Sentencia 1446 de 1986

300Corte SupremaCorte Suprema300300170091446Jaime Pinz�n L�pez198617/07/19861446_Jaime Pinz�n L�pez_1986_17/07/198630017009&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 55. REFERENCIA : Expediente n�mero 1446. 1986

Adalberto Carvajal SalcedoEl ciudadano Adalberto Carvajal Salcedo, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, ha presentado a la Corte demanda de inexequibilidad contra los art�culos 6� y 19 del Decreto ley n�mero 134 de 1985 de manera parcialIdentificadores30030017010true91034Versi�n original30017010Identificadores

Norma demandada: �El ciudadano Adalberto Carvajal Salcedo, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, ha presentado a la Corte demanda de inexequibilidad contra los art�culos 6� y 19 del Decreto ley n�mero 134 de 1985 de manera parcial

NORMAS ACUSADAS : art�culo 6D0134_85#6*� y 19D0134_85#19* del Decreto ley n�mero 134

TRABAJO COMO OBLIGACI�N SOCIAL Y ESTO SE LOGRA NO S�LO A TRAV�S DE LA RETRIBUCI�N SINO CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y RACIONAL Y EQUILIBRADO MANEJO DE LA COSA P�BLICA,

Exequibles Las partes acusadas de los art�culos6D0134_85#6*� y 19D0134_85#19* del Decreto-ley n�mero 134 de 1985.

El ciudadano Adalberto Carvajal Salcedo, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n Nacional, ha presentado a la Corte demanda de inexequibilidad contra los art�culos 6D0134_85#6*� y 19D0134_85#19* del Decreto ley n�mero 134 de 1985 de manera parcial.

"Art�culo 6D0134_85#6*�. A partir del 1� de enero de 1985 la remuneraci�n mensual para quienes desempe�en los cargos docentes, que m�s adelante se enumeran, se determinar�n as�:

"1�. La asignaci�n b�sica, seg�n el grado en el escalaf�n nacional docente, conforme a lo estipulado en el art�culo 1D0134_85#1*� del presente Decreto.

"2�. Los porcentajes, liquidados sobre la asignaci�n b�sica recibida a 31 de diciembre de 1984, as�:

"D). Vicerrectores Acad�micos de la ITA, Jefes de Unidad Docente o de Bienestar Estudiantil de los INEM y Coordinadores Acad�micos o de Disciplina de los establecimientos que adem�s de educaci�n b�sica secundaria completa, tengan media vocacional completa: el 20%.

"e). Directores de establecimientos de educaci�n b�sica primaria, anexos a los establecimientos de educaci�n media vocacional en bachillerato pedag�gico, el 20%.

"f). Los Directores de establecimientos urbanos de educaci�n b�sica primaria que cuenten con un m�nimo de 11 grupos y acrediten t�tulo docente, el 10%.

"g). Los maestros de pr�ctica docente de los establecimientos de educaci�n b�sica primaria, anexos a establecimientos de educaci�n media vocacional en bachillerado pedag�gico, siempre y cuando acrediten t�tulo docente, y previo estudio dela necesidad real del n�mero de anexos, de conformidad con los criterios que fije el Ministerio de Educaci�n, el 15%.

"h). Los maestros de ense�anza preescolar, vinculados antes del 23 de febrero de 1984, el 15%, sobre la asignaci�n b�sica que devengaban a 31 de diciembre de 1984, conforme el art�culo1D0456_84#1*� del Decreto 456 de 1984".

Par�grafo. Los funcionarios docentes que se vinculen o sean ascendidos a partir de la fecha de expedici�n de este Decreto, a ocupar cualesquiera de los cargos mencionados en el presente art�culo devengar�n como remuneraci�n mensual �nicamente la asignaci�n b�sica que corresponda a su grado en el escalaf�n seg�n el art�culo1D0134_85#1*� del presente Decreto.

"Art�culo 19.D0134_85#19* Al personal docente se le aplicar� a partir de la fecha de expedici�n del presente Decreto, la escala de vi�ticos fijada para el sector central de la administraci�n nacional de acuerdo con la cuant�a que para cada caso determine el Ministerio de Educaci�n Nacional seg�n el sitio donde deba desarrollarse la comisi�n y la duraci�n de la misma.

"Al personal docente y administrativo cuya remuneraci�n sea cancelada con cargo al presupuesto de los Fondos Educativos Regionales se les pagar� los vi�ticos que se�ale la respectiva Junta Administradora con arreglo a los criterios determinados por el Ministerio de Educaci�n Nacional, seg�n lo previsto en el inciso anterior. En ning�n caso podr�n ser superiores a los pagados por la respectiva entidad territorial.

"Los vi�ticos para el personal docente se calcular�n sobre la asignaci�n b�sica mensual que le corresponda seg�n la escala se�alada en el art�culo1D0134_85#1*� del presente Decreto, sin incluir primas, sobresueldos o bonificaciones adicionales".

En su escrito el ciudadano Adalberto Carvajal Salcedo, pide a la Corte que declare la inexequibilidad de las partes destacadas por �l, del Decreto n�mero 134D0134_85#1* de 1985, ya citadas.

Establece la acusaci�n, en violaciones de los art�culos 16CONS_P86#16*, 17CONS_P86#17*, 30CONS_P86#30*, 32CONS_P86#32*, 39CONS_P86#39*, 76-12CONS_P86#76*, 118-8CONS_P86#118*, 120-2CONS_P86#120* y 122CONS_P86#122* de la Carta, en cuanto rebasa el marco de la Ley de Facultades que le sirve de sustento y contrar�a su esp�ritu, pues desprotege el trabajo, desestimula el ejercicio de la profesi�n docente a nivel directivo y desmejora ostensiblemente las condiciones econ�micas y profesionales de varios miles de educadores al servicio del Estado.

a). El art�culo 6D0134_85#6*� acusado congela parcialmente estos salarios a 31 de diciembre de 1984, lo cual objetivamente es una rebaja, pues su salario ha estado constituido por la asignaci�n b�sica mensual seg�n su escalaf�n, m�s un determinado porcentaje de acuerdo con el cargo directivo que desempe�en, y tradicionalmente los dos factores se han reajustado en proporci�n al anuncio del costo de la vida.

b). El art�culo 2� de la Ley de Facultades orden� que las asignaciones de los empleados p�blicos variar�an con incremento por el a�o de 1985, para lo cual el Gobierno procurar� garantizar el poder adquisitivo de los ingresos, teniendo en cuenta la variaci�n de los �ndices de precios, as� como la disponibilidad de los recursos fiscales del Gobierno Nacional, mandatos no observados por el Ejecutivo en relaci�n con los �ndices de inflaci�n y devaluaci�n monetaria de 1984.

c). Como en el sentir del acusante el trabajo profesional es un bien que goza dela especial protecci�n del Estado, la intervenci�n del Gobierno en pol�tica de precios y salarios debe estar orientada a la defensa de las clases proletarias en particular y si no es posible desmejorar las condiciones de los trabajadores dentro de un Estado de emergencia econ�mica, menos dentro de la normalidad y con el pretexto de ejercer facultades otorgadas para mejorar las condiciones salariales de aquellos.

d). El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades para incrementar los salarios de acuerdo con el aumento del costo de la vida, decidi� derogar, o por lo menos cambiar, el sentido delos art�culos 32, 33 y 34 del Estatuto Docente, eliminando el �nico incentivo, en expresiones del acusante, que permit�a o justificaba la aplicaci�n de tales normas: Un salario justo y equitativo, acorde con las responsabilidades que impone el ejercicio de cargos directivos en el campo docente;

e). Respecto de los vi�ticos, manifiesta que, "cuando se suprime el sistema de su liquidaci�n con desmejoramiento, se est� frente a una rebaja de salarios que tambi�n es violatoria de la Constituci�n, por lo menos en aquellos aspectos donde los vi�ticos llenan las necesidades de alojamiento y manutenci�n".

El concepto fiscal reitera el ya rendido dentro de id�ntica acusaci�n destruida en lamentables sucesos de noviembre pasado, el cual en lo pertinente se resume as�:

a). De los art�culos 1� y 3� de la Ley de Facultades se infiere que la modificaci�n salarial ten�a que armonizar dos objetivos. El incremento de los salarios y dem�s retribuciones, con la disponibilidad de los recursos fiscales del Gobierno, de manera que el presidente no ten�a la obligaci�n de aumentar las remuneraciones en todos sus aspectos, ni de hacerlo por el mismo valor, ni deb�a sujetarse exactamente a las escalas de salarios y del r�gimen de comisiones y vi�ticos, para lo cual el Congreso as� lo deb�a haber precisado;

b). La sujeci�n al salario b�sico devengado a 31 de diciembre de 1984 para el c�mputo de los porcentajes previstos en el art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985, dice el Procurador, no constituye un exceso del ejercicio de facultades, como tampoco lo es el de haber establecido las bases de remuneraci�n, ni la manera de computar vi�ticos, pues, todos estos aspectos hacen parte de la fijaci�n de las escalas de salarios y del r�gimen de comisiones y vi�ticos, para lo cual el Congreso hab�a dado facultades expresas.

En consecuencia no existe extralimitaci�n de los art�culos 20CONS_P86#20*, 76-12CONS_P86#76*, 118-8CONS_P86#118* y 120-2CONS_P86#120*, al no existir extralimitaci�n de funciones ejercidas de la manera prevista en los art�culos 76-12CONS_P86#76* y 118-8.CONS_P86#118*

c). En punto al numeral 2� del art�culo 6D0134_85#6*� acusado, la vista fiscal dice que no parece evidente la violaci�n porque si bien los valores no aumentaron debe tenerse en cuenta que tampoco disminuyeron, pues quedaron vigentes las bases anteriores; de otra parte, el mismo decreto aument� las asignaciones b�sicas para 1985 de manera que, si se aprecian en su conjunto estas disposiciones, puede observarse que confieren un incremento salarial, no una desmejora;

d).Sobre la acusaci�n del par�grafo del art�culo 6D0134_85#6*�, el concepto fiscal, expresa que no siendo materia de violaci�n las previsiones legales de igual rango como lo son las indicadas del Estatuto Docente modificables por el legislador Ordinario como por el extraordinario, debe examinarse las desmejoras laborales alegadas por el actor resultantes con la disposici�n acusada.

El Procurador asevera que el par�grafo no desconoce que el nombramiento en cargo directivo tiene el car�cter de ascenso, al cubrir, tanto a los vinculados como a quienes sean ascendidos, y por consiguiente no se aprecia desmejora laboral; que como todo ascenso implica un aumento de salario, se conserva en el art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985 para los docentes que desempe�aran dichos cargos a la fecha de expedici�n del citado decreto, sin vulnerar el art�culo 30CONS_P86#30* dela Constituci�n, el valor de �ste.

La novedad del par�grafo en cuesti�n se refiere a los docentes nombrados o ascendidos a cargos directivos con posterioridad a la fecha de expedici�n del decreto n�mero 134D0134_85#1* de 1985, para los cuales la norma suprimi� el pago de porcentajes, sin desmejora o desprotecci�n al trabajo, en raz�n de que el ascenso, de acuerdo con el Estatuto Docente, se produce con el paso de un grado inferior al superior en el Escalaf�n, de tal modo que no puede decirse que la disposici�n que se analiza haya suprimido el reconocimiento, como que solamente se cambi� el sistema para tal reconocimiento; y, de presentarse una diferencia entre antiguos y nuevos docentes, no se quebranta el art�culo 16CONS_P86#16* de la Carta, si se tiene en cuenta las diferentes situaciones que la generan;

e).En lo relacionado con la acusaci�n parcial del inciso 3� del art�culo 19D0134_85#19*, el Procurador, expone que los conceptos excluidos de normas anteriores (el Decreto n�mero 456D0456_84#1* de 1984) para el c�lculo de los vi�ticos, de ninguna manera pod�an incluirse en su c�mputo, puesto que la expresi�n "asignaci�n b�sica", es suficiente para significar que no era posible adicionar al salario las primas, sobresueldos o cualesquiera otras sumas devengadas por el empleado, senda por la cual puede observarse que la disposici�n acusada no agreg� ni suprimi� ning�n elemento distinto a los vigentes, para la liquidaci�n de vi�ticos, salvedad que es una aclaraci�n que no modifica en nada la situaci�n, y al permanecer indemne el derecho de escoger la profesi�n docente.

Por todo ello concluye en solicitar se declare la exequibilidad de los textos acusados.

Como los textos aludidos integran un Decreto expedido en ejercicio de las facultades legislativas previstas por el numeral 12 del art�culo 76CONS_P86#76* de la Carta, en aplicaci�n del art�culo 214CONS_P86#214* ajusdem, la Corte es competente para decidir su exequibilidad.

El Constituyente de 1968 al reservar a la iniciativa gubernamental las leyes concernientes al Gasto P�blico propio de las escalas de remuneraci�n a las distintas categor�as de empleos, as� como el r�gimen de sus prestaciones sociales, busc� la coherencia de la gesti�n econ�mica del Estado, sin desconocer las atribuciones de la intervenci�n congresional, meta alcanzable por la ley expedida en forma ordinaria o extraordinaria por el Ejecutivo.

Aun cuando la materia de este proceso no es la Ley 1L0001_85#1*� de 1985 con la cual el Congreso revisti� al Presidente de facultades por ocho d�as para modificar las escalas de remuneraci�n, el r�gimen de comisiones, vi�ticos y gastos de representaci�n de los empleados del sector p�blico, incluyendo los docentes, de r�gimen especial, y lo acusado parcialmente es el desarrollo legislativo que de tales atribuciones hizo el Gobierno mediante el Decreto n�mero 134D0134_85#1* de 1985, resulta pertinente referirse a ella como �mbito de la actuaci�n presidencial y por tanto la acusaci�n como el Procurador en su oportunidad lo han hecho para sustentar sus asertos ante la Corte.

El legislador indic� como norma general al Ejecutivo que al hacer uso de las facultades la pol�tica del gasto p�blico a trav�s de las asignaciones de empleados de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial para 1985 se incrementar�a en forma equivalente y en una variaci�n que ponderar�a la disponibilidad de los recursos fiscales y la mutaci�n del �ndice de precios, con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo de los ingresos y conserv� las distintas categor�as de empleos y los diversos conceptos legales de retribuci�n de servicios.

Ciertamente el Congreso, aunque no fij� el monto exacto de la variaci�n, ni cuales de los factores integrantes de la asignaci�n del empleado ser�an modificados, fue delimitante y preciso de las materias de otorgamiento de atribuciones legislativas al referirse a los distintos ingresos del servidor. Su asignaci�n b�sica, las comisiones, los vi�ticos y los gastos de representaci�n, los cuales, en el sistema patrio, inciden en la cuant�a de las prestaciones sociales as� �stas no se mencionen, e indic� que la variaci�n tendr�a en cuenta el comportamiento de los �ndices de precios y la disponibilidad fiscal tras la garant�a del poder adquisitivo de los ingresos, sin dejar arbitrio al Gobierno en el ejercicio de las facultades al se�alarle las bases objetivas del incremento y de la modificaci�n, los rubros afectables, sin desbordarse fiscalmente en el gasto p�blico, limitado alas disponibilidades ante la incidencia que en el flujo econ�mico tiene y desencadena en su desenvolvimiento.

En pa�ses como el nuestro donde el mayor empleador es el propio Estado, directamente o por medio de sus entes y agentes, encargado como est� el Gobierno de trazar la pol�tica econ�mica, se ha buscado, no siempre con �xito, que ella sea coherente para balancear la disponibilidad fiscal de recursos con la presi�n generada por salarios, prestaciones y otras exigibilidades p�blicas, dejando a salvo las sumas necesarias para afrontar las �pocas cr�ticas y las inversiones que el desarrollo econ�mico y social demandan; estableciendo los controles pertinentes para el comparativo manejo en el sector privado que podr�a incrementar y desestabilizar las exigencias al sector p�blico de no guardarse cierto paralelismo pol�tico-econ�mico. Y en tales esfuerzos la exigencia es global.

En dichos prop�sitos de manejo econ�mico, con mayor acento, desde 1968, el constituyente ha soportado en el Ejecutivo su delineamiento en cuanto a objetivos, programaci�n de medios y est�mulos, se�alamiento de prohibiciones y limitaciones y su logro eficaz, los cuales por circunstancias estructurales o coyunturales, propias o extra�as, end�genas o ex�genas, existentes, agravado o no superadas, lo han sido en forma general para atender el manejo de �pocas recesivas o inflacionarias, aunque nada ins�lito resultar�an para �pocas opuestas de avance o de bonanza, aun dentro del sistema econ�mico plasmado en la Carta que nos rige.

El Congreso, conocedor de las limitaciones constitucionales que en materia del manejo y gasto p�blico entronizara la reforma de 1968, en la Ley 1L0001_85#1*� de 1985, al facultar el Ejecutivo para los reajustes de algunos ingresos de empleados p�blicos en el orden nacional, mantuvo en el Gobierno el manejo de las cifras concretas precis�ndole, sin embargo, las variables econ�micas observables: Ingresos estatales, �ndice de precios y facultad adquisitiva de salarios.

Cabe observar que las facultades otorgadas no solamente cubr�an el aspecto del servicio docente sectorialmente vinculado a la Naci�n, sino la totalidad de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, la Rama Legislativa, la Rama Jurisdiccional, el Ministerio P�blico y la parte administrativa de la Instrucci�n Criminal, el Tribunal Disciplinario, la Contralor�a General de la Rep�blica y los empleados p�blicos vinculados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Econom�a Mixta sometidas al r�gimen de dichas empresas, lo cual denota la magnitud multiplicadora del incremento salarial y prestacional sobre el caudal del erario p�blico afectaci�n necesaria en la tributaci�n al fisco con merma del poder adquisitivo en general, no solo de los trabajadores.

Bajo el marco atributivo general y especial el Ejecutivo ejerci� las facultades, de las cuales, en cuanto resulta ser materia del proceso, se concretan parcialmente a los art�culos 6D0134_85#6*� y 19D0134_85#19* del Decreto-ley n�mero 134 de 1985 y a su estudio pormenorizado se refiere la Corte.

1.- Por el aspecto temporal el Decreto en cuesti�n fue expedido durante el per�odo de otorgamiento de facultades legislativas y est� destinado a regular las materias mencionadas en la ley para los servidores p�blicos de la Rama Ejecutiva y en el orden nacional, aspectos por los cuales la Corte no encuentra violaci�n constitucional en la expedici�n de los apartes del Decreto n�mero 134D0134_85#1* de 1985.

2.- Acusaciones del art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985.

El art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985 regula la remuneraci�n mensual de los docentes que ocupen cargos directivos enumerados por �l, mediante dos factores a saber: La asignaci�n b�sica, de acuerdo con su escalaf�n y con la estipulaci�n del art�culo 1D0134_85#1*�, no acusado, que comprende los grados A y B y de las escalas 1� a 14; y, con el porcentaje liquidado sobre la asignaci�n b�sica recibida a 31 de diciembre de 1984 conforme a lo estipulado en el art�culo 1D0456_84#1*� del Decreto n�mero 456 de 1984, cifra oscilante entre 10 y 40% de aquella seg�n la naturaleza del cargo desempe�ado.

Conviene precisar que en desarrollo de las atribuciones legislativas el Gobierno determin� por el art�culo 1D0134_85#1*� del Decreto-ley n�mero 134 de 1985, no acusado, indicar el monto de asignaci�n b�sica mensual para el escalaf�n nacional docente en forma general increment�ndolo a partir del primer d�a de 1985; al paso que, por el art�culo 6D0134_85#6*� ib�dem, acusado, para los docentes servidores de cargos administrativos docentes, les conserva la asignaci�n b�sica seg�n su escalaf�n incrementado a partir del 1� de enero de 1985, y les otorga un porcentaje liquidado sobre la asignaci�n devengada en el diciembre anterior, explicado por las labores administrativas por cumplir, incremento del 10 al 40% sobre �sta y seg�n el cargo.

No indic� el Congreso al Presidente que esta �ltima opci�n, ahora criticada como una congelaci�n de la asignaci�n, una desmejora al docente y una violaci�n constitucional de incrementar el porcentaje por cargo administrativo y mantenerlo sobre el precedentemente devengado, le fuera vedada, y por el contrario, la norma acusada se traduce en un incremento salarial y en una proporci�n que equilibra los ingresos docentes, su poder de compra y los fondos p�blicos, circunstancias dentro de las cuales deb�a expedirse el Decreto-ley n�mero 134.

Refuerza esta consideraci�n el hecho de que tanto la asignaci�n b�sica incrementada para 1985, como la porcentual por cargo administrativo, se contabilizan para las prestaciones sociales, las cuales son tambi�n carga presupuestal afectante de la disponibilidad fiscal de recursos del Gobierno y del Gasto P�blico, cuyo equilibrado ejercicio corresponde al Ejecutivo proyectar y atender, todo lo cual abunda en la mejora y protecci�n del trabajador, previsi�n que encierra desde la retribuci�n, el seguro pago y la reserva para su cubrimiento futuro.

En cuanto a la acusaci�n por inconstitucionalidad del literal h) del art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985, referente a los maestros de ense�anza preescolar, en este aspecto el Ejecutivo no solo increment� la asignaci�n b�sica por escalaf�n, sino que conserv� el porcentaje con sus incidencias prestacionales siempre que ellos est�n vinculados y no cercena derechos adquiridos pues protege al trabajo, sus aspectos retributivos y corresponde al ejercicio de las facultades extraordinarias en la estricta forma atribuida.

4.- Respecto del literal h) del mismo art�culo 6D0134_85#6*�, igualmente acusado, que excluye a los docentes de preescolar, vinculados despu�s del 23 de febrero de 1985 (vigencia del Decreto n�mero 456), del incremento porcentual sobre la asignaci�n b�sica devengada en ese a�o a partir del 1� de enero por cuanto ellos no estaban vinculados, considera la Corte que su asignaci�n corresponde a la del escalaf�n aumentado -que los incluye-, sin que haya desmejora, ni excesos del Ejecutivo al ejercer las facultades.

5.- El par�grafo del art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto n�mero 134 de 1985 a partir del 14 de enero de dicho a�o limit� la remuneraci�n mensual �nicamente a la asignaci�n b�sica correspondiente al grado de escalaf�n ya incrementada a partir del primer d�a del a�o, sin que el porcentaje respectivo al desempe�o del cargo administrativo sobre la asignaci�n b�sica, con efectos hacia el futuro y respetando el derecho causado hasta tal d�a y no lesiona derecho adquirido, por cuanto esta previsi�n legal es el reglamento para quienes se vinculen a la docencia o para aquellos que estando vinculados sean promovidos luego de la vigencia del Decreto-ley. Ella, que es una norma de aplicaci�n posterior, guarda relaci�n con la ejecuci�n de la pol�tica fiscal para el estado econ�mico que al Gobierno le indicaban los ingresos estatales y sus compromisos futuros a corta, media o larga exigibilidad, con los ya adquiridos exigibles o por serlo, situaci�n contemplada en los fines indicados por el legislador de comprometer los fondos p�blicos seg�n el sano criterio de la austeridad determinada por su disponibilidad.

6.- La Acusaci�n del art�culo 19D0134_85#19* del Decreto-ley n�mero 134 trata de los vi�ticos para el personal docente, calcul�ndolos sobre la asignaci�n b�sica mensual que le corresponda seg�n la escala se�alada en el art�culo 1D0134_85#1*� ejusdem, sin incluir primas, sobresueldos o bonificaciones adicionales.

El concepto fiscal se refiere al sistema del a�o 1984 y sostiene que en tal per�odo tambi�n se encontraban excluidas para el c�lculo de vi�ticos estas retribuciones o bonificaciones adicionales, dado que se establec�an, a partir de la asignaci�n b�sica mensual (inciso 3� del art�culo 19D0456_84#19* Decreto n�mero 456 de 1984) sin considerar las primas y dem�s emolumentos se�alados. De manera que la norma acusada ahora ni suprime ni agrega elementos distintos a los vigentes.

La Corte hace suyos los criterios del Procurador y agrega que los vi�ticos gen�ricamente como los menciona el Decreto n�mero 134, destinados a proporcionar mantenimiento y alojamiento o como medios de transporte porque se especifican al pagarse se pueden computar en el querer del legislador sobre todos los conceptos retributivos o con exclusi�n de algunos, sin que de ello resulte desprotegido el trabajo, aunque f�cilmente el trabajador en sus prestaciones se favorece por su incidencia en la proporci�n legal que se le reconoce, y para ello tambi�n se encontraba revestido el Presidente de facultades.

Respecto de las restantes acusaciones la Corte expresa: No solo el trabajo profesional docente est� llamado a tener especial protecci�n de parte del Estado pues el texto constitucional la establece para todo trabajo como obligaci�n social y esto se logra no s�lo a trav�s de la retribuci�n sino con la seguridad social y racional y equilibrado manejo de la cosa p�blica que pueda garantizar al trabajador el empleo, y que permita los alcances adquisitivos de su remuneraci�n. La libertad de escogencia de profesi�n no se vulnera con la remuneraci�n pues el Decreto acusado se relaciona con un solo aspecto de la profesi�n docente, como es la vinculaci�n a la Rama Ejecutiva en el orden nacional, sin ocuparse de la ense�anza post-secundaria, privada o institucional, ni de los cargos departamentales o municipales, los cuales, por dem�s, el Decreto no limita ni excluye el ejercicio docente de quienes en este campo, forman parte de la Rama Ejecutiva Nacional.

La limitaci�n constitucional del art�culo 122CONS_P86#122* se aplica solamente en la expedici�n de los Decretos de Emergencia Econ�mica y Social, pero ella no se extiende para los casos en que como legislador extraordinario ejerce las facultades seg�n el art�culo 76-12CONS_P86#76*, porque el gobierno legisla con las mismas atribuciones que tiene el Congreso.

Finalmente estima la Corte que la previsi�n constitucional para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de los cuales se encuentren los propios del Estado, como los indicados de disponibilidad fiscal en poder del Gobierno Nacional, en una pol�tica de ingresos y salarios, conforme al cual el desarrollo econ�mico tenga como objetivo principal la Justicia Social y el mejoramiento arm�nico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular, traza la actividad estatal metas generales, como las que se�al� y marc� la ley de autorizaciones de incrementar asignaciones dentro de la capacidad de compromiso del fisco, procurando mantener el poder de compra de los salarios.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

1.- DECLARAR EXEQUIBLE la parte acusada del art�culo 6D0134_85#6*� del Decreto-ley n�mero 134 de 1985, que dice: ".... que devengaban a 31 de diciembre de 1984, conforme el art�culo 1D0456_84#1*� del Decreto n�mero 456", y

2.- DECLARAR exequible la parte acusada del art�culo 19D0134_85#19* del mismo Decreto que dice "..... seg�n la escala se�alada en el art�culo 1D0134_85#1*� del presente Decreto, sin incluir primas, sobresueldo o bonificaciones adicionales".

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Que el Magistrado Hernando Baquero Borda, no asisti� a la Sala Plena celebrada el d�a diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis, por encontrarse en uso de permiso.