Sentencia 1278 de 1985

300Corte SupremaCorte Suprema300300160431278Manuel Gaona Cruz198523/05/19851278_Manuel Gaona Cruz_1985_23/05/198530016043&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 39 1985

C�sar Augusto Fl�rez Gonz�lezDisposiciones acusadas, art�culos 263, 264, 265, 266 y 267 del C�digo Penal, sobre delitos contra la asistencia alimentaira.Identificadores30030016044true89787Versi�n original30016044Identificadores

Norma demandada: �Disposiciones acusadas, art�culos 263, 264, 265, 266 y 267 del C�digo Penal, sobre delitos contra la asistencia alimentaira.

Disposiciones acusadas, art�culos 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 266C_PENAL#266* y 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, sobre delitos contra la asistencia alimentaira.

TEMA: LA FAMILIA ES PRESUPUESTO ESENCIAL DEL ORDEN SOCIAL Y DEL ORDEN PUBLICO Y MERECE POR TANTO ESPECIAL TUTELA JUR�DICA, OBSERVA LA CORTE QUE LA "INASISTENCIA" DEL ALIMENTANTE NO CONSTITUYE POR SI SOLA CAUSAL DE RESPONSABILIDAD DELICTIVA, SINO QUE AQUELLA ES PUNIBLE SOLO CUANDO NO TENGA "JUSTA CAUSA" DELITOS CONTRA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. C�DIGO PENAL.

Exequibles los art�culos 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 266C_PENAL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 267C_PENAL#267* del C�digo Penal, adoptado por el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto 100 de 1980.

En lo relativo al art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, remite a sentencia del 21 de abril de 1982.

FECHA: Bogot�, D.E., mayo veintitr�s (23) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

1o. En ejercicio de la acci�n p�blica prescrita en el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n pide a la Corte el ciudadano C�sar Augusto Fl�rez Gonz�lez que declare inexequibles los preceptos de la referencia.

2o. El texto de las disposiciones acusadas del c�digo Penal, insertas dentro del contexto pertinente no acusado, es como sigue:

"Art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestaci�n de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o c�nyuge, incurrir� en arresto de seis (6) meses a tres (3) a�os y multa de un mil a cien mil pesos.

"Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acci�n penal se limitar� a padres e hijos.

"art�culo 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Circunstancias de agravaci�n punitiva. La pena se�alada en el art�culo anterior se aumentar� hasta en una tercera parte si el obligado, con el prop�sito de sustraerse a la prestaci�n alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye o agrava su renta o patrimonio.

Art�culo 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Reiteraci�n. La sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciaci�n de otros proceso si el responsable incurre nuevamente en inasistencia alimentaria.

Art�culo 266C_PENAL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Malversaci�n y dilapidaci�n de bienes. El que malverse o dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, incurrir� en prisi�n de seis (6) meses a dos (2) a�os y multa de un mil cien a mil pesos, siempre que el hecho no constituya otro delito.

Art�culo 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Querella. En los casos previstos en este Cap�tulo se proceder� mediante querella".

3o. En criterio del demandante, los preceptos que acusa del C�digo Penal son violatorios del inciso 2o. del art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n en el que se ordena que:

"En ning�n caso podr� haber detenci�n, prisi�n ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial".

a).mediante las normas acusadas se convirti� en delito el incumplimiento de "deudas u obligaciones puramente civiles", cuales son: la"prestaci�n" de alimentos (art. 263C_CIVIL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF); la simple figura de la "simulaci�n,", prevista en el C�digo Civil (art. 264C_CIVIL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF); el nuevo incumplimiento de la obligaci�n civil de "prestaci�n" alimentaria (art. 265C_CIVIL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF); y la responsabilidad civil delos guardadores, que a�n est� regulada en el C�digo Civil, por malversaci�n de fondos, con lo cual adem�s se consagra "una doble sanci�n" (art. 266C_CIVIL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF).En consecuencia es tambi�n inconstitucional e inoperante la querella se�alada en el art�culo 267C_CIVIL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.

b). La supremac�a de la Constituci�n sobre la ley no admite modalidades y por tanto, al disponerse en el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta que no habr� arresto ni prisi�n por deudas "en ning�n caso", esto equivale, "para los efectos jur�dicos a 'en todo caso'", seg�n expresi�n que al parecer el actor atribuye a una sentencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte, de mayo 4 de 1960.

c). En cambio, en los art�culos 69L0083_46#69*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF a 84L0083_46#84*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 83 de 1946, que rigi� hasta 1968, se facultaba a los jueces de menores y no a los penales.

"Para requerir de los padres el sometimiento de los hijos, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley (a. 69)" y "cuando el padre de un menor... se negara a prestarle alimentos, la madre o el pariente m�s cercano, pod�an acudir ante el Juez de menores, verbalmente o por escrito, solicitando que se obligare al padre al cumplimiento de la obligaci�n alimentaria (a. 70"). Adem�s, "mientras se ventilaba la obligaci�n, pod�a el Juez ordenar que se diera provisionalmente (a. 74). No estando determinada la cuota alimentaria, el Juez regulaba la forma en que deb�an prestarse los alimentos (a. 75)".

d). Cuando se expidi� la Ley 75 de 1968 se derogaron los art�culos 83L0083_46#83*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 84L0083_46#84*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 83 de 1946, y se facult� "a los jueces de menores para conocer del juicio ejecutivo para el pago de los alimentos decretados a favor de un menor" de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 35XXXX#35*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Judicial. Pero una vez puesto en vitencia el nuevo C�digo de Procedimiento Civil, y por mandato de sus art�culos 15C_PCIVIL#15*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre competencia y 698C_PCIVIL#698*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF sobre derogaciones, son los jueces municipales los que conocen de los juicios de alimentos, "siguiendo el tr�mite del proceso abreviado" acorde con el art�culo 426C_PCIVIL#426*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, o los jueces civiles del circuito en algunos casos (alimentos provisionales).

"El anterior razonamiento nos confirma que legalmente los jueces de menores no tienen la debida jurisdicci�n y competencia para conocer de los procesos de alimentos. La obligaci�n civil alimentaria, para que sea puesta en movimiento, es el desarrollo fiel y constante de la Constituci�n por el legislador, quien observando este cr�dito u obligaci�n, dada su naturaleza, la ha encajado dentro del Derecho Civil tanto para exigirla como para que sea cumplida, como el r�gimen de sus sanciones en caso de incumplimiento.

En este caso el Procurador pide a la Corte declarar exequibles los art�culos demandados del C�digo Penal, salvo en lo relativo al 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, cuya exequibilidad ya fue declarada en sentencia de 21 de abril de 1982, por lo cual a este respecto solicita "estar a lo resuelto" en ella.

1o. Una de las razones del art�culo 22CONS_P86#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, que proh�be la esclavitud, era la de evitar el encarcelamiento de los deudores morosos, equiparados a delincuentes, esclavos y descendientes de �stos. Pero "las deudas u obligaciones puramente civiles" a que se refiere el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, son "las que nacen del concurso delas voluntades de dos o m�s personas o del hecho voluntario de la persona que se obliga, pues las dem�s, como las que se originan en el derecho de familia, corresponden a un tipo de obligaciones m�s elevado, con proyecciones de hondo inter�s social".

"Muy diferentes, en cambio, resultan las obligaciones alimentarias, puesto que origin�ndose en los v�nculos familiares, se fundamentan en obligaciones que surgen de la misma naturaleza, como que responden al derecho universal a la existencia. Siendo la familia la base de la sociedad, el incumplimiento de las obligaciones primarias referidas a ella, socava directamente las reglas m�s elementales de la organizaci�n social, por lo que resulta apenas obvio que tales conductas omisivas sean calificadas y sancionadas como "hechos punibles que, por las razones anotadas, no pueden compararse con la del deudor insolvente a que se refiere el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF dela Carta".

2o. Comenta y transcribe apartes de la sentencia de la Corte de abril 13 de 1973, con la que se declar� exequible el art�culo 40L0075_68#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 75 de 1968, as� como el fallo de la misma del 21 de abril de 1982 mediante el que se declar� tambi�n exequible el art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal actual, ambos de contenido similar.

3o. Hace ver adem�s que en el art�culo 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF se tipifica un delito m�s grave que la mera inasistencia alimentaria, pues a �sta se une la defraudaci�n, la cual de por s� tambi�n es delito seg�n el art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo.

El art�culo 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF supone el permanente deber de asistencia alimentaria y por ende ni siquiera la condena lo suspende y cada vez que se interrumpa se comete nuevo delito, salvo cuando se justifique la omisi�n por la privaci�n de la libertad del condenado y su eventual insolvencia.

En el art�culo 266C_PENAL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF se sanciona "el gasto il�cito de caudales ajenos y el mal empleo de bienes puestos al cuidado del agente", o sea, "la malversaci�n y dilapidaci�n de bienes administrados en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela" y ello no puede equipararse a la conducta del deudor insolvente, protegida por el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n.

4o. Respecto del art�culo 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, en el que se consagra la querella para iniciar el proceso penal, luego de calificar su acusaci�n de "ininteligible" y de estimarla "como no expresada", sugiere abstenci�n de examinarla por ineptitud de la demanda. Pero de todos modos aduce que si la Corte decide en el fondo debe ser declarado exequible puesto que la querella es una instituci�n procedimental, una forma de iniciar un proceso, en que el da�o privado predomina sobre el p�blico, que no viola el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta.

Por la cual se conceden unas facultades extraordinarias relacionadas con la expedici�n y vigencia del C�digo Penal".

Art�culo 1oL0005_79#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la promulgaci�n de la presente Ley, para expedir y poner en "vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978 y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta Ley formar� parte del expediente".

2o. Dicha ley fue promulgada en el Diario Oficial n�mero 35188 de enero 29 de 1979, fecha a partir de la cual comenz� a contarse el a�o de las facultades. El nuevo c�digo Penal cuyas normas se acusan fue adoptado por el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto-ley 100 de 1980, expedido el 23 de enero. De otra parte, dentro del proyecto que el Gobierno present� al Senado el 3 de agosto de 1978 se registraba claramente que una de las bases, lineamientos y principios del nuevo C�digo era el T�tulo sobre "los delitos contra la familia", siguiendo, entre otros, los derroteros que ya se hab�an sentado en la Ley 75 de 1968 sobre inasistencia alimentaria. En consecuencia, los preceptos acusados del mentado C�digo se ajustan tanto formal como materialmente a las facultades prescritas en el art�culo 1oL0005_79#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. de la Ley 5a. de 1979 y por ende alo se�alado en los art�culos 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-12 y 118CONS_P86#118*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-8o. de la Constituci�n.

En dos sentencias anteriores la Corporaci�n declar� exequibles las disposiciones reguladoras del delito de inasistencia alimentaria. Son ellas:

1o. La n�mero 18, de abril 13 de 1973 (Proceso n�mero 339), mediante la cual la Corte declar� exequible el art�culo 40L0075_68#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 75 de 1968, en el que se dispon�a que quien se sustrajera sin justa causa a las obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debidas a sus ascendientes, descendientes, hermanos, hijos adoptivos, o c�nyuge, a�n divorciado sin su culpa o no incurso en adulterio, estaba sujeto a la pena de seis meses a dos a�os de arresto y multa de mil a cincuenta mil pesos. Invoc�base entonces, al igual que ahora, como infringido por el demandado el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta (Cfr. G.J. 2390-2391. T. CLXIX-CL, 1973/74, Magistrado Ponente, doctor Luis Sarmiento Buitrago, ps. 123-124).

2o. Adem�s el art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del c�digo Penal, de nuevo aqu� acusado, ya dio lugar a la sentencia n�mero 10, de abril 21 de 1982 (Proceso n�mero 901), tambi�n de exequibilidad, con ponencia del Magistrado doctor Carlos Medell�n.

Si est� entonces, en cuanto a la demanda contra el art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, ante el principio erga omnes, y definitivo de la "cosa juzgada" y por este aspecto la Corte se limitar� a declararlo as�:

Tercera. La familia es presupuesto esencial del orden social y del orden p�blico y merece por tanto especial tutela jur�dica.

1o. Dej� sustentado la Corporaci�n en los precedentes fallos citados de 1973 y 1982 que por mandato del art�culo 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n tanto el Estado como los particulares tienen "el deber social de protecci�n a la familia", considerada adem�s como "elemento natural y fundamental de la sociedad" al tenor de s�lidas declaraciones universales de principios se�alados en el primero de aquellos. Se ha dejado tambi�n establecido en ellos que el deber social de asistencia alimentaria familiar "no es obligaci�n puramente civil" y que por lo tanto reprimir penalmente a quienes sin justa causa lo incumplan constituye violaci�n del inciso segundo del art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta sino aplicaci�n de la parte final del art�culo 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la misma.

