300Corte SupremaCorte Suprema300300171931200 (166E).Alfonso Patino Rosselli.198403/07/19841200 (166E)._Alfonso Patino Rosselli._1984_03/07/198430017193LA SITUACION DE ANORMALIDAD QUE ES ESENCIAL AL ESTADO DE SITIO, EL CUAL NO CONSTITUYE PROPIAMENTE UN ESTADO DE PAZ, HACE PERMISIBLE EL CONOCIMIENTO Y SANCION POR AUTORIDADES MILITARES DE DELITOS IMPUTADOS A CIVILES. LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO DE ESTADO DE SITIO, NO PUEDEN SER APLICADAS A HECHOS ANTERIORES A LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE TAL DECRETO Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia número 58. Referencia: Expediente número 1200 (166-E). 1984
Revisión constitucional del Decreto número 1056 de 1984 "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".Identificadores30030017194true91307Versión original30017194Identificadores

Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto número 1056 de 1984 "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".


LA SITUACION DE ANORMALIDAD QUE ES ESENCIAL AL ESTADO DE SITIO, EL CUAL NO CONSTITUYE PROPIAMENTE UN ESTADO DE PAZ, HACE PERMISIBLE EL CONOCIMIENTO Y SANCION POR AUTORIDADES MILITARES DE DELITOS IMPUTADOS A CIVILES. LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO DE ESTADO DE SITIO, NO PUEDEN SER APLICADAS A HECHOS ANTERIORES A LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE TAL DECRETO

Corte Suprema de justicia

Sala Plena

Sentencia número 58.

Referencia: Expediente número 1200 (166-E).

Revisión constitucional del Decreto número 1056 de 1984 "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".

Magistrado ponente: doctor Alfonso Patino Rosselli.

Aprobada por Acta número 29 de julio 3 de 1984.

Bogota, julio tres (3) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

I. EL DECRETO EN REVISION

El Gobierno Nacional hizo llegar a la Corte, al día siguiente de su expedición y para el correspondiente examen de constitucionalidad, copia autentica del Decreto Legislativo número 1056 de 1984 (mayo 4), "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".

El siguiente es el texto de dicho Decreto:

"DECRETO NÚMERO 1056 DE 1984

Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto Legislativo número 1038 de 1984,

Artículo 1° El que sin permiso de autoridad competente, fabrique, almacene, distribuya, venda, transporte, suministre, adquiera, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en arresto de uno a dos anos y en el decomiso de dichos elementos.

Artículo 2° La sanción de que trata el artículo anterior será aplicada por los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Se oirá en descargos al contraventor dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos, diligencia para la cual deberá estar asistido por un apoderado.

A partir del día siguiente al de esta diligencia, empezara a correr un término de cinco días para practicar las pruebas que hubieren sido solicitadas por el contraventor o su apoderado u ordenadas por el funcionario de instrucción respectivo, designado para el efecto.

Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos, no hubiera sido posible oír en diligencia de descargos al contraventor, se le emplazara por edicto que permanecerá fijado por dos días en la Ayudantía del Comando de la respectiva Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, según el caso.

Si vencido este plazo no compareciere el contraventor, se le declarara ausente y se le nombrara defensor de oficio para que actúe hasta la terminación de la investigación.

Artículo 3° Transcurridos los anteriores términos, se dictara la correspondiente resolución motivada, en la cual se harán constar: la identificación del contraventor, el hecho que se le imputa, y la sanción que se le impone si se le declara responsable, si es absuelto, será puesto inmediatamente en libertad.

Artículo 4° En caso de ser declarado responsable un contraventor que estuviere capturado, será recluido en la cárcel del lugar, con la obligación de remitir copia de la respectiva resolución a la dirección general de prisiones, autoridad que en definitiva fijara el lugar de reclusión.

Artículo 5° Los términos fijados en este decreto se ampliaran hasta el doble, si los contraventores fueren cinco o mas personas.

Artículo 6° La resolución a que se refieren los artículos anteriores, será notificada personalmente al contraventor o al defensor de oficio, y al fiscal permanente de la respectiva Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, y contra ella solamente procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, y resuelto dentro de las subsiguientes cuarenta y ocho horas.

Artículo 7° La captura, en las actuaciones a que de lugar la aplicación del presente decreto, se regirá por las normas pertinentes del Código Nacional de Policía (Decreto número 1355 de 1970).

Artículo 8° Los comandantes de Brigada, Unidad Táctica, Base Naval o Aérea y unidades destacadas, podrán suspender los salvoconductos ordinarios otorgados para portar armas de defensa personal a quienes considere necesario.

Artículo 9° Las disposiciones del presente Decreto se aplicaran a los hechos respecto de los cuales no se hubiere iniciado investigación.

Artículo 10. Este Decreto rige desde su expedición y suspende el artículo 201 del Código Penal y demás disposiciones legales que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogota, D. E., a 4 de mayo de 1984.

BELISARIO BETANCUR

(Fdo.).

El Ministro de Gobierno, Alfonso Gomez Gomez (fdo.); el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Lloreda Caicedo (fdo.); el Ministro de Justicia (E), Nazly Lozano Eljure (fdo.); el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Edgar Gutierrez Castro (fdo.); el Ministro de Defensa Nacional (E), Miguel Vega Uribe (fdo.); el Ministro de Agricultura, Gustavo Castro Guerrero (fdo.); el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Alberto Gonzalez M. (fdo.); el Ministro de Salud, Jaime Arias Ramirez (fdo.); el Ministro de Desarrollo Económico, Rodrigo Marín Bernal (fdo.); el Ministro de Minas y Energía, Carlos Martinez Simahan (fdo.); el Ministro de Educación Nacional, Doris Eder de Zambrano (fdo); el Ministro de Comunicaciones, Nohemi Sanin Posada (fdo.); el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Hernán Beltz Peralta (fdo.)".

Para efectos de la intervención ciudadana el Decreto en referencia fue fijado en lista en la Secretaria de la Corte por el término de tres días, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto número 432 de 1969. Tal término transcurrió en silencio.

II. CONCEPTO DEL. PROCURADOR

El Procurador General se pronuncia en su correspondiente vista fiscal por la inexequibilidad del Decreto número 1056, con excepción del artículo 8° que estima constitucional.

Basa su concepto en la consideración de que teniendo el estado de sitio carácter transitorio el gobierno no puede, según el artículo 121 de la Carta, tomar medidas que tengan vocación permanente.

El arresto de uno a dos anos, por ejemplo, pugna con la naturaleza del estado de sitio y de las medidas que de este se derivan "cuyo carácter esencial y exclusivo es la temporalidad o transitoriedad". "Esta es -a su juicio- una de las diferencias existentes con el estado de emergencia económica, que presupone el establecimiento de normas con vigencia definida, indeterminada o permanente".

El artículo 2° es según su criterio violatorio de los artículos 61 y 170 de la Carta. Al respecto reitera pareceres que dice haber ya expuesto en relación con otros negocios.

"La justicia castrense -manifiesta- solo puede conocer de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares mas no de los delitos que cometan los civiles, toda vez que aún bajo el Estado de Sitio, por expreso mandato constitucional, es incompatible y prohibido el ejercicio coetáneo de la autoridad militar con la judicial, y por ende su desconocimiento conlleva violación directa y ostensible de la Constitución, como lo hizo el Gobierno al dictar el artículo 2° del Decreto número 1056/84. Adscribirle competencia a los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, para imponer, previo el procedimiento señalado en el decreto, la sanción de que trata el artículo 1° a civiles, lo cual se traduce en el ejercicio simultaneo de la función militar con la judicial, ya que de conformidad con el Estatuto Procesal Penal en concordancia con el artículo 201 del Código Penal, las infracciones a esta norma son de competencia privativa de los jueces ordinarios, genera necesariamente trasgresión a los preceptos constitucionales arriba citados.

3. De otra parte los preceptos contenidos en el Decreto número 1056 de 1984, salvo la excepción que se estudiara mas adelante, integran una proposición jurídica completa con el artículo 1°, puesto que señalan los funcionarios competentes (militares) para aplicar la sanción en este prevista y el procedimiento correspondiente, de tal suerte que su inconstitucionalidad se comunica a los artículos 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 9° y 10°"

Encuentra que en cambio el artículo 8°, sobre suspensión de salvoconductos expedidos para el porte de armas de defensa personal, se ajusta a la Constitución, ya que de acuerdo con el artículo 121 de la misma se limita a suspender disposiciones incompatibles con el estado de sitio y es conducente a la finalidad de conjurar los hechos causantes de la perturbación del orden público.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

Primera. Corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del decreto que se examina, a fin de atender 10 dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Carta y dado que tiende a desarrollar el Decreto número 1038 de 1984 (mayo 1°) "por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República", el cual fue declarado constitucional en sentencia de esta corporación número 47, de 14 de junio del ano en curso (Expediente número 1194 160-E).

Segunda. El Decreto número 1056 cumple el requisito exigido por el inciso segundo del artículo 121 de la Constitución, de llevar la firma de todos los ministros, y para su examen por la Corte el Ejecutivo atendió la disposición del parágrafo del mismo artículo, de enviarlo a la corporación al día siguiente de su expedición en copia autentica.

Tercera. La constitucionalidad de decretos de estado de sitio que dan a autoridades militares el conocimiento y sanción de delitos atribuidos a personas no integrantes de las Fuerzas Armadas de la República ha sido persistentemente sostenida por la Corte Suprema.

La ininterrumpida jurisprudencia al respecto fue sostenida una vez mas en la sentencia número 57, de esta misma fecha, en la cual la corporación declare) constitucional el Decreto Legislativo número 1042 de 1984 (mayo 2) "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico" (proceso 1198 164-E).

Se señalo en dicho fallo que en virtud de la expresión "en tiempo de paz" del artículo 61 de la Carta dicho artículo no impide que durante el régimen de estado de sitio el Gobierno pueda atribuir a la justicia penal militar el conocimiento y sanción de delitos vinculados a la perturbación del orden público y que el artículo 170 de la Constitución no excluye esa atribución.

Cuarta. Es evidente la relación entre las causas de la perturbación del orden público declarado por el Decreto número 1138 de 1984 (mayo 1°) y las medidas de excepción adoptadas por el Decreto número 1056 del mismo año.

Frente a los asaltos a poblaciones por grupos armados, a la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico y a los actos terroristas realizados en Bogota, Medellín y Cali -manifestaciones de una situación de anormalidad que quedo dolorosamente patetizada en la historia del país con el sacrificio de Rodrigo Lara Bonilla cuando ocupaba el cargo de Ministro de justicia-, ni los mas celosos adalides de drásticas limitaciones a las facultades derivadas del artículo 121 de la Constitución hallarían improcedente o excesivo el arresto de quienes sin permiso de autoridad competente fabriquen, almacenen, distribuyan, etc., etc., armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos y el decomiso de dichos elementos, o la suspensión, por autoridades militares, de salvoconductos ordinarios otorgados para portar armas de defensa personal.

Quinta. Los artículos 2° a 70 establecen normas procedimentales que satisfacen las exigencias constitucionales en la materia. Si el Gobierno encontró aconsejable que la sanción prevista en el artículo 1° sea aplicada, conforme a tales normas procedimentales, por autoridades militares y no por otras, no compete a la Corte dictaminar sobre el acierto de esa determinación -para lo cual además, carecería de elementos de juicio-.

El artículo 8° que atribuye a los comandantes de brigada, Unidad Táctica, Base Naval o Aérea y Unidades Destacadas la facultad de suspender los salvoconductos ordinarios otorgados para portar armas de defensa personal cuando quiera que lo consideren necesario, es disposición tan evidentemente acorde con las normas constitucionales que la correspondiente vista fiscal no la hallo censurable, según se indico en la reseña precedente y no obstante el criterio extremadamente restrictivo que informa ese y otros conceptos de la Procuraduría General de la Nación, relativos a decretos dictados en el ano en curso por el Gobierno en uso de las facultades previstas en el artículo 121 de la Constitución.

Sexta. El texto del artículo 9° ofrece el riesgo de que las demás disposiciones del Decreto número 1056 sean aplicadas a hechos anteriores a la iniciación de la vigencia de dicho decreto. Tal artículo pugna, por tanto, con el artículo 26 de la Constitución y será, en consecuencia, declarado inexequible.

Séptima. La Corte no comparte el concepto del Procurador General con respecto al Decreto número 1056 porque, como ya lo expreso en la sentencia sobre el Decreto Legislativo número 1042 de 1984 (Proceso 1198-164-E), continua pensando que la situación de anormalidad que es esencial al estado de sitio -el cual no constituye propiamente un estado de paz- hace permisible el conocimiento y sanción por autoridades militares de delitos imputados a civiles. Si así lo ha considerado por lustros, no ha de modificar tal posición, -sin que el artículo 121 haya sufrido cambio desde 1968 ni haya surgido en el campo jurídico hecho alguno que justifique viraje jurisprudencial en la materia- ahora, cuando tal viraje vulneraria la decisiva contienda que Colombia adelanta, con vigor que le ha ganado la admiración internacional, contra las mafias del narcotráfico.

Y tampoco concuerda con el Procurador General porque considera del todo infundado el parecer conforme al cual las medidas tomadas para restablecer el orden público no pueden tener "vocación de permanentes".

Al respecto se expreso así recientemente esta corporación (Proceso número 1197 163-E), Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz):

"La Corte desestima la tesis de la Procuraduría de que por la mera circunstancia de señalarse en el inciso primero del artículo 1° del Decreto Legislativo número 1041 de 1984 como término máximo de la pena imponible el de un ano, se esta violando el artículo 121 de la Carta, con el argumento de que este solo permite al legislador excepcional de estado de sitio tomar medidas provisionales o transitorias pero no de vocación permanente.

Esta corporación parte del axioma, algo olvidado, de que durante el estado de sitio no se suspende el Estado de Derecho sino que precisamente aquella institución excepcional tiene por finalidad el restablecimiento del orden público alterado y la restauración completa de la normalidad institucional, dentro de los cauces de su recuperación señalados en la misma Carta (art. 120-7, in fine y 121 C. N.). Destacase como corolario que el artículo 121 de suyo no permite sino que repudia la normatividad preventora o policiva, ambigua, ex post facto, indeterminada o impredecible (propia del Estado totalitario o estado policía), y que en cambio se adecua a la regulación represora o punitiva, clara, nítida, precisa, preexistente, impersonal y determinable (propia del Estado de Derecho), con la que se busca restablecer el orden público alterado o atenuar los efectos de su alteración.

Por lo mismo, el legislador excepcional no puede validamente eludir su deber constitucional impuesto en el artículo 28 de la Carta `aun en tiempo de guerra' y por ende para todo tiempo, de atender que `nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto -así sea legislativo- en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente' (subraya la Corte).

Paradójicamente, lo que resultaría de lo expuesto en la vista fiscal seria la indebida aplicación del artículo 121 en su mandato de provisionalidad, interpretándolo como indefinido en el tiempo al impedirle al gobierno que especifique la duración de la pena de privación de la libertad o que se fije pena alguna, induciendo entonces al inevitable quebranto del artículo 28 en el que a las claras y sin tanto rodeo se prescribe que ni aun en tiempo de guerra el legislador, el gobierno u otra autoridad están eximidos de su obligación de señalar la pena correspondiente.

La apreciación de que el gobierno mediante decretos legislativos de estado de sitio no puede señalar pena o que solo puede mencionarla pero indeterminada en el tiempo, con vocación, ahí si, permanente es antinómica no solo frente a los mandatos de los artículos 28 y 121 de la Constitución en los que ante todo se prohíbe, en su orden, la pena y el estado de sitio de carácter indefinido, sino ante la razón de ser toda ella, con sustento en la cual se parte de un orden normado de naturaleza represiva y no preventiva, que aun en estados de excepción apenas permite expedir disposiciones tendientes al restablecimiento de un orden alterado, pero que prohíbe la facultad de tomar medidas de prevención a toda costa respecto de un orden ya turbado para que no se acabe de alterar, según lo que vaya aconteciendo, con carácter ex post facto y no preexistente y desconociendo la necesidad de determinación punible de los hechos recriminables hasta concluir en el absurdo de que la duración de la pena no depende de la gravedad del hecho punible, ni de la responsabilidad del agente, sino del tiempo que se requiera para dar por establecido el orden público".

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar constitucional el Decreto Legislativo número 1056 de 1984 (mayo 4) "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público", con excepción del artículo 9° que es inexequible.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Humberto Murcia Ballén, Presidente; Fabio Calderón Botero (Con Salvamento de Voto); Luis Enrique Aldana Rozo (Con Salvamento de Voto); Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza A., Manuel Gaona Cruz (Con Salvamento de Voto); Dante L. Fiorillo Porras, Héctor Gomez Uribe, Jose Eduardo Gnecco Correa, Gustavo Gomez Velásquez (Con Salvamento de Voto); Fanny Gonzalez Franco, Álvaro Luna Gomez (Con Salvamento de Voto); Juan Hernández Sáenz (Con salvamento de voto); Ricardo Medina Moyano (Con Salvamento de Voto); Carlos Medellín (Con Salvamento de Voto); Alfonso Patiño Rosselli, Horacio Montoya Gil, Jorge Salcedo Segura (Con Salvedad); Alberto Ospina Botero, Nicolás Pájaro Peñaranda, Alfonso Reyes Echandía (salvo el voto); Fernando Uribe Restrepo, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, con aclaración de voto.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario

SALVAMENTO DE VOTO

Disentimos parcialmente de la presente providencia por las siguientes consideraciones:

Las expresiones: "... por los comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea..." del inciso 1° del artículo 2°; "... en la Ayudantía del Comando de la respectiva Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, según el caso..." del inciso 4° del mismo artículo; e... "y al fiscal permanente de la respectiva Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea..." del artículo 6° del Decreto que se revisa, son contrarias a la Carta, por las mismas razones que expusimos a propósito de la revisión constitucional del Decreto número 1042 de 1984 a las cuales pertenecen estas que ahora reiteramos:

Los "jueces naturales" a que se refieren, con esas palabras, las constituciones colombianas de 1830, 1832 y 1853, cuyos respectivos artículos cita el Procurador, y los "jueces legales" de que hablan normas también aludidas por el de las constituciones alemanas, unos y otros identifican la figura de la autoridad jurisdiccional que tiene indiscutible vocación de la constitución y de la ley para juzgar los actos de las personas según la naturaleza de ellos y la índole de estas. Esos jueces son los que en nuestro Estatuto Superior vigente constituyen el "tribunal competente" mentado en el artículo 26, que estatuye el debido proceso; los que aparecen también en el 61 cuando se habla de incompatibilidad entre el ejercicio simultaneo, en tiempo de paz, de autoridad política y autoridad judicial, de autoridad militar y autoridad política y los que figuran, así mismo en el artículo 170, donde, por excepción a lo general, se convierte en jueces naturales o legales de los militares en servicio activo, para ciertos casos, a las Cortes Marciales o Tribunales Militares.

El artículo 61 de nuestro Código Superior precisamente esta determinando que en tiempo de paz los jueces no pueden ser sino administradores de justicia, la autoridad civil solo será autoridad política o civil, y la autoridad militar solo ejercerá funciones castrenses. pero en tiempo de guerra exterior o interior, es decir, en términos mas amplios, en tiempos de perturbación por causa de conflictos internos o externos, esto es, en tiempo de no paz, siguiendo el mismo pensamiento expresado por el constituyente en el artículo 61 de la Carta, las prohibiciones desaparecen, para hacer posible que haya simultáneamente autoridad civil o política confundida con autoridad judicial; o autoridad militar confundida con autoridad política o civil, mediante la inversión de los términos de las prohibiciones originalmente consignadas en la Constitución. Elio puede ocurrir como efecto de la no paz, en contraposición con la paz. Lo que en esta la Carta hace negativo, en aquella se vuelve positivo, dentro de una operación lógica elemental. Pero lo imposible en paz o en no paz es lo que el Estatuto Fundamental no permite en momento alguno, ello es que la autoridad militar sea al mismo tiempo autoridad judicial. La autoridad militar puede llegar a ser autoridad judicial únicamente en dos casos indicados de manera exclusiva y concreta por la Constitución:

1. Para imponer penas in continenti a fin de contener insubordinación o motín militar (artículo 27-2).

2. Para conocer de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio (artículo 170).

Estas excepciones a la regla general de que la administración de justicia es siempre de los jueces, por ser tales y, además, permanentes, han sido determinadas por la Carta con detalle. No todos los delitos cometidos por militares son de la competencia de la justicia castrense, sino apenas los que ocurran por quienes se hallen en servicio activo, y con ocasión del mismo servicio. Hasta este punto ha sido cuidadoso el constituyente en el establecimiento de la excepción. Mal podría pensarse que, de ser cierto que los civiles se hallen sujetos a la justicia penal militar en tiempo de no paz, ello pueda ocurrir sin limites ni excepciones sino de manera general y absoluta. Como no fue eso lo que el constituyente pensó ni quiso decir al redactar el artículo 61, por ello en el no aparece limitación alguna en la imaginaria regla de que los jueces militares puedan conocer de los delitos cometidos por civiles en época de no paz.

Tiénese, en conclusión, que las expresiones transcritas de los artículos 2° y 6°, han debido ser declaradas inexequibles, porque el ejercicio simultaneo de la autoridad militar y la autoridad judicial en ningún caso ha sido previsto en la Carta ni para tiempo de paz ni para tiempo de no paz. Sencillamente ello no puede ocurrir, como tampoco la norma que así lo establece es susceptible de suspensión bajo estado de sitio debido a su jerarquía constitucional.

Fecha ut supra.

Carlos Medellín, Luis Enrique Aldana Rozo, Juan Hernández Sáenz, Ricardo Medina Moyano, Álvaro Luna Gomez, Jorge Salcedo Segura, Manuel Gaona Cruz, adhiero y doy por aprobadas las razones de mi salvamento de voto al proceso 1198, Decreto número 1042/84, julio 3/84; Fabio Calderon Botero, Gustavo Gomez Velásquez.

ACLARACION DE VOTO

He votado afirmativamente la parte resolutiva del presente fallo, mediante el cual se declara la exequibilidad del Decreto número 1056 de 4 de mayo de 1984, porque entiendo que, el haber decidido la Corte, con la participación del Conjuez, doctor Gonzalo Vargas Rubiano, la constitucionalidad del Decreto número 1042 de 2 de mayo del presente año, por medio del cual se atribuyo competencia, durante el tiempo de estado de sitio, a la Justicia Penal Militar para conocer de procesos que se adelanten por los delitos que define y sanciona el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Decreto número 1188 de 1974), esta determinación produce efectos de cosa juzgada en relación con el decreto cuya constitucionalidad se analizo en el presente expediente.

En otras palabras, para mi criterio, la decisión que ahora voto en forma afirmativa tiene todo el alcance, sentido y significado, así sus términos sean otros, de un "estése a lo resuelto" en la sentencia número 57 de 3 de julio de 1984 (Proceso número 1198 164-E), esto es, la que declaro ajustado a la constitución el citado Decreto.

Ello, por cuanto el aspecto jurídico vinculado a ambos procesos de revisión constitucional es el mismo, o sea la competencia de la Justicia Penal Militar para el juzgamiento de civiles durante el tiempo de estado de sitio. Obvio que por delitos diferentes y con modalidades procedimentales diversas, pero, de todas maneras, sobre el mismo presupuesto jurídico de la competencia por vía de excepción.

En esas condiciones encuentro que aquella determinación, expresión de voluntad mayoritaria de la Corte, aunque no fue adoptada con mi voto afirmativo obliga mi acatamiento y me impone decidir, como juez de constitucionalidad, el presente caso en igual forma.

En que, en tratándose del juicio de constitucionalidad y particularmente del de revisión de los decretos expedidos por el Gobierno dentro del marco del estado de sitio, los presupuestos jurídicos de la llamada "cosa juzgada"(res iudicate) no pueden operar en la misma estricta forma como actúan respecto de otra clase de procesos.

En efecto, los elementos de la cosa juzgada, tal como tradicionalmente se les ha conocido, son:

1. La identidad del objeto (eadem res).

2. La identidad de la causa petendi.

3. La identidad de las partes (eadem conditio personarum).

Pues bien, este tercer requisito no puede ser tenido en cuenta en los procesos de constitucionalidad por cuanto en ellos no hay partes propiamente dichas, esto es, en el sentido tradicional como se las toma en procesos de otra naturaleza y no simplemente limitadas a la iniciativa de promover la acción.

El objeto, en ellos, viene a estar constituido por la norma legal demandada o que se revisa.

Y la causa petendi resulta ser la que motivo al actor para demandar, o la que obliga al Gobierno a enviar a la Corte ciertos decretos para revisión (los expedidos en virtud de los artículos 121 y 122 de la Constitución).

Respecto de la identidad del objeto, cabe, a mi juicio, una amplitud en su consideración, a efecto de entenderla referida al principio jurídico contenido en la disposición, a la materia a que ella se refiere. Dicho de otra manera, el objeto es la norma sustancialmente considerada.

Desde este punto de vista, la esencialidad de una disposición puede encontrarse contenida en diferentes leyes o decretos demandados, o sometidos a revisión en el caso de los últimos, y no repugna jurídicamente, según mi criterio, entender que lo decidido en uno de ellos en relación con materia sustancialmente igual, tenga respecto de los otros, en ese punto, alcances o incidencia de cosa juzgada material.

Es lo que ha ocurrido, a mi juicio, en el presente caso, pues, vuelvo a repetir, la materia examinada en ambos decretos es la misma en esencia, esto es, la competencia de la Justicia Penal Militar para conocer, durante el tiempo de estado de sitio, de delitos cometidos por civiles, y se esta, además, dentro del mismo contexto o marco jurídico, constituido por la actual declaratoria de turbación del orden público.

Con todo respeto dejo en esta forma aclarado mi voto afirmativo por la parte resolutiva de la sentencia. La fundamentación o motivación del mismo la constituyen las apreciaciones hechas.

Dario Velasquez Gaviria.

Fecha ut supra.