Sentencia 1605 (239E) de 1987

300Corte SupremaCorte Suprema300300161521605 (239E)Hernando G�mez Ot�lora.198730/04/19871605 (239E)_Hernando G�mez Ot�lora._1987_30/04/198730016152AGRUPACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL DE SUBSTANCIAS QUE CAUSAN ADICCION Y EL SERVICIO AEREO DE LA POLICIA NACIONAL. ESTADO DE SITIO. RELACION DIRECTA ENTRE EL CONTENIDO DEL DECRETO Y LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO. Constitucionalidad del Decreto n�mero 423 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia numero 40. 1987

Revisi�n constitucional del Decreto Legislativo n�mero 423 del 3 de marzo de 1987, "Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Substancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional".Identificadores30030016153true89867Versi�n original30016153Identificadores

Norma demandada: �Revisi�n constitucional del Decreto Legislativo n�mero 423 del 3 de marzo de 1987, "Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Substancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional".

AGRUPACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL DE SUBSTANCIAS QUE CAUSAN ADICCION Y EL SERVICIO AEREO DE LA POLICIA NACIONAL. ESTADO DE SITIO. RELACION DIRECTA ENTRE EL CONTENIDO DEL DECRETO Y LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO.

El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretar�a General de la Presidencia de la Rep�blica, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el par�grafo del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, ha remitido a la Corte para la revisi�n definitiva de su constitucionalidad, el Decreto Legislativo n�mero 423 del 3 de marzo de 1987 "por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Substancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional".

Repartido el expediente, se orden� su fijaci�n en lista por el t�rmino de tres (3) d�as para efectos de la intervenci�n ciudadana, sin que durante dicho lapso se hubiera recibido en la Corte escrito alguno que impugne o defienda la constitucionalidad de las normas sometidas a revisi�n.

Cumplidos los dem�s tr�mites ordenados por el Decreto n�mero 0432 de 1969, se procede a decidir de fondo.

"Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, y en desarrollo del Decreto n�mero 1038 del 1� de mayo de 1984, y

"Que por Decreto n�mero 1038 del 1� de mayo de 1984, se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional;

"Que para la efectividad de las pol�ticas trazadas por el Gobierno Nacional, para el control del tr�fico y procesamiento de estupefacientes y para la prevenci�n de la farmacodependencia, se hace necesario reagrupar los medios humanos, materiales y t�cnicos, dedicados a estas funciones;

"Que el Decreto n�mero 2137 del 29 de julio de 1983, Estatuto Org�nico de la Polic�a Nacional cre� los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de Polic�a;

"Que se hace necesario integrar bajo una misma Direcci�n los Servicios Especializados mencionados anteriormente, con el fin de obtener unidad de mando en el empleo de sus recursos,

"Art�culo 1� Mientras subsista turbado el orden p�blico y en estado de sitio el territorio nacional, agr�panse en la Direcci�n de Polic�a Antinarc�ticos los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional.

"Par�grafo. La direcci�n de Polic�a Antinarc�ticos a que se refiere el presente art�culo para efectos directivos y de mando depender� de la Direcci�n General de la Polic�a Nacional.

"Art�culo 2� La Direcci�n de Polic�a Antinarc�ticos de la Polic�a Nacional tendr� a su cargo el planeamiento y direcci�n de las operaciones policiales tendientes a la prevenci�n y represi�n, en el territorio nacional, de las conductas delictivas o contravencionales relacionadas con la producci�n, fabricaci�n, exportaci�n, importaci�n, distribuci�n, comercio, uso y posesi�n de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales �stos se produzcan, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1986 y dem�s disposiciones que la adicionen o reformen.

"Art�culo 3� El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y suspende las normas que le sean contrarias.

"(Firmados). Virgilio Barco. El Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa. El Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londo�o Paredes. El Ministro de justicia, Eduardo Suesc�n Monroy. El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, C�sar Gaviria Trujillo. El Ministro de Defensa Nacional, General Rafael Samudio Molina. El Ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra Duss�n. El Ministro de Desarrollo Econ�mico, Miguel Alfonso Merino Gordillo. El Ministro de Minas y Energ�a, Guillermo Perry Rubio. La Ministra de Educaci�n Nacional, Marina Uribe de Eusse. El Ministro de Comunicaciones, Encargado de las funciones del despacho del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Edmundo L�pez G�mez. El Ministro de Salud, C�sar Esmeral Barros. El Ministro de Comunicaciones, Edmundo L�pez G�mez. El Ministro de Obras P�blicas y Transporte, Luis Fernando Jaramillo Correa".

El se�or Procurador General, mediante oficio n�mero 1136 del 3 de abril de 1987, rindi� concepto en el cual solicita que la Corte Suprema declare que la integridad del decreto transcrito es exequible.

Afirma que, adem�s de cumplir a cabalidad los requisitos de forma exigidos por la Constituci�n, el decreto guarda una clara relaci�n de conexidad con las causales que motivaron la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto n�mero 1038 de 1984), pues la medida primordialmente adoptada por el Gobierno en las normas objeto de an�lisis (reagrupaci�n de los servicios especializados de control de sustancias que causan adicci�n y el servicio a�reo de la Polic�a Nacional), es necesaria para lograr el retorno a la normalidad en relaci�n con el problema del narcotr�fico, pues la unidad de mando supone mayor eficiencia en la prestaci�n de servicios policiales a cargo de esas oficinas.

No encuentra el Procurador que el art�culo 1� infrinja mandato superior alguno, pues se consagra la creaci�n de la Direcci�n de Polic�a Antinarc�ticos como dependencia de la Polic�a Nacional, la cual tendr� a su cargo los servicios especializados de Polic�a de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a, oficinas �stas que existen en dicha Instituci�n desde la vigencia del Decreto n�mero 2137 de 1983 que reorganiz� la Polic�a Nacional.

"En el art�culo 2� se le asignan funciones espec�ficas a la Direcci�n que se crea, todas destinadas a prevenir y reprimir las conductas delictivas y contravencionales relacionadas con la producci�n, fabricaci�n, exportaci�n, importaci�n, distribuci�n, comercio, uso y posesi�n de estupefacientes; lo cual hace operativa y funcional la Direcci�n de Antinarc�ticos, objetivos �stos que tampoco contrar�an canon constitucional.

"En el art�culo 3�, se se�ala la vigencia y ordena la suspensi�n de las disposiciones que le sean contrarias, confirmando de esta manera la transitoriedad del Decreto n�mero 423 de 1987, como corresponde a la legislaci�n de estado de sitio".

Deriva la Corte su competencia para proferir el presente fallo del art�culo 121, par�grafo de la Constituci�n Nacional, a cuyo tenor tiene ella la obligaci�n de pronunciarse definitivamente sobre la exequibilidad de los decretos que, como el 423 de 1987, se expidan al amparo del Estado de Sitio.

El Decreto n�mero 423 de 1987, lleva las firmas del se�or Presidente y las de todos los Ministros del Despacho, acatando as� lo dispuesto por el art�culo 121 de la Carta.

De la lectura de los art�culos 1� y 2� del decreto examinado surge sin dificultad la relaci�n entre su contenido y las causas de perturbaci�n del orden p�blico.

En efecto, las mencionadas normas se limitan a agrupar bajo la direcci�n de la Polic�a Antinarc�ticos los Servicios Especializados de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional, "con el fin de obtener unidad de mando en el empleo de sus recursos", seg�n expresa el gobierno en la motivaci�n del decreto.

A nadie escapa que, siendo causa de la perturbaci�n del orden p�blico la actividad misma del narcotr�fico y la acci�n persistente de grupos armados relacionados con ella, como lo manifiesta el Decreto n�mero 1038 de 1984, por medio del cual se declar� el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, el control que ejerce la polic�a en cuanto a las sustancias que producen dependencia en cualquiera de sus formas -f�sica o ps�quica-, corresponde a una funci�n necesariamente vinculada con el logro de los fines de restauraci�n del orden p�blico, y que tambi�n lo es el conjunto de actividades propias del servicio a�reo que presta la Polic�a Nacional, pues constituye instrumento invaluable para alcanzar dichos fines. De tal modo que la agrupaci�n de los servicios bajo una misma unidad de mando busca obtener una mayor eficacia de las pol�ticas trazadas por el Gobierno en ejercicio de su funci�n de guarda y restauraci�n del orden p�blico, como lo advierte el segundo considerando del decreto que se revisa.

Lo propio puede afirmarse de la adscripci�n de la Polic�a Antinarc�ticos a la Direcci�n General de la Polic�a Nacional (par�grafo del art�culo 1�) y del se�alamiento de funciones espec�ficas a esa dependencia, tales como la de planear y dirigir las operaciones policiales tendientes a la prevenci�n y represi�n, en el territorio nacional, de las conductas delictivas o contravencionales que configuran el proceso del tr�fico de estupefacientes y el cultivo de las plantas con base en las cuales ellos se producen (art�culo 2�).

De tal modo que no halla la corte motivo alguno para desestimar la conexi�n existente entre las causas que han dado lugar a la perturbaci�n del orden p�blico interno y las medidas adoptadas, de lo cual resulta que el decreto sometido a examen fue expedido dentro de los l�mites fijados al Presidente de la Rep�blica por el art�culo 121 de la Carta.

El decretosub examine no viola ni desconoce ninguna norma constitucional y, por ende, habr� de declararse su exequibilidad.

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto emitido por el Procurador General de la Naci�n,

Declarase CONSTITUCIONAL en todas sus partes el Decreto legislativo n�mero 423 del 3 de marzo de 1987 "por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Polic�a de Control de Sustancias que producen Adicci�n F�sica o Ps�quica y el Servicio A�reo de la Polic�a Nacional".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta judicial y arch�vese el expediente.

Juan Hern�ndez S�enz, Presidente, Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodr�guez, Guillermo D�vila Mu�oz, Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Jorge Carre�o Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez, Eduardo Garc�a Sarmiento, Hernando G�mez Ot�lora, Gustavo G�mez Vel�squez, H�ctor Mar�n Naranjo, Fabio Mor�n D�az, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, H�ctor G�mez Uribe, Rodolfo Mantilla J�come, Lisandro Mart�nez Z��iga, Alberto Ospina Botero, Jacobo P�rez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jes�s Vallejo Mej�a.

Que los Magistrados Rodolfo Mantilla J�come y Edgar Saavedra Rojas, no asistieron a la Sala Plena celebrada el d�a treinta (30) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.