Sentencia 956. de 982

300Corte SupremaCorte Suprema30030017203956.Ricardo Medina Moyano.98215/11/0982956._Ricardo Medina Moyano._982_15/11/098230017203DERECHO DE DEFENSA EN LOS JUICIOS ELECTORALES Inexequible por ser violatorio de la Constituci�n, el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Ref.: Expediente n�mero 956. 982

Mario Latorre | Nemesio Camacho R.demanda de incontitucionalidad de el Art. 36 Ley 85 de 1981. Por la cual se modifica la Ley 28 de 1979.Identificadores30030017204true91317Versi�n original30017204Identificadores

Norma demandada: �demanda de incontitucionalidad de el Art. 36 Ley 85 de 1981. Por la cual se modifica la Ley 28 de 1979.

Inexequible por ser violatorio de la Constituci�n, el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981.

Norma acusada. Art. 36 Ley 85 de 1981. Por la cual se modifica la Ley 28 de 1979.

Obrando en su condici�n de ciudadanos, y en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, Mario Latorre Rueda y Nemesio Camacho, solicitan a la Corte Suprema de Justicia "se declare la inexequibilidad del art�culo 36 de la Ley 85 de 1981".

Emitido el concepto de rigor por la Procu�radur�a General de la Naci�n, en el cual se considera que la norma en cuesti�n es exequible,corresponde a la Corte, tomar la decisi�n res�pectiva.

Incluidos los ac�pites correspondientes el tex�to de la norma acusada, es del siguiente tenor:

Art�culo 36. Sin perjuicio de la acci�n conten�ciosa de nulidad de la elecci�n, cualquier ciudadano podr� solicitar al respectivo Tribunal Administrativo que ordene anular la inscripci�nde los candidatos de quienes se compruebe ple�namente que no re�nen las calidades exigidas o est�n inhabilitados para ser elegidos conforme a la Constituci�n Nacional. La solicitud deber� presentarse dentro de los cinco (5)d�as siguien�tes a la inscripci�n y ser� resuelta por el Tri�bunal en el t�rmino de tres(3)d�as.

Los miembros del Tribunal incurrir�n en mala conducta si no resuelven la solicitud en el plazo se�alado.

Consideran los demandantes, que el art�culo acusado de la Ley 85 de 1981 "viola el art�culo 26 de la Constituci�n".

Los demandantes concentran el ataque en forma clara y precisa, en relaci�n con el dere�cho de defensa consagrado en la antecitada nor�ma constitucional, y advirtiendo que su alcance ha sido ampliamente determinado por la doc�trina y la jurisprudencia, concretan su pensa�miento de la siguiente manera:

"Y ese derecho, garantizado as� por la Cons�tituci�n, es uno de los derechos fundamentales de nuestro sistema institucional. Igualmente constituye tambi�n en nuestro sistema un derecho fundamental -como otros de car�cter po�l�tico, garantizados por la Constituci�n- la fa�cultad que tiene el ciudadano, si cumple deter�minadas condiciones, de ser elegido a las corpo�raciones p�blicas, entre ellas al Congreso.

Ahora bien, el art�culo que demandamos atri�buye a unos Magistrados la competencia para decidir definitivamente sobre los derechos de los ciudadanos, sin o�rlos, estableciendo una plena prueba sin que sea controvertida, sin po�sibilidad de apelaci�n, para agregar otras cir�cunstancias que van contra lo aceptado en unr�gimen de derecho, viol�ndose por tanto, como hemos dicho las garant�as estatuidas por la Cons�tituci�n".

El Ministerio P�blico descorri� el traslado ordenado por la Constituci�n y la ley, mediante la vista fiscal n�mero 562 del 23 de abril (Fls. 6 y ss.) del presente a�o, en la cual como ya se ha visto, considera que la norma acusada seci�e a los mandatos de la Carta Fundamental.

La Procuradur�a empieza por afirmar que el art�culo demandado "consagra una acci�n pre�ventiva de limpieza electoral que tiene por ob�jeto impedir que vayan a comicios quienes ca�rezcan de calidades constitucionales y legalespara ocupar los cargos de representaci�n popu�lar".