2o. Agr�ganse a las anteriores otras consideraciones, para los efectos restantes de esta providencia, atinentes a la acusaci�n de inexequibilidad contra los art�culos 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF a 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal:

"Aunque lo jur�dico no comprende todo lo pol�tico, ni lo pol�tico todo lo social, ni lo social todo lo humano, no hay duda de que el ser humano es por esencia, social y de que "el derecho humano de la familia" es ecum�nico y universal y por ende constitucional o constitutivo de la sociedad pol�tica. La familia es la c�lula vivencial del tejido social; sin ella y sin su debida protecci�n pol�tico jur�dica, el hombre y por tanto la sociedad misma se quebrantan o perecen. Es adem�s de la naturaleza humana el instinto de preservaci�n de su especia y �ste siempre se ha proyectado en la conservaci�n y protecci�n de la instituci�n social y biol�gica llamada "la familia".

De otra parte, el orden social, es adem�s, del fundamento natural de la sociedad pol�tica, un principio de humana convivencia colectiva y de predisposici�n a la armon�a que ata�e no solo al mundo del ser u ontol�gico sino al mundo del deber ser o axiol�gico. Y la raz�n de ser del orden jur�dico, no estriba solo en su expresi�n coactiva de validez y de eficacia, lo cual es antes medio que fin o causa, sino que adem�s su imperio y perdurabilidad se deben a que �l refleja el querer predominante del orden social, es decir, la forma como la sociedad siente y quiere su organizaci�n, y se consolida en la medida en que proteja y busque alcanzar los valores esenciales que agrupan a la comunidad y no vaya contra el propio orden social que lo legitima y justifica. Conforme a lo cual, entonces, en las resultas, el orden p�blico es la correlaci�n armoniosa entre el orden social y el orden institucional, y el desorden p�blico es la sensible ruptura de esa correlaci�n.

3o. En consecuencia, de ser atendida la petici�n del demandante, obviamente sin que �l se lo haya propuesto, se llegar�a no solo a declarar inexequibles unos preceptos legales sin serlo, sino adem�s a utilizar indebidamente el orden institucional para contribuir a desquiciar el orden p�blico, al desconocer la fundamental protecci�n que el orden jur�dico constitucional le debe y reconoce a la familia como sustento del orden social. Por lo expresado, queda adem�s en claro que la tutela estatal penol�gica a la familia no puede reducirse a un mero tecnicismo hermen�utico que ni siquiera la ex�gesis jur�dica resiste, pues aunque frente al art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF superior sea "civil" la obligaci�n patrimonial alimentaria a la familia, sin embargo, aquella no es �nicamente o "puramente civil", sino adem�s y primordialmente un deber que corresponde a la esencia misma delo humano y delo social, y por lo mismo de lo jur�dico.

No ha escatimado aqu� la Corte fundamentos sobre el caso en examen, en virtud de que lo ha tenido que hacer en contra de acciones ciudadanas por tercera ocasi�n, a pesar de sus claros razonamientos anteriores.

1o. Por lo tanto, conforme a lo expresado por la Corte en esta y en anteriores providencias y acogidos adem�s los valiosos fundamentos jur�dicos de la Procuradur�a, los art�culos 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF a 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal acusados y sometidos a examen se ajustan a los mandatos de la Constituci�n, y no solo porque con su expedici�n no se haya quebrantado precepto alguno superior, sino porque adem�s con ella se ha dado cumplimiento a varios de aquellos, como son por ejemplo los contenidos en los art�culos 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre deberes sociales del Estado y de los particulares 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre responsabilidad, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF sobre clara preexistencia normativa, 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF sobre pena previamente se�alada y determinada, 30CONS_P86#30*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre funci�n social dela propiedad, 50CONS_P86#50*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre defensa patrimonial de la familia y 51CONS_P86#51*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF sobre tutela especial a los derechos consagrados en el T�tulo III de la Carta.

2o. En el art�culo 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF se consagra claramente como circunstancia agravante del delito de inasistencia alimentaria familiar la conducta fraudulenta de ocultamiento, disminuci�n o gravamen de la renta o patrimonio del alimentante para sustraerse del deber de asistencia con el alimentario y se precisa la pena, conforme lo exigen los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta. No est� dem�s anotar, seg�n lo hace la Procuradur�a, que en el art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo se regula el delito de "alzamiento de bienes" o de defraudaci�n a acreedores, como un hecho punible aut�nomo.

3o. Siendo permanente el deber social de asistencia alimentaria familiar, como se hace ver en la Vista Fiscal, resulta obvio que el delito de inasistencia o de omisi�n de aquel deber se comete cada vez que se incumpla con la prestaci�n y por ende lo dispuesto en el art�culo 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del c�digo Penal, en el sentido deque "la sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciaci�n de otro proceso si el responsable incurre nuevamente en inasistencia alimentaria", es simple aplicaci�n del mismo principio que rige para el art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ya juzgado del mismo c�digo, por lo cual se ajusta a los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta y no significa condena penal m�ltiple por un mismo hecho.

Observa s� la Corte, en relaci�n con lo dispuesto en los art�culos 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusados, que la "inasistencia" del alimentante no constituye por s� sola causal de responsabilidad delictiva, sino que aquella es punible s�lo cuando no tenga "justa causa" (arts. 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), o cuando se deba a actos fraudulentos que correspondan "al prop�sito de sustraerse de la prestaci�n alimentaria" (art. 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF).

4o. Es igualmente exequible el art�culo 266C_PENAL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF porque, fuera de lo examinado antes, la malversaci�n y dilapidaci�n de los bienes familiares confiados a los que por ley han de ejercer la patria potestad o a los guardadores de quienes precisamente se exige en el ordenamiento civil una responsabilidad m�s acentuada, "hasta de la culpa leve" (arts. 298C_CIVIL#298*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 481C_CIVIL#481*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C.C.), supone tambi�n obvia responsabilidad por su actitud dolosa en el manejo del patrimonio del menor, atendida entre otras cosas la especial buena fe que el legislador deposita y exige respecto delos que se convierten en agentes de dicho delito".

Este especial celo institucional de protecci�n al menor, llevado hasta el rigor penol�gico respecto del fraude a su patrimonio, no es de ahora ni de naturaleza puramente pecuniaria sino que proviene de la raigambre misma del Derecho Romano de Familia, de cuya estirpe surgi� y se mantiene esta coincidente m�xima:

"Sciendum est eos qui fraudulentur tutelam, vel curam administrant, etiam si satis offerant, removednos esse a tutela"; Debe saberse que quienes administran fraudulentamente la tutela o la curatela, deben ser removidos de la tutela, aunque ofrezcan satisfacci�n (Inst. XXVI,12, citado y traducido por Carlos Medell�n, "Textos y Voces del Derecho Romano", Ed. Un. Externado de Colombia, Bogot� 1982, p. CVII).

5o. Finalmente, en relaci�n con el art�culo 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo, en el que se dispone que en los casos previstos en el resto de las normas acusadas "se proceder� mediante querella", lo que se busca es preservar al m�ximo el honor, la honra y la intimidad de la familia y dejar decidir a los integrantes de ella si el fuero o derecho "privado" al Estado de ejercicio exclusivo y excluyente del poder de impulsi�n procesal se estima necesario en aras de tutelar bienes jur�dicos igual o m�s importantes que permitan trascender a lo p�blico su reclamo ante la jurisdicci�n penal estatal.

En raz�n de todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo el examen en la Sala Constitucional, con audiencia del procurador General de la Naci�n y en ejercicio de la atribuci�n segunda del art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n.

1o. DECLARAR EXEQUIBLE, por no ser contrarios a la Constituci�n, los art�culos 264C_PENAL#264*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 265C_PENAL#265*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 266C_PENAL#266*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 267C_PENAL#267*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, adoptado por el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto ley 100 de 1980.

2o. ESTAR A LO DECIDIDO en la sentencia n�mero 10 de abril 21 de 1982 (Proceso n�mero 901), conforme a la cual se declar� exequible el art�culo 263C_PENAL#263*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo.

C�piese, inf�rmese al Congreso y al Gobierno, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.