierno para decretar el Estado de Sitio, o su evidente inconducencia para lograr el fin propuesto, estaría legitimada la Corte para declarar su inexequibilidad por tal concepto.

En el caso de autos se tiene que el Decreto número 1038 de 1984, por medio del cual se decretó el Estado de Sitio hoy vigente, tuvo en consideración "...que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitado ostensible alarma entre los habitantes...", ... que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional..." y "...que en general hechos de violencia provocados por las circunstancias mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares, de la Policía, lo mismo que víctimas en la población civil'.

Una aplicación estricta del criterio de conexidad formal llevaría a considerar que las medidas que se tomaran dentro del Estado de Sitio vigente tuviesen que referirse exclusivamente al control de los grupos armados y de los grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, y que, en consecuencia, la creación de nuevos organismos jurisdiccionales y la redistribución de competencias entre los mismos, tuviera que ceñirse a estas materias y no a otras. Con todo, la Corte ha considerado en otras oportunidades, y lo reitera en ésta, que puede darse el caso de motivos de turbación del orden público sobrevinientes a la declaratoria de Estado de Sitio, cuyo tratamiento con medidas de excepción no supone necesariamente que se adicione el Decreto Legislativo que lo haya declarado, tal como acontece en la hipótesis que se examina.

4. Considera la Corte que debe examinar ante todo, el tema mismo de la creación de un Tribunal Especial de Instrucción, tal como lo diseñan los artículos 1° y 2° del Decreto en revisión, no obstante que el 2° fue modificado por el 1° del Decreto número 790 de 1987, pues el control oficioso que le asignan los artículos 121 y 214 C. N. hace que deba pronunciarse sobre todos los Decretos Legislativos, así hayan sido derogados o modificados al momento de producirse el fallo, o hayan perdido su vigencia.

De la constitucionalidad de estas disposiciones depende necesariamente, en principio, la del resto del Decreto.

5. En sentencias del 30 de abril y de 19 de mayo últimos, sostuvo esta Corporación que "el Gobierno, actuando como legislador extraordinario de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 C. N., puede modificar la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando otros nuevos que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía que la Constitución prevé para los órganos adscritos a la Rama Jurisdiccional del, poder público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución".

Se considera, en efecto, que el artículo 61 C. N., que permite que una misma persona o Corporación ejerza simultáneamente dentro del Estado de Sitio, la autoridad política o civil y la judicial, autoriza a tomar medidas como las que se mencionan, dado que si es posible traspasar competencias judiciales a autoridades civiles, también debe ser posible asignarlas a otras autoridades jurisdiccionales, siempre que ello guarde la conexidad con los motivos de turbación del orden público que exige el artículo 121 C.N. y no pugne con el ordenamiento superior.

Para este análisis conviene destacar dos principios fundamentales que presiden el ejercicio de las facultades del legislador, sea ordinario o extraordinario, en materia de creación de organismos jurisdiccionales: el de que las distintas jurisdicciones deben tener base en la misma Constitución y no simplemente en la ley, y el de que hay una jerarquía de la Rama Jurisdiccional integrada, en orden descendente, en esta forma, tal como lo señaló esta Corporación en fallo del 28 de junio de 1965, en tesis muchas veces reiterada, incluso hace poco en fallo del 3 de marzo último: "a) Corte Suprema de Justicia; b) Tribunales; e) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal y Especializados, de igual o superior categoría a los indicados y d) Jueces Municipales".

Cierto es que el art. 58 C. N. ha dispuesto que "la Corte Suprema de justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y demás Tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia..."; pero, como lo señaló la Corte en el fallo que se viene citando, la ley sólo puede establecer tribunales y juzgados en armonía con los artículos 155, 157 y 158, que desarrollan el enunciado general del artículo 58.

La Constitución prevé en el artículo 157 los jueces de Instrucción Criminal y los Especializados pero en parte alguna habla de tribunales especiales. No obstante, es posible considerar que lo mismo es establecer juzgados que tribunales de instrucción o especializados, pero siempre y cuando dichos tribunales se sitúen dentro del nivel que la Carta les ha asignado.

Aunque en el caso de autos no se trata de la creación de una jurisdicción especializada, diferente a la ordinaria, de la que formaría parte el Tribunal Especial de Instrucción, éste no se integra adecuadamente dentro de la estructura de la Rama Jurisdiccional y viene a ser, por así decirlo, como una rueda suelta dentro de dicho engranaje. Es claro que no se lo sitúa al nivel de los jueces de Instrucción, ni al de los especializados, como tampoco al de los restantes tribunales que operan en el país. De hecho, aparece colocado al nivel de la Corte Suprema de justicia, cuya competencia para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal.

Conviene señalar que este Tribunal es muy distinto, en el fondo, al que se creó para investigar hechos fatídicos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de justicia y cuya constitucionalidad fue admitida por esta Corporación en fallo del 8 de mayo de 1986. En efecto, dicho Tribunal se creó para llevar a cabo prácticamente las diligencias preliminares de investigación de esos hechos y presentar un informe a los funcionarios judiciales competentes de acuerdo con la ley ordinaria para conocer de estos procesos y emitir los fallos correspondientes. En cambio, el Tribunal Especial de Instrucción que motiva esta providencia va mucho más allá, pues no sólo desplaza a las demás autoridades judiciales del conocimiento de los casos que decida abordar, sino que modifica sustancialmente el procedimiento a seguir en tales casos y la competencia misma de la Corte Suprema de justicia y de los demás Tribunales y juzgados.

No hay, por lo dicho, base constitucional para crear Tribunales de este tipo.

6. Respecto del artículo 2° del Decreto que se revisa, según el cual "corresponde al Tribunal Especial de Instrucción, investigar los delitos contra la vida y la integridad personal que causen una especial conmoción social, de modo tal que agravan la perturbación del orden público y dificultan su restablecimiento", y que fue sustituido como se dijo por el artículo 11 del Decreto Legislativo número 790 de 1987, hay que observar lo siguiente:

Según el artículo 63 C. N., "no habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Esta disposición es corolario de sendos principios que consagran el artículo 2° y el 20 C. N.: el de que "la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación y de ella emanan los poderes públicos que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece", y el de que los funcionarios públicos son responsables por violación de la Constitución y de las Leyes, así como por "extralimitación de sus funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas".

Si bien la ley puede otorgar competencias de variada índole (reglada, discrecional, concurrente, a prevención, etc.), considera la Corte que la garantía de juzgamiento ante Tribunal competente que consagra el artículo 26 C. N., no da lugar a que en el ámbito jurisdiccional haya la misma flexibilidad que para otros, como el administrativo.

Al referirse el artículo 26 C. N., al Tribunal competente, está defiriendo según todo nuestro ordenamiento constitucional, la determinación de tal Tribunal al previo señalamiento de la ley y no a la voluntad de otra autoridad jurisdiccional. Esto es, que la determinación del Tribunal competente y del funcionario instructor la funde el legislador en criterios de la ciencia procesal, tales como los factores territorial, objetivo, funcional, etc., que tienen en común la circunstancia de ser determinados y existentes antes de la comisión del hecho punible.

La norma que se revisa es una innovación al derecho procesal e incrusta un criticable factor para la determinación de la competencia, no preexistente al hecho punible, sino indiscutiblemente posterior a él: "causar una grave conmoción social, de modo tal que se agrave la perturbación del orden público y se dificulte su restablecimiento".

Se trata de una expresión vaga, gaseosa, de connotaciones extrajurídicas, ampliamente variables y de predominante valoración subjetiva, no ceñida a parámetros normativos previos. Ya no son las circunstancias del hecho mismo ni sus causas, sino sus efectos, apreciados éstos discrecional mente, las bases para la determinación de la competencia del juez, en este caso el Tribunal Especial de Instrucción.

Por ende, la competencia no queda fijada por ley preexistente, sino por decisión judicial, contrariándose el principio de que las leyes sobre competencia deben ser claras, precisas y que produzcan una seguridad, un conocimiento previo a los asociados, para que éstos puedan conocer con exactitud quién será el juez competente en cada caso.

No se oculta la gravedad de este sistema, de conformidad con el cual no sabrían los asociados, antes de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal, quién pudiera ser el juez competente para conocer y juzgar de los mismos, duda que subsistiría aún después de acaecidos los hechos.

En el fondo, este tipo de asignación de competencias judiciales es contrario al principio de igualdad de las personas ante las autoridades jurisdiccionales, pues hace depender el tipo de procedimiento a seguir, el Tribunal competente y la eventualidad de la segunda instancia, del criterio subjetivo de los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción. De ese modo, se vulnera el artículo 16 C. N. y el 26 C. N.

Es más, la competencia discrecional y a prevención que se le ha atribuido, que como viene observándose no se adecua nítidamente a las exigencias de la organización judicial, crea un peligroso precedente que, si se lo considerase admisible, podría extenderse a otros aspectos de la administración de justicia, haciéndole perder a ésta la fisonomía que ha querido imprimirle el Constituyente.

7. Habida consideración de la inconstitucionalidad de las disposiciones fundamentales del Decreto que se revisa, todas las demás que giran en torno suyo tendrán que ser declaradas consecuencialmente inexequibles, de acuerdo con la doctrina que ha sentado esta Corporación, entre otras, en fallo de 5 de marzo del año en curso.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE

DECLÁRASE INCONSTITUCIONAL en todas sus partes el Decreto Legislativo número 750 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonzvento, Guillermo Dávila Muñoz, Jorge Carreño Luengas, Jairo E. Duque Pérez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez (Con salvamento de voto), Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía (Con salvamento de voto), Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario

ACLARACIÓN

DE VOTO

Expediente 1650 (245-E)

Comoquiera que en el seno de la opinión pública se discutió el tema de una posible inconstitucionalidad del Decreto número 750 de 1987 por haber desconocido el principio de las dos instancias, particularmente en materia penal y no de poca monta, como la que ahí se reguló, consideré que era oportuno un pronunciamiento expreso de la Corte sobre ese particular, lo que a mi modo de ver, no compartido por los honorables colegas de Sala, reforzaría la conclusión de la ponencia sobre inconstitucionalidad del Decreto.

