Sentencia 1473 de 1986

300Corte SupremaCorte Suprema300300171551473Jaime Pinz�n L.198617/07/19861473_Jaime Pinz�n L._1986_17/07/198630017155&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 57. REFERENCIA: Expediente n�mero 1473. 1986

Jes�s Rodr�guez Cruz.En ejercicio de la acci�n p�blica que le confiere el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica, el ciudadano H�ctor Jes�s Rodr�guez Cruz, present� demanda de Inexequibilidad contra el art�culo 22 del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985, parcialmente y, contra el texto total del Decreto-ley n�mero 56 de 1986.Identificadores30030017156true91260Versi�n original30017156Identificadores

Norma demandada: �En ejercicio de la acci�n p�blica que le confiere el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica, el ciudadano H�ctor Jes�s Rodr�guez Cruz, present� demanda de Inexequibilidad contra el art�culo 22 del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985, parcialmente y, contra el texto total del Decreto-ley n�mero 56 de 1986.

NORMAS ACUSADAS: art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF Decreto-ley n�mero 1853 de 1985; Decreto-ley n�mero 56 de 1986 (texto total).

FECHA: Bogot�, D. E., julio diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

En ejercicio de la acci�n p�blica que le confiere el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Pol�tica, el ciudadano H�ctor Jes�s Rodr�guez Cruz, present� demanda de Inexequibilidad contra el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985, parcialmente y, contra el texto total del Decreto-ley n�mero 56 de 1986.

Art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985, en la parte subrayada:

"Art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- Destino DE Las cauciones y multas. El valor de las cauciones y multas que, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo anterior, ingresen al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia se destinar� a la construcci�n, reparaci�n, mantenimiento y dotaci�n de despachos judiciales y a programas de bienestar social de funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional".

'Art�culo 1oD0056_86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF" El art�culo 2oD1853_85#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 1853 de 1985, quedar� as�:

Captura en flagrancia o cuasiflagrancia. Quien sea sorprendido en flagrancia o cuasiflagrancia ser� capturado por la Polic�a Judicial o por cualquier otra autoridad o persona y conducido en el acto o en el t�rmino de la distancia, ante el juez competente para iniciar la investigaci�n, a quien deber� rendirse informe sobre las causas de la captura. De este informe se dejar� constancia en acta que suscribir�n el juez y quien haya realizado la captura".

Cuando por cualquier circunstancia no atribuible a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el Juez, ser� recluido en la c�rcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debi�ndose poner a disposici�n del Juez dentro de la primera hora h�bil del d�a siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior.

"Art�culo 2oD0056_86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- El art�culo 9oD1853_85#9o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 1853 de 1985, quedar� as�:

Conminaci�n. La Conminaci�n consiste en el compromiso por el cual el procesado se somete a cumplir las obligaciones que le imponga el Juez al resolverle la situaci�n jur�dica. S�lo procede para delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

"Art�culo 3oD0056_86#3o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- " El articulo 14D1853_85#14*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985, quedar� as�:

Casos en que procede la detenci�n preventiva. La detenci�n preventiva procede en los siguientes casos:

1.- Cuando el delito que se imputa al procesado tenga prevista pena de prisi�n cuyo m�nimo sea o exceda de dos (2) a�os, teniendo en cuenta las circunstancias especificas de agravaci�n concurrentes.

2.- Cuando se trate de uno cualquiera de los delitos tipificados en el Cap�tulo I del T�tulo VII del C�digo Penal y del delito de enriquecimiento il�cito.

3.- Cuando el procesado tuviere auto de detenci�n o cauci�n vigentes por el delito doloso o preterintencional en otro proceso, aunque el delito por el cual se proceda tenga pena de prisi�n cuyo m�nimo sea inferior a dos (2) a�os o pena de arresto.

4.- Cuando se hubiere realizado captura en flagrancia o cuasiflagrancia respecto de delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisi�n.

5.-Cuando el procesado no ot�rguela cauci�n juratoria o prendaria dentro de los tres (3) d�as siguientes a la notificaci�n del auto que la disponga y cuando incumpla cualquiera de las obligaciones que se le hayan impuesto en la respectiva diligencia, caso en el cual tambi�n perder� el valor de la cauci�n prendar�a que hubiere prestado.

"Art�culo 4oD0056_86#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- Improcedencia de medida de aseguramiento. No procede medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado actu� en cualquiera de las circunstancias previstas en los art�culos 29C_PENAL#29*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 40C_PENAL#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal.

"Articulo 5oD0056_86#5o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- El art�culo 16D1853_85#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985, quedar� as�:

Excepciones a las normas sobre la libertad provisional. No tendr�n derecho a la libertad provisional prevista en el numeral 3o. del art�culo 44L0002_84#44*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 2a. de 1984:

1.- Los procesados por delitos de secuestro extorsivo, extorsi�n y terrorismo, por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisi�n que sea o exceda de dos (2) a�os y por los delitos de enriquecimiento il�cito y los consagrados en el Cap�tulo I, Titulo VII del C�digo Penal y en el Decreto n�mero 2920 de 1982.

2.- Los procesados a quienes se les hubiere dictado auto de detenci�n preventiva conforme a lo previsto en los numerales 4o. y 5o. del art�culo 14D1853_85#14*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985.

"Art�culo 6oD0056_86#6o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- Poderes Disciplinarios del juez. El Juez sancionar� mediante resoluci�n motivada contra la cual s�lo procede el recurso de reposici�n, con arresto inconmutable hasta por el t�rmino de treinta (30) d�as, al procesado que injustificadamente se llegare a suscribir diligencia de conminaci�n.

El arresto a que se refiere el inciso anterior, cesar� en el momento en que el procesado suscriba la diligencia.

"El incumplimiento de las obligaciones se�aladas en la diligencia de conminaci�n dar� lugar a la imposici�n de arresto hasta por treinta (30) d�as cada vez que dicho incumplimiento se produzca.

'Art�culo 7oD0056_86#7o*NO EXISTE EL ARCHIVO .BKM.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y deroga las disposiciones que le sean contrarias".

El actor estima que los preceptos constitucionales violados son los art�culos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 30CONS_P86#30*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 34CONS_P86#34*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-11, 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-12 y 118CONS_P86#118*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-8 de la Carta.

En desarrollo de sus argumentos sostiene que el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985 quebranta los art�culos 30CONS_P86#30*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 34CONS_P86#34*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n porque "el primero garantiza el derecho de propiedad y nadie puede ser expropiado sino con las formalidades de la misma disposici�n y previa indemnizaci�n y porque el destino de las cauciones previsto por el citado art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF constituye una confiscaci�n. Lo anterior lo reitera el numeral 5o. del art�culo 3oD0056_86#3o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 56 de 1986, que tambi�n establece la p�rdida de la cauci�n, a pesar de ser de propiedad del procesado el dinero depositado; de manera que su desconocimiento equivale a una expropiaci�n, sin previa indemnizaci�n y sin motivos de utilidad p�blica".

Respecto del Decreto n�mero 56 de 1986, sostiene el actor que el Presidente sobrepas� las atribuciones que le concedi� el Congreso, seg�n los art�culos 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-11 y 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-12, violando los art�culos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 118CONS_P86#118*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-8 de la Carta, ya que la ley de facultades le atribuy� la expedici�n de un nuevo C�digo de Procedimiento Penal, pero no para reformarlo, sino para modificarlo en su totalidad. El Ejecutivo se ha salido, dice el actor, de las facultades precisas para legislar, tom�ndose atribuciones que no ten�a y por ende, violando los art�culos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. y 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n.

El Procurador memora que sobre el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985 ya hab�a rendido concepto pidiendo a la Corte se inhibiera de decidir por seria proposici�n jur�dica incompleta, y, no obstante que en la demanda de este proceso se ampl�an los t�rminos de la acusaci�n - la cual parece se inciner� en los sucesos de noviembre del pasado a�o- considera que es todav�a incompleta; por lo cual repite sus puntos de vista. Centra su criterio en que la acusaci�n se relaciona parcialmente con el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del citado Decreto, pero olvida hacerlo frente al art�culo 21D1853_85#21*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF que dispone lo relativo al pago de las cauciones y multas en el sentido que las deba hacer efectivas y depositadas a �rdenes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, lo cual evidencia el fen�meno de una proposici�n jur�dica incompleta por carencia de unidad normativa, ya que el demandante contrae exclusivamente su demanda a una parte que no es aut�noma, por estar en inseparable relaci�n de dependencia que hace imposible que la Corte pueda llegar a un pronunciamiento de m�rito sin examinarla simult�neamente con el precepto que no ha sido demandado.

Sobre el Decreto n�mero 56 de 1986 el Procurador expresa que aun cuando conoce una reciente sentencia de la Corte declarando la inexequibilidad del art�culo 15D1853_85#15*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985 porque no contiene la normatividad y caracter�sticas de un C�digo, el cual debe ser sistem�tico y seguir un orden met�dico y ajustado a un sistema regular que guarde armon�a con las materias propias del C�digo de Procedimiento Penal, reitera sus opiniones de exequibilidad del ley, las que vienen al caso, como se dice, el Decreto n�mero 56 de 1986 es reformatorio de 1853 y versa sobre las mismas materias.

Si las facultades se ejercen, contin�a el Procurador, dentro de los t�rminos temporales y materiales establecidos por el Congreso, no podr� hablarse de exceso en su ejercicio, cuando ellas no se desarrollen o s�lo se ejerza parcialmente, o en su totalidad, pero, a trav�s de varios Decretos. En el presente caso no puede decirse que el Presidente excedi� las facultades para actuar sobre el todo (C�digo de Procedimiento Penal), indudablemente, tambi�n la ten�a para actuar sobre sus partes, de acuerdo con el postulado filos�fico de la l�gica formal, de que el todo contiene las partes.

Bien pudo, agrega el concepto fiscal, al hacer uso de las autorizaciones que le fueron concedidas por la Ley 52 de 1984, dejar vigentes algunos art�culos del C�digo de Procedimiento Penal o reemplazarlos todos por una normatividad. En el primer evento las normas que subsistan del antiguo C�digo, junto con las nuevas disposiciones, conformar�an el nuevo C�digo, de acuerdo con las atribuciones revestidas.

Reitera que el Decreto se dict� dentro de los l�mites temporales en cuanto a su contenido considera que este tambi�n concuerda con las bases precisas y espec�ficas determinadas por la ley en el literal b) del art�culo 1oXXXX#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., pues el Decreto se refiere a la Captura, detenci�n y libertad provisional, medidas de aseguramiento y poderes disciplinarios del Juez para asegurar su imposici�n.

Finalmente solicita de la Corte se inhiba para decidir la acusaci�n sobre el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985 y que se declare la exequibilidad del Decreto n�mero 56 de 1986, en cuanto se produjo sin extralimitar las facultades extraordinarias.

1. Compete a la Corte decidir la acusaci�n por cuanto los textos fueron expedidos por el Ejecutivo seg�n el art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-12 de la Carta.

2.- La demanda comprende sendas acusaciones. La primera respecto de un art�culo del Decreto Ley n�mero 1853, "por el cual se dictan normas sobre Procedimiento Penal" y la segunda respecto de la totalidad del Decreto-ley n�mero 56 de 1986, "Por el cual se dicten tambi�n normas sobre procedimiento penal, las dos basadas en las facultades legislativas concedidas del Congreso al Presidente para expedir un nuevo C�digo de Procedimiento Penal seg�n la Ley 52 de 1984".

Para elaborar y poner en vigencia un nuevo C�digo de Procedimiento Penal y adecuarse en sus prescripciones sobre las precisas y espec�ficas bases contempladas en los literales del numeral 1o. Del art�culo 2oL0052_84#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. de la ley citada, la Corte dijo, en sentencia n�mero 38 de mayo de 1986, sobre la forma de ejercicio de las facultades, lo siguiente:

"...se encuentra que dicha disposici�n hace parte del Decreto Extraordinario n�mero 1853 de 1985 pero no pertenece propiamente a un c�digo de Procedimiento Penal que el Gobierno haya adoptado en cumplimiento de las atribuciones de que fue revestido por la Ley 52 de 1984, ya que el Decreto en referencia carece de connotaci�n como es f�cil inferirlo por la variedad de temas o materias reguladas por �l".

"..El Gobierno hizo uso sin fundamento Constitucional de la facultad de derogar normas preexistentes con el pretexto de que ellos se acomodan a las materias detalladas por la Ley de facultades."

"..Dicha derogatoria no puede ser previa a la adopci�n del C�digo de Procedimiento Penal que el Gobierno adopte en ejercicio de las especiales atribuciones que se le confieren sino coet�nea o subsiguiente a la expedici�n de �ste, como ineludible consecuencia del adecuado ejercicio de las facultades extraordinarias". (Radicaci�n 1399).

Id�ntico criterio sobre el punto la Corte ha expuesto en la radicaci�n 1369 que contiene la acusaci�n de inexequibilidad de los art�culos 4oD1853_85#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. incisos 1o., 2o., y 3o., del Decreto n�mero 1853 de 1985.

No existen en esta oportunidad razones distintas para incluir en referencia a la acusaci�n del art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853, una de las materias de este proceso y por lo tanto deber� declararse su inexequibilidad.

B. En relaci�n con la acusaci�n del texto total del Decreto-ley n�mero 56 de 1986 adem�s de las consideraciones precedentes, cabe agregar:

El actual articulo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, enuncia la atribuci�n legislativa propia del Congreso con sus diversos contenidos materiales. El mismo art�culo permite hacer una clasificaci�n de las leyes en "leyes aprobatorias", "leyes normativas u org�nicas", "leyes de pautas generales", "leyes ordinarias", "leyes con efectos especiales".

No las define texto constitucional alguno, aunque por su contenido se diferencian unas de otras. Son diversas las actuaciones legislativas que recoge el art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF citado, por ejemplo el numeral 1o. proviene de la codificaci�n de 1886. el 2o. de la reforma de 1943, el 22 de la reforma de 1968. Como leyes que son todas se tramitan formalmente en el Congreso, y se identifican en la operancia y eficacia de su imperio y son declaraci�n de la voluntad soberana, manifestada en la forma prevenida por la Constituci�n.

Sin embargo, a pesar de que el tr�mite para todas las leyes es el mismo, existen diferencias, porque un C�digo responde m�s que una simple elaboraci�n legislativa, a un acto decisivo del legislador, se trata de reducir a unidad org�nica y sistem�tica todas las normas relativas a determinadas materias.

Las normas del Decreto-ley n�mero 36 de 1986, son por otra parte, cambios al Decreto n�mero 1853 de 1983, que no es el nuevo C�digo de Procedimiento Penal, sino una simple modificaci�n del actual, tarea legislativa para la cual no fue facultado el Presidente. Adem�s el acusado Decreto n�mero 56 de 1986, tampoco corresponde a la naturaleza de un C�digo de Procedimiento Penal.

El Ejecutivo no puede legislar sitio dentro de los precisos eventos en que la Carta Pol�tica lo autoriza ajust�ndose a ella, pues como norma constitucional exceptiva es de aplicaci�n e interpretaci�n restrictiva, y no puede legislar, sin arrogarse facultades propias del Congreso, con la misma aptitud formal, temporal y material como lo hace aqu�l. El Legislativo no facult� al Ejecutivo para que mediante ensayos legislativos buscara el ordenamiento procesal penal y a su criterio lo plasmara mediante la expedici�n de sucesivos Decretos-ley, porque no le otorg� facultades frente a la ley procesal penal sino para hacerla cesar, una vez pusiera en vigencia el C�digo Procesal Penal y no para reformar el actual sucesivamente.

Elaborar el nuevo C�digo dc Procedimiento Penal y darle vigencia, como acto previo contiene la idea de la confecci�n total, y constituye una desviaci�n de poderes legislativos, dentro del lapso de revestimiento de facultades, legislar contra el actual y poner en vigencia esas reformas, como lo denotan, por otra parte, los ep�grafes de los Decretos n�meros 1853 de 1983 y 36 de 1986. Por ello se viola la Carta en los art�culos 1oD0056_86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 2oD0056_86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 3oD0056_86#3o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 4oD0056_86#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 5oD0056_86#5o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 6oD0056_86#6o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. y 7oD0056_86#7o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto-ley n�mero 56 de 1986, releva a la Corte de otros an�lisis.

Por lo expuesto, la corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

1.- DECLARAR INEXEQUIBLE el art�culo 22D1853_85#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto-ley n�mero 1853 de 1985,

2.- DECLARAR INEXEQUIBLE en todas sus partes, el Decreto-ley n�mero 56 de 1986.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente, Luis Enrique Aldana rozo, Con salvamento de voto; Hernando Baquero Borda, Magistrado; Rafael Baquero Herrera, Magistrado; Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Magistrado, salvedad de voto; Nemesio Camacho Rodr�guez, Magistrado, con salvamento de voto; Jorge Carre�o Luengas, Magistrado; Guillermo D�vila Mu�oz, Magistrado; Manuel Enrique Daza Alvarez, Magistrado, Humberto dela Calle Lombana, Magistrado; Jairo E. Duque P�rez, Magistrado; Guillermo Duque Ruiz, Magistrado; Hernando G�mez Ot�lora, Magistrado; H�ctor G�mez Uribe; Magistrado; Gustavo G�mez Vel�squez Magistrado; Juan Hern�ndez S�enz, Magistrado; Fabio Mor�n D�az, Magistrado; Alberto Ospina Botero, magistrado; H�ctor Mar�n Naranjo, Magistrado, Jaime Pinz�n L�pez, Magistrado; Rafael Romero Sierra, Magistrado; Lisandro Mart�nez Z��iga, Magistrado; Edgar Saavedra Rojas, Magistrado, con salvamento de voto; Guillermo Salamanca.

De los Magistrados Luis Enrique Aldana Rozo, Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Nemesio Camacho Rodr�guez, Lisandro Mart�nez Z��iga y Edgar Saavedra Rojas.

Respetuosamente consignamos las razones que nos llevan a suscribir la anterior sentencia con salvamento de voto, en la misma forma en que lo hicimos en oportunidad precedente, cuando se estudi� la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del Decreto n�mero 1853 de 1985.

1.- La �nica raz�n que se invoca para declarar la inconstitucionalidad del art�culo 15D1853_85#15*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 1853 de 1985, radica en la afirmaci�n de que este decreto representa una regulaci�n parcial de determinadas materias del procedimiento penal colombiano, con desconocimiento de la Ley 52 de 1984, que revisti� al ejecutivo de precisas y temporales facultades extraordinarias para expedir un nuevo c�digo de procedimiento penal.

Punto de partida para la soluci�n del tema planteado ha debido ser la determinaci�n de la naturaleza jur�dica de las facultades extraordinarias pues esta Corporaci�n en diversas decisiones (mayo 8 de 1969 y abril 27 de 1970), ha dejado establecido que dichas facultades no constituyen una mera delegaci�n legal ordinaria, sino una excepcional atribuci�n emanada de la Carta, para cuyo ejercicio se requiere la previa autorizaci�n del Congreso.

En la sentencia del 27 de abril de 1970 dijo la Corte: "No se trata de una delegaci�n de la Rama Legislativa a la Ejecutiva, sino de una atribuci�n de competencia excepcional al Ejecutivo por el Ministerio de la Constituci�n y condicionada para su ejercicio por la ley de facultades". Si este ha sido el criterio de la Corte es obvio que la facultad de la cual se inviste al Presidente puede ser ejercida en la misma forma como podr�a ejercerla el Congreso, con las �nicas limitantes de que debe ser cumplida con sujeci�n a la precisi�n relacionada con las materias sobre las cuales puede legislar y dentro del marco temporal previamente determinado por el Congreso.

En este orden de ideas no hay raz�n alguna de �ndole constitucional que impida que un c�digo se conforme por la suma de diversas leyes y decretos, ya que si bien es verdad que "c�digo es un conjunto sistem�tico, l�gico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad", la unidad tem�tica no implica que necesariamente el c�digo deba estar conformado por una sola ley, pues diversas leyes o decretos pueden expedirse para integrar dicha unidad, que es justamente lo que de ordinario ocurre.

De manera que si el Congreso puede expedir sucesivas regulaciones para integrar un c�digo, no hay raz�n alguna para afirmar que el ejecutivo no pueda hacerlo del mismo modo, si se tiene cuenta que no est� ejerciendo una facultad delegada, sino en cumplimiento de atribuci�n que le es propia por ministerio de la Constituci�n, una vez que se ha dado la previa autorizaci�n del Congreso.

2. No se viola la ley de facultades por el hecho de que ellas sean ejercidas en actos sucesivos, siempre y cuando se cumpla con las �nicas exigencias que demanda la Constituci�n. En efecto, como las facultades deben ser precisas, su ejercicio por parte del Ejecutivo debe estar limitado a dictar decretos con fuerza de ley sobre los temas consignados en la ley, pues la precisi�n en manera alguna se refiere a la forma como se hace uso de la atribuci�n, sino a la necesidad de que las materias sobre las cuales se expide la regulaci�n sea desarrollo de aqu�llas a las cuales gen�ricamente se refiere el acto del Congreso.

Tampoco, como es apenas obvio, se menoscaba la exigencia de la temporalidad por expedir sucesivos decretos-ley en desarrollo de una ley de facultades, pues cuando la Constituci�n se�ala que el Presidente de la Rep�blica puede ser revestido pro tempore de precisas facultades, s�lo est� indicando que ellas deben ejercerse a partir de la vigencia de la ley y hasta el vencimiento del plazo concedido, pero en manera alguna se proh�be que su ejercicio se haga en forma escalonada, siempre y cuando los decretos se expidan dentro de las previsiones temporales de la ley. Si fuera exigencia constitucional la necesidad de expedir formalmente un solo decreto, resultar�an tambi�n contrarios a la Constituci�n los decretos que se expiden con posterioridad, pero dentro del t�rmino legal, que modifican, aclaran o corrigen la legislaci�n expedida con apoyo en la ley de facultades afirmaci�n que ciertamente no parece acertada.

3. La tesis adoptada por la mayor�a parte de una premisa l�gicamente inconsistente, pues se asevera que como la norma demandada no es un c�digo, o no lo es el decreto del cual forma parte, se desconoci� la facultad concedida que revisti� al Presidente de la aptitud para expedir un C�digo. De conformidad con esta forma de an�lisis, la inconstitucionalidad no es predicable del art�culo demandado, sino de las disposiciones expedidas que junto con las promulgadas integran el c�digo, esto es, que en el Fondo la inexequibilidad radicar�a en la ausencia de las normas que hasta ahora han sido expedidas.

Ocurre, sin embargo, que el Ejecutivo dispone todav�a de m�s de medio a�o para el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 52 de 1984, de modo que a�n puede expedir en su integridad el C�digo de Procedimiento Penal. Adem�s, la promulgaci�n de un c�digo no supone la abolici�n o sustituci�n de todas las materias tratadas por lo anterior, las cuales bien pueden ser adoptadas, total o parcialmente, por la nueva reglamentaci�n. En ese orden de ideas el Ejecutivo bien podr�a mantener buena parte de la regulaci�n anterior, sin que por este motivo pueda afirmarse que viol� la autorizaci�n que le impon�a la facultad deber de expedir un c�digo en su totalidad.

4.- Se insin�a, as� mismo, en la sentencia de la cual respetuosamente discrepamos, que el Ejecutivo no expidi� un nuevo C�digo, sino que se limit� a derogar parcialmente el que se halla vigente. Este argumento es sugestivo en apariencia porque toda nueva reglamentaci�n supone que con su expedici�n se deroga la totalidad o parte de la precedente. Es que toda expresa facultad para expedir un nuevo ordenamiento lleva impl�cita la atribuci�n de derogar la legislaci�n preexistente.

5.- Finalmente obs�rvase que en el fondo lo que se critica es la t�cnica legislativa empleada, pero la forma como el ejecutivo hace uso de las facultades no es raz�n para aseverar que las disposiciones promulgadas desconozcan ni el querer del Congreso ni los mandatos de la Constituci�n. El viejo aforismo seg�n el cual "el que puede lo m�s, puede lo menos", que representa la aplicaci�n de un principio l�gico con alcances jur�dicos, pone en evidencia que ninguna raz�n de inexequibilidad aqueja a la disposici�n demandada.

En esta forma dejamos consignados de manera sucinta las razones que nos permiten separarnos de la opini�n mayoritaria.

Que el Magistrado Hernando Baquero Borda, no asisti� a la Sala Plena celebrada el d�a diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis, por encontrarse en uso de permiso.