Seguidamente se refiere la Procuradur�a al derecho de defensa, para concluir que el art�culo 26 de la Carta Fundamental no ha sido violado, razonando al efecto de la siguiente manera:

"No se viola en forma alguna la Carta sino, por el contrario, le da curso normal al recto entendimiento de que quien presente la solicitud en el breve t�rmino all� establecido, debe hacerlo con las pruebas plenas y suficientes pa�ra que el Tribunal respectivo pueda decidirdentro de los tres d�as siguientes. Adicionalmente como ha dicho la Corte, el derecho de defensaque consagra el articula 26, no consiste en lapluralidad de recursos, sino en la oportunidad de aclarar los hechos y esta oportunidad puede y debe cumplirse si se entiende limpiamente la ley en el sentido mencionado".

Termina la vista fiscal comparando la nulidad de la inscripci�n prevista en el art�culo de�mandado con la acci�n de nulidad y al efectoafirma:

"...cuando el tenor de la norma acusada emplea h locuci�n 'sin perjuicio de la acci�n contenciosa de nulidad de la elecci�n' est� in�dicando en mi sentir, que quien no recurre a la petici�n citada, puede ejercitar como cualquier otro ciudadano, la acci�n de nulidad de la elec�ci�n. Es decir, que circunstancial mente no sonincompatibles, sino sustantivas. Y como la leypuede ser modificada, lo �nico que cabe decires que la �ltima adicion� o modific� la primera, pero no que haya violado la Constituci�n, que es el estatuto que en general se�ala las calida�des y requisitos para ser elegido''.

Primera. Competencia de la Sala Plena. La competencia para conocer del presente juicio de constitucionalidad le corresponde a la Sala Ple�na de la Corte, previo estudio de la Sala Cons�titucional, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 214 de la Carta Pol�tica, subrogado por el art�culo 71 del Acto Legislativo n�mero 1 de 1968.

a) Encuentra la Corte que la norma deman�dada es contraria a la Constituci�n Nacional, concretamente al art�culo 2�� de la misma, en el cual, tradicionalmente la Doctrina y la Juris�prudencia han considerado que se encuentra consagrado especialmente el derecho de defensa.

Dentro de este marco conceptual, la Corte ha entendido siempre que el mentado art�culo 26 comprende una amplia gama de instituciones encaminadas a permitir que el juez se encuentre en condiciones de dictar una sentencia justa, las cuales se concretan en primer termino, en el derecho de los individuos a no ser condenados, sin haber sido escuchados y vencidos en juicio; en segundo lugar, en el derecho de los mismos a que se cumplan las ritualidades propias del proceso correspondiente; y por �ltimo, en el derecho a controvertir e impugnar los hechosinjur�dicos que se les imputen, como tambi�n a hacer valer sus derechos conforme a la ley.

Y por supuesto, el candidato cuya inscripci�n se anula de conformidad con lo dispuesto en el art�culo demandado, carece de los derechos an�teriores, a fin de impugnar los hechos con baseen los cuales se haya producido tal anulaci�n.

En efecto, todo indica que la providencia dic�tada por el Tribunal Administrativo en desem�pe�o de sus funciones jurisdiccionales, que com�porta por lo dem�s una valoraci�n de las condiciones requeridas por la ley para la ins�cripci�n de las candidaturas, se hace pr�ctica�mente de plano y sin que exista siquiera una adecuada citaci�n de la parte interesada, todo ello adem�s, dentro de una actuaci�n a la cual el legislador ha querido darle una fisonom�a de �nica instancia.

Justamente si se aceptara en gracia de discusi�n, como lo expresa la Procuradur�a, que la nueva acci�n creada en el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981, debe entenderse como sustitutiva de la acci�n contenciosa de nulidad de la elecci�n; precisamente por tal raz�n, el ejercicio de la misma por parte de los ciudadanos, debe estar rodeado, como la segunda, respecto delcandidato inscrito, de las garant�as y recursos necesariospara facilitar y darle eficacia a ladefensa del mismo;

b) Vale advertir que si bien los demandantes solamente consideraban como violado el art�culo 26 de la Constituci�n, la Corte encuentra ade�m�s que el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981 vulnera tambi�n el art�culo 15 de la misma codi�ficaci�n constitucional al lesionar uno de losderechos pol�ticos fundamentales de los ciudada�nos. Ciertamente, este �ltimo art�culo consagrael derecho de todos los ciudadanos a ser elegi�dos, y naturalmente la orden proferida por los Tribunales Administrativos, de anular la ins�cripci�n de los candidatos, en las condiciones que se han dejado analizadas, hacen nugatorio el mencionado derecho, al impedir la realizaci�nde uso de los actos fundamentales dentro delproceso de elecci�n popular;

c) Dada la naturaleza en general del estado de derecho, y en particular la importancia de los mecanismos de elecci�n, dentro del car�cter representativo propio del modelo de Gobiernodel Estado colombiano, resulta desde luego con�veniente y aceptable la existencia de "una ac�ci�n preventiva de limpieza electoral", tendientepor lo dem�s a evitar que concurran a los "co�micios quienes carezcan de calidades constitu�cionales y legales para ocupar los cargos derepresentaci�n popular", como lo advierte el Ministerio P�blico, pero, naturalmente, el logrode tan laudables prop�sitos debe buscarse en el marco de las disposiciones constitucionales y sinagravio de los derechos individuales y de las garant�as sociales consagrados en ellas.

El brev�simo t�rmino, ocho d�as en total y las consecuencias de su incumplimiento por par�te del Tribunal, revelan que se pretendi� obtenerla decisi�n de �ste antes de la realizaci�n de las elecciones, empero la rapidez y conveniencia detales t�rminos no justifican el olvido de losderechos individuales en juego.

Sin desconocer por lo tanto los manifiestos intereses de la colectividad comprendidos en la norma sujeta al juicio constitucional de la Cor�te, tampoco puede desconocerse la existencia de m�ltiples derechos civiles, laborales y desde luego pol�ticos, estrechamente vinculados al acto de la inscripci�n, cuya anulaci�n no puede ser impuesta sin la existencia del "debido proceso", o lo que es lo mismo sin la posibilidad de que los interesados, sean o�dos y vencidos en juicio, con las formalidades propias determinadas porla ley.

Tales en suma las razones por las cuales, la norma acusada ser� declarada inexequible por la Corte.

A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, en uso de las facultades consagradas en el art�culo 214 de la Carta Po�l�tica y escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n,

DECLARASE INEXEQUIBLE por ser violatorio de la Constituci�n, el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981, cuyo texto es el siguiente:

"Sin perjuicio de la acci�n contenciosa de nulidad de la elecci�n, cualquier ciudadano po�dr� solicitar al respectivo Tribunal Adminis�trativo que ordene anular la inscripci�n de los candidatos de quienes se compruebe plenamente que no re�nen las calidades exigidas o est�n in�habilitados para ser elegidos conforme a la Cons�tituci�n Nacional. La solicitud deber� presen�tarse dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la inscripci�n y ser� resuelta por el Tribunal en el t�rmino de tres (3) d�as.

''Los miembros del Tribunal incurrir�n en mala conducta si no resuelven la solicitud en el plazo se�alado".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y ar�ch�vese el expediente.

Jer�nimo Arg�ez Castillo, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, con salvedad de voto; Ma�nuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, con salvamento de voto; Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ball�n, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echand�a, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro El�as Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Salv� el voto; Dar�o Vel�squez Gaviria.

Se advierte con claridad la distinci�n que hace la norma acusada entre la acci�n conten�ciosa de nulidad de la elecci�n y la orden de anular la inscripci�n de un candidato. Se trata, en efecto, de dos situaciones distintas con obje�tos diferentes: el primero radica en un acto esencialmente pol�tico; el segundo consiste en una simple actuaci�n administrativa; para aqu�l la ley determina un proceso en debida forma; para �ste lo que la norma impugnada prescribe As� vistas las es una mera tramitaci�n.

La inscripci�n que de su nombre hace un candidato para efectos electorales, implica la realizaci�n de un acto administrativo por la autoridad competente. La ley otorga a los ciu�dadanos la posibilidad de objetar dicha ins�cripci�n, y confiere a los tribunales administra�tivos el poder de ordenar su cancelaci�n, m�s que su anulaci�n, cuando se les ofrezca plena prueba de que el candidato inscrito no tiene las condiciones o las calidades requeridas o se halla inhabilitado para ser elegido, seg�n las exigen�cias constitucionales y legales. Se trata de una medida de car�cter preventivo tendiente a evi�tar una segura nulidad ulterior, ella s� por la v�a judicial, dado que la plena prueba que se exige no puede dejar duda sobre la verdad del inconveniente aducido. La comprobaci�n corres�pondiente, en cuanto plena, ha de ser por ello mismo contundente e incontrovertible. Tal ocu�rre, por ejemplo, con la prueba de edad o la de la existencia.

Que esta facultad otorgada por la norma a los tribunales administrativos pueda ser inapropiada o inconveniente en cuanto atribuida a organismos jurisdiccionales, es asunto que no concierne al juicio de la Corte. Lo cierto es que la actuaci�n de los ciudadanos en el evento no tiene car�cter procesal, estrictamente hablando. Ella consiste en una simple solicitud que carece de las caracter�sticas de una acci�n judicial. Toda demanda, en este sentido, contiene solici�tudes, pero no toda solicitud configura una demanda en t�rminos procesales. En el presente caso la petici�n ciudadana conduce a la aplicaci�n de un procedimiento extraprocesal particularmente breve y sumario, de evidente �ndole administrativa, pero no a un proceso de naturaleza contenga, como s� lo es el que se origina en la acci�n de nulidad.

No se trata, como lo afirma la demanda, de que la norma impugnada est� "estableciendo una plena prueba", sino apenas que exige ese valor probatorio para la que se presente, con el fin de demostrar a plenitud la inhabilidad o la ausencia de calidades del candidato irregularmente inscrito, o que haya perdido alguna de sus condiciones despu�s de la inscripci�n. Justamente se trata de corregir tal anormalidad cuando se compruebe sin lugar a dudas, todo ello en funci�n previsora que tiende a garantizar la absoluta pureza del acto pol�tico que habr� de producirse en la elecci�n.

As� vistas las cosas, las �rdenes de los tribunales administrativos para que se anulen o cancelen las inscripciones irregulares, o que llegaren a serlo, por las autoridades competentes, en cuanto son de �ndole administrativa y no judicial, estar�n sujetas a los recursos que la ley establece para los actos administrativos de manera general. Agotada esa v�a, se abrir� paso a la correspondiente acci�n judicial, en todo lo cual se encuentra garant�a de los principios de impugnaci�n y contradicci�n propios del derecho de defensa que consagra la Carta. De donde la norma acusada debe ser declarada exequible.

Reitero en esta ocasi�n el criterio ya expuesto por m� en anterior salvamento de voto (expediente n�mero 954, demanda de inexequibilidad del inciso 1� del numeral 6 del art�culo 687 del C�digo de Procedimiento Civil), porque estimo que la Corte, al declarar la inexequibilidad del art�culo 36 de la Ley 85 de 1981, por violaci�n del art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, incurre en dos, a mi juicio, graves equivocaciones:

a) Aplica al derecho administrativo las prescripciones del art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica, que el Constituyente reserv� a los procesos penales.

El art�culo 26 de la Constituci�n, contra el que se dice atenta el art�culo 36 de la Ley 85 de 1981 no se refiere, en modo alguno, a los juicios civiles, laborales o administrativos, sino �nica y exclusivamente a los penales, como se desprende del mismo claro texto y sentido de la disposici�n, de las excepciones contenidas en el art�culo 27 de la misma Carta y de la reglamentaci�n del 26 y del 28 hecha por la Ley 153 de 1887.

a.1. La expresi�n "nadie" empleada en el art�culo 26 significa, seg�n el Diccionario deja Real Academia de la Lengua Espa�ola, "ninguna persona" y no es, por supuesto, en los procesos civiles, laborales o administrativos en los cuales se juzga a los habitantes del territorio nacional.

a.2. El art�culo 27, que establece tres excep�ciones a la disposici�n anterior no se refiere, tampoco, a juicios previos diferentes de los pe�nales:

"...Art�culo 27. La anterior disposici�n no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos t�rmi�nos que se�ala la ley...".

"...1�. Los funcionarios que ejercen autori�dad o jurisdicci�n, los cuales podr�n penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que est�n desempe�ando las funciones de su cargo�".

"...2" Los jefes militares, los cuales podr�n imponer penas in continenti, para contener una insubordinaci�n o mot�n militar o para man�tener el orden hall�ndose en frente del enemi�go..."

". ..3�. Los capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo (Cons. de 1886, Art. 21)..."

a.3. Los art�culos 43 a 45 de la Ley 153 de 1887 que reglamentan los art�culos 26 y 28 de la Constituci�n Nacional tampoco se refieren, finalmente, a juicios civiles o laborales ni, mu�cho menos, a actuaciones puramente adminis�trativas:

"...Ib�dem, art�culo 43. La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podr� ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla s�lo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se apli�car�n con arreglo al art�culo 40... ".

"�..Ib�dem, art�culo 44. En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aqu�lla sen posterior al tiempo mi que se cometi� el de�lito...".

"....Esta regla favorece a los reos condena�dos que est�n sufriendo su condena...".

"...Ib�dem, art�culo 45. La precedente dis�posici�n tiene las siguientes aplicaciones�"

"...La nueva ley que quita expl�cita o im�pl�citamente el car�cter de delito a un hecho que antes lo ten�a, envuelve indulto y rehabili�taci�n�.".

"�Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era tambi�n fija, se declarar� la correspondiente rebaja de pena...".

".. .Si la ley nueva reduce el m�ximum de la pena y aumenta el minimum, se aplicar� de las dos leyes la que invoque el interesado... ".

"...Si la ley nueva disminuye la pena cor�poral y aumenta la pecuniaria, prevalecer� so�bre la ley antigua...".

b) Supone que es la Constituci�n la que es�tablece en qu� consiste el llamado "derecho de defensa" y ella la que reglamenta "el debido proceso" cuando el propio constituyente atri�buy� a la ley el se�alamiento de tales requisitos y de los correspondientes procedimientos, como es f�cil advertir no s�lo del texto del art�culo 26 sino del de otras disposiciones constitucio�nales:

"...Art�culo 23. Nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registra�do, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes..." (resaltados fuera del texto).

"�.Art�culo 26. Nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio�" (resaltados fuera del texto).

"...Art�culo 27. La anterior disposici�n no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos t�rmi�nos que se�ala la ley..." (resaltados fuera del texto).

"...Art�culo 28. A�n en tiempo de guerra nadie podr� ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previa�mente se haya prohibido el hecho y determin�n�dose la pena correspondiente...'; (resaltados fuera del texto).

No es posible, en consecuencia, que los requi�sitos y los procedimientos se�alados en la ley puedan violar, en alg�n caso, el art�culo 26 de la Carta ni ning�n otro de los textos constitu�cionales, todos los cuales dejan esas materias al legislador, lo que significa que el "derecho de defensa" es el que la ley reconozca en cada juicio y el ''debido proceso" el que se cumpla con sujeci�n a ella y, en suma, que las violacio�nes de uno y otro principio s�lo pueden darse cuando los funcionarios desconocen las ordenaciones legales -que es lo que la Constituci�n proh�be- por ejemplo, molestando a las perso�na-, o a sus familias sin mandamiento escrito de autoridad competente, sin las formalidades legales y sin que exista un motivo previamente definido en las leyes; o juzg�ndolas conforme a leyes derogadas o inexistentes para la fecha de la comisi�n del acto que se imputa, o ante tribunal incompetente o sin observar la plenitud de las formas propias de cada juicio; o pen�n�doles ex post facto, sin que previamente se haya prohibido el hecho y determin�ndose la pena co�rrespondiente.

La Sala de Casaci�n Penal de la Corte ha entendido muy bien esta situaci�n y, desde mu�cho tiempo atr�s, invariablemente, ha sostenido que se viola el ''derecho de defensa" y se que�branta el "debido proceso" cuando se descono�cen las normas legales que, al amparo del ar�t�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica, los garanti�zan en los respectivos procesos penales:

"...Como reiterada e inveteradamente lo ha venido declarando la Corte, la nulidad con ran�go de violaci�n del derecho constitucional que �sta ha venido reconociendo se refiere, no a las informalidades o simples defectos procesales ni a la comisi�n u omisi�n de algunas actividades judiciales irrelevantes, para las cuales el propio C�digo de Procedimiento Penal y el R�gimen Disciplinario prescriben las sanciones pertinen�tes, sino al quebrantamiento de uno cualquiera de los cuatro presupuestos fundamentales que el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional se�ala para el debido juzgamiento de las personas, consistentes en que �stas s�lo pueden serlo con�forme a leyes preexistentes al acto que se impu�ta, por el Tribunal legalmente competente para hacerlo, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y, si es el caso, mediante la aplicaci�n de las leyes permisivas o favorables, a�n siendo �stas promulgadas con posterioridad a la ocurrencia del hecho..."'.

"�...De estas cuatro hip�tesis constitucionales resulta f�cil advertir que la a que se refiere el casacionista es a la concerniente al desconoci�miento del derecho de defensa, por violaci�n de las formas propias del debido proceso, que se reputa quebrantada por el recurrente en el su�puesto de que el rechazo del juez a la designa�ci�n del vocero hecha por otro de los procesados, distinto al demandante, 'complic� tanto la si�tuaci�n de (aqu�l), como la del (recurrente) para la defensa...'.

"�.las llamadas nulidades constitucionales o supralegales son aqu�llas que atacan 'las bases mismas de la organizaci�n judicial' (Sent. 11 febrero 1948), esto es, las que "desfiguran el esquema del proceso, afectan fundamentalmente su estructura, socavan las bases del juzgamiento o desconocen garant�as esenciales de las partes' (Sent. 6 de mayo de 1970, CXXXIV, 295):�"

"�.La jurisprudencia ha admitido, en guar�da de los principios superiores de la Constitu�ci�n Nacional y para casos extremos, nulidades no establecidas por la ley procesal de modo expreso, deducidas de lo dispuesto en el art�culo 26 de la suprema ley y a las que ha denominado nulidades supralegales o constitucionales, cuan�do se trate de irregularidades proced� mentales que ataquen las bases mismas de la organizaci�n judicial o consagren flagrante violaci�n del de�recho de defensa del procesado. Como tales se han considerado, en la elaboraci�n jurispruden�cial de casaci�n, la vocaci�n a juicio de un sin�dicado y el seguimiento de causas con aplicaci�n de leyes sustantivas posteriores al delito (Sent., 19 de febrero de 1943); la denominaci�n anfi�bol�gica del cargo en el auto de proceder, cuan�do la ambig�edad en la formaci�n de la acusa�ci�n impida la precisi�n del delito materia del juicio (Sents., 19 de febrero de 1943 y 23 de enero de 1960); la falta absoluta de defensa t�cnica o formal del acusado (Sents, 18 de mayo de 1942, 15 de diciembre de 1950, 11 de julio de 1952, 23 de enero de 1953, 7 de diciembre de 1955, 7 de noviembre de 1961, entre otras); la omisi�n en el cuestionario sometido al jurado de elementos tipificadores de la infracci�n o de
circunstancias modificadoras de la responsabili�dad del procesado (Sents. 26 de julio de 1944, 10 de noviembre de 1955 y 12 de noviembre de 1956, entre otras); la falta de asistencia del procesado menor (Sent. 11 de febrero de 1948).

"....La nulidad de rango constitucional, como es de f�cil comprensi�n, desfigura el esquema del proceso, afecta fundamentalmente su estruc�tura, socava las bases del juzgamiento, descono�ce garant�as esenciales de las partes. Por ello no se puede pretender, al amparo de la elabo�raci�n jurisprudencial que ha dado paso a esa clase de nulidad en guarda del art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, que toda omisi�n o in�formalidad en que se haya incurrido en el de�senvolvimiento del proceso, as� no lesione los intereses b�sicos del Estado ni de los sujetos vinculados a la relaci�n procesal, sea aceptada como motivo de esa nulidad superior, empe�o que ha venido observ�ndose con inusitada frecuencia en alegatos de casaci�n� (Sent. 8 mayo 197', CXXXIV, 295)�."

No entiendo, en suma, c�mo puede acudir la Corte a las anteriores disposiciones constitucio�nales para declarar que las viola una simple ac�tuaci�n administrativa que, adem�s, se limita a disponer que "sin perjuicio de la acci�n conten�ciosa de nulidad de la elecci�n, cualquier ciu�dadano podr� solicitar al respectivo Tribunal Administrativo que ordene anular la inscripci�n de los candidatos de quienes se compruebe ple�namente que no re�nen las calidades exigidas o est�n inhabilitados para ser elegidos conforme a la Constituci�n Nacional", o que las viole el tr�mite legal que all� se dispone o la sanci�n que, por mala conducta, se establece respecto de los miembros del Tribunal Administrativo que no resuelvan la solicitud en los plazos se�alados.