Aunque la Corte ha dicho en varias oportunidades que el principio de las dos instancias no es de orden constitucional sino legal, por lo que el legislador puede o no establecerlo en los distintos procesos según lo considere pertinente, porque el artículo 26 C. N. no lo menciona, pienso que a esta importantísima disposición de nuestro ordenamiento constitucional no puede dársele una lectura literal y que la garantía del derecho de defensa debe examinarse a la luz de las soluciones que la civilización ha elaborado de acuerdo con la experiencia adquirida respecto de la protección y, desde luego, de la violación de los Derechos Humanos.

Conviene recordar que la Corte ha considerado en otras oportunidades que el requisito constitucional del juzgamiento en el que se observe "la plenitud de las formas propias de cada juicio' se refiere no sólo a que la ley regule distintos procedimientos sino que lo haga de conformidad con los principios axiológicos del debido proceso y el derecho de defensa (ver sentencia de 2 de octubre de 1981).

En la sentencia que se cita aludió la Corte a las soluciones sobre derecho de defensa adoptadas en Pactos Internacionales como el de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y el de San José de Costa Rica firmado en dicha ciudad el 22 de noviembre de 1969.

Dice el artículo 14-5 del primero de ellos: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior conforme a lo prescrito por la ley".

Y el artículo 8° del Pacto de San José, contempla entre las garantías judiciales fundamentales el "derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior" cuando se trate de cualquier acusación penal e incluso para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter.

Los Tratados Internacionales tienen un rango superior al de la legislación ordinaria, dado que no pueden ser modificados libremente por ésta, sino mediante otros Tratados que el Presidente celebre, someta a la aprobación del Congreso y ratifique correctamente. Por lo tanto, tampoco pueden ser desconocidos ni contrariados sino por ese mismo medio.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969. El de San José se aprobó por la Ley 16 de 1972 y su ratificación se produjo el 31 de julio de 1973. Luego, rigen plenamente en el ámbito interno y en el externo del país, y deben ser observados tanto por el legislador ordinario como por el extraordinario.

Es más, las convenciones que se citan están colocadas prácticamente al mismo nivel que la Constitución, por dos razones:

a) Porque, según se dijo, los textos que consagran garantías fundamentales, como el caso del art. 26 C. N., deben interpretarse en consonancia con el desarrollo jurídico de la civilización;

b) Porque el artículo 121 C. N. alude expresamente al Derecho de Gentes, que es hoy el Derecho Internacional Público, para determinar el alcance de las facultades del Gobierno dentro del Estado de Sitio, por lo que hay que considerar que su competencia se abre pero también se limita no sólo por la ley y la Constitución sino por lo que, en definitiva, aspira a ser el Derecho Común de la Humanidad.

En consecuencia, salvedad hecha de los casos a que se refieren los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 151 C.N., que son de aplicación restrictiva, es un deber jurídico que pesa sobre el Estado y, por ende, sobre sus órganos legislativos, el de observar el principio de las dos instancias en los procedimientos judiciales.

Es verdad que el ordenamiento internacional permite suspender esta garantía básica, junto con otras, pero "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente" y "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación" (art. 4° Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos) o "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado" y "en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación" (art. 27 Pacto de San José).

Considero que, no obstante la gravedad de la situación que vive el país en la hora presente, no se dan los supuestos enunciados y que, por el contrario, "las exigencias de la situación" a que aluden estas normas, indica que se debe reforzar la institucionalización de la justicia y no desestabilizarla con medidas como las que se analizan, por bien intencionadas que sean.

El trato desigual para el juzgamiento de delitos contra la vida y la integridad personal, que hace depender el tipo de procedimiento a seguir y la eventualidad de la segunda instancia, del criterio subjetivo de los magistrados del Tribunal Especial de Instrucción, es contrario al principio de igualdad que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional y no contribuye a afianzar la credibilidad de las instituciones.

Fecha ut supra

Jesús Vallejo Mejía.

Ref. Expedientes 1650 (246-E) y 1654 (247-E).

Revisión Constitucional de los Decretos números 750 de abril 25187 y 790 de mayo 4187.

M.P. Dr. Jesús Vallejo Mejía

M.P. Hernando Gómez Otálora.

SALVAMENTO DE VOTO

En las democracias la verdad la constituye un determinado número de votos. En la Sala Plena ésta aparece cuando hay trece magistrados acordes en una tesis. Lo que quiere decir, en el caso de los Decretos números 750 y 790 de 1987 (Tribunal Especial de Instrucción), donde se dieron 23 votos en un mismo sentido, que hubo votación casi para dos verdades. De otro lado, en estos asuntos, los fallos hacen de lo blanco negro y de lo recto curvo. Ya se sabe, entonces, dónde está la verdad, el exacto color y la dirección de las líneas. Lo que voy a expresar es solamente una opinión, la cual trataré de indicar en forma esquemática:

1. La decisión tomada es una muestra más de lo que en el salvamento de voto agregado al expediente número 1638 (243-E), relacionado con la inexequibilidad del Decreto número 666 de 1987, calibré como los efectos residuales de la "fiebre obsidional", mudándose ésta de paciente y de contenido. Así como la primera fase de ella, en el sitiado, le permite hacer todo y así se hizo con la aplicación del art. 121 hasta la Reforma de 1968, ahora no se puede hacer nada. Es el mismo problema con doble apreciación, ambas igualmente desenfocadas y perjudiciales: hacerlo todo sin limitación alguna, o negar que se pueda hacer algo por horror al abuso del artículo 121.

2. El aforismo "a igual razón igual disposición", debe entenderse hoy con una variante muy substancial: a igual razón distinta explicación.

La creación del Tribunal Especial de Instrucción, para investigar los hechos del Palacio de justicia, declarado en su momento exequible, tiene tantas coincidencias con el Tribunal Especial de Instrucción para investigar delitos contra la vida (artículos 323 y 324 C. P) y contra la integridad personal (salvo la previsión punitiva del artículo 340ibidem), que resultan idénticos: surgen de los apremios de la grave perturbación del orden público, conmovido por la acción devastadora de la delincuencia; los dos se insertan en la clase de los tribunales que cumplen una tarea específica, se aplican a un fin determinado y de manera excepcional; ambos cumplen una función de instrucción y a nadie juzgan pues ni siquiera le está permitido proferir un auto de enjuiciamiento ya que su labor termina con un informe sobre lo realizado, esto es sobre sus "diligencias preliminares de investigación", el cual no está sujeto a reserva sumarial; obedecen a las mismas normas de instrucción, las propias a todo juez natural y permanente de esta especialidad; cuentan con los mismos recursos de la Policía judicial y la colaboración de todos los funcionarios públicos; los dos se integran con personas que deben tener calidades, condiciones, remuneración y asistencia prestacional propia de los Magistrados de la Corte Suprema de justicia, la cual, para asegurar su independencia, autonomía e imparcialidad, debe hacer el nombramiento, indicándose así que pertenecen a la órbita jurisdiccional, ante la cual responden; están, así mismo, totalmente emancipados de tutelas del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier organismo foráneo particular o público; aquél y éste exhiben la misma competencia territorial, o sea, todo el país; son asistidos por un veedor de mérito, pues su fiscal lo nombra directamente el Procurador General de la Nación; y, finalmente, desembocan toda su actividad hacia los jueces ordinarios, así: El Tribunal Especial de Instrucción de 1985, hacia jueces municipales, de Circuito, Superiores (en un radio de acción amplísimo puesto que estaba facultado para investigar toda clase de delitos cometidos en la toma del Palacio de justicia), y el Especial de Instrucción de 1987, que debe remitir toda su actuación, a la Sala de Casación Penal de la Corte, único organismo que puede realizar la atribución de juzgamiento (auto de proceder, audiencia y sentencia).

Son estos aspectos tan substanciales que no pueden desmerecer por obra de secundarias consideraciones sobre la competencia, las cuales carecen de la trascendencia que el fallo les adjudica.

En estas condiciones ¿cómo aceptar que con el uno se mantuvo incólume la Constitución y con el otro se la destrozó ¿Cómo admitir pacíficamente, con tan significativo antecedente e igualdad de características, que el uno no establece categorías entre los tribunales, ni ofrece peligro para las instituciones judiciales, ni las arruina, ni desestructura la administración de justicia, y, el otro por el contrario muestra todos estos vicios e imperfecciones

3. No resulta atinado señalar como motivo de inconstitucionalidad, considerar al Tribunal Especial de Instrucción como "rueda suelta" dentro del engranaje y estructura de la administración de justicia, reducida ésta a la Corte Suprema de Justicia, Tribunales, jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, Especializados y jueces Municipales.

En efecto, se incurre en varios desenfoques:

a) Se yerra al pensar que cuando se utiliza la expresión Tribunal obligadamente se tiene que hacer referencia a los Tribunales de Distrito; de donde para no romper esta organización debe otorgarse una igual caracterización.

La Carta permite la creación de jueces de Instrucción Criminal o especializados con categoría igual osuperior a los que indica en la parte inicial el artículo 155, o sea, juez de Circuito, juez Superior y Tribunal de Distrito. De donde el Tribunal Especial de Instrucción, en denominación que no equivale a Tribunal de Distrito, ni a Tribunal Militar -artículo 170-, ni a tribunal disciplinario -artículo 217-, ni a Tribunal de Aduanas, ni a Tribunal de Arbitramento, etc., sino a organismo (juez) especializado de Instrucción, puede tener la categoría que quiera deducírsele sin que ello implique vicio esencial de inconstitucionalidad. El análisis no debe centrarse en una denominación, que puede llegar a ser de valor entendido, figurado o que busca destacar la importancia o su inserción en la Rama jurisdiccional, sino en su propia naturaleza y funciones. Y este Tribunal, tanto por su designación como por sus explícitas funciones, revela su valor indiscutible de entidad judicial de Instrucción. Guarda por tanto más afinidad con los organismos que atienden este cometido que con aquellos que tienen, como los Tribunales de Distrito, una potestad de pleno conocimiento.

