300Corte SupremaCorte Suprema300300160271614 (240E)Jesús Vallejo Mejía.198730/04/19871614 (240E)_Jesús Vallejo Mejía._1987_30/04/198730016027COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIAS DE NARCOTRÁFICO. GARANTIA ADECUADA PARA LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PARA ESTE TIPO DE DELITOS, LOS INCRIMINADOS, NO TENDRAN DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL NI A LA CONDENA CONDICIONAL. ESTADO DE SITIO. FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL. Exequible en su totalidad el Decreto número 468 de 1987. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia número 39. 1987
Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 468 del 11 de marzo de 1987 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico".Identificadores30030016028true89771Versión original30016028Identificadores

Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 468 del 11 de marzo de 1987 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico".


COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIAS DE NARCOTRÁFICO. GARANTIA ADECUADA PARA LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PARA ESTE TIPO DE DELITOS, LOS INCRIMINADOS, NO TENDRAN DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL NI A LA CONDENA CONDICIONAL. ESTADO DE SITIO. FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL.

Exequible en su totalidad el Decreto número 468 de 1987.

Corte Suprema de justicia

Sala Plena

Sentencia número 39.

Referencia: Expediente número 1614 (240-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 468 del 11 de marzo de 1987 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico".

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada por Acta número 16.

Bogotá, D. E., abril treinta (30) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

El 11 de marzo del presente año el Secretario General de la Presidencia de la República, dando cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, envió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 468, de la misma fecha, para que procediera a su revisión constitucional.

Por auto de 20 de marzo este despacho avocó el conocimiento del asunto y ordenó la fijación en lista pertinente, para la efectividad de la intervención ciudadana. Transcurrido dicho término sin que nadie se presentara a coadyuvar o impugnar el decreto, se corrió el traslado de rigor a la Procuraduría General de la Nación, la que rindió concepto el 7 de abril último.

Procede ahora la Corte a pronunciar el fallo correspondiente.

II. EL DECRETO QUI SE REVISA

El texto del Decreto Legislativo número 468 de 1987 es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 468 DE 1987

(marzo 11)

"Por el cual se dictan, disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 3671 de 1986, se atribuyó a la Justicia Penal Militar el conocimiento de algunos delitos previstos en la Ley 30 de 1986;

"Que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de marzo de 1986, declaró la inexequibilidad del citado decreto;

"Que uno de los motivos que tuvo el Gobierno para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional fue la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico;

"Que la Ley 2ª de 1984 creó doscientos cargos de jueces especializados, con competencia para investigar y fallar los delitos de secuestro, extorsión, terrorismo y conexos;

"Que mediante Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, se autorizó la designación de jueces especializados de los creados en la Ley 2ª de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista el actual estado de sitio, el conocimiento de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, y conexos, será de competencia de los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987.

"Artículo 2° La competencia que se atribuye por el artículo anterior a los jueces especializados, se ejercerá sin perjuicio de la competencia que les asigna la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 3° Las infracciones a que se refiere el artículo 1° de este decreto, se tramitarán y fallarán por el procedimiento especial señalado en el Capítulo II de la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 4° Los procesados por los delitos indicados en el artículo 1° de este decreto, no tendrán derecho a la libertad provisional ni a la condena condicional.

"Artículo 5° Las disposiciones anteriores se aplicarán a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto.

"Artículo 6° El Ministerio Público ante los jueces especializados a que se refiere este decreto, será ejercido por los correspondientes fiscales de circuito.

"Artículo 7° Los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987.

"Artículo 8° Los procesos relacionados con los delitos indicados en el artículo 1° de este decreto que estén siendo conocidos por la Justicia Penal Militar, serán repartidos en el estado en que se encuentren entre los jueces penales del Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto, en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal.

"Artículo 9° La designación de los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, deberá producirse por los Tribunales Superiores respectivos, a más tardar el 10 de abril de 1987.

"Artículo 10. Salvo lo dispuesto en el artículo 7°, este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 11 de marzo de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Gobierno, César Gaviria Trujillo. El jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargado de las funciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Germán Montoya Vélez. El Ministro de Defensa Nacional, Rafael Samudio Molina. El Ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra Dussán. El Ministro de Desarrollo Económico, Miguel Alfonso Merino Gordillo. El Ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio. La Ministra de Educación Nacional, Marina Uribe de Eusse. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Name Terán. El Ministro de Salud, César Esmeral Barros. El Ministro de Comunicaciones, Edmundo López Gómez. El Ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Fernando Jaramillo Correa. El Ministro de Justicia, Eduardo Suescún Monroy".

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Considera el señor Procurador que el decreto en revisión es exequible, por las siguientes razones:

1. Satisface los requisitos formales que exige la Constitución para esta clase de actos.

2. Hay estrecha relación entre el contenido del decreto y el quinto considerando del Decreto número 1038 de 1984, que declaró turbado el orden público, todavía en vigencia.

3. Los artículos 1° y 2° que asignan competencia a jueces especializados creados por la Ley 2ª de 1984, para conocer, además, de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986 y conexos, que tipifican conductas relacionadas con estupefacientes, no violan la Constitución pues corresponde al legislador fijar o asignar competencia para el juzgamiento de los delitos.

4. El artículo 3° tampoco contraría la Constitución pues se limita a disponer sobre el procedimiento a seguir para el trámite y fallo de procesos por estos delitos, dejando a salvo los principios fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa.

5. Tampoco lesionan la Carta Política los artículos 4° y 5° que niegan a los procesados por estos delitos los derechos a la libertad y a la condena condicional, y disponen la aplicación del decreto solamente a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia del mismo.

6. Igual conclusión se impone respecto de los artículos 6°, 8° y 9° pues en el 6° se determina qué funcionarios del Ministerio Público actuarán como agentes de la entidad ante aquellos jueces; el 8° consagra el reparto de los negocios relacionados con los delitos a que se refiere el decreto y que están siendo conocidos por los jueces penales militares, entre los jueces penales del circuito, de acuerdo con las normas vigentes sobre reparto, y el artículo 9° ordena el nombramiento de los jueces especializados a que hacen referencia los Decretos número 1806 de 1985 y 466 de 1987 antes del 10 de abril de 1987.

7. El artículo 10 obedece a las facultades de que trata el inciso 3° del artículo 121 de la Constitución Nacional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El decreto que se revisa aparece firmado por el Presidente y todos los Ministros; luego, desde el punto de vista formal, satisface las exigencias que prevé el artículo 121 de la Constitución Nacional para los que se dicten dentro del régimen del Estado de Sitio.

2. El artículo 121 de la Constitución Nacional confiere al Gobierno dentro del Estado de Sitio, precisas facultades para suspender las leyes que sean incompatibles con esta emergencia tomando disposiciones provisionales que las reemplacen mientras persista la turbación del orden público y encaminadas al restablecimiento del mismo. Tales disposiciones no sólo deben ser conexas con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio sino congruentes con la Constitución.

3. Hay evidente conexidad entre el contenido general del decreto que se revisa y el quinto considerando del Decreto Legislativo número 1038 de 1984, que en lo pertinente dice: "que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional". En efecto, por este decreto se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico.

4. Los artículos 1° y 2° del decreto en revisión atribuyen a los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987 la competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, y los conexos con los mismos, sin perjuicio de la que ya les había asignado la Ley 2ª de 1984.

El Gobierno, obrando como legislador extraordinario de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, puede modificar parcialmente la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando otros nuevos que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía de los órganos adscritos a la rama jurisdiccional del poder público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución.

En el caso a estudio el Gobierno ha utilizado la primera de tales alternativas, asignándoles a jueces especializados cuya creación había sido dispuesta por normas anteriores, el conocimiento de ciertos delitos relacionados con el narcotráfico. Dichos jueces, al tenor del artículo 10 del Decreto número 468, han debido ser nombrados, a más tardar el 10 de abril del año en curso, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a quienes precisamente corresponde esta atribución según el artículo 157 de la Constitución Nacional.

Son, pues, exequibles estos artículos.

5. Los artículos 3°, 4°, 6° y 8° se refieren a aspectos procedimentales.

Dentro del régimen de Estado de Sitio puede el Gobierno dictar normas transitorias sobre procedimientos judiciales, ciñéndose a los principios fundamentales que prevé la Constitución sobre todo en el artículo 26, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

En el caso a estudio no se ha creado un procedimiento nuevo sino que se ha remitido al especial que prevén los artículos 13 a 35 de la Ley 2ª de 1984, el cual garantiza adecuadamente la defensa de los procesados.

El artículo 4° priva a los procesados por los delitos que indica el artículo 1° de los beneficios de la libertad provisional y la condena de ejecución condicional, lo que es aplicable según el artículo 5° sólo a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia del decreto. No se suscita entonces discusión alguna sobre favorabilidad de la ley penal, al tenor del artículo 26 de la Constitución Nacional, pues es claro que el legislador ordinario o extraordinario puede modificar hacia el futuro los beneficios de la ley penal, tanto de la sustantiva como de la procedimental, sin desconocer, desde luego, el derecho de defensa. Tal no es el caso que se examina. Luego, son exequibles estos artículos.

El artículo 6° sobre atribución de las funciones del Ministerio Público ante los jueces especializados que se vienen mencionando a los fiscales de Circuito, está de acuerdo con el artículo 144 de la Constitución Nacional. Es también exequible. Observa la Corte que esta disposición fue modificada posteriormente por el Decreto número 735 de 1987, que ordenó la creación de fiscalías especiales para estos casos.

El artículo 8° dispone sobre el reparto de los procesos que a la fecha de entrar en vigencia el decreto estuviesen en manos de la Justicia Penal Militar, a los jueces penales de Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto y en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal. Ello está en consonancia con fallo que esta Corporación profirió el 5 de marzo último acerca de la inexequibilidad Decreto número 2671 de 1986. Este artículo es, desde luego, exequible.

6. Los artículos 5°, 7° y 10, regulan la vigencia temporal del decreto.

El artículo 5°, ya citado, dispone la aplicación de las disposiciones que lo anteceden "a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto", satisfaciendo, como se dijo, la garantía de favorabilidad de la ley penal que trae el artículo 26 de la Constitución Nacional y en consonancia con doctrina reiterada de esta Corporación acerca de las disposiciones que en materia penal se dicten dentro del Estado de Sitio.

El artículo 7° dice que "los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987" y el 10 señala que "salvo lo dispuesto en el artículo 7°, este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias".

Se sigue de ahí que los artículos 1° a 6° sólo entran a regir a partir del 1° de mayo y que los artículos 8° y 9° rigen desde la publicación.

No hay glosa alguna al respecto, como tampoco para el texto del artículo 10, según el cual este decreto suspende las disposiciones que le sean contrarias, pues tal es precisamente el efecto que se prevé para los decretos legislativos fundados en el artículo 121 de la Constitución Nacional.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE

DECLARAR EXEQUIBLE, en su totalidad, el Decreto Legislativo número 468 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Bolero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario General

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

DEJA CONSTANCIA:

Que los Magistrados Rodolfo Mantilla Jácome y Edgar Saavedra Rojas, no asistieron a la Sala Plena celebrada al día treinta (30) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario