Sentencia 2188 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300164392188Rafael M�ndez Arango199109/04/19912188_Rafael M�ndez Arango_1991_09/04/199130016439SENTENCIA NUMERO 045 FACULTADES EXTRAORDINARIAS RESUMEN Constituye salario todo aquello que recibe el trabajador como retribu�ci�n directa de sus servicios, pues las prestaciones sociales si bien se vinculan al trabajo no cumplen la finalidad de retribuirlo directamente. Inexequible el art�culo 12 del Decreto 78 de 1990. Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1991

Orlando Bernal Moralesart�culo 12 del Decreto 78 de 1990Identificadores30030016440true90191Versi�n original30016440Identificadores

Constituye salario todo aquello que recibe el trabajador como retribu�ci�n directa de sus servicios, pues las prestaciones sociales si bien se vinculan al trabajo no cumplen la finalidad de retribuirlo directamente.

Administraci�n de los descuentos de la prima de vacaciones de los funcionarios y empleados del Consejo de Estado por la Cooperativa de dicha entidad.

El ciudadano Orlando Bernal Morales en ejercicio de la acci�n de inexequibili�dad consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional demanda ante esta Corporaci�n el art�culo 12 del Decreto 78 de 1990, por ser violatorio del Estatuto Fundamental.

Agotados los tr�mites de rigor y rendido el concepto que concierne al Procurador General de la Naci�n, procede la Corte a resolver en el fondo la inexequibilidad propuesta.

"Por el cual se fija la escala de remuneraci�n de la Rama Jurisdiccional del Ministerio P�blico, de las Direcciones de Instrucci�n Criminal, del Cuerpo T�cnico de Polic�a Judicial, de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones."

"Art�culo 12. El valor de tres (3) de los quince (15) d�as de prima de vacaciones a que tienen derecho los funcionarios y empleados del Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto por el art�culo 31 del Decreto 717 de 1978 ser� girado a favor de la Cooperativa de funcionarios y empleados del Consejo de Estado, para que esta entidad lo administre y adelante los proyectos especiales de vacaciones y recreaci�n para dichos funcionarios y empleados." �

Considera el actor que el precepto acusado vuln�ralos art�culos 55 y 76-12 d�la Constituci�n Nacional y la Ley 54 de 1983.

El Congreso de la Rep�blica a trav�s de la Ley 76 de 1989 facult� al Presidente de manera extraordinaria y precisa, para modificar la nomenclatura de los empleos p�blicos, sus escalas de remuneraci�n y el r�gimen de vi�ticos y gastos de representa�ci�n "pero de ninguna manera para hacer traslados de los descuentos de tres (3) de los quince (15) d�as de prima de vacaciones a que tienen derecho los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio P�blico para fomentar planes y programas de recreaci�n".

Considera por tanto que el Ejecutivo, al haber dispuesto sobre el descuento de la prima de vacaciones "excedi� las facultades precisas de que hab�a sido revestido y consecuencialmente viol� el orden constitucional, a lo cual se suma que para el efecto se bas� en la aplicaci�n del art�culo 31 de Decreto 717 de 1978, el cual hab�a sido expresamente derogado por el legislador ordinario a trav�s del art�culo 3o de la Ley 54 de 1983".

Mediante oficio No. 1614 rindi� concepto sobre la constitucionalidad del precepto impugnado, en el cual concluye que es inexequible y solicita a la Corte que as� lo declare. Sus argumentos pueden resumirse as�:

Aunque advierte que el Decreto se expidi� dentro del t�rmino previsto en la Ley 76 de 1989 y que es v�lida la derogaci�n o modificaci�n de normas legales mediante los decretos que expide el Gobierno en desarrollo de facultades extraordinarias "pues deviene del ejercicio mismo de la ley de facultades", encuentra que el Presidente no estaba habilitado para dictar disposiciones sobre prestaciones sociales, como es la prima de vacaciones y por ello la norma acusada es inconstitucional.

Apoya esta conclusi�n en que el Decreto 717 de 1978 se�ala cu�les son "los factores salariales o de remuneraci�n para los funcionarios y empleados del Consejo de Estado", dentro de los cuales no figura la prima de vacaciones y, adem�s, en que la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte en la Sentencia de junio 11 de 1959 defini� con toda nitidez: "... las vacaciones y los dominicales y dem�s d�as de fiesta legales son descansos remunerados, pero tal remuneraci�n -por el receso de la actividad laboral- no ostenta la esencia salarial de la retribuci�n de servicios".

Finalmente anota el Procurador que, en los casos de extralimitaci�n en el ejercicio de las facultades extraordinarias, el canon constitucional que se vulnera es el 118-8 de la Constituci�n y no el 76-12, que cita el actor, basado en la Sentencia deesta Corporaci�n de junio 7 de 1972.

Como el art�culo objeto de la acci�n de inexequibilidad pertenece a un Decreto dictado por el Presidente en ejercicio de las facultades extraordinarias de que trata el art�culo 76-12 del Estatuto Fundamental, compete a la Corte decidir sobre su constitucionalidad. As� lo ordena el art�culo 214 ib�dem.

Dado que el �nico cargo que formula el actor contra el precepto que acusa se basa en el uso indebido de las facultades extraordinarias que recibi� el Presidente de la Ley 76 de 1989, interesa se�alar que dicha Ley en lo pertinente al caso sub examine dijo lo siguiente:

"Art�culo 1o. De conformidad con el ordinal 12 del art�culo 76 de la Constitu�ci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por el t�rmino de quince (15) d�as calendario, contados a partir de la vigencia de esta ley, para los siguientes efectos:

"1o. Fijar la nomenclatura de los empleos p�blicos, sus escalas de remunera�ci�n y el r�gimen correspondiente de comisiones, vi�ticos y gastos de representaci�n de las distintas ramas y organismos del poder p�blico, as�:

"c) La Rama Jurisdiccional, el Ministerio P�blico, la Direcci�n Nacional y las Oficinas Seccionales de la carrera judicial, y las direcciones de instrucci�n Criminal.

La Ley de investidura comenz� a regir el 21 de diciembre de 1989, fecha de su publicaci�n en el "Diario Oficial" No. 39114, y el Decreto fue expedido el 4 de enero de 1990. La confrontaci�n de estas dos fechas indica claramente que el Presidente ejerci� las facultades sin desbordar el l�mite temporal impuesto en la ley.

Es este aspecto el que cuestiona el actor, sobre la base de considerar que el Presidente legisl� sobre una materia para la cual no estaba expresamente autorizado.

El Procurador acorde con los planteamientos del demandante, toma como fundamento de la inexequibilidad que la prima de vacaciones es una prestaci�n social y por tanto la norma es ajena al concepto de establecer escalas de remuneraci�n, el cual circunscribe el tema salarial.

Independientemente de la distinci�n doctrinaria entre salario y prestaci�n social, conforme a la cual s�lo constituye salario todo aquello que recibe el trabajador como retribuci�n directa de sus servicios, pues las prestaciones sociales si bien se vinculan al trabajo no cumplen la finalidad de retribuirlo directamente, halla la Corte que tal distinci�n en el caso de los servidores del Estado obedece a un criterio meramente legal y en ocasiones caprichoso, toda vez que la diferencia entre uno y otra se base en que la ley a veces considera que determinadas especies remunerativas no constituyen factor salarial, de manera tal que las no incluidas quedan obligatoria�mente rotuladas como prestaci�n social.

En efecto, el art�culo 12 del Decreto 717 de 1978, en que se apoya el Procura�dor, se�ala que adem�s de la asignaci�n b�sica mensual, constituyen factor salarial "todas aquellas sumas que habitual y peri�dicamente recibe el funcionario o empleado como retribuci�n por sus servicios" y determina taxativamente cu�les son los factores de salario, y, entre ellos, los gastos de representaci�n que por mucho tiempo no fueron considerados como tales y que para el sector privado no constituyen salario.

De otra parte, el Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan reglas sobre prestaciones sociales para alagunos <sic> empleados oficiales del sector p�blico, se�ala factores de salario distintos de los que establece el art�culo antes citado, como elauxilio de alimentaci�n y la bonificaci�n por servicios prestados, para liquidar las prestaciones sociales y en ocasiones incluye como factor salarial la prima de vacacio�nes para efectos de liquidar la prima de navidad, la cesant�a y las pensiones, a pesar de considerarlas el mismo Decreto como prestaci�n social (arts. 5o, 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978).

Sin embargo, de ser doctrinariamente interesante el asunto, aqu� en el evento sub examine no es menester siquiera adentrarse en disquisiciones relativas a cu�l pudiera ser, a la luz de la teor�a, la real naturaleza de la prima de vacaciones, siendo suficiente para los fines del juicio de constitucionalidad atenerse a la mera califica�ci�n que la ley hace de ella como una prestaci�n social, puesto que partiendo de este supuesto -c inclusive si se la mirase como un factor de salario- lo que se muestra evidente es el mal uso que de las facultades conferidas por la Ley 76 de 1989 hizo el Ejecutivo, al decretar que el valor de tres de los quince d�as de prima de vacaciones de los servidores del Consejo de Estado, fuese girado "a favor de la Cooperativa de funcionarios y empleados del Consejo de Estado, para que esta entidad lo administre y adelante proyectos especiales de vacaciones y recreaci�n para dichos funcionarios y empleados", pues al esto estatuir no vino a regular ning�n instituto remunerativo del servicio sino a regular exclusivamente la administraci�n de los descuentos autoriza�dos por la ley sobre tal prima y, por tanto, excedi� el marco material que le traz� la ley habilitante, que no comprend�a la facultad de modificar lo relacionado con la administraci�n de los susodichos descuentos, ni menos a�n la de variar el destinatario de los mismos.

Tal consideraci�n no se funda, como lo propone el actor, en que lo dispuesto en la ley no pueda ser modificado por disposici�n del mismo rango, si no toma en cuenta que trat�ndose del ejercicio de facultades extraordinarias, el Presidente ha debido ce�irse al preciso mandato legal, sin invadir indebidamente otras competencias reservadas a la ley.

Por consiguiente, la inconstitucionalidad del precepto no radica en la modifica�ci�n de disposiciones legales anteriores. La variaci�n de las normas legales es propia de la din�mica legislativa, para acomodar la normatividad a las exigencias sociales del momento y por tanto un decreto-ley puede derogar o modificar una ley del Congreso, con la condici�n de que se ajuste a las facultades determinadas por el legislador, lo que no ocurre en el presente caso.

Como consecuencia l�gica de las precedentes consideraciones habr� de decla�rarse inexequible el art�culo acusado, por quebrantar directamente el art�culo 118-8 con relaci�n en el art�culo 76-12 de la Constituci�n Pol�tica, pues su contenido nada tiene que ver con las facultades extraordinarias que le fueron conferidas al Ejecutivo, y por ende las extralimita.

En contra de la opini�n del Procurador, considera la Corte que no es un error citar como transgredido el art�culo 76-12, cuando se acusa una norma por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias, tesis que apoya en la Jurisprudencia de esta Corporaci�n vertida en la sentencia de junio 7 de 1972. Por el contrario, en fecha m�s reciente y a prop�sito de an�logas consideraciones de la Procuradur�a se dijo:

"No se puede ser tan enf�tico respecto de esta doctrina sistem�tica de la Procuradur�a, pues tal afirmaci�n envuelve de suyo el riesgo de una contradicci�n; la de si s�lo se invocara como violado el 118-8, ello implicar�a tambi�n estar aludiendo necesariamente a la infracci�n del 76-12, por la elemental raz�n que aqu�l le ordena al Presidente de la Rep�blica con relaci�n en el Congreso, en lo pertinente, 'ejercer las facultades a que se refieren los art�culos 76, ordinales 11, 12, ...' lo cual quiere decir que, si no se ejercen v�lidamente dichas facultades se viola el 76 en el ordinal que corresponda. Adem�s, por rec�proco predicamento, las facultades extraordina�rias que el Congreso confiere al Gobierno, no se explican sino en relaci�n con �ste, que es su destinatario, y, por lo mismo, no resulta entonces t�cnicamente impropio,sino apenas insuficiente, se�alar s�lo la violaci�n del 76-12 sin indicar la del 118-8.

"En rigor, cuando se demandan decretos extraordinarios por extralimitaci�n de la ley de facultades, lo t�cnico ser�a alegar violaci�n simult�nea y relacionada de ambos preceptos de la Constituci�n y no solamente el 118-8, como lo sostiene inflexiblemente la Procuradur�a ni tampoco apenas el 76-12, como casi siempre lo hacen los demandantes" (Sentencia de septiembre 28 de 1982, M. P. Manuel Gaona Cruz).

Advierte la Corporaci�n que al momento de proferir la decisi�n la norma acusada carece de vigencia, porque fue subrogada por el art�culo 15 del Decreto Extraordinario No. 144 de enero 14 de 1991.

Sin embargo, ello no obsta para que el fallo sea de m�rito y no inhibitorio, por cuanto el presente asunto corresponde por sus caracter�sticas a uno de los casos excepcionales en que la doctrina de la Corte ha considerado que existe objeto para una decisi�n de fondo, dado que la demanda presentada fue admitida el 27 de julio de 1990, es decir, cuando la norma estaba rigiendo, y desde entonces la Corte adquiri� la competencia para conocer de la inexequibilidad del precepto acusado y salvaguar�dar la integridad del orden constitucional, sin que esa competencia pueda serle arrebatada posteriormente por el legislador ordinario o extraordinario.

Obrar de manera diferente ser�a abrir la posibilidad de que se eludiera el control de constitucionalidad que por ministerio de la propia Constituci�n Nacional corres�ponde a la Corte y, por contera, se desconociera el derecho ciudadano a impugnar la validez de las normas que est�n en contraposici�n con los postulados fundamentales de la Carta, acudiendo al f�cil expediente de derogar los preceptos legales enjui�ciados.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gace�ta judicial y arch�vese el expediente.

Pedro Augusto Escobar Trujillo, Presidente (E.); Rafael Baquero Herrera, (con salvamento de voto); Jorge Carre�o Luengas, (salvamento de voto); V�ctor Manuel

Moncayo, Conjuez; Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, AlfonsoSu�rez de Castro, Conjuez; Eduardo Garc�a Sarmiento, Hugo Palacios Mej�a, Conjuez; Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro LafontPianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, (con salvamento de voto); Rafael M�ndez Arango,Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, (con salvamento de voto); D�dimo P�ezVelandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Alvaro Tafur Galvis, Conjuez; Rafael Rome�ro Sierra, Jaime Vidal Perdomo, Conjuez (con salvamento); JaimeSan�n Greiffenstein, (salvo el voto); Hugo Suesc�n Pujols, (salvo el voto); Osear Pe�a �lzate, Conjuez; Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde.

En el asunto 2188 que culmin� con sentencia que declar� inexequible el art�culo 12 del Decreto 78 de 1990, nos permitimos presentar este salvamento de voto por cuanto consideramos que la decisi�n debi� haber sido inhibitoria dada la carencia de objeto que la derogatoria sufrida por la norma conlleva.

La sentencia afirma que la disposici�n juzgada fue derogada por el art�culo 15 del Decreto 144 de 1991 que la repiti� exactamente en su texto y aqu�lla se separ� as� de algunas manifestaciones que se hicieron durante la deliberaci�n en el sentido de que por motivo de ser uno y el mismo el contenido del decreto anterior (78, 1990) y el siguiente (144, 91) ambos deb�an considerarse vigentes. Nuestra opini�n es que en este punto la posici�n de la sentencia es la correcta y a ella damos nuestro apoyo, ya que es indudable que el cambio de la raz�n de validez formal del precepto hace que la primera disposici�n quede insubsistente y solamente exista, aunque con igual conte�nido, la �ltima.

Nos separamos, sin embargo, de la sentencia en su raciocinio siguiente, confor�me al cual no deb�a seguirse en este caso la jurisprudencia reiterada y ya establecida de la Corporaci�n que manda inhibirse cuando se contempla el evento de la sustracci�n de la norma porque, seg�n dicha providencia, se presenta aqu� la excepci�n de que la demanda hab�a sido admitida antes de producirse la derogatoria, de manera que la Corte hab�a ganado en forma incondicionada su competencia para fallar. As�, sin darle este nombre, la sentencia se acogi� al caso de excepci�n que generalmente se ha denominado como principio de la perpetuatio jurisdictionis.

La perpetuado jurisdictionis es un principio del derecho procesal civil, que seg�n la doctrina nacional y for�nea generalizada, consiste en que la situaci�n de hecho existente al momento de admitirse la demanda incoactiva del proceso es la determinante de la competencia del Juzgador para decidir el litigio, la que seprolonga durante todo el curso del proceso,sinque la variaci�n de algunos factores, como el domicilio o la calidad de las partes, que se sucedan con posterioridad a la iniciaci�n de la litis, puedan a la postre alterar la competencia original o el cambio de juzgador. Por ello se ha sostenido que su raz�n de ser estriba, fundamentalmente, en que de no perpetuarse la competencia en el follador original, se causar�a grave da�o aldemandante si la competencia, que compromete la validez del proceso, estuviesesujeta a las contingencias, por ejemplo, del cambio de domicilio del demandado, que le permitiese a �ste a menudo variarlo y, por ende, cambiar de juez a su talante. Yprecisamente, para precaver estos desv�os o situaciones irregulares que pudieseninfringir principios superiores como el de la eficacia de la administraci�n de justicia,se ha consagrado positivamente en la legislaci�n procedimental civil el aludidoprincipio de la conservaci�n de la competencia y de las excepciones que registra (art.21), por cierto con perfiles bien claros y precisos, que impide aplicarlo, ni siquieracon criterio extensivo o bondadoso, a las causas constitucionales cuando se presentanhechos como el de estar derogada la norma al momento de fallar la acci�n de inexequibilidad, situaci�n esta �ltima bien diferente de la filosof�a que inspira laperpetuatio jurisdictionis.

�sese o no la denominaci�n tradicional, creemos que la instituci�n no es aplicable al proceso constitucional porque no es la admisi�n de la demanda la que determina para siempre los presupuestos de esta litis tan especial ni es posible trasladar a dicho proceso constitucional figuras que le son extra�as. Es al momento del fallo cuando deben existir todos los extremos que se requieren para sentenciar de fondo, entre ellos el de que se presente la materia pasible del mismo, pues es entonces cuando se define si se retira o no del ordenamiento jur�dico la norma acusada, de manera que ella deba estar presente en ese momento y no en otro.

La sentencia no da ning�n argumento en su favor que explique la operancia de tan peculiar y especial excepci�n aparte de decir al final que, de hacerse lo contrario, "se desconocer�a el derecho ciudadano de impugnar la validez de las normas que est�n en contraposici�n con los postulados fundamentales de la Carta, acudiendo al f�cil expediente de derogar los preceptos legales enjuiciados".

No compartimos este argumento porque no creemos que �ste sea un "f�cil expediente" ya que para el legislador no ser� f�cil desatenderse de los motivos que lo llevaron a dictar la norma -que han debido ser motivos de necesidad o conveniencia p�blicas en lo que hubo de pesar el inter�s social y que debieron ser algo m�s que su mero capricho- y porque consideramos, en �ntima relaci�n con lo anterior, que no puede partirse de fa base de la mala fe y el �nimo fraudulento del legislador ni de que su deseo predominante sea el de burlar el control constitucional.

En favor de nuestra posici�n, de otro lado, existe en el caso de disposiciones derogada y derogante de igual contenido, la circunstancia de que un pronunciamien�to sobre la primera a pesar de la carencia de objeto, festinar�a ileg�timamente una decisi�n sobre la segunda, precisamente porque el precepto es igual en ambas.

Finalmente, anotamos que la posici�n mayoritaria implicar�a que la sentencia tenga efectos retroactivos al menos desde la admisi�n de la demanda y no que los surta solamente a partir de su pronunciamiento, afirmaci�n que el fallo discutido no llega a hacer, por supuesto, y que contradir�a la jurisprudencia tradicional de la Corte.

Rafael Baquero Herrera, Jorge Carre�o Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, H�ctor Mar�n Naranjo, Alberto Ospina Botero,

Rafael Romero Sierra, Jaime San�n Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Jaime Vidal Perdomo, Conjuez.

Adhiero al anterior salvamento de voto porque comparto los lineamientos de la doctrina que contiene, en cuanto a que la Corte es incompetente para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de normas que resultan derogadas despu�s de la admisi�n de la demanda, por sustracci�n de materia. Empero, no estoy de acuerdo con la afirmaci�n de que cuando existen normas de id�ntico texto y alcance de cuerpos legales diferentes, la anterior es autom�ticamente derogada por la posterior, pues .que fund�ndose en razones de validez formalmente diferentes, ser�a impensablesu vigencia simult�nea en un mismo ordenamiento jur�dico, para el caso el colom�biano.

Y es que no encuentro que dicha tesis tenga asidero firme, ni en el campo de la ciencia jur�dica ni en nuestro derecho positivo.

Ning�n razonamiento autoriza, en efecto, a concluir que no puede reiterarse una norma porque ello dizque ocasionar�a el debilitamiento o supresi�n de la primera <sic> regulaci�n; al contrario, m�s bien lo que se deduce es que en tal contingen�cia -por lo dem�s frecuente en el decurso legislativo- el legislador busca imprimirle m�s fuerza, seguridad y divulgaci�n.

Por lo que toca con el derecho positivo, son muy categ�ricos los art�culos 71 y 72 del C�digo Civil colombiano y el 3� de la Ley 153 de 1887 al se�alar los casos en que una disposici�n se estima insubsistente o derogada. Aparte de la derogatoria expresa, que ning�n comentario especial merece, aquel fen�meno se produce en forma t�cita o impl�cita, cuando el contenido de la norma anterior resulta incompatible con el de la posterior. Como se ve, la incompatibilidad se refiere al contenido, no se la liga con la raz�n de validez formal, e inclusive al art�culo 72 C. C. despeja cualquier duda al decir que la nueva ley deja vigentes en la anterior las disposiciones que no sean inconciliables con aqu�lla.

De otro lado, existe la figura de la llamada por algunos derogaci�n sistem�tica u org�nica, la cual se da cuando la nueva ley regula �ntegramente la materia a que la anterior se refer�a (art�culo 3� Ley 153 de 1887). En este evento, aunque no haya contradicci�n en el contenido, como la voluntad del legislador es la de ordenar todo un conjunto normativo, es natural que las disposiciones que no fueron recogidas se consideren como definitivamente abolidas .y las que lo fueron queden subsumidas en la nueva ordenaci�n y pierdan por lo tanto su propio vigor y autonom�a. Aqu�, por consiguiente, s� cabe hablar del cambio de raz�n de validez formal. Dentro de esta �ltima modalidad han de incluirse las codificaciones sobre materias determinadas y de ah� que me parezca impecable la jurisprudencia de la Corte en el sentido de declararse inhibida en procesos relativos a normas que hab�an sido codificadas, v. gr. en el Decreto 1222 de 1986 (sentencia n�mero 165 de noviembre 15 de 1990), en el Decreto 1333 de 1986 (sentencia n�mero 148 de octubre 18 de 1990), o en el "Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989 (sentencia n�mero 85 de octubre 12 de 1989.

Por su parte, me parecen bastante esclarecedoras de la idea de que la derogatoria no sucede, como principio general, por la mera circunstancia de hallarse un texto similar en m�s de un estatuto legal, las sentencias n�meros 37 de junio 29 de 1989 (M. P. Dr. Fabio Mor�n D�az) y 176 de noviembre 22 de 1990 (M. P. Dr. Jaime San�n Greiffenstein). Tanto que justamente tal ocurrencia ha motivado la aplicaci�n jurisprudencial de la figura de la proposici�n jur�dica incompleta, inductora de falloinhibitorio, cuando s�lo se acusa una de las disposiciones, pues se considera que un pronunciamiento de fondo ser�a inocuo, inefectivo o inane, ya que se mantendr�a la vigencia de la otra.

Volviendo al caso de autos, acepto entonces que, como lo afirman la sentencia y el salvamento de voto, la disposici�n acusada (art�culo 12 del Decreto extraordinario 78 de 1990) fue derogada en virtud del Decreto extraordinario 144 de 1991; pero no porque �ste la hubiera reproducido id�nticamente en su art�culo 15, sino por aplicaci�n del criterio de la derogaci�n sistem�tica, toda vez que ambos Decretos extraordinarios versan sobre id�ntico terna de modo general (escala de remuneraci�n de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio P�blico) y en consecuencia, del segundo de ellos es perfectamente predicable que trae una nueva y completa normaci�n de la materia a que el anterior se refer�a.