Todavía aparece como inaceptable un intento por establecer una especie de derecho marcario constitucional, en el cual no es dable mencionar el vocablo "tribunal" sin que la referencia apunte a corporación distinta del Tribunal Superior de Distrito. Los artículos 58 y 155 permiten establecer entidades especializadas o de Instrucción que pueden recibir el nombre de Tribunales o utilizar, para librarlas de la nimia objeción de la Corte, otro similar pero igualmente significativo, así, Unidad Especial de Instrucción, Consejo Especial de Averiguación, juzgado Nacional Especial de Instrucción, Tribunal Extraordinario de Instrucción, etc.

Los estatutos modernos de procedimiento penal deben prever, para circunstancias excepcionales de delincuencia que desborde los recursos normales y las posibilidades existentes de la administración de justicia, el funcionamiento, por decisión de la Corte a iniciativa propia o requerimiento del Gobierno o de la Procuraduría General de la Nación (o la entidad que haga sus veces), de esta clase de cuerpos especiales de Instrucción. Así podrá enfrentarse una lucha eficaz contra la delincuencia, sin que nadie sea sorprendido o discriminado, ya que las regulaciones legales de actuación y las competencias que se deben asumir en circunstancias tales, se conocen de antemano, pues preexisté el juez y las normas legales de actuación a los hechos criminosos, con exacta aplicación del artículo 26 de la C. N. De paso conviene anotar que todas las inquietudes y aspavientos relacionados con este Tribunal y que involucran el mencionado artículo, se disipan cuando se piensa que el mismo está destinado a cubrir conductas punibles posteriores a su conformación legal;

b) También se desacierta cuando para fundamentar una declaratoria de inconstitucionalidad por ruptura del esquema y estructura de la Rama jurisdiccional, cuando a este Tribunal Especial se le coloca "al nivel de la Corte Suprema de justicia, cuya competencia para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal". Ni esta consideración, que como se verá no representa la validez que se le supone, ni la identidad de calidades permite esta asimilación para tratar de demostrar una categoría superior a los tribunales de Distrito.

Con este singular raciocinio, los jueces de Instrucción comunes o especiales merecerían la misma (inocua) observación, pues al servir como tales a varios entes judiciales, tendrían el simultáneo nivel de jueces de Circuito, de jueces Superiores y hasta de Magistrados de Tribunal de Distrito o de Corte Suprema de justicia, sin perder la propia de juez de Instrucción;

c) Constituye contradicción manifiesta señalar como correctivo de una insuficiencia funcional de uno o varios organismos de justicia, mediante las facultades del artículo 121, el que se tenga que reproducir los institutos que exhiben esas limitaciones o defectos, so pena de atentarse contra la organización de la Rama jurisdiccional. En otras palabras, se recomienda conjurar el mal con las mismas soluciones que no han logrado erradicarlo o que han podido agravarlo. La Constitución no incurre en tamaño dislate. Lo que sí manda en sus artículos 58 y 155 es que, de llegarse a crear Tribunales de Distrito, deben respetarse las garantías que les cubren, pero si se trata de organismos totalmente diferentes, es posible introducir otras modalidades como por ejemplo si la restricción territorial pesa como gravamen de ineficacia -estar circunscrita la actividad investigadora a un Distrito judicial- puede conformarse un cuerpo de Instrucción que la excluya y que pueda actuar en toda la Nación. El criterio de interpretación tendrá entonces que ser distinto porque disímiles son los elementos de comparación. Lo especial no puede confundirse con lo común para deducir desajustes institucionales. Los elementos de cotejación son heterogéneos y la Carta establece reglas diferentes para uno y otro caso.

El Tribunal Especial de Instrucción debe ser tratado como excepcional organismo de investigación, sin que entre en juego la consideración de ser superior al Tribunal de Distrito o no encajar, por tratarse de una "rueda suelta", en la administración de justicia, a la cual desestructura. Ese Tribunal Extraordinario se vincula es a los organismos especiales destinados a la indagación penal, y ostenta una relación inmediata, directa y completa con la Corte Suprema de justicia, al igual que la tienen, por otro factor de organización, los Tribunales de Distrito, el Tribunal Militar o el Tribunal de Aduanas.

4. La competencia es asunto de rango legal y por tanto, sise dan las condiciones del artículo 121, pueden introducirse modificaciones a las mismas, a título transitorio y excepcional. La restringida aunque muy importante potestad que se señala para el Tribunal Especial de Instrucción (dos de los varios delitos contra la vida y algunos contra la integridad personal) no destituye de sus funciones a los jueces o tribunales ordinarios. Estos siguen actuando en una proporción que, sin mucho optimismo, está en un 95% de sus normales atribuciones.

Obliga recordar el sentido verdadero de las previsiones doctrinales que dos fallos emitidos por la Corte, hicieron al respecto. En referencia general se impedía la instrucción por parte de los fiscales por pertenecer éstos al Ministerio Público y al Ejecutivo, desplazándose una función propia de la Rama jurisdiccional; y se suprimía una entidad de creación constitucional, los juzgados de Circuito. Interpretación acertada y benéfica es la que se dirige a evitar burlas de esta concepción en el sentido de dejar nominalmente existentes los órganos judiciales, pero menguar indebida y desproporcionadamente sus competencias. Ninguno de estos casos es el del Tribunal Especial de Instrucción, porque fuera de ser transitorio, encajado dentro de la Rama Jurisdiccional, dispuesto sólo para algunos eventos de averiguación, mantiene en debido y completo funcionamiento todos los demás entes judiciales, desde el juzgado municipal hasta la Corte Suprema de justicia.

5. Finalmente conviene comentar, así sea de paso, lo de la competencia que se reputa en su determinación, "vaga, gaseosa, de connotaciones extrajurídicas, ampliamente variables y de predominante valoración subjetiva".

Sobre este particular se dice, al menos por el ponente, que se trata de un tribunal que ha eliminado la garantía de la doble instancia. En este punto hay que preguntarse si la Constitución o los Tratados señalan su cumplimiento en forma absoluta y fatal o para algunos casos. La Constitución nada dice en concreto y puede deducirse que no impone esta obligación procedimental. La especialidad de un asunto o lacalidad del juzgador puede hacerla inoperante. Por eso existen múltiples procesos de toda clase de materias que consagran el fallo de única instancia. Por lo mismo la Corte juzga en una sola y exclusiva instancia a los altos funcionarios del Estado. La doble instancia se exige cuando los niveles de jerarquización la tienen establecida y es posible realizarla. Sería inconstitucional, por este aspecto, si los procesos asignados a este Tribunal Especial de Instrucción, debieran ir a conocimiento de los juzgados Municipales, de Circuito o Superiores y se le suprimiera exclusivamente para ellos el segundo grado de conocimiento. Pero si su actividad desemboca en la Corte Suprema de justicia, ¿cúal segundo grado puede establecerse La máxima garantía que existe desde el punto de vista procesal en Colombia es que intervenga la Corte. Y en los casos contemplados por el Decreto número 750 de 1987 ésta debe ser la que actúa.

6. Y de la violación de la igualdad ante la ley sí que se trata de reflexión bien impertinente. Empezando porque debe preguntarse cuáles son los discriminados, si los que quedan bajo la jurisdicción de este Tribunal, o los que están por fuera de él, o los que en razón de sus altos cargos están sometidos a juzgamiento por la Corte. La sentencia resuelve el problema y dice que son los primeros y todo por "criterio subjetivo de los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción". Entonces, el tratamiento discriminatorio consiste en que debiéndolos juzgar un juez Municipal, un juez de Circuito o un juez Superior, los juzga la Corte Suprema de justicia en su Sala de Casación Penal y les investiga un Tribunal Especial de Instrucción, cuyos integrantes tienen que tener las mismas calidades que los miembros de aquella Corporación, asistida, en cuanto al Ministerio Público respecta, por un fiscal directamente designado por el Procurador General de la Nación, que también debe cumplir con los mismos requisitos. ¿Qué contrariedad: se les da el tratamiento procedimental reservado a Presidentes de la República, Magistrados de la Corte, Ministros del Despacho, Consejeros de Estado, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, etc., y resulta que se les agravia, se les discrimina, veja y expone a riesgos de condena inauditos. Bien miradas las cosas, y por eso la inicial pregunta, los que debieran sentirse lesionados serían todos los mencionados funcionarios aforados ante la Corte y todos aquellos otros ciudadanos incursos en un delito de homicidio o lesiones personales que no causan "grave traumatismo social y no crean dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público", a quienes se les deja por fuera del juzgamiento de la Corte, porque dígase lo que se quiera de esta institución y piénsese de ella lo que venga en gana, sigue constituyendo un deseo insatisfecho para todo el que tenga un problema con la justicia, que se lo diriman los magistrados que la integran.

7. Lo que se dice de las dudas y vicisitudes de un posible sindicado de estas infracciones (Decreto número 750/87, art. 2°) en cuanto al juez que conocerá de su proceso, también cuentan para cualquier infracción y aun para los propios funcionarios, a quienes corresponde este conocimiento y definición y no a los procesados, pues es frecuente pensar que se trata de un determinado delito y de una determinada competencia, y, a la postre, no resultar ni lo uno ni lo otro. De ahí de los conflictos procesales de esta índole. Pero, además, el incriminado al idear y cometer su delito advierte la repercusión social de las mismas puesto que está dentro de la economía de su producción y de la finalidad perseguida, esta consecuencia que, por su connotación, dará lugar a esta competencia especial de instrucción.

Cuando se ejecuta el delito en esta su realización van envueltas todas sus características y consecuencias que puedan servir para establecer la competencia, conózcalas el delincuente por su versación jurídica o ignórelas o sea cuestión indiferente para él. ¿Acaso siempre sabe o preocupa al hurtador el valor exacto del bien del cual se ha apoderado, el mismo que, como factor de cuantía, servirá para señalar los jueces de investigación o de sentencia La situación del Tribunal Especial, a este respecto, consulta dos valiosos elementos, uno absoluto y fijo y otro más flexible, pero igualmente determinable. ¿Qué duda puede darse en cuanto al primero y que se refiere a si se trata de un homicidio o de unas lesiones personales Ninguna. Y del segundo ya se verá que la imprecisión es más imaginaria que real.

Lo criticable no es esta forma de regular la competencia que ha buscado consultar la realidad nacional, pues sólo se procuraba establecer las conductas criminosas más salientes y más substancialmente conexas con la perturbación del orden público o con la acentuación de su deterioro. Tuvo en cuenta que el narcotráfico y la acción de grupos en armas desembocaban en esa clase de atentados y que algunos de ellos podían refluir más intensamente en la desestabilización de las instituciones básicas del Estado, en el creciente pánico de la inseguridad, etc., y de ahí que escogiera esta zona delincuencial para volverla objetivo de instrucción de dicho Tribunal. Lo realmente grave habría sido que, abandonando estos necesarios condicionamientos, le hubiera adscrito, para procurar la certidumbre que la Corte echa de menos,todos los delitos contra la vida y la integridad personal, ocurridos en todo el territorio nacional. Entonces sí la inconstitucionalidad habría sido montada, en forma sugestiva, sobre el desconocimiento de las reales necesidades del Estado de Sitio y, además, por haberse acabado con los jueces superiores y, también, en buena parte, con los de Circuito y hasta con los municipales, afectando de manera sensible a los Tribunales de Distrito.

8. La competencia señalada para el Tribunal se la tiene por aleatoria, difusa, impregnada de subjetivismo y que, conforme al talante de sus integrantes, se puede escoger el área de trabajo, por el particularismo que implica lo de "grave traumatismo social y dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público". También, que se establece una clasificación de delitos importantes y no importantes.

Digamos algo sobre esto último: todas las normas sobre competencia realizan esta clasificación, porque si todos los delitos fueran iguales, existiría un solo organismo de juzgamiento, un idéntico trámite, una misma forma de instrucción y una sola pena. Hay delitos de menor entidad, aun dentro de un mismo género y otros más graves, ¿o será lo mismo el asesinato, para recurrir a la antigua locución, tan expresiva, que un homicidio culposo ¿será lo mismo un atentado corporal, por una riña, en un apartado lugar, que el fusilamiento de varios campesinos, o la eliminación, como acto de todo un programa de desestabilización institucional, de uno de los tantos altos funcionarios que dirigen la República, o que orientan su opinión, o que constituyen su avanzada en el campo empresarial, estudiantil o sindical etc.

Obvio que hay delitos de homicidio que causan un impacto social devastador y que la fementida igualdad es un sofisma de distracción y una imposibilidad de señalamiento que no existe en la práctica.

De lostrescientos o más delitos que existen en la legislación penal, se escogieron para ser investigados por el Tribunal Especial de Instrucción, unos siete y dentro de estos últimos sólo los que pueden tener una connotación de causar un grave traumatismo social o un mayor deterioro del orden público. Por su denominación y número ya es un señalamiento bastante concreto y un vigoroso obstáculo para el desvío de funciones. Pero sin embargo se dice todo lo contrario, a base de suposiciones, pues es lo cierto que la administración de justicia, en su estructura básica y su esencial organización, sigue intacta.

9. Pero se exagera y distorsiona lo del subjetivismo e ideas afines. En efecto, no es extraño en el campo del derecho, como ciencia axiológica, el manejo de conceptos que pueden representar cierta dificultad, pero lo espinoso de los problemas no es motivo de inconstitucionalidad sino de acicate de la inteligencia. Podrían darse múltiples ejemplos, que inciden en competencias constitucionales, legales y en definiciones de pena que pueden tener este matiz y sin embargo a nadie se le ocurre, al menos hasta la fecha de esta sentencia de la Corte, declarar su inconstitucionalidad. A la ligera se me ocurre mencionar: "conmoción interior" -art. 121- amenaza de perturbación grave e inminente del orden económico o social del país -art. 122-, indignidad por mala conducta -97-2 C. N. -, conexidad, posición distinguida del delincuente en la sociedad, atrocidad, combate, devastación, habitualidad, conveniencia nacional para negar o conceder la extradición, barbarie, y así toda una lista de muy buenas proporciones.

No creo que sea más difícil señalar un delito de homicidio agravado con repercusiones de verdadero traumatismo social y con incidencias en el orden público, que determinar entre la pléyade de funcionarios de la Hacienda de la Nación, ¿cuáles son los "jefe superiores de las oficinas principales", como reza el artículo 32-6 del C. de P. P., sabiéndose como se sabe que el trópico y la vía hacia el desarrollo no dan empleados sino de este tamaño e importancia. Será difícil advertir si un homicidio contra un líder político, tiene esas características tan especiales, o es una una infracción corriente y vulgar Otro tanto las masacres de los representantes de la autoridad civil, policiva y militar, o la eliminación de los voceros de la opinión nacional, en esta lucha irracional llevada a todos los niveles y a todas las zonas, que involucra a toda clase de personas, y llega a emplear como medio de supremacía, la supresión de la vida. Basta recordar la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, y de otros destacados hombres tan necesarios a la Patria, para saber que estos aspectos que podrían ofrecer discusiones en la teoría, en la realidad se resuelven con la aplicación de uno cualquiera de los sentidos.

Y los ejemplos brotan a espuertas. Pero para qué tratar de llevar nociones claras a quienes quieren ser academistas, retóricos o sofistas.

10. Es cuestión importante, también, señalas que la decisión del Tribunal Especial de Instrucción sobre una calificación de "alarma social" de un homicidio determinado, se toma por auto y admite el recurso de reposición. No es definición gratuita ni caprichosa. Ni es irreversible, porque el mismo organismo puede revocar su inicial apreciación si la investigación convence de lo contrario; y aun es posible que la Sala de Casación Penal, al llegar las diligencias a su conocimiento tome una determinación no coincidente con lo primeramente apreciado por el Tribunal Especial de Instrucción. Y, aún más, podría darse una colisión de competencias (fenómeno para el cual se consagran instituciones procesales adecuadas, que hablan por sí de la natural ocurrencia del incidente, así tenga la competencia por definición un hecho objetivo y hasta físico como el territorio) que daría lugar a la intervención del Tribunal Disciplinario. Nada dice contra esta sana interpretación, que fija el Decreto en sus justos términos, lo de la competencia preventiva (art. 3 D. número 790/87), tan propia y necesaria a los fines de estimular una inmediata investigación, pero dejando libre ulteriores resoluciones de los jueces de pleno conocimiento. Así ocurre en todo proceso penal. Esto refuta aquello de querer entender que la competencia de la Sala de Casación Penal "para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal Especial de Instrucción".

No hay falta de controles, pues abundan y la facultad no esad libitum ni abusiva sino discrecional, y por lo tanto regida por el buen tino, el juicio equilibrado, la ponderación, etc. Precisamente, por manejar esta clase de conceptos, como garantía adicional se exigió de sus integrantes capacidades especiales, las propias de los Magistrados de la Corte Suprema de justicia y se levantó, para aprovechar al máximo la experiencia, los límites de edad como condicionantes del retiro forzoso.

11. Pero aceptemos que, inopinadamente, surja algún desvío en el alcance de esta competencia, suceso que también puede presentarse en la intervención de cualquier juez, así trabaje sobre singulares factores de manifiesta y hasta indiscutible objetividad. ¿Qué ocurre La ley de procedimiento no declara nulo lo actuado y se reduce a fijar a quien, en definitiva, debe corresponderle. Pero para el Tribunal Especial, el exceso posible de instrucción (la muerte de alguien con capacidad para suscitar reacciones en cadena, sembrar el pánico, incrementar los límites ya desesperantes de la inseguridad, etc., no tenía esos atributos) que ha podido llevar al descubrimiento de un homicida, lo trata de controlar la Corte con la declaratoria de inconstitucionalidad. Cualquiera pensaría, en el estado aflictivo que enfrenta Colombia, que lo grave es que no se investigue, que se quede en la impunidad un crimen, que no se disuelva un programa universitario de sicarios, etc. Pero con interpretaciones de este jaez, se podría incurrir en la torpeza mental de creer que lo inquietante es que de pronto, y por exceso, ocurra lo contrario.

Con esta clase de prejuicios y enfoques, resulta apenas lógico que se hable de desigualdades procedimentales, y que se tenga a un Tribunal de estirpe tan depurado en su integración y funciones, al cual el gobierno se aprestaba a darle una infraestructura operante, para aliviar en algo las dificultades y hasta las imposibilidades de los jueces de instrucción, los juzgados y tribunales, como de "peligroso precedente que, si se lo considera admisible, podría extenderse a otros aspectos de la administración de justicia, haciéndole perder a ésta la fisonomía que ha querido imprimirle el Constituyente".

No conviene alargar más estas disquisiciones pues si la extensa intervención realizada en la Plena apenas logró autoconvencerme y ganar mi propio voto, y obtener la supresión de algunas expresiones infortunadas como calificación de la labor de creación del Tribunal, es estéril pormenorizar más el análisis de esta decisión, tan atractiva a su examen por las tantas facetas de discusión que ofrece.

Son suficientes la expuestas para fundamentar mi disentimiento de la verdad que la Corte ha determinado en este punto.

Concluyo, simplemente, manifestando que considero tan constitucional este Tribunal Especial de Instrucción, como lo fue el de 1985, instituido para investigar los malhadados hechos del Palacio de justicia, y que si éste así fue reconocido, esperaba encontrar otra idéntica valoración para los Decretos números 750 y 790 de 1987.

Con el debido respeto y el imprescindible distanciamiento conceptual.

Gustavo Gómez Velásquez

Magistrado