Sentencia 2221 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300168752221Jaime San�n Greiffensfein199118/04/19912221_Jaime San�n Greiffensfein_1991_18/04/199130016875SENTENCIA N�MERO 52 PROPOSICI�N JUR�DICA INCOMPLETA RESUMEN La demanda para que sea apta y pueda propiciar que a su virtud se produzca una decisi�n de fondo debe comprender un conjunto preceptivo debidamente formado esto es, que lo que se demande ostente autonom�a y suficiencia. La Corte se inhibe de fallar. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Referencia: Expediente No. 2221. 1991

Luis Fernando V�lez Escall�n | Hern�n Alberto Gonz�lez Paradaarticulo 296 del Decreto 2655 de 1988Identificadores30030016876true90818Versi�n original30016876Identificadores

La demanda para que sea apta y pueda propiciar que a su virtud se produzca una decisi�n de fondo debe comprender un conjunto preceptivo debidamente formado esto es, que lo que se demande ostente autonom�a y suficiencia.

Acci�n de inconstitucionalidad contra una parte del articulo 296 del Decreto 2655 de 1988.

Haciendo uso del derecho que les confiere el articulo 214 de la Constituci�n Nacional, los ciudadanos Luis Fernando V�lez Escall�n y Hern�n Alberto Gonz�lez Parada acuden ante esta Corporaci�n con solicitud de que se declare inexequible parcialmente el articulo 296 del Decreto 2655 de 1988, que trata sobre el t�rmino para efectuar el registro de t�tulos mineros anteriores a la vigencia del nuevo estatuto.

Agotados como est�n los tr�mites establecidos para estos asuntos, procede la Corte a decidir.

El texto de lo demandado es el que se subraya dentro de la norma a la cual pertenece.

"Art�culo 296. Registro de t�tulos anteriores. Dentro del termino de un (1) a�o contado a partir de la vigencia de este C�digo, los t�tulos mineros anteriores deber�n inscribirse so pena de declararse su extinci�n ipso jure".

Los actores formulan cuatro cargos contra la norma demandada, que fundamentan as�:

Se dice en la demanda que la extinci�n del derecho de propiedad y los dem�s derechos patrimoniales "es una secuela del incumplimiento de las obligaciones concernientes a la funci�n que a tales derechos corresponde" y, por tanto "no resulta l�gico pensar que ella pueda proceder como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligaci�n", como es el caso demandado, en el que se aplica dicha extinci�n por el no registro de t�tulos mineros dentro del t�rmino que establece la disposici�n acusada, con lo cual se infringe el articulo 30 de la Constituci�n Nacional por que la protecci�n del derecho de propiedad y dem�s derechos adquiridos con justo t�tulo "exige que la extinci�n de los derechos patrimoniales solo sea consecuencia del incumplimiento de aquellas obligaciones de las que depende la utilidad de tales derechos para la comunidad y estas obligaciones se refieren al modo como debe su titular usar su derecho.

De donde concluyen que la inscripci�n en el registro minero como el registro p�blico en general, "no constituye el ejercicio de los derechos relativos a los t�tulos que se inscriben", viol�ndose de esta manera el citado art�culo 30 Superior, como tambi�n el 34 ibidem pues la extinci�n del derecho de propiedad "constituye una sanci�n confiscatoria en favor del Estado sin causa justa, ni producto de ella.

Los demandantes comienzan por analizar los motivos que expuso el Gobierno sobre la extinci�n de los derechos mineros para llegar a la conclusi�n de que su objetivo era el de "obligar a los titulares de derechos mineros a ejercerlos mediante la activa explotaci�n y exploraci�n, seg�n el caso, de los respectivos yacimientos, dep�sitos minerales y minas, de manera que cumplieran con la funci�n social que a tales derechos corresponde, y, en caso de no hacerlo, establecer la extinci�n de esos mismos derechos". No obstante, el Gobierno, seg�n la demanda, desconoci� el l�mite de la ley habilitante y procedi� a sancionar un hecho que no dice relaci�n con el ejercicio de los derechos mineros, como es el registro de t�tulos, imponiendo la extinci�n de estos por la no inscripci�n oportuna "dejando de lado el criterio de funci�n social que deb�a privar, seg�n la idea expuesta por el Gobierno y ratificada por el Congreso en la ley de facultades".

En opini�n de los actores, tambi�n se infringe el principio de igualdad de las personas frente a la ley, por cuanto "mientras la no inscripci�n oportuna de los t�tulos mineros anteriores a la vigencia del C�digo, comporta la extinci�n de los derechos concernientes a ellos, por el contrario, la no inscripci�n de los nuevos t�tulos que se otorguen con fundamento en el referido estatuto, no solo no implica la extinci�n de los respectivos derechos, sino que ni siquiera se les se�ala plazo para su registro", lo que constituye un trato discriminatorio que contradice el art�culo 16 Superior.

Por �ltimo aducen los demandantes que tambi�n se lesiona el art�culo 26 de la Carta Pol�tica en concordancia con el 30 ib., pues "no se compadece la falta de todo procedimiento para la aplicaci�n de una sanci�n tan severa como la que se comenta, frente a las oportunidades que ofrece el mismo C�digo a quien llegue a resultar afectado con multas (art. 75). Se observa as� una visible desproporci�n entre uno y otro caso, que no podr�a remediarse sino mediante consagraci�n de un procedimiento para la imposici�n de esa sanci�n".

Considera el Procurador General de la Naci�n que la Corte debe inhibirse para fallar el presente negocio, pues las expresiones ling��sticas por s� solas no pueden violar la carta, sino que "son las normas jur�dicas las que pueden ser sometidas al estudio de constitucionalidad, motivo por el cual debe demandarse un conjunto preceptivo debidamente formado y aut�nomo".

Y agrega que si se llegara a declarar inexequible el aparte acusado el art�culo al cual pertenece quedar�a incompleto "a pesar de que su contenido siga siendo l�gico, resultar�a una norma nueva diferente a la concebida por el legislador haciendo nugatorio su cumplimiento, por la falta del elemento coercitivo de la norma".

Como se trata de un Decreto ley de la especie de los contemplados por el art�culo 76-12 de la C. N., la Corte es competente para decidir de su ajuste a la Carta Pol�tica conforme al numeral 2� del art�culo 214 ibidem.

Seg�n jurisprudencia siempre observada por la Corte, la demanda para que sea apta y pueda propiciar que a su virtud se produzca una decisi�n de fondo debe comprender un conjunto preceptivo debidamente formado, esto es, que lo que se demanda ostente autonom�a y suficiencia.

Esta figura, caracterizada muchas veces por esta Corporaci�n, ha sido, por ejemplo, entendida as�:

"La noci�n de suficiencia de lo acusado es esencial en la determinaci�n del concepto de la proposici�n jur�dica completa, puesto que es indispensable que se demande un conjunto preceptivo debidamente formado, que sea bastante por su significado y eficacia para ostentar autonom�a. Esto no ocurre cuando la parte impugnada en alguna forma depende de otra u otras que no lo han sido de manera tal que el pronunciamiento desfavorable de la Corte resultar�a nugatorio o inane porque persistir�an sus mandatos dentro del ordenamiento jur�dico en virtud de la sobrevivencia de los preceptos no demandados. Tampoco se satisface este requisito fundamental cuando el decaimiento del segmento tachado traer�a como consecuencia la modificaci�n del sentido de lo que sobrevive, es decir, que se romper�a la continencia de la causa por cuanto �sta se encuentra comprendida no solo por lo que se impugnasino tambi�n por lo que se ha omitido combatir". (Sent. 28, febrero 22, 1990).

Mas ocurre con frecuencia que el motivo de inconstitucionalidad radica s�lo en una parte del precepto, lo cual lleva al error de acusar apenas tal segmento sin parar mientes en que precisamente la inescendibilidad de los sectores que conforman el todo hace indispensable que se ataque la unidad normativa y no exclusivamente el punto espec�fico en el que se localiza el vicio; tal es cabalmente la raz�n de ser de la exigencia de la proposici�n jur�dica completa la cual se requiere tambi�n cuando la glosa se concreta en una parte pero se irradia a lo que le est� unido l�gica y jur�dicamente para formar un conjunto preceptivo inseparable, esto es decir, que el predicamento acusatorio puede estar limitado a un fragmento pero el objeto de la impugnaci�n debe extenderse a todo lo que constituye una unidad jur�dica irrompible.

"Se ha dicho que el conjunto preceptivo que se exige puede estar constituido por un solo art�culo de una ley o decreto ley, como puede estado por una sola palabra, as� como puede requerir la presencia de varios art�culos, pues lo que interesa no es la mayor o menor extensi�n de lo que se demanda en s� misma considerada, sino la autonom�a del precepto, esto es, que tenga significado propio y per se. Por el otro extremo y con igual raz�n, se exige que se demande todo aquello que forma un conjunto inescindible, es decir, todas las disposiciones legales que confluyen a conformar una unidad normativa, pues no ser�a aceptable demandar una o varias partes aisladamente sino que se requerir�a demandar el todo; esto no significa que tenga que existir un cargo de inconstitucionalidad espec�fico contra cada parte considerada individualmente, pues es dable que el cargo sea global para el todo as� conformado".

En el caso que se estudia no queda duda de que el conjunto preceptivo que debi� demandarse en su integridad est� conformado por la totalidad del art�culo del cual hace parte lo acusado y no solamente la frase en la cual, en sentir del actor, se centra la tacha; en esto la Corte est� de acuerdo con el parecer del se�or Procurador General de la Naci�n.

En efecto, la frase acusada contiene la consecuencia que la norma maneja al antecedente que establece, en forma que aquella es la sanci�n para la inobservancia de lo mandado en �sta; es obvio que como tales, la sanci�n y la obligaci�n configuran un solo precepto y son jur�dicamente comprensibles solamente cuando se encuentran unidas.

La teor�a ha demostrado que la norma jur�dica est� conformada por un antecedente, que es la descripci�n de la conducta mandada o prohibida, y una consecuencia, que es la sanci�n, de manera que desaparecida �sta, el mero antecedente deja de ser norma de derecho; se dice que la coercibilidad o fuerza coactiva de la norma jur�dica la distingue de los preceptos morales y de los usos y costumbres creados por la comunidad, de manera que la consecuencia implica un mandato o prohibici�n y no se entiende sin �stos.

Seg�n este punto de vista, entonces, la descripci�n de la conducta ordenada continuar�a siendo clara e inteligible aunque desapareciera su sanci�n o consecuencia pero perder�a su naturaleza y virtualidad de norma jur�dica, de manera que la unidad entre las dos partes es inescindible y ambas debieron ser demandadas. La eficacia de una parte, como lo ha dicho la Corte, depende de la vigencia de la otra.

'Desde otra posici�n podr�a decirse que de quedar vigente solamente la primera parte del art�culo, esto es, aquella que establece el deber, la sanci�n que se seguir�a, en ausencia de la determinada expresamente por el legislador y que en esta hip�tesis desaparecer�a, ser�a la que por virtud de los principios generales del derecho y de las reglas generales del ordenamiento ser�a aplicable; no quedar�a lo preceptuado sin sanci�n pues �sta se encontrar�a por otros caminos, entonces, y el precepto estar�a completo.

Lo anterior ser�a imaginable si se admite que, como lo ejemplifica el art�culo 6 del C�digo Civil, a falta de disposici�n expresa de la ley, la invalidez del acto positivo o de la omisi�n cumplidos contra expresa orden o prohibici�n de la ley, ser�a su sanci�n.

Dentro de este raciocinio resultar�a entonces que la violaci�n de la ley podr�a quedar sancionada con la misma consecuencia, si tal es lo que el precepto parcialmente extinguido dispon�a, caso en el cual es a�n m�s evidente que el todo que debi� demandarse comprend�a la integridad del art�culo, pues la decisi�n ser�a inane e in�til, o que vendr�a a ser sancionado en forma diferente a como lo quiso -aunque inconstitucionalmente- el legislador, lo que equivaldr�a a la creaci�n de una norma nueva, abiertamente contraria a la decisi�n legislativa sin posibilidades -que por el orden de las cosas es necesario que existan- de que reviva un precepto completo que para el caso y en su momento haya sido dispuesto por �l que es el �nico competente; la decisi�n de la Corte -que si es de inexequibilidad siempre contradice la voluntad del legislador, y lo hace leg�timamente-, debe -no obstante- poder llevar no a que rija una norma nueva distanciada del querer legislativo sino a que reviva en su integridad el ordenamiento jur�dico dispuesto por �ste previamente, lo cual no se logra si en lugar de remover un precepto completo se juzga apenas una parte del mismo y se deja vigente otra parte sin autonom�a y suficiencia propias.

Adem�s, en atenci�n a que conforme a su doctrina los fallos de inexequibilidad tienen solamente efectos profuturo y no inciden sobre situaciones jur�dicas que han acontecido antes, la Corte ha sostenido que no hay materia juzgable y debe inhibirse cuando el precepto demandado ha cumplido sus fines o su aplicabilidad ha pasado por expiraci�n del plazo en �l mismo se�alado, ya que su decisi�n resultar�a inane o in�til; en este caso, precisamente, el "a�o contado a partir de la vigencia de este C�digo", dentro del cual debi� llevarse a cabo la inscripci�n de los t�tulos mineros, ya transcurri� y la situaci�n jur�dica no variar�a por raz�n del fallo de inexequibilidad de la Corte; queda, por supuesto, a los interesados la acci�n contencioso-administrativa correspondiente contra el acto administrativo que d� aplicaci�n al art�culo, pues para la Corte es claro tambi�n que la extinci�n del t�tulo minero no se produce de puro derecho u ope legis por m�s que el legislador haya usado la expresi�n latina ipso jure porque �l tambi�n orden� claramente que deb�a ser declarada, lo que se entiende que debe hacerse mediante el procedimiento marcado para los procesos administrativos o gubernamentales, cuyo acto definitivo puede ser acusado ante la respectiva jurisdicci�n.

Por lo visto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de su Sala Constitucional, o�do al se�or Procurador General de la Naci�n y de acuerdo con �l.

Inhibirse de fallar de fondo la demanda de que se trata por las razones expuestas en la parte motiva.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta judicial y arch�vese el expediente.

Pablo Julio C�ceres Corrales, Rafael Baquero Herrera, Jorge Carre�o Luengas, Ricardo Calvete Rangel, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo Garc�a Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, D�dimo P�ez Velandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime San�n Